Trump margina Palestina

El plan de paz para acabar con el conflicto palestino-israelí presentado por Donald Trump tiene mucho de exigencia de claudicación de la comunidad palestina y poco o nada de instrumento pacificador. Era más que improbable que una propuesta cocinada por Jared Kushner, yerno de Trump y amigo personal de Benyamin Netanyahu, pudiese ser aceptada por la Autoridad Nacional Palestina, a la que la Casa Blanca no preguntó de antemano su parecer, pero, después de darse a conocer su contenido, la improbabilidad se ha convertido en imposibilidad absoluta. Ninguna facción palestina, ni siquiera la más moderada y posibilista, puede aceptar los términos de la propuesta elaborada en Estados Unidos atendiendo en exclusiva a las exigencias de la derecha israelí, acuciada por la perspectiva de que Netanyahu acabe ante el juez, sea condenado por corrupción y enfile el camino de la cárcel.

De la paz de los valientes invocada en su día por Shlomo ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel partidario de un divorcio pactado en igualdad de condiciones por los líderes palestinos e israelís, se ha pasado a una fórmula que condena a un futuro Estado palestino a la irrelevancia, a la impotencia, a alguna forma encubierta de apartheid y a la dependencia absoluta de la discrecionalidad de la potencia ocupante de Jerusalén oriental, Cisjordania y la franja de Gaza, dejada esta a su suerte y sin apenas conexión con el exterior. La paz vislumbrada por Ben Ami entrañaba concesiones por ambas partes; la servida por la Administración de Trump obliga a la rendición palestina con armas y bagajes habida cuenta de los requisitos que impone: consolidación de la soberanía israelí en los asentamientos de Cisjordania, consagración de Jerusalén como capital unitaria de Israel, prohibición del retorno de refugiados, limitación de los instrumentos de seguridad palestinos y tantos otros apartados restrictivos.

Como ha escrito el analista Amos Harel en el diario progresista israelí Haaretz, “el sueño de la derecha israelí hecho realidad podría terminar en una pesadilla brutal”, toda vez que puede ser el resorte que movilice a las facciones palestinas más radicales y a los sectores más exaltados de la sociedad israelí. De cumplirse tan lóbrego como verosímil presagio se eternizaría la casa de la guerra a la que se refirió Miguel Ángel Bastenier para describir el binomio Israel-Palestina, y el agravio palestino seguiría siendo una de las piedras angulares del descontento de la calle árabe, apenas atenuado por la propensión contemporizadora del establisment, sometido al pragmatismo irreductible de Arabia Saudí.

Hay en el plan presentado por Trump todos los ingredientes para que se acreciente la naturaleza desestabilizadora del conflicto, la frustración sume nuevos adeptos a las respuestas destempladas y hayan más oídos dispuestos a escuchar las arengas más incendiarias. Nathan Throll, un analista de The New York Times, ha escrito que la propuesta de la Casa Blanca “no es una ruptura con el statu quo”, sino “la culminación natural de décadas de política estadounidense”, sujeta a las exigencias israelís y hecha a espaldas de las reivindicaciones palestinas. Le da la razón la alegría con la que los adversarios de la solución de los dos estados han acogido la oferta de Trump, algo que Throll destaca. Nada representa una ruptura fundamental con el pasado salvo, acaso, con parte de las propuestas de hace 20 años discutidas en Camp David por Yasir Arafat y Ehud Barak, reunidos para la ocasión por el presidente Bill Clinton.

El convencimiento del presidente de Israel, Reuven Rivlin, expresado en el Parlamento de Alemania de que la crisis palestino-israelí puede resolverse después de ser durante largo tiempo una tragedia responde a un deseo más que a la realidad: la oposición frontal de los portavoces de la sociedad palestina a un arreglo tan asimétrico. Y la idea de Rivlin de que la paz requerirá grandes concesiones no pasa de ser una frase, porque lo cierto es que las únicas grandes concesiones conocidas son las que se imponen a los palestinos, contrarias por cierto a cuanto establecen el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No hay concesiones fundamentales reconocibles en lo que cabe considerar la doctrina tradicional de los gobernantes israelís desde la guerra de los seis días de junio de 1967: todas las resoluciones aprobadas en la ONU han sido sistemáticamente incumplidas por la Administración israelí con independencia de su color político.

Es del todo inimaginable que en el futuro cambien mucho las cosas, siga o no a partir de noviembre el mismo inquilino en la Casa Blanca. Estados Unidos otorgó a Israel un papel central hace décadas en el dispositivo de seguridad diseñado para Oriente Próximo, completado por Arabia Saudí y Egipto. Es igualmente inimaginable que la Liga Árabe, pilotada por la monarquía saudí, cambie de registro y pase de las declaraciones solemnes, pero contenidas, a acciones menos solemnes, pero más determinantes. Y es al mismo tiempo inimaginable que el empeño de la Unión Europea en apoyo de la causa palestina pase de la política blanda a una conducta traducida en medidas reseñables que garanticen la existencia de Israel y de Palestina al mismo tiempo.

“Estamos desesperando a los palestinos y pagaremos por ello”, declaró el escritor Amos Oz en el diario Abc, en marzo del 2018, pocos meses antes de fallecer. Acababa de publicar Queridos fanáticos, y expresó un deseo: “No me gustaría morir sin ver incluso una embajada de Israel en Jerusalén oriental y otra de Palestina en la parte occidental, ambas legaciones a una distancia caminable”. Nada hay en el plan de Trump que permita imaginar un futuro de este tenor y sí justifica, en cambio, muchos temores; nada hay en la propuesta presidencial para liquidar el conflicto palestino-israelí que permita intuir que la paz es posible en la casa de la guerra.

 

 

El ‘impeachment’ entra en campaña

El procedimiento de impeachment en el Senado de Estados Unidos se ha puesto en marcha con la seguridad para Donald Trump de que la mayoría republicana de la Cámara evitará la destitución y con la incógnita del desgaste político que puede llevar aparejado el trámite en año electoral. Instalado en una montaña rusa en la que se alternan para la presidencia las buenas y las malas noticias, la batalla del Senado entraña el riesgo de que desnude las artes de la Administración y, en tal caso, proyecte una imagen poco defendible de la Casa Blanca, aunque en las redes sociales porfíe el presidente en los ataques a sus enemigos. Si la sucesión de acontecimientos en Irán durante un par de semanas se vinculó con frecuencia a la necesidad de Trump de desviar la atención del impeachment, las decisiones que a partir del próximo martes tome el Gobierno serán difícilmente separables del desarrollo de las sesiones en el Senado.

Para la analista de The New York Times Michelle Goldberg, activar la confrontación con Irán fue “un movimiento natural para un presidente con problemas”, y la reacción iraní de “restablecer la disuasión frente a Estados Unidos” también lo fue. Detrás de esta escalada se movió la necesidad de contrarrestar los efectos del pliego de cargos contra Trump concretado por la Cámara de Representantes y el deseo del régimen de los ayatolás de dar satisfacción a los duros y reforzar la figura de Alí Jamenei, el líder espiritual de la república islámica. Y con estos precedentes, es bastante intranquilizadora la posibilidad de que la Casa Blanca opte por una estrategia agresiva en todas direcciones ante nuevas informaciones potencialmente inculpatorias con origen en la Oficina de Control del Gobierno, en unas declaraciones del abogado Lev Parnas, exsocio de Rudolph Giuliani, abogado personal del presidente, y en la posible declaración en el Senado de John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump que dejó el puesto enfrentado con el Despacho Oval.

En los tres casos, la solvencia probatoria va mucho más allá de los dos cargos que la Cámara de Representantes ha llevado al Senado: abuso de poder y obstrucción de la investigación abierta. El informe de la Oficina de Control del Gobierno sostiene lisa y llanamente que el presidente actuó de forma ilegal al bloquear por motivos políticos, que no técnicos, 400 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania aprobados por el Congreso. Lev Parnas afirma que Trump estaba al corriente –quizá fue el inductor– de las presiones de Giuliani a las autoridades ucranianas. John Bolton puede dar detalles de los manejos políticos de la presidencia que muy pocos pueden aportar a la causa.

En ningún caso, salvo gigantesca sorpresa, cuanto se sustancie en el Senado cambiará el voto republicano, pero acaso lleve a Trump a dejar pelos en la gatera, a defraudar a electores del segmento menos ultramontano del republicanismo que, como hacía el fallecido John McCain, anteponen una idea básica de la decencia al blindaje de la figura del presidente. Todos los medios informativos solventes dan por descontado que el desarrollo de la causa en el Senado influirá en la campaña electoral, y específicamente en las primarias demócratas que empezarán en Iowa el próximo mes. Los tres principales aspirantes a ser el contrincante de Trump el 3 de noviembre –Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Joe Biden– no dejarán pasar la ocasión de degradar la figura del presidente ni renunciarán a resaltar su disposición a transgredir todas las convenciones políticas.

Resulta más difícil de vislumbrar cuál puede ser la estrategia defensiva del presidente, más allá del consabido recurso a las redes sociales. ¿Un endurecimiento en la segunda fase de la negociación con China? ¿Una vuelta de tuerca más en la crisis con Irán? ¿La imposición de aranceles a las importaciones procedentes de los países europeos que subvencionan Airbus? ¿Alguna medida no incluida en el catálogo de objetivos conocidos de Trump? Son ilimitadas las posibilidades a su alcance para endurecer la campaña, arremeter contra la acusación tramitada por los demócratas y desviar la atención del impeachment. Pero algunos estrategas políticos advierten de que una excesiva desmesura puede volverse contra Trump y tener un efecto no deseado por él en algunos de los estados en los que en 2016 ganó por un puñado de votos, que fueron finalmente los que le dieron la presidencia a pesar de perder en votos populares.

El hilo argumental seguido por la Casa Blanca –se trata de una caza de brujas, el impeachment es una farsa y otros por el estilo– está agotado, en especial si las nuevas pruebas de las que habla Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, tienen la consistencia que se presume. Salir victorioso de la votación final del impeachment no significa salir sin rasguños ante una opinión pública extremadamente dividida y enfrentada, de ahí la necesidad de diseñar una estrategia que neutralice los daños que eventualmente puede sufrir la presidencia a partir del próximo martes. Y esta estrategia de nuevo cuño será seguramente más eficaz para garantizar la reelección si se vincula a asuntos de política interior y no a aventuras exteriores, que por lo general tienen poco peso en las campañas electorales.

Donald Trump tiene garantizado el voto ultraconservador sea cual sea el desempeño de la presidencia de aquí a noviembre, pero debe asegurarse la victoria en los llamados swing states (estados oscilantes), de comportamiento imprevisible y muy sensibles a los cambios de humor político. Para varios analistas, depende de detalles menores la fidelidad de los votantes en algunos de estos estados –los que tienen un sector primario importante, los que el cambio de modelo de producción industrial ha dañado, los menos inclinados a apoyar aventuras exteriores–, apegados a problemas locales, pero insensibles a los datos macroeconómicos, por buenos que estos sean, y a cuanto va más allá de la estabilidad en la vida cotidiana. La derrota de Hillary Clinton en 2016 se debió en parte a la dificultad de la candidata demócrata para conectar con este tipo de sociedades en las que la simplificación de la política, una técnica que Trump domina, es el primer requisito para lograr la victoria.

Todo lo dicho no debe inducir a pensar que el impeachment será la tumba de Trump aunque los senadores republicanos le salven de la destitución. En primer lugar, porque todos los presidentes que aspira a la reelección disponen de un abanico de recursos que, aunque no garantizan la victoria –muchas son las excepciones–, suelen facilitarla. En segundo lugar, porque la capacidad de movilización política de Trump a través de las redes sociales y de golpes de efecto calculados está fuera de toda duda. En última instancia, porque mientras el Partido Demócrata carezca de un aspirante indiscutible, y faltan meses que tal cosa suceda, la competencia entre candidatos diluirá en parte la efectividad de la oposición al presidente y, en cambio, él podrá concentrar su campaña en explotar las contradicciones que aflorarán en el bando demócrata… Pero siempre es posible que surja la sorpresa.

 

Trump aviva el fuego en el Golfo

Nunca ha estado más lejos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacer realidad su deseo de alejarse del avispero de Oriente Próximo. Si los planes electorales de la Casa Blanca para 2020 incluyen reducir al mínimo la implicación en las diferentes crisis que martirizan la región, el asesinato del general iraní Qasim Soleimani, ordenado por Trump, el sitio de dos días por milicias chiíes de la embajada en Bagdad, la decisión de enviar un refuerzo de 750 hombres y mujeres al cuerpo expedicionario que sigue en Irak y la previsión de desplazar otros 3.000 uniformados si se complica la situación hacen muy difícil cumplir con el gran objetivo: proclamar antes del 3 de noviembre, día de la elección presidencial, que se ha consumado la completa retirada estadounidense de Oriente Próximo.

Si la muerte de 25 milicianos proiranís en varios ataques en Irak y Siria dio pie a los peores presagios, la ejecución de Soleimani en el aeropuerto de Bagdad durante una operación con drones aviva las brasas del conflicto con inusitado vigor. El general era el jefe de la brigada Al Quds de la Guardia Revolucionaria y ocupaba el segundo lugar en la pirámide de poder iraní, solo por detrás del ayatolá Alí Jamenei, líder espiritual y político del régimen. Un perfil que se completaba con su supervisión de la cada vez mayor influencia iraní en el desarrollo de los acontecimientos en Irak a través de la comunidad chií, y en Siria, mediante la milicia de Hizbulá, que dirige Hasán Nasrala. Lo que es tanto como decir que Soleimani era para Estados Unidos un enemigo clave y para Irán, un héroe nacional.

Así las cosas, el propósito de Trump de salir de Oriente Próximo es poco menos que incompatible con el choque frontal con Irán provocado por el presidente a partir del momento en que se retiró del pacto nuclear suscrito por Barack Obama y Hasán Rohani en 2015. Es, al mismo tiempo, incompatible con la paulatina descomposición del régimen iraquí, combatido en la calle desde octubre por una población exhausta y cada día más a merced de la influencia iraní a través de las milicias chiíes agavilladas en las Fuerzas de Movilización Popular. Y agrava la situación la necesidad ineludible que tiene el Gobierno en funciones del chií Abdel Abdul Mahdi de contar con la tutela estadounidense, cuya primera misión es neutralizar a los grupos radicales y a oradores imprevisibles como el clérigo chií Muqtada al Sadr, a quien sus seguidores otorgan el título de sayyid (descendiente del profeta).

Todo ha empeorado las dos últimas semanas: la lógica de la escalada se ha impuesto y es improbable que las aguas vuelvan a su cauce por más que el Gobierno iraquí, por boca de su primer ministro, asegure que no se tolerarán más situaciones como el asalto a la Embajada de Estados Unidos. Como dice un editorial de The New York Times, “es dudoso que los ataques aéreos sirvan como elemento disuasorio, ya que es probable que las milicias intentaran provocar tal respuesta”, una duda que el semanario Time completa con el deseo expresado por varios líderes chiíes de que abandonen el país los 5.000 soldados que Estados Unidos mantiene en sus bases iraquís.

Puede decirse que el ovillo iraquí es fiel reflejo de una situación extremadamente volátil. Estados Unidos ha llevado a Irak su arremetida contra Irán; el régimen de los ayatolás ha consolidado en Irak –la población chií alcanza el 60%– una cabeza de playa y cada día es mayor su influencia en Bagdad; el Gobierno iraquí pretende, contra toda lógica, mantener una alianza lo más simétrica posible con Estados Unidos e Irán, y, por último, la Casa Blanca necesita imperiosamente que la hegemonía de Arabia Saudí en el golfo Pérsico sea una realidad que nadie discuta. Pero para que este último requisito se cumpla es indispensable –eso creen los estrategas de Washington– que el régimen iraní esté tan debilitado que no lo pueda poner en tela de juicio.

Desde su llegada a la presidencia, Donald Trump ha pretendido reducir al mínimo la vinculación con los problemas endémicos en Oriente Próximo mediante una estrategia que tiene en Israel, Egipto y Arabia Saudí los tres pilares de la seguridad regional. Estos días insiste el presidente en que “quiere evitar nuevas guerras”, pero al mismo tiempo culpa a los clérigos iranís de estimular la movilización de la sociedad iraquí contra la presencia estadounidense en Irak, prodiga el recurso a la fuerza y mantiene una política de sanciones que arruina sus finanzas, paraliza el bazar y da pie a la reactivación del programa nuclear. Es decir, esta deseable evitación de la guerra tiene cada día menos visos de ser un auténtico deseo de Trump; en cambio, van en aumento quienes tienen la sensación de que el momento se corresponde con la reconocida capacidad de Trump de oficiar una ceremonia de la confusión tras otra sin un plan preciso, sin que aparentemente nadie haya considerado todas las variables antes de aplicarlo.

Como explica la analista de The Washington Post Jennifer Rubin, son una minoría los votantes que creen en las posiciones que en público sostiene Trump, y es improbable que cambie esta atmósfera de desconfianza si el irresoluble crucigrama iraquí obliga al presidente a una mayor implicación efectiva. “Sus calificaciones personales son horrendas”, escribe Rubin, remitiéndose a las últimas encuestas, y son varios los especialistas que estiman que pueden empeorar si la crisis iraquí-iraní se descontrola más de lo que ya lo está. En mayo se cumplirán 17 años del hundimiento del régimen de Sadam Husein y la historia de estos años demuestra que es enormemente fácil desencadenar un empeoramiento del clima político en un medio azotado por los desastres de la guerra, la puga entre clanes ideológicos, el sectarismo religioso, la codicia de los gobernantes y la multiplicación de adversarios que aspiran a controlar los destinos de la región.

El diagnóstico hecho por Henry Kissinger en 2007 se ha cumplido en todos sus extremos: la crisis iraquí es más compleja que la de Vietman, requiere del compromiso de terceros países para solucionarla, incluido Irán, e implica el mantenimiento de fuerzas estadounidenses sobre el terreno hasta que se cancele la guerra entre facciones y la estabilidad política sea un hecho. El caso es que Donald Trump no quiere que Irán forme parte de la solución iraquí, desea evacuar las tropas cuanto antes y quiere depositar en sus aliados en la región la responsabilidad de que el problema no desencadene un efecto dominó. Pensado todo para llegar a la gran cita de la reelección como el comandante en jefe que evitó la guerra y, al mismo tiempo, fue capaz de acallar a los ayatolás y de someter Oriente Próximo a los designios de la Casa Blanca. El realismo induce a considerar que la apuesta es demasiado alta y arriesgada incluso para una superpotencia.

Gana el ‘brexit’, crecen las incógnitas

La incontestable victoria de Boris Johnson en las elecciones legislativas celebradas el jueves en el Reino Unido deja las manos libres al primer ministro para acelerar los trámites del brexit, pero plantea un gran número de incógnitas. El vencedor puede traducir en hechos su eslogan preferido, Terminar el brexit, y poner fin a las “miserables amenazas” –palabras suyas– de un segundo referéndum, pero deberá afrontar varios desafíos consecuencia de la salida de la Unión Europea, empezando por las reglas del juego que regirán en la relación futura con los Veintisiete en los ámbitos financiero, comercial y de circulación de personas. Un rompecabezas que con toda probabilidad requerirá más del año previsto para consumar el brexit a partir de la fecha, puede que anterior al 31 de enero, en que entrará en vigor el acuerdo negociado por Johnson con Bruselas.

Los requerimientos de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, para concretar cuanto antes la tramitación del brexit no hace más de traducir una exigencia previsible de la UE después del caótico día siguiente del referéndum de junio de 2016 y de la dificultad para desatascar un bloqueo tóxico para la construcción europea. El problema de Johnson es que la simplicidad de los mensajes de campaña y la debilidad enfermiza del Partido Laborista han permitido transmitir a la opinión pública británica la impresión de que es todo más fácil de los que en realidad lo será después de casi 50 años de una relación a menudo compleja, pero que ha entrelazado más que nunca las dos orillas del canal de la Mancha.

“Sin lo que puede resultar una promesa irresponsable sobre el período de transición y lo que fue una forma bastante espeluznante de tratar a los parlamentarios disidentes, el partido del brexit”, podría haberlo tenido todo más difícil, afirma Daniel Finkelstein en un artículo publicado en el conservador y eurescéptico The Times. Esa “promesa irresponsable” se refiere a las dificultades que planteará la negociación del periodo transitorio, que la UE intentará que sea lo menos dañino posible para sus intereses, inevitablemente afectados por el divorcio. Es imposible que la separación se pueda negociar sin que surjan inconvenientes a cada paso y sin que una parte de la sociedad británica se movilice a pesar de haber salido derrotada en las urnas. El brexit es inevitable, pero normalizar la relación con el resto de Europa requerirá más tiempo de lo que presumiblemente da a entender el eslogan Get brexit done.

Cuando el editorial del Financial Times, altavoz de la City, recordaba a Johnson al día siguiente de la victoria la necesidad de que el premier cumpla su “promesa de una nación” y la necesidad de que gobierne “en interés de todos, no solo de quienes apoyaron el brexit”, no hacía más que adelantarse a los riesgos que conllevaría apoyarse en exclusiva en los electores que le han dado el triunfo. El hundimiento sin paliativos del Partido Laborista puede llevar a los tories a prescindir de los adversarios de la salida de la UE, pero según sea el desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas en campos tan sensibles como la reacción de los mercados después del entusiasmo del viernes y la salud de la libra, la pretensión de quemar etapas puede hacer realidad los peores pronósticos. Algo que ni siquiera una nueva relación comercial con Estados Unidos, prometida por el presidente Donald Trump, podría corregir dada la tendencia de la Casa Blanca a comportarse de forma imprevisible.

Que el laborismo haya defraudado a muchos de sus seguidores, sumergido en una pocos menos que insólita doble crisis –de identidad y de liderazgo–, no diluye la herencia del último congreso del partido, cuando la dirección se mantuvo en una ambigüedad injustificable, mientras el grueso de la base reclamaba actuar con determinación contra el brexit. Puede decirse que uno de los mayores actores políticos en el éxito de Boris Johnson ha sido Jeremy Corbyn, encerrado en sus viejas convicciones euroescépticas. “Corbyn ha permitido que su partido esté dividido por el sectarismo, el antisemitismo y el bréxit”, escribe Polly Toynbee en el progresista The Guardian. Pero tal división y el desastroso manual político de Corbyn no han acabado con el laborismo contrario a la separación ni otorga un cheque en blanco a los tories para actuar sin cautela.

La tendencia a la extravgancia y al coup de théâtre del primer ministro tampoco es un buen manual para hacer frente a dos asuntos trascendentales de orden interno: la previsible exigencia del nacionalismo escocés de celebrar un segundo referéndum para lograr la independencia y la situación en Irlanda del Norte cuando se produzca el brexit. Se trata de dos asuntos envenenados por la política de las emociones y por realidades insoslayables: en el caso de Escocia, por el europeísmo sin reservas del Scottish National Party (SNP), que ha obtenido un triunfo histórico y es adversario infatigable del brexit; en el caso del Ulster, porque está en juego la continuidad de la paz lograda por los acuerdos de Viernes Santos de 1998. Más allá de los tecnicismos aplicados a cada asunto, no es realista pensar que el paso del tiempo y los hechos consumados todo lo curarán o lo atenuarán, sino que probablemente contribuirán a radicalizar la situación. Ni Nicola Sturgeon, líder del SNP, ni los diputados del DUP –unionistas norirlandeses que Johnson ya no necesita para completar la mayoría–, ni la comunidad católica del Ulster, que exige el mantenimiento de la frontera blanda con la República de Irlanda, transigirán con una serie de componendas supeditadas a los designios de los brexiteers. Dicho de otra forma: el anclaje de Escocia en el Reino Unido después del referéndum y la pacificación del Ulster han colgado hasta la fecha de la pertenencia del Reino Unido a la UE; liquidar ese vínculo está lleno de riesgos en ambos casos.

Los británicos se adentran en terreno desconocido, sin saber muy bien si la simplificación de los problemas hecha por Boris Johnson mantiene algún contacto con la realidad o si la recuperación de la soberanía es una mera promesa electoral cuya concreción es un secreto muy bien guardado por los estrategas tories. Siempre hubo una parte de la sociedad británica incómoda o inadaptada a los requisitos asociados a la pertenencia a la UE, pero nunca desde el final de la segunda guerra mundial se enfrentó el Reino Unido a la travesía por una terra ignota de la trascendencia de separarse de la UE. Aunque la propaganda conservadora ha sido capaz de convencer a muchos electores de que han hecho posible la vuelta a las esencias patrias, sin entrar en detalles sobre la naturaleza de tales esencias, son enormes las dudas que plantea un porvenir incierto.

El medioambiente suma enemigos

La Cumbre del Clima (COP25) que se desarrolla en Madrid debe afrontar adversarios poderosos, que niegan la influencia del factor humano y del modelo industrial-energético en la degradación del medioambiente. Desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de París, ha decaído el compromiso de varios estados y de grupos financieros para lograr que el aumento de la temperatura media del planeta a finales de siglo sea a lo sumo de 1,5º. La decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo ha movilizado al frente negacionista; mientras la comunidad académica insiste en que caminamos hacia un futuro inasumible, científicos irreductibles siguen entonando el estribillo de que el cambio climático y los desastres asociados a él son fruto de un fenómeno natural no muy diferente al registrado en otros momentos de la historia de la Tierra. Pero lo cierto es que, al multiplicarse los desastre y cumplirse todos los pronósticos con puntualidad rigurosa, se consolida la impresión de que la comunidad humana del siglo XXI se adentra en la mayor crisis imaginable.

El Global Climate Risk Index para el año 2020 recoge datos alarmantes, por ninguna autoridad científica desmentidos, según los cuales el sector extractivo de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y algún otro país –China, uno de ellos– ha planeado inversiones por un monto total de 1,4 billones de dólares que hacen del todo imposible limitar el calentamiento del planeta. Estas inversiones pretenden perpetuar el modelo económico, incluso dando por descontado que incluyan mejoras en la eficiencia de la combustión, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero e incluso su almacenamiento y utilización. De tal manera que las advertencias de los expertos tienen un efecto limitado frente a las decisiones políticas y económicas que se adoptan en el día a día, a espaldas muchas veces de la opinión pública.

Solo cuatro años después de firmarse el Acuerdo de París, Laurent Fabius, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia que presidió los debates, reconoce que ahora es más difícil la aplicación de los compromisos suscritos en 2015 y que a partir del próximo año sustituirán al Protocolo de Kioto. “El Acuerdo de París sigue manteniendo toda su fuerza, pero el contexto internacional hace que su aplicación sea más complicada”, opina Fabius, que teme que el género humano se vea a largo plazo en el trance de tener que afrontar una situación irreversible.

Una horizonte posible que niegan quienes se mueven entre la negación y el escepticismo y, al mismo tiempo, ponen en marcha políticas que favorecen la marcha atrás de algunos países, aparentemente dispuestos hasta hace poco a introducir factores de corrección en la agresión y degradación del medioambiente. El caso más patente es el de China, que se dispone a poner en marcha centrales térmicas alimentadas con carbón para abaratar la producción de energía y hacer frente a los efectos del proteccionismo y de la política arancelaria de Estados Unidos. El único y al mismo tiempo enorme perjuicio derivado del programa chino es que recurrir al carbón –el país dispone de grandes reservas– es altamente contaminante y no hará más que agravar la calidad del aire, aumentar las enfermedades provocadas por la atmósfera emponzoñada y quizá llevar a competidores de China a recurrir a fuentes de energía sucias para operar en los mercados en igualdad de condiciones.

El ejemplo de China es especialmente significativo, no solo porque es uno de los grandes focos de contaminación a escala planetaria, sino porque a raíz de los Acuerdos de París apareció como el país paladín del cambio de modelo energético al lado de la Unión Europea. Ni siquiera ha precisado el Gobierno chino buscar un científico ad hoc para negar que la situación sea tan grave como se dice: lo que ha hecho simplemente es anteponer el cálculo económico y la necesidad de crecer a cualquier otra consideración, aunque los episodios de contaminación se multiplican en las grandes ciudades chinas, y la contribución de la industria a la emisión de gases de efecto invernadero es, junto a la de Estados Unidos, India y Rusia, la más alta del mundo.

En términos generales, se diría que muchas empresas con peso específico en el sector energético siguen sin creerse que la transformación del modelo basado en los combustibles fósiles es un nicho de nuevas oportunidades de negocio. La descarbonización plantea un desafío tecnológico enorme, dice Laurent Fabius, pero también está provocando el desarrollo de nuevos sectores, incluso en países con grandes reservas de petróleo y gas. Que cunda el ejemplo es más complejo: mientras personajes como Jair Bolsonaro nieguen que la Amazonia –una formidable depuradora del aire– es patrimonio de la humanidad y Donald Trump eluda toda consideración global en nombre del interés nacional, es improbable que al día siguiente de la clausura de la Cumbre del Clima cambie la atmósfera de compromiso y sensación de urgencia que reclaman los entendidos.

El auge de la extrema derecha europea, casi siempre negacionista, y su impacto en el comportamiento de los partidos conservadores y la demasiado frecuente tibieza de la izquierda convierten la ruta hacia una transformación del modelo económico, de crecimiento y de consumo en un campo de minas, en una interminable sucesión de buenas intenciones que no llegan a puerto o lo hacen manifiestamente recortadas. Al mismo tiempo, la discusión sobre el papel desempeñado por algunos actores da pie a debates insustanciales que enturbian o desvían la atención de los importantes. El tiempo consumido en dilucidar si la joven Greta Thunberg es una líder autónoma o utilizada es quizá el más difundido, sin que, por lo demás, se haya prestado atención a la falta de líderes adultos que sintonicen con la sensibilidad de los jóvenes que ven como día a día, salvo ceguera manifiesta, se oscurece su horizonte de futuro. Parece que todo vale para que, como tantas veces sucede, los árboles no dejen ver el bosque.

Efervescencia latinoamericana

La efervescencia social que se ha adueñado de muchos paisajes urbanos de América Latina obliga a platearse un rosario de preguntas acerca del origen y naturaleza de la protesta, de su intensidad creciente y de la coincidencia en el tiempo con la sucesión de victorias de la derecha –la última en Uruguay– a pesar del ahondamiento de las desigualdades. El espacio latinoamericano tiene el récord mundial en el ámbito de los desequilibrios sociales, apenas corregidos por el periodo de gobiernos reformistas que precedieron a los ahora en ejercicio en casi todas partes. Se diría que ha crecido la desconfianza con el establishment, sea este conservador o progresista, y al mismo tiempo, la prédica de Donald Trump ha activado a la derecha en igual o mayor medida que ha provocado un movimiento de reflujo o de inseguridad en las filas de la izquierda.

El escritor argentino Martín Caparrós ha publicado en The New York Times un artículo en el que desarrolla un argumento poco menos que definitivo para justificar la pervivencia de sociedades en extremo desiguales. Afirma Caparrós: “Latinoamérica es desigual por muchas razones pero, sobre todo, porque puede. Hay sociedades donde los más ricos necesitan que los más pobres sean menos pobres, donde los precisan para crear o consumir las riquezas que los enriquecen. Las economías latinoamericanas, en general, no: basadas en la extracción y exportación de materias primas —desde la soja al cobre, del petróleo a la coca—, pueden funcionar más allá de esos millones de personas que no son necesarias ni para producir ni para consumir. Solo se necesita contenerlos: que no hagan demasiado lío, para lo cual alcanza con darles su limosna”.

Se trata de un diagnóstico desgarrado acerca de una realidad que raramente desmienten los trabajos de campo. Como parte de una economía global, el modelo latinoamericano de enriquecimiento rara vez va más allá del descrito por Caparrós: materias primas y caridad para atenuar los aspectos más lacerantes de la desigualdad y contener los estallidos sociales. ¿Está fallando el sistema? En realidad ha fallado muchas veces, raro es el país latinoamericano que no se ha visto zarandeado por convulsiones sociales que dieron pie a regímenes autoritarios con todos sus atributos o a un autoritarismo encubierto por un cierto grado de paternalismo caritativo.

El razonamiento de Caparrós coincide en algunos aspectos con el del profesor Daniel Innerarity en El País: “Las derechas desconfían de los gobiernos porque los creen ineficaces y las izquierdas, porque son poco participativos; unos confían demasiado en los expertos y otros confían demasiado en la gente (…) Y mientras tanto la intervención de la gente en el proceso político será una irritación ocasional, que tensiona sin transformar y se resuelve finalmente en frustración colectiva”. Esa irritación tiene características propias en las sociedades latinoamericanas, herederas de un modelo progresivamente desequilibrante, en el que las desigualdades contribuyen a aumentar la desconfianza y el sentimiento de frustración cuando no de engaño en amplísimos segmentos sociales tradicionalmente marginados de la política.

Ciertamente, como dice Innerarity, la desigualdad no lo explica todo, pero es un factor esencial que alimenta el descontento. Si a ello se suma la corrupción –ahora, global, como en el caso Odebrecht–, la ineficacia de los gobiernos y diferentes tradiciones insurreccionales, se completa un marco de referencia que enardece a los desfavorecidos, a esas comunidades que las economías latinoamericanas no tienen necesidad de rescatar de la pobreza porque no las precisan para convertirlas en sociedades de consumidores. Surge así una ideología primaria en la que “la organización deseable o ideal de la sociedad” a la que se refiere el economista Thomas Piketty en su último libro, Capital et idéologie, se reduce a los intereses corporativos de élites sin compromisos públicos.

“Se puede vivir sin poseer, pero no sin alimentarse”, escribe Piketty provocativamente. Y añade: “En una sociedad muy pobre, donde el nivel de producción por habitante correspondería a lo sumo al nivel de subsistencia, no es posible de forma duradera ninguna desigualdad de rentas”. El objetivo establecido por Lula da Silva al iniciar su primer mandato, que todos los brasileños llegaran a tener garantizadas tres comidas al día, tenía que ver con la urgencia en corregir desequilibrios propios de sociedades radicalmente duales y con una economía de mera subsistencia para una parte importante de la población. La fe en la vuelta a los modelos neoliberales –Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera e Iván Duque, sus promotores– pretende confiar a las reglas del mercado la liberación de los más desfavorecidos, una contradicción en términos porque estos últimos no participan de los circuitos económicos del mercado que los debe rescatar de la pobreza.

A finales de la década de los 70 del siglo pasado llegó a decirse que parte de las élites latinoamericanas habían llegado a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la pobreza era aniquilar a los pobres. Esta no fue, desde luego, una opinión muy extendida, pero no está tan lejos de la impresión dejada en Chile por Piñera, a quien se le ha reprochado en alguna ocasión, de forma especialmente inquisitiva, no haber aclarado si quiere combatir la pobreza o combatir a los pobres.

Al mismo tiempo, mientras se suceden las protestas, subsiste el desprestigio de los programas que abogan por abrir procesos de corte revolucionario. Las experiencias de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido determinantes para que la misma desconfianza hacia los líderes impugnados por la calle se extienda a los eventuales profetas de modelos de corte socializante y estatista. Ni el recuerdo de experiencias inmediatas, que acaso introdujeron algún elemento de corrección de las desigualdades, es capaz de encauzar las manifestaciones hacia un cierto reformismo posibilista. Y entre tanto, se asiste sin remedio a la degradación del clima social, sin que por lo demás se sepa muy bien dónde se halla en cada caso la dirección de las protestas y qué pretenden hacer los gobernantes para reconducir la situación más allá de encastillarse en el poder. Como escribe Martín Caparrós, la gran política “está hecha de opuestos indudables”, pero casi nadie se detiene a pensar que “lo opuesto de la desigualdad es la igualdad”.

Trump echa una mano a Netanyahu

El reconocimiento de la legalidad de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania pone un obstáculo más a los ya existentes para que algún día se haga realidad la solución de los dos estados, vista por la comunidad internacional como la única fórmula que puede zanjar el conflicto palestino-israelí. Aunque no es un dato menor el hecho de que la decisión adoptada por Donald Trump es una transgresión flagrante del derecho internacional, lo más grave del paso dado por la Casa Blanca es que debilita a las facciones palestinas más moderadas y da alas a las más radicales, que siempre han considerado el proceso abierto en Oslo en 1993 como un camino impracticable en el que siempre es la parte israelí la que fija la agenda. Y por si esto fuera poco, se prolonga sin fecha de vencimiento la postración de los palestinos de Cisjordania, emparedados entre el muro de hormigón levantado por el Gobierno israelí y la presión de los colonos –entre medio millón y 600.000–, acostumbrados a disfrutar de una impunidad poco menos que ilimitada.

A las consecuencias que puede tener para el primer ministro Binyamin Netanyahu su procesamiento por varios presuntos casos de corrupción ha respondido Trump con un regalo excepcional para que los votantes conservadores, cada vez más, mantengan la confianza en el líder del Likud. Mientras un articulista del periódico progresista israelí Haaretz se pregunta si con su comportamiento sometido a juicio ha arriesgado Netanyahu no solo su libertad, sino también su futuro como gobernante, el gran aliado responde con un gesto de apoyo hacia su proyecto anexionista para los asentamientos de Cisjordania que, en la práctica, pretende hacer imposible el nacimiento de un Estado palestino con todos los atributos de soberanía.

Nada realmente nuevo hay en esta maniobra: responde a la misma lógica aplicada por la Administración de Trump al reconocer la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel, y trasladar allí la Embajada de Estados Unidos, y reconocer asimismo la soberanía israelí sobre los altos de Golán, territorio sirio ocupado en junio de 1967. Se trata de proteger hasta donde sea posible la continuidad de Netanyahu, harto discutida después de dos elecciones que no han permitido armar una mayoría parlamentaria que respalde un Gobierno encabezado por él, y de condicionar a cualquier futuro sucesor del primer ministro en funciones si es que algún día tiene la tentación –una utopía– de buscar una salida a la crisis mediante una negociación con el Gobierno palestino. Esto es, se trata de evitar que alguien se atreva en el futuro a abrir el melón de la soberanía sobre los asentamientos, de la retrocesión de territorios y de la doble capitalidad de Jerusalén, reclamada por la Autoridad Palestina.

Creer que el programa estadounidense perturbará de forma significativa a los líderes árabes es pura ingenuidad. Aunque en teoría Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania tiene grandes posibilidades de influir en el desarrollo de los acontecimientos, como subrayan los profesores Yossi Mekelberg y Greg Shapland en un artículo difundido por el think tank británico Chatham House, la realidad es muy diferente. Más allá de las declaraciones solemnes que se lleva el viento, se impone otro dato: el sistema de seguridad diseñado por Estados Unidos para Oriente Próximo descansa sobre tres pilares: Israel, Arabia Saudí y Egipto. De forma que la implicación árabe para lograr la solución de los dos estados es cada vez menor a pesar de la observación de Mekelberg y Shapland: “Si los líderes árabes ven la estabilidad regional como algo de interés para sus países, deberían estar tratando de dar forma a cualquier plan de paz eventualmente promovido por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tal manera que formen un marco para las negociaciones que puedan aceptar los líderes israelís y palestinos”.

Lo cierto es que no existe este eventual plan de paz promovido por Estados Unidos, y egipcios y saudís no tienen la menor intención de meterse en el avispero. Es improbable que finalmente la repercusión en el seno de la Liga Árabe del gesto de Trump con los asentamientos desencadene una respuesta activa; más parece que las exigencias árabes se han instalado en el ámbito de las naturalezas muertas, sin aliento. En cambio, es verosímil que los profetas de las organizaciones árabes y musulmanas más radicales sumen nuevos adeptos en la calle árabe sin mayor esfuerzo. En el mundo árabe no queda un solo gobernante dotado del aura carismática de líder emancipador, y la frustración sembrada por el fracaso de las primaveras a partir de 2011 opera como un resorte que atrae seguidores a las proclamas incendiarias.

El caso es que nada de esto liberará a la comunidad palestina del aparheid de facto al que se allá sometida. Puede incluso que provoque un endurecimiento de los mecanismos de control israelí y que, en última instancia, caiga en el olvido la solución de los dos estados (si es que no cayó ya). De hecho, en una parte importante de la sociedad israelí, tal asunto se da por amortizado, ni siquiera lo mencionan los partidos enfrascados en una crisis institucional sin salida para formar Gobierno y el partido de los árabes con nacionalidad israelí apenas tiene eco internacional. Pero la crisis subsiste y es susceptible de empeorar a poco que alguien prenda la mecha.

 

 

Nuevos riesgos de bloqueo

Llegados al gran día sin que se desvanezca la sensación de bloqueo, la mayor esperanza reside en que las urnas desmientan la casi unanimidad de las encuestas y alguien destaque por encima de los demás lo suficiente como para armar una mayoría parlamentaria estable y suficiente que saque la gobernanza de España del callejón sin salida en la que anda instalada. Ante una situación insólita, solo un desenlace electoral inesperado puede activar de nuevo los circuitos del pacto; ante un aumento alarmante de la extrema derecha, solo la determinación de las otras derechas de no pactar con Vox puede contribuir a aclarar las cosas, aunque ahora mismo carece de justificación pensar que el PP y C’s pueden adoptar la profiláctica medida de levantar un cordón sanitario que aísle al neofranquismo. Ante la más que posible repetición del reparto de papeles en la izquierda, solo una reflexión sin prejuicios de los aparatos del PSOE y de Unidas Podemos puede sacar la gobernabilidad del atolladero y allegar algunos aliados parlamentarios a la causa para completar la mayoría.

A partir del debate del día 4 se ha repetido la música del doble enfrentamiento: entre los bloques de izquierda y de derecha y en el interior de cada bloque, con la certidumbre más que asentada de que, caso de sumar, las derechas limarán sus contradicciones internas para hacerse con el poder y las izquierdas, en cambio, pueden enzarzarse en una nueva discusión interminable sobre programas, legitimidades, fidelidad a los principios y otras variables imprevisibles. Dicho de otra forma: la propensión a la crítica exhaustiva de la izquierda tiende a poner en riesgo la posibilidad de asumir contradicciones y acogerse al pragmatismo. Eso es, al menos, lo que se desprende de los discursos de la campaña a ambos lados de la divisoria.

Alienta en esta situación de enconamiento del debate de las izquierdas el objetivo del PSOE de dar continuidad al llamado régimen del 78 –una simplificación bastante tosca de la nueva izquierda sobre los términos en que se produjo la restauración democrática que siguió a la muerte del dictador– y el de Unidas Podemos de impugnar el pacto político que dio como resultado la institucionalización de una monarquía parlamentaria. Un terreno de juego en el que los independentistas catalanes se sienten particularmente cómodos al lado de los impugnadores en igual o mayor medida que se sienten acosados por el constitucionalismo socialista, un dato ineludible y fundamental en la crisis en curso en Catalunya, núcleo central de la campaña: para quienes la Constitución es un corsé asfixiante, solo es posible entenderse con quienes comparten que se trata de un modelo superado.

Después de la mezcla de manifestaciones pacíficas y noches violentas en Barcelona y otras ciudades, el endurecimiento verbal del Gobierno en funciones era más que previsible, urgido a contrarrestar las arremetidas de las derechas y a salvaguardar la vigencia de la Constitución y del Estatut. Al mismo tiempo, Unidas Podemos ha podido sortear el momento con una crítica sin reservas a los violentos, pero ha podido, también, soslayar la ambigüedad o la incomparecencia de una parte significativa de las autoridades catalanas para buscar algún atajo negociador, si es que tal cosa existe. Media un abismo de ahí a concluir que el ethos podemita es poco menos que el de un partido antisistema, pero no hay duda de que la diferencia de comportamientos tiene tal entidad que complica enormemente dar con un punto de encuentro que permita a la izquierda constituir una mayoría suficiente.

En la práctica, resulta relativamente sencillo para el bloque de la derecha desentenderse de los matices entre los diferentes independentismos, mientras que a la izquierda la condicionan de forma sustancial. La reacción a la sentencia en el mundo soberanista catalán ha quedado bastante lejos de la unanimidad porque el fraccionamiento de este bloque se oculta tras un telón de unidad apenas aparente que se rasga varias veces todos los días, singularmente cuando los incendiarios marcan la agenda y, como ha escrito Juan José López Burniol, cuando la calle prevalece “sobre las instituciones catalanas y, más aún, sobre las españolas, a las que los independentistas y asimilados no conceden ni el beneficio de la duda”.

Rescatar del debate político –del de campaña, tan ruidoso, parece imposible; de las redes sociales, también– las entelequias –el derecho a decidir– y las exageraciones grandilocuentes –aplicación de la ley de seguridad nacional o del artículo 155 de la Constitución– es prioritario así en Catalunya como entre las fuerzas que la madrugada del lunes se verán en la obligación de buscar puntos de encuentro. Como sostienen los negociadores avezados, lo primero que hay que hacer en una negociación es saber que en algún momento se habrá de renunciar a aquello que la otra parte no aceptará ni puesta boca abajo, y será necesario hacer concesiones, aunque duela hacerlas. Saben positivamente los independentistas más esclarecidos que estas son las reglas y lo saben igualmente quienes se sentarán al otro lado de la mesa si algún día la calle enardecida y los agit-prop dejan de calentar la atmósfera con su programa máximo irrealizable.

Tal aproximación al realismo afectará seguramente a la compleja relación de amor-odio que con frecuencia envuelve las riñas entre el PSOE y Unidas Podemos. Pero para que  se imponga entre ellos el realismo, hace falta que primero se dé un vuelco esencial, como señala López Burniol en su artículo en La Vanguardia: “Ante esta situación [la calle en ascuas], solo cabe esperar que, pasado un tiempo, los ciudadanos perciban el alcance de los perjuicios que este enfrentamiento les irroga y acepten una transacción ahora imposible. Aunque es cierto que, si apareciese un líder con coraje para decir la verdad, este plazo podría abreviarse. Pero ¿dónde está este líder?”

La pregunta es fundamental. Sin un líder desvinculado del fundamentalismo de Waterloo no es posible abrazar el realismo, buscar una transacción y salvaguardar la imagen de las partes en conflicto, algo esencial para que entre las izquierdas y entre el independentismo no surja de inmediato alguien con un memorial de agravios bajo el brazo dispuesto a dinamitar el posibilismo. Irreductibles los habrá siempre, porque son imposibles las transacciones por unanimidad entre polos enfrentados, pero este es el precio que deben pagar los negociadores dispuestos a renunciar a su programa máximo para sanear el clima social. En la tradición intelectual y política de la izquierda el concepto de correlación de fuerzas lleva inevitablemente a esa búsqueda del punto intermedio para no quemar las naves en un gesto de heroísmo infructuoso.

Por lo demás, resulta cansino y extremadamente repetitiva la profusión de eslóganes de campaña a ambos lados de la izquierda que persiguen subrayan con tinta roja las desavenencias, muchas de ellas históricas, entre los herederos del socialismo y los del acervo comunista, ambos bastante menos monolíticos de lo que parece. Pretender que no hay un punto de intersección en el que se crucen ambas corrientes para cooperar en las instituciones resulta tan inconsistente como olvidar que en ayuntamientos y comunidades autónomas tal colaboración es posible (con tensiones o sin ellas). Las querellas de la izquierda son tan antiguas como la izquierda misma, pero el espectáculo ofrecido por Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus aparatos respectivos refleja una hostilidad que ni siquiera las diferencias programáticas justifican. Si las encuestas aciertan, ambos se necesitarán la madrugada del lunes y no es un requisito indispensable que se caigan simpáticos para que sean capaces de sacar al país del atolladero y quizá de serenar los espíritus en Catalunya.

Una tumba en la campaña

El restablecimiento de la decencia en Cuelgamuros se produjo al mismo tiempo que la salida del ataúd del general Franco camino de Mingorrubio. El griterío y las banderas con la gallina de un grupito de neo-viejos franquistas, inundó por un momento las inmediaciones del Valle de los Caídos, pero en cuanto se elevó el helicóptero y se alejaron los restos del matarife quedó registrada en la historia una dignificación civil y democrática del lugar y empezó a prevalecer el respeto por los miles de muertos víctimas de la guerra y de la represión vesánica que la siguió. Al mismo tiempo, la exhumación del dictador metió una tumba en la campaña electoral, como si la prolongación del traslado del panteón megalómano al familiar fuese una operación calculada hasta el último detalle y no fruto de la obstinación de los Franco y del abad de la basílica del Valle para evitar, obstruir o alargar hasta la exasperación algo por lo demás inevitable: que a pesar del procedimiento, garantista en extremo, el Tribunal Supremo acabaría autorizando el traslado del general de una fosa a otra.

“Lo que terminó ayer no fue la dictadura de Franco, sino la espuria tentativa de resucitar su recuerdo en una zafia y necrofílica operación de propaganda”, ha escrito Ignacio Camacho en el muy derechista Abc, como si no fuese suficiente para justificar el traslado el hecho de que España, después de Camboya, es el país del mundo con más desaparecidos; como si separar al victimario de sus víctimas fuese menos importante que la coincidencia del cambio de localización del féretro a las puertas de una campaña electoral. Habrá que ver a partir de ahora quiénes son más propensos a echar mano del cadáver y en qué términos, pero es de temer que entre añorantes declarados y vergonzantes del franquismo, líderes con las encuestas muy a la baja y diferentes frentes a la conquista del voto necesario, Cuelgamuros y Mongorrubio enturbiarán el debate preelectoral y adulterarán el sentido de la operación del jueves.

Era de prever que tal cosa sucediese, pero era de prever también que después de la actitud de los Franco, se impusiera la prudencia en el arco parlamentario menos en el terreno de juego neofranquista de Vox. “¡Quiénes son ustedes para prohibirnos salir, esto es una dictadura!”, protestaron airadamente los familiares del general, requeridos por la policía al final de la inhumación en Mingorrubio, una escena digna de un esperpento valleinclanesco. Quizá sea cierto que es un proyecto lleno de dificultades y obstáculos cambiar la naturaleza del Valle de los Caídos, liberarlo de su condición de conjunto exaltador del franquismo y de sus herederos –el llamado franquismo sociológico–, sean estos muchos o pocos.

“¿Puede un conjunto arquitectónico franquista convertirse en un espacio democrático?”, se ha preguntado Xavier Casals en las páginas de EL PERIÓDICO. El interrogante es tan inquietante como varias posibles respuestas, entre ellas la constatación hecha en El País por la profesora Paloma Aguilar: “A la conciencia democrática le resultan ofensivas muchas cosas consustanciales al Valle de los Caídos”. De ahí a suscribir el parecer del historiador Nicolás Sánchez-Albornoz apenas media un paso: “Hemos pasado durante 40 años una vergüenza tremenda”, acaso haya llegado la hora de dejar que la naturaleza haga su trabajo y que, con el paso del tiempo, todo acabe en ruinas. Puede que las guerras civiles nunca acaben en el imaginario colectivo, pero quién sabe si sepultadas bajo el bosque indomable, los sillares desencajados y la desmemoria de las generaciones venideras, remitan las emociones y todo sea menos que un recuerdo difuso el espectáculo ofrecido ayer por el neofranquismo irreductible: “No hubo salvas ni un regimiento en posición de firmes, pero en la vacía explanada del mausoleo los vivas a España y a Franco resonaron claros aun para los que, monte abajo, seguíamos la actualidad a través de portátiles y smartphones”, ha escrito en La Vanguardia Pedro Vallín.

Nadie está en guerra con nadie, pero la democracia obliga a cumplir con ciertos requisitos y la correlación de fuerzas impone a menudo ejercitarse en la prudencia. Si durante la transición se hubiese intentado abrir la fosa del Valle, cabía la posibilidad de provocar una crisis de Estado. Luego, transcurridas décadas y aprobada la ley de memoria histórica, vilipendiada esta desde el albañal ideológico neofranquista, se abrió el camino a la reparación de la dignidad de las víctimas y de sus descendientes, pero hasta ahora no hubo un solo Gobierno con voluntad política para dar el paso. Tanta razón tienen los que entienden que la anormalidad histórica del dictador en el mausoleo se ha tardado demasiado en corregir como los que sostienen que durante decenios la opinión más extendida fue que mejor no meneallo.

Los únicos que violentan la decencia son cuantos defienden, con frecuencia a voces, que Franco debía seguir en su tumba con flores al pie del altar de la basílica per secula seculorum. Ningún carnicero del siglo XX dispone de una tumba rutilante que lo exalte, ninguna comunidad está dispuesta a poner en juego su dignidad colectiva, y por esta razón el traslado era preciso, aunque solo el 49% de los españoles consideren necesario el desenlace del jueves, según las encuestas. Ni siquiera la seguridad de que la desfranquización del Valle formará parte de la campaña electoral –domina ya la precampaña– y de la pugna política entre adversarios enconados parece digna de consideración para estimar adecuado y oportuno un aplazamiento hasta después del 10 de noviembre. Claro es que habrá quien se beneficiará en las urnas con la exhumación y quien saldrá perjudicado, pero el mayor perjuicio para la democracia hubiese sido claudicar ante la algarabía de la extrema derecha. El precio de un aplazamiento del traslado de Franco, en términos de dignidad, hubiese sido vergonzosamente alto.

 

Después de noches en llamas

Después de la sentencia del procés (durísima), de las manifestaciones pacíficas (las más) y de las noches en llamas (muy alarmantes) no parecía que el momentum fuese el mejor para las grandes proclamas, sino para las grandes prudencias. Por una elemental norma de supervivencia, se antojaba llegado el momento de desinflamar –el verbo lo eligió Pablo Iglesias después de entrevistarse con Pedro Sánchez– mediante un doble ejercicio de responsabilidad: garantizar el derecho de manifestación de quienes a él se acogen para protestar contra lo que les desagrada y negar desde el primer minuto toda legitimidad a quienes echan mano de los manuales para la insurrección y la guerrilla urbana. No lo entendió así el president Quim Torra, que soslayó las responsabilidades propias de un cargo institucional y se enfundó el traje del activista, del agitador o del predestinado, una figura arquetípica cargada de nihilismo.

Como sucede con los clubs deportivos que se entregan a las ensoñaciones de un hooligan para que los dirija y acaban en triste desastre, así sucede con quien confunde o suplanta las responsabilidades del gobernante con un fundamentalismo innegociable. Condenar a regañadientes la violencia de madrugada mientras ardían los contenedores en el centro de Barcelona y acudir al día siguiente al Parlament para comprometerse a abundar en el unilateralismo antes de que acabe la legislatura son manifestaciones de un perfil fundamentalista, incapaz de atenerse a la realidad. En el caso de un líder político, adentrarse por esta senda entraña el peligro de erosionar la institución que representa o a la que pertenece, de deslegitimarse en tanto que titular de un cargo público y de comprometer a cuantos le mantienen en su puesto, desconocedores de sus planes de futuro (eso sucedió el jueves).

La legitimidad del poder es un delicado atributo que se obtiene en democracia mediante el dictamen de las urnas. Al mismo tiempo, puede perderse con suma facilidad cuando el legitimado se comporta o actúa como si fuera poseedor de un cheque en blanco, de forma que la deslegitimación de quien es depositario del poder es consecuencia en parte de comportamientos objetivables y en parte de aquello que percibe un segmento significativo, representativo e informado de la opinión pública. Como explica Max Weber con detalle, hay quienes buscan la legitimidad en un poder carismático, y pueden obtenerla de forma momentánea o episódica, pero esta clase de poder se desgasta rápidamente –Carles Puigdemont, quizá– y rara vez encuentra continuidad en su legatario (puede que el president en ejercicio); se extingue con el titular y al fin, resulta estéril. Así están las cosas ahora mismo.

La reclamación insistente de que Torra someta el presente al dictamen de los electores obedece en gran medida al agotamiento de la vía unilateral, la desencadenante de cuanto ha sucedido desde el 6 y 7 de septiembre de 2017, más la gestión descabellada de la crisis que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en su momento y la degradación de la vía posibilista abierta por el de Pedro Sánchez, enturbiado todo por unas elecciones legislativas en las que el caso catalán aparece en el centro de todas las discusiones. El Govern es un cadáver político, un equipo dividido hasta lo indecible y apoyado por una mayoría parlamentaria que se sostiene con pinzas. No es ya un Ejecutivo sin futuro, sino un conglomerado sin presente. Disolver el Parlament y convocar elecciones cuanto antes es la forma más honorable de renovar la legitimidad institucional y acabar con la modalidad del presidente vicario.

Optar por la continuidad y seguir enredando la madeja, encarecerá el coste político elevadísimo que ya tienen ahora las noches con hogueras. Porque la discusión, el debate, la negociación del futuro de Catalunya en España quedará bajo una capa estratigráfica superior: el problema de orden público y de seguridad aparecido a partir de la noche del día 14 en el aeropuerto de Barcelona. Esa debiera ser una perspectiva indeseable e indeseada por el independentismo catalán en sus diferentes versiones porque alimenta las proclamas de cuantos desde diferentes frentes invocan la aplicación de la ley de seguridad nacional, la activación del artículo 116.1 de la Constitución (estado de alarma) y el recurso al artículo 155 de la Constitución (intervención de la autonomía). Que los partidos con vaticinios francamente ruinosos (Ciudadanos) o depositarios de un nacionalismo trasnochado (el PP) tomen este camino resulta intranquilizador, pero que alguien crea hoy en Catalunya que cuanto peor, mejor, cabe considerarlo directamente inexplicable. Toda solución es susceptible de empeorar, pero a cada empeoramiento más difícil se hace la salida, el desenlace ordenado de la crisis, que en cualquier caso será largo y lleno de episodios críticos si es que se da con la tecla adecuada.

La suma de fracasos o de despropósitos nunca se corona con el éxito. Los eslóganes de resistencia tienen el valor que se les quiera conferir, son útiles para alimentar la política de las emociones, pero no sirven para avanzar y para conseguir aliados consistentes más allá de los límites del conflicto en sí mismo. De momento, las noches calientes han internacionalizado el problema, pero en el sentido contrario al que persigue la Generalitat con escasos resultados. Las algaradas incontroladas en una ciudad repleta de turistas, la ausencia (en sentido no tan figurado) de la primera autoridad de Catalunya, la habilidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,  para dar explicaciones a todas horas y subrayar la cooperación de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil al mismo tiempo que se impugnaba la continuidad de Miquel Buch, conseller de Interior, las imágenes de la televisión y un sinfín de elementos han operado en contra de lo esperado y deseado por los estrategas de la Generalitat.

Gran parte de la imagen sembrada por la revolución de las sonrisas se ha venido abajo en horas veinticuatro a causa de las fechorías cometidas por una minoría en Barcelona y otras ciudades catalanas. Cuando una sociedad culta y desarrollada de la Unión Europa cae en manos de pandillas de incendiarios embozados, debe reaccionar de forma rápida, eficaz y concluyente, sin saltarse el principio de proporcionalidad y garantizando la seguridad a los ciudadanos, un derecho inviolable consagrado por las leyes. Si no lo hace o se enquista el problema, corre graves riesgos de orden moral, pero también social y económico, por eso es preciso que acabe cuanto antes en la programación nocturna de las cadenas de televisión el corte de calles, los contenedores incendiados, los periodistas importunados por energúmenos y el ulular de las sirenas. De paso, liquidada esta fase preocupante de la crisis, será posible (al menos, posible) abordar lo que realmente importa: qué futuro es factible construir desde la razón, el realismo y en beneficio de la mayoría.