Ceremonia del caos en el ‘brexit’

La tramitación del brexit ha dejado de ser solo un desafío insólito para la UE y para el futuro del Reino Unido para convertirse además en un escenario caótico en el que se desarrolla una doble función: el cumplimiento de la opción ganadora en el referéndum de 2016 y la guerra entre familias políticas en el seno del Partido Conservador, una batalla despiadada para descabalgar del poder a Theresa May. Un espectáculo lamentable cuyo primer acto se representó el martes, cuando la premier afirmó con satisfacción desmedida que se había llegado a un acuerdo de principio en la negociación para una salida ordenada de la UE, siguió el miércoles con el anuncio del presunto apoyo del Gobierno británico a lo pactado y escaló el jueves hasta altas cotas de desconcierto cuando el goteo de dimisiones ministeriales se hizo incontenible y los brexiters se presentaron en formación de combate para impedir que una mayoría parlamentaria secunde lo dispuesto en Bruselas para que el divorcio sea amistoso.

Acuciada por el calendario y prisionera de sus palabras –“es mejor una salida sin acuerdo a un mal acuerdo”–, May se ha quedado sin apoyos suficientes en su partido, en extremo dividido y con los brexiters marcando el tempo político, ha puesto en un grito a los unionistas del DUP al aceptar una frontera blanda entre las dos Irlandas y ha abonado la pasividad del laborismo, sumido en una crisis de identidad cuya imagen más elocuente la ofreció el último congreso del partido. Seguramente, y también paradójicamente, la única complicidad sólida con la que cuenta May es la de Bruselas, con el negociador Michel Barnier en primer lugar, y la disposición de los 27 de dar por bueno lo inicialmente acordado. Pero entre los ideólogos del brexit, si así se les puede llamar, prevalece la idea de que el pacto de May es poco menos que una rendición, un atentado a la soberanía y un cheque en blanco para la UE que, dicen, puede prolongar indefinidamente la inclusión del Reino Unido en la unión aduanera (Iain Martín en el conservador The Times).

Mientras tanto, la opinión pública se divide, crece el número de los que votaron a favor del brexit que ahora se opondrían a él y la City maniobra para que, de haberlo, sea lo menos lesivo posible para una economía que emite señales manifiestas de desconfianza en el futuro. Y con ser estos elementos capitales para calibrar hasta qué punto dejar la UE es un mal negocio, la peor de las señales es la fractura generacional, con el grueso de los jóvenes a favor de la permanencia y la mayoría de los más veteranos a favor de la salida, una situación más preocupante si cabe que la fractura emocional entre la cultura urbana –la conurbación de Londres, los grandes polos industriales–, el mundo académico y el de la cultura, de una parte, y de la otra, el universo de la tradición y las viejas convenciones sociales con cobijo en las pequeñas ciudades y en el campo.

El analista Rafael Behr se pregunta en el europeísta The Guardian si la primera ministra está en condiciones de cerrar un acuerdo y, de hacerlo, si puede presentarlo “como un éxito a su partido y al Parlamento” o, posibilidad aún peor, que no pueda lograrlo, en cuyo caso la pregunta que formula es “qué será de ella y del país”. Sin embargo, estas incógnitas nucleares han desaparecido de los debates, incluso se ha esfumado en buena medida la posibilidad de adaptar al caso británico la solución noruega –permanecer fuera de la UE, pero formar parte del Espacio Económico Europeo– porque los promotores del brexit duro se sienten con fuerzas para imponer su criterio y, de paso, lograr que alguien más afín a su pensamiento se instale cuanto antes en el 10 de Downing Street. Envuelto todo en la teoría del vasallaje impuesto por la UE al Reino Unido, desarrollada por el tan brillante como excéntrico e imprevisible Boris Johnson, el exministro de Asuntos Exteriores que considera inaceptable seguir en el marco económico europeo porque supone aceptar unas reglas del juego en cuya redacción el Gobierno británico no podrá participar una vez se consume la salida.

Una verdadera ceremonia del caos, la improvisación y la falta de liderazgo para defender una de estas tres opciones: un brexit ordenado, que siempre será menos pernicioso, dar el portazo y poner la economía y las relaciones entre europeos patas arriba o, tercera posibilidad, organizar una nueva consulta, con todos los datos sobre la mesa, para comprobar si efectivamente los remainers siguen siendo una minoría. Ni siquiera quienes han puesto a May contra las cuerdas disfrutan de un liderazgo efectivo: simplemente, disparan contra cuanto se mueve sin ofrecer un proyecto político acabado y viable, favorecidos en su estrategia por la ausencia en el Parlamento de un núcleo europeísta consolidado y multipartidista (el papelón del laborista Jeremy Corbyn pasará a la historia de la pasividad política, rehén de su euroescepticismo).

Siempre el establishment británico ha tenido dificultades para adaptarse al eurpeísmo, pero nunca pareció tan incapaz como ahora de encontrar la salida del laberinto. El brexit ha sentado a los políticos del Reino Unido frente a un espejo que devuelve imágenes de ineficacia, prejuicios atávicos y falta de realismo. Creer el mantra de que sin las ataduras de la UE todo funcionará mejor, el ejercicio pleno de la soberanía será una fábrica de progreso y de cohesión social, es tanto como suponer que el país sigue siendo lo que en realidad dejó de ser hace décadas y llevó al conservador Edward Heath a cruzar el canal de la Mancha en 1973 para vincular el futuro al de los demás estados europeos. Aquella operación sigue teniendo todo el sentido aunque los euroescépticos, los eurófobos y otras camadas crean que aquello fue poco menos que una capitulación.

 

 

Trump multiplica su agresividad

El rifirrafe del presidente Donald Trump con un periodista de la CNN pocas horas después de confirmarse que los republicanos habían perdido la mayoría en la Cámara de Representes acaso sea la primera prueba del nerviosismo que se ha adueñado de la Casa Blanca. O puede que lo sea la destitución del fiscal general, Jeff Sessions, poco después de acabar el recuento, una decisión que no por esperada deja de ser significativa. O quizá la prueba del nueve del estado de ánimo del presidente sea su disposición a convertir la política en una guerra de posiciones, transformados el Senado y la Cámara de Representantes en dos trincheras desde las que disparar al adversario sin que ello reporte ganancias significativas para nadie.

El caso es que al vislumbrarse un bloqueo legislativo y los nervios de la Administración, la victoria demócrata en la Cámara baja cobra más relevancia. El enardecimiento de Trump, por el contrario, devalúa el triunfo republicano en el Senado a pesar del discurso de madrugada dirigido a sus simpatizantes, una arenga triunfal bastante alejada de la realidad. Estas midterm, como casi siempre, han servido para confirmar que, aunque las encuestas lo predecían, la asimetría del lance –el Senado sometió a elección 26 escaños demócratas y 9 republicanos– no sirve para aquilatar por completo el grado de desgaste en la andadura de Trump y, en cambio, permite aceptar el argumento demócrata de que ha empezado la remontada –hablar de ola azul, marea o cualquier otro símil es una exageración– porque la elección de la Cámara de Representantes es a escala nacional.

Puede que Trump retenga el grueso de sus electores de 2016, pero la alta participación, excepcional para unas midterm, revela que los demócratas, aun sin un líder para las presidenciales de 2020, han atraído voluntades en nuevos caladeros de jóvenes, mujeres y diferentes minorías hasta ahora ausentes de una elección sin el glamour político que supone apostar por alguien para que ocupe la Casa Blanca. Al mismo tiempo, queda en evidencia la debilidad de los demócratas al recurrir a la figura de Barack Obama en el sprint final de la campaña a falta de un rostro nuevo con títulos para correr la carrera presidencial dentro de dos años. Quizá los aspirantes a disputar el despacho a Trump hacen acopio de fuerzas para aparecer en el escenario a finales del año próximo, conscientes de que hacerlo antes de tiempo puede comportar un gran desgaste de imagen, pero mientras tanto el partido exhibe un doble perfil: el de su establishment tradicional, que sigue aturdido por la derrota de 2016 de Hillary Clinton, y el de una generación joven, con bastantes independientes surgidos extramuros de la organización, más o menos identificados con el espíritu de renovación programática, con pátina socialdemócrata, que es la que encarnó Bernie Sanders hace dos años.

Con independencia de tales factores, que se cocinan en el interior de los dos grandes partidos, el reequilibrio legislativo al controlar cada uno una Cámara del Congreso, consagra o hace más visible la división de una sociedad progresiva y gravemente fracturada por dos versiones incompatibles de Estados Unidos. Como ha escrito un editorialista, se da una división ideológica general, y muchas otras divisiones sectoriales: los estados urbanizados de las dos costas y aquellos en los que las sociedades rurales tienen un gran peso, los jóvenes frente a los mayores que temen la desfiguración del mundo que construyeron, la comunidad blanca frente a un mosaico de minorías –la negra o afroamericana, según se dice ahora, y la hispana en primer lugar–, los proteccionistas, opuestos a los defensores de la globalización sin trabas, y así sucesivamente.

En este panorama no cabe albergar la más mínima esperanza de que tengan cabida las soluciones bipartidistas, gobernar con los adversarios, de acuerdo con la solución explorada por Abraham Lincoln en la peor de las situaciones, o aplicar a los problemas soluciones intermedias, que a nadie satisfagan del todo, pero que tampoco a nadie le resulten ofensivas. Por el contrario, se vislumbra en el horizonte el propósito de los demócratas de someter a Trump a diferentes procedimientos de investigación en la Cámara de Representantes –por su hermetismo en materia fiscal, por el Rusiagate, por el conflicto de intereses entre negocios privados y gestión pública y por algún otro motivo que pueda surgir– y el del presidente de responder en el Senado con comisiones de investigación ad hoc para alterar el pulso al Partido Demócrata. La guerra de trincheras, se diría, que tiene mucho de charcutería política y muy poco de sentido de Estado.

En esta atmósfera viciada es improbable que los demócratas consideren abrir la caja de los truenos del impeachment. Aunque Richard Ben-Veniste y George Frampton, dos de los ayudantes de Leon Jaworski, fiscal especial para el caso Watergate, sostienen en The New York Times, que la investigación de aquel escándalo sentó un precedente en cuanto a la posibilidad de que el investigador remita directamente al Congreso pruebas incriminatorias, lo cierto es que el procedimiento en sí mismo obliga a los promotores de la destitución a configurar una mayoría cualificada en el Senado, algo que el Partido Demócrata está lejos de poder hacer. Esto es, la existencia de pruebas, salvo en situaciones de flagrante ruptura de la legalidad, como en el caso de Richard Nixon, que optó por dimitir, resultan ser un material sujeto a interpretación, sometido a los malabarismos de los fontaneros de los partidos y a la locuacidad de los oradores (Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998 superaron la prueba con éxito).

La sustitución de Jeff Sessions, denostado de forma reiterada e insólita por el presidente en varias ocasiones y dispuesto a colaborar con Robert Mueller, el fiscal especial que investiga a Trump y a sus familiares más directos, revela la estrategia de blindaje, cuando no de obstrucción diseñada por la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque Matthew Whitaker, el sucesor de Sessions, es un adversario declarado del trabajo de Mueller y un combatiente incansable de las iniciativas demócratas. No es solo que el presidente está dispuesto a resistir en todos los frentes, es que quiere insistir en su agresividad habitual para presentarse en 2020 ante su electorado como el político que nunca cambió por más que varias veces quisieron obligarle a ello. Que tal procedimiento sea útil para relajar la tensión social o para agravarla es harina de otro costal.

 

 

Bolsonaro alinea a los duros

La configuración del núcleo del bolsonarismo demuestra que estaba del todo justificado que sonaran las alarmas en cuanto el recuento del 28 de octubre confirmó la victoria del candidato de la extrema derecha en la carrera para presidir Brasil. El perfil ideológico de los primeros escogidos por Jair Bolsonaro confirma la preferencia del vencedor por los muy duros, aquellos que entienden que los males del país y la competencia de la izquierda solo pueden combatirse con puño de hierro, admiradores algunos del legado de la dictadura y de la política de los blancos a pesar de la realidad multicolor de la nación. Nada de cuanto lleva decidido Bolsonaro en su primera semana de presidente electo se separa un milímetro de tal desarrollo argumental mientras la izquierda se lame las heridas y advierte del peligro inminente que se cierne sobre el sistema de libertades.

Cabía esperar cuanto sucede a poco que se hubiese seguido la andadura de Bolsonaro, pero aun así alimenta la inquietud y vaticina un cambio radical que alcanzará a toda Latinoamérica porque cuenta el antiguo capitán con la bendición de Donald Trump, y de presidentes con tanta influencia en los medios como Mauricio Macri (Argetina), Sebastián Piñera (Brasil) e Iván Duque (Colombia), que se han apresurado a resaltar sus coincidencias con el presidente electo. Había en todo lo que difundió Bolsonaro a través de las redes sociales un toque inequívocamente autoritario, de político sin contemplaciones; lo hay ahora en sus primeras decisiones para formar un equipo de fieles adscritos a la mano dura que antes prefieren cometer errores por exceso que por defecto.

Paulo Guedes, el ministro de Economía in péctore, es un seguidor de la escuela de Chicago, que vivió en el Chile de Augusto Pinochet de los años ochenta y admiró la obra de los promotores de la hiperliberalización de la economía, un programa que saneó las cifras macroeconómicas, pero incrementó las desigualdades sociales. Sérgio Moro, el juez que desveló el caso Lava Jato, metió en la cárcel a Lula da Silva y persiguió con saña al Partido de los Trabajadores (PT), será el responsable de Justicia y Seguridad Pública al precio de poner en duda la independencia de sus juicios y su complicidad con el mundo conservador, obsesionado en erosionar el PT. Joao Campos será el próximo presidente de la Cámara de Diputados, impregnará su quehacer con el fundametalismo cristiano que exhiben las iglesias evangélicas –es pastor de una de ellas– y quién sabe si dará una base doctrinal al programa de control-acoso-represión de las minorías tantas veces enunciado por Bolsonaro.

Cualquier posible asomo de transversalidad debe descartarse. No hay en la voluntad de cuantos auparon al vencedor el más mínimo propósito de escuchar al segmento social que no lo votó o que prefirió quedarse en casa. Al igual que Trump hace dos años, el círculo de Bolsonaro interpreta el triunfo como un valor absoluto que lo legitima para tomar cualquier medida en cualquier momento. Ciertamente, no se trata de una forma de pensar ajena a la ambición misma de muchos gobernantes al alcanzar el poder, pero en el caso de Brasil, históricamente sometido a las lacras de la desigualdad extrema, al arraigo de la pobreza y a la doble pandemia de la inseguridad y de la corrupción, la aplicación de cualquier programa exento de matices está irremediablemente condenado a dejar un reguero de víctimas por el camino.

La sentencia de Tácito “el poder nunca es estable cuando es ilimitado” no forma parte del ideario bolsonariano, sino más bien la convicción de que la herencia recibida legitima la aplicación de soluciones extremas. La bolsa de Sao Paulo aplaude este principio, pero el mapa de carreteras que lleva al ganador hasta el palacio de Planalto atiende más a los efectos que a las causas de la crisis social brasileña. Y sin embargo, nada puede deslindarse de la pobreza visible por doquier; de las pretensiones de los grandes propietarios agrícolas, señores de un sistema productivo que cabe considerar indigno; de la codicia que amenaza la explotación de la Amazonia; de la dualidad sin límites de las comunidades urbanas (opulencia máxima y miseria absoluta separadas muchas veces solo por la anchura de una calle).

Nada en Brasil tiende al equilibrio y a la sostenibilidad. Quizá Lula logró materializarlos en parte durante algún tiempo, pero los poderes reales no dejaron nunca de manejar los resortes decisivos de la economía y de la política –dos caras de un mismo dios– y de aprovechar el clima de confusión creado por el caso Lava Jato y sus ramificaciones –Petrobras, un nido de corrupción– para neutralizar el auge del PT. Hoy eso se traduce en una economía emergente estancada por sus propios errores y por el desafío de Trump a la globalización, y por unas clases medias que han buscado el auxilio de un cirujano de hierro capaz de restaurar el orden –no se especifica cuál–, sin que importen mucho los métodos, el coste y la erosión del régimen de libertades.

De los discursos de Bolsonaro y de sus seguidores no se deriva preocupación alguna por la calidad de la democracia en el futuro ni por la posibilidad de cohesionar una sociedad dividida. Se ha impuesto la idea de Thomas Hobbes, quizá muy anterior a él, primum vivere, deinde philosophari, en su peor acepción, como si el riesgo inherente a situar a la extrema derecha en el puente de mando estuviese plenamente justificado vista la situación que hay que superar. Una reacción comprensible entre los electores que añoran los años de la dictadura o del tejemaneje de los gobiernos conservadores, pero no tanto entre el resto de los votantes de la mayoría que se decantó por Bolsonaro, ciudadanos instalados en un pragmatismo lleno de riesgos.

Así se ha concretado la supuesta disputa por el centro después de que los dos candidatos que concurrieron en la segunda vuelta lo hicieran en la primera sin hacer guiños a este espacio político templado, sino al extremismo. Con una ventaja manifiesta para Bolsonaro: él pudo comparecer como potencial reparador de la catástrofe nacional mientras Fernando Haddad apareció como el heredero de los desastres del pasado. Fuese o no cierto esto último, nunca logró convencer a los votantes centristas de lo contrario y solo consiguió movilizar el sufragio militante que, por lo demás, siempre vio en Haddad un sucedáneo de Lula, el gran ausente, el único al que las encuestas daban como posible ganador frente a Bolsonaro, convertido hoy en el triunfador que Donald Trump siempre deseó.

La campaña del 6-N radicaliza a Trump

La pretensión del presidente Donald Trump de descargar en la prensa desafecta la responsabilidad por el clima político en Estados Unidos, enrarecido al máximo, resulta tan incongruente como la maniobra de palacio en Arabia Saudí de presentar a los asesinos del periodista Jamal Khashoggi como un grupo sin conexión con el rey Salman y su heredero, el príncipe Mohamed. En ambos casos y en otros muchos muy recientes –Matteo Salvini y sus baladronadas, el disparate del brexit, la casi segura victoria de la extrema derecha en Brasil, el avance espectacular de la extrema derecha en Alemania– los inductores de desaguisados de naturaleza muy diversa, pero siempre perjudiciales para la estabilidad política y la seguridad de los más vulnerables, desvían la atención hacia terceros no se diera el caso de que finalmente se descubriera el engaño (la manipulación permanente de una opinión pública sometida a los manejos de los especialistas en sembrar la división social).

En la campaña de paquetes bomba es poco menos que imposible deslindar el suceso de la operación de descrédito sin límite emprendida por la Casa Blanca contra los demócratas. Al alentar las más elementales pasiones, por no decir sentimientos primarios, mediante un nacionalismo estentóreo, se ha dado alas a los sectores más radicalizados por medios y entidades de extrema derecha, que desde el nacimiento del Tea Party disponen de un manual de acción con el que regirse y de un ideario donde cobijar sus anhelos. Ninguna de las circunstancias que concurren en el agravamiento de la división social en Estados Unidos es ajena al fomento de una simplificación de los problemas y de las soluciones, a nuevas formas de supremacismo que lo mismo valen para delimitar los flujos migratorios procedentes de países de mayoría musulmana que para cerrar la frontera sur a cal y canto, para impugnar el multilateralismo en todos los foros y para desequilibrar el comercio internacional mediante un proteccionismo extremo.

No se ha registrado en el último siglo un solo acontecimiento con repercusiones a escala internacional ajeno al comportamiento de Estados Unidos, y tampoco se ha registrado en el país una sola crisis social en la que la Casa Blanca no haya tenido alguna responsabilidad. El presente no es una excepción y el enfoque dado por Trump al envío de paquetes no hace más que abundar en la táctica de tirar la piedra y esconder la mano, de calentar los ánimos a través de Twitter y culpar a la prensa de la degradación de las relaciones entre segmentos ideológicos rivales.

Que el enardecimiento se produzca en medio de la campaña a cara de perro correspondiente a las legislativas del 6 de noviembre no justifica nada, más bien lo agrava después de la larga batalla política desarrollada en torno al nombramiento del juez Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo. Los estudios realizados por varios think tank, consumada la confirmación de Kavanaugh por el Senado, confirman que el sorpasso demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado es posible, un dato que ha alimentado el desánimo en el republicanismo clásico y ha llevado a la facción de Trump y a las diferentes versiones de la extrema derecha a echar más leña al fuego para movilizar a las bases y contener el ascenso demócrata.  Nada nuevo bajo el sol, cabe decir, por esperado y por convencional, pero muy arriesgado por las consecuencias que puede tener –si no las tiene ya– en el laberinto de pasiones diseñado por los asesores del presidente y por él mismo.

Un dato entre otros muchos justifica la preocupación del Partido Republicano: según Politico.com, durante los primeros 17 días de octubre, las candidaturas conservadoras han recibido donaciones privadas por valor de 73,9 millones de dólares, mientras que las demócratas han sumado 82,5 millones de dólares. ¿Qué revelan tales cifras? Que el olfato de los financiadores ha detectado una tendencia hacia la victoria del Partido Demócrata, mientras el nombramiento de Kavanaugh ha provocado un giro en la opinión pública, no solo entre las mujeres, al final de un proceso de desgaste de la figura de Trump. Se trata solo de hipótesis, pero en unas midterm, con flujos financieros menos relevantes que en unas presidenciales, la activación de los donantes es una señal inequívoca de que resultan convincentes los pronósticos de las encuestas, de las que se hacen públicas y de las que manejan en privado los estados mayores.

La pesadilla de todo presidente es tener enfrente un Congreso en el que tengan mayoría sus adversarios. Lo experimentaron en toda su complejidad y dureza Bill Clinton y Barack Obama, maniatados demasiado a menudo por los republicanos. Le puede suceder ahora a Donald Trump, con índices de aceptación según los sondeos de entre el 40% y el 44%. Un analista de The Washington Post recuerda que Clinton perdió la mayoría de la Cámara de Representantes en 1994 con una aceptación del 46% y a Obama le sucedió lo mismo en 2010 con el 45%. ¿De qué forma puede alterar los compartimientos electorales la suma de una aceptación de Trump dentro de lo previsible y del episodio de las bombas, que amenaza a algunos de los demócratas más sobresalientes de la última década?

La otra pregunta que inquieta a los analistas se refiere al comportamiento de Trump si deja de tener un Congreso sometido a sus designios. ¿Cómo reaccionará el presidente si la madrugada del 7 de noviembre se encuentra con una o las dos cámaras del Congreso en manos de los demócratas? ¿Será capaz de limitar el recurso al privilegio ejecutivo a las convenciones y usos de presidentes anteriores o provocará un choque de trenes institucional? La discusión está lejos de ser una digresión meramente académica habida cuenta del comportamiento político de Trump, de su propensión a saltarse las reglas y a recurrir a un populismo estrambótico con harta frecuencia. Si en una situación de suma gravedad como el envío de paquetes bomba a relevantes figuras del establishment demócrata y a conocidos partidarios suyos, Trump busca la culpa en la crítica de la prensa y los informativos de la radio y la televisión, ¿cuál puede ser su reacción si las urnas le son adversas?

El analista Fareed Zakaria recordaba la pasada primavera que Donald Trump tuiteó en 2015: “Necesitamos líderes que puedan negociar grandes acuerdos para los americanos”. Pero Zakaria subraya que a pesar de tal aserto, el verdadero talento de Trump no está en la negociación, sino en el márketing, una habilidad encaminada a vender un producto antes que a pactar con sus adversarios. ¿Es suficiente el márketing para desmarcarse de las mentes más calenturientas y ultras de Estados Unidos y salir victorioso de la prueba del 6 de noviembre? Las encuestas responden que no, pero el personaje es tan retorcidamente singular que cualquier vaticinio parece aventurado para prever cuál puede ser la capacidad de movilización de la extrema derecha a la hora de la verdad.

Baviera marca el camino

El batacazo de la CSU en las elecciones celebradas en Baviera es una señal más de la transformación de los partidos y los electores de perfil conservador. La irrupción de la extrema derecha en la política alemana, con una confortable presencia en el Bundestag, ha llevado a la CSU a asumir parte de la gesticulación pública y los eslóganes de Alternativa para Alemania (AfD por sus siglas en alemán), pero como suele suceder casi siempre en los casos de imitación oportunista del adversario, es este quien sale beneficiado y no el imitador. O lo que es lo mismo, entre el original y la copia, muchos votantes prefieren al primero.

Si hasta la fecha se ha dicho que la izquierda tradicional europea no sale de su desorientación y pena su incapacidad para disponer de un programa propio poscrisis, ahora cabe decir lo mismo del universo conservador, zarandeado por la extrema derecha. Los flujos migratorios, la convivencia con el islam en suelo europeo y el terrorismo global, más una eurofobia sin descanso, han alimentado los programas ultra, simplificando al máximo los problemas y las soluciones, como si la complejidad extrema del momento pudiera gestionarse con enunciados tan genéricos como cerrar las fronteras, salir del euro o poner en marcha un proceso masivo de repatriaciones. El líder de la CSU, Horst Seehofer, ministro del Interior –y de Patria, una aportación suya de inquietante significado–, da la impresión de haber olvidado la sentencia de Konrad Adenauer: “La historia es la suma total de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse”.

El contagio del virus ultra se extiende entre las derechas convencionales a la velocidad propia de las grandes epidemias. El caso de Vox, con un Vistalegre lleno en el zurrón, no es ajeno a los giros hacia la derecha de la derecha del PP y de Ciudadanos, temerosos de que finalmente la segmentación del voto conservador les condene a la derrota electoral. El temor a aparecer demasiado blandos, demasiado contemporizadores, demasiado liberales y poco nacionalistas lleva a algunos de sus dirigentes a subrayar sus coincidencias con los propósitos que animan a Vox, retardatarios cuando no claramente contrarios a la Constitución (la supresión de las autonomías, por ejemplo).

Se frustra así el papel moderador de la democracia cristiana y afines en entornos tan distintos como Alemania, Italia, Austria y en España al final del franquismo al neutralizar los ímpetus de la extrema derecha en sus diferentes versiones. Una operación que condenó a los irreductibles a la irrelevancia durante décadas, convertidos poco menos que un pintoresco residuo del pasado. Carente de líderes asentados y de una base electoral suficiente, el universo ultra hubo de recorrer una larga travesía del desierto hasta que el coste social de la salida de la crisis económica, la decepción de una parte de los más vulnerables con los partidos tradicionales y la insensibilidad de los tecnócratas de la UE al hacer el recuento de bajas puso en bandeja el renacimiento de los partidos con una nueva generación de líderes: Marine Le Pen, Frauke Petry, Matteo Salvini, Geert Wilders, Heinz-Christian Strache y otros menos renombrados.

La mayoría de ellos remaron contracorriente durante muy poco tiempo: si las elucubraciones del Tea Party fueron una primera fuente de inspiración, junto con el legado de la extrema derecha de entre guerras, la victoria de Donald Trump les procuró un líder universal, predicador de la nación agresiva frente al multilateralismo pactista, liquidador del statu quo y de la globalización. Puestos a minar la UE y las exigencias políticas de Bruselas, hallaron en Trump el pilar adecuado para debilitar la propuesta europeísta y sumarse a la labor de zapa de estrategas como Steve Bannon y otros ideólogos del nacionalismo de última generación, tan ajeno al cosmopolitismo que alienta en el proyecto europeo.

Basta sumar la inclusión de programas sociales en las arengas de la extrema derecha para comprender lo atractivo de la oferta en caladeros tradicionales de la izquierda golpeados por la crisis, sometidos a las políticas de austeridad y condenados a  sufrir un mercado laboral precario (pobres con trabajo). Los resultados en la periferia de París de la elección presidencial de mayo de 2017 –victoria de Emmanuel Macron– ilustran sobradamente este fenómeno de transferencia del voto de izquierdas al lado opuesto del espectro político y contribuyen en todas partes a ahondar la desorientación de la izquierda tradicional, a dar vida a proyectos políticos de influencia limitada –los insumisos en Francia– y a alentar diferentes formas de populismo progresista que impugnan el reparto de papeles en los regímenes democráticos.

La más genuina diferencia entre Alemania y casos como los de Francia y España, es que la configuración del Parlamento está lejos de compensar el afloramiento de la extrema derecha con una similar capacidad de movilización de nuevas formas de la izquierda –Die Linke es un partido estancado–, capaces de retener una parte del electorado que ha abandonado a la socialdemocracia (SPD). Los resultados de Baviera tienden a consolidar ese modelo y ahora la mayor de las incógnitas es saber hasta qué punto el traspiés bávaro de la democracia cristiana puede repetirse a escala federal. Porque si, como parece, Angela Merkel se ve obligada a adelantar las elecciones, someterá a su partido, la CDU, a una dura prueba de resistencia frente a las acometidas de AfD y a la prédica nacionalista y poco menos que xenófoba de la CSU, cada vez más presunta aliada y menos aliada sin más de la CDU.

Resulta innecesario subrayar que una Alemania enfrentada al desafío de AfD influiría en el curso de los acontecimientos en el resto de la UE y daría alas a la extrema derecha en todas partes. No es ni exagerado ni grandilocuente imaginar que los sucesivos ascensos en los resultados obtenidos por AfD mejoran las perspectivas del voto ultra, amenazan el proyecto político europeo y contribuyen a endurecer los programas de la derecha tradicional por esa tendencia suya a intentar la neutralización de sus adversarios ultraderechistas mediante la asimilación de parte de sus programas. Y sobre todo de su lenguaje, de un léxico agresivo y extemporáneo que lo mismo le vale a Pablo Casado para referirse a un supuesto efecto llamada en el Estrecho, que a Horst Seehofer para amenazar con el cierre de fronteras.

Quienes se adueñan del lenguaje, siquiera sea para amedrentar, tienen mucho camino recorrido, porque al final es el instrumento para prometer la Luna, desacreditar a los rivales y administrar las victorias. Si la apropiación se produce en entornos marcados por las desigualdades y la decepción de los ciudadanos, entonces se dan dos de las condiciones básicas para que los demagogos sin escrúpulos se suban a la tribuna y atraigan voluntades.

Desafío ultra en Brasil

La espectacular victoria del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas desvela el alcance del desgaste del sistema de partidos, el cansancio de una opinión pública harta de asistir a la degradación acelerada de los gobernantes y enfrentada al estancamiento económico. A un paso de la presidencia y muy por delante del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, la fuerza de su acercamiento al poder se corresponde a un tiempo con su habilidad para utilizar las redes sociales y desacreditar a sus adversarios, incapaces de despegarse de los escándalos que menudean en los salones del poder sin distinción de colores y desde tiempo inmemorial.

No es que de forma inesperada y repentina el grueso del electorado brasileño se haya convertido al racismo, la homofobia y otras lacras aborrecibles, sino que busca una salida al laberinto, y Bolsonaro, un admirador de la dictadura militar, la mano dura y la política de tierra quemada, defiende una propuesta extramuros del sistema, un populismo desacomplejado y ruidoso que promete lo que otros prometieron antes sin éxito o con eficacia limitada, sin vínculos que se sepa –quedan dos semanas de campaña– con las vergüenzas del establishment. En todo caso, los tenga o no, la carrera de Bolsonaro, sacudida por el ataque que sufrió durante un mitin en plena calle, se resume en un puñado de propuestas de corte neoliberal –privatizaciones, capitalización de las pensiones a través de los bancos, reforzamiento de los estándares de seguridad, etcétera– que atraen por un igual al mundo financiero y a las clases medias urbanas sometidas todos los días a la ducha escocesa de las promesas por cumplir y la multiplicación de escándalos por dilucidar.

A todo lo cual debe sumarse el apoyo indisimulado de los grandes holdings de comunicación, de la Bolsa de Sao Paulo y de las finanzas globales arraigadas en Brasil. Un apoyo que obedece tanto al deseo de desembarazarse de los programas sociales sostenidos por la izquierda con desigual suerte como al hartazgo de las clases medias, que han observado desalentadas cómo Brasil se ha convertido en un foco de contagio de varias formas de corrupción rampante en la periferia –Perú y Ecuador, los escenarios más recientes–, sin que el sistema haya sido capaz de sanearse a pesar de las proclamas de todos los líderes.

En un artículo publicado en el periódico O Estado de Sao Paulo, el historiador Alberto Aggio analiza lo sucedido en su país el 7 de octubre y concluye que ha consagrado la desaparición de facto del centro político, disputado por la izquierda y la derecha durante treinta años mediante un sistema de alianzas que se ha hundido. “El fuera esto o fuera aquello y el nosotros contra ellos produjeron un campo de hostilidades que hizo prosperar la intolerancia y el odio –escribe Aggio–. El rechazo a los políticos y a los partidos ganó corazones y mentes e instauró el reino de la antipolítica en sus diferentes versiones: de las visiones plebeyas a las neoliberales, todas pasaron a buscar un mundo a su imagen y semejanza. Es una victoria de la cultura narcisista y una derrota de la cultura democrática”.

Es también el resultado de una sociedad extremadamente dual, polarizada, con desigualdades lacerantes, que hizo del PT de Lula da Silva la esperanza de los desposeídos y del Movimiento Democrático Brasileño y sus herederos del siglo XXI, la referencia política de las clases acomodadas. Lula llegó a la presidencia con el objetivo de que todos sus conciudadanos tuvieran garantizadas tres comidas al día y de que la pobreza extrema dejara de ser una de las señas de identidad del país: lo consiguió en parte, pero entre la sospecha, la conspiración política y la sentencia condenatoria, la estrella de Lula se apagó. Se apagó asimismo la de la presidenta Dilma Rousseff, apartada del cargo, pero el mandato de Michel Temer, tan bajo sospecha como sus antecesores, anduvo lejos de mejorar las expectativas del centroderecha.

De tal manera se encadenaron los acontecimientos que, salvo enorme sorpresa, un exmilitar ajeno a los compromisos democráticos ganará la poltrona del palacio de Planalto en Brasilia y se cerrará un nuevo ciclo en América del Sur, con todos los grandes países del continente en manos de conservadores, pero ninguno tan extremo como Bolsonaro. A través de una ley del péndulo, la hegemonía política en el universo latinoamericano la tendrá la derecha, y la izquierda posibilista solo retendrá un escenario influyente: México. Justo lo contrario de lo que sucedía hace una década, cuando era México el único gran país de la región gobernado por un conservador. Todo lo cual pone de manifiesto la incapacidad de los líderes de la izquierda de aproximar el cumplimiento de los programas a lo prometido en campaña y, al mismo tiempo, su propensión a caer en las mismas servidumbres y manejos que sus adversarios de la derecha.

Para Alberto Aggio, la conquista del centro por uno de los extremos es el único mecanismo que puede moderar la ley del péndulo, de derecha a izquierda, y vuelta a la derecha, dando bandazos cada pocos años, con promesas inaplicables o decepciones encadenadas de los electores. “La llegada de dos polos excéntricos a la segunda vuelta no fue un rayo de luz en el cielo azul –afirma Aggio–. El hundimiento del centro político acabó produciendo una situación paradójica: el centro pasó a ser el objeto del deseo de los dos extremos. El centro está muerto. ¡Viva el centro! Su conquista será lo que definirá la segunda vuelta. Y, en el caso brasileño, no solo la futura gobernabilidad, sino la posibilidad real de que el país continúe viviendo en democracia”.

La pregunta obligada es casi imposible de responder: ¿quién está en mejor situación de atraer el centro y condicionar su acción de gobierno? En todo caso, la respuesta alterará en gran medida la evolución de los dirigentes de Colombia, Chile y Argentina, con programas económicos tan cercanos al de Bolsonaro como alejados del de Haddad. Porque Brasil es, sin duda, el país más influyente del continente, un gigante económico en crisis, pero gigante al fin, con independencia de quién dé órdenes en el puente de mando.

El programa de Macron, en duda

El debilitamiento de la presidencia de Emmanuel Macron después de menos de año y medio en el palacio del Eliseo pone de manifiesto las dificultades para configurar experimentos políticos que pretenden ser una versión poscrisis de las en otro tiempo llamadas terceras vías. La República En Marcha (LREM), el partido creado por Macron para convertirse en jefe del Estado, es un conglomerado heterogéneo en el que conviven exsocialistas, centristas, ecologistas templados, liberales y aspirantes a políticos sin adscripción ideológica precisa. Es también un recinto en el que junto a debutantes en el oficio figuran veteranos en la brega política diaria –Édouard Philippe, Gerard Colomb, ministro del Interior hasta que dimitió el miércoles–, con claro predominio de la familia europeísta liberal, dispuesta a hacer pasar a Francia por un proceso de reformas guiadas por la austeridad presupuestaria, un cambio radical del mercado de trabajo y una revisión no menos radical de los privilegios de que disfrutan los empleados de la función pública.

El compromiso europeísta de los integrantes de LREM nadie lo discute, pero el corte merkeliano del programa de Macron para Francia, tampoco. Bruno Le Maire, un enarca clásico, es el ejecutor de este programa, apegado al rigor económico y poco dado a girar la vista atrás y adaptarse a algunas de las más arraigadas tradiciones políticas francesas: la fuerza de los sindicatos, el conservadurismo católico con inquietudes sociales, el legado comunista, las referencias de Charles de Gaulle y François Mitterrand para quienes conservan una “cierta idea de Francia” –la frase es del general en sus memorias–, el poder de facto de los funcionarios y otros factores esenciales en la configuración del perfil de la república. Muchos de estos ingredientes son lastres objetivos para la modernización del Estado, de la economía y de la viabilidad de los programas sociales, pero arramblar con todos es una empresa inmoderada, por no decir perniciosa para preservar la cohesión social y dejar a salvo el pacto republicano.

La pérdida de popularidad sin freno de Macron es consecuencia directa de esta idea de renovación del Estado desde la trinchera liberal –¿neoliberal quizá?–, que persigue la modernidad, pero alarma a los jóvenes sin trabajo o con empleos precarios, a las rentas más bajas de las sociedades urbanas, a una parte del mundo académico y las fuerzas en orden disperso que un día se sintieron representadas por las izquierdas clásicas y el nacionalismo socializante concretado en el gaullismo. Como escribía un editorialista a raíz de la dimisión del ministro de Transición Ecológica, Nicolas Hulot, Macron ha hecho demasiados enemigos en demasiado poco tiempo y ahora, cuando se impone una renovación del Gobierno –Colomb es el séptimo en dejar su cartera–, la pregunta de la portada del progresista Le Monde, “¿qué remodelación para salir de la crisis?”, es casi una forma encubierta de preguntar si el presidente y su Gobierno están en condiciones de salir de la crisis (de esta y de las futuras y previsibles).

El debilitamiento de Macron enardece a la extrema derecha, suministra argumentos a Marine Le Pen para calentar sus proclamas eurófobas y mantiene a Francia en la lista de países en los que el desafío del populismo ultra puede alterar el perfil del Parlamento Europeo que se elegirá en mayo. Esto es, la crisis francesas es, al mismo tiempo, una crisis europea en potencia, o acaso no tan en potencia habida cuenta de que coincide con las dificultades cada vez mayores que afronta Angela Merkel en Alemania, donde debe torear con las tensiones lógicas en toda coalición con las menos lógicas con los aliados históricos de la CDU, los democristianos bávaros de la CSU. Dicho de otra forma: sin estabilidad para que funcione la complicidad franco-alemana, con el brexit sin un desenlace tranquilizador y demasiados socios de la UE dispuestos a saltarse las reglas básicas del club, la debilidad de la pareja Macron-Merkel es, al mismo tiempo, la debilidad de Europa.

La energía y audacia que observa Jack Lang, exministro de Educación y Cultura de Mitterrand, en el comportamiento de Macron se antojan insuficientes para salvar el momento sin graves daños. Como el propio Lang reconoce en una entrevista con el periódico conservador Le Figaro, en un régimen parlamentario, después de la renuncia de Colomb, la crisis de Gobierno estaría servida y acaso zozobrara la cohesión de la mayoría con una composición tan variada como la de LREM. Una reflexión que no le impide alabar el “estilo de acción” del presidente, algo que apreció en Nicolas Sarkozy el establishment francés, del que Lang forma parte, y que echó en falta en François Hollande.

La pregunta que cabe formular en relación con la crisis francesa, entre otras muchas, es si una maquinaria electoral de perfil ecléctico, que pretende ser una herramienta política de renovación sin entrar en demasiados detalles ideológicos, puede ser también un instrumento de gestión política cohesionado, en cuyo seno sean más numerosas las certidumbres y los cambios viables que las contradicciones. La misma o parecida pregunta se planteó a las terceras vías, barridas por la victoria de George W. Bush en 2000, la complicidad británica en la estrategia de seguridad de Estados Unidos –la guerra de Irak– y el desastre aún no superado de la crisis iniciada en 2008, entre otros muchos sucesos que dejaron desnudos a los teóricos de aquella no tan lejana propuesta.

La modernidad de Macron presta muy poca atención al recuento de posibles víctimas provocadas por un pretendido cambio de paradigma que acaso tenga justificación contable, incluso puede ser necesario para salvar los muebles del Estado del bienestar, pero también puede dejar a muchos en la cuneta de la historia. Por lo demás, bastantes de los objetivos del presidente de Francia suenan a cosa sabida, bajo sospecha, apegados a las indicaciones de los think tank, pero alejados del pulso de la calle, instalada en la decepción y donde es tan importante el voto a favor de alguien como el voto contra alguien. Algo cada vez más frecuente cuya consecuencia inmediata es que apenas existe complicidad e identificación con el ganador –Macron en 2017– y al primer contratiempo se rompe el tenue hilo que une a los votantes con el candidato que votaron. Eso sucede en Francia y no hay pistas para creer que se corregirá la tendencia.

 

El ‘brexit’ ahonda las divisiones

Si el voto a favor del brexit en el referéndum de junio de 2016 fue un factor de división en la sociedad británica, la negociación de los términos de la salida lo es doblemente porque ha dañado la cohesión de los dos grandes partidos del Reino Unido y figuras políticas relevantes, una parte importante de la comunidad académica y en términos generales el mundo de la cultura han levantado un muro frente a la provocación de Theresa May: es preferible un brexit sin acuerdo que un mal acuerdo. Al llamado plan de Chequers, defendido por la primera ministra y rechazado por la Unión Europea, apenas le quedan partidarios, las encuestas delatan una disparidad radical de criterios entre jóvenes y mayores y el griterío populista sube el volumen –Boris Johnson, uno de los oradores más destemplados–, mientras el mundo financiero se tienta la ropa y teme que se consume el disparate desencadenado por David Cameron.

A medio año de distancia del fatídico 29 de marzo, día en el que, si nada lo remedia, se consumará el brexit, laboristas y conservadores andan buscando la cuadratura del círculo, y al mismo tiempo, personajes como los alcaldes de Londres y Manchester reclaman la celebración de otro referéndum que permita saber si de verdad divorciarse de la UE es la opción que prefieren más británicos o, por el contrario, son muchos los arrepentidos, los deseos de rectificar su voto y ahuyentar el fantasma de la ruptura. Lo que parecía imposible en junio de 2016 se ha producido: la tozuda realidad se ha impuesto y los temores a un fiasco económico aumentan a cada día que pasa.

Jeremy Corbyn, líder laborista instalado en la duda hamletiana desde su euroescepticismo poco menos que confeso, reconoce ahora que salir de la UE sin un acuerdo “corre el riesgo de ser un desastre nacional”. Y lo dice después de deshojar la margarita antes, durante y después del congreso de su partido en Liverpool, del que salió debilitado por no decir desairado por los remainers (los que quieren seguir en la UE), encabezados por Keir Starmer, responsable de seguir las negociaciones del brexit en el Gobierno en la sombra. Quizá podía haberse referido al “desastre nacional” antes del referéndum, cuando su tibieza facilitó la labor de los promotores de la salida, pero lo dice ahora porque no le queda más remedio, porque en el congreso fue manifiesta la mayoría partidaria de celebrar una nueva consulta, no sobre el acuerdo final que alcance May, sino sobre la cuestión de fondo: nos quedamos o nos marchamos.

Lo que le gustaría a Corbyn sería un adelanto electoral si los Comunes votan en contra del acuerdo que arranque la premier a Bruselas, cada día más improbable. Pero, como se dice ahora, esta pantalla quedó atrás hace tiempo, la discusión ya no es sobre la bondad o el daño que causará el brexit –más, esto último–, sino cómo evitarlo o cómo perseverar en él, aunque sea a un altísimo precio. Además, la perspectiva de un adelanto electoral es un futurible que atemoriza a los conservadores, enzarzados en una batalla por el poder más cruenta si cabe que la de los laboristas habida cuenta de la energía desplegada por los euroescépticos para presentarse ante la opinión pública como los defensores de un brexit duro, sin concesiones o pactos con la UE (eso dicen al menos).

Cuando esta próxima semana sea Theresa May la que se someta al dictamen del congreso conservador contarán sus competidores con el apoyo entusiasta del trumpismo, de los adscritos a la operación dirigida por Steve Bannon para unir a las diferentes extremas derechas europeas para minar la UE y del conglomerado de adversarios de todo pelaje y condición cosechados por la Europa unida. El programa de Chequers quedará tan lejos a pesar de su corta vida, que la discusión sobre el mantenimiento del Reino Unido dentro de la unión aduanera y el problema de la frontera entre las dos Irlandas, tan debatidos ambos asuntos, acaso se desvanezca y lo que domine las discusiones sea simplemente la punga entre aspirantes a ocupar la silla de May. Cuando la secretaria de Interior, Amber Rudd, se refiere a los enemigos surgidos en el Parlamento para un posible arreglo parecido al tratado de libre comercio Canadá-UE, parece hacer referencia a esta guerra de trincheras desatada y su imprevisible desenlace.

La presencia de Jeremy Corbyn en Bruselas para entrevistarse con Michel Barnier, el negociador de la UE, y con Martin Selmayr, secretario general de la Comisión Europea, no está exenta de la ambigüedad practicada por el líder laborista. ¿Va Corbyn a prometer el apoyo a un brexit decoroso, sin sobresaltos irremediables? ¿Acude a Bruselas con algún programa propio bajo el brazo, parecido quizá al programa de Chequers, pero con mejores anclajes y compromisos con la UE? ¿O se trata simplemente de un gesto para que no se diga que es insensible a las inquietudes del congreso del partido y que prefiere esperar y ver? Conocer las respuestas a estas preguntas es esencial para saber qué papel desempeñara el laborismo a partir de ahora en este laberinto sin salida, en este viaje hacia lo desconocido.

El Financial Times, portavoz de una City alarmada, ha publicado un estudio sobre las posibilidades de celebrar un nuevo referéndum a partir de la situación creada por Theresa May, al ver rechazado el plan de Chequers, y por la militancia laborista, al dar su apoyo entusiasta a los remainers. Aunque en el análisis del periódico hay una dosis evidente de preferencia por una nueva consulta, ciertamente nunca se dieron tantos factores para que sea posible preguntar de nuevo: ¿quieren abandonar la UE? Pero a nadie escapa que una nueva convocatoria entraña un elevado coste político, puede dar pie a una crisis constitucional de gran alcance y no suturará las heridas abiertas por el resultado de 2016: el voto diferente en Inglaterra y Escocia, la división tajante entre las grandes ciudades y el resto del país y la sensación de que, si no hay brexit, subsistirá una incomodidad manifiesta en segmentos importantes de la sociedad británica que seguirán reclamándolo, que siguen pensando que el canal de la Mancha es el mejor regalo que la naturaleza hizo a las islas para mantenerlas separadas del continente.

 

Acercamientos y recalentamiento del ‘procés’

El último episodio del procés, el de los mensajes difundidos en un chat por jueces de perfil presumiblemente conservador, no hace más que avivar el fuego, enardecer la controversia y dañar la imagen global de unos funcionarios públicos que más parecen adscritos a las pasiones de la política y los políticos que a la tantas veces invocada fría ecuanimidad de quienes tienen por misión aplicar la ley a quienes la infringen. Las informaciones de eldiario.es y elmon.cat confirman, además, la división tajante dentro de la carrera judicial –críticas dirigidas a las organizaciones de orientación progresista: Jueces para la Democracia y Ágora Judicial– entre lo que bien cabe calificar de togas airadas y cuantos manifiestan su preocupación frente a lo que entienden que se trata de una minoría –el chat tiene más de 5.000 usuarios– que expresa “un pensamiento tan ofensivo”.

En pleno calendario recordatorio de los sucesos de hace un año, de aquella sucesión de jornadas alejadas de todas las convenciones políticas conocidas, los mensajes divulgados contribuyen a agrandar las dificultades para sistematizar la crisis y acotar el terreno de juego. Si cada día surgen nuevos factores de inestabilidad o desconcierto que modifican lo hasta entonces sabido, engordan los respectivos memoriales de agravios y enriquecen las arengas de los hiperventilados a ambos lados de la divisoria, mal puede serenarse el debate, la negociación o los acercamientos en curso.

De nada vale apelar a la consabida recomendación de que no debe confundirse la parte –los autores de los mensajes– con el todo –los integrantes de la carrera judicial– cuando toda ocasión es buena para desacreditar al adversario, haya o no motivos suficientes para hacerlo. Resulta por lo demás ingenuo dar pábulo a la creencia de que las opiniones contenidas en los mensajes no recogen el sentir de una parte de la judicatura, defraudada con la suerte corrida por las euroórdenes del magistrado Pablo Llarena y asaeteada por las críticas movilizadoras del independentismo catalán más un conglomerado de voces de diferentes izquierdas.

El desaparecido Butros Butros-Ghali, viejo zorro de la política, sostenía que para iniciar una negociación con futuro hay que dejar a un lado cuanto sucede a partir del momento en que se empieza a hablar, porque toda negociación, decía, tiene siempre enemigos que se oponen a ella. Pero en el procés no se ha llegado a este punto, sino más bien a una terra ignota en la que cada día surge una nueva trampa para osos, un exabrupto ofensivo, una convicción desmadrada o cualquier otro ingrediente que llena de riesgos la exploración para hablar y acordar. Lo mismo vale bloquear una moción en el Congreso para negociar con el Gobierno de acuerdo con la ley –victoria del independentismo fundamentalista– que asegurar la presencia de la Generalitat en la Comisión de Financiación Autonómica –triunfo del nacionalismo posibilista– para alterar los biorritmos: cada parte se frota las manos o se rasga las vestiduras según los casos, el momento, las mayorías y la política de las emociones en la vía pública.

En este terreno abonado a la simplificación de los argumentos, los populismos de nuevo cuño (quizá no tan nuevo) fundamentan su discurso a voces y creen que pueden erosionar de una sola tacada la imagen del Gobierno y la facción más realista del independentismo. Las piezas a cobrar son Pedro Sánchez, con las encuestas de cara, y la voluntad electoral de la España alarmada por el desafío catalán al orden constitucional, y ahí vale todo o poco menos, llenas las tribunas de exaltados que piden la vuelta al 155 y su aplicación sine díe mientras la ANC, Òmniun Cultural, los CDR, la CUP y un variado tutti fruti de siglas reclama la república exprés en medio de un mar de lazos amarillos.

Estos jueces del chat, con su recurso a adjetivos hirientes y consideraciones más propias de los excesos verbales de una sobremesa que del ilustre colectivo al que pertenecen, han rendido un impagable servicio a los exaltados adscritos al cuanto peor mejor. Lo dejado por escrito por estas señorías vale lo mismo para un roto que para un descosido, es tan útil a los que se mudaron a Bélgica hará pronto un año como a los que creen que la defensa de la unidad ha quedado en manos de los jueces, y cualquier alternativa no es más que blandenguería posmoderna. Ahí están las cuatro exigencias hechas por Quim Torra a renglón seguido de la publicación de los mensajes de los jueces y los aplausos de la derecha para confirmar que en este laberinto de pasiones todo el mundo es capaz de sacar tajada de cualquier situación. Y aun así resulta poco realista suponer que el tropiezo puede cercenar los movimientos de aproximación o de tanteo entre Madrid y Barcelona, que existen y tienen en un grito al independentismo sin fisuras y al nacionalismo español.

Por más que Carles Puigdemont pida a los catalanes afectos a su causa que “se planten” –poco antes declaró que la independencia será para dentro de 20 o 30 años– y que el president Torra, auxiliado por la ANC y Òmnium, haya convertido el primer aniversario del 20-S en un alegato contra el sistema judicial (una multitud frente a la Conselleria de Economia), solo una componenda presentable y defendible puede sacar al convoy de la vía muerta en el que quedó aparcado después del choque de trenes. Si no fuera así, carecerían de sentido el bloqueo del Parlament, que sigue cerrado por el desacuerdo entre independentistas, las palabras de Josep Borrell y Meritxell Batet lamentando las prisiones preventivas, tan inconvenientes para lograr que baje el souflé, y tantas declaraciones solemnes que luego no se traducen en nada, pero que alimentan la política del balcón tan diferente siempre a lo que se cuece entre bambalinas.

Fuego cruzado sobre Trump

La publicación en The New York Times de un artículo anónimo en el que un alto funcionario de la Casa Blanca cuenta el empeño de una parte del personal del Ala Oeste en diluir bastantes iniciativas del presidente Donald Trump, de forma especial aquellas que interesan las políticas exterior, de defensa y económica, no hace más que reforzar la imagen de conjunto de la presidencia que transmite el libro Fear (miedo), de Bob Woodward, próximo a publicarse. Atendiendo a la solvencia del diario y del veterano periodista de The Washington Post, solo cabe concluir que la situación que se da en el Despacho Oval es insólita o solo comparable con aquella otra que envolvió en una densa niebla envenenada el segundo mandato de Richard Nixon. La gran diferencia entre Nixon y Trump es que el primero fue un profesional de la política, conocedor de los códigos y los detalles de la guerra fría, y en cambio quien hoy ocupa el puente de mando muestra permanentemente un desconocimiento enciclopédico de asuntos cruciales sobre los que debe tomar decisiones.

Aunque no deja de ser una anormalidad la publicación de un artículo sin firma –una decisión que incluso puede considerarse discutible aunque el medio afirma conocer la identidad del autor–, su contenido es tan explícito y se aproxima de tal manera a revelaciones anteriores que es difícilmente impugnable como testimonio de una realidad demasiadas veces insinuada o descrita por otros autores. Las “decisiones imprudentes” a las que se refiere el alto funcionario confirman algunos detalles aportados por Michael Wolff en Fuego y furia, lleno de pirotecnia sensacionalista, y, desde luego, se antojan del todo consistentes con el minucioso trabajo de investigación de Woodward, el mismo que junto a Carl Bernstein destapó el escándalo Watergate (junio de 1972-agosto de 1974). El twit del presidente en el que se pregunta si el prestigioso periodista es “un operativo demócrata” apenas sirve para contrarrestar el efecto que sobre la campaña de las elecciones midterm –a dos meses vista– puede tener el caudal de informaciones por lo menos preocupantes que degradan la imagen de Trump más allá de los límites de sus adeptos irreductibles (el 35% del electorado, según algunas encuestas).

“La lucha surrealista entre Trump y al menos algunos miembros de su propio equipo ha caracterizado su mandato desde el principio, pero se extendió a la opinión pública esta semana de una manera que plantea preguntas sobre la capacidad del presidente para gobernar y las responsabilidades y deberes de las personas que trabajan para él”, se afirma en The New York Times. Es tanto como decir que en la Casa Blanca se da una doble inconsistencia: la del presidente, carente de la formación y el carácter necesarios para desempeñar el cargo, y la de un equipo de colaboradores y asesores que cobija a no pocos expertos que disienten de Trump y porfían para evitar que se lleven a la práctica ideas descabelladas, inoportunas o altamente peligrosas para la seguridad nacional (un ataque preventivo contra Corea del Norte, una operación para asesinar a Bashar al Asad, la retirada del contingente desplegado en Corea del Sur y otros disparates supuestamente evitados por funcionarios civiles y militares de alta graduación).

Es improbable o poco creíble que lo desvelado esta última semana sea fruto de la inquina y el sentimiento de frustración de personas resentidas. Muchos de los nombres citados por Woodward en su libro son políticos experimentados, militantes del Partido Republicano o cercanos a él a quienes es casi imposible imaginar sometidos a la estrategia electoral del Partido Demócrata, y militares educados en el sometimiento a las decisiones del comandante en jefe. Si se ha quebrado ahora esta tradición, si se ha instalado en el Ala Oeste la creencia de que es necesario controlar al presidente –incluso neutralizarlo– si corre riesgos excesivos, poco meditados o sin fundamento, es a causa del desbarajuste, la tendencia de Trump a la sal gruesa y al desplante sistemático y la desorientación de los aliados, que cada vez con mayor frecuencia no dan crédito a cuanto procede de Washington.

Hay, al mismo tiempo, una creciente desconfianza en los salones del poder en relación con el conflicto de intereses entre el programa político de Trump y los objetivos financieros de un millonario de Manhattan con un currículum empresarial no siempre ejemplar y transparente. Pasó en Italia con Silvio Berlusconi, pasa ahora con Mauricio Macri en Argentina, sucede en Chile con Sebastián Piñera, pero en ningún lugar tiene el eco que en Estados Unidos, con la constante exhibición de opulencia que hace el presidente mientras se dispone a recortar cuando no eliminar los modestos programas sociales puestos en marcha por su predecesor. Y esa desconfianza es especialmente relevante en cuanto atañe a las relaciones de Estados Unidos con Rusia, de Trump con Vladimir Putin, tan opacas y poco convencionales, alarmantes en algunos momentos para cuantos piensan que el presidente debe ser alguien previsible, que no defraude a los aliados ni los debilite.

Las señales que emite el entorno ciegamente fiel a Trump, que incluye a una de sus hijas y al marido de esta, no hace más que alimentar las sospechas de que en la cúspide del Estado se cruzan a todas horas los planes de un hombre de negocios, los objetivos de un gobernante ultraconservador y la falta de preparación de este para aceptar que no puede arramblar con todas las reglas y servidumbres del statu quo sin quebrantar el sistema de pesas y medidas heredado. Como escribió en su día Walter Lippmann, “la prueba final de un líder es que deja tras de sí en otros hombres la convicción y la voluntad de seguir adelante”, algo que está lejos de las posibilidades de Trump, siempre agresivo con las reglas escritas y no escritas de la política, la opinión de los entendidos y los instrumentos de la crítica (la prensa, en primer lugar). Cada vez que alguien intenta blindar la figura del presidente –el juez Brett Kavanaugh, elegido por Trump para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo, el último de ellos– no hace más que erosionarla y recalentar el clima de sospecha generalizada.

Indira A. R. Lakshmanan, una comentarista del diario The Boston Globe, resume el momento en muy pocas palabras: “Si incluso la mitad de las historias que describen a Trump como no apto para el cargo son verdaderas, es la historia de terror de no ficción del año. Un escenario aún más aterrador es que todas las historias sean verdaderas”. El artículo se titula Crazytown [ciudad loca], USA: por fin hemos coronado la cima Trump, un recurso a la ironía que en nada reduce la sensación experimentada a menudo de que el inquilino de la Casa Blanca es un presidente peligroso.