Rato agrava la enfermedad

“Los discursos y los escritos políticos son hoy esencialmente una defensa de lo indefendible”. La frase es del escritor británico George Orwell y figura en su ensayo Los políticos y la lengua inglesa, que data de 1946. Hoy es tan vigente como entonces o acaso más porque los mecanismos de retorsión del lenguaje han evolucionado espectacularmente en manos de especialistas en convertir la política en un manual de eslóganes más o menos ingeniosos, más o menos ocultadores de la realidad, de las miserias de la vida pública, de cuanto sucede y no se quiere que se sepa.

Otro británico, el historiador Timothy Garton Ash, 70 años después de Orwell, ha dado con los mismos mecanismos de mixtificación. “Todas las frases ingeniosas las preparan con antelación los asesores de comunicación. Como dijo hace poco el antiguo fiscal general conservador [del Reino Unido] Dominic Grieve, son ‘sesiones llenas de indignación pero con muy escaso contenido’”, escribió hace unas semanas en El País Garton Ash, alarmado por el espectáculo a menudo infantiloide que ofrecen los diputados en la Cámara de los Comunes, una forma bastante grosera de ocultar el presente detrás de un telón de improperios altisonantes, broncas, aplausos y otros jolgorios. En el fondo, como sucedía en los días de Orwell, se trata de eludir la verdad y de defender lo indefendible; se diría, quizá, de secuestrar el lenguaje.

Llevado todo al teatro español –no al de la plaza Santa Ana de Madrid, por demás respetable–, el alcance o repercusión del secuestro del lenguaje se agudiza con la gravedad del momento. Una gravedad realzada por esa lista de 705 o de Rodrigo Rato y otros 704 –a no ser que aparezca un cabeza de cartel de más altura– que pudieran haber aligerado sus conciencias mediante el blanqueo de dinero gracias a la amnistía fiscal establecida por el Gobierno. Esos 705 o Rodrigo Rato y otros 704 suman un nuevo pudridero a otros cinco que han llenado la política de pestilencia: la madeja Gürtel-Bárcenas, el ovillo de los ERE de Andalucía, el crucigrama Urdangarín, el laberinto de Bankia (tarjetas negras incluidas) y la trama Pujol. Y al difundirse el aroma de corrupción en todas direcciones han obligado a ciudadanos atónitos a descifrar el alcance de los hechos encubiertos por el lenguaje cuando estos se abordan a la vista del público en los parlamentos, en los juzgados, en esas declaraciones a las puertas de los palacios de justicia cuya función exclusiva es exaltar la inocencia de los encausados o de quienes seguramente lo serán al cabo de unos días.

Orwell dejó dicho en Los políticos y la lengua inglesa: “A propósito de cada frase que escribe, un autor escrupuloso se planteará al menos cuatro preguntas: ¿Qué pretendo decir? ¿Cuáles son las palabras que pueden expresarlo? ¿Qué imagen o locución puede hacerlo de forma más clara? ¿Esta imagen es lo bastante expresiva para ser eficaz? Y probablemente se planteará otras dos: ¿Podré expresarlo de manera más concisa? ¿Hay en esta formulación alguna fealdad que podría evitarse?”

De estas seis preguntas, la primera es fundamental: ¿qué pretendo decir? Es tan determinante que en la epidemia de corrupción que padece el país ha sido sustituida por esta otra: ¿qué debo decir? O por esta otra, igualmente inquietante: ¿qué conviene que diga? Pudiera añadirse que es preciso dilucidar qué conviene decir para que no afecte mucho a las encuestas, para que quede claro que alguien metió mano en la caja, pero el partido no tuvo forma de saberlo, o el Gobierno, o ambos a la vez, defraudados a causa de la confianza depositada en sus más íntimos y apreciados colaboradores, militantes y amigos, a quienes presuponían el partido, los partidos, el Gobierno o todos a la vez libres de toda sospecha. Este es el punto de partida, la necesidad de poner en marcha un mecanismo de disculpa que sea, al mismo tiempo, exculpatorio, que haga olvidar lo dicho con anterioridad –“Luis. Lo entiendo. Sé fuerte” (la sintaxis es de Mariano Rajoy, autor del mensaje a Luis Bárcenas”–, que deje a salvo la marca, el márketing político, para no perder en el lance carros y carretas.

La ironía que gastaba Eugeni d’Ors con sus alumnos, a quienes a menudo decía “oscurezcámoslo un poco” cuando algo estaba claro, ha pasado a ser la piedra sillar de las técnicas pergeñadas por los especialistas en dar con explicaciones políticamente correctas para que los líderes o sus portavoces tranquilicen al auditorio. Pero, claro, el auditorio está escamado y ya no se cree casi nada de lo que le dicen; tiende, en cambio, a desconfiar de todo y de todos, un estado de ánimo lógico, pero fatal para salvaguardar la complicidad indispensable entre poder y ciudadanos para que los sistemas democráticos funcionen de forma razonablemente eficaz. En medio de la oscuridad, cuando la opinión pública puede guiarse solo por el olfato que detecta los vapores que suben de la alcantarilla, no hay complicidad posible entre administradores y administrados.

Resulta incomprensible que, en medio de la función, el PSOE tenga que forzar una votación en el Congreso para que el Gobierno publique la lista de los más de 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, esto es, el elenco de cuantos antes de la amnistía no pagaron a Hacienda en la forma y los plazos debidos. Resulta un insulto a la inteligencia que mientras se registra el domicilio de Rodrigo Rato alguien busque argumentos en la ley o en la confusión reinante para no suministrar tal información y dejar a oscuras –otra oscuridad más– a cuantos todas las primaveras pasan por la ventanilla de Hacienda. Resulta, en fin, un bochorno colectivo que los estrategas y agitprop de los partidos, del Gobierno o de ambos a la vez busquen tres pies al gato a cuantos quieren aclarar lo sucedido, sean estos periodistas, magistrados, jueces o políticos con el expediente limpio, que por fortuna los hay.

“Cuando se abre un abismo entre los objetivos reales y los objetivos declarados, de forma casi instintiva se recurre a las palabras interminables y a las expresiones trilladas, tal como un calamar lanza su tinta”, dijo Orwell. El comportamiento del calamar obedece a su deseo de ocultarse, de zafarse sin daño de sus adversarios; persigue lo mismo este sopicaldo de declaraciones que nada dicen a pesar de la solemnidad con que se dicen. Sin que pareciera tener mayor importancia el daño que causa esa ceremonia del disimulo, de la evasión –no fiscal en este caso–; como si no minara el sistema, la confianza en él, la dignidad de la política y de los políticos. Como si lo más importante no fuese saber si los presuntos corruptos lo son de verdad, sino cómo afectará la corrupción a sus partidos en las próximas elecciones; como si lo que en verdad importase fuese saber quiénes y cómo se salvan de la quema aunque el aire siga siendo irrespirable.

El coste de cuanto pasa es incalculable para un sistema democrático. El historiador Tony Judt lo definió en dos sucintas frases. Primera: “La falta de confianza es claramente incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad”. Segunda: “Si los ciudadanos activos o preocupados renuncian a la política, están abandonando su sociedad a sus funcionarios más mediocres y venales”. Demasiados riesgos para seguir mareando la perdiz y apuntarse a un relativismo moral que devuelve la imagen, seguramente falseada por la decepción de ahora mismo, de unos políticos más inclinados al oportunismo que al compromiso con la transparencia y que, como dice Timothy Garton Ash, dilucidan sus diferencias en una “pelea a gritos propia de un patio de colegio”.

Yemen empeora Oriente Próximo

Desde la llegada al trono suadí del rey Salmán a la muerte de Abdalá (23 de enero) hasta la decisión de la Liga Árabe de crear una alianza militar a imagen y semejanza de la OTAN (28 de marzo) se han registrado una serie ininterrumpida de acontecimientos que pueden cambiar en muy poco tiempo el argumento en Oriente Medio, si es que no cambió ya para siempre a causa del desafío islamista. Hay por lo menos cinco capítulos interconectados, relatos parciales que responden unas veces a intereses antagónicos y otras a factores complementarios de acuerdo con el siguiente esquema:

-El levantamiento en Yemen de los hutís –chiís–, que han sido capaces de dinamitar el régimen que siguió al exilio del presidente Alí Abdalá Salé y han provocado la intervención de Arabia Saudí y sus aliados sunís.

-La confusa disposición de Estados Unidos a reconocer que es preciso negociar con el régimen sirio –con Bashar el Asad o sin él no está claro– para evitar un triunfo o enquistamiento del islamismo en Siria e Irak, seguido de unas declaraciones bastantes explícitas del autócrata, preparado para llegar a un acuerdo con la Casa Blanca si nadie discute su poltrona.

-La victoria de Binyamin Netanyahu el 17 de marzo y su oposición militante a un acuerdo político del grupo 5+1 (los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania) con el régimen iraní sobre la limitación de su programa nuclear o, lo que es lo mismo, sobre la rehabilitación de la república de los ayatolás ante la comunidad internacional.

-Los avances en las negociaciones de Lausanne, con el reloj parado a la espera de que alumbren un compromiso tan temido por Israel, en nombre de la seguridad, como por Arabia Saudí en su disputa histórica con Irán por la hegemonía en el golfo Pérsico.

-La decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de levantar el bloqueo de la venta de armas a Egipto y de reanudar el programa de ayudas –más de 1.000 millones de dólares al año–, suspendidos a raíz del golpe de Estado del general Abdel Fatá al Sisi (3 de julio del 2013).

Puede añadirse a estos cinco apartados el proyecto saudí, nunca concretado, pero siempre soñado, de hacer del Consejo de Cooperación del Golfo una suerte de confederación de estados pilotada desde el palacio real de Riad, destinada a competir con Irán allí donde hiciese falta, con la ventaja adicional para las monarquías sunís de disponer de una capacidad financiera superior a la iraní gracias a las rentas del petróleo y a la diversificación de sus inversiones. Cierto es que países como Catar recelan, cuando no se oponen a una operación de estas características, pero debe considerarse como una posibilidad que está ahí y que puede reaparecer según se desarrollen los acontecimientos.

Algunos análisis achacan a la retirada de facto de Obama de la región parte principal de la responsabilidad de cuanto allí sucede desde mediados del 2014. El profesor Sami Aoun, de la Universidad de Sherbrooke (Canadá), sostiene que la implicación limitada de Estados Unidos ha creado un vacío con efectos desestabilizadores. Si ese vacío ha hecho posible el hundimiento de Yemen en una guerra sectaria, es difícil precisarlo, pero lo cierto es que la iniciativa tomada por Arabia Saudí y otros países árabes se debe a esa guerra y al triunfo momentáneo de la facción chií, presuntamente apoyada por Irán, mientras, al mismo tiempo, Irán negocia con las grandes potencias y, en la práctica, dos de los mayores aliados de Estados Unidos en el área, la monarquía saudí y Egipto, acusan a la república islámica de meterse en el patio trasero del universo suní. He ahí las contradicciones o antagonismos sobre el terreno.

Por lo demás, las contradicciones son inevitables porque Yemen es importante para Arabia Saudí, pero también para Irán, y Estados Unidos y sus aliados occidentales deben pasar la maroma y aceptar la vieja fórmula según la cual las contradicciones son el motor de la historia. Para la monarquía saudí, Yemen es el patio de vecindad que debe mantenerse razonablemente ordenado y, también, la reserva demográfica de la que echar mano cuando sea necesario, según el profesor Aoun. Para los iranís, en cambio, es la pieza esencial de su estrategia en Oriente Próximo, en el corazón del mundo árabe. Y aplica al caso el esquema favorito del presidente Hasán Rohani en política exterior: ser pragmático en el contencioso nuclear y exacerbar el agravio o el enfrentamiento religioso en el plano regional para justificar luego la movilización en auxilio de la minoría chií –los hutís–, marginados del poder por el sunismo.

Claro que no todo es tan obvio. Según el especialista Brian Withaker, caben algunas salvedades a la supuesta implicación iraní en la crisis yemení:

-Desde que una delegación hutí visitó Teherán en marzo, el apoyo se hizo más de palabra, con promesas de ayuda económica, de acuerdo con un informe del International Crisis Group.

-En otro informe del mismo think tank se indica que la implicación saudí en la política yemení es muy superior a la iraní, de lo que se deduce que la dependencia de sus patrocinadores sunís del presidente Rabu Mansur Hadi, expulsado por los hutís de Saná, es muy superior a la dependencia de los insurrectos de sus potenciales aliados chiís.

-Aunque Adel al Jubeir, embajador saudí en Washington, insiste en The New York Times en la presencia entre los hutís de guardianes de la revolución enviados por Irán y mujahidines de Hizbulá, no hay pruebas irrefutables que lo corroboren.

Hasta aquí las contradicciones y las medias verdades de las últimas semanas. Los factores de complementariedad se concretan en la participación de varios países árabes en la coalición articulada por Estados Unidos para combatir desde el aire al Estado Islámico, vistas las carencias del Ejército iraquí de frenarle por sus propios medios. Bien es cierto que con la aportación adicional de combatientes iranís, aceptada en la práctica por Estados Unidos, que han acudido en auxilio de un país de mayoría chií (60% de la población). Pero también son complementarias, aunque no exista coordinación alguna, las oposiciones israelí y saudí a un acuerdo con Irán en materia nuclear, porque, como tantas veces en política, rige el principio que establece que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y nada altera más los biorritmos de israelís y saudís que el pragmatismo de la teocracia iraní, aunque sea útil para contener a los yihadistas, preservar el statu quo y limitar el incendio provocado por el islamismo en armas.

Al final, todo contribuye al descoyuntamiento de la región. Todas las grandes ciudades árabes están sometidas a la presión terrorista, todas las minorías tienen razones para sentirse amenazadas, todos los regímenes afrontar algún tipo de grave riesgo. El debate sobre la democratización del Estado, salvo en Túnez, se ha acallado porque aquello que más apremia es la seguridad frente a adversarios que se atienen a una lógica tributaria de “una utopía desgarradora”, en palabras de Javier Solana; una lógica que en Occidente enturbia la atmósfera con los peores demonios familiares y en Oriente Próximo da alas a regímenes obscenos, pero dispuestos a contener el desafío islamista siempre que no se sientan impugnados.

 

 

Guetos europeos para la desafección

Las elecciones departamentales celebradas en Francia el pasado domingo, sea cual sea el resultado de la segunda vuelta, dejarán en su mínima expresión la presencia en los consejos de hijos de inmigrantes: el 91% de las asambleas estarán formadas solo por blancos –léase europeos–, según los cálculos realizados por el consultor político Farid Gueham y recogidos en un artículo difundido por diario digital Le Huffington Post. Si se tiene en cuenta que los hijos de inmigrantes de entre 18 y 50 años suman 3,1 millones, su cuota de representatividad resulta manifiestamente insuficiente; si se atiende al entusiasmo por la diversidad del 11 de enero, durante la gran manifestación de París posterior a los atentados yihadistas contra Charlie Hebdo y un comercio kosher, entonces hay que decir que aquel día de exaltación de la diversidad fue poco más que un espejismo.

El cambio en la atmósfera política, superado el primer impacto emocional, no presagia un futuro confortable. La falta de complicidad de una parte de la sociedad francesa con las instituciones, con los valores republicanos, con cuanto cohesiona una comunidad, lleva en la práctica a la división y al comunitarismo, a la construcción de identidades segmentadas dependiendo de los orígenes de cada cual. De tal manera que los silbidos a La Marsellesa en un estadio son poco más que una anécdota incómoda, aunque alienten la xenofobia y sean útiles a las campañas de la derecha, extrema y no tan extrema, cuando en realidad el gran problema es el desapego de segmentos sociales que se sienten arrinconados, marginados, excluidos por la cultura política dominante.

No es este un fenómeno solo francés, sino europeo, y con efectos igualmente preocupantes en todas las comunidades de ascendencia no europea, pero especialmente llamativo en aquellas cuyo origen es la cultura árabe-musulmana. Pues la consecuencia más relevante, y no por minoritaria menos importante, es la adscripción a la yihad de una parte de los defraudados, de los desapegados, de los decepcionados, de quienes se sienten excluidos. La migración de musulmanes europeos, mujeres y hombres, a Siria e Irak para unirse a Al Nusra o al Estado Islámico, la llamada a la guerra santa que cautiva a menores de diversas partes de Europa que cruzan el continente para alcanzar la frontera turco-siria y sumarse a la causa, es el resultado de un gran fracaso: el que se oculta detrás de la incapacidad de los gobiernos y las sociedades europeas para englobar a la inmigración.

“Tanto a los contextualistas como a los aislacionistas les faltan respuestas sólidas a preguntas clave –afirma Moisés Naím en un artículo publicado hace unas semanas–. Si el problema es el contexto, la historia y la discriminación que hay entre los inmigrantes, ¿por qué no hay terroristas suicidas latinos? Los inmigrantes latinoamericanos en Europa no viven en condiciones significativamente mejores que los inmigrantes árabes. No obstante, el terrorismo religioso no existe entre los latinos. ¿Por qué India o Indonesia, los dos países con la mayor población musulmana del mundo, no producen tantos terroristas suicidas como los países árabes?” Y sigue más adelante para no dejar ningún cabo suelto: “Los aislacionistas tampoco tienen buenas respuestas a la realidad de que en un mundo tan globalizado, conectado e integrado como el de hoy, los bloqueos no funcionan. Las fronteras siempre han sido porosas y las de hoy lo son más que nunca”.

Lo cierto es que hay pocas respuestas solventes para tantas preguntas inquietantes y realidades preocupantes. Resulta tan insatisfactorio el argumento de que nos hallamos ante una interpretación revisada de los fundamentos de la religión hecha por intelectuales y agitadores musulmanes como que se da una incompatibilidad congénita entre el islam y el Estado moderno, acrecentada por la sujeción del orbe musulmán a los intereses de Occidente y el consiguiente agravio. El problema es demasiado complejo para reducirlo a respuestas tan simples, habida cuenta, además, de que la revisión fundamentalista del legado musulmán no es la única en circulación y en la comunidad académica de los países musulmanes la opción islamista no es la única que puede oírse.

En el libro Au péril des idées (en el peligro de las ideas), un punto de encuentro del filósofo francés Edgar Morin, de ascendencia judía y agnóstico, y del intelectual suizo Tariq Ramadan, profesor en Oxford, musulmán y nieto de Hasán al Bana, fundador de los Hermanos Musulmanes, aparece esa complejidad, consustancial al diálogo entre civilizaciones. Pero es demasiado infrecuente que desde puntos de partida tan diferentes como los de Morin y Ramadan se aborde un mismo problema y se compartan conclusiones intercambiables. Lo habitual es que choquen dos imperativos éticos, el de la sociedad receptora y el que viaja con los inmigrantes que llegan a Europa, que fácilmente se transforman en dos formas de sectarismo encubierto a poco que entren en juego intereses políticos. Los términos en que muchas veces se plantea en Francia la discusión referida al laicismo es una buena muestra de la muy frecuente intromisión de la peor versión de la política en el debate de las ideas.

El 19 de enero, Manuel Valls, primer ministro de Francia, reconoció que en su país se da “un apartheid social y étnico”, admitió la existencia de ciudadanos de facto de primera y de segunda que sufren “el olvido de las administraciones y discriminación”, y habló de guetos. Las cifras le dan la razón: en las llamadas zonas urbanas sensibles, el 50% de la población no tiene ninguna titulación académica –30 puntos más que la media nacional– y el paro juvenil oscila entre el 40% y el 60%. Y lo peor es que después de los disturbios de las banlieues del 2005 pareció que el Estado actuaría para evitar que la fractura social no se desbocara, pero el empeoramiento objetivo de la situación, que afecta a la seguridad y a la convivencia, es un hecho, con una capacidad reconocida de contagiar la difícil coexistencia entre nacionales e inmigrantes en otros países de la Unión Europea.

La conclusión de Javier Solana es que “en el islam hay una frustración enorme por cómo realizarse”, una frustración que se manifiesta en Europa, favorecida por la ausencia en la trama política de representantes de la comunidad árabe-musulmana; alimentada también por la conexión permanente, en directo, con los lugares de origen personales o familiares –en el caso de los hijos y nietos de inmigrantes– a través de la televisión y la red. He ahí una de las grandes diferencias entre la atmósfera que respiran los nuevos europeos musulmanes y aquellos otros latinoamericanos, citados por Moisés Naím: desde la patria histórica de estos últimos no llega ningún mensaje de confrontación. Por el contrario, la prédica yihadista se escucha con nitidez en la periferia de las grandes ciudades de Europa y exalta la lucha contra la exclusión sin que, por lo demás, los gobiernos europeos se muestren especialmente hábiles para remediar la situación y para buscar la complicidad necesaria de cuantos viven la experiencia de la marginación. Afrontar el problema en términos de seguridad no hace más que agravarlo.

La yihad quiere cortar las alas a Túnez

La elección del Museo del Bardo de Túnez como objetivo del último golpe de mano de los yihadistas no es ni oportunista ni casual. Al sembrar la muerte entre un grupo de turistas indefensos, los terroristas han herido en lo más profundo las entrañas de la economía tunecina, que depende del turismo para salir de la crisis que sufre desde la caída de la dictadura de Zine el Abidine ben Alí en enero del 2011. El 10% de los tunecinos con empleo dependen del turismo, que representa el 7% del PIB del país y que, antes del ataque islamista, parecía destinado a alcanzar el 10% a poco que soplaran vientos favorables. Hundidos a medio plazo los mercados del petróleo y de los fosfatos, el turismo constituía la gran esperanza económica, la que más inversión extranjera atraía hasta el miércoles y la que más fácilmente podía poner en marcha planes para acabar con algunas carencias crónicas en el sector servicios.

Pero con ser desastroso el daño causado a la economía, quizá sea aún mayor la quiebra en términos políticos, porque la meta fijada por los islamistas es, en última instancia, impedir que se consolide el proceso de institucionalización democrática en Túnez a partir de la Constitución aprobada el año pasado, ejemplar en la preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la división de poderes, la igualdad entre sexos y la neutralidad del Estado en materia religiosa. Como decía el editorial del jueves del diario Le Monde, “Túnez da miedo a los yihadistas” porque se ha fijado una ruta que es la antítesis del discurso fundamentalista y, quizá, la tabla de salvación del islamismo político, representado por Ennahda. El rumbo fijado por el Gobierno y el Parlamento tunecinos es, en última instancia, la traducción práctica de algo afirmado varias veces por el politólogo Sami Nair al referirse a la sociedad tunecina como a una comunidad “formalmente secularizada”, aquella que desencadenó las primaveras árabes y la única que evitó el descarrilamiento del proceso.

“Es esa excepción tunecina a lo que los terroristas quieren poner fin”, afirma la diputada Bochra Belhaj Hmida, del partido Nida Tunes, de orientación laica, el más importante del Gobierno y el del presidente Beji Caid Esebsi. Es una formulación tan corta como exacta: es imprevisible conocer qué capacidad de contaminación podría tener una transición democratizadora que lograra tener éxito. Luego, a ojos del Estado Islámico y de sus franquicias, lo mejor es cortarle las alas antes de que sea demasiado tarde; es más útil para su causa apostar por el caos para desprestigiar al Gobierno, llevarlo contra las cuerdas y, llegado el caso, sumar voluntades entre los decepcionados por la inviabilidad o esterilidad del experimento laico.

Hay un entorno propicio para aplicar esta estrategia, tan vieja que incluso tiene nombre propio: cuanto peor, mejor. En una atmósfera regional irrespirable se suman la porosidad de la frontera de Túnez con Argelia, controlada con frecuencia por grupos islamistas, y la no menos porosa o poco controlada con Libia, un país poco menos que inexistente, desgarrado por la guerra civil que siguió a la caída del régimen extravagante de Muamar Gadafi, y que exporta la yihad al vecindario. Debe sumarse a todo ello la ausencia de Europa en la respiración asistida varias veces reclamada por Túnez, que, al contrario de lo sucedido con el Egipto de la dictadura del general Al Sisi y las petromonarquías, ha echado en falta ayuda económica efectiva para ahuyentar los fantasmas de la desafección después de las esperanzas suscitadas por la primavera del 2011. Las declaraciones de principios sin un euro que las acompañe no tienen ningún efecto práctico en una sociedad sometida durante décadas a una cleptocracia ruinosa y que ha exportado hasta 3.000 combatientes a Siria e Irak para unirse a las huestes del Estado Islámico o de Al Nusra, que es tanto como decir de Al Qaeda.

Pero el análisis del ataque al museo y la matanza de turistas es incompleto si no se menciona el factor cultural, histórico si se prefiere. Pues al atentar contra el Bardo, con su deslumbrante colección de mosaicos, testimonio de la herencia clásica latina, los terroristas han apuntado contra la historia, la cultura y la civilización de las que Túnez se siente depositario, de acuerdo con el análisis de Belhaj Hmida. Y esa suma de historia, cultura y tradición incluye el proyecto democrático en ciernes. “Túnez es un antimodelo para los terroristas y para quienes les financian. Quieren romper este modelo, este experimento”, ha declarado Kamel Jendubi, ministro de las Reformas Constitucionales. Y el Estado Islámico le dio la razón de antemano al difundir un enigmático mensaje en el que, según todos los indicios, anunciaba la proximidad del atentado: “Pronto va a haber una buena noticia para los musulmanes y una mala para los infieles y los cobardes. Especialmente para los amantes de la cultura”.

Así es. La agresión yihadista tiene un componente primordial de ataque a la cultura, a la tradición laicista que anida en una parte importante de la sociedad tunecina y que ha constituido siempre un factor de confrontación con el islam retardatario, aquel que se remite a la sharia y combate cuanto se aparta de ella. Es así desde los días de Habib Burguiba, padre de la independencia y representante de una vanguardia política que bebió y bebe fundamentalmente en las fuentes de la cultura de las Luces y de la política francesas. Pero es también fruto de la lógica impuesta por la prédica del califato, que arrasa con cuanto da testimonio de los tiempos anteriores al profeta, de aquello que constituye el legado no musulmán y que el integrismo quiere que desaparezca para que la única referencia del pasado sea el mensaje de Mahoma o lo que por tal tienen los ideólogos de la guerra santa. Frente a la afirmación de Albert Camus de que “no hay una sola verdad, sino muchas, y no todas son accesibles”, el Estado Islámico quiere imponer una sola verdad por la fuerza del terror.

Puede parecer todo fruto de un mecanismo primario y excluyente –de hecho lo es–, de un sectarismo sin límites, pero resulta efectivo en sociedades deprimidas y sin más referencias que la tradición religiosa como base de la llamada ideología espontánea. El editorial del diario tunecino La Presse recordaba el viernes el convencimiento de Burguiba –siempre Burguiba– de que “la verdadera batalla por la independencia y la dignidad es una batalla económica”. Diríase que de ella depende la viabilidad del proyecto democratizador y laico porque, sin rescatar de la postración a los más vulnerables, crecerán sin pausa las filas de los predicadores de la acción directa y del regreso al pasado. Pero, para evitarlo, hace falta acabar con una de las debilidades estructurales de la transición democrática: la ausencia de la élite financiera en las reformas que se precisan, según el diagnóstico adelantado por el analista tunecino Michaël Béchir Ayari en la web del International Crisis Group.

Aquellas élites que crecieron y se enriquecieron bajo el paraguas protector de la dictadura de Ben Alí son las mismas que hoy se mantienen al margen de las exigencias impuestas por la dinámica social y la presión exterior para neutralizar los riesgos de una involución o una crisis del nuevo Estado en construcción. No hay atajos para poner al día el aparato productivo; solo el compromiso de las élites puede lograr que la operación tenga éxito después del gesto de responsabilidad política compartido por todos los partidos importantes para rescatar al país del marasmo en el que estuvo a punto de sucumbir durante la etapa de gobierno del islamismo moderado, representado por Ennahda. La tradición política legada por el laicismo de Burguiba y sus acompañantes en el momento de la independencia es manifiestamente insuficiente para afrontar el desafío fundamentalista, la pretensión de los yihadistas de enrolar a Túnez en el caos político y la ruina moral que ha hecho posible el éxito sangriento del Estado Islámico o el califato, como se prefiera llamarlo.

Netanyahu desafía a Obama

La insólita situación forzada por el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, después de denostar las negociaciones con Irán durante un discurso pronunciado ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos regocija a los republicanos, que han puesto en un aprieto al presidente Barack Obama, pero emponzoña las relaciones de por sí muy difíciles entre la Casa Blanca y su gran aliado en Oriente Próximo. Al decir que las conversaciones en curso alumbrarán “un mal acuerdo, un muy mal acuerdo, estamos mejor sin él”, Netanyahu llevó hasta sus últimas consecuencias la agria disputa que precede en Israel a las elecciones legislativas del día 17, dominadas por la intemperancia de los oradores, pero hizo más: tuvo un gesto despectivo hacia quien, sea quien sea el vencedor en las urnas, seguirá siendo el gran valedor y defensor de la política isaelí en las instituciones internacionales.

Todo en esa intervención del martes de Netanyahu tuvo el perfil y las maneras de un movimiento oportunista del Partido Republicano, pilotado por John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, que invitó al primer ministro a dirigirse al Congreso sin contar con el beneplácito o al menos el conocimiento de Obama. Pero tuvo también el trasfondo de una campaña que apenas da sus primeros pasos, la correspondiente a la elección presidencial en Estados Unidos, en noviembre de 2016. Y obedeció, al mismo tiempo, a la presión de organizaciones como la American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), con mucha influencia en la política estadounidense, singularmente entre los republicanos, y más singularmente entre aquellos de la hornada afecta al Tea Party y al pensamiento neoconservador.

La alarma de los medios informativos más influyentes de Israel después de escuchar a Obama decir que “el primer ministro no ha ofrecido ninguna alternativa viable”, ocultando apenas su enfado detrás de la contención que impone el cargo, es la mejor vara para medir la trascendencia de lo sucedido. Cuando periódicos tan distantes como Haaretz (progresista) y Yediot Ajronot (conservador) coinciden en criticar la osadía destemplada del primer ministro es que, a poco que se afine el análisis, solo se puede llegar a una conclusión igual o parecida a la del diario Le Monde: quizá esta sea la última vez que Netanyahu pise la Casa Blanca hasta después del 20 enero de 2017, cuando tomará posesión el sucesor de Obama. Por no hablar de la repercusión que el desplante puede tener en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos cinco miembros permanentes más Alemania andan enfrascados en llegar a un acuerdo con Irán antes de julio para limitar el programa nuclear de los ayatolás.

Esta no es la primera vez que Netanyahu choca con su gran aliado. Forma parte de la pequeña historia de la presidencia de Estados Unidos la arrogancia con que se presentó en 1996 ante Bill Clinton, quien, según uno de sus asesores, llegó a decir cuando hubo despedido al político israelí: “Quién se cree que es? ¿Quién es aquí la puta superpotencia?” De la misma manera que son harto conocidas las divergencias manifiestas entre Netanyahu y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que varias veces vio fracasar sus gestiones para que se reanudaran las conversaciones palestino-israelís a causa de la política de asentamientos en Cisjordania. Y todo ello a pesar de la comprensión y el reconocimiento del derecho de Israel a defenderse expresado por Estados Unidos durante las dos últimas operaciones de tierra quemada que han devastado la franja de Gaza.

La gran diferencia entre otras veces y ahora es que en la interpretación del complejo jeroglífico iraquí, en el que Irán es un actor esencial, la Casa Blanca no puede soslayar el hecho de que el apoyo dispensado por la república islámica a los 30.000 soldados de Irak encargados de arrebatar Tikrit al Estado Islámico es, al mismo tiempo, un apoyo indirecto a la ofensiva desplegada por Estados Unidos y sus aliados en Irak y Siria contra los islamistas sin pisar suelo enemigo. Aunque diferentes portavoces han negado a The New York Times que las operaciones del Pentágono estén coordinadas con las de los iranís, eso no pasa de ser una verdad meramente técnica. “Quienes han planificado la guerra en Estados Unidos han estado controlando de cerca la guerra paralela de Irán contra el Estado Islámico”, asegura el periódico, que precisa cómo se articula este control o seguimiento: “A través de diferentes canales que incluyen radiofrecuencias que cada parte sabe que la otra está controlando. Y los ejércitos tratan de evitar conflictos en sus operaciones mediante el uso de centros del mando iraquí como intermediario”.

Esa es la realpolitik en el campo de batalla y no otra, y esa es la gran contradicción republicana: está de acuerdo en combatir al Estado Islámico, juzga incluso insuficiente el despliegue en curso, pero pretende que Irán no saque tajada de la situación, algo poco menos que imposible, aunque disguste a Israel. Diríase que el análisis republicano del momento, con independencia de la estrategia electoral del partido para recuperar la Casa Blanca, parte de un dato equivocado o superado por los acontecimientos: Estados Unidos sigue siendo la potencia indispensable en Oriente Próximo, pero algunos estados de la región –Turquía, Irán– han dejado de ser meros espectadores del diseño de la seguridad en la zona realizado en despachos de Washington y ajustado a las necesidades de Israel en un entorno abiertamente hostil.

Al mismo tiempo, lo sucedido en el Congreso confirma la impresión muy extendida de que, más que nunca, la Administración de Obama anda siempre por detrás de las iniciativas políticas y, en muchos casos, estas condicionan las de Estados Unidos. No es desdeñable el dato de que en seis años de presidencia, Obama no ha obtenido ningún resultado relevante encaminado a poner un parche, ya que no una solución, al agravio palestino. Esa tendencia a ir a remolque explica también la osadía del conservadurismo radical, que ve este momento como el propicio –mayoría en las dos cámaras– para arremeter contra el Despacho Oval antes de que se concrete la candidatura de Hillary Clinton para el próximo año y se desaten las pasiones con la reconocida capacidad de los directores de campaña demócratas para movilizar a la opinión pública. Si Nancy Pelosi, una política brillante, pero que no pasa de ser la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, considera el discurso de Netanyahu “un insulto a Estados unidos”, ¿qué partido sería capaz de sacar Clinton a una situación como la vivida?

La pregunta no es ociosa porque no hay precedentes del comportamiento de Netanyahu, considerado escandaloso por los legisladores más veteranos. Ni siquiera el comportamiento del general Douglas MacArthur en abril de 1951, cuando una semana después de ser apartado del mando de las operaciones en Corea pronunció en el Congreso un discurso demoledor contra el propósito del presidente Harry S. Truman de abrir conversaciones para lograr un alto el fuego. MacArthur fue interrumpido por los aplausos hasta 30 veces, convertido por unos días en estrella de la América conservadora a la que, en plena guerra fría, cualquier transacción con el adversario le parecía una claudicación. Pero no se puede comparar aquello con lo de hoy porque, al final, la comparecencia del general fue un asunto de política interior, entre estadounidenses, mientras que Netanyahu no deja de ser un invitado extranjero que dispara contra la política exterior del Estado que lo acoge.

Como ha señalado Tamara Cofman Wittes, del think tank Brookings Institution, lo peor del episodio es que ha ensanchado la brecha entre los votantes republicanos y demócratas, cada día más escépticos estos últimos en cuanto a la conveniencia de optar de nuevo por la guerra en Oriente Próximo y de enfrentarse a Irán, y, lo que aún es más grave, ha resaltado la oposición de Netanyahu a articular una relación más decorosa con las autoridades palestinas. Porque este y no un acuerdo internacional con Irán es el problema mayor de Israel ante la opinión pública internacional, conmovida aún por los bombardeos del último verano en Gaza. Y así, mientras el Gobierno y algunos de los posibles futuros aliados del Likud la emprenden contra el Ejecutivo de Mahmud Abás mediante una campaña de desprestigio sin resultados, Netanyahu autoriza nuevos asentamientos en Cisjordania. Como si la estrategia a seguir fuese ocultar detrás del eco de discursos altisonantes el aumento constante del censo de ciudadanos israelís en suelo palestino hasta hacer imposible que se lleve a la práctica la vieja fórmula paz por territorios, paz a cambio de la creación de un Estado palestino viable y soberano.

 

 

El califato se nutre del caos

El Estado Islámico (EI) da muestras de tener una facilidad pasmosa para llenar con su presencia nichos políticos de los que se ha ausentado el Estado convencional o en los que cualquier forma de autoridad institucional es meramente simbólica. Si se une a ello la lógica sectaria y el desprecio por la herencia cultural del pasado en todo lo que no está impregnado por el mensaje del islam, se dispone de un perfil muy reconocible de qué es el EI, qué riesgos entraña y qué desafíos plantea. Pero se concreta asimismo la capacidad que los islamistas de Abú Bakr el Bagdadi tienen de contaminar el entorno y desestabilizarlo o implicarlo en una guerra de desgaste cuya duración, muy larga con toda seguridad, es imposible precisar.

El asesinato de 21 cristianos coptos egipcios en una playa de Libia, la decisión del presidente Abdelfatá al Sisi de responder con bombardeos aéreos, el secuestro de un número indeterminado de cristianos sirios de diferentes ritos y, por último, ese vídeo en el que aparecen varios muyahidines destruyendo estatuas asirias varias veces milenarias son la constatación directa y fehaciente de que esos nichos sin Estado en los que se ha instalado el EI presencian un adelanto de los significados explícitos e implícitos que se derivan de la proclamación del califato. El califato ha adquirido la personalidad de un actor político internacional de primer orden y la “adaptación cultural”, citada a menudo por Henry Kissinger como aquella más adecuada a la realidad de Oriente Próximo que la construcción de naciones por la que optó George W. Bush en Afganistán e Irak, apenas encuentra adeptos en Occidente, donde se ha impuesto el convencimiento de que la única solución posible es la militar y cualquier otra está llamada al fracaso.

Según la profesora Tricia Bacon, de la Universidad Americana de Washington, hay por lo menos cuatro factores que distinguen al EI de otras organizaciones islamistas:

-Recursos abundantes (el petróleo de los pozos conquistados en Siria e Irak, el dinero que estaba depositado en los bancos de las ciudades que ha ocupado y los arsenales abandonados sin lucha en el campo de batalla por el Ejército iraquí).

-Propaganda sofisticada (utilización intensiva de las redes sociales para llevar la yihad hasta las salas de estar de Occidente).

-Líder carismático (el califa Ibrahim –El Bagdadi antes– es uno de los agitadores de nuestro tiempo menos fotografiados, pero eso no ha reducido un ápice la fuerza de su llamamiento a la umma –la comunidad de creyentes– para que sea fiel y sumisa a sus designios).

-Ocupación de un territorio donde tiene libertad de movimientos (una vasta región que une partes de Siria e Irak bajo una sola bandera, más la colonización reciente de un reducto en el norte de Libia).

Hay otros dos factores de índole político-religioso-cultural que deben añadirse a los enumerados por la profesora Bacon:

-La explotación del sentimiento de marginación que invade a la comunidad suní de Irak desde la desaparición del régimen de Sadam Husein y la sustitución de este por otro en manos de la mayoría chií desde que Nuri al Maliki fue nombrado primer ministro, cuyos vicios apenas ha podido corregir su sucesor, Haider al Abadi.

-La pugna histórica entre Irán (chií) y las petromonarquías (sunís) por hacerse con la hegemonía en la región del golfo Pérsico, llamado mar Arábigo por los señores del oro negro, una pugna en la que se insertan los acontecimientos en curso y explica en gran medida las ambigüedades de Arabia Saudí y Catar, sobre todo, en relación con el EI, hoy bombardeado, pero quizá ayer financiado o, por lo menos, tolerado.

“El caos amenaza el orden mundial”, sostiene Henry Kissinger en World Order (Orden Mundial), el libro que presentó en septiembre del año pasado. Kissinger parte de la idea de que el orden mundial es “el concepto que tiene una región o civilización acerca de la naturaleza de acuerdos justo y de la distribución del poder a través de ellos para ser aplicados en todo el mundo”. Pero si una región –Oriente Próximo hoy– cobija un movimiento político de tipo insurreccional, que impide sistematizar el reparto del poder, construir un statu quo duradero, el caos está servido. Si se da además la circunstancia de que en la región se desarrolla una disputa entre actores principales, entonces el riesgo de caos es aún mayor. Esa es la situación desde Libia a Irak, con ramificaciones en Yemen y, más allá del mundo árabe, en partes del África subsahariana, Afganistán y Pakistán, hasta donde llegan los ecos del desafío del Estado Islámico, en unos casos, pervive el mensaje de Al Qaeda, en otros, o persiste la connivencia entre el islamismo en armas y algunas instituciones del Estado (el caso paquistaní).

Pareciera, al mismo tiempo, que últimamente se impone la lógica perversa de considerar a los enemigos de los enemigos como amigos propios. De tal manera que, puesto que el presidente de Siria, Bashar el Asad, combate al EI, y el EI es el adversario principal de Estados Unidos y sus aliados, el matarife sirio ha dejado de serlo o al menos lo es menos que cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fijó las líneas rojas que situaron a El Asad a un paso de ser bombardeo por orden de la Casa Blanca. Y esa lógica perversa puede hacerse extensiva a los países del Golfo que, al combatir al EI, debilitan al principal adversario del presidente sirio, socorrido no pocas veces por Irán, a su vez el gran contrincante chií de las monarquías sunís.

“Las relaciones entre el Gobierno de Irak y los estados del Golfo árabes sunís se han tensado considerablemente en el periodo posterior a Sadam, en parte porque el Gobierno de Irak está dominado por facciones chiís políticamente próximas a Irán”, se lee en el informe La crisis del Estado Islámico y la política de Estados Unidos, dirigido al Congreso de Washington. En el mismo informe se subraya que “los resultados de Estados Unidos de una estrategia de fuerza dependen de la participación de otros actores, tanto estatales como no estatales”; es decir, dependen de la implicación de los aliados, se trate de gobiernos o de organizaciones. Entre los primeros se deben contabilizar todos cuantos con más o menos entusiasmo han puesto sus bombarderos al servicio de la causa, pero también realidades tan debilitadas como el Gobierno libio encerrado en Tobruk, que, en teoría, debe ser el encargado de neutralizara orillas del Mediterráneo al Estado Islámico, señor de una parte de la costa oriental del país. Entre las segundas, quizá piensan aún los analistas estadounidenses en las menguadas fuerzas del Ejército Libre Sirio, convertido en poco más que una sombra de sí mismo y desbordado por el dinamismo de los yihadistas.

De lo que es fácil colegir que parecen estar en lo cierto cuantos piensan que la búsqueda de un desenlace solo militar o esencialmente militar no es más que un monumental error de cálculo, un contrasentido que no dará mejores resultados que los errores de cálculo cometidos antes en Afganistán e Irak. En sociedades decepcionadas por el fracaso de las primaveras árabes, singularmente la egipcia, sometidas a las servidumbres de una realpolitik asfixiante y seducidas por diferentes formas de islamismo, más o menos cercano a la ideología espontánea de comunidades abandonadas a su suerte desde hace décadas, carece de fundamentación lógica pensar que cabe suturar las heridas a cañonazos. Se diría que ni siquiera se puede así garantizar el derecho que asiste a los ciudadanos de los países occidentales de sentirse seguros y proteger su modo de vida, sino más bien todo lo contrario. Bien es verdad que nadie sabe con exactitud, más allá de las buenas palabras, cuál debe ser la alternativa para detener el desastre de los estados fallidos y los poderes de facto que desafían hoy a la comunidad internacional, pero una guerra interminable conduce directamente a un futuro tenebroso.

Una losa insoportable

Algo profundamente extravagante y demagógico une en el despropósito y en la tendencia a descubrir una conspiración detrás de cada esquina a los gobiernos, por no decir regímenes, de Argentina y Venezuela. En ellos alienta una afición desmedida a recurrir al victimismo mientras la economía se hunde y la crisis social avanza, a pesar de tratarse de dos países capaces de poner en los mercados recursos más que notables para llevar una vida desahogada. La “embestida mediática y judicial” a la que se refiere Jorge Capitanich, jefe de Gabinete argentino, y este “eje Madrid-Bogotá-Miami” –eje del mal, pudiera decirse– vislumbrado por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, comparten la afición o el recurso por el origen espurio, ajeno a su gestión, de la tragedia nacional. Pero el caso es que no hay forma de esclarecer en qué circunstancias se produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman en su apartamento de Buenos Aires ni en qué presuntos manejos anda metido Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas y destacada personalidad de la oposición, detenido el jueves en su despacho por el Servicio Bolivariano de Inteligencia.

Hay, en cambio, algunas certidumbres en ambos casos que llevan a pensar que los dos presidentes afectados, Nicolás Maduro y Cristina Fernández, han recurrido a la vieja táctica de huir hacia adelante para no tener que enfrentarse lo que quieren dejar atrás: un caos económicos con mal pronóstico y una degradación permanente, interna y externa, de sus gobiernos, de aquellas apuestas de futuro que el presente ha dejado desnudas. En ambos casos, también, se asiste a un proceso de ensimismamiento que convierte a los gestores de los proyectos impugnados por los resultados –el chavismo y el kirchnerismo– en caricaturas de quienes los concibieron originalmente, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. De tal manera, que no solo parecen haber perdido el ímpetu y la vigencia de los primeros días, sino que presentan el perfil clásico de una herramienta de poder manejada por un grupo, tendencia o ideología política con el único o muy principal objetivo de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible.

Las contradicciones en las que ha incurrido la presidenta de Argentina desde que se tuvo noticias de la muerte de Nisman, que la acusaba de haber encubierto la responsabilidad de Irán en el atentado contra la mutua judía AMIA –86 muertos el 18 de julio de 1994–, han resultado tan confusas como poco exculpatorias. Han sido más bien el catalizador de la protesta popular que llenó las calles de Buenos Aires y otras ciudades con una multitud silenciosa que exige diligencia a los tribunales y transparencia a los gobernantes. Ese requisito esencial para que en Argentina, como en tantos lugares, se ponga remedio a la propensión cada vez mayor a entender los salones del poder como aquellos lugares en los que todo es posible y casi nunca honorable, ese cambio en las costumbres que puede restablecer en la política los valores cívicos que a menudo acaban hechos girones.

En el caso de Maduro, más que de contradicciones, cabe hablar de extrañas fabulaciones o suposiciones que, si no lo son, obligan a quien las difunde a aportar pruebas para que la opinión pública esté debidamente informada. Lo único del todo cierto es que el líder opositor Leopoldo López lleva un año en la cárcel y ahora se une a él Ledezma. Y es igualmente cierto que el desabastecimiento, la inflación galopante y la crisis de divisas llevan directamente a Venezuela a un callejón sin salida, que antes perjudicará a los más vulnerables, en cuyo nombre dice actuar Maduro, que a quienes disponen de un margen mayor de resistencia ante la adversidad. Para resumirlo en pocas palabras: Chávez soñó con un petróleo a 200 dólares el barril para financiar la revolución bolivariana, pero anda hoy por los 50-60 dólares, dependiendo de las calidades, y es poco probable que vuelva a cotizarse a los precios estratosféricos de hace seis o siete años.

“Nisman ha pasado a ser el símbolo, para importantes franjas ciudadanas, incluso para aquellas que desconocían la personalidad del fiscal desaparecido, de que el país necesita un cambio copernicano de políticas y de estilos”, escribió el editorialista del diario La Nación, de Buenos Aires. “Un Gobierno que se precia ante los miembros de Unasur de ser demócrata no puede seguir utilizando los tribunales y la fiscalía para perseguir a quienes se le oponen”, se dice en las páginas de Opinión de Tal Cual, uno de los poquísimos exponentes de prensa de oposición que queda en Venezuela. Algo así como que también en Venezuela hace falta un cambio copernicano, una rectificación que legitime esa oferta de nacionalismo socializante que puede acabar el año con una inflación de tres dígitos, insoportable para las economías de los más débiles y ruinosa para el Estado.

Sería ingenuo negar que el Gobierno de Venezuela tiene que hacer frente a poderosos adversarios, pero no es menos ingenuo llegar a la conclusión de que cuanto sucede hoy bajo el paraguas poschavista es fruto de un complot interior con apoyo exterior. Esa fue seguramente la estructura del golpe de Estado que en el 2002 estuvo a punto de triunfar, pero desde aquellas fechas hasta ahora han pasado tantas cosas que es absurdo seguir anclado en las teorías conspiratorias de la historia. Dicho de otra forma, el chavismo se ha revelado como un proyecto ineficaz, insostenible e inclinado al clientelismo político, inspirado a menudo en un modelo –el cubano– asimismo ineficaz y en el ocaso de su ciclo histórico; un modelo que no ha evitado, además, las consabidas luchas por el poder en el seno del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), convertido en una formidable máquina de poder político y agitación popular que propende a estimular el culto a la personalidad: antes con Chávez; hoy con Maduro.

¿Qué decir del caso argentino? Desde el final de la dictadura, los peronistas han entendido las etapas en las que no gobernaron como periodos de excepción, así se tratase de Raúl Alfonsín, un hombre honrado, que de Fernando de la Rúa, un político incompetente. El corralito de 2001 abrió las puertas al regreso triunfal del peronismo e hizo olvidar los errores de Carlos Saúl Menem, y, al mismo tiempo, permitió que cundiera la especie de que con Néstor Kirchner llegaba al puente de mando una tercera vía en la que se mezclaban, nacionalismo, prosperidad y solidaridad continental. Así nació el kirchnerismo, revisión para el siglo XXI del peronismo cuya vigencia entró en crisis en cuanto se pasó del original a la fotocopia (la presidencia de Cristina Fernández), de la posmodernidad a los atrevimientos contables de los cachorros del justicialismo, cuya máxima expresión es Axel Kicillof. Se mantuvo el culto a la personalidad y el recuerdo permanente del magisterio de los difuntos, pero los casos de corrupción lo emponzoñaron todo y ahora más parece que la culpa debe recaer en los comentarios del editor de Clarín, Ricardo Roa, paradigma de la oposición a la presidenta, que en el quehacer lleno de sospechas de quienes gobiernan.

Roa afirma en uno de sus comentarios: “El kirchnerismo se enrosca cada vez más sobre sí mismo. Se sintió dueño del poder para largo y así también se supuso impune en los tribunales. Pero cuando un ciclo se acaba, se acaba para todo”. También el chavismo, el PSUV, los herederos del líder fallecido albergaron este sentimiento de continuidad, de permanencia, de poder largo, pero puede que se hallen a las puertas de su final de ciclo, de ese momento inevitable en el que parece que todo conspira para que nada funcione, para que crezcan los adversarios y no quede más remedio que resistir sin esperanza o desistir. Hay en el discurso último de Maduro todas las señales de agotamiento del modelo, de negación de la lógica para construir un relato de cuanto sucede despegado de la realidad. Y también lo hay en la respuesta de Cristina Fernández y su entorno a las reclamaciones de la calle que protesta, como si aceptar la realidad equivaliese a ser aplastado por una losa insoportable.

 

 

Esperar y ver después de Minsk

Tantos y tan rotundos son los fracasos precedentes en la aplicación de acuerdos encaminados a silenciar las armas en Ucrania que el alcanzado el jueves en Minsk debe acogerse con una sobredosis de prudencia. La distancia entre el proyecto de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de restaurar el orgullo herido por Occidente a raíz del hundimiento de la URSS, y el objetivo europeo, respaldado por Estados Unidos, de sumar Ucrania a la expansión hacia el Este se hallan tan lejos y reúnen tal cantidad de incompatibilidades que mal puede pensarse que 15 horas de negociación sean suficientes para, a partir de aquí, avanzar hacia la concreción de un modus vivendi razonablemente tranquilo. Como subrayan todos los especialistas, se impone el wait and see (esperar y ver), que no gusta a la Casa Blanca, pero que ha ganado adeptos en la Unión Europea, que lo prefiere a la reiteración de errores que han llevado a la situación desquiciada del presente.

Un editorial del viernes del periódico liberal británico The Guardian resumió en una sola frase todas las dificultades que entraña la aplicación de la tregua, la retirada de las armas pesadas, la creación de una zona desmilitarizada y las reformas constitucionales que deben servir para encajar el Donbass en Ucrania: “Los objetivos de Rusia, Ucrania, los separatistas, los europeos y los estadounidenses son tan divergentes que es imposible reconciliarlos”. Porque, para que ello fuera posible, haría falta que se aceptaran por las partes algunos requisitos que hoy, lejos de vislumbrarse, no parece que los implicados puedan compartir. Entre ellos, cuatro parecen tan necesarios como alejados de las intenciones de los contendientes y de los intermediarios –Francia y Alemania– que han acudido a Minsk:

  1. Ningún desenlace de la crisis puede entrañar una debilidad estratégica o política para Rusia.
  2. Ucrania tiene derecho, en el ejercicio de su soberanía, a articular sus compromisos exteriores siempre que estos no dañen la seguridad de sus vecinos.
  3. La minoría rusófona de Ucrania tiene derecho a que se garantice su supervivencia cultural.
  4. La incorporación de la península de Crimea a Rusia es un dato irreversible, salvo que el caso se quiera convertir en la coartada o justificación para eternizar el conflicto mediante una guerra de baja intensidad a las puertas de la UE.

Frente a ese planteamiento realista, que el Gobierno ucraniano y los separatistas –Rusia mediante– debieran tener por razonable, se alza la pretensión de ambas parte de cobrar ventaja o debilitar al oponente, de acuerdo con una lógica político-militar que pone en riesgo cualquier solución negociada. Así se explican la ambigüedad de Putin al anunciar el acuerdo, la obstinación de Petró Poroshenko, presidente de Ucrania, de excluir la federación o la autonomía de la reforma constitucional que debe acomodar con garantías las provincias rusófonas dentro de las fronteras ucranianas y la prudencia extrema de la cancillera Angela Merkel y del presidente François Hollande al levantarse la sesión tras una noche de discusiones a cara de perro o poco menos.

Como afirma el profesor Pere Vilanova, la solución preferida por Putin es “mantener abierto uno más de sus productos de exportación preferidos: los conflictos congelados o estados de facto, como en Osetia del Sur, Abjazia, Transnistria, Nagorno Karabaj, todos obra de Rusia” (por si alguien lo dudaba, la guerrilla del Donbass es una mera ficción táctica para encubrir la injerencia rusa en Ucrania). Pero no puede decirse que la prudencia sea la mayor virtud de Poroshenko, que en plena crisis ha recibido del Fondo Monetario Internacional 17.000 millones de euros y que ve en la UE la tabla salvadora para evitar la quiebra económica del Estado que, quizá, sirva también para conjurar la política. Mientras tanto, en el frente, los combatientes se han esmerado en mejorar sus posiciones antes de la tregua y los separatistas no han dejado de recibir suministros rusos, orientado todo a sacar el máximo partido final –si es que se trata realmente del final– a su situación en el campo de batalla.

El único dato de indiscutible relevancia en la gestión de las últimas semanas de este desdichado conflicto, presunta guerra civil y aún más presunta guerra de liberación, es la comparecencia del eje franco-alemán, pilar primero de la construcción europea, aunque sea a costa de dejar a un lado a Federica Mogherini, teórica responsable de la política exterior europea. Más allá del coste político para articular una diplomacia europea colegiada surgió el peso de la historia en esa madrugada se discusiones en la que estuvieron presentes Merkel y Hollande, sin que ningún socio de la UE discutiera su derecho a hablar en nombre de todos, y aun a condicionar la futura posición de Europa si los acuerdos de Minsk dejan de tener vigencia, si se da el caso de que Estados Unidos rescata su idea de que es necesario prestar ayuda militar a Ucrania para compensar la que Rusia presta a los separatistas.

En la implicación franco-alemana hay el reconocimiento implícito de que es preciso corregir los errores de manual cometidos por Occidente y evitar una reedición de la incapacidad mostrada hace más de 20 años para evitar el incendio de los Balcanes. El oportunismo exhibido por Occidente al desmembrarse la URSS, la expansión de la OTAN hacia el este, como si Rusia no fuese la heredera directa del legado soviético, la instalación del escudo antimisiles en Polonia y la República Checa, que daña irremisiblemente la capacidad de respuesta militar de Rusia, y la pretensión de la UE de atraer a Ucrania en perjuicio de los intereses rusos, aunque se negara tal circunstancia, han inducido la rectificación franco-alemana sin someterla a la consideración de los demás socios europeos pues, en este caso, quizá las consabidas digresiones bizantinas que con frecuencia paralizan a la UE hubiesen hecho imposible el viaje a Minsk. Si la reaparición en primera línea del eje franco-alemán debilita o refuerza el diseño de una política exterior europea, es asunto que seguramente no admite una única respuesta: puede que quede sometida o condicionada por el eje, pero cabe asimismo que el eje la refuerce al soslayar las diferencias históricas entre la tradición anglosajona –asociación cuando no sujeción a la política exterior de Estados Unidos– y la más decididamente europeísta.

Más importante que todo esto es que la intermediación europea caiga en saco roto y que a las primeras de cambio, con cualquier pretexto, lo acordado en Minsk quede en agua de borrajas, porque en este caso es de temer que se lleve a la práctica la opción manejada por la Casa Blanca, secundada con entusiasmo por la mayoría republicana en el Congreso. Y en esa posible guerra más caliente o más comprometida para los países de la OTAN, es decir, para la inmensa mayoría de los socios de la UE, es más que verosímil que rebroten las diferencias y aun la división, los leitmotiv de la guerra fría y puede, quién sabe, que los agravios históricos que los antiguos integrantes del Pacto de Varsovia guardan en la memoria y los agitprop de turno resucitan de vez en cuando. Wait and see.

EEUU duda de nuevo de los saudís

El asesinato de un piloto jordano, quemado vivo por el Estado Islámico (EI), y la venganza jordana de ahocar a dos terroristas condenados a muerte, pero con la pena capital suspendida en el país desde el 2008 , han llevado la degradación moral del caos en Oriente Próximo hasta límites insospechados, si es que ello era o es posible. El relato de los atropellos cometidos por las huestes del califato empalidece cualquier referencia anterior de la crueldad en directo como instrumento de propaganda para sembrar el terror o ganar adeptos, pero las ejecuciones decididas en Jordania, un Estado reconocido por la comunidad internacional y que cabe imaginarle comprometido con el principio de legalidad, resulta demoledor y permite albergar toda clase de dudas sobre las inquietudes de la monarquía hachemí en el plano moral. No hay en esa carrera alocada hacia la aniquilación nada que permita vislumbrar una salida decorosa; se adivina en cambio una influencia cada vez mayor de los partidarios de las soluciones radicales, de aquellos que reclaman una victoria militar por encima de cualquier otro objetivo.

No hay duda de que en el ánimo de Estados Unidos y sus aliados en las operaciones contra el Estado Islámico ha calado de forma mayoritaria el principio de que toda solución, salida, arreglo o mecanismo de control de los islamistas requiere alcanzar tal victoria. Es esta una idea genérica, poco desarrollada y que exige una dirección cohesionada de las operaciones en curso –algo que está lejos de darse ahora–, pero es el enunciado que más partidarios tiene, puesto que se descarta la viabilidad de un desenlace pactado: el EI, el ISIS, el Daech o como llamársele quiera no tiene otro objetivo que diluir Siria e Irak, poner en duda el mapa político de Oriente Próximo y someterlo a sus designios según es fácil deducir de la desaparición de facto de la frontera sirio-iraquí, establecida por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial antes del armisticio de 1918 (acuerdos Sykes-Picot de 1916).

Max Boot, un historiador militar de perfil conservador cuyas ideas tienen gran difusión en Estados Unidos, entiende que el presidente Barack Obama debe asumir que salir al paso del ISIS requiere tomar un mínimo de ocho decisiones, que detalla en un artículo publicado en la web del think tank Council of Foreign Relations. Boot escribe: “Una meta razonable para Estados Unidos no sería ni degradar el ISIS (vaga e insuficiente) ni destruirlo (demasiado ambicioso ahora), sino más bien derrotarlo o neutralizarlo, poniendo fin a su capacidad de controlar un territorio significativo y reduciéndolo, en el peor de los casos, a un pequeño grupo terrorista de alcance limitado”. Y enumera las ocho condiciones que la Casa Blanca debe cumplir:

  1. Intensificar los bombardeos.
  2. Levantar la prohibición de que los soldados de Estados Unidos combatan en tierra (boots on the ground).
  3. Aumentar el tamaño del cuerpo expedicionario.
  4. Enviar unidades de operaciones especiales.
  5. Atraer a Turquía a la guerra.
  6. Declarar el espacio aéreo sirio zona de exclusión.
  7. Movilizar a las tribus sunís de Irak y Siria.
  8. Preparar la reconstrucción Estado después de la guerra en Irak y Siria.

Lo que hace Boot en su artículo es decir en voz alta lo que en muchos despachos se dice a puerta cerrada. Es, al mismo tiempo, un ejercicio de realismo lleno de aristas porque interesa la relación de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN con Rusia, la pretensión de Turquía de no enredarse en un conflicto que excede su capacidad de influencia, el compromiso de los países árabes con la coalición internacional y el coste material de una estrategia más agresiva que la actual (desplazar 10.000 soldados al teatro de operaciones puede costar 10.000 millones de dólares al año). Y entraña también el riesgo de enfrentarse a una opinión pública atemorizada por la degradación de la seguridad en Occidente, pero reacia a afrontar nuevas aventuras militares en Oriente Próximo de suerte incierta que, además, pueden llevar la respuesta islamista a la puerta de su casa.

Aunque eso fuese todo, sería suficiente para comprender que los pasos a dar en la dirección que sea –la indicada por Boot o cualquier otra– son de una gran complejidad en un horizonte lleno de incertidumbres. Pero hay que añadir inexcusablemente las dudas que atenazan a una parte de la Administración de Estados Unidos, más incluso que a la opinión pública en cuanto a la solvencia y lealtad de algunos aliados, de manera especial Arabia Saudí, bajo sospecha permanente de participar en un doble juego: sumarse ahora a la causa contra el Estado Islámico después de haber promovido el fundamentalismo en el orbe musulmán; presentarse como el aliado comprensivo de Estados Unidos después del 11-S a pesar de haber financiado antes a Al Qaeda con desparpajo apenas disimulado por la corte de Riad.

En ese clima de sospecha, no pasa de ser un problema menor la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de mantener sus aviones en tierra hasta que Estados Unidos se comprometa a acudir al rescate de sus pilotos si son derribados por el EI, una consecuencia directa de la muerte del piloto capturado por los combatientes del califato. Lo que realmente importa son las informaciones difundidas estos días por The New York Times, que implican directamente a la familia real saudí, incluido el rey Salmán, que sucedió a su hermanastro Abdulá hace dos semanas. Aquello que realmente preocupa es el contenido de las 28 páginas clasificadas que contienen información recogida por los comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde aparecen los nombres de saudís que prestaron “apoyo crucial a los secuestradores” y están implicados en la financiación del terrorismo. Aquello que de verdad inquieta es si las acusaciones de Zacarias Moussaoui acerca de los planes discutidos en la palacio real de Riad a finales de los años 90 –presidencia de Bill Clinton– para derribar con un misil Stinger el Air Force One son el delirio sin fundamento de un condenado o, quién sabe, las revelaciones de quien no tiene nada que perder y ha decidido poner el depósito de detritus delante del ventilador para salpicar a cuantos más, mejor.

Eso es lo que importa. Mientras sean imprecisas las respuestas a una serie de preguntas que se formulan con lógica insistencia los analistas de los Departamentos de Defensa y Estado, el plan de Boot cojea irremediablemente porque a un problema árabe-musulmán es impensable darle una solución consistente si es fruto de una actuación unilateral de Occidente en la que los gobiernos y las opiniones públicas de la región sean poco más que figurantes. El precedente de Irak está ahí para recordar a todo el mundo cuáles fueron los errores cometidos y en qué desembocaron. Cuando el dedo acusador señala una vez más al príncipe Bandar bin Sultán, embajador saudí en Estados Unidos desde 1983 a 2005 y amigo de la familia Bush, como uno de los financiadores de Al Qaeda, quedan pocas dudas acerca de la debilidad de la coalición que se enfrente al Estado Islámico. Pues si cabe la posibilidad de que la familia real saudí o parte de ella actuara con frecuencia como el banquero encubierto de Al Qaeda, ¿quién puede asegurar que la historia no se repite ahora con el califato? ¿Quién puede garantizar que el califa Ibrahim ha dejado de ser la niña de los ojos de alguno de los clérigos más influyentes de las petromonarquías?

La resolución redactada por el representante demócrata por Massachusetts Stephen F. Lynch, apoyada también por los republicanos, que anima al presidente Obama a desclasificar las famosas 28 páginas de los comités de Inteligencia es un arma cargada de riesgos. Si establece de forma meridianamente clara que los saudís jugaron con dos barajas antes y después del 11-S, agravará la crisis de confianza que mina las relaciones de la Casa Blanca con el palacio real de Riad desde hace más de una década; si el memorial no aclara nada y todo queda en una insinuación, es probable que la comunidad de inteligencia exija realizar nuevas investigaciones, comprometedoras quizá para algunos jeques árabes, para garantizar la seguridad de sus efectivos en Oriente Próximo, como se ha apuntado varias veces en los últimos años. En cualquier caso, la publicación de las 28 páginas será un ejercicio de transparencia, probablemente necesario y al que los contribuyentes tienen derecho, pero que despejará bastante poco las dudas sobre la utilidad o eficacia de la alianza militar que se opone al EI desde el aire.

¿Cuáles son los riesgos si las cosas siguen como hasta ahora?, se preguntan los estrategas del Pentágono y los diplomáticos del Departamento de Estado. La respuesta es tan simple como lógica: la prédica del Estado Islámico puede contaminar la política de Jordania y Arabia Saudí, relativamente convencional hasta ahora en ambos casos, y la de Líbano, desquiciada por la guerra civil siria, la arrogancia militar de Hizbulá y la debilidad de un reparto del poder entre comunidades que impide la cohesión del Estado. Si los efectos de esa contaminación en Siria e Irak son perfectamente medibles, ¿qué consecuencias tendría si se extendiera por toda la región como mancha de aceite? Ningún análisis resulta tranquilizador.

 

Grecia, en el laberinto

A juzgar por la gesticulación de los mercados después de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno griego, se diría que los propósitos de Alexis Tsipras eran poco conocidos o se tomaron como un mero enunciado de objetivos que se guardan en el armario al día siguiente de la victoria. Es posible que las bolsas y el mercado secundario de la deuda esperaran una mayor contención de la coalición Syriza, recién llegada al poder, pero nada de lo anunciado después del primer consejo de ministros se aleja de lo que cabía prever en un país baqueteado por la crisis y que ha hecho saltar por los aires el sistema tradicional de partidos para, por lo menos, recobrar el aliento. Hace tiempo que Tsipras olvidó la quimera de ser el Andreas Papandreu del siglo XXI, como ha recordado el diario conservador de Atenas I Kathimerini, pues él nadó en el mar de ayudas comunitarias que recibió Grecia al ingreso en la Comunidad Económica Europea y el nuevo primer ministro, en cambio, ha encontrado la caja vacía, pero la victoria es demasiado reciente para imaginar que enterrará en el olvido cuanto le llevó al triunfo.

Por la misma regla de tres, la sorpresa causada por el anuncio de Yanis Varoufakis, responsable de los planes económicos del Gobierno griego, de que este no reconoce a la troika –Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo– como interlocutor para renegociar la deuda tiene muy poco de sorpresa y bastante de dificultad previsible o conflicto previsible. De hecho, antes que Varoufakis, Giorgos Katrougalos, ministro de la Reforma Administrativa, declaró sin tapujos al diario Le Monde: “No reconocemos  ni el memorándum ni la troika”. De hecho, ni el ala más radical de Syriza ni Griegos Independientes, sus socios de Gobierno, hubiesen aceptado como punto de partida algo distinto a tan rotunda declaración: los unos, por sus convicciones socializantes; los otros, por su confeso nacionalismo antieuropeo.

A mayor abundamiento, Varoufakis es autor de un libro de título sugestivo: El minotauro global. En él reclama la convocatoria de una conferencia internacional para crear un mecanismo asimismo global de reciclaje de excedentes, una herramienta destinada a evitar que vaya en aumento el empobrecimiento de unos y la opulencia de otros, algo así como un factor de rectificación permanente para evitar que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres, dicho sea sin ánimo de simplificar. Varoufakis no oculta su desconfianza en el mercado como factor de corrección de los desequilibrios y discute su utilidad para aminorar las desigualdades favorecidas por la crisis de 2007-2008. Es difícil que quien así piensa pueda de buenas a primeras echar al cesto de los papeles aquello que siempre ha defendido y que ha caracterizado su discurso de intelectual comprometido.

De momento, nadie ha pedido a Tsipras y a Varoufakis que dejen de serlo para tranquilizar al establishment europeo, cuyos sueños perturba la victoria de Syriza desde la noche del 25 de enero. Pero incluso en el caso de que tal cosa sucediera, los asustados seguirían asustados y los euros seguirían en fuga –fuga de capitales–, tal cual está sucediendo en Grecia desde hace tiempo. Porque existe una incompatibilidad manifiesta entre el antedicho establishment, que dicta el camino a seguir para sanear las cuentas griegas, y el equipo de Tsipras, y existe otra incompatibilidad, histórica esta, entre la nebulosa social que ha dado la victoria a Syriza y la cortísima lista de apellidos ilustres, dueños de facto del Estado y de sus vicios, que se remonta a los orígenes mismos de la Grecia surgida de la guerra civil (1946-1949). La primera incompatibilidad afecta al programa de rescate (a su aceptación y ejecución en términos durísimos); la segunda interesa el coste asociado al reparto de papeles en la estructura social griega, donde forma parte de la tradición el absentismo fiscal de la Iglesia ortodoxa, de los oligarcas del sector naviero y, en general, de cuantos son titulares de una parte sustancial de la riqueza de la nación.

Quizá el enfado sin disimulo del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, al final de su estancia del viernes en Atenas sea la primera manifestación concreta de esa incompatibilidad casi genética entre los fundamentalistas de la austeridad y los sacrificios para salir de la crisis y los partidarios de proceder a un reparto equitativo de las cargas para evitar que los dislates presupuestarios de gobiernos como los de Grecia de distinto signo –practicaron alegremente el deporte de amañar los libros de cuentas– caigan en exclusiva sobre las espaldas del ciudadano medio, vulnerable por definición cuando se esfuman los salvavidas sociales. Por no hablar de la doble o triple vara de medir de los gestores de la crisis, que lo mismo aprietan las tuercas a Grecia que perseveran en la comprensión con Francia e Italia, cuyo PIB es, respectivamente, 6,5 veces y 8,5 veces mayor que el griego (unos 215.000 millones de euros). Pues si no hay más senda por la que transitar que la de la austeridad para Grecia, según se desprende de las apreciaciones de Angela Merkel filtradas a la opinión pública, pero no así para otros países, cuya importancia sistémica, como ahora se dice, nadie discute, habrá que concluir que la descohesión social europea es algo más que un riesgo en un futuro no deseado.

Dicho todo lo cual no queda más que admitir que Grecia solo puede salir del laberinto del minotauro europeo mediante un acomodo de su programa a las exigencias de sus socios de la UE, quizá mediante un hilo de Ariadna que, a la manera de Teseo, guíe sus pasos hacia la salida sin sufrir mayores males de los ya soportados por una población a un paso de la inanición. Ese hilo, esa pista a seguir, ha de tener la forma de pacto entre Grecia y aquello que, aun siendo la troika, no lo parezca o no se llame así, pero sirva para suavizar las condiciones de la devolución de la deuda –así en los plazos como en las condiciones y cantidades a pagar– a cambio de encarar con determinación las reformas estructurales de la economía griega, adormecida en el sueño del turismo y retrasada en todo lo demás: combatir el fraude fiscal, elaborar un catastro, aumentar la competitividad y así hasta completar un largo etcétera. Ese trueque, según el término utilizado por el profesor Josep Oliver en estas páginas, no es el gran hallazgo que sanará al enfermo en un abrir y cerrar de ojos, pero sí puede ser la fórmula que evite más sufrimientos a una sociedad doliente y, al mismo tiempo, apacigüe a los acreedores más exaltados, aquellos que ven en Syriza un compendio de todas las radicalidades a través de su propia radicalidad de defensores implacables de las exigencias de la troika.

Si esa salida o remiendo hace saltar por los aires las reglas del juego en el seno de la Unión Europea y da alas a los partidos o coaliciones que pueden salir más baratos a los ciudadanos –Podemos en el caso español–, de acuerdo con una idea expresada por Josep Piqué en Barcelona esta misma semana, es algo que está por ver, pero el pacto es ineludible si tiene que casar la decisión democrática de los griegos de dar el Gobierno a Syriza con la exigencia europea de que las deudas son de pago obligado. Cualquier otra alternativa se antoja imposible, cuando no arriesgada y profundamente desestabilizadora tanto para Grecia como para Europa en su conjunto, así sea la grexit (salida del euro), el bloqueo sine díe del último tramo del segundo rescate o alguna maniobra encaminada a convencer a los griegos de que votaron en un sentido equivocado y conviene que rectifiquen. Sería tanto como someter a una revisión violenta, apresurada y arbitraria el acervo político de la UE que, en este caso sí, tendría consecuencias: alimentaría las expectativas de los euroescépticos, de los nacionalismos exacerbados, de la extrema derecha rampante y de cualesquiera otros adversarios de la unión, dispuestos a sacar partido a cualquier crisis en cualquier momento.