El califato se nutre del caos

El Estado Islámico (EI) da muestras de tener una facilidad pasmosa para llenar con su presencia nichos políticos de los que se ha ausentado el Estado convencional o en los que cualquier forma de autoridad institucional es meramente simbólica. Si se une a ello la lógica sectaria y el desprecio por la herencia cultural del pasado en todo lo que no está impregnado por el mensaje del islam, se dispone de un perfil muy reconocible de qué es el EI, qué riesgos entraña y qué desafíos plantea. Pero se concreta asimismo la capacidad que los islamistas de Abú Bakr el Bagdadi tienen de contaminar el entorno y desestabilizarlo o implicarlo en una guerra de desgaste cuya duración, muy larga con toda seguridad, es imposible precisar.

El asesinato de 21 cristianos coptos egipcios en una playa de Libia, la decisión del presidente Abdelfatá al Sisi de responder con bombardeos aéreos, el secuestro de un número indeterminado de cristianos sirios de diferentes ritos y, por último, ese vídeo en el que aparecen varios muyahidines destruyendo estatuas asirias varias veces milenarias son la constatación directa y fehaciente de que esos nichos sin Estado en los que se ha instalado el EI presencian un adelanto de los significados explícitos e implícitos que se derivan de la proclamación del califato. El califato ha adquirido la personalidad de un actor político internacional de primer orden y la “adaptación cultural”, citada a menudo por Henry Kissinger como aquella más adecuada a la realidad de Oriente Próximo que la construcción de naciones por la que optó George W. Bush en Afganistán e Irak, apenas encuentra adeptos en Occidente, donde se ha impuesto el convencimiento de que la única solución posible es la militar y cualquier otra está llamada al fracaso.

Según la profesora Tricia Bacon, de la Universidad Americana de Washington, hay por lo menos cuatro factores que distinguen al EI de otras organizaciones islamistas:

-Recursos abundantes (el petróleo de los pozos conquistados en Siria e Irak, el dinero que estaba depositado en los bancos de las ciudades que ha ocupado y los arsenales abandonados sin lucha en el campo de batalla por el Ejército iraquí).

-Propaganda sofisticada (utilización intensiva de las redes sociales para llevar la yihad hasta las salas de estar de Occidente).

-Líder carismático (el califa Ibrahim –El Bagdadi antes– es uno de los agitadores de nuestro tiempo menos fotografiados, pero eso no ha reducido un ápice la fuerza de su llamamiento a la umma –la comunidad de creyentes– para que sea fiel y sumisa a sus designios).

-Ocupación de un territorio donde tiene libertad de movimientos (una vasta región que une partes de Siria e Irak bajo una sola bandera, más la colonización reciente de un reducto en el norte de Libia).

Hay otros dos factores de índole político-religioso-cultural que deben añadirse a los enumerados por la profesora Bacon:

-La explotación del sentimiento de marginación que invade a la comunidad suní de Irak desde la desaparición del régimen de Sadam Husein y la sustitución de este por otro en manos de la mayoría chií desde que Nuri al Maliki fue nombrado primer ministro, cuyos vicios apenas ha podido corregir su sucesor, Haider al Abadi.

-La pugna histórica entre Irán (chií) y las petromonarquías (sunís) por hacerse con la hegemonía en la región del golfo Pérsico, llamado mar Arábigo por los señores del oro negro, una pugna en la que se insertan los acontecimientos en curso y explica en gran medida las ambigüedades de Arabia Saudí y Catar, sobre todo, en relación con el EI, hoy bombardeado, pero quizá ayer financiado o, por lo menos, tolerado.

“El caos amenaza el orden mundial”, sostiene Henry Kissinger en World Order (Orden Mundial), el libro que presentó en septiembre del año pasado. Kissinger parte de la idea de que el orden mundial es “el concepto que tiene una región o civilización acerca de la naturaleza de acuerdos justo y de la distribución del poder a través de ellos para ser aplicados en todo el mundo”. Pero si una región –Oriente Próximo hoy– cobija un movimiento político de tipo insurreccional, que impide sistematizar el reparto del poder, construir un statu quo duradero, el caos está servido. Si se da además la circunstancia de que en la región se desarrolla una disputa entre actores principales, entonces el riesgo de caos es aún mayor. Esa es la situación desde Libia a Irak, con ramificaciones en Yemen y, más allá del mundo árabe, en partes del África subsahariana, Afganistán y Pakistán, hasta donde llegan los ecos del desafío del Estado Islámico, en unos casos, pervive el mensaje de Al Qaeda, en otros, o persiste la connivencia entre el islamismo en armas y algunas instituciones del Estado (el caso paquistaní).

Pareciera, al mismo tiempo, que últimamente se impone la lógica perversa de considerar a los enemigos de los enemigos como amigos propios. De tal manera que, puesto que el presidente de Siria, Bashar el Asad, combate al EI, y el EI es el adversario principal de Estados Unidos y sus aliados, el matarife sirio ha dejado de serlo o al menos lo es menos que cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fijó las líneas rojas que situaron a El Asad a un paso de ser bombardeo por orden de la Casa Blanca. Y esa lógica perversa puede hacerse extensiva a los países del Golfo que, al combatir al EI, debilitan al principal adversario del presidente sirio, socorrido no pocas veces por Irán, a su vez el gran contrincante chií de las monarquías sunís.

“Las relaciones entre el Gobierno de Irak y los estados del Golfo árabes sunís se han tensado considerablemente en el periodo posterior a Sadam, en parte porque el Gobierno de Irak está dominado por facciones chiís políticamente próximas a Irán”, se lee en el informe La crisis del Estado Islámico y la política de Estados Unidos, dirigido al Congreso de Washington. En el mismo informe se subraya que “los resultados de Estados Unidos de una estrategia de fuerza dependen de la participación de otros actores, tanto estatales como no estatales”; es decir, dependen de la implicación de los aliados, se trate de gobiernos o de organizaciones. Entre los primeros se deben contabilizar todos cuantos con más o menos entusiasmo han puesto sus bombarderos al servicio de la causa, pero también realidades tan debilitadas como el Gobierno libio encerrado en Tobruk, que, en teoría, debe ser el encargado de neutralizara orillas del Mediterráneo al Estado Islámico, señor de una parte de la costa oriental del país. Entre las segundas, quizá piensan aún los analistas estadounidenses en las menguadas fuerzas del Ejército Libre Sirio, convertido en poco más que una sombra de sí mismo y desbordado por el dinamismo de los yihadistas.

De lo que es fácil colegir que parecen estar en lo cierto cuantos piensan que la búsqueda de un desenlace solo militar o esencialmente militar no es más que un monumental error de cálculo, un contrasentido que no dará mejores resultados que los errores de cálculo cometidos antes en Afganistán e Irak. En sociedades decepcionadas por el fracaso de las primaveras árabes, singularmente la egipcia, sometidas a las servidumbres de una realpolitik asfixiante y seducidas por diferentes formas de islamismo, más o menos cercano a la ideología espontánea de comunidades abandonadas a su suerte desde hace décadas, carece de fundamentación lógica pensar que cabe suturar las heridas a cañonazos. Se diría que ni siquiera se puede así garantizar el derecho que asiste a los ciudadanos de los países occidentales de sentirse seguros y proteger su modo de vida, sino más bien todo lo contrario. Bien es verdad que nadie sabe con exactitud, más allá de las buenas palabras, cuál debe ser la alternativa para detener el desastre de los estados fallidos y los poderes de facto que desafían hoy a la comunidad internacional, pero una guerra interminable conduce directamente a un futuro tenebroso.

Una losa insoportable

Algo profundamente extravagante y demagógico une en el despropósito y en la tendencia a descubrir una conspiración detrás de cada esquina a los gobiernos, por no decir regímenes, de Argentina y Venezuela. En ellos alienta una afición desmedida a recurrir al victimismo mientras la economía se hunde y la crisis social avanza, a pesar de tratarse de dos países capaces de poner en los mercados recursos más que notables para llevar una vida desahogada. La “embestida mediática y judicial” a la que se refiere Jorge Capitanich, jefe de Gabinete argentino, y este “eje Madrid-Bogotá-Miami” –eje del mal, pudiera decirse– vislumbrado por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, comparten la afición o el recurso por el origen espurio, ajeno a su gestión, de la tragedia nacional. Pero el caso es que no hay forma de esclarecer en qué circunstancias se produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman en su apartamento de Buenos Aires ni en qué presuntos manejos anda metido Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas y destacada personalidad de la oposición, detenido el jueves en su despacho por el Servicio Bolivariano de Inteligencia.

Hay, en cambio, algunas certidumbres en ambos casos que llevan a pensar que los dos presidentes afectados, Nicolás Maduro y Cristina Fernández, han recurrido a la vieja táctica de huir hacia adelante para no tener que enfrentarse lo que quieren dejar atrás: un caos económicos con mal pronóstico y una degradación permanente, interna y externa, de sus gobiernos, de aquellas apuestas de futuro que el presente ha dejado desnudas. En ambos casos, también, se asiste a un proceso de ensimismamiento que convierte a los gestores de los proyectos impugnados por los resultados –el chavismo y el kirchnerismo– en caricaturas de quienes los concibieron originalmente, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. De tal manera, que no solo parecen haber perdido el ímpetu y la vigencia de los primeros días, sino que presentan el perfil clásico de una herramienta de poder manejada por un grupo, tendencia o ideología política con el único o muy principal objetivo de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible.

Las contradicciones en las que ha incurrido la presidenta de Argentina desde que se tuvo noticias de la muerte de Nisman, que la acusaba de haber encubierto la responsabilidad de Irán en el atentado contra la mutua judía AMIA –86 muertos el 18 de julio de 1994–, han resultado tan confusas como poco exculpatorias. Han sido más bien el catalizador de la protesta popular que llenó las calles de Buenos Aires y otras ciudades con una multitud silenciosa que exige diligencia a los tribunales y transparencia a los gobernantes. Ese requisito esencial para que en Argentina, como en tantos lugares, se ponga remedio a la propensión cada vez mayor a entender los salones del poder como aquellos lugares en los que todo es posible y casi nunca honorable, ese cambio en las costumbres que puede restablecer en la política los valores cívicos que a menudo acaban hechos girones.

En el caso de Maduro, más que de contradicciones, cabe hablar de extrañas fabulaciones o suposiciones que, si no lo son, obligan a quien las difunde a aportar pruebas para que la opinión pública esté debidamente informada. Lo único del todo cierto es que el líder opositor Leopoldo López lleva un año en la cárcel y ahora se une a él Ledezma. Y es igualmente cierto que el desabastecimiento, la inflación galopante y la crisis de divisas llevan directamente a Venezuela a un callejón sin salida, que antes perjudicará a los más vulnerables, en cuyo nombre dice actuar Maduro, que a quienes disponen de un margen mayor de resistencia ante la adversidad. Para resumirlo en pocas palabras: Chávez soñó con un petróleo a 200 dólares el barril para financiar la revolución bolivariana, pero anda hoy por los 50-60 dólares, dependiendo de las calidades, y es poco probable que vuelva a cotizarse a los precios estratosféricos de hace seis o siete años.

“Nisman ha pasado a ser el símbolo, para importantes franjas ciudadanas, incluso para aquellas que desconocían la personalidad del fiscal desaparecido, de que el país necesita un cambio copernicano de políticas y de estilos”, escribió el editorialista del diario La Nación, de Buenos Aires. “Un Gobierno que se precia ante los miembros de Unasur de ser demócrata no puede seguir utilizando los tribunales y la fiscalía para perseguir a quienes se le oponen”, se dice en las páginas de Opinión de Tal Cual, uno de los poquísimos exponentes de prensa de oposición que queda en Venezuela. Algo así como que también en Venezuela hace falta un cambio copernicano, una rectificación que legitime esa oferta de nacionalismo socializante que puede acabar el año con una inflación de tres dígitos, insoportable para las economías de los más débiles y ruinosa para el Estado.

Sería ingenuo negar que el Gobierno de Venezuela tiene que hacer frente a poderosos adversarios, pero no es menos ingenuo llegar a la conclusión de que cuanto sucede hoy bajo el paraguas poschavista es fruto de un complot interior con apoyo exterior. Esa fue seguramente la estructura del golpe de Estado que en el 2002 estuvo a punto de triunfar, pero desde aquellas fechas hasta ahora han pasado tantas cosas que es absurdo seguir anclado en las teorías conspiratorias de la historia. Dicho de otra forma, el chavismo se ha revelado como un proyecto ineficaz, insostenible e inclinado al clientelismo político, inspirado a menudo en un modelo –el cubano– asimismo ineficaz y en el ocaso de su ciclo histórico; un modelo que no ha evitado, además, las consabidas luchas por el poder en el seno del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), convertido en una formidable máquina de poder político y agitación popular que propende a estimular el culto a la personalidad: antes con Chávez; hoy con Maduro.

¿Qué decir del caso argentino? Desde el final de la dictadura, los peronistas han entendido las etapas en las que no gobernaron como periodos de excepción, así se tratase de Raúl Alfonsín, un hombre honrado, que de Fernando de la Rúa, un político incompetente. El corralito de 2001 abrió las puertas al regreso triunfal del peronismo e hizo olvidar los errores de Carlos Saúl Menem, y, al mismo tiempo, permitió que cundiera la especie de que con Néstor Kirchner llegaba al puente de mando una tercera vía en la que se mezclaban, nacionalismo, prosperidad y solidaridad continental. Así nació el kirchnerismo, revisión para el siglo XXI del peronismo cuya vigencia entró en crisis en cuanto se pasó del original a la fotocopia (la presidencia de Cristina Fernández), de la posmodernidad a los atrevimientos contables de los cachorros del justicialismo, cuya máxima expresión es Axel Kicillof. Se mantuvo el culto a la personalidad y el recuerdo permanente del magisterio de los difuntos, pero los casos de corrupción lo emponzoñaron todo y ahora más parece que la culpa debe recaer en los comentarios del editor de Clarín, Ricardo Roa, paradigma de la oposición a la presidenta, que en el quehacer lleno de sospechas de quienes gobiernan.

Roa afirma en uno de sus comentarios: “El kirchnerismo se enrosca cada vez más sobre sí mismo. Se sintió dueño del poder para largo y así también se supuso impune en los tribunales. Pero cuando un ciclo se acaba, se acaba para todo”. También el chavismo, el PSUV, los herederos del líder fallecido albergaron este sentimiento de continuidad, de permanencia, de poder largo, pero puede que se hallen a las puertas de su final de ciclo, de ese momento inevitable en el que parece que todo conspira para que nada funcione, para que crezcan los adversarios y no quede más remedio que resistir sin esperanza o desistir. Hay en el discurso último de Maduro todas las señales de agotamiento del modelo, de negación de la lógica para construir un relato de cuanto sucede despegado de la realidad. Y también lo hay en la respuesta de Cristina Fernández y su entorno a las reclamaciones de la calle que protesta, como si aceptar la realidad equivaliese a ser aplastado por una losa insoportable.

 

 

Esperar y ver después de Minsk

Tantos y tan rotundos son los fracasos precedentes en la aplicación de acuerdos encaminados a silenciar las armas en Ucrania que el alcanzado el jueves en Minsk debe acogerse con una sobredosis de prudencia. La distancia entre el proyecto de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de restaurar el orgullo herido por Occidente a raíz del hundimiento de la URSS, y el objetivo europeo, respaldado por Estados Unidos, de sumar Ucrania a la expansión hacia el Este se hallan tan lejos y reúnen tal cantidad de incompatibilidades que mal puede pensarse que 15 horas de negociación sean suficientes para, a partir de aquí, avanzar hacia la concreción de un modus vivendi razonablemente tranquilo. Como subrayan todos los especialistas, se impone el wait and see (esperar y ver), que no gusta a la Casa Blanca, pero que ha ganado adeptos en la Unión Europea, que lo prefiere a la reiteración de errores que han llevado a la situación desquiciada del presente.

Un editorial del viernes del periódico liberal británico The Guardian resumió en una sola frase todas las dificultades que entraña la aplicación de la tregua, la retirada de las armas pesadas, la creación de una zona desmilitarizada y las reformas constitucionales que deben servir para encajar el Donbass en Ucrania: “Los objetivos de Rusia, Ucrania, los separatistas, los europeos y los estadounidenses son tan divergentes que es imposible reconciliarlos”. Porque, para que ello fuera posible, haría falta que se aceptaran por las partes algunos requisitos que hoy, lejos de vislumbrarse, no parece que los implicados puedan compartir. Entre ellos, cuatro parecen tan necesarios como alejados de las intenciones de los contendientes y de los intermediarios –Francia y Alemania– que han acudido a Minsk:

  1. Ningún desenlace de la crisis puede entrañar una debilidad estratégica o política para Rusia.
  2. Ucrania tiene derecho, en el ejercicio de su soberanía, a articular sus compromisos exteriores siempre que estos no dañen la seguridad de sus vecinos.
  3. La minoría rusófona de Ucrania tiene derecho a que se garantice su supervivencia cultural.
  4. La incorporación de la península de Crimea a Rusia es un dato irreversible, salvo que el caso se quiera convertir en la coartada o justificación para eternizar el conflicto mediante una guerra de baja intensidad a las puertas de la UE.

Frente a ese planteamiento realista, que el Gobierno ucraniano y los separatistas –Rusia mediante– debieran tener por razonable, se alza la pretensión de ambas parte de cobrar ventaja o debilitar al oponente, de acuerdo con una lógica político-militar que pone en riesgo cualquier solución negociada. Así se explican la ambigüedad de Putin al anunciar el acuerdo, la obstinación de Petró Poroshenko, presidente de Ucrania, de excluir la federación o la autonomía de la reforma constitucional que debe acomodar con garantías las provincias rusófonas dentro de las fronteras ucranianas y la prudencia extrema de la cancillera Angela Merkel y del presidente François Hollande al levantarse la sesión tras una noche de discusiones a cara de perro o poco menos.

Como afirma el profesor Pere Vilanova, la solución preferida por Putin es “mantener abierto uno más de sus productos de exportación preferidos: los conflictos congelados o estados de facto, como en Osetia del Sur, Abjazia, Transnistria, Nagorno Karabaj, todos obra de Rusia” (por si alguien lo dudaba, la guerrilla del Donbass es una mera ficción táctica para encubrir la injerencia rusa en Ucrania). Pero no puede decirse que la prudencia sea la mayor virtud de Poroshenko, que en plena crisis ha recibido del Fondo Monetario Internacional 17.000 millones de euros y que ve en la UE la tabla salvadora para evitar la quiebra económica del Estado que, quizá, sirva también para conjurar la política. Mientras tanto, en el frente, los combatientes se han esmerado en mejorar sus posiciones antes de la tregua y los separatistas no han dejado de recibir suministros rusos, orientado todo a sacar el máximo partido final –si es que se trata realmente del final– a su situación en el campo de batalla.

El único dato de indiscutible relevancia en la gestión de las últimas semanas de este desdichado conflicto, presunta guerra civil y aún más presunta guerra de liberación, es la comparecencia del eje franco-alemán, pilar primero de la construcción europea, aunque sea a costa de dejar a un lado a Federica Mogherini, teórica responsable de la política exterior europea. Más allá del coste político para articular una diplomacia europea colegiada surgió el peso de la historia en esa madrugada se discusiones en la que estuvieron presentes Merkel y Hollande, sin que ningún socio de la UE discutiera su derecho a hablar en nombre de todos, y aun a condicionar la futura posición de Europa si los acuerdos de Minsk dejan de tener vigencia, si se da el caso de que Estados Unidos rescata su idea de que es necesario prestar ayuda militar a Ucrania para compensar la que Rusia presta a los separatistas.

En la implicación franco-alemana hay el reconocimiento implícito de que es preciso corregir los errores de manual cometidos por Occidente y evitar una reedición de la incapacidad mostrada hace más de 20 años para evitar el incendio de los Balcanes. El oportunismo exhibido por Occidente al desmembrarse la URSS, la expansión de la OTAN hacia el este, como si Rusia no fuese la heredera directa del legado soviético, la instalación del escudo antimisiles en Polonia y la República Checa, que daña irremisiblemente la capacidad de respuesta militar de Rusia, y la pretensión de la UE de atraer a Ucrania en perjuicio de los intereses rusos, aunque se negara tal circunstancia, han inducido la rectificación franco-alemana sin someterla a la consideración de los demás socios europeos pues, en este caso, quizá las consabidas digresiones bizantinas que con frecuencia paralizan a la UE hubiesen hecho imposible el viaje a Minsk. Si la reaparición en primera línea del eje franco-alemán debilita o refuerza el diseño de una política exterior europea, es asunto que seguramente no admite una única respuesta: puede que quede sometida o condicionada por el eje, pero cabe asimismo que el eje la refuerce al soslayar las diferencias históricas entre la tradición anglosajona –asociación cuando no sujeción a la política exterior de Estados Unidos– y la más decididamente europeísta.

Más importante que todo esto es que la intermediación europea caiga en saco roto y que a las primeras de cambio, con cualquier pretexto, lo acordado en Minsk quede en agua de borrajas, porque en este caso es de temer que se lleve a la práctica la opción manejada por la Casa Blanca, secundada con entusiasmo por la mayoría republicana en el Congreso. Y en esa posible guerra más caliente o más comprometida para los países de la OTAN, es decir, para la inmensa mayoría de los socios de la UE, es más que verosímil que rebroten las diferencias y aun la división, los leitmotiv de la guerra fría y puede, quién sabe, que los agravios históricos que los antiguos integrantes del Pacto de Varsovia guardan en la memoria y los agitprop de turno resucitan de vez en cuando. Wait and see.

EEUU duda de nuevo de los saudís

El asesinato de un piloto jordano, quemado vivo por el Estado Islámico (EI), y la venganza jordana de ahocar a dos terroristas condenados a muerte, pero con la pena capital suspendida en el país desde el 2008 , han llevado la degradación moral del caos en Oriente Próximo hasta límites insospechados, si es que ello era o es posible. El relato de los atropellos cometidos por las huestes del califato empalidece cualquier referencia anterior de la crueldad en directo como instrumento de propaganda para sembrar el terror o ganar adeptos, pero las ejecuciones decididas en Jordania, un Estado reconocido por la comunidad internacional y que cabe imaginarle comprometido con el principio de legalidad, resulta demoledor y permite albergar toda clase de dudas sobre las inquietudes de la monarquía hachemí en el plano moral. No hay en esa carrera alocada hacia la aniquilación nada que permita vislumbrar una salida decorosa; se adivina en cambio una influencia cada vez mayor de los partidarios de las soluciones radicales, de aquellos que reclaman una victoria militar por encima de cualquier otro objetivo.

No hay duda de que en el ánimo de Estados Unidos y sus aliados en las operaciones contra el Estado Islámico ha calado de forma mayoritaria el principio de que toda solución, salida, arreglo o mecanismo de control de los islamistas requiere alcanzar tal victoria. Es esta una idea genérica, poco desarrollada y que exige una dirección cohesionada de las operaciones en curso –algo que está lejos de darse ahora–, pero es el enunciado que más partidarios tiene, puesto que se descarta la viabilidad de un desenlace pactado: el EI, el ISIS, el Daech o como llamársele quiera no tiene otro objetivo que diluir Siria e Irak, poner en duda el mapa político de Oriente Próximo y someterlo a sus designios según es fácil deducir de la desaparición de facto de la frontera sirio-iraquí, establecida por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial antes del armisticio de 1918 (acuerdos Sykes-Picot de 1916).

Max Boot, un historiador militar de perfil conservador cuyas ideas tienen gran difusión en Estados Unidos, entiende que el presidente Barack Obama debe asumir que salir al paso del ISIS requiere tomar un mínimo de ocho decisiones, que detalla en un artículo publicado en la web del think tank Council of Foreign Relations. Boot escribe: “Una meta razonable para Estados Unidos no sería ni degradar el ISIS (vaga e insuficiente) ni destruirlo (demasiado ambicioso ahora), sino más bien derrotarlo o neutralizarlo, poniendo fin a su capacidad de controlar un territorio significativo y reduciéndolo, en el peor de los casos, a un pequeño grupo terrorista de alcance limitado”. Y enumera las ocho condiciones que la Casa Blanca debe cumplir:

  1. Intensificar los bombardeos.
  2. Levantar la prohibición de que los soldados de Estados Unidos combatan en tierra (boots on the ground).
  3. Aumentar el tamaño del cuerpo expedicionario.
  4. Enviar unidades de operaciones especiales.
  5. Atraer a Turquía a la guerra.
  6. Declarar el espacio aéreo sirio zona de exclusión.
  7. Movilizar a las tribus sunís de Irak y Siria.
  8. Preparar la reconstrucción Estado después de la guerra en Irak y Siria.

Lo que hace Boot en su artículo es decir en voz alta lo que en muchos despachos se dice a puerta cerrada. Es, al mismo tiempo, un ejercicio de realismo lleno de aristas porque interesa la relación de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN con Rusia, la pretensión de Turquía de no enredarse en un conflicto que excede su capacidad de influencia, el compromiso de los países árabes con la coalición internacional y el coste material de una estrategia más agresiva que la actual (desplazar 10.000 soldados al teatro de operaciones puede costar 10.000 millones de dólares al año). Y entraña también el riesgo de enfrentarse a una opinión pública atemorizada por la degradación de la seguridad en Occidente, pero reacia a afrontar nuevas aventuras militares en Oriente Próximo de suerte incierta que, además, pueden llevar la respuesta islamista a la puerta de su casa.

Aunque eso fuese todo, sería suficiente para comprender que los pasos a dar en la dirección que sea –la indicada por Boot o cualquier otra– son de una gran complejidad en un horizonte lleno de incertidumbres. Pero hay que añadir inexcusablemente las dudas que atenazan a una parte de la Administración de Estados Unidos, más incluso que a la opinión pública en cuanto a la solvencia y lealtad de algunos aliados, de manera especial Arabia Saudí, bajo sospecha permanente de participar en un doble juego: sumarse ahora a la causa contra el Estado Islámico después de haber promovido el fundamentalismo en el orbe musulmán; presentarse como el aliado comprensivo de Estados Unidos después del 11-S a pesar de haber financiado antes a Al Qaeda con desparpajo apenas disimulado por la corte de Riad.

En ese clima de sospecha, no pasa de ser un problema menor la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de mantener sus aviones en tierra hasta que Estados Unidos se comprometa a acudir al rescate de sus pilotos si son derribados por el EI, una consecuencia directa de la muerte del piloto capturado por los combatientes del califato. Lo que realmente importa son las informaciones difundidas estos días por The New York Times, que implican directamente a la familia real saudí, incluido el rey Salmán, que sucedió a su hermanastro Abdulá hace dos semanas. Aquello que realmente preocupa es el contenido de las 28 páginas clasificadas que contienen información recogida por los comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde aparecen los nombres de saudís que prestaron “apoyo crucial a los secuestradores” y están implicados en la financiación del terrorismo. Aquello que de verdad inquieta es si las acusaciones de Zacarias Moussaoui acerca de los planes discutidos en la palacio real de Riad a finales de los años 90 –presidencia de Bill Clinton– para derribar con un misil Stinger el Air Force One son el delirio sin fundamento de un condenado o, quién sabe, las revelaciones de quien no tiene nada que perder y ha decidido poner el depósito de detritus delante del ventilador para salpicar a cuantos más, mejor.

Eso es lo que importa. Mientras sean imprecisas las respuestas a una serie de preguntas que se formulan con lógica insistencia los analistas de los Departamentos de Defensa y Estado, el plan de Boot cojea irremediablemente porque a un problema árabe-musulmán es impensable darle una solución consistente si es fruto de una actuación unilateral de Occidente en la que los gobiernos y las opiniones públicas de la región sean poco más que figurantes. El precedente de Irak está ahí para recordar a todo el mundo cuáles fueron los errores cometidos y en qué desembocaron. Cuando el dedo acusador señala una vez más al príncipe Bandar bin Sultán, embajador saudí en Estados Unidos desde 1983 a 2005 y amigo de la familia Bush, como uno de los financiadores de Al Qaeda, quedan pocas dudas acerca de la debilidad de la coalición que se enfrente al Estado Islámico. Pues si cabe la posibilidad de que la familia real saudí o parte de ella actuara con frecuencia como el banquero encubierto de Al Qaeda, ¿quién puede asegurar que la historia no se repite ahora con el califato? ¿Quién puede garantizar que el califa Ibrahim ha dejado de ser la niña de los ojos de alguno de los clérigos más influyentes de las petromonarquías?

La resolución redactada por el representante demócrata por Massachusetts Stephen F. Lynch, apoyada también por los republicanos, que anima al presidente Obama a desclasificar las famosas 28 páginas de los comités de Inteligencia es un arma cargada de riesgos. Si establece de forma meridianamente clara que los saudís jugaron con dos barajas antes y después del 11-S, agravará la crisis de confianza que mina las relaciones de la Casa Blanca con el palacio real de Riad desde hace más de una década; si el memorial no aclara nada y todo queda en una insinuación, es probable que la comunidad de inteligencia exija realizar nuevas investigaciones, comprometedoras quizá para algunos jeques árabes, para garantizar la seguridad de sus efectivos en Oriente Próximo, como se ha apuntado varias veces en los últimos años. En cualquier caso, la publicación de las 28 páginas será un ejercicio de transparencia, probablemente necesario y al que los contribuyentes tienen derecho, pero que despejará bastante poco las dudas sobre la utilidad o eficacia de la alianza militar que se opone al EI desde el aire.

¿Cuáles son los riesgos si las cosas siguen como hasta ahora?, se preguntan los estrategas del Pentágono y los diplomáticos del Departamento de Estado. La respuesta es tan simple como lógica: la prédica del Estado Islámico puede contaminar la política de Jordania y Arabia Saudí, relativamente convencional hasta ahora en ambos casos, y la de Líbano, desquiciada por la guerra civil siria, la arrogancia militar de Hizbulá y la debilidad de un reparto del poder entre comunidades que impide la cohesión del Estado. Si los efectos de esa contaminación en Siria e Irak son perfectamente medibles, ¿qué consecuencias tendría si se extendiera por toda la región como mancha de aceite? Ningún análisis resulta tranquilizador.

 

Grecia, en el laberinto

A juzgar por la gesticulación de los mercados después de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno griego, se diría que los propósitos de Alexis Tsipras eran poco conocidos o se tomaron como un mero enunciado de objetivos que se guardan en el armario al día siguiente de la victoria. Es posible que las bolsas y el mercado secundario de la deuda esperaran una mayor contención de la coalición Syriza, recién llegada al poder, pero nada de lo anunciado después del primer consejo de ministros se aleja de lo que cabía prever en un país baqueteado por la crisis y que ha hecho saltar por los aires el sistema tradicional de partidos para, por lo menos, recobrar el aliento. Hace tiempo que Tsipras olvidó la quimera de ser el Andreas Papandreu del siglo XXI, como ha recordado el diario conservador de Atenas I Kathimerini, pues él nadó en el mar de ayudas comunitarias que recibió Grecia al ingreso en la Comunidad Económica Europea y el nuevo primer ministro, en cambio, ha encontrado la caja vacía, pero la victoria es demasiado reciente para imaginar que enterrará en el olvido cuanto le llevó al triunfo.

Por la misma regla de tres, la sorpresa causada por el anuncio de Yanis Varoufakis, responsable de los planes económicos del Gobierno griego, de que este no reconoce a la troika –Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo– como interlocutor para renegociar la deuda tiene muy poco de sorpresa y bastante de dificultad previsible o conflicto previsible. De hecho, antes que Varoufakis, Giorgos Katrougalos, ministro de la Reforma Administrativa, declaró sin tapujos al diario Le Monde: “No reconocemos  ni el memorándum ni la troika”. De hecho, ni el ala más radical de Syriza ni Griegos Independientes, sus socios de Gobierno, hubiesen aceptado como punto de partida algo distinto a tan rotunda declaración: los unos, por sus convicciones socializantes; los otros, por su confeso nacionalismo antieuropeo.

A mayor abundamiento, Varoufakis es autor de un libro de título sugestivo: El minotauro global. En él reclama la convocatoria de una conferencia internacional para crear un mecanismo asimismo global de reciclaje de excedentes, una herramienta destinada a evitar que vaya en aumento el empobrecimiento de unos y la opulencia de otros, algo así como un factor de rectificación permanente para evitar que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres, dicho sea sin ánimo de simplificar. Varoufakis no oculta su desconfianza en el mercado como factor de corrección de los desequilibrios y discute su utilidad para aminorar las desigualdades favorecidas por la crisis de 2007-2008. Es difícil que quien así piensa pueda de buenas a primeras echar al cesto de los papeles aquello que siempre ha defendido y que ha caracterizado su discurso de intelectual comprometido.

De momento, nadie ha pedido a Tsipras y a Varoufakis que dejen de serlo para tranquilizar al establishment europeo, cuyos sueños perturba la victoria de Syriza desde la noche del 25 de enero. Pero incluso en el caso de que tal cosa sucediera, los asustados seguirían asustados y los euros seguirían en fuga –fuga de capitales–, tal cual está sucediendo en Grecia desde hace tiempo. Porque existe una incompatibilidad manifiesta entre el antedicho establishment, que dicta el camino a seguir para sanear las cuentas griegas, y el equipo de Tsipras, y existe otra incompatibilidad, histórica esta, entre la nebulosa social que ha dado la victoria a Syriza y la cortísima lista de apellidos ilustres, dueños de facto del Estado y de sus vicios, que se remonta a los orígenes mismos de la Grecia surgida de la guerra civil (1946-1949). La primera incompatibilidad afecta al programa de rescate (a su aceptación y ejecución en términos durísimos); la segunda interesa el coste asociado al reparto de papeles en la estructura social griega, donde forma parte de la tradición el absentismo fiscal de la Iglesia ortodoxa, de los oligarcas del sector naviero y, en general, de cuantos son titulares de una parte sustancial de la riqueza de la nación.

Quizá el enfado sin disimulo del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, al final de su estancia del viernes en Atenas sea la primera manifestación concreta de esa incompatibilidad casi genética entre los fundamentalistas de la austeridad y los sacrificios para salir de la crisis y los partidarios de proceder a un reparto equitativo de las cargas para evitar que los dislates presupuestarios de gobiernos como los de Grecia de distinto signo –practicaron alegremente el deporte de amañar los libros de cuentas– caigan en exclusiva sobre las espaldas del ciudadano medio, vulnerable por definición cuando se esfuman los salvavidas sociales. Por no hablar de la doble o triple vara de medir de los gestores de la crisis, que lo mismo aprietan las tuercas a Grecia que perseveran en la comprensión con Francia e Italia, cuyo PIB es, respectivamente, 6,5 veces y 8,5 veces mayor que el griego (unos 215.000 millones de euros). Pues si no hay más senda por la que transitar que la de la austeridad para Grecia, según se desprende de las apreciaciones de Angela Merkel filtradas a la opinión pública, pero no así para otros países, cuya importancia sistémica, como ahora se dice, nadie discute, habrá que concluir que la descohesión social europea es algo más que un riesgo en un futuro no deseado.

Dicho todo lo cual no queda más que admitir que Grecia solo puede salir del laberinto del minotauro europeo mediante un acomodo de su programa a las exigencias de sus socios de la UE, quizá mediante un hilo de Ariadna que, a la manera de Teseo, guíe sus pasos hacia la salida sin sufrir mayores males de los ya soportados por una población a un paso de la inanición. Ese hilo, esa pista a seguir, ha de tener la forma de pacto entre Grecia y aquello que, aun siendo la troika, no lo parezca o no se llame así, pero sirva para suavizar las condiciones de la devolución de la deuda –así en los plazos como en las condiciones y cantidades a pagar– a cambio de encarar con determinación las reformas estructurales de la economía griega, adormecida en el sueño del turismo y retrasada en todo lo demás: combatir el fraude fiscal, elaborar un catastro, aumentar la competitividad y así hasta completar un largo etcétera. Ese trueque, según el término utilizado por el profesor Josep Oliver en estas páginas, no es el gran hallazgo que sanará al enfermo en un abrir y cerrar de ojos, pero sí puede ser la fórmula que evite más sufrimientos a una sociedad doliente y, al mismo tiempo, apacigüe a los acreedores más exaltados, aquellos que ven en Syriza un compendio de todas las radicalidades a través de su propia radicalidad de defensores implacables de las exigencias de la troika.

Si esa salida o remiendo hace saltar por los aires las reglas del juego en el seno de la Unión Europea y da alas a los partidos o coaliciones que pueden salir más baratos a los ciudadanos –Podemos en el caso español–, de acuerdo con una idea expresada por Josep Piqué en Barcelona esta misma semana, es algo que está por ver, pero el pacto es ineludible si tiene que casar la decisión democrática de los griegos de dar el Gobierno a Syriza con la exigencia europea de que las deudas son de pago obligado. Cualquier otra alternativa se antoja imposible, cuando no arriesgada y profundamente desestabilizadora tanto para Grecia como para Europa en su conjunto, así sea la grexit (salida del euro), el bloqueo sine díe del último tramo del segundo rescate o alguna maniobra encaminada a convencer a los griegos de que votaron en un sentido equivocado y conviene que rectifiquen. Sería tanto como someter a una revisión violenta, apresurada y arbitraria el acervo político de la UE que, en este caso sí, tendría consecuencias: alimentaría las expectativas de los euroescépticos, de los nacionalismos exacerbados, de la extrema derecha rampante y de cualesquiera otros adversarios de la unión, dispuestos a sacar partido a cualquier crisis en cualquier momento.

 

 

Bárcenas se adueña del micrófono

Resumen de lo publicado entre poco antes y poco después de que Luis Bárcenas saliera de la cárcel previo pago de una fianza de 200.000 euros, que a muchos les parecen pocos menos que simbólicos, pero que se ajustan a derecho según conviene decir en aras de la corrección política y los buenos modales. Vayamos al resumen:

-Los bancos andorranos no quieren testificar en el Parlamento catalán sobre las cuentas de Pujol, los dineros de los Pujol o al menos de algunos de los Pujol.

-Carlos Floriano, del PP, dice de Luis Bárcenas: “Este señor nos engañó”. Pero el tal señor recibió el aliento decidido de Mariano Rajoy para que resistiese como un jabato.

-No pasa un día sin un Gürtel ni semana sin imputación.

-Juan Carlos Monedero, de Podemos, promete aclarar cuanto convenga de sus ingresos por trabajos facturados si se lo autoriza… Venezuela.

-Tania Sánchez, de IU, tendrá que renunciar a su candidatura por Madrid si resulta imputada en un confuso caso de subvención pública de actividades privadas en las que aparece su hermano.

-Susana Díaz, del PSOE andaluz, con el lío de los ERE de por medio (una burrada de millones), sopesa convocar elecciones para obtener la legitimación de las urnas antes de disputar el despacho del PSOE en Madrid a Pedro Sánchez.

-Un juez requisa los contratos con la red Púnica en varias dependencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid (las sospechas alcanzan a colaboradores directos de Ignacio González, presidente madrileño).

-El matrimonio Urgandarín-Borbón vende por seis millones de euros el palacete de Pedralbes, en parte embargado.

-Oriol Pujol da a entender que todos son inocentes (entiéndase, los Pujol).

-El llamado caso Palau anda atascado en un galimatías procesal que quizá tenga justificación técnica, pero carece de justificación social.

-Artur Mas se dispone a aprobar un presupuesto, apoyado por ERC, que incluye ingresos virtuales (dependen de la caja del Estado).

-Mariano Rajoy y su séquito están exultantes con las cifras de empleo del 2014, pero resulta que hay más de cinco millones de desocupados, la tasa de paro se mantiene en el 23,7% y en 1,7 millones de hogares nadie tiene un puesto de trabajo.

Y así se podría seguir muchas líneas más a riesgo, claro, de sembrar el aburrimiento cuando no la depresión.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

El filósofo Daniel Innerarity dice: “Si ponemos el foco en la corrupción, existe el riesgo de pensar que, si no la hay, la política funciona bien. Y a mí me preocupa más la política que no funciona bien cuando no hay corrupción. La política es un instrumento para dar solución a los problemas, por lo que no se trata tanto de un problema de rearme moral, sino de construir un sistema inteligente de gobierno”. El razonamiento resulta impecable, pero a la opinión pública, a los electores, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a los votantes, a los administrados les resulta cada día más difícil comprender o aceptar que los administradores son servidores abnegados en su inmensa mayoría; los administrados circulan con la reserva de confianza bajo mínimos y cada día les viene más cuesta arriba admitir que eso de la corrupción es un submundo en el que se ha refugiado una minoría para enriquecerse a costa de la mayoría y de expandir el desprestigio de la política.

Innerarity sostiene, además, a propósito de la corrupción: “Se erosiona la única autoridad por encima de los técnicos, de los expertos. Indirectamente, esa crítica furibunda contra la clase política, a la que algunos quisieran ver fuera de juego, otorga una autoridad a técnicos y expertos que no deberían tener”. Eso está sucediendo ahora, y es un refugio ideal para que gobernantes mediocres y gestores osados se apareen y arrinconen la política, el viejo arte de afrontar los retos de cada época más allá de los libros de contabilidad y de las estadísticas interesadas. Cuanta menos política, más tecnocracia; cuanta menos política, más hojas de Excel, más Fondo Monetario Internacional y desmantelamiento del Estado de bienestar bajo el epígrafe de reformas.

Nada del todo nuevo bajo el sol. Maquiavelo escribió en los Discursos: “Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones”. Lo que sucede hoy –los días de Maquiavelo no fueron muy diferentes en ese aspecto– es que quienes dicen ocuparse de atajar la corrupción albergan, al mismo tiempo, la preocupación de salir trasquilados, de que aquello pensado para sanear la vida pública se vuelva contra ellos o sus allegados políticos a través de una trama de intereses que quizá no controlan o de la que simplemente desconocen la existencia (es último es poco creíble).

Maquiavelo cree incluso preferible confiar en “hombres montaraces” –de nuevo, los Discursos– para fundar una república (entiéndase un Estado de nueva planta) que aquellos de “corrompidas costumbres” que acumulan la experiencia de quienes están avezados en ejercer el poder. A saber si al autor de El príncipe tendría por adecuado cambiar los “hombres montaraces” por recién llegados sin mayor experiencia de gestión política que las tertulias y las aulas universitarias ni más avales que sus promesas bien intencionadas, para el caso Pablo Iglesia y su equipo de Podemos. Pareciera que es ese un ropaje muy sucinto para afrontar el rearme moral que Innerarity no cree primordial, aunque quizá los votantes lo estiman indispensable para superar la insoportable levedad del ser que se ha adueñado de una comunidad decepcionada, desencantada, quizá desesperanzada, aunque Luis de Guindos coseche en Davos felicitaciones de muy variada procedencia, tributarias la mayoría del recetario contra la crisis redactado por los economistas del Bundesbank.

El filósofo Emilio Lledó declaró a El País el 15 de noviembre del 2011, cuando ya llovían chuzos de punta a causa de la corrupción, aunque menos que hoy: No podemos dejar el país en manos de una política con una parte regida por oportunistas y por indecentes. Que el imperio de la indecencia domine en la política es intolerable; ese imperio es fruto del dominio de ciertas oligarquías que piensan que lo único que hay que hacer es ganar dinero y crear ideologías aptas para que esa oligarquía siga con poder”. Pero al escuchar los noticiarios y leer los periódicos desde que Luis de Bárcenas agarró el micrófono a las puertas de la cárcel es difícil sustraerse a la idea de que la agenda política la marca la indecencia de quienes están dispuestos a poner el plato de detritus frente al ventilador para ensuciar a todo el mundo y, de paso, aligerar su cargamento de porquería. Porque al sembrar la sospecha en todas direcciones y socavar el prestigio de todo el mundo, con fundamento o sin él, todos los Bárcenas que hoy se pasean por los juzgados inducen a una opinión pública aturdida a concluir que todos son lo mismo, que ellos no han hecho ni más ni menos que lo que han hecho los demás: llenarse los bolsillos con comisiones, concursos amañados, black cards, cuentas en paraísos fiscales o cualquier otra desvergüenza imaginable o por descubrir.

Esa idea de que todos son lo mismo, de que todos frecuentan la misma alcantarilla, es profundamente reaccionario, antidemocrático e inmoral, pero suma cada día más adeptos y no hay otra forma de salirse de ella que atender a quienes como Antonio Sitges-Serra en este periódico reclaman a los políticos, a los que hasta ahora han dispuesto del poder y a cuantos puedan verse en el futuro en parecida situación, “un propósito de enmienda” que les autorice a ganarse “nuestra confianza y nuestro voto”. Esta petición o ruego tan sencillo, manifestar “un propósito de enmienda”, se halla en las antípodas de la peor versión de la charcutería política que asoma por todas partes, de la política de bajos vuelos pergeñada por gabinetes de asesores encargados de buscar la forma de retener el poder o de conquistarlo mediante las encuestas, los sondeos y los programas que se olvidan en cuenta se apagan los focos al final de cada campaña y empieza el recuento de votos. Se halla, asimismo, en las antípodas del rictus forzado de Rajoy al llegar a la convención del PP mientras Bárcenas seguía con sus declaraciones envenenadas y marcaba el tempo a la orquesta.

“El conformismo es una ideología peligrosa”, declaró el gran periodista y pensador francés Jean Daniel en el 2008. Y el conformismo, debe añadirse, es una forma de pesimismo o de sometimiento, puede que de fatalismo, que alimenta en gran medida el rumbo tomado por la política, sometida a las exigencias implacables de los finanzas globales y al diagnóstico de los tecnócratas. Pero alimentado también por la sensación de impunidad –quizá inexacta o exagerada, pero sensación al fin– de la que disfrutan los Bárcenas de toda ralea, una sensación acrecentada por la salida de la cárcel del exsenador, cuya justificación jurídica, en principio, no hay que poner en duda, aunque mueva a muchos a ver en ella un trato de favor o una mayor comprensión que no alcanza a otros procesados en causas que provocaron menor escándalo, alarmaron menos o simplemente no llegaron a conocimiento de la opinión pública. Serían un gran logro que antes de las elecciones de mayo se impusiera la movilización regeneradora al conformismo para evitar que sean los Bárcenas de turno quienes dicten las reglas de campaña.

Dilema europeo entre seguridad y libertad

Después de la gran manifestación del domingo último en París, de la ceremonia de la unidad ante el desafío yihadista, concretada en la cabecera de la marcha republicana, surgen por todas partes señales de fatiga o de desunión en el seno de la Unión Europea, en Francia y entre diferentes enfoques ideológicos. El gran problema es dar con el punto de equilibrio que permita a un tiempo garantizar el ejercicio de las libertades que distinguen a la cultura política europea y garantizar la seguridad, un derecho que asiste a los ciudadanos y que compromete a los gobernantes. En términos generales, resulta contradictorio recortar las libertades para preservar su ejercicio, pero no lo es menos dejar de tomar medidas en el campo de la seguridad en nombre de la libertad de los individuos.

Cuando la exministra francesa Valérie Pécresse propone una ley patriótica francesa, imitación de aquella aprobada en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, abre la caja de los truenos de las garantías constitucionales, del derrumbamiento de los muros de contención que protegen a los ciudadanos de las eventuales arbitrariedades del poder. El historiador Antonin Benoit recuerda que no hay demasiados datos para deducir de ellos que la ley patriótica “ha hecho que América esté más protegida frente al terrorismo”, según figura en un informe elaborado por la Unión Americana de Libertades Civiles. La libertad de movimientos que la ley otorga a las agencias federales, especialmente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés), ha tenido poca influencia en el control de los islamistas, pero ha consolidado un estado de excepción permanente que afecta a la vida cotidiana de todo el mundo e impone de facto el principio de la sospecha generalizada.

Tzvetan Todorov: “Comprender el mal no significa justificarlo, sino darse los medios para impedir su regreso”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está convencido de que es “perfectamente compatible” mantener los estándares de libertad y reforzar la seguridad, pero alcanzar este principio obliga a atravesar un campo de minas donde el pensamiento conservador, en general, se muestra poco exigente en cuanto al daño que se puede causar al sistema de libertades individuales y colectivas de los europeos. Surge así un debate de ideas de desenlace incierto y con la simiente de la división siempre presente. Puede decirse incluso que en sociedades asustadas o desorientadas como las europeas, arraiga la utopía reaccionaria (distopía en el pensamiento progresista) de aumentar la seguridad a costa de la libertad. O de imponer la corrección política como sea y acerca de cualquier asunto para evitar el conflicto –véanse los equilibrios de la prensa anglosajona para no reproducir las viñetas de Charlie Hebdo–, algo que tiene todas las trazas de constituir un triunfo de la coacción de los violentos frente a la libertad de expresión, aunque se vista con el pretexto del respeto debido a todas las creencias.

Diríase que resulta más fácil para los gobernantes y más tranquilizador para los gobernados seguir la lógica de la mutilación encubierta de las libertades que analizar qué está sucediendo y sacar conclusiones. El editorialista de Le Monde Gilles van Kote sostiene que “una refundación política (de Francia) es necesaria”, pero para ello es preciso comprender, que no significa justificar, como ha explicado con acierto el filósofo Tzvetan Todorov: “Comprender el mal no significa justificarlo, sino darse los medios para impedir su regreso”. Comprender es dar con las causas de la crisis social, política y cultural, que lleva hoy a jóvenes de ascendencia musulmana, pero criados en países europeos desde su nacimiento, a unirse a la guerra santa del Estado Islámico, a la prédica apocalíptica de Al Qaeda y a la vileza de los atentados contra sus conciudadanos. Sin comprender es imposible actuar o conduce directamente al error, a estigmatizar a una o varias comunidades, aunque todos los días se insista en el respeto y la tolerancia a la hora del telediario. Y habría que preguntarse hasta qué punto la tolerancia es tolerable o, como sostuvo en su momento Eduardo Haro Tecglen, es intolerable porque no es más que una forma de condescendencia más o menos caritativa con el diferente, con el discrepante, con el otro, origen del fracaso del esquema multicultural en el Reino Unido –cada uno con los suyos–, muy alejado del mestizaje en todos los ámbitos.

Sin perseverar en el análisis es imposible dar una respuesta consistente, detallada, sistemática a una pregunta capital: ¿qué amalgama de circunstancias permiten que arraigue el delirio islamista en el pensamiento de los hermanos Kouachi, de Amédy Coulibaly, de los terroristas abatidos el jueves en Verviers (Bélgica)? O a esta otra pregunta, tan capital como la anterior: ¿cuántas cosas hay que corregir para que, por una parte, no crezca exponencialmente la militancia en las filas islamistas europeas y, por otra, la violencia sectaria no se convierta en algo habitual en el paisaje europeo? E incluso esta, tanto o más inquietante que las dos anteriores: ¿qué extraña forma de nihilismo se ha adueñado de unos jóvenes –hombres y mujeres– dispuestos a viajar hasta Siria para empuñar las armas y morir a mayor gloria del califato sanguinario del caudillo Abú Bakr el Bagdadi?

Timothy Garton Ash: “Es la libertad de expresión que defendemos la que permite a los musulmanes expresar sus más profundas creencias”.

Quizá si se optara por este gesto de comprensión de las causas se llegara a dos conclusiones parecidas a las de Abdel Asiem el Difraoui, especialista en terrorismo islamista: Europa está desbordada por el crecimiento del número de yihadistas y no es suficiente una respuesta en términos de seguridad. De tomar solo el atajo de la respuesta policial, cada vez que los terroristas burlen los controles y cometan un disparate, surgirá la frustración por lo hecho hasta entonces y ganará nuevos adeptos el bando de quienes ya hoy piensan que las exigencias de la seguridad deben prevalecer o imponerse a las de la libertad. En cambio, si se dispone de instrumentos de análisis que eviten el esquematismo y sopesen alternativas a medio y largo plazo, cabe la posibilidad de acercar el objetivo de la cámara a los entornos concretos enumerados por Gilles van Kote en su editorial: “El papel de la cárcel en la radicalización de ciertos islamistas, las dificultades de las familias para asumir su papel en nuestro modelo de integración, las lagunas de un sistema educativo que deja en la cuneta a decenas de miles de jóvenes, las carencias de formación de los imanes, los límites de un ideal materialista que el aumento del paro y de la precariedad hace inaccesible a una parte creciente de la población, la necesidad de permitir a cada uno construir una autoestima por vías diferentes a la violencia extrema, la utilización de internet y de las redes sociales por las tramas yihadista”.

Es este un programa menos expeditivo –“Si no te gusta la libertad, haz la maleta”, dice el musulmán Ahmed Aboutaleb, alcalde de Róterdam–, pero seguramente más útil a la larga. Es, en todo caso, aquel que evita que la inevitable confrontación de idearios sea entre el espíritu de las leyes europeo y los defensores de un islam retardatario y sectario, encerrado en sí mismo y enfrentado a la modernidad; es este un programa que pretende preservar la unidad europea más allá de la foto de familia del domingo y de las soluciones fáciles o de las dictadas por la política de las emociones, acaso por la exigencia visceral de una opinión pública traumatizada por la carnicería. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reclama unidad para preservar la seguridad, pero hay discrepancias de peso que la hacen poco menos que imposible si no se formaliza de manera clara y precisa el porqué de lo que sucede.

Frente a quienes parecen poco preocupados por las repercusiones de una reforma de la ley que sitúe a la policía un peldaño por encima de los jueces se alzan quienes entienden que en nombre de la seguridad no debe mutilarse el sistema de garantías. Frente a quienes son partidarios de imitar a la NSA en sus técnicas y atribuciones se sitúan cuantos consideran que, de hacerlo, la vida privada y el derecho a la intimidad resultarán dañados. Frente a aquellos que piensan que cada país debe proceder de acuerdo con sus necesidades inmediatas toman posiciones los que creen que solo puede ser eficaz una solución a escala europea. Pero incluso si este bando resultase ser el más numeroso y reflexivo, surgirían en él discrepancias en aspectos esenciales como la reforma, modificación o puede que suspensión del tratado de Schengen, lo que limitaría la libertad de movimientos de millones de europeos.

Ismail Kadaré: "Europa no tiene solo el derecho, sino el deber de protegerse para ella misma y para todos los demás”.

Ismail Kadaré: “Europa no tiene solo el derecho, sino el deber de protegerse para ella misma y para todos los demás”.

No es menos complejo o enmarañado el debate de ideas entre la tradición europea y la musulmana. La edición de este miércoles de Charlie Hebdo ha puesto en un grito a los gobiernos y organizaciones de los países musulmanes, que han considerado blasfemo el recurso a la imagen de Mahoma, a la caricatura del profeta, a las alusiones a la religión. “Es la libertad de expresión que defendemos la que permite a los musulmanes expresar sus más profundas creencias”, recuerda el historiador británico Timothy Garton Ash, pero esa forma de libre examen que garantiza la neutralidad del Estado es poco menos que ajena a la cultura política musulmana o, en el mejor de los casos, es solo aceptada por una minoría. En la cultura espontánea de los países musulmanes, no es la corriente dominante aquella que aspira a la secularización del Estado, aquella que entiende la práctica religiosa como algo correspondiente al ámbito de la vida privada de los ciudadanos, sino un tipo de heterodoxia combatido por el islamismo político, incluso en sus versiones más contenidas.

Cuando el escritor albanés Ismail Kadaré sostiene que Europa “no tiene solo el derecho, sino el deber de protegerse” para dejar a salvo su legado cultural “para ella misma y para todos los demás” esboza un punto de partida que nadie discute. Pero el paso siguiente, preguntarse cómo hacerlo sin dañar ese legado, da pie a respuestas tan diametralmente diferentes que no atañen en exclusiva al encaje de las comunidades musulmanes europeas, a las relaciones de Europa con el islam en general, sino que afectan también a la protección de las señas de identidad de la cultura política europea, incluido el combate contra el antisemitismo. Y aquí también hace falta comprender para tomar decisiones que sean tributarias de la razón y no de la herida sin cicatrizar de los atentados de París.

La sobriedad, una necesidad europea

Dice José Mujica, presidente saliente de Uruguay, que prefiere hablar de sobriedad antes que de austeridad, desnaturalizada esta por el austericidio cometido en Europa, revalorizada aquella como guía moral. Al hilo del austericidio, puede afirmarse asimismo que el sueño europeísta de la unión se ha visto modificado por el sueño alemán de la hegemonía en Europa por otros medios, diferentes a aquellos que llevaron al continente a las puertas del Armagedón. Cabe sostener incluso que en el cruce de caminos entre la austeridad empobrecedora y la germanización de Europa, millones de personas, jóvenes en su mayoría, han sido condenadas a sobrevivir sin certidumbres de futuro, salvo la viabilidad, improbable a largo plazo, de fórmulas redentoras. Todo eso merece ser tenido en cuenta cuando se dobla el cabo del año nuevo y sin que venga a cuento, a no ser electoral, se anuncia la buena nueva de que se acabó la crisis (Mariano Rajoy para mayor precisión).

Si se hubiese acabado la crisis, no proliferaría la idea de que, mediante toda clase de austeridades, la situación económica es mala o muy mala (véanse las encuestas). Ni contaminaría la atmósfera la impresión de que los costes sociales de la salida de la crisis, de ser esta cierta, superan con mucho los beneficios aportados, dejada esa contabilidad inevitable entre costes e ingresos en manos de tenedores de libres cuya única misión es cuadrar las cuentas cueste lo que cueste, sin echar la vista atrás para redactar el parte de bajas. Porque si no fuese esta su misión, no tendrían el arraigo que tienen estados de ánimo colectivos de corte depresivo, que lo mismo se remiten a la inanición de Grecia, que a la sumisión de España; que lo mismo desembocan en la condena de Francia a la decadencia, si no renuncia a algunas de sus más viejas convicciones, que en la insistencia de que en Italia, más que en ninguna otra parte, cualquier situación es susceptible de empeorar.

“A la justicia la atemoriza siempre la magnitud, la desborda la superabundancia, la inhibe la cantidad”, en ‘Así empieza lo malo’, de Javier Marías.

“A la justicia la atemoriza siempre la magnitud, la desborda la superabundancia, la inhibe la cantidad”, escribe Javier Marías en Así empieza lo malo (página 397 para mejor referencia). Por eso no hay quien esté dispuesto a mirar hacia atrás con ira o sin ella y, por lo menos, pedir disculpas; lamentar los daños, la lista de damnificados y los campos de ruinas que surgen aquí a allá, fruto de lo sujeción de los líderes políticos a las finanzas globales, consecuencia de la justificación tecnocrática de diferentes escuelas, no todas ellas conservadoras, que consagran y aplican el tratamiento de choque dictado por los profetas de la utopía neoliberal (ya distopía a juzgar por los estragos causados durante el último quinquenio y los que son de temer en el futuro). Por eso las operaciones de rescate de la clase media son mera simulación –al contrario de Estados Unidos– y se apodera con frecuencia del grueso de la opinión pública el vértigo de una corriente que arrastra su forma de vida hacia el sumidero.

Qué extraño, sorprendente y ajeno a la realidad resulta escuchar sin más que acabó la crisis; qué hiriente e inmoral suena oír esta afirmación mientras a la puerta de los supermercados las onegés recolectan comestibles para que la crisis lo sea menos para muchos azotados por ella hasta la extenuación. A no ser que quienes anuncian el final de la crisis observen el entorno inmediato a través de los espejos deformantes del callejón del Gato (el esperpento de Valle siempre tan cerca de la realidad). Si no es así, si todo obedece a un cálculo electoral, y eso parece, entonces es preciso reclamar a los propagadores de infundios el decoro que exige la situación y la precisión en el diagnóstico: que las cuentas se ajusten a lo previsto o sean aún mejores –por el precio del petróleo, por la depreciación del euro, por la inflación desaparecida camino, puede, de la deflación, por una décima de aquí y una prima de riesgo de allá–, no significa que hayamos despertado de la pesadilla.

Hay un dato que abunda en la sensación de que seguimos atrapados en el laberinto de un sueño inquietante: en la Europa doliente, disponer de un trabajo razonablemente remunerado se ha convertido en un privilegio; trabajar por un salario insuficiente es una afrenta frecuente; encadenar los años sin remuneración alguna constituye una epidemia muy extendida (léanse las estadísticas del INE). Frente a la consagración del trabajo como un derecho recogido en las constituciones se impone la realidad del trabajo mal pagado hecho milagro, y hay además algunos expertos en gestionar la catástrofe –entre ellos, economistas a los que escucha Angela Merkel– que anuncian como necesario, inevitable o conveniente, según las escuelas, que la inseguridad en el trabajo, o el trabajo a tiempo parcial, o el trabajo cuando lo haya sean la norma de futuro (la literatura a tal fin difundida es abundantísima).

Joschka Fischer: “Vista la incapacidad manifiesta de las autoridades europeas para poner fin a la enfermedad, muchos países miembros no pueden soportar la austeridad por más tiempo. Algunos de ellos afrontan una sublevación política”.

Así que, al contrario de lo afirmado, la crisis sigue y persevera en sus desajustes inadmisibles, aunque parece que las cifras dicen que ya pasó o está a punto de pasar. Y si es así, puesto que los efectos no se notan en parte alguna o apenas menguan, hay que concluir que Europa se ha instalado en la injusticia y no se deduce utilidad mayor de los instrumentos anunciados por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para paliarla y cauterizar las heridas. No solo por modestos y contenidos, sino porque los observan con hostilidad manifiesta los guardianes custodios del Bundesbank y, con ellos, cuantos insisten en que la austeridad es el camino y no hay otro (si lo hay o lo conocen, no lo dicen).

El exministro alemán de Asuntos Exteriores Joschka Fischer no ve señales del final de la crisis ni en la Unión Europea, en general, ni en la Eurozona, en particular, y aún menos en los socios meridionales del club. “Se nos dice que la crisis del euro quedó atrás –escribe Fischer–. Los mercados financieros han encontrado la calma, mientras que las autoridades europeas, especialmente el BCE, aseguran que la unión monetaria está a salvo. Pero los países de sur de Europa siguen en depresión, la zona euro en conjunto sufre un crecimiento átono, sometida a presiones deflacionistas, y en los países en crisis, el paro se mantiene a un nivel insoportable”. Y sigue: “Vista la incapacidad manifiesta de las autoridades europeas para poner fin a la enfermedad, muchos países miembros no pueden soportar la austeridad por más tiempo. Algunos de ellos afrontan una sublevación política”.

¿En quién pensará Fischer cuando habla de paro insoportable? Diríase que en España, puede que en Grecia o en algún otro país en estado catatónico. ¿A qué se refiere cuando menciona “una sublevación política”? Es verosímil que piense en Podemos, en Syriza, por el populismo de diseño y por la izquierda; en el Frente Nacional francés, en el UKIP, en Amanecer Dorado, por el flanco nacionalista vociferante, por la extrema derecha desabrida y aun por el ideario neonazi. Sí, en efecto, piensa en esa nueva constelación de partidos que pueden sembrar el desconcierto en la zona euro y poner en duda la viabilidad del statu quo que ha hecho bandera de la austeridad. “Observar la UE desde el exterior es un poco como ver un tren al ralentí que va directo hacia una colisión, un accidente anunciado”, afirma Fischer, que no acierta a dar con el final de la crisis (ve el 2015 como el año de “todos los peligros para Europa”).

Paul Krugman sostiene que Europa se dirige hacia la doble trampa de la deflación y el estancamiento.

Cuando resulta, además, que un pequeño país como Grecia, con un PIB inferior al 25% del de España, es capaz de alterar el pulso de los mercados europeos hasta la histeria ante la posibilidad de que Syriza gane las elecciones del 25 de enero, entonces es que, como dice Fischer, el convoy va derecho a la colisión sin que nadie esté dispuesto a echar el freno. Pues si una victoria de Syriza pone en guardia a todo el mundo, entonces resulta que la debilidad del ecosistema político europeo, con receta alemana o sin ella, es mayor de lo presentido, se comporta como un organismo sin defensas que puede pasar en horas 24 del resfriado común a la neumonía. Y puesto que el castigo infligido a los griegos por la famosa troika carece de fundamentación moral y parece muy a menudo un acto de ensañamiento indefendible, puede que Syriza consiga lo que el resto de Europa no desea y, dada esa situación, Europa deba decidir entre la desvergüenza de perseverar en el ensañamiento o admitir que hacen falta medidas correctoras para hacer frente a la rebelión de los desesperados, de cuantos el 25 de enero voten en igual medida contra los gestores de la crisis y a favor de quienes prometen la catarsis, entendida esta como figura definida en la quinta acepción del diccionario de la Real Academia Española: “Expulsión espontánea o provocada de sustancias nocivas al organismo”.

De lo que es fácil deducir que es preferible seguir los pasos de Fischer que los de quienes han realizado el anuncio navideño del final de la crisis, siquiera sea porque el primero no ha de renovar ningún mandato y los segundos aspiran a ello. Los segundos contemplan la consolidación de esa bolsa de desheredados condenados por la austeridad, a los universitarios obligados a liar el petate para probar fortuna en otras partes, a esa lacerante administración de la injusticia que consiste en interferir en la justicia para controlar las causas múltiples y variadas que hacen cada vez más impenetrable las tramas de la corrupción, y, consumada la indagación visual o estadística, prefieren negar la realidad y anunciar que el 2015 serán el de la reparación de daños.

Incluso si el desenlace en Grecia es menos categórico de lo temido por los fundamentalistas de la economía global, persistirá “el conflicto vinculado a la austeridad” al que se refiere Fischer en un pasaje de su artículo. Porque seguirá ahí la trampa para elefantes de la deflación y el estancamiento hacia el que se dirige Europa, según el diagnóstico emitido el pasado verano por Paul Krugman en las páginas de The New York Times. Según Krugman, François Hollande, presidente de Francia, perdió la ocasión de oponerse a Alemania en compañía de Italia y España, tercera y cuarta economías de la Eurozona, para someter a revisión la austeridad. Muy pronto se plegó a la ortodoxia implacable de la contención del gasto, la contracción de la economía pública y el recorte de los programas sociales; su disposición a decir no fue a menos y se esfumó después del nombramiento de Manuel Valls, ejecutante convencido de que nada cabe fuera de la austeridad.

Pero es preciso decir no alguna vez, reconocer que las deudas deben saldarse, pero no a costa de dejar exhausto al deudor, sin aliento para seguir el camino y avizorar un futuro decente. Ahí radica la sobriedad, en ajustar las necesidades, las obligaciones y los compromisos a una supervivencia sin servilismos, en el equilibrio sostenible entre estos tres factores. No es nada seguro que la Europa del 2015 sea precisamente esta, sino más bien aquella otra no deseable de la austeridad inclemente en la que el nacionalismo y el euroescepticismo sigan arraigando, visto el sueño de la unión por muchos europeos como un insoportable descoyuntamiento de los equilibrios sociales que se dio Europa después de la segunda guerra mundial, como una imposición coactiva. La crisis no se ha acabado (no se desvanecerá por mucho que se repita); seguimos en compañía de ese desajuste asfixiante, hijo de los errores cometidos por gobernantes que alguna vez debieron decir no y no lo hicieron.

 

América Latina saca pecho

No hay mejor argumento para defender la reanudación de relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba que el dado por el presidente Barack Obama: la decisión adoptada en 1961, embargo económico incluido, ha sido perfectamente inútil. Es este un dato irrefutable pues la isla, con padrinos o sin ella, con más o menos privaciones y con más o menos popularidad más allá de sus playas, ha sobrevivido a las sanciones, a la ausencia de los intercambios económicos con su poderoso vecino y a la brega conservadora para ahogar la revolución o el régimen, si se prefiere. Todas las cronologías publicadas estos días están salpimentadas con los intentos a menudo deleznables puestos a contribución de la causa última de acabar con el castrismo, sin que, por lo demás, la relación de conspiraciones, planes para asesinar a Fidel, infiltración de agentes en la isla y otras maniobras de naturaleza inconfesable hayan cambiado sustancialmente el horizonte de vida de una revolución social sumida en la decadencia que, aun así, no es posible eliminar de un plumazo.

Hay en el régimen un instinto de supervivencia que tiene su cobijo en el partido y en el Ejército, columnas vertebrales del sistema, pero hay también, detrás del régimen, la percepción latinoamericana del momento histórico, la mutación registrada en las sociedades latinoamericanas, tan distintas a aquellas que asistieron a la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y a la articulación de un sistema nuevo, que parecía impensable que pudiese asentarse, en plena guerra fría, a 90 millas de Florida. Aquellas sociedades básicamente sumisas con los designios del Norte, fuesen estos presentados como la Alianza para el Progreso o tuvieran la mirada torva de las dictaduras militares, se han transformado a partir de los años 80 en otras que, finalmente, han arropado a la revolución cubana declinante para darle una salida, una continuidad o un desenlace antes imposible.

Las razones aducidas por Obama para dar el paso son muy diferentes a aquellas sentidas por las sociedades latinoamericanas y subrayadas por algunos de sus líderes más relevantes, formen estos en las filas heteróclitas bolivarianas o en las más asentadas de los diferentes posibilismos socializantes que hoy gobiernan en tantos lugares. Basta con echar un vistazo a las ediciones del día siguiente al anuncio cubano-estadounidense para entender que salvo conservadurismos acérrimos como el del diario El Mercurio de Santiago de Chile, el resto del arcoíris político saluda el evento como un gesto de justicia, necesario, conveniente y que debe culminar con la vuelta de Cuba a la Organización de Estados Americanos, de donde fue expulsada en 1962. Las dudas que alberga El Mercurio sobre la utilidad del paso dado –“Que esta sea la política más acertada para buscar la democracia en Cuba solo se verá si los cubanos consiguen mejores condiciones de vida, recuperan sus libertades civiles y se respetan sus derechos humanos”– contrasta con la orientación dominante:

-“El hecho demuestra la justeza de la postura de los gobiernos latinoamericanos, los cuales abogaron durante décadas por el fin de la hostilidad oficial estadounidense contra Cuba”. (La Jornada, México DF).

-“Para la región, una consecuencia que se debe tener en cuenta es que la cercanía de Cuba con Venezuela y los países de la llamada Iniciativa Bolivariana para las Américas (ALBA) debe entrar en una etapa de revaluación”. (El Espectador, Bogotá).

-“Estados Unidos quiere hacer negocios en Cuba, es cierto, pero el mercado cubano aún es pequeño y pobre. El impacto del anuncio de ayer [el miércoles] es más significativo a corto plazo para América Latina. Saca consecuencias de aspectos de la política exterior brasileña y de los aliados bolivarianos, por ejemplo, vueltos hacia temas superados de la guerra fría como la confrontación Norte-Sur, el antiamericanismo y el tercermundismo”. (O Globo, Río de Janeiro).

-“Es el punto de partida de un reacercamiento de Washington a América latina, en un momento en que otras potencias, como China, elevan su perfil en la región. Es el paso más largo que haya dado el régimen de los Castro hacia la liberalización de su economía, que coincide con la crisis de su gran aliado, el chavismo, víctima de la caída del petróleo”. (La Nación, Buenos Aires).

Hay discrepancias, claro, en esa muestra escueta de comentarios publicados en algunos de los medios más influyentes en la región, pero no hay reservas en cuanto a la naturaleza o la carnadura latinoamericana de lo acontecido. Esa percepción apenas se refiere a la inutilidad de la estrategia estadounidense seguida hasta el presente –el principal argumento de Obama– y se adentra, en cambio, en algo semejante a la confirmación a través de los hechos de que era adecuada la impugnación de la política seguida por Estados Unidos en Cuba, con Cuba y contra Cuba. Ni siquiera los datos objetivos que han llevado al desenlace de 18 meses de negociaciones secretas, Canadá y el Vaticano mediante, modifican esa reivindicación o satisfacción colectiva de la comunidad política de América Latina. La asfixia económica del experimento venezolano, la mediación cubana en las negociaciones del Gobierno colombiano con las FARC, la debacle de los precios del petróleo, la evolución en la opinión pública del exilio cubano en Estados Unidos –el 60% se dice partidario de solucionar el conflicto–, la intromisión de Rusia y China en los negocios del continente, todo eso pesa y debe contabilizarse, pero en la reacción de los gobernantes reunidos en Paraná (Argentina) el mismo día del anuncio pesaron otros factores, quizá quepa decir identidades, que cotizan en la región más allá de las convenciones diplomáticas y las necesidades inmediatas de cada parte para llegar a un acuerdo.

Al hacerse estos días recuento y repaso de los sucesivos fracasos que coronaron todos los intentos de acercar a Estados Unidos y Cuba, desde 1959 hasta hoy, se repara poco en el hecho de que durante la guerra fría, y aun después de ella, se impuso en el disenso caribeño la lógica de la confrontación ideológica, y no hubo forma de explorar otras vías, sometido todo el proceso a la presión conservadora en Florida y a la propaganda castristas al otro lado del mar. Pero en la memoria histórica latinoamericana pesa, por encima de todo, el precio pagado por los cubanos –más que por el régimen cubano– a causa de la asfixia económica. Y esa es ahora la vara de medir, como lo es aquella otra expresada por el veterano José Mujica, presidente saliente de Uruguay, cuando cubría el trecho entre el guerrillero tupamaro rehabilitado y los requisitos del poder: “En el marco de la guerra fría, la política norteamericana apuntalaba cualquier salida de carácter golpista siempre y cuando hubiera existido la posibilidad de que se afirmara un régimen meramente independiente, de carácter populista, que se opusiera a la conveniencia norteamericana, aunque no fuera comunista”.

“Por la historia, la lengua y la cultura pertenecemos a Occidente, no a ese nebuloso Tercer Mundo del que hablan nuestros demagogos. Somos un extremo de Occidente –un extremo excéntrico, pobre y disonante”, dejó escrito Octavio Paz. Pero esa definición quizá se aviene más con la percepción que de América Latina se tiene en Estados Unidos que con las convicciones más íntimas de los habitantes de la región, de quienes ahora la gestionan y quizá de quienes creen haber descubierto que hay vida más allá del modelo occidental. Eso también pesa en la acogida que ha tenido la normalización de las relaciones cubano-estadounidenses; eso también contribuye a mantener el prurito de preservar la diferencia y construir una trama de intereses políticos que, trabajosamente, busca alternativas a la tutela permanente del Norte, más asfixiante antes, más sutil ahora, pero no menos efectiva. Y es este un sentimiento bastante transversal, compartido por enfoques ideológicos dispares, porque parte de la convicción de que la dependencia a todas horas no conduce a ningún puerto seguro. Otra cosa es que todas las alternativas sean viables o tengan futuro, que seguramente no.

La CIA banaliza la tortura

Nada de lo puesto al descubierto por el informe del Senado hecho público el martes se refiere a situaciones impensadas, no sabidas o no intuidas, como ha resaltado en un editorial el diario progresista francés Le Monde, pero lo peor, como ha señalado con no menos amargura el mismo medio, es que el comportamiento inmoral de la CIA en la etiquetada como lucha o guerra contra el terrorismo ha banalizado la tortura, la ha incorporado al paisaje cotidiano más o menos presentido por los ciudadanos. De la misma manera que la banalidad del mal –la vesania nazi– fue una expresión forjada por la pensadora Hannah Arendt en el libro Eichmann en Jerusalén, las excusas o argumentos servidos por la CIA y sus defensores para justificar cuanto de oprobioso e injustificable hay en la tortura, abundan en esa otra banalización, no menos ominosa, no menos escandalosa, que abre un abismo profundo, insalvable, entre la moral y el recurso a cualquier cosa con tal de alcanzar los resultados apetecidos.

Una vez más, detrás de las explicaciones más o menos inconsistentes de John Brennan, director de la CIA, de la plana mayor de la Casa Blanca de George W. Bush y de los republicanos de hoy, de los que se han hecho con la mayoría en las dos cámaras del Congreso, detrás de esa apresurada construcción de una tramoya justificativa, alienta la idea aborrecible de que el fin justifica los medios, por deleznables que estos sean. Y ni siquiera ese planteamiento meramente utilitarista es, en puridad, aplicable al caso, porque del informe elaborado por los senadores demócratas se desprende que la tortura no evitó o conjuró ninguna acción terrorista, ataque o cualquier otro acontecimiento que pusiera en peligro la seguridad de Estados Unidos. Aunque el exvicepresidente Richard Cheney diga que volvería a hacer lo mismo, esto es, volvería a dar su apoyo a los “interrogatorios reforzados” –para la mayoría, torturas–, que estima cumplieron con las metas fijadas, la verdad es que en nada ayudaron a mejorar la seguridad y si, en cambio, sirvieron para hacer más pestilente el hedor que asciende de las alcantarillas del Estado.

Del “nivel de depravación insoportable” al que se refirió el jueves The New York Times forman parte no solo los funcionarios de la CIA que perpetraron las fechorías y quienes las autorizaron o consintieron, sino quienes hoy se esfuerzan en justificarlas. Un gobierno que toma la decisión de renegar de sus principios –al menos se le suponen– es un peligro cierto para la preservación de los valores democráticos, de aquellos que deben quedar siempre a salvo, a pesar de que bajo los escombros del 11-S quedaron sepultados los cuerpos de 2.992 inocentes. “La fuerza de una democracia se juzga por su capacidad para no renegar de sus principios en nombre de la seguridad nacional, esto es, aceptar la dosis de inseguridad que implica el respeto a los antedichos principios”, se ha escrito en las páginas de Le Monde, y ese es un compromiso inexcusable. Porque, si no lo es, se cumple uno de los postulados de la utopía reaccionaria, acaso una distopía –más seguridad a cambio de menos libertad–, pero se inflige un daño irreparable a la cultura política democrática.

Ni siquiera la tragedia de los atentados del 11-S autoriza que a quienes los planearon, encubrieron o protegieron se les apliquen unos parámetros legales diferentes, se los envíe a cárceles secretas y se los ultraje a todas horas. Lo mismo cabe decir de los combatientes del régimen talibán que entre octubre y diciembre de 2012 fueron enemigos de Estados Unidos en el campo de batalla de Afganistán. No solo porque la legitimidad moral de aquella guerra fue y sigue siendo más que discutible, sino porque la democracia se sustenta en valores incompatibles con procedimientos execrables, y es esta una incompatibilidad fundamental, esencial, que señala el límite entre los digno y lo indigno.

El empeño de la senadora Dianne Feinstein de sacar adelante el informe, y aun hacer pública una parte, hay que entenderlo, pues, como un servicio cívico, aunque coincidan en el episodio razones de conveniencia política, pues los republicanos ejercerán pronto de mayoría en el Senado y, como es sabido, son partidarios de guardar todo el asunto bajo la alfombra en nombre de la seguridad nacional. Es, asimismo, el primer paso, y quizá el último, para sanear a la CIA, purgarla si se quiere, de acuerdo con el verbo utilizado por el senador demócrata Mark Udall, y para someterla a un más estrecho control. “El problema fundamental aquí es no solo qué sucedió, sino la resistencia continua de la dirección de esta agencia a la vigilancia básica”, según el senador Martin Heinrich, demócrata, que puso el dedo en la llaga al subrayar la pretensión de la CIA de disponer de una libertad de movimientos que, dicho en pocas palabras, la libere del escrutinio público y de la fiscalización institucional a través del Congreso.

Incluso aceptando la idea expresada por el presidente Barack Obama de que no se llevará a nadie ante el juez, si la difusión del informe no entraña costes políticos para nadie, la banalización de la tortura se habrá consumado por segunda vez. Que el presidente se sienta ahora prisionero de su iniciativa del 2009, cuando ordenó acabar con las técnicas autorizadas a la CIA por la Administración que le precedió e indirectamente indujo la elaboración del informe ahora conocido, no deja de ser algo que va con el cargo. Era más que previsible que, según fuera el resultado de la investigación, saltaran las alarmas. Pero para la salud democrática de Estados Unidos es preciso restablecer el principio de que la seguridad colectiva debe ser respetuosa con el Estado de derecho. En caso contrario, se impondrá una vez más la idea, no ya dentro de las instituciones, sino en la opinión pública, según la cual solo importa el fin perseguido.

Nadie pone en duda que la seguridad es un derecho de los ciudadanos que debe garantizar razonablemente el Estado, pero, como afirma en su blog el analista Dan Froomkin, puesto que la función de la CIA es proporcionar información fiable, sienta un mal precedente –en realidad, lo ha sentado muchas veces– al recurrir a mentiras para defenderse ahora o, en el pasado, para recurrir a métodos obscenos so pretexto de su utilidad. La información contenida en el informe del Senado no es un episodio de la teleserie Homeland, muy verosímil, ni la reconstrucción dramatizada de la operación que dio con la guarida de Osama bin LadenLa noche más oscura, muy cercana a la realidad presumible–, sino que maneja información solvente, de primera mano, comprobada por quienes, en ningún caso, cabe considerar adversarios de la comunidad de inteligencia. Y si algún dato se aleja de la verdad histórica, debe seguramente achacarse a la propia CIA, celosa custodia de la información de que dispone y de sus métodos para obtenerla, aunque quienes la piden sean senadores.

Muchas veces se ha recurrido a la expresión un estado dentro del Estado para referirse a la opacidad y a la libertad de movimientos de agencias de información y de seguridad como la CIA. Cuantos han utilizado esta terminología han sido considerados con frecuencia radicales poco informados de las necesidades últimas del Estado, pero cuando se llega a conocer la realidad de 119 hombres sometidos a una variada gama de vejaciones y torturas, encubierto todo por retorcidas interpretaciones del derecho internacional –la Convención de Ginebra aplicable a los presos de guerra, por ejemplo– y la consagración de la seguridad como un valor absoluto por encima de cualquier otro, entonces la expresión un estado dentro del Estado cobra todo su sentido. A partir de ese momento se entiende por qué es posible que la propia CIA espiara a los senadores encargados de elaborar el informe (luego se disculpó, qué remedio, y prometió que no volvería a suceder). Ese poder de facto, en la sombra, fuera de control, es tan peligroso como la inseguridad misma que se pretende combatir con prácticas irregulares porque convierte a los ciudadanos en posibles víctimas de la arbitrariedad de quienes, en nombre de la seguridad, vulneran las leyes establecidas para garantizarla. ¿Es imaginable mayor contradicción?