La monarquía, en la encrucijada

Nunca la Corona había pasado por una situación de desgaste y vulnerabilidad tan manifiesta desde la restauración de la monarquía en 1975. Las comisiones o regalos, o quizá ambas cosas al mismo tiempo, percibidos por el rey emérito y de nuevo regalados o transferidos o adjudicados a Corinna Larsen, “amiga íntima” de Juan Carlos I en palabras de la interesada, sitúan a la institución en el centro de toda clase de sospechas, alimentadas por la reacción de las justicias suiza y española y por las diferentes informaciones de una consistencia poco discutible difundidas por medios de comunicación, dentro y fuera de España. Las teorías conspiratorias carecen de sentido una vez más, cuando los hechos son de una elocuencia sin fisuras.

Las monarquías de los países democráticos han encomendado a la transparencia y a la neutralidad de la institución el anacronismo de un sistema que fía en los caprichos de la genética la máxima representación del Estado. Pero, incluso así, muchas de las monarquías más asentadas han tenido su annus horribilis, como dijo en una ocasión la reina Isabel II, facilitado en muchos casos por cierta sensación de impunidad y por la distancia manifiesta entre los usos de palacio, de todos los palacios, y la vida cotidiana. España no es una excepción a lo que se ve, y además la restauración de la monarquía arrastra el dato inalterable de que fue una decisión del general Franco establecer la sucesión a la jefatura del Estado a título de rey en la persona de Juan Carlos de Borbón y Borbón (decreto del 22 de julio de 1969).

Detener en tal fecha el reloj de la historia resultaría tan capcioso como injusto. Es decir que el Rey, ahora emérito, se desenganchó del Movimiento Nacional y del legado institucional de la dictadura a igual velocidad que los reformistas del tardofranquismo y desempeñó un papel aparentemente crucial en el desenlace del 23-F. Pero transcurridas las décadas e instalada la Corona en la rutina y la inercia como representación máxima del Estado, surgieron las sospechas sotto voce, el caso Urdangarín causó grave daño a la imagen de La Zarzuela, lo mismo sucedió con el episodio del elefante en Botsuana, llegó la abdicación en 2014 y se supo por último la vinculación de Juan Carlos I con la concesión a compañías españolas del AVE a La Meca, propinas mediante. A partir de ahí la tormenta ha arreciado con fuerza inusitada.

Poco queda de aquella idea según la cual España era una república coronada. Es humanamente imposible separar a Felipe VI de la crisis institucional en la medida en que la monarquía se asienta en el vínculo familiar, en la norma sucesoria, en algo tan objetivo como que el hijo de Juan Carlos I era una persona adulta cuando se desarrollaron los acontecimientos, que cabe concretar en una mezcla de tres presunciones: tráfico de influencias, evasión de capitales e impago de impuestos por una cuantía sencillamente mareante. Incluso después de renunciar a la eventual herencia del dinero asociado a la operación en Arabia Saudí, parece vulnerable el perímetro de seguridad armado por el Gobierno, el PP y Vox alrededor de Felipe VI, expuesto a una dinámica judicial y política que está lejos de controlar.

Ese es un precio consustancial a la naturaleza de las monarquías. Si los partidos salen indefectiblemente dañados de los dislates de sus militantes, especialmente si ostentan alguna cuota de poder, las familias reales pagan siempre algún precio por las irregularidades de uno de sus miembros, especialmente si este fue en algún momento el cabeza de familia, con una autoridad y administración absolutas de los asuntos de palacio. En las familias reinantes solo es aplicable una cierta realidad imaginada mientras nada irregular o reprobable trasciende; cuando algo llega a la opinión pública, la imagen idílica se desmorona con estrépito. Así sucedió, por ejemplo, en Holanda cuando se supo en 1976 que el príncipe Bernardo, esposo de la reina Juliana, cobró de la empresa aeronáutica Lockheed una comisión de 1.100.000 dólares por promover ante el Gobierno de su país la compra de un determinado modelo de avión.

Si la investigación en curso no se sustancia en conclusiones concretas, el desgaste de la institución puede ser aún mayor. Por eso resulta sorprendente que un partido declaradamente monárquico como el PP vea intereses electorales en algunas reacciones y que no entienda que el saneamiento de la monarquía solo es posible si nada se oculta bajo la alfombra. Sobre todo porque la actitud protectora de Felipe VI adoptada por el PSOE, cuyo ADN republicano forma parte de su historia, solo se sostiene –ante la militancia, ante sus votantes y ante la opinión pública– si nada se guarda bajo siete llaves. Si tal cosa sucediese, la iniciativa de Podemos de crear en el Congreso una comisión de investigación estaría doblemente justificada: por la magnitud del hecho sujeto a investigación y por la obligación de exigir responsabilidades a quien supuestamente transgredió la ley.

A la densidad del momento solo se puede hacer frente con dosis ilimitadas de transparencia. No será a causa de ella que la institución monárquica saldrá más debilitada; al parecer, Juan Carlos I hizo cuanto estuvo en su mano para erosionar una institución que durante la transición apenas nadie impugnó, conscientes la mayoría de actores políticos de que la alternativa entrañaba demasiados riesgos. Fue aquel un gesto de realismo ineludible para asentar la democracia, pero más de cuarenta años más tarde, en nombre de ese mismo realismo, es insoslayable el esclarecimiento de los hechos. Cuantas más trabas se pongan a las pesquisas en curso, más alto será el precio político a pagar, porque mayores serán las sospechas que, con pruebas o sin ellas, se pondrán en circulación y más ruidoso será sin duda otro debate, el de la forma de Estado, siempre aplazado.

 

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Incógnitas políticas de la pandemia

“El delirio histórico de Trump sobre el coronavirus” al que alude el editorial de The Washington Post del viernes, a cuatro meses justos de la elección presidencial, establece con bastante precisión las razones que han llevado a Donald Trump a hundirse en las encuestas. Y, al hacerlo, dibuja un marco de referencia aparentemente convincente para otros gobernantes que, anteponiendo las consideraciones económicas a cualesquiera otras de orden moral, han propiciado que el censo de bajas crezca de forma imparable. Frente a la idea de la ciudadanía del mundo, desarrollada en su día por el pensador italiano Norberto Bobbio, se han acogido a la ciudadanía nacional, más aún, a la identidad de grupo de sus votantes, para negar la realidad y emprender una huida hacia ninguna parte.

Una huida relativa, todo hay que decirlo, porque junto a una deformación persistente de la realidad, han adoptado costosas medidas para evitar en lo posible el descalabro económico y una crisis social que, aun así, se vaticina desmesurada. El empecinamiento de Trump en sumarse a la movilización de sus seguidores para obstaculizar las medidas de confinamiento y acabar cuanto antes con la congelación de la actividad no ha sido solo un disparate sanitario mayúsculo, sino que ha limitado la eficacia de los recursos federales destinados a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Lo mismo le ha sucedido al primer ministro británico, Boris Johnson, cuyos índices de aceptación decrecen al mismo ritmo que asciende sin parar la cifra de muertos e infectados y se intuye que la consumación del brexit puede tener efectos desastrosos.

El caso de Jair Bolsonaro está en la misma línea, aunque su populismo destemplado erosiona a mayor velocidad su imagen. Solo el 30% de los brasileños considera que el presidente es un demócrata, según una encuesta hecha por Datafolha, el 58% lo percibe como alguien que respeta más a los ricos y el 60%, como un líder autoritario. Aunque logra que sus seguidores le arropen allí donde va, estos son cada vez menos, no solo a causa de los estragos y el miedo causados por la pandemia, sino por los escándalos que zarandean a su Gobierno y por su enfrentamiento permanente con las instituciones. Características del mandatario conocidas desde antes de su elección, pero más visibles cuando el fracaso de la gestión de la crisis ha dejado a la opinión pública en la desorientación más absoluta y a la economía, en caída libre.

Puede decirse que Donald Trump ha sido el guía de esa extraña idea según la cual se puede superar la devastación de la pandemia negando las dimensiones de la emergencia sanitaria. A partir de ahí, sus entusiastas seguidores han establecido pautas de comportamiento adaptadas a sus países, lo que en el caso de Brasil, con un pacto social lleno de carencias, ha implicado una aceleración de la crisis hasta llegar al momento actual, con un presidente progresivamente más aislado y más dispuesto a transgredir el orden constitucional. Cuando medios como O Globo, integrante tradicional del establishment, no pierden ocasión de arremeter contra el presidente, debe interpretarse que la situación es en extremo grave y el riesgo de descalabro, enorme.

El analista Fareed Zakaria sostiene que “los habilitadores republicanos de Trump” son los responsables del estado de la democracia en Estados Unidos. Una opinión que puede hacerse extensiva a otros lugares en los que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de entramados políticos disociados de la realidad o directamente sectarios. Los éxitos de la extrema derecha no obedecen solo a los efectos de la crisis del 2008 en la clase media, a las tensiones sociales enmascaradas por el último ciclo expansivo de la economía o al coste social de la globalización, tan elevado, sino que se deben también a la incapacidad de los partidos conservadores de reaccionar y defender su legado histórico, y al universo socialdemócrata de no plegarse sistemáticamente a las exigencias de los programas neoliberales.

El ciclo empezó con el Tea Party y la colonización neocon del Partido Republicano, siguió con las recetas de austeridad impuesta en la Unión Europea por Alemania y sus acompañantes habituales y culminó con el retroceso de la izquierda en el ecosistema político latinoamericano, lastrada por la corrupción, la ineficacia y los desafíos de una derecha ansiosa de revancha. El coronavirus ha sacado todo esto a la superficie y la incógnita está en saber si el coste de la pandemia llevará aparejado un descenso significativo de la extrema derecha o, por el contrario, las proclamas nacionalistas atraerán nuevas voluntades. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia, su vulnerabilidad “cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje”, de acuerdo con el análisis de Hanna Arendt, citada por Cristina Casabón en un artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2019.

¿El efecto bandera puede favorecer a Trump, Johnson, Bolsonaro y compañía a pesar de sus errores manifiestos? Una respuesta categórica es imposible. Que Joe Biden le saque a Trump en las encuestas una ventaja media de más de nueve puntos, que Johnson responda de forma deslavazada a los requerimientos laboristas y que Bolsonaro siga su particular cruzada contra todo lo que se mueve en su contra no significa que deba traducirse en un cambio a corto plazo de liderazgos políticos, como por lo demás es fácil comprobar en Europa en países como Polonia, donde la extrema derecha sale indemne de las urnas, bien es verdad que sin que el populismo haya secundado allí las extravagancias que Trump ha convertido en guía para adeptos. Hay en este extraño momento tantas variables por despejar que las incógnitas planteadas dan pie a nuevas incógnitas y solo muy de vez en cuando, a respuestas… inevitablemente inciertas.

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Otra vuelta de tuerca de Israel

El anuncio de Hamas de considerar una declaración de guerra la próxima anexión por Israel de una parte de Cisjordania es solo uno de los muchos malos presagios que se derivan de la decisión adoptada por el Gobierno de coalición de Binyamin Netanyahu y Benny Gantz. La flagrante vulneración del derecho internacional, la petición de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe de que no se consume la anexión y el rastro de impunidad que deja el propósito de Israel de herir de muerte la solución de los dos estados alimenta la estrategia de los partidarios de las respuestas radicales y procura nuevos auditorios a los predicadores de la yihad. Todo cambiará para mal el día que Israel anuncie que una parte de los territorios ocupados, incluido el valle del Jordán, son tierras bajo su soberanía.

La complicidad de la Administración de Donald Trump refuerza la determinación del Gobierno israelí de desoír a la comunidad internacional y desobedecer cuantas resoluciones han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, singularmente la 242, del 22 de noviembre de 1967, que obliga a Israel a retirarse de los territorios ocupados. Al mismo tiempo, la fragmentación del territorio palestino, sembrado de enclaves israelís, y la gestión en exclusiva del agua del Jordán condena a la Administración palestina a una dependencia permanente de los designios israelís y mutila sin remedio la soberanía de cualquier futuro Estado palestino, más improbable a cada día que pasa.

La declaración del secretario de Estado, Mike Pompeo, según la cual la decisión de anexionarse parte de Cisjordania es responsabilidad exclusiva de Israel es incongruente con el entusiasmo de Trump al anunciar un “acuerdo histórico” para hacer efectiva la solución de los dos estados. Lo cierto es que, más allá de la desfiguración de la realidad mediante un juego de espejos deformantes, el paso que Israel se dispone a dar con el apoyo de Estados Unidos hiere de muerte el proceso abierto en Madrid (1991) y Oslo (1993), deja sin efecto las esperanzas depositadas en una progresiva consolidación de la soberanía palestina y da la razón a cuantos en 1993 señalaron lo acordado como un grave error estratégico de los dirección palestina encabezada por Yasir Arafat.

El eminente Edward W. Said escribió en El fin del proceso de paz (2002): “No hacer negociaciones es mejor que las interminables concesiones que simplemente prolongan la ocupación israelí. Sin duda Israel está satisfecho de poder llevarse el mérito de haber logrado la paz y, al mismo tiempo, continuar la ocupación con el consentimiento palestino”. Por aquel entonces no faltaron voces que consideraron la opinión de Said la de un intelectual radicalizado en el confort de las aulas de la Universidad de Columbia. El establishment prefirió dar crédito a Nabil Saath, colaborador de Arafat, que presentó lo acordado en Oslo y firmado en Washington como expresión de una “paridad total” entre israelís y palestinos. Tal paridad o igualdad de trato se esfumó hace décadas.

El diario progresista israelí Haaretz sostiene que lo que el Gobierno de Israel piensa hacer es “la formalización de su ocupación antidemocrática”, algo en lo que coinciden diferentes sectores minoritarios de la opinión pública. ¿O no tan minoritarios? Una encuesta elaborada por la organización de izquierda Iniciativa de Ginebra concluye que el 41,7% se opone a la anexión frente al 32,2% que la apoya y que el 48% entiende que perjudicará la posibilidad de acordar la paz con los palestinos. Es decir que aquello que empiece a concretarse de la anexión a partir del próximo miércoles, con respaldo mayoritario en el Kneset (Parlamento), apenas estará en sintonía con la calle israelí: solo el 3,5% de los consultados incluyeron la anexión entre sus dos mayores prioridades de futuro.

Al mismo tiempo, es improbable que la anexión dé pie en la sociedad israelí a grandes movilizaciones más allá de las que previsiblemente promoverán Paz Ahora y alguna otra organización que entiende que hacer realidad el lema paz por territorios no es solo la única salida políticamente viable, sino también la única humanamente justa. En una sociedad muy dividida, militarizada en extremo y educada en la idea de que la primera derrota entrañará el final de Israel, es difícil que los contrarios a la anexión pasen de la desaprobación a la protesta; en una sociedad acostumbrada a un nacionalismo exacerbado, aclimatada a la presión del fundamentalismo mosaico y heredera de los pogromos y el Holocausto ha cuajado la idea de que es depositaria de una legitimidad sobrevenida por las penalidades del pasado.

“Tras 2.000 años de una historia trágica, los judíos tenemos una necesidad desesperada de una casa. Israel debería serlo, pero lo que tenemos es una casa con paredes que se mueven y en la que los palestinos exigen propiedad de algunos cuartos. No tendremos un hogar hasta que los palestinos no tengan uno y ellos no tendrán uno hasta que nosotros no tengamos sensación de hogar”, piensa el escritor israelí David Grossman, que perdió un hijo víctima de un misil disparado por Hizbulá. Quizá sea esta una idea compartida por muchos o bastantes ciudadanos israelís, pero más allá de la disidencia habitual en el mundo académico y en el de la cultura, pesa más el espíritu de resistencia. Una situación que se da en mayor medida y con más motivo en Cisjordania y Gaza, condenadas a un rosario inacabable de calamidades, guerras y dos intifadas.

El analista Alain Frachon recuerda en Le Monde el doble reconocimiento del derecho de Israel a existir y de los palestinos a ejercer la autodeterminación, contenido en la declaración de Venecia aprobada hace cuarenta años por los nueve socios de la Comunidad Económica Europea, un tiempo en el que Israel y Estados Unidos se negaban a reconocer a la OLP como representante de los intereses palestinos y nadie defendía la solución de los dos estados. Aquella declaración fue un episodio de verdadera política exterior europea que influyó en el papel desempeñado por Europa en las décadas siguientes en el conflicto palestino-israelí. Fue una muestra de poder blando avant la lettre que hoy es dudoso que se repita, pero que es más necesario que nunca para que quepa resolver el crucigrama sin que ocupen el escenario los jinetes del Apocalipsis.

Trump se radicaliza, pero pierde fuelle

A menos de cinco meses de la elección presidencial en Estados Unidos se multiplican los motivos de inquietud por lo que medios tan diferentes como los semanarios Time y The Nation y el diario The Washington Post llaman “errática política” de Donald Trump. También son cada vez más los analistas que advierten de que si se prolonga su mandato otros cuatro años, los efectos que tendrá en el plano interior e internacional pueden ser irreversibles y desastrosos (Richard Ford). La sensación de que la Casa Blanca multiplica sus esfuerzos para “controlar todas las palancas del poder” (Brian Bennett, en Time) y para saltarse todas las convenciones políticas, con grave daño para la solvencia institucional del Estado, no alarma solo a la oposición demócrata y a la movilización transversal desencadenada por la muerte de George Floyd, sino a muchos republicanos clásicos que se llevan las manos a la cabeza cada vez que Trump arremete contra el Tribunal Supremo, denigra las manifestaciones o difunde mensajes desaforados a través de Twitter.

El intento de impedir la distribución del libro La habitación donde ocurrió, Unas memorias de la Casa Blanca, que firma John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, es el último episodio con el que el presidente ha alimentado la controversia. Ni Bolton es un compendio de probidad y virtudes ni todo cuanto se dice en el libro es posible que se ajuste a la realidad, pero es desmesurado recurrir a la seguridad nacional para impedir que el texto llegue a los lectores. Bolton no es una voz imparcial, sino un político despechado que, llegado el caso, puede verse obligado a dar explicaciones a un juez si alguien que se siente perjudicado por el libro o que entiende que transgrede la ley, acude a los tribunales. Lo que no es tolerable es que alguien –el presidente, en este caso– pretenda neutralizar un libro a despecho de lo dispuesto en la primera enmienda de la Constitución, que data de 1791 y que consagra la libertad de expresión.

“Desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello. Para otros, la política es un esfuerzo por hacer que reinen el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común”, escribió el pensador francés Maurice Duverger hace medio siglo en Introducción a la política. Tal descripción general, plenamente vigente, explica en nuestros días la tensión creciente y la polarización política en todas partes, cada vez más alejadas las posiciones de cada bando, singularmente en Estados Unidos, donde la atmósfera política ha adquirido la densidad del plomo.

El hundimiento de Trump en las encuestas, a 13 puntos del candidato demócrata, Joe Biden, ha contribuido decisivamente a radicalizar los mensajes que emite el Despacho Oval. Trump expande su guerra contra Washington, titula Time una crónica; Se prepara el escenario para el repudio de Donald Trump en noviembre, sostiene The Washington Post. Al mismo tiempo, Fox News redobla sus iniciativas para dar cobertura a la rentrée presidencial en campaña este fin de semana, al día siguiente de la celebración del Juneteenth, que recuerda la proclama del general Gordon Granger en Galveston, el 19 de junio de 1865, que otorgó la libertad a los esclavos en el estado de Texas. Y los demócratas se afanan en resaltar el revolcón presidencial en el Tribunal Supremo, que impide a Trump abolir la ley promovida por Barack Obama que protege a los dreemers.

A cada día que pasa se espesa la mezcla y empieza a cobrar vida la diferencia entre legalidad y legitimidad, la deslegitimación del gobernante a través de sus actos y otros aspectos relacionados con el ejercicio del poder en una democracia. En noviembre de 2018, el historiador argentino Federico Finchelstein publicó un artículo en The New York Times en el que describrió a Trump como “el líder populista de una democracia minoritaria”. Esto es, de una democracia en la que se hizo con el poder quien no obtuvo la mayoría de los votos populares. “Muchos observadores afirman que así funciona esta democracia y su sistema representativo. Pero lo contrario es lo cierto: la democracia estadounidense es ahora un Gobierno de minorías y no funciona bien”, escribió Finchelstein, y esa línea argumental reaparece ahora como una impugnación global a su forma de gobernar, a su comportamiento y objetivos.

El periodista Mateo Madridejos recoge en su blog una afirmación del diplomático mexicano Jorge G. Castañeda sobre la situación en Estados Unidos: “El sistema político ha dado pruebas de estar mal equipado para reestructurar su red de seguridad y ampliar su contrato social”. Los hechos dan la razón al analista: la pandemia ha cercenado la buena marcha de los negocios, han aflorado las flaquezas crónicas del sistema sanitario y los mejores presagios auguran de aquí a final de año la recuperación de solo el 20% de los 40 millones de empleos perdidos por la congelación de la economía. Nadie culpa a Trump de ser el causante de la enfermedad, sí son cada día más los que entienden que el presidente ha gobernado de forma nefasta la emergencia sanitaria, ha facilitado la extensión del mal y se ha apoyado en cuantos, en nombre de una aberrante idea de libertad, han exigido normalizar la vida cotidiana a pesar del virus.

Por primera vez en tres años se extiende la impresión de que el choque de la Casa Blanca con las instituciones, el parte de infectados y muertos a causa de la covid-19 y el espinoso asunto de la tensión racial han debilitado la figura de Trump, incluso entre los suyos, sobre todo en aquellos estados en los que Hillary Clinton perdió por escasísimo margen. El semanario The Atlantic lo resume con una frase: “Trump pierde crédito allí donde puede necesitarlo más”. Faltan muchas etapas hasta llegar a la meta del 3 de noviembre, pero el griterío del presidente lastra cada día más sus posibilidades.

La economía, en el laberinto de la pandemia

Después del progresivo desconfinamiento, la paulatina recuperación de la movilidad y el uso de la mascarilla a todas horas el gran reto es poner en marcha las economías paralizadas por la pandemia. El gran debate es cómo hacerlo, con qué instrumentos, en qué dirección y a qué precio, entendido este como el efecto inmediato de la fractura social y el aumento de las desigualdades derivado de la contracción de las finanzas, el reordenamiento de la industria, la caída del consumo, el ascenso mareante del paro, el crecimiento de la deuda púbica, la destrucción de una parte importante de los canales de distribución y el desplome del sector servicios entre otros muchos factores. El desafío es enorme y se debe acometer en una situación caracterizada por la ausencia de liderazgos mundiales convincentes (Sylvie Kauffmann en Le Monde), la rivalidad sin tregua entre las dos primeras economías –Estados Unidos y China–, el rumbo imprevisible o alarmante, según se mire, de Donald Trump en año electoral y las habituales peleas de familia en la Unión Europea.

El convencimiento de Kauffmann de que “estos tres meses han infligido profundos desarreglos en el orden mundial” le da pie a afirmar que se ha agravado el desfallecimiento de la gobernanza mundial. A falta de un multilateralismo consolidado y eficaz, la pandemia ha acelerado la sensación de desorden, la lucha contra el mal ha sido diferente de un país a otro y las profecías de la globalización se han venido en gran parte abajo, impugnadas con harta frecuencia por un nacionalismo de urgencia. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha podido sobreponerse a este ambiente general, discutido su liderazgo científico por la Casa Blanca, que la acusa de plegarse a las presiones de China.

El caso de la OMS no es más que reflejo de un orden cambiante desde antes de declararse la pandemia y que la covid-19 no ha hecho más que acelerar. Para el economista James K.Galbraith, de la Universidad de Texas, los efectos de la enfermedad en la economía han puesto de manifiesto la excesiva dependencia de Estados Unidos de la “demanda global de bienes avanzados” y de un consumo muy dinámico “alimentado por deudas y servicios no esenciales”, una situación, añade, que hay que someter a reformas radicales. En su ausencia, Jules Kortenhorst, del Rocky Mountain Institute, vaticina que Europa y China saldrán airosas de la prueba, con el recurso masivo a las energías limpias, mientras la economía estadounidense se verá lastrada por industrias más antiguas, emisoras de gases contaminantes.

El pronóstico de Kortenhorst está íntimamente ligado con el resultado de la elección presidencial, el 3 de noviembre, a la que el demócrata Joe Biden concurrirá con un programa probablemente muy diferente al de Donald Trump, pero depende, al mismo tiempo, de la habilidad de los europeos para no tropezar una vez más en la piedra de la desconfianza y los recelos del norte hacia el sur, y viceversa. Según la retranca de Hugh Hewitt, columnista The Washington Post, la invisibilidad de Biden permite a Trump, de momento, “competir contra sí mismo”, mientras Europa, cabe añadir, encadena episodios de sensatez con otros de desunión y exigencias de austeridad. De todo lo cual se deduce fácilmente que si Trump triunfa y la Unión Europea no se compromete con la recuperación, las previsiones de Kortenhorst pueden quedar en nada, y lo mismo puede suceder si el ganador es Biden y los europeos siguen enredados en su madeja.

Ante este futuro incierto, pero que será decisivo para una generación, resulta preocupante la decisión del Partido Popular Europeo de apoyar el enfoque para la reconstrucción económica del frente frugal –Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia–, sin que un solo diputado español haya disentido, algo que, más que preocupante, es injustificable, aunque perfectamente previsible. Detrás de la declaración del presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, el alemán Manfred Weber, de que los suyos comparten la iniciativa porque entienden que “la solidaridad va acompañada de responsabilidad”, se esconde un cambio en la posición de la democracia cristiana alemana, es decir de la cancillera Angela Merkel, y el regreso a la lógica austericista, que se impuso en la salida de la crisis desencadenada en 2008.

De todo lo cual se deduce que si Trump es reelegido y la Unión Europa no sale de la estéril ortodoxia de alguno de sus socios, el único gran sistema económico que saldrá robustecido de la pandemia será el de China. La mezcla de autoritarismo y tecnocracia libera a la Ciudad Prohibida de los debates que condicionan el comportamiento de los regímenes deliberativos, de tal manera que el Gobierno chino tiene las manos libres para fijar el rumbo sin dar mayores explicaciones y sin que se avizore una gran crisis social a pesar de la contracción de la economía. Y si el ganador es Biden, la revisión de las relaciones de Estados Unidos con China planteará muchísimos más problemas al nuevo presidente que al aparato del Partido Comunista Chino, una máquina de poder sin adversarios.

¿China ganará siempre, pase lo que pase? El analista Javier Biosca Azcoiti ha escrito en Eldiario.es: “El modelo de liderazgo elegido por las dos superpotencias durante la pandemia es un reflejo de lo que viene ocurriendo en el sistema internacional en los últimos años. Mientras EEUU se retira paulatinamente del tablero –especialmente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca–, China gana poder jugando principalmente dentro del marco de normas diseñado en gran parte por EEUU como gran arquitecto del orden mundial tras la segunda guerra mundial”. Con la particularidad añadida de que las fórmulas chinas para superar la crisis no son exportables a los países democráticos, salvo degradación de las libertades fundamentales, pero compiten con ellos en términos de eficacia y rentabilidad.

Trump encanalla la campaña

La tensión social en la calle y las bravuconadas de Donald Trump han envenenado la atmósfera en Estados Unidos más allá de toda previsión. Si la fractura social y el enconamiento político disponen hoy de una imagen elocuente, esta es la de las calles de Estados Unidos, sede de la indignada y casi siempre pacífica reacción de cuantos piensan que el asesinato de George Floyd ha sido la gota que colma el vaso, y la conducta de la Casa Blanca, la prueba evidente de que las convenciones democráticas se han visto arrolladas por una mezcla de autoritarismo, populismo y demagogia destemplados. Trump ha decidido que la reelección bien vale degradar el sistema y ponerlo al servicio de sus intereses y objetivos, sin disimulos que valgan.

La urgencia presidencial por sobreponerse a varios problemas concatenados –la desastrosa gestión de la pandemia, con más de 100.000 muertos, los 40 millones de parados provocados por la congelación de la economía y la brutalidad policial puesta de manifiesto por enésima vez en Minneápolis– le han llevado a buscar en la unión en torno a la bandera el contrapeso a lo que señalan encuestas bastante fiables hechas la última semana de mayo: por primera vez la intención de voto por Joe Biden vence a Donald Trump. “La gente está asustada y quiere líderes que tomen decisiones y soluciones simples. Está dispuesta a darle al presidente el beneficio de la duda. De momento”, según explica Michael Paarlberg, de la Virginia Commonwealth University, en un artículo publicado por el think tank Cidob, pero esta necesidad no es ni un cheque en blanco ni garantía de nada. Casi todos los presidentes han logrado la reelección desde el final de la segunda guerra mundial –solo tres fracasaron en el intento–, pero ninguno desempeñó un papel tan determinantemente divisivo, y tampoco ninguno, ni siquiera Richard Nixon, se dedicó de forma tan sistemática a manipular las emociones.

George F. Will, un prestigioso comentarista de The Washington Post, afirma que hay que echar a Trump para sanear la política y el respeto institucional. Decisiones tan extravagantes como bloquear la Casa Blanca para acercarse a la iglesia de San Juan y retratarse con una Biblia en la mano, declaraciones como que el país “necesita ley y orden” después de haberse ocupado de calentar los ánimos, atribuir las protestas a un supuesto movimiento antifa –tradúzcase antifascista–, cuando tal cosa no existe, y amenazar con recurrir al Ejército para acabar con las manifestaciones son solo algunas de las etapas en la escalada de Trump hacia un horizonte inevitablemente preocupante.

La conducta del presidente, dice Will, “ha demostrado que la frase bufón maligno no es un oxímoron”, y ha dejado en evidencia al Partido Republicano, que no cumplió en 2016 con la función primaria de toda formación política de “otorgar su imprimatur a los candidatos”, sino que consintió en nominar a un “personaje vulgar”. Quizá la vulgaridad se haya tornado pesadilla y quizá el republicanismo clásico se ha llevado demasiado tarde las manos a la cabeza, pero es muy significativa la alarma de algunos de sus militantes influyentes –George W. Bush entre ellos– y de conservadores sin adscripción política, pero que estuvieron al lado de Trump al inicio de su presidencia, como el general James Mattis, exsecretario de Defensa. Lo mismo puede decirse del titular en ejercicio al frente del Pentágono, Mark Esper, en una país en el que el prestigio de las fuerzas armadas es un valor transversal.

A los motivos inmediatos de alarma hay que añadir aquellos relacionados con la convocatoria electoral del 3 de noviembre. ¿Qué manejos se puede traer Trump para adulterar o condicionar la votación? ¿Puede el presidente obstaculizar el ejercicio del voto por correo? ¿Está la Casa Blanca dispuesta a tocar las urnas? No son estas preguntas a humo de pajas, sino que con estas u otras palabras las planea Reid J. Epstein en The New York Times. Entre las posibilidades que baraja el analista, que no es un afecto a la teoría de la conspiración, figura esta: “Después de que Biden gana por estrecha victoria en el Colegio Electoral, Trump se niega a aceptar los resultados, declara que no abandonará la Casa Blanca y rehúsa permitir el acceso habitual del equipo de transición de Biden a las agencias antes de la toma de posesión el 20 de enero”. Verdaderamente perturbador, siquiera se trate de una mera hipótesis.

La tarea fundamental de los demócratas es convencer a una parte de los electores que en 2016 votaron por Trump, atraer a los jóvenes que en las primarias apoyaron mayoritariamente a Bernie Sanders y movilizar el voto afroamericano en la misma proporción que lo consiguió Barack Obama en 2008 y 2012. En teoría, con la crisis económica castigando a la clase media, debería ser relativamente fácil lograr tales objetivos en las grandes ciudades, pero el perfil social de los estados poco poblados y alejados de los grandes centros de poder –económico, político, cultural y de todo orden– plantea serias dudas sobre la capacidad demócrata de movilizar en su favor a los indecisos. Michael Paarlberg da una serie de razones que inducen tradicionalmente a los votantes a apostar casi siempre por la reelección y añade la que llama “obsesión demócrata por los swing states”, cuando en esta ocasión la elección se dilucidará en un ambiente de crisis sin precedentes, propicio para un enfoque binario de los problemas.

¿Puede la implicación de Barack Obama en la campaña cambiar el rumbo demócrata? La declaración del expresidente difundida el miércoles por las grandes cadenas de televisión da a entender que algo se ha puesto en movimiento para neutralizar el efecto electoral de los arrebatos de Trump. Más allá del entorno presidencial, nadie pone en duda la decencia de Biden, pero en una campaña encanallada hasta el paroxismo solo la solvencia del liderazgo de Obama parece capaz de dejarse oír por encima del ruido ensordecedor que emiten a todas horas los estrategas de la Casa Blanca. Es algo necesario para Estados Unidos, para que deje de juzgarse la salud moral de la nación “por el carácter de aquellos a quienes se les confía el poder”, en feliz frase de George F. Will. Y es precisa la reacción moral frente a Trump para evitar que una generación quede señalada por las malas artes de un presidente.

China y Estados Unidos oscurecen el futuro

La sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP) que se desarrolla en Pekín ha dejado al descubierto en toda su crudeza los efectos de la pandemia sobre la mayor de las economías emergentes, que pretende disputar la hegemonía a Estados Unidos, y el agotamiento del modelo resumido en el enunciado un país, dos sistemas. Por primera vez en casi 30 años de crecimiento a toda máquina, un primer ministro, Li Keqiang, ha renunciado a fijar un objetivo de crecimiento y, al mismo, se ha remitido a la aprobación de una ley de seguridad nacional para encauzar la crisis política en Hong Kong, acabar con la movilización secesionista y preservar el vigor de las finanzas en la antigua colonia británica.

¿Dos caras de una misma moneda o los problemas en Hong Kong son solo una preocupación menor? Seguramente, no porque la inmediata reacción de Estados Unidos a la eventual contracción de los derechos políticos de los hongkoneses vaticina nuevos motivos de tensión, con la más que probable afectación de las relaciones comerciales entre los dos países, sometidas a un régimen permanente de ducha escocesa. Basta tener presente que, en el mejor de los casos, la economía china crecerá en 2020 el 1,2%, muy lejos del 6,1% de 2019, según diferentes informes no oficiales recogidos por medios tan prestigiosos como Le Monde y The New York Times. Pero este crecimiento está sujeto a variables tan volátiles como la reactivación de los intercambios con la Unión Europea y el mantenimiento por Estados Unidos de las reglas del juego –proteccionista– acordadas durante la segunda mitad de 2019.

Las reservas expresadas por Lawrence Summers en otoño pasado sobre la consistencia del acuerdo para limitar la imposición de aranceles a los productos chinos en Estados Unidos y viceversa siguen siendo del todo pertinentes. “Hay cuestiones más profundas y más grandes que están frenando la rápida expansión global”, dijo entonces el exsecretario del Tesoro estadounidense, y entre ellas se cuenta sin duda la movilización social en Hong Kong, que hace tiempo dejó de ser flor de un día. Y hace aún más tiempo dejó de analizarse a la luz de sus dimensiones geográficas porque plantea una pregunta cuya respuesta resulta harto complicada: ¿hasta dónde puede dar de sí el experimento chino: capitalismo y globalización pilotados por un partido nominalmente comunista?

Los primeros años de este siglo se hicieron cálculos sobre las necesidades mínimas de crecimiento para que las grandes ciudades chinas absorbieran la mano de obra procedente del campo. La conclusión más compartida fue que por debajo de un crecimiento anual del 7% era poco menos que imposible que el mercado laboral diese cabida a los flujos migratorios. Es innecesario subrayar que las estadísticas de expansión de la economía para el año en curso quedarán muy por debajo de las necesidades y pueden empeorar sin remedio si rebrota la guerra comercial. De momento, el presidente Donald Trump ha adelantado que “actuará con fuerza” si la ANP aprueba la ley de seguridad.

La reacción de Trump confirma aquello que el profesor Daniel Innerarity analiza en Una teoría de la democracia compleja: la simplificación de los desafíos y la ineficacia y los riesgos que ello entraña. Al mismo tiempo, los problemas que afronta el modelo chino obligan a plantear una vez más en qué momento capitalismo y dictadura se convierten en realidades incompatibles. O, quizá, es preciso preguntarse por la necesidad que tiene el capitalismo de asentarse en regímenes deliberativos, a partir de un determinado estadio de desarrollo, mediante un pacto social que permita gestionar las tensiones sociales. Se trata de una cuestión que afectará directamente a la configuración de un nuevo mundo bipolar con un marco de referencia sustancialmente diferente al de la guerra fría.

Algunas señales de alerta están ahí, propiciadas por la gestión y la salida de la pandemia. Mientras el Gobierno de Estados Unidos insiste en que no le concierne comprometerse en nada que no responda a los intereses inmediatos del país, China multiplica sus gestos de complicidad –en apoyo de la OMS, suministrando material sanitario, embozando a los participantes en la ANP– y asistencia a la comunidad internacional. Con el efecto añadido de mejorar la imagen de un sistema autoritario, subrayar su eficacia y contrarrestar a los críticos. Que tal proceder neutralice las dudas sobre el recuento de muertes en China, el secretismo con que abordó el contagio del virus durante las primeras semanas y otras zonas oscuras de la crisis en curso, es algo que está por ver, pero, por el momento, la gestión china de la pandemia entusiasma a los partidarios confesos o encubiertos de las soluciones autoritarias.

Claro que el fenómeno es extrapolable a la fortuna que cosecha el apoyo de Trump a quienes se movilizan en Estados Unidos contra el confinamiento y las restricciones económicas. El entusiasmo patriotero de los manifestantes de Núñez de Balboa, envueltos en la bandera y difundiendo sandeces, se inspira en el nacionalismo, asimismo abanderado y ágrafo, de cuantos invocan los derechos individuales como gran y único argumento para comportarse como les plazca aunque pongan en riesgo la salud y la vida de sus compatriotas. Y esta escuela estadounidense de la desobediencia en nombre de los derechos del individuo –del individualismo exacerbado y de la cultura de frontera de los pioneros– se transmite a otros lugares mediante una emergente retórica ultraconservadora.

Ni el régimen chino y ni la Administración de Donald Trump son espejos en los que las democracias deban mirarse. Los dos modelos pugnan por contaminar el futuro con propuestas incompatibles con la sensatez y los equilibrios sociales, y ambos han convertido la recuperación económica en la gran ocasión de reclutar adeptos a su causa. El mayor problema para China es que, a causa de la pandemia, ha dejado de controlar algunas de las variables económicas que hicieron posible el milagro de su crecimiento imparable, y el mayor desafío para Estados Unidos es gestionar una economía con 40 millones de parados, cuyo futuro se oscurecerá aún más si el proteccionismo impuesto por la Casa Blanca y su oposición a ampliar las ayudas sociales se mantiene sin correcciones. El economista Paul Krugman lo ha resumido en muy pocas palabras: “Tras haber condenado ya a decenas de miles de ciudadanos a una muerte innecesaria, Trump y sus aliados se disponen a condenar a decenas de millones a privaciones innecesarias”. Estamos en el primer acto de la tragedia.

Conurbaciones vulnerables

Un artículo publicado en Politico.com induce a multiplicar los temores sobre las disparatadas políticas de personajes como Donald Trump y Jair Bolsonaro frente al desafío de la pandemia del covid-19, pero también desnuda el comportamiento reprobable de minorías que, como sucede en Madrid (calle Núñez de Balboa) creen llegado el momento de hacer realidad un estúpido retorno al pasado. Los autores del trabajo subrayan la vulnerabilidad demostrada de las conurbaciones con una densidad de población muy elevada, estructuras sociales y económicas especialmente adecuadas para la propagación de la enfermedad al extremo, aventuran, de que la pandemia puede ser un factor importante en el comportamiento futuro de los flujos migratorios desde regiones rojas-muy densas (alta incidencia del coronavirus) a regiones verdes-menos densas (baja incidencia del mal).

El punto de partida de su análisis es que la pandemia y la anunciada “nueva normalidad”, sin que se sepa muy bien en qué consistirá, no introducirá solo cambios en cómo vivir, sino en dónde vivir. El planteamiento induce a la reflexión frente a la realidad de cifras como esta: el 60% de la población mundial vive en áreas urbanas densamente pobladas, que Parag Khanna y Kailash K. Prasad, del Centre for Policy Research, describen como verdaderas “placas de Petri para la propagación de enfermedades contagiosas” (las placas de Petri son dispositivos circulares de cristal para realizar cultivos en laboratorio). O como esta otra: el índice de expansión de la covid-19 en la ciudad de Nueva York fue cinco veces mayor que la media en Estados Unidos.

El gran problema que se planea es que la futura ciudad sostenible, aquella en la que ningún ciudadano tenga nada esencial a más de quince minutos a pie desde su casa, está bastante lejos de la aldea global, entendida esta como un sistema de ciudades densamente pobladas, que concentran el grueso de los recursos –capacidad de invertir, inteligencia, diversidad y sistemas de comunicación–, inseparablemente asociados al modelo social y al crecimiento económico de los intercambios globales. Basta contemplar las imágenes nocturnas del hemisferio norte que envían los satélites para concluir que efectivamente el mundo desarrollado, las economías emergentes y las que aspiran a serlo descansan sobre un sistema de ciudades: cada punto brillante es el centro de un área de influencia articulada a partir de las convenciones, las necesidades, las servidumbres y los costes de la cultura urbana.

Cada vez que los profetas del desconfinamiento para salvar la economía apoyan desde el púlpito el restablecimiento ilimitado de la actividad provocan un aumento de los costes de la cultura urbana o, por lo menos, corren el riesgo de aumentarlos en forma de más personas contagiadas y más vidas en peligro. La opinión expresada por el escritor estadounidense Richard Ford acerca de la personalidad del presidente de su país –“Donald Trump es un analfabeto funcional”– es o no posible que se corresponda con la realidad y sea aplicable a otros mandatarios, pero lo que sí es seguro es que su comportamiento es el propio de un irresponsable al que guía la sola idea de complacer a sus seguidores o, al menos, a una parte de ellos para llegar al 8 de noviembre con posibilidades ciertas de seguir en la Casa Blanca, algo que tiene poco ver con el combate contra la enfermedad.

¿Son previsibles grandes cambios demográficos en el próximo decenio? ¿Puede la escuela trumpiana contaminar las decisiones de instituciones y políticos guiados hasta ahora por la prudencia? ¿Hay riesgo de que el imperativo moral de salvar vidas se tambalee en algunos entornos? Tales preguntas forman parte del presente en igual o mayor medida que los informes de los epidemiólogos, la intranquilidad de los ciudadanos y la improvisación de los gobernantes, obligados con harta frecuencia a acogerse al método del ensayo y el error y a tomar decisiones no exentas de incertidumbre. Y no ajenas en muchos momentos a los equilibrios políticos y al reparto de cuotas de poder que todo lo enturbian.

La población mundial en 1950 sumaba 2.500 millones de habitantes, de los que solo el 30% vivían en ciudades; hoy supera los 7.700 millones de habitantes, de los que el 60% viven en ciudades. Es decir, en 70 años, los residentes en ciudades han pasado de 750 millones a más de 4.600 millones. El salto en el orden de magnitud es espectacular, el poder de atracción de las grandes conurbaciones no deja de crecer y la fijación de estándares de progreso material y confort relacionados con las sociedades urbanas ha pasado a formar parte de la cultura popular, al mismo tiempo que estas mismas conurbaciones son con frecuencia cobijo de desigualdades lacerantes, un dato por demás relevante porque tales desigualdades acrecientan la vulnerabilidad urbana en cuanto se da una situación como la pandemia en curso y, allí donde lo hay, colocan el pacto social al borde del abismo.

El artículo de Khanna y Prasad llega a una conclusión inquietante: “La humanidad ha pasado los últimos siglos estableciéndose en ciudades densas en las latitudes templadas y tropicales. La pandemia actual es solo una razón más por la que quizá la humanidad ha alcanzado un punto de inflexión”. Las implicaciones asociadas a este hipotético punto de inflexión interesan todos los aspectos del modelo social hegemónico y parecen indisolublemente relacionadas con la mayor de las crisis de presente y de futuro: la emergencia climática. Porque si el riesgo de contraer el virus es mayor en una gran ciudad que en ningún otro lugar, el cambio climático subraya la necesidad de realizar cambios sustanciales en el modelo urbano. Dar con la vacuna contra la covid-19 es tan importante como revisar la viabilidad futura de las grandes ciudades.

 

 

Choque institucional en la UE

La determinación del Banco Central Europeo (BCE) de seguir con el programa de compra de deuda “sin inmutarse”, fórmula empleada por su presidenta, Christine Lagarde, hace temer un choque institucional con el Tribunal Constitucional de Alemania, que el pasado martes sentenció que el banco se extralimitó en sus funciones a partir de 2015 al aplicar el programa diseñado por Mario Draghi. Los jueces alemanes obligan a revisar en un periodo de tres meses los términos de la compra de deuda y a justificar su necesidad, y aunque aclara la sentencia que tal exigencia no afecta a las iniciativas del BCE a raíz de los efectos económicos de la pandemia, el solo hecho de amenazar con la posibilidad de que el Bundesbank se retire del programa de compra de deuda complica enormemente la solidez de la arquitectura institucional del Eurogrupo. Un signo de debilidad que agrava la pretensión de hecho del Constitucional alemán de situar sus sentencias por encima de las del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE), que en su día dio por buena y ajustada a derecho la estrategia de compra de bonos promovida por Draghi.

El tono desafiante de Lagarde –“los bancos centrales, incluido el BCE, se guían por su mandato, por lo que haremos todo lo necesario para cumplirlo”– para responder a la doctrina no menos desafiante del tribunal alemán pone sobre la mesa una vez más el conflicto entre soberanías, tradiciones políticas y la compleja configuración de un espacio político europeo que levanta ampollas en muchos estados. Alemania no es una excepción, invocados reiteradamente sus demonios familiares por algunos de quienes recurrieron al Tribunal Constitucional, caso de Alternativa para Alemania (nacionalismo populista ultra). Porque con independencia de los aspectos técnicos del caso juzgado, el criterio de los jueces responde al miedo atávico a la inflación y a la añoranza de la autonomía monetaria antes de la existencia del euro. Pero la repercusión de la sentencia va más allá: si un tribunal constitucional nacional se comporta como una instancia superior al TJUE, ¿cuánto tiempo pasará hasta que lo haga otro por un asunto relacionado, por ejemplo, con el ejercicio de algún derecho fundamental?

Hay demasiadas razones para temer que más temprano que tarde se dé una situación de esta naturaleza. En términos generales, la estrategia de la extrema derecha europea se orienta a deslegitimar las instituciones de la UE en nombre de la soberanía nacional o, peor aún, se encamina hacia un horizonte de oportunismo militante: aceptación de aquello que casa con los programas nacionales e impugnación de aquello que no cuadra con ellos. Los gobiernos de Hungría y Polonia están en una situación privilegiada para hacer escuela en este sentido, y otros socios de la UE pueden seguir sus pasos sin mayores remordimientos. Dicho de otra forma, las cesiones de soberanía asociadas a la pertenencia a la UE resultan cada vez menos admisibles para un conglomerado de euroescépticos y eurófobos.

De forma que quizá no sea la más preocupante la línea de fractura entre norte y sur, entre Alemania y su área de influencia política y doctrinal, y el flanco mediterráneo, sino esa otra que divide a los Veintisiete entre europeístas con grandes dosis de realismo y socios con una idea meramente instrumental de Europa, sin mayor proyecto político de futuro para la UE que limitarlo al máximo. Es esa una división que en gran medida se ve favorecida por los desmesurados costes sociales que tuvo la salida de la crisis de 2008 y que pueden repetirse ahora, corregidos y aumentados, con la congelación de la economía obligada por la pandemia. Basta prestar atención a las expectativas para 2020, de una radicalidad desconocida, para esperar que, según sean el comportamiento y el compromiso institucional europeos, crezca más o menos la desafección hacia la UE en opiniones públicas muy castigadas y desorientadas por el descalabro en curso.

El problema planteado entre tribunales no puede verse solo bajo el prisma jurídico. No se trata de recordar la frase del poeta latino Juvenal, “¿quién vigilará a los vigilantes?”, en este caso, ¿qué tribunal tiene en la UE la condición de última instancia?, sino plantear otra pregunta de naturaleza política: ¿la simple pertenencia a la UE obliga a acatar cuanto de la institución procede o caben los juegos de manos interpretativos según convenga? La profesora de la Universidad de Columbia Katharina Pistor sostiene que la sentencia del Constitucional alemán parte de la idea de que toda cesión de soberanía hecha sin la aprobación expresa del Parlamento “equivale a una violación del derecho individual de voto”, un punto de vista muy restrictivo que ha guiado a los jueces y que, de hacerse extensivo a otros ámbitos, dislocaría por completo la planta institucional de la UE.

Lo menos que puede decirse de la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania es que sienta un mal precedente para la cultura política europeísta y proporciona asideros a cuantos pretenden relativizar la idea de Europa. Se materializa así uno de los temores más vívidos de George Steiner en La idea de Europa: “La pesadilla de la historia europea”. Tal mal sueño se concreta en nacionalismos chauvinistas de todas clases, la pugna sin tregua por la hegemonía cultural y otros fantasmas que reaparecen cada cierto tiempo. Nada nuevo bajo el sol, puede decirse, pero tan preocupante como siempre o quizá más porque ahora los europeos deben afrontar una situación excepcional de la que la UE debería salir más cohesionada que nunca o, por lo menos, menos fragmentada de lo que sus adversarios esperan y de lo que la inseguridad jurídica que provoca la sentencia alemana hace presagiar, según resalta el comunicado difundido ayer por el TJUE. Se trata de un gran reto sin referencias históricas en las que inspirarse.

Pandemia y democracia

“De repente, mi cabeza se ha llenado de recuerdos de la guerra civil. Yo era un niño, pero me vienen imágenes muy vivas. La misma inseguridad. Los hábitos del miedo: no salir a la calle, protegerse, ponerse a cubierto. Sin embargo, aquel era un miedo concreto, sabíamos quién era el enemigo. Este es un miedo abstracto, difuso, extraño”,  declaró a finales de marzo en El País el filósofo Emilio Lledó. Este miedo inconcreto, causado por un agente invisible, llevó a la siguiente conclusión al eminente pensador: “El desconcierto no ayuda a pensar bien, cuando lo que más necesitamos en este momento es justo lo contrario: la razón contra el caos”. Y sin embargo, es necesario pensar bien para avizorar los riesgos que se ciernen sobre el futuro como resultado del combate contra la pandemia, y uno de ellos –por cierto, no el menor– es la posible degradación de los sistemas democráticos.

No es este un peligro ni nuevo ni desconocido. La historia de lo que llevamos de siglo XXI guarda pruebas fehacientes de que todo ha ido a peor en cuanto atañe a la calidad de la democracia. El combate contra el terrorismo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la resolución o gestión de la crisis financiera mundial desencadenada en 2008 han tenido un alto coste. En el primer caso, siguiendo la estela de Estados Unidos y las disposiciones del Gobierno de George W. Bush, con la aplicación de protocolos de seguridad que con demasiada frecuencia tratan a los ciudadanos como sospechosos habituales más que como sujetos con derecho a disfrutar de estándares razonables de seguridad. En el segundo caso, mediante una contracción alarmante del compromiso social de los estados, la mutilación del Estado del bienestar y el aumento de las desigualdades y la consiguiente fractura social.

Se ha pasado así a una democracia en la que la seguridad individual y colectiva ha tomado el camino de la contracción sistemática de derechos consagrados hasta fecha reciente. Sin que ningún Gobierno lo haya manifestado con rotundidad, pero con pruebas elocuentes del fenómeno, la seguridad ha pasado a ser algo así como un privilegio cuyo precio es limitar la libertad y la autonomía de los ciudadanos, asociado a la posibilidad de legar a las generaciones futuras modelos políticos en los que los derechos fundamentales serán sistemáticamente mediatizados por razones de seguridad y de viabilidad de la economía (salvo que la emergencia climática tenga tal capacidad destructiva que obligue a una revisión acelerada del modelo).

Tiene fundamento la opinión de que tales riesgos intuidos responden a análisis superados por las características específicas de la sociedad, pero no los cancelan, sino que acaso los agravan. Así se expresa el profesor Daniel Innerarity: “Me parece que, siendo una cuestión importante, ese es un debate de otro tiempo, keynesiano, cuando el asunto acuciante hoy es de qué modo gestionamos inseguridades e incertidumbres que se generan en un mundo acelerado, volátil e interdependiente”. Cabría añadir que se trata de un mundo deslumbrado con demasiada frecuencia por la eficacia, real o presunta, de regímenes como el chino, cuyo compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y la autonomía de los individuos es inversamente proporcional a su esfuerzo de propaganda a escala internacional a raíz de la resolución del contagio del coronavirus.

Los analistas Andrew Sheng y Xiao Geng han firmado un largo artículo para subrayar que la diferencia a la respuesta a la pandemia en Estados Unidos y China no debe atribuirse solo a la diferencia de sus sistemas políticos, sino a su modelo de crecimiento, al impacto de la enfermedad en su sistema financiero. Para el Gobierno chino, la imposición de una determinada forma de resolver la crisis sanitaria es perfectamente consistente con el ADN del régimen; tal aplicación forzosa de medidas chirría en un sistema deliberativo de estructura federal y se hace imposible si, además, quien está legitimado para promoverlas –el presidente Donald Trump– las desacredita y apoya en público a quienes se oponen a ellas en nombre de una idea iliberal de la libertad. En Europa, la distancia entre el modelo chino y el cultivado en la UE no es menos reseñable.

De forma que la referencia china para justificar según qué medidas o según qué proyectos de futuro es del todo indefendible. Esta es una guerra por la salud colectiva, pero no debiera ser la ocasión para una adulteración de la democracia, sino para un reforzamiento de las convicciones democráticas, para la protección de los modelos democráticos y su compromiso futuro con políticas sociales que protejan la dignidad individual y colectiva de los ciudadanos. La situación hoy no es la de 1940, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt proclamó que Estados Unidos debía ser “el gran arsenal de la democracia”, porque hoy no hay ninguna arremetida específica contra la democracia como lo fue el régimen nazi, sino que toda posible degradación futura del respeto a las libertades individuales y colectivas será fruto de decisiones tomadas de forma consciente por instituciones y gobernantes originariamente legitimados por sistemas democráticos (véase el caso de Hungría).

La advertencia de Patrick Gaspard, presidente de la Open Society Foundation, acerca de los peligros que entraña el recurso al autoritarismo y a la imposición de soluciones sin fijar plazos es del todo vigente: la historia demuestra que tales medios tienden a perpetuarse como instrumentos de gobierno y control. Dicho de otra forma: de la misma manera que la pandemia justifica las medidas adoptadas por la mayoría de países en nombre del combate contra la enfermedad y la seguridad colectiva, es preciso que los poderes públicos precisen en qué consistirá la “nueva normalidad” en los procesos de desescalada, qué requisitos deberá reunir el futuro para que se restablezca sin restricciones la normalidad conocida hasta que se generalizó el contagio –¿después de una vacunación masiva de la población cuando tal cosa sea posible?– y qué garantías hay de que, superada la pandemia, se restaure la autonomía y libertad de movimientos de los ciudadanos, sin controles adicionales procurados por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Es eso algo que no depende ni dependerá de los científicos, sino de los políticos, de los gobernantes, de quienes tienen el deber de garantizar la salud de la democracia.

Como ha escrito Yuval Noah Harari en el libro Sapiens, la cultura occidental ha consagrado la idea de que “todo humano es un individuo y su valor no depende de lo que los otros piensen de él”. El combate contra la pandemia no debe convertirse en la ocasión para menoscabar la autonomía futura de los ciudadanos.