Nadie ganará en Grecia

Todos los referéndums se convocan con el propósito de ganarlos, y el de este domingo en Grecia no es una excepción, aunque a causa de la confusión que envuelve la crisis griega, la victoria del Gobierno de Alexis Tsipras radica en el no (a la propuesta de los acreedores) y la derrota se halla en el . No es esta la primera ni la mayor de las confusiones. También resulta francamente oscuro el hecho de que se someta a referéndum un programa de actos que, en la práctica, el convocante da por vencido e inservible y trabaja sobre la hipótesis de una nueva propuesta incompatible con la que se votará. Y no lo es menos que a solo tres días del referéndum se divulgue un informe del FMI que, grosso modo, alerta de que la deuda griega es inasumible –¡gran descubrimiento!– , muy probablemente harán falta 51.500 millones de euros adicionales para suturar la herida y, claro, será precisa una quita que aligere la montaña de millones que se supone debe salir del bolsillo del contribuyente griego de aquí a la eternidad.

Esa confusión o propensión a violentar la lógica tiene que ver en gran medida con la tendencia a abordar la crisis desde planteamientos binarios: la propuesta de la troika, ahora ya no llamada así, y la de Tsipras-Varoufakis; la supuesta solidez conceptual del establishment europeo (conservadores, liberales y socialdemócratas) y la heterodoxia presuntamente utópica de Syriza; la intolerancia alemana frente a intolerancia griega; la hipotética insensibilidad social de la derecha frente a las presumibles inquietudes sociales de la nueva izquierda. Y así hasta llegar a un punto de no retorno, a este referéndum con el que, gane el o gane el no, nadie ganará al final de un portentoso error de cálculo colectivo, aquel que llevó a las acreedores a creer que, a última hora, el Gobierno griego cedería mediante un apaño presentable a sus votantes, y aquel otro que indujo a Syriza a medir mal sus fuerzas y a pensar que, con la suerte del euro en juego, o eso creyó, era posible lograr un acuerdo menos gravoso que los suscritos por los gobiernos que le precedieron. Nadie es inocente en ese disparate ejemplar que subraya la precariedad de fondo del proyecto europeo en cuanto se complican las cosas y, como en este caso, se ausenta la política y todo se circunscribe al análisis económico.

Debió de tenerse por mal presagio la opinión vertida hace unos días por Luis de Guindos al adelantar que la solución al problema debía ser económica y no política. Podía haber dicho, pero no lo dijo, que el desenlace debía ser a un tiempo político y económico; debía haber poseído el ánimo de ambas partes que la argumentación política de la salida de la crisis debía legitimar la económica, así en Atenas como en Bruselas, pero no fue así. Lo que sucedió, en cambio, es que los gobiernos de los países baqueteados por la salida de la crisis hasta extremos de sobra conocidos, España entre ellos, se aplicaron en reclamar a Grecia hasta el último céntimo de la deuda y, otra vez España, aprovecharon de paso el momento para desacreditar a fuerzas emergentes que, con más o menos fundamento, aplauden al Gobierno griego y quizá antes de Navidad sean determinantes en el resultado de las elecciones legislativas para configurar una nueva mayoría.

Resulta revelador que, en medio de la crisis del euro, el presidente Mariano Rajoy no deje pasar ocasión para asaetear a Alexis Tsipras con sus críticas, como si fuese con él con quien deberá medir sus fuerzas antes de acabar el año. Resulta revelador porque, en la estrategia conservadora europea, la ruina del primer ministro griego equivale a la de Podemos y, por extensión, a la de todos los movimientos políticos emergentes que ponen en duda la orientación de la cultura político-económica hegemónica en la Unión Europea. La única forma de neutralizar a los adversarios del modelo es garantizar el fracaso de toda alternativa y desprestigiar a sus aliados, a cuantos estiman, como el partido de Pablo Iglesias, que el referéndum es un recurso democrático y una manifestación de soberanía.

Esa cicatería conservadora de vuelo gallináceo salió reforzada con los excesos verbales de los negociadores griegos, su desprecio por los requisitos técnicos de la negociación y su dificultad para aceptar la realidad, unida a la ortodoxia de los eurócratas y a la suposición de que, con las cifras de crecimiento del PIB griego antes de la victoria de Syriza, era posible a medio plazo solventar la crisis (nadie se molestó en calcular la cuantía de los costes sociales al final del camino). La arquitectura del euro descansa sobre supuestos en las antípodas neokeynesianas que han llevado a Paul Krugman y a Joseph Stiglitz a declararse partidarios de que los griegos den la victoria al no. El plan expuesto por Jean-Claude Juncker al inicio de su mandato para reactivar la economía no es más que un tímido mecanismo de corrección de las servidumbres impuestas por Alemania a todos los europeos: austeridad y contención del gasto. El euro no es, como el dólar, la moneda única de un Estado único, sino la moneda única de 19 estados que están lejos de presentar un mismo o parecido perfil.

La camisa de fuerza económica que Krugman ve para Grecia en el euro responde, en gran medida, a la imposibilidad que tiene Grecia de actuar con su moneda tal cómo podría hacerlo si no fuese la de otros 18 estados. Pero Grecia no puede prescindir de esa camisa de fuerza sin grave quebranto. Resucitar la dracma significaría poner en circulación una divisa sin apenas valor de mercado, algo que no escapa al análisis de la situación que hacen muchos ciudadanos griegos cuando, en medio de la pesadilla, prefieren seguir en el euro a embarcarse en aventuras de final más que incierto, de ahí el empate técnico del con el no a pesar de la popularidad de la que aún disfruta el Gobierno de Tsipras, que promueve el no. De ahí, también, el empeño de Barack Obama de mantener a Grecia en el euro para evitar que, acuciado por la asfixia económica, se rinda a los cantos de sirena de Rusia y debilite el flanco sudeste de la OTAN en compañía que no aliada con Turquía.

De forma que si alguien se siente vencedor la madrugada del lunes deberá manifestar su alegría sin mencionar las consecuencias de su victoria porque, de hacerlo, quedará al descubierto que tal victoria es inexistente. Sí gana el no, el Gobierno de Tsipras volverá a la negociación con un nuevo plan, renegociación de la deuda incluida, que sus interlocutores no aceptan con el beneplácito de Alemania, y con el 20 de julio como nueva fecha decisiva (pagos por valor de más de 3.000 millones).Si gana el , quizá los acreedores echen las campanas al vuelo, pero se abrirá en Grecia un periodo de provisionalidad con la probable caída del Gobierno, creciente inestabilidad y quizá una inevitable convocatoria electoral, una situación incompatible con la dinámica de negociaciones que requiere el momento. Horizontes lúgubres encerrados en nubes de tormenta, con el corralito camino del corralón y el futuro del euro, de las primas de riesgo y de la solvencia de otros socios de la moneda única prendido con alfileres.

Puede que haya quienes ven en esa crisis cada vez más compleja el momento ideal para la catarsis de la que debe salir reforzada la identidad europea y la complicidad entre socios. Pero ese enfoque parece fruto de un exceso de optimismo porque se antoja imposible que cuanto está sucediendo no cause algún daño a la moneda única, a la complicidad necesaria entre estados y al apego de muchos europeos hacia la Unión Europea. Sobre todo si el establishment se obstina en presentar su recetario como el único posible y, diciéndolo o sin decirlo, deslegitima cualquier otra opinión que se salga de lo que ahora todo el mundo llama mainstream, que no quiere decir otra cosa que corriente dominante. Una corriente que, no por ser mayoritaria, es seguro que sea la única que está en lo cierto, la única posible, la única que redundará en una vida mejor para los ciudadanos por más que así se presente.

Paroxismo yihadista

Las matanzas del viernes sitúan el conflicto entre los yihadistas y el resto del mundo allí donde estos desean. Las muertes en Susa (Túnez), en Kuwait y en el centro de Francia, a pocos kilómetros del aeropuerto de Lyon, sirven al Estado Islámico para mandar un mensaje inequívoco a la comunidad internacional en cuanto a su determinación de colonizar las voluntades en el mundo musulmán, apartarlo de Occidente y dejar sin efecto las estrategias puestas en marcha en varios países europeos, especialmente en Francia, para buscar una gestión intermedia del problema (no solo en el campo de la seguridad). Los turistas muertos en una playa tunecina, los fieles que rezaban en una mezquita chií en Kuwait y el hombre decapitado por uno de sus empleados en Saint-Quentin-Fallavier son víctimas inocentes de una estrategia política obscena, no de una improvisación u oportunismo en pleno Ramadán.

El golpe de Túnez debilita la complejísima transición del país desde la autocracia de Zine el Abidine ben Alí a la democracia. Túnez es la antítesis del proyecto político fundamentalista: se trata de un país musulmán con una larga tradición laica que aprobó en el 2014 una Constitución aconfesional en la que se consagra la autonomía del individuo como sujeto político sin distinción de sexo, creencia o cualquier particularidad referida a su vida privada. Túnez es, además, por el peso determinante del turismo en su economía, un país que precisa una sociedad abierta, donde la tradición no bloquee el futuro. El asalto en marzo del museo del Bardo (17 muertos) dejó en una situación de precariedad extrema el proyecto tunecino al poner en marcha un eficaz mecanismo para ahuyentar al turismo; los muertos del viernes en la playa de Susa quizá sean la lanzada definitiva en el costado de un pequeño país en el que el islamismo político supo retirarse a tiempo del poder para dejar que otros lo sacaran del atolladero.

La elección del objetivo en Kuwait tampoco es fruto del azar, pues el Estado Islámico, de acuerdo con la tradición wahabí, considera herética la rama chií del islam y, por lo tanto, el ataque contra una mezquita en pleno Ramadán carece de otra significación diferente a la guerra emprendida por el fundamentalismo suní contra cuanto se aparta de la ortodoxia. En la mentalidad sectaria y de ocupación del espacio político que distingue al Estado Islámico, que el ataque coincida o no con el Ramadán es irrelevante: lo que realmente cuenta es dañar a los adversarios mediante una lucha cuya legitimación es consecuencia del combate contra cuantos no se atienen al islam verdadero, aquel que constituye la herramienta ideológica de la prédica yihadista.

Así concebido el camino a seguir para imponer el califato, la matanza de turistas y el debilitamiento consiguiente del proyecto político tunecino es tan legítima como la de musulmanes kuwaitíes chiíes durante la plegaria del viernes: en ambos casos, se trata de acciones encaminadas a combatir la apostasía en tierra del islam. Puede parecer una simplificación, pero no lo es toda vez que la fundamentación ideológica de los yihadistas –no solo del Estado Islámico– es entender como apostasía todo aquello que, en el seno del islam, se aparta de su concepción del mensaje del profeta. De ahí que ningún musulmán que no comparta el ideario de los combatientes pueda sentirse a salvo de la persecución vesánica emprendida por los seguidores califa IbrahimAbú Bakr el Bagdadi hasta junio de 2014–, así se trate de observantes piadosos de los preceptos coránicos, de líderes religiosos consagrados o de pacíficos laicos que promueven la neutralidad del Estado en materia religiosa.

En Francia se da una complejidad añadida: el encaje en una sociedad secularizada de comunidades de tradición musulmana. Si los atentados del 7, 8 y 9 de enero contra la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo, una policía de carretera y un supermercado kosher elevaron al máximo la preocupación europea ante el desafío yihadista, el golpe en el centro del país contra una instalación industrial pone de manifiesto en grado sumo la vulnerabilidad de cualquier ciudadano, en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero también la capacidad de adaptación al medio de los terroristas –Yassine Salhi, el presunto atacante de la factoría Air Products, había sido fichado como salafista–, listos para transformarse en agentes del caos cuando la ocasión se presenta y vecinos sin ninguna relevancia hasta que llega el momento de actuar.

Nada de todo ello escapa al escrutinio de los especialistas de primera línea con que cuenta Francia. Con solvencia y tino variables, pero siempre consistentes, Alain Gresh, Olivier Roy, Jean-Pierre Filiu y Gilles Kepel, entre otros, han buscado una explicación a cuanto, al final, se ha convertido en un problema de seguridad colectiva para musulmanes y no musulmanes en Francia, en particular, y Europa, en general. Han buscado también las raíces del desafío yihadista al otro lado del Mediterráneo y han coincidido con matices en la idea de que la crisis no puede abordarse solo en términos de seguridad, con planteamientos militares o de guerra abierta –nosotros y ellos o nosotros contra ellos–, pero el acercamiento al problema de los estados, Francia incluida, es sobre todo o en exclusiva militar y policial, con el ingrediente añadido de que la implicación francesa en Níger, en Mali y en la coalición internacional que combate desde el aire al Estado Islámico en Oriente Próximo agrava los riesgos.

Cree Jean-Pierre Filiu que ninguna mejora es posible sin una intervención decidida y definitiva en Siria e Irak (Yihadistán), núcleo desde el que se expande el combate fundamentalista. Pero tal planteamiento, que no es incompatible con la terapia social apuntada por el primer ministro de Francia, Manuel Valls, después de los atentados de enero, podría no ser más que una opción equivocada o contraproducente si se corresponde con la realidad la opinión expresada por Mohamed Ali Adraoui en el último número de la revista Afkar/Ideas: “El islam radical y violento, ya convertido en oferta identitaria globalizada, se dirige tanto a los fieles deseosos de reaccionar frente a las humillaciones que creen sufrir, humillaciones que supuestamente rebasan la utopía de una sociedad justa y fuerte que proteja a la umma [comunidad de creyentes], como a los grupos que suelen constituir la base social de los movimientos de extrema izquierda”.

Más allá de las diferentes aproximaciones al fenómeno, domina en la opinión pública europea, musulmana o no, y en la de los países de tradición islámica una mezcla de temor y desorientación. En esa atmósfera de confusión extrema encuentran el campo abonado los promotores de soluciones radicales –la extrema derecha europea, en particular– y de llamamientos para recuperar las señas de identidad propias por oposición o contra las venidas de fuera: las occidentales, instaladas en el orbe musulmán, y las musulmanas, afincadas en Europa. Al mismo tiempo, los gobiernos carecen de mensajes convincentes que neutralicen la sensación de triunfo que transmiten los profetas del apocalipsis occidental, los ideólogos del martirio con un cinturón de explosivos y los predicadores de la vuelta a los orígenes del islam. Y quizá carecen de poder de convicción porque acaso sea imposible tenerlo cuando los peores presagios se cumplen a tal velocidad, un día sí y otro también, que no es posible sistematizar el conflicto entre el yihadismo y el resto del mundo –Occidente al menos– salvo para llegar a la fácil conclusión de que empeora sin cesar.

Grecia, penúltimo acto

Nada puede ser peor para el futuro de la Eurozona que la salida de Grecia del euro y quizá de la Unión Europea. Por malo que sea el acuerdo que se pergeñe para que Grecia se mantenga en la moneda única, siempre será mejor que el tormentoso horizonte más o menos intuido por todo el mundo si el Grexit se hace realidad. Quizá sea este el juego de los gobernantes griegos, que, como tantas veces ha sucedido en la historia de la UE, han llevado a la organización al borde del abismo con la inestimable ayuda de varios de los negociadores que han dado voz al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europa. Quizá sea este el juego griego o quizá al primer ministro Alexis Tsipras no le quede más juego que este, presionado por el ala más radical de Syriza, alianza heteróclita donde coexisten tantas interpretaciones de la crisis, de la deuda y del pago de la deuda como izquierdas quepa imaginar.

Esa es una posibilidad que no hay que descartar, antes bien, resulta más que verosímil que el gran obstáculo para Tsipras esté en Atenas y no en Bruselas. Esto es, que aquello que confusamente sale de la mesa de negociación europea podría ser asumido por una parte del Gobierno griego como un mal menor, pero podría adquirir la naturaleza de casus belli para la facción de Syriza menos dispuesta a aceptar una solución que no incluya una quita y que no blinde lo que queda –cada día menos– del Estado de bienestar antes de hablar de más reformas. Un informe-auditoria de la deuda elaborado por el Parlamento griego, y filtrado el jueves, ha suministrado munición a quienes están menos dispuestos a transigir: se dice en el texto final que una gran parte de lo adeudado es ilegal, ilegítimo y odioso. Pero la deuda existe y adjetivarla sirve para arrancar los aplausos durante un mitin en la plaza Syntagma, pero no para dar con una puerta de escape o para conjurar el gran riesgo: que la herida de Europa sea más grave con Grecia fuera del euro que con Grecia dentro de él.

Más grave para Europa y para la propia Grecia, cabe precisar. Pues es una incógnita absoluta saber qué consecuencias de futuro tendría en la economía y en la sociedad griegas la salida del euro y, debe repetirse, puede que de la UE. Es un enigma indescifrable dar un valor de cambio a una dracma resucitada, aventurar quién y cómo prestaría dinero al Estado griego, hasta qué punto sería inevitable un corralito, cuál sería la capacidad de resistencia de los bancos griegos antes de desplomarse y cómo se podría contener la fuga de capitales y la retirada de depósitos, que con intensidad creciente –1.000 millones al día esta semana– forma parte de la historia griega de los últimos años. La suposición de que la banca rusa acudiría en ayuda de las finanzas griegas, inducida por el presidente Vladimir Putin, deseoso de incomodar a la UE, resulta tan efectista como improbable (las sanciones a raíz de la crisis ucraniana han dañado la economía de Rusia); en todo caso sería una operación entre simbólica e insuficiente para limitar los daños (suministro de gas y petróleo como parte de la cooperación energética acordada el viernes). Esa es la realidad y no otra.

“Europa debe salvar a Grecia. Las consecuencias de que permanezca en la Eurozona serán malas, pero las de que se vaya serían aún peores. No solo económicas, sino humanas, geopolíticas e históricas. Europa no volvería a ser la misma”, escribía hace unos días alguien tan alejado de las visiones apocalípticas como Timothy Garton Ash. Es muy verosímil que tenga razón, que una exclusión de Grecia del tablero europeo resultase más costosa en términos de estado de ánimo colectivo, de raíces culturales y de identidad común que en términos económicos. Porque todo el mundo sabe que la deuda griega es impagable, salvo una renegociación realista de las cantidades y los plazos. Es imposible que pueda pagar un país de 11 millones de habitantes, con un PIB de 180.000 millones de euros, una deuda equivalente al 180% del PIB y un entramado social y productivo devastado por la crisis. Resulta más que difícil que los acreedores dispongan de un modelo matemático humanamente soportable para recuperar el dinero que se les adeuda (por encima de los 300.000 millones de euros).

Deuda griegaDe aquí al 30 de junio, cuando Grecia deberá pagar 1.600 millones de euros al FMI, es de prever una guerra de nervios en el seno de la UE, pero también en las bolsas y en el mercado de la deuda, potencialmente muy costosa esta última para países como España. Si al acabar junio el Gobierno griego no ha percibido los más de 7.000 millones de euros correspondientes al último tramo del segundo rescate, es poco probable que pueda eludir la suspensión de pagos y, a partir de ahí, todos los males imaginables hasta llegar a la quiebra financiera después de no atender el reembolso de 3.200 millones de euros al BCE previsto para el 20 de julio. ¿Está la UE preparada para afrontar ese desaguisado sin sufrir daños irreparables en su solvencia como organización en el presente y en su viabilidad como proyecto de futuro? ¿Está la opinión pública griega preparada para adaptarse a las consecuencias de una marginación o exclusión de su país del relato europeo?

Desde un punto de vista meramente técnico, la reforma de las pensiones, estimular el crecimiento, rebajar el presupuesto de defensa, lograr este año un superávit primario del 1% y acelerar la reforma fiscal son medidas con sentido para salir del atolladero. Pero lo son menos en un paisaje dominado por el dato dramático de que un tercio de la economía griega –el 25%, según los más optimistas– se ha esfumado de una forma u otra en los últimos siete años. El diagnóstico publicado en EL PERIÓDICO por el profesor Josep Oliver llega a la conclusión de que “es momento de proyectos políticos de largo alcance”, pero no puede evitar una sombra de pesimismo razonado: “A la luz de los fracasos de estos últimos años, asistiendo a una debacle, la griega, que nadie desea, pero que parece cada vez más probable, se me hace difícil imaginar si nuestros líderes serán capaces de tomar la alternativa”. Una realidad que ensombrece de antemano el Consejo Europeo extraordinario del lunes, donde lo peor que puede suceder es que el léxico economicista se imponga una vez más al pacto necesario después de medio año de diálogo de sordos.

Otras voces comparten el pesimismo razonado de Oliver. Jeffrey D. Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, considera “petulantes, ingenuas y fundamentalmente autodestructivas” las demandas de Europa destinadas a asegurar el reembolso de la deuda griega. “Al rechazarlas –dice Sachs–, los griegos no están jugando; están intentando sobrevivir”. “Grecia afronta una tragedia económica”, opina Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Para el nobel Paul Krugman, debería existir “una alternativa medianamente decente”, que evitara la salida de Grecia del euro y el terremoto subsiguiente en toda Europa. Sachs, Summers y Krugman, desde trincheras ideológicas bastante diferentes, coinciden, sin embargo, en un reproche más o menos implícito: la torpeza política de la UE. Acaso debiera añadirse la mezcla de bisoñez y altanería del Gobierno griego al creer que la contundencia de su victoria electoral le reportaba un plus de fortaleza negociadora más allá de sus fronteras (tesis de Yanis Varoufakis) que, a la hora de la verdad, ha brillado por su ausencia.

Lo cierto es que ha pasado la hora de los análisis del pasado, de los errores cometidos en el nacimiento del euro, de la permisividad del sistema financiero en la concesión de créditos durante el ciclo expansivo, de la prestidigitación con las estadísticas practicada por varios gobiernos griegos, de la tolerancia o la complicidad de Europa en todo ello, del precio pagado por la austeridad. La teoría de juegos, de la que Varoufakis es un brillante especialista, tampoco tiene cabida ahora, salvo que se trate de jugar al tres en raya, donde la victoria entre contendientes avisados es imposible. Porque no queda tiempo más que para poner un parche y evitar que progrese la enfermedad hasta matar al enfermo.

El profesor Sachs recuerda en su diagnóstico del problema griego un pasaje del libro de John Maynard Keynes Las consecuencias económicas de la paz, publicado al final de la primera guerra mundial, cuando el Gobierno de Estados Unidos porfió para asegurarse sustanciosas reparaciones de guerra: “¿Querrán los pueblos descontentos de Europa, en la generación venidera, ordenar sus vidas de tal forma que una parte apreciable de su producción diaria se dedique a hacer un pago externo? En una palabra, no creo que ninguno de estos tributos se siga pagando más que, en el mejor de los casos, unos pocos años”. ¿Es posible que el Consejo Europeo no sea capaz de comprender, como Keynes en su día, que ningún acuerdo puede descansar sobre el futuro de, por lo menos, una generación? ¿Cree el Gobierno griego que puede salir airoso del lance sin presentar un plan técnicamente consistente y políticamente defendible? ¿Están dispuestos, en suma, a aceptar unos y otros que, sea cual sea el desenlace, tendrá por fuerza un altísimo coste político que habrán de justificar ante la opinión pública, y que deberán pechar con sus consecuencias? Si no lo están, el proyecto europeo quedará malherido y no solo el futuro de Grecia.

 

Europa, divida por la desconfianza

Mientras la renegociación de la deuda griega se adentra en un laberinto cuyo trazado, como el del Minotauro, nadie conoce, la UE se atasca o se divide a causa de la negociación del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), tecnicismo barroco aplicado al futuro acuerdo de libre intercambio comercial y de inversiones que negocia con Estados Unidos. Una mezcla de recelos fundados, antiamericanismo y desconfianza ante posibles realidades o consecuencias encubiertas por el discurso oficial han llevado la discusión al terreno de las amenazas que se ciernen sobre la Europa social, el control de las multinacionales y, sobre todo, las garantías jurídicas en el caso de que surjan litigios entre estados y empresas o gestores financieros. La Europa socialmente comprometida, escamada por la gestión de la crisis y los consiguientes costes, teme entrar sin ovillo en el laberinto del Minotauro, ser derrotada cuando dé con él y no tener siquiera la posibilidad de dar marcha atrás y salir del embrollo siguiendo el rastro –el hilo– que fue dejando según avanzaba.

El gran razonamiento de quienes han puesto manos a la obra y dirigen las operaciones –la comisaria Cecilia Malmström y su equipo– es que se trata de sacar el máximo partido a un mercado de 800 millones de consumidores y unos intercambios que en el 2014 alcanzaron los 980.000 millones de euros. Aquello que lleva a la Europa progresista, a la izquierda clásica y a la organizada en movimientos sociales emergentes –Podemos en España– es el coste humano, de calidad de vida y de conservación del medio ambiente que puede tener el TTIP. “El temor es sobre todo conceder demasiado poder a las multinacionales y abrir nuestros supermercados a productos que no garanticen los mismos estándares de seguridad conquistados por los consumidores europeos”, publicó hace poco el diario progresista italiano La Repubblica. Puede decirse que el problema no son los aranceles, sino el pollo clorado, la carne hormonada, los derechos de autor, los transgénicos y la legislación social, capítulos en los que Europa saca varios cuerpos a Estados Unidos.

La crisis de la última semana, que ha impedido la discusión en el Parlamento de una parte de las negociaciones en curso, ha puesto de manifiesto que la desconfianza no ha anidado solo en la izquierda radical o alternativa, sino también en el Partido Socialista Europeo. No hay en la corriente central de la socialdemocracia un pensamiento dominante que, como sucede en las filas conservadoras y liberales, solo vea ventajas en el acuerdo con Estados Unidos, sino más bien todo lo contrario: incuba toda clase de temores frente a la propensión de la Comisión a ver en el TTIP una lista inacabable de beneficiosas oportunidades. Quizá debiera decirse que lo sucedido entre martes y miércoles ha sido la prueba del nueve de que los trabajos han llegado a un punto en el que los rasgos diferenciadores de la UE han parecido sometidos a amenazas futuras –reales o no es solo relativamente importante–, y se ha producido un movimiento de repliegue ante la respuesta a una doble pregunta: ¿de dónde venimos y adónde vamos? Porque los recelos se refieren tanto a lo que digan los textos como a la interpretación y aplicación práctica de los mismos.

Al mismo tiempo que liberales y conservadores se remiten a los 30 millones de europeos que trabajan en el sector exportador –1,6 millones en España–, los temerosos de dejar maltrecha la Europa social se refieren a las más de 200 enmiendas presentadas a lo que, enigmáticamente, se denomina Investor-State Dispute Settlement (ISDS), esto es el mecanismo para solucionar los conflictos que eventualmente puedan surgir entre estados y empresas (multinacionales las más de las veces). Así, tres eurodiputados verdes han publicado en el diario británico The Guardian una carta en la que presentan las enmiendas a la resolución de litigios mediante tribunales privados como el indicador fehaciente de la “pasión que esta alianza ha despertado, la división política que ha abierto y el grado de oposición del público”. Lo que, siendo cierto, no es lo más relevante. Lo más sobresaliente es que, por fin, la ruta hacia el TTIP ha salido del secretismo o la opacidad –la Comisión de Jean-Claude Juncker ha querido iluminarla por medio de un apartado específico en su web–, y ha dado pie a una discusión fundamental para alcanzar a ver de dónde venimos y, ¡ay!, acaso a descubrir hacia dónde nos empujan a ir o pretenden que vayamos.

Entiéndase bien: la discusión del ISDS no es un asunto meramente técnico que no afecta al europeo medio. Es, por el contrario, algo que puede interesar el control de los estados sobre el comportamiento de las multinacionales o, por decirlo de otra forma, puede entrañar la pérdida de control sobre los grandes conglomerados empresariales y financieros. Porque si las disputas quedan en manos de tribunales privados –aquellos formados por acuerdo previo de las partes enfrentadas, mediante la designación de un juez por cada una ellas, más un tercero pactado por ellos dos–, sin posibilidad de recurrir a instancias superiores, se pone en riesgo –al menos, lo parece– la seguridad jurídica, piedra angular de la lógica garantistas característica de Europa. Por el contrario, si las disputas deben dilucidarlas tribunales públicos, con mecanismos de recurso garantizados, quizá se pierda agilidad –en España, por descontado–, pero la seguridad jurídica saldrá ganando, siquiera sea porque las consideraciones economicistas, de eficacia o de rentabilidad quedarán supeditadas al interés público, al principio de legalidad y a la utilidad social. Al menos esta es la pretensión de quienes se oponen a que los arbitrajes sean cosa de instancias privadas.

En el fárrago de la discusión resulta muy difícil separar el grano de la paja, pero no tanto cuando se piensa en que, en el punto de partida de la negociación, se dan factores tan preocupantes como la no aceptación por Estados Unidos de la legislación internacional para fundamentar una demanda contra el país. O que en materia de garantías laborables y desarrollo sostenible, Europa se encuentra a años luz de Estados Unidos. Esos son algunos de los pilares de los “temores europeos” a los que se ha referido el Financial Times, vocero de la City de Londres, partidario de la desregulación en todo aquello que limite los flujos financieros.

No se trata de que algunos gobiernos se comprometan más en explicar las bondades del TTIP, como declaró la comisaria Malmström al periódico conservador francés Le Figaro, sino de acotar el tratado, garantizar el control de los estados y de las instituciones europeas y asegurar que ningún tribunal de arbitraje podrá cambiar de facto las legislaciones nacionales o la comunitaria. Alcanzar esos objetivos no conduce directamente a la unanimidad política, antes al contrario, la hace imposible, porque ni siquiera la mejor de las explicaciones puede pasar por encima de las ideologías, de las diferentes versiones del libre mercado y de la economía social que coinciden en el Parlamento de Estrasburgo, pero al menos la opinión pública podrá acercarse al TTIP con un conocimiento de causa ahora inexistente porque reina la desconfianza. Con razón o sin ella, a causa de la oscuridad de las propuestas que se debaten o del temor a sus consecuencias, debido a la confusión sembrada por los tecnócratas o a la sumisión de la política a las finanzas, la desconfianza lo empapa todo.

Baste un dato: la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Stop TTIP ha recogido dos millones de firmas contra el ISDS. Aunque la cifra puede parecer insignificante sobre un censo de casi 500 millones, es la más alta alcanzada por una ICE desde que entró en vigor esta modalidad en el 2012. Y tan significativo como este dato lo es este otro: el grado de aceptación del TTIP en el seno de las sociedades de la UE crece de oeste a este y de sur a norte, algo que lleva implícita la semilla de la división o la diferenciación cada vez mayor entre la Europa que percibe la globalización como un mecanismo, pero no un ecosistema, y la que entiende la globalización como un ámbito en el que el debate ideológico debe plegarse a la realidad de los resultados macroeconómicos.

La UE ha vivido otras situaciones de naturaleza parecida en las que la división llevó al fracaso y al distanciamiento entre socios y familias ideológicas a causa de una innovación. Ese fue el caso de la larga controversia que se adueñó del debate a propósito de la elaboración de la Constitución europea, origen de una enorme frustración entre los europeístas. Cuando Francia y Holanda rechazaron en referéndum el texto propuesto, la componenda para salvar el expediente ocupó el espacio reservado hasta entonces a la política con mayúsculas. La charcutería suplantó a la academia y el Tratado de Lisboa del 2007 permitió solo encubrir un fracaso con un texto insuficiente para considerarlo una aproximación razonable a lo que pretendió la convención presidida por Valéry Giscard d’Estaing cuando inició sus trabajos. ¿Está de vuelta la lógica de entonces, el enfrentamiento entre defensores acérrimos y adversarios infatigables del tratado, o el pragmatismo de los partidarios se impondrá a la digresión ideológica de quienes lo combaten sin ser antieuropeístas?

Hedor insoportable en la FIFA

Es imposible aventurar las dimensiones que finalmente tendrá el escándalo que zarandea a la FIFA desde que varios de sus directivos fueron detenidos en un hotel de Zúrich a raíz de una investigación iniciada por el FBI y desvelada por The New York Times. Después de la dimisión de Joseph Blatter solo cuatro días más tarde de ser reelegido presidente de la organización, es de temer que la carcoma ha llegado hasta la médula ósea del fútbol y el hedor es más insoportable a cada día que pasa. Nadie desconoce que la FIFA es un gran negocio privado, privadísimo cabe decir, que forma parte de las finanzas globales; solo los incautos o los ingenuos pueden sostener que la FIFA no forma parte de la política, no se atiene a criterios políticos; solo los niños pueden creer que un Mundial va a Rusia y otro a Catar por razones objetivas: mejor proyecto, gasto contenido, clima idóneo, etcétera. En suma, casi todo el mundo admite que detrás de la puerta de la FIFA se esconde un misterio envuelto en un enigma cuya única y mejor explicación se encuentra en las cuentas corrientes de algunos –¿muchos, pocos, bastantes?– de sus dirigentes.

Nada es transparente en la FIFA: ni el criterio de adjudicación del Mundial cuatrienal, ni la política de sanciones, ni las preferencias electorales de sus integrantes para prolongar el mandato de los presidentes, ni los contratos publicitarios, ni la negociación de los derechos de televisión ni nada que huela a dólar, euro, franco suizo o cualquier otra divisa fuerte. Todo resulta rematadamente sospechoso cuando una entidad impide a sus miembros recurrir a los tribunales ordinarios bajo amenaza de sanción. Lo realmente sorprendente es que el pastel haya tardado tanto en ocupar las portadas desde que Joao Havelange –mediados de los años 70– estableció un vínculo indisoluble entre fútbol y negocio (en realidad, hizo del fútbol, de la FIFA, un gran negocio a escala mundial); un negocio sin inquietudes éticas, gestionado en la más absoluta y categórica oscuridad, insensible ante la situación interna de países que han acogido mundiales con las cárceles llenas de perseguidos políticos (Argentina 78) o que los acogerán  (Rusia y Catar) a pesar de las dudas más que fundamentadas que despiertan sus gobernantes. El negocio es el negocio y lo demás poco importa.

A raíz de la sanción impuesta a Luis Suárez por el mordisco a Giorgio Chiellini, Ramón Besa escribió en El País: “El máximo organismo futbolístico ha perdido cualquier autoridad moral desde que no sanciona la corrupción de sus miembros y ejemplariza sin criterio los castigos a los jugadores”. Pudiera parecer a alguien exagerado el juicio del periodista, pero otros muchos pensaban como él: así el escritor Eduardo Galeano, que antes del Mundial de Brasil declaró al periódico O Estado de Sao Paulo: “Hay dictaduras visibles e invisibles. La estructura de poder del fútbol en el mundo es monárquica. Es la monarquía más secreta del mundo: nadie sabe de los secretos de la FIFA, cerrados bajo siete llaves. Los dirigentes viven en un castillo muy bien resguardado”. Así consideran muchos una desmesura la reserva media de mil millones de dólares que maneja la FIFA para que no se detenga la máquina.

En todo ello hay algo enfermizo, nocivo, malsano. Cuando un periódico liberal como The Guardian considera a Blatter el “dictador de más éxito”, poco puede añadirse. Aun admitiendo la posibilidad de que el autor del texto lastre su opinión con el disgusto por la concesión del Mundial del 2018 a Rusia y no a Inglaterra, 17 años de presidencia de Blatter y decenios en los pasillos de la FIFA es demasiado tiempo para no temer lo peor. Incluso admitiendo que el celo investigador del FBI no es absolutamente desinteresado, y que el deseo de perjudicar a Rusia forma parte de las pesquisas, esos 10 millones de dólares en sobornos son una razón más que suficiente para que se multipliquen las exigencias de que la FIFA ventile el local y dé cuenta de sus cuentas. Mientras no se regenere la institución de pies a cabeza, irán en aumento la desconfianza y la atmósfera estará cada vez más viciada.

El profesor Mauricio Santoro, de la Universidad de Río de Janeiro, ha recordado en un artículo la opinión vertida hace unos años por el expresidente costarricense Óscar Arias: “El fútbol no trata de la guerra y la paz. Es algo mucho más importante”. Ese algo más es la movilización de fuerzas políticas y económicas a través de un deporte que apasiona a cientos de millones de personas, y que ha dejado de ser, como dijo Galeano en su día, “la más importante de las cosas poco importantes” para transformarse en una de las cosas más importantes entre las importantes. Al mismo tiempo que los futbolistas y los aficionados mantienen encendida la llama de las grandes pasiones, Montoro se ocupa de recordar que comprar un club de fútbol o dirigir una federación nacional “es un pasaporte a la política que proporciona una enorme visibilidad” (véanse los casos de Silvio Berlusconi y Mauricio Macri, entre otros, o el palco del Bernabéu sin ir más lejos). Eso es lo que importa a los ideólogos de la FIFA.

Sería extraordinario que todo en el fútbol se redujera a las emociones en la despedida de Xavi, al baile de entrenadores, a la desmesura en los fichajes y a la pitada de la final de Copa, pero ese escándalo inaudito coloca al fútbol de élite entre los negocios de dudosa estirpe, aquellos que hace falta limpiar a conciencia para que siga el espectáculo sin que nadie tenga mala conciencia. El fútbol ha adquirido tales dimensiones que precisa gestores profesionales –no Diego Armando Maradona, ocurrencia de Nicolás Maduro; no lo quieran los idus de todos los meses del año–, pero también transparentes, que expliquen de dónde viene el dinero, a cuánto asciende, en qué se gasta, para qué se guarda y dónde se guarda. Es algo indispensable, acuciante, inaplazable.

No hacerlo es dar pie a la sospecha, es dejar que vuele la imaginación en busca de explicaciones al comportamiento errático de Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, que en pleno escándalo votó la reelección de Blatter. Dejar sin sancionar los partidos amañados, la elección forzada de sedes, los maletines de aquí para allá, no hará más que alimentar la creencia de que la FIFA es una organización dirigida por sospechosos habituales. De la misma manera que mantener según qué castigos –la prohibición al Barça de fichar hasta el 1 de enero del 2016, por ejemplo–, incluso en el supuesto de que obedezcan a razones objetivas y defendibles, quizá a chapuzas administrativas de los sancionados que nunca debieron darse, alentarán la creencia de que la FIFA mantiene la fea costumbre de utilizar diferentes varas de medir o se mueve a instancia de parte para perjudicar a unos (a saber quiénes) en beneficio de otros (a saber quiénes).

Esa es la situación. Cuando The New York Times habla de “corrupción institucionalizada” (27 de mayo), describe una paisaje; cuando L’Équipe (28 de mayo) se refiere a “efluvios pestilentes liberados por la máquina que gobierna el fútbol mundial”, describe un estado moral: el desbordamiento de las alcantarillas de la FIFA, según el mismo periódico. Y que el montaje quede al descubierto es un triunfo del fútbol –final de un editorial de The Guardian (2 de junio)– sobre las tinieblas, pero si estas no se desvanecen, si una cortina de humo oculta las miserias ahora apenas intuidas, será un triunfo pírrico que dará pie como mucho a una reforma lampedusiana destinada a limitar la lista de bajas. No sería la primera vez que tal cosa sucediese en un negocio a escala planetaria.

Desquite de la clase media

“Lo realmente antisistema es la pobreza masiva que nos deja en herencia esta crisis”.

Xavier Martínez Celorrio, profesor de Sociología de la UB

Toda situación es susceptible de empeorar, y ese principio es aplicable al PP a poco que las ocurrencias de Esperanza Aguirre se adueñen del debate poselectoral. Esa sucesión de descalificaciones, propuestas apresuradas y análisis desorbitados contiene algo de profundamente malsano y mucho de sectarismo o de desprecio por lo que el domingo votaron los ciudadanos. Y hay también bastante desconocimiento de qué ha sucedido en este país a causa de la austeridad a rajatabla, la insensibilidad social y el hartazgo de una clase media vapuleada por la crisis que se ha desquitado en las urnas de sus victimarios  o de quienes percibe como tales. No hay en ello asomo de desprecio por el sistema, por el pluralismo y por los usos democráticos, sino más bien la exigencia de que se desanden algunos caminos para que el pago de la factura del desmoronamiento o jibarización del Estado del bienestar quede más repartido.

Las elecciones del último domingo fueron municipales y autonómicas, pero fueron también la primera vuelta de las legislativas de finales de año. Hubo en la cita del 24 de mayo una advertencia, un avance de lo que muy probablemente será el hemiciclo del Congreso a la vuelta de medio año, sin soviets ni cosa parecida, como cree Esperanza Aguirre que se verá en los distritos de Madrid dentro de unas semanas, pero sí con el bipartidismo imperfecto –PP y PSOE– que gestionó la restauración democrática sustituido por un nuevo mosaico ideológico a cuatro bandas. A eso en las facultades de Ciencias Políticas lo llaman evolución del sistema, y es fruto del desgaste de un modelo que fue útil para poner el país al día, pero ha sucumbido al paso del tiempo, a la corrupción, al amaneramiento y al cansancio de unos electores a los que se ha querido convencer de las bondades de la recuperación económica con la buena marcha del Ibex-35 y con la suposición de que, como en mala hora dijo Mariano Rajoy, ya no se habla del paro (Pamplona, 19 de mayo).

Los resultados de las elecciones municipales en Madrid, Barcelona y Valencia no constituyen victorias de las extrema izquierda, como repiten todos los días algunos tertulianos que TVE invita a sus programas, son, eso sí, la reacción democrática a la fractura social provocada por la crisis y las recetas aplicadas para superarla. La Encuesta de Condiciones de Vida difundida el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) explica con cifras la reacción de los ciudadanos en las urnas de forma mucho más precisa que los análisis encaminados a aislar a Podemos o a desacreditar a candidatos –Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Joan Ribó (Valencia)– que no son conservadores, pero tampoco son portavoces de la revolución, cualquiera que esta sea. Cuando, según los datos del INE, el 22,2% de la población vive bajo riesgo de pobreza –el 30,1% en el caso de los menores de 16 años–, los remedios lampedusianos no tienen sentido o son un insulto a la inteligencia. Los ciudadanos, los electores, los votantes, los contribuyentes, cuantos saben lo que vale un peine, no se conforman con cambios aparentes para que nada cambie, sino que, a lo que se ve, exigen cambios manifiestos para que algo cambie.

El temor de Yolanda Barcina, presidenta en funciones de Navarra, de que “las cosas pueden cambiar como cambiaron en la Alemania de antes de las guerras mundiales”, pueden cambiar como cambiaron en la Venezuela de Hugo Chávez o en la Argentina de Juan Domingo Perón, parece tan fuera de foco como el apresuramiento de Rafael Hernando en anteponer la victoria en votos del PP –algo más de seis millones– a la pérdida de votos –2,5 millones– con relación al 2011. No, estos acercamientos sin matices a los resultados carecen del mínimo de consistencia exigible a quienes, por oficio, debieran desdramatizar el futuro y atenerse al hecho de que la opinión pública no quiere seguir como hasta ahora, pero tampoco quiere hacer saltar al Estado por los aires. Esas elecciones del 24-M no han sido como aquellas otras de abril de 1931 que liquidaron la monarquía, sino que se han atenido a un procedimiento pautado, empezando por la lealtad al sistema de los grandes contendientes, incluidas las llamadas fuerzas emergentes.

Por lo demás, es preciso relativizar el peso de estos partidos, agrupaciones o marcas políticas recién llegados porque ninguno de ellos ha obtenido el primer o el segundo lugar en las autonómicas, donde el distrito electoral es la provincia. El caso de Madrid es especialmente ilustrativo: mientras Manuela Carmena ha obtenido el 31,85% de los votos con la etiqueta Ahora Madrid (conglomerado de Podemos y varias fuerzas progresistas y de izquierdas), Podemos en solitario no ha pasado del 18,59% en las autonómicas de la Comunidad de Madrid, bastante por detrás de Cristina Cifuentes (PP, 33,1%) y Ángel Gabilondo (PSOE, 25,44%). Ha pesado más en el ánimo de los votantes el compromiso con los vulnerables de la jueza Carmena que la oferta ideológica del equipo de Pablo Iglesias; ha pesado más la persona que la marca. Lo mismo puede decirse de Ada Colau en Barcelona, aupada por una nebulosa ideológica en la que la militancia de la candidata contra los desahucios ha sido más determinante que cualquier otra consideración.

Que esto guste poco al establishment es comprensible; que en el reparto de etiquetas políticas se adjudique la de extrema izquierda a Carmena y a Colau es una exageración. O acaso es útil para sopesar el conservadurismo extremo de quienes creen que, en efecto, dos grandes ciudades europeas han caído en manos radicales, como alguien dijo una de estas noches poselectorales en un debate televisado. O acaso sirve para medir la incomprensión de una parte de la generación que hizo la transición frente a la siguiente, la que desea ajustar el modelo, el sistema, a su enfoque del futuro mediante la generalización de la cultura del pacto, algo no tan nuevo a poco que se repase la composición histórica de los gobiernos de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. O, quién sabe, quizá ilumine las presiones de una parte del mundo financiero y explique la reacción de personajes tan poco dados a la improvisación y a los excesos como Xavier Trias, que de repente, a toda prisa, propuso un pacto municipal al estilo todos contra Ada Colau, como si la victoria de esta amenazara con secar las fuentes, con ahuyentar los cruceros y con dejar sin clientes las tiendas de lujo del paseo de Gràcia.

Nada de lo sucedido es ajeno a los usos democráticos: ni el cambio de configuración del mapa político, ni las incógnitas relativas a la situación en que queda el PSOE dentro del laberinto de la izquierda, ni la desorientación del PP, que debe mover ficha y, al mismo tiempo, teme que la cita electoral de otoño sea aún peor de lo que ha sido la de primavera, Ciudadanos de Albert Rivera mediante. Todo forma parte de la capacidad de reacción democrática de una sociedad condenada demasiadas veces a asistir a debates estériles y a la gesticulación desmesurada de los líderes, atrapada la calle en las redes de una política superestructural, sin alma, con costes sociales desbocados y un aumento insoportable de las desigualdades, más la metástasis de la corrupción. Si alguien creyó que nada de esto tenía una importancia determinante, el cambio de decorado salido de las urnas le ha señalado el camino de vuelta a la realidad.

Reparto de refugiados en la UE

La solidaridad por cuotas a la que se ha referido el diario progresista francés Libération al dar cuenta de la propuesta elaborada por Bruselas para hacer frente al drama de los refugiados deja al descubierto, con un punto de maliciosa ironía, el enfoque que la Unión Europea da a un problema que la desborda, la incomoda y la divide, pero que debe encarar de forma ineludible para no abundar en la impresión de que han impuesto su criterio los partidarios de la Europa balneario, de la Europa fortaleza y de la Europa encerrada en sí misma. Los flujos migratorios irregulares, las guerras, la pobreza y la porfía de las mafias que trafican con seres humanos han llevado hasta las puertas de la prosperidad europea la realidad que se vive al otro del Mediterráneo, a unas pocas millas de nuestras costas, donde la única salida es huir y dejar atrás el pasado. Al mismo tiempo, la presión migratoria se ha transformado en un arma política rentable en las contiendas electorales de sociedades asustadas y envejecidas, que no entienden el futuro que vislumbran o que reciben mensajes manipulados con descaro por organizaciones políticas depositarias de toscos nacionalismos xenófobos: así UKIP en el Reino Unido (cuatro millones de votos en las elecciones legislativas del día 7), el Frente Nacional en Francia, la Liga Norte en Italia y otras etiquetas de parecido tenor.

Algo debe hacer Europa cuando el mar es, a la vez, tumba de muchos que no logran llegar a ella y autopista para muchos más que tocan tierra en Italia, Malta y Grecia. Algo debió haber hecho hace bastante tiempo Europa y no lo hizo, como reconoce implícitamente Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo: “Si cojo mis discursos de hace 20 años y les pongo fecha de hoy, podría mantenerlos perfectamente”. Algo más de lo hecho debió hacer Europa cuando las sucesivas crisis de las pateras y de los cayucos hicieron del estrecho de Gibraltar el pasadizo más utilizado para llegar a ella desde África, cuando Libia era un territorio poco menos que inaccesible para las mafias y no había guerra en Siria. Mucho quedó por hacer cuando los estados de la UE decidieron recortar la partida destinada a controlar el trasiego de seres humanos, y hoy vuelve a situarse el debate en el campo de los costes económicos y políticos del reparto de refugiados, así los llegados a la UE como los procedentes de terceros países, aunque todo se revista con giros del lenguaje que persiguen encubrir tal enfoque.

Cuando la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifiesta que es prioritario llegar a acuerdos con los países de origen, elude el hecho de que algunos de estos países –Libia, Somalia– son pocos menos que un nombre en un mapa, sumergidos en un caos permanente donde el Estado se ha esfumado y el futuro está en manos de una variedad inabarcable de actores políticos, y otros –Siria es el ejemplo más notable– están sometidos a la arbitrariedad de gobernantes al margen de todas las convenciones políticas. El planteamiento de la vicepresidenta es quizá inatacable desde la lógica institucional –a España le tocaría el 9,1% de los refugiados si se aprueba el proyecto de la Comisión–, pero queda muy lejos de cualquier análisis de la realidad que se vive en los países de origen. Ni es posible comprometer a gobernante libio alguno en el control efectivo de las costas desde la que parten personas de todas partes de África hacia Europa ni hay nadie en Somalia preocupado en contener la diáspora en un país desquiciado. Ni hay noticia de que alguien en Eritrea intente retener a la población que huye de la miseria ni tampoco la hay en Etiopía, y aún menos en los países del Sahel, sometidos a la triple plaga del caudillismo, la intervención extranjera y la presión del yihadismo, por no hablar de la fuga permanente con destino al norte de ciudadanos procedentes de países subsaharianos.

Portada de ‘El Periódico’ deljueves, 14 de mayo.

La posición española y los argumentos esgrimidos por el Gobierno no son, por lo demás, excesivamente originales. Son, eso sí, bastante más contenidos que los del Reino Unido: la ministra del Interior, Theresa May, es simplemente partidaria de devolver a los inmigrantes a sus lugares de origen, un procedimiento alejado de toda inquietud humanitaria que ni siquiera se justifica con la contaminación por el UKIP de la política británica. Suponer a estas alturas, como hace el Gobierno de David Cameron, que la articulación de mecanismos de acogida tendrá un efecto llamada –“solo servirá para fomentar que la gente arriesgue sus vidas”, dice May– es soslayar adrede las causas de los flujos migratorios, eludir los datos esenciales del problema: no hace falta estimular el viaje a Europa con medidas como las propuestas por la Comisión Europea porque está ahí, inamovible, la necesidad de huir de según qué lugares en busca de seguridad y de futuro.

No es este un fenómeno nuevo, extraño y característico de nuestros días. Más bien todo lo contrario: forman parte de la historia de Europa los movimientos migratorios, en ocasiones de una intensidad superior a la del presente, con destino a América, y, en el siglo XX, son una constante los desplazamientos forzados de población a causa de las guerras (el exilio republicano español), de las persecuciones (las comunidades judías en Europa central y oriental) y de la ruina económica que siguió al final de la segunda guerra mundial. Esa cicatería de muchos estados es un ejercicio de negación de la propia historia de Europa, que si hoy es tierra de llegada de multitudes desposeídas antes lo fue de salida de generaciones condenadas a la nada; esa proclama dramatizada por Theresa May sobre el provecho que las mafias sacan de la inmigración irregular es poco más que una cortina de humo para que no se perciba que, lisa y llanamente, es partidaria de cerrar el acceso a la UE bajo siete llaves sean cuales sean las consecuencias que de ello se deriven.

En todo caso, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, de acuerdo con el Tratado de Lisboa y la cláusula de exención que se incluyó en él, no se verán afectados por el eventual reparto de refugiados. Algo que plantea una vez más la viabilidad conceptual de una unión política que los conservadores británicos ven con desconfianza desde los tiempos de Margaret Thatcher, que los laboristas sobrellevan como un proyecto en el que se sienten incómodos y que una parte no determinada pero muy significativa de la opinión pública inglesa observa como una disolución de la identidad insular en el minestrone de nacionalidades del continente. Agravado todo con los nuevos flujos migratorios que presagian un cambio progresivo del perfil cultural de Europa, de su composición social y de su identidad colectiva, pues las antenas parabólicas y la sociedad digital garantizan a cuantos emigraron una relación afectiva en directo con sus lugares de origen.

La fotografía de portada de EL PERIÓDICO del jueves (españoles en el sur de Francia, 1939) es un buen recordatorio de qué significa ser refugiado, por encima incluso de la definición que figura en la convención aprobada por la ONU en 1951. Como ha dicho el papa Francisco, “emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad”, sometidos al juego de la conveniencia política, siempre cambiante. El refugiado es alguien desvalido, extremadamente vulnerable, perseguido o marginado por razones muy diversas que requiere la ayuda de alguien para salir del pozo. Que esa ayuda tiene un precio es indudable, que esa precio hay que pagarlo si queremos mirarnos al espejo sin vergüenza todos los días, también. Dejar a su suerte a quienes nada tienen, y alguien persigue u hostiga, es una forma extrema de egoísmo que lleva directamente a un peligroso relativismo moral.

Entre la UE y Escocia

La victoria sin paliativos del Partido Conservador en las elecciones celebradas el jueves en el Reino Unidos ha costado la carrera política a tres líderes –Ed Miliband (laborista), Nick Clegg (liberal demócrata) y Nigel Farage (eurófobo)–, ha dejado en bastante mal lugar a los institutos de opinión, que no detectaron el voto oculto partidario de la continuidad, y ha consagrado al Partido Nacionalista Escocés (SNP por sus siglas en inglés) como el depositario del poder hegemónico al norte de la frontera de Inglaterra. Dicho de otra forma, las elecciones legislativas han desmentido bastantes supuestos, en especial el agotamiento de la figura de David Cameron –excesivamente elitista para repetir mandato, según se decía–, el cansancio de un electorado que no percibe los efectos de la recuperación económica y el desafío ultranacionalista del UKIP. Del voto del jueves solo han salido vencedores Cameron y Nicola Sturgeon, la líder del SNP, que ha borrado del mapa a los laborista en Escocia, y con ello ha facilitado el aplastante triunfo del primer ministro, pero afianza su papel de referencia insoslayable del complejo dosier escocés.

Acaso la afirmación de Philip Collins en el conservador The Times de que “no se puede ganar desde la izquierda” sea excesivamente categórica, pero el resultado en el Reino Unido deben alertar a cuantos, a partir de las encuestas, están dispuestos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Es tan cierto que el Reino Unido salió de la crisis antes que el resto de la Unión Europea, como que la reforma laboral puesta en marcha por Cameron lleva camino de consagrar la figura de los pobres con trabajo, debilitados los sindicatos de tal manera que apenas pueden presentarse ante la opinión pública como una herramienta para corregir las desigualdades. Pero, incluso así, muchos electores han preferido la continuidad de la prosperidad macroeconómica a las incertidumbres reales o supuestas vislumbradas detrás de tímidos programas de reforma social, defendidos, bien es cierto, por alguien tan poco dotado para enardecer a los electores como Ed Miliband, una especie de anticlímax del laborismo en palabras de un analista radiofónico.

Al mismo tiempo, Cameron ha transmitido a los votantes atraídos por el discurso de Farage la impresión de que ha situado al partido tory allí donde ellos desean que esté. “Los votantes del UKIP parecen tener a los tories donde les importaba, sea asustados por la posibilidad de poner accidentalmente a Ed Miliband en Downing Street o por la amenaza de Nicola Sturgeon”, según interpreta Gaby Hinsliff en el diario liberal The Guardian. Esto es, Cameron tuvo la habilidad de llevar a su terreno la permanencia futura del Reino Unido en la UE y desposeyó a Farage de sus señas de identidad; Farage jugó siempre en campo contrario –ni siquiera logró que le eligieran en South Tanet, donde se presentaba– y, como habían calculado los estrategas tories, acabó perdiendo. Dicho todo lo cual queda en el aire la gran pregunta: ¿alguien cree que Cameron se puede comprometer en el futuro con los euroescépticos furibundos y ponerse en contra el mundo de los negocios de la City, trasfondo económico del conservadurismo desde tiempo inmemorial?

Por lo demás, el referéndum del 2017 sobre la permanencia del Reino Unidos en la UE queda lo suficientemente lejos como para que desde ahora hasta entonces las variables que se manejen sean tan diferentes que lo dicho hoy carezca de valor político dentro de dos años. Por de pronto, la relación especial del Reino Unido con Estados Unidos ha perdido intensidad; para continuar, el grueso de las exportaciones británicas tiene como destino la zona del euro mientras que cada vez es menos importante la relación económica y afectiva con la Commonwealth; para terminar, el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés), que ahora negocian Estados Unidos y la UE, cambiará para siempre las relaciones económicas entre las dos orillas del Atlántico y, quizá, deje a los eurófobos sin argumentos para defender la salida de la UE, sea cual sea la intensidad de la protesta social que seguramente desencadenará el acuerdo.

A cuanto viene dicho debe añadirse el éxito rutilante del SNP: 56 diputados sobre 59 posibles en Escocia. Porque el resultado ha conllevado la derrota aplastante de los laboristas, tradicionalmente mayoritarios allí donde desde la madrugada del viernes se han quedado con un solo diputado. Porque una parte de los electores ha preferido reforzar la figura de Cameron ante la eventualidad de un pacto para gobernar de laboristas y nacionalistas escoceses. Y porque, como ha publicado el Financial Times, altavoz de la City, la aparente desaparición laborista de Escocia “permite a los nacionalistas describir al primer ministro Cameron como alguien no legitimado al norte de la frontera”. “Puede que tenga que conceder cierta descentralización radical del poder a Escocia”, ha escrito Janan Ganesh, que sostiene que el Reino Unido se siente como “un país maduro para el federalismo, y tal vez otro referéndum sobre la secesión de Escocia sea cuestión de años”.

El nacionalismo escocés no será en los próximos años un actor político comprometido con ningún partido a escala británica y, por esta razón, tendrá las manos libres para afianzar su perfil social –una parte importante de la victoria se la debe a los votantes laboristas, seducidos por la independencia de criterio de Nicola Sturgeon– y, al mismo tiempo, mantener en pie su exigencia de más poder para Escocia, de momento dentro del Reino Unido. Que esa libertad de movimientos desemboque en la petición de un nuevo referéndum de independencia resulta impredecible, pero es más que posible que la eventual deslegitimación por el SNP de Cameron, con un solo diputado en Escocia, abra una crisis constitucional sin precedentes en el Reino Unido. Basta fijarse en el caso de España, donde las tensiones nacionalistas nunca han dejado al PP y al PSOE en una situación de representación apenas simbólica en Catalunya y el País Vasco, para comprender la debilidad extrema formal, que no legal, de los conservadores frente al nacionalismo escocés.

La “dulce derrota” del referéndum soberanista, según la expresión utilizada por el profesor Christopher Tulloch en EL PERIÓDICO, se ha convertido a la postre en una victoria absoluta del SNP sobre sus adversarios en suelo escocés, ha puesto en evidencia que más allá del sueño independentista hay vida y ha fijado una nueva regla del juego: que solo es posible retener a los electores no soberanistas mediante un programa de objetivos sociales y vinculación a Europa que no haga entrar en crisis la pertenencia de Escocia al Reino Unido. El peso del voto de procedencia laborista, no soberanista, ha crecido de tal forma en la contabilidad electoral del SNP que en el futuro será un dato determinante, porque a nadie escapa que en la bolsa de papeletas contra la independencia (55%) en el referéndum del 18 de septiembre del 2014 había bastantes correspondientes a laboristas que el jueves optaron por candidatos nacionalistas.

La pertenencia a Europa y el resultado en Escocia resumen las dudas existenciales del Reino Unido. Un primer ministro conservador y partidario de seguir en la UE, con mayoría absoluta y los laboristas a cien diputados de distancia, debe gobernar con el lastre de los euroescépticos alojados en su partido y con la obligación ineludible de negociar con Bruselas un nuevo marco de referencia y después someterlo a un referéndum sobre cuyo resultado es muy arriesgado adelantar un pronóstico. Un partido decididamente europeísta, el SNP, es también nacionalista y pone en duda con su victoria el futuro del viejo Estado. Al combinar ambas situaciones quedan al descubierto las debilidades del Reino Unido, la paulatina disminución de su influencia en el mundo.

 

 

La amenaza está en Siria

Mientras el profesor Jean-Pierre Filiu decía el miércoles en Barcelona que el peligro y la amenaza está en Siria se supo que las autoridades académicas de Charleville-Mézières, en el norte de Francia, habían impedido la entrada a un instituto de una adolescente musulmana de 15 años por vestir una falda negra excesivamente larga, que entendieron era una manifestación pública de su credo religioso. Diríase que los árboles no dejan ver el bosque o que cuestiones de detalle impiden ir al fondo del problema o que, peor aún, el miedo a la propagación del fundamentalismo islamista corre el riesgo de convertir en caricatura los valores propios de una sociedad laica hasta hacer de ellos, a su vez, una forma de fundamentalismo. Los comentarios en Twitter que acompañan a la etiqueta #JePorteMaJupeCommeJeVeux (llevo la falda como quiero) constituyen una muestra significativa de un laicismo sin sectarismo, pero aquellos otros que apoyan la decisión de las autoridades han estimulado un rebrote de las corrientes puritanas –prohibición de los shorts o de las faldas excesivamente cortas (sic)– y, a veces, de una islamofobia más a o menos explícita.

Pero el problema está efectivamente en Siria y no en la longitud y el color de las faldas. El problema está en Siria y en la incomprensión del problema o, más apropiadamente, en la simplificación del problema para eludir compromisos mayores: intervenir allí con más determinación que hasta la fecha y aceptar que quizá la oposición no islamista, debidamente auxiliada, podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Desde el bombardeo con armas químicas de Ghuta, en la periferia de Damasco, el 21 de agosto del 2013, hasta la fecha se ha registrado una progresiva rehabilitación del presidente Bashar el Asad, que, después de Ghuta (1.400 muertos), accedió a desprenderse de su arsenal químico y poco a poco se presentó ante una opinión pública desinformada o asustada, para el caso es lo mismo, como el único bastión capaz de resistir la envestida yihadista del Estado Islámico, del califato, del Daesh o como llamarle se quiera. “Del dilema entre revolución y autoritarismo se pasará progresivamente al dilema entre yihadismo o autoritarismo, convertido El Asad en el menor de los males”, escriben los arabistas Lurdes Vidal y Nicolás Mayer en el trabajo Siria, esperanzas defraudadas.

Escapa a la opinión pública europea, aturdida por la amenaza terrorista de todos los días, el dato concluyente de que el presidente sirio se ocupa de moldear el perfil del gran enemigo –los islamistas–, pero bombardea a la oposición no islamista en Alepo y apenas acosa las posiciones yihadistas en Raqa, noreste de Siria, plaza fuerte del Estado Islámico. Progresa la socialización del terror en suelo europeo y en Siria, pero en la percepción colectiva prevalece la convicción de que el mayor problema no está en una lejana guerra civil, sino a la vuelta de la esquina de cualquier calle de Europa. Crece así la islamofobia, según los datos indiciarios que manejan la Red Europea contra el Racismo y la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, que detecta un incremento de los casos de discriminación en Francia, Reino Unido y España. Y crece también el vínculo entre discriminación y radicalización de jóvenes musulmanes europeos dispuestos a unirse a las filas del Estado Islámico.

Opiniones como la de Jean-Pierre Filiu, que afirma que “el Estado Islámico está inventando una nueva religión que no tiene nada que ver con el islam”, tienen un carácter minoritario, y el ruido informativo en la aldea global enturbia datos tan esclarecedores como que el 60% de los islamistas denunciados en Francia lo han sido por sus familias. Al mismo tiempo, avanza la construcción de un enemigo inmediato que oculta la realidad de un adversario lejano que opera como imán que atrae a un segmento de jóvenes decepcionados por el futuro que les reserva una Europa próspera que no comparte su prosperidad con ellos. Antes al contrario: ser musulmán es a menudo motivo de sospecha, de recelo o de exclusión.

El diplomático argelino Lajdar Brahimi, que lo mismo que antes Kofi Annan fracasó como mediador para la resolución de la guerra en Siria, reclama un compromiso conjunto de los actores regionales –Irán, Jordania, Arabia Saudí, Turquía y Catar– para detener la matanza, un compromiso por lo demás harto difícil, y al mismo tiempo deplora los errores cometidos por Europa, pues sin ella no es posible vislumbrar una solución. En cambio, si se ausenta del conflicto o pasa desapercibida, sí es posible temer un ascenso de los movimientos xenófobos en Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Holanda, Austria y Suecia, y, a medio plazo, en toda Europa, donde subirse a una tribuna y denostar a la población musulmana reporta más réditos electorales a cada día que pasa.

Apostar por el mal menor, como parecen haber hecho Estados Unidos y Europa, conduce directamente al fracaso o a la perpetuación de la crisis y de la tragedia humana a ella asociada. Porque llegar a la conclusión de que cualquier alternativa es peor a la guerra misma, que el empate histórico en el campo de batalla preserva el statu quo sin dar a nadie la victoria, no desactiva los mecanismos de captación de militantes del yihadismo ni las amenazas que se ciernen sobre la sociedad europea. En cierta medida, la parsimonia europea constituye un triunfo del Estado Islámico, que ha movilizado a su adversario lejano –Occidente–, y ello le permite justificar el recurso a la guerra en Siria e Irak, pero no se ha movilizado lo suficiente como para poner en peligro las conquistas territoriales del califato y detener la llegada de nuevos combatientes procedentes de diferentes lugares de Europa.

La idea expresada por Rami G. Khouri en un artículo publicado en el periódico libanés The Daily Star, según la cual no pasa de ser algo anecdótico el atractivo que tiene el Estado Islámico para “unos pocos miles de chiflados y almas perdidas que viajan desde los países occidentales”, es una simplificación tan arriesgada como la que en Occidente se hace al abordar el caso sirio. Esa exportación de europeos, crecidos en familias musulmanas o conversos, es un síntoma significativo de una crisis social que cruza el continente de parte a parte. No se trata de un fenómeno marginal, de un dato sin importancia –la longitud de una falda sí lo es–; es la cara más visible y puede que alarmante de la descohesión derivada de políticas equivocadas con efectos agravados por el poder de captación de la prédica fundamentalista. Es el frente europeo de la guerra siria.

Insolidaridad europea en el Mediterráneo

A la vista de las dimensiones de la tragedia de la inmigración en las costas de Italia y de Malta, lo menos que puede decirse es que la cumbre de la UE del jueves resultó decepcionante. Mientras los especialistas entienden que los aspectos relacionados con la seguridad son solo una parte del problema, los gobiernos se han limitado casi en exclusiva a comprometerse en el reforzamiento de los mecanismos de control de fronteras, pero no se han adentrado en el drama humano, en el espinoso problema de la acogida de refugiados y, en última instancia, en la necesidad de aplicar la solidaridad europea para no dejar a la Europa meridional sola ante una crisis cuya gestión excede con mucho la capacidad de dos estados, de los que uno –Malta– apenas dispone de recursos y el otro –Italia– está desbordado.

Las cifras son por demás elocuentes. Según la Organización Internacional para las Migraciones, los muertos contabilizados en el Mediterráneo en lo que va de año, pasajeros de embarcaciones de fortuna en manos de mafias especializadas en el tráfico de seres humanos, alcanzan los 1.727, una cifra que seguramente es muy superior porque no hay forma de saber cuántos inmigrantes se ha tragado la mar sin que nadie pueda dar noticia de ello. La misma organización calcula que los intentos de entrada a Europa por el sur sumaron 75.000 en el 2012 y 107.000 en el 2013, de lo que es fácil deducir que los datos de 2014 superarán los de años anteriores y los de 2015 serán aún más alarmantes. No se trata solo de una proyección estadística: la desaparición de facto del Estado en Libia y la carnicería siria, más diferentes crisis de subsistencias en África, permiten imaginar un horizonte cada vez más tormentoso.

Frente a esto, reducirlo todo a triplicar los recursos de la Operación Tritón –de tres millones de euros mensuales a nueve millones– y aprobar un programa para acoger 5.000 refugiados –ponerlos “bajo protección”, se dice– no da ni para tranquilizar las conciencias. Cuando se sabe, como recuerda un editorial del diario Le Monde, que Europa se enfrentará en el próximo decenio a la llegada potencial de un millón de inmigrantes procedentes de Libia, Siria, Irak, el África subsahariana y del cuerno de África, lo acordado en Bruselas se asemeja a la pretensión de que una aspirina cure una neumonía.

“La UE no ha tenido una política de inmigración coherente desde siempre, y la situación ha ido a peor desde la primavera árabe”, declaró al International New York Times Camilo Mortera-Martínez, investigador en Londres del Centro para la Reforma Europea. La historia le da la razón: los recursos puestos a contribución de la Operación Tritón en el 2013 fueron los mismos que ahora se han aprobado, pero que en octubre del año pasado fueron drásticamente reducidos por “falta de solidaridad financiera con Italia”, según un funcionario de la UE citado por el diario La Repubblica. Entonces, como ahora, una “tragedia de proporciones épicas”, según la ONU, solo contó con la solidaridad europea en materia de seguridad –control de la frontera meridional de la UE–, y dejó para un mejor momento sin precisar la acogida de los inmigrantes llegados de todas partes a las costas de Lampedusa, Sicilia y, en menor medida, Malta.

La Fundación Migrantes, vinculada a la Conferencia Episcopal Italiana, llega a la siguiente conclusión: “De la cumbre europea de ayer [el jueves] sale la Europa de los nacionalismos. Se aplaza la construcción de la Europa social y solidaria”. En el editorial de Le Monde se llega a idéntica conclusión por cinco motivos:

-El programa Frontex (control de fronteras de la UE) dispone solo de la milésima parte del presupuesto comunitario.

-Los estados no quieren adoptar una política de asilo común.

-Los estados no están de acuerdo en el reparto de inmigrantes en el conjunto de la UE.

-Los estados rechazan la idea de ceder sus competencias en materia migratoria (política de visados).

-La UE carece de una política común para los países de procedencia de los inmigrantes y los países de tránsito.

“De una parte somos Europa como cuerpo político –reflexiona la escritora italiana Paola D’Agostino en Corriere della Sera–, de la otra, una miríada de cuerpos excluidos y fagocitados por el mar”. He aquí la gran decepción: más allá de la solemnidad de algunas declaraciones, el cálculo político, la actitud de una parte de la opinión pública, que recela ante cuanto tiene que ver con los movimientos migratorios, no da para más que para aprobar medidas insuficientes. “No tenemos necesidad de la histeria. La clase política debe asumir su responsabilidad y guiar a los ciudadanos a pesar de que esto no es muy popular”, sostiene la excomisaria europea Emma Bonino. Pero la histeria se adueña con frecuencia de los debates sobre la emigración, y la presión de la extrema derecha xenófoba lleva a muchos gobiernos a hacer equilibrios para que nadie los pueda acusar de favorecer a los de fuera y perjudicar a los de casa.

Esta aproximación al problema es inadecuada, por no decir catastrófica. La UE carece de recursos para ser el apóstol de todas las causas perdidas, pero no puede contentarse con la gestión contenida de un desafío que apela a la conciencia de los europeos. “La cuna de nuestra civilización corre el riesgo de transformarse en un cementerio”, ha dicho Sergio Mattarella, presidente de Italia, al referirse al Mediterráneo, bautizado Mare Mortum por El Roto en su viñeta-editorial de El País. En muchos lugares, al otro lado del mar, no hay con quien hablar porque el Estado –la idea de Estado– se ausentó hace tiempo y las mafias campan a sus anchas, y mientras todo siga así, y seguramente así seguirá por mucho tiempo, los tratamientos homeopáticos están llamados al fracaso, como coinciden en opinar la mayoría de especialistas independientes.

Cuando el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, afirma que nos encontramos ante una nueva forma de esclavitud, pues este es el efecto del tráfico de seres humanos, no exagera un ápice. Deryck Browne, de la organización African Health Policy Network le da la razón en las páginas de The Guardian, pero estas reflexiones apenas modifican el curso de los acontecimientos si, al mismo tiempo, no se pasa de la teoría a la acción. Porque, de no darse este salto, puede cumplirse el pronóstico de la Organización Internacional para las Migraciones: que los muertos en el mar lleguen a 30.000 al acabar 2015. Con el riesgo añadido de que la cotidianidad de la tragedia en los telediarios agote la capacidad de asombro de los espectadores que siguen los acontecimientos desde la sala de estar de sus casas y los haga inmunes al desastre.