América Latina saca pecho

No hay mejor argumento para defender la reanudación de relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba que el dado por el presidente Barack Obama: la decisión adoptada en 1961, embargo económico incluido, ha sido perfectamente inútil. Es este un dato irrefutable pues la isla, con padrinos o sin ella, con más o menos privaciones y con más o menos popularidad más allá de sus playas, ha sobrevivido a las sanciones, a la ausencia de los intercambios económicos con su poderoso vecino y a la brega conservadora para ahogar la revolución o el régimen, si se prefiere. Todas las cronologías publicadas estos días están salpimentadas con los intentos a menudo deleznables puestos a contribución de la causa última de acabar con el castrismo, sin que, por lo demás, la relación de conspiraciones, planes para asesinar a Fidel, infiltración de agentes en la isla y otras maniobras de naturaleza inconfesable hayan cambiado sustancialmente el horizonte de vida de una revolución social sumida en la decadencia que, aun así, no es posible eliminar de un plumazo.

Hay en el régimen un instinto de supervivencia que tiene su cobijo en el partido y en el Ejército, columnas vertebrales del sistema, pero hay también, detrás del régimen, la percepción latinoamericana del momento histórico, la mutación registrada en las sociedades latinoamericanas, tan distintas a aquellas que asistieron a la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y a la articulación de un sistema nuevo, que parecía impensable que pudiese asentarse, en plena guerra fría, a 90 millas de Florida. Aquellas sociedades básicamente sumisas con los designios del Norte, fuesen estos presentados como la Alianza para el Progreso o tuvieran la mirada torva de las dictaduras militares, se han transformado a partir de los años 80 en otras que, finalmente, han arropado a la revolución cubana declinante para darle una salida, una continuidad o un desenlace antes imposible.

Las razones aducidas por Obama para dar el paso son muy diferentes a aquellas sentidas por las sociedades latinoamericanas y subrayadas por algunos de sus líderes más relevantes, formen estos en las filas heteróclitas bolivarianas o en las más asentadas de los diferentes posibilismos socializantes que hoy gobiernan en tantos lugares. Basta con echar un vistazo a las ediciones del día siguiente al anuncio cubano-estadounidense para entender que salvo conservadurismos acérrimos como el del diario El Mercurio de Santiago de Chile, el resto del arcoíris político saluda el evento como un gesto de justicia, necesario, conveniente y que debe culminar con la vuelta de Cuba a la Organización de Estados Americanos, de donde fue expulsada en 1962. Las dudas que alberga El Mercurio sobre la utilidad del paso dado –“Que esta sea la política más acertada para buscar la democracia en Cuba solo se verá si los cubanos consiguen mejores condiciones de vida, recuperan sus libertades civiles y se respetan sus derechos humanos”– contrasta con la orientación dominante:

-“El hecho demuestra la justeza de la postura de los gobiernos latinoamericanos, los cuales abogaron durante décadas por el fin de la hostilidad oficial estadounidense contra Cuba”. (La Jornada, México DF).

-“Para la región, una consecuencia que se debe tener en cuenta es que la cercanía de Cuba con Venezuela y los países de la llamada Iniciativa Bolivariana para las Américas (ALBA) debe entrar en una etapa de revaluación”. (El Espectador, Bogotá).

-“Estados Unidos quiere hacer negocios en Cuba, es cierto, pero el mercado cubano aún es pequeño y pobre. El impacto del anuncio de ayer [el miércoles] es más significativo a corto plazo para América Latina. Saca consecuencias de aspectos de la política exterior brasileña y de los aliados bolivarianos, por ejemplo, vueltos hacia temas superados de la guerra fría como la confrontación Norte-Sur, el antiamericanismo y el tercermundismo”. (O Globo, Río de Janeiro).

-“Es el punto de partida de un reacercamiento de Washington a América latina, en un momento en que otras potencias, como China, elevan su perfil en la región. Es el paso más largo que haya dado el régimen de los Castro hacia la liberalización de su economía, que coincide con la crisis de su gran aliado, el chavismo, víctima de la caída del petróleo”. (La Nación, Buenos Aires).

Hay discrepancias, claro, en esa muestra escueta de comentarios publicados en algunos de los medios más influyentes en la región, pero no hay reservas en cuanto a la naturaleza o la carnadura latinoamericana de lo acontecido. Esa percepción apenas se refiere a la inutilidad de la estrategia estadounidense seguida hasta el presente –el principal argumento de Obama– y se adentra, en cambio, en algo semejante a la confirmación a través de los hechos de que era adecuada la impugnación de la política seguida por Estados Unidos en Cuba, con Cuba y contra Cuba. Ni siquiera los datos objetivos que han llevado al desenlace de 18 meses de negociaciones secretas, Canadá y el Vaticano mediante, modifican esa reivindicación o satisfacción colectiva de la comunidad política de América Latina. La asfixia económica del experimento venezolano, la mediación cubana en las negociaciones del Gobierno colombiano con las FARC, la debacle de los precios del petróleo, la evolución en la opinión pública del exilio cubano en Estados Unidos –el 60% se dice partidario de solucionar el conflicto–, la intromisión de Rusia y China en los negocios del continente, todo eso pesa y debe contabilizarse, pero en la reacción de los gobernantes reunidos en Paraná (Argentina) el mismo día del anuncio pesaron otros factores, quizá quepa decir identidades, que cotizan en la región más allá de las convenciones diplomáticas y las necesidades inmediatas de cada parte para llegar a un acuerdo.

Al hacerse estos días recuento y repaso de los sucesivos fracasos que coronaron todos los intentos de acercar a Estados Unidos y Cuba, desde 1959 hasta hoy, se repara poco en el hecho de que durante la guerra fría, y aun después de ella, se impuso en el disenso caribeño la lógica de la confrontación ideológica, y no hubo forma de explorar otras vías, sometido todo el proceso a la presión conservadora en Florida y a la propaganda castristas al otro lado del mar. Pero en la memoria histórica latinoamericana pesa, por encima de todo, el precio pagado por los cubanos –más que por el régimen cubano– a causa de la asfixia económica. Y esa es ahora la vara de medir, como lo es aquella otra expresada por el veterano José Mujica, presidente saliente de Uruguay, cuando cubría el trecho entre el guerrillero tupamaro rehabilitado y los requisitos del poder: “En el marco de la guerra fría, la política norteamericana apuntalaba cualquier salida de carácter golpista siempre y cuando hubiera existido la posibilidad de que se afirmara un régimen meramente independiente, de carácter populista, que se opusiera a la conveniencia norteamericana, aunque no fuera comunista”.

“Por la historia, la lengua y la cultura pertenecemos a Occidente, no a ese nebuloso Tercer Mundo del que hablan nuestros demagogos. Somos un extremo de Occidente –un extremo excéntrico, pobre y disonante”, dejó escrito Octavio Paz. Pero esa definición quizá se aviene más con la percepción que de América Latina se tiene en Estados Unidos que con las convicciones más íntimas de los habitantes de la región, de quienes ahora la gestionan y quizá de quienes creen haber descubierto que hay vida más allá del modelo occidental. Eso también pesa en la acogida que ha tenido la normalización de las relaciones cubano-estadounidenses; eso también contribuye a mantener el prurito de preservar la diferencia y construir una trama de intereses políticos que, trabajosamente, busca alternativas a la tutela permanente del Norte, más asfixiante antes, más sutil ahora, pero no menos efectiva. Y es este un sentimiento bastante transversal, compartido por enfoques ideológicos dispares, porque parte de la convicción de que la dependencia a todas horas no conduce a ningún puerto seguro. Otra cosa es que todas las alternativas sean viables o tengan futuro, que seguramente no.

La CIA banaliza la tortura

Nada de lo puesto al descubierto por el informe del Senado hecho público el martes se refiere a situaciones impensadas, no sabidas o no intuidas, como ha resaltado en un editorial el diario progresista francés Le Monde, pero lo peor, como ha señalado con no menos amargura el mismo medio, es que el comportamiento inmoral de la CIA en la etiquetada como lucha o guerra contra el terrorismo ha banalizado la tortura, la ha incorporado al paisaje cotidiano más o menos presentido por los ciudadanos. De la misma manera que la banalidad del mal –la vesania nazi– fue una expresión forjada por la pensadora Hannah Arendt en el libro Eichmann en Jerusalén, las excusas o argumentos servidos por la CIA y sus defensores para justificar cuanto de oprobioso e injustificable hay en la tortura, abundan en esa otra banalización, no menos ominosa, no menos escandalosa, que abre un abismo profundo, insalvable, entre la moral y el recurso a cualquier cosa con tal de alcanzar los resultados apetecidos.

Una vez más, detrás de las explicaciones más o menos inconsistentes de John Brennan, director de la CIA, de la plana mayor de la Casa Blanca de George W. Bush y de los republicanos de hoy, de los que se han hecho con la mayoría en las dos cámaras del Congreso, detrás de esa apresurada construcción de una tramoya justificativa, alienta la idea aborrecible de que el fin justifica los medios, por deleznables que estos sean. Y ni siquiera ese planteamiento meramente utilitarista es, en puridad, aplicable al caso, porque del informe elaborado por los senadores demócratas se desprende que la tortura no evitó o conjuró ninguna acción terrorista, ataque o cualquier otro acontecimiento que pusiera en peligro la seguridad de Estados Unidos. Aunque el exvicepresidente Richard Cheney diga que volvería a hacer lo mismo, esto es, volvería a dar su apoyo a los “interrogatorios reforzados” –para la mayoría, torturas–, que estima cumplieron con las metas fijadas, la verdad es que en nada ayudaron a mejorar la seguridad y si, en cambio, sirvieron para hacer más pestilente el hedor que asciende de las alcantarillas del Estado.

Del “nivel de depravación insoportable” al que se refirió el jueves The New York Times forman parte no solo los funcionarios de la CIA que perpetraron las fechorías y quienes las autorizaron o consintieron, sino quienes hoy se esfuerzan en justificarlas. Un gobierno que toma la decisión de renegar de sus principios –al menos se le suponen– es un peligro cierto para la preservación de los valores democráticos, de aquellos que deben quedar siempre a salvo, a pesar de que bajo los escombros del 11-S quedaron sepultados los cuerpos de 2.992 inocentes. “La fuerza de una democracia se juzga por su capacidad para no renegar de sus principios en nombre de la seguridad nacional, esto es, aceptar la dosis de inseguridad que implica el respeto a los antedichos principios”, se ha escrito en las páginas de Le Monde, y ese es un compromiso inexcusable. Porque, si no lo es, se cumple uno de los postulados de la utopía reaccionaria, acaso una distopía –más seguridad a cambio de menos libertad–, pero se inflige un daño irreparable a la cultura política democrática.

Ni siquiera la tragedia de los atentados del 11-S autoriza que a quienes los planearon, encubrieron o protegieron se les apliquen unos parámetros legales diferentes, se los envíe a cárceles secretas y se los ultraje a todas horas. Lo mismo cabe decir de los combatientes del régimen talibán que entre octubre y diciembre de 2012 fueron enemigos de Estados Unidos en el campo de batalla de Afganistán. No solo porque la legitimidad moral de aquella guerra fue y sigue siendo más que discutible, sino porque la democracia se sustenta en valores incompatibles con procedimientos execrables, y es esta una incompatibilidad fundamental, esencial, que señala el límite entre los digno y lo indigno.

El empeño de la senadora Dianne Feinstein de sacar adelante el informe, y aun hacer pública una parte, hay que entenderlo, pues, como un servicio cívico, aunque coincidan en el episodio razones de conveniencia política, pues los republicanos ejercerán pronto de mayoría en el Senado y, como es sabido, son partidarios de guardar todo el asunto bajo la alfombra en nombre de la seguridad nacional. Es, asimismo, el primer paso, y quizá el último, para sanear a la CIA, purgarla si se quiere, de acuerdo con el verbo utilizado por el senador demócrata Mark Udall, y para someterla a un más estrecho control. “El problema fundamental aquí es no solo qué sucedió, sino la resistencia continua de la dirección de esta agencia a la vigilancia básica”, según el senador Martin Heinrich, demócrata, que puso el dedo en la llaga al subrayar la pretensión de la CIA de disponer de una libertad de movimientos que, dicho en pocas palabras, la libere del escrutinio público y de la fiscalización institucional a través del Congreso.

Incluso aceptando la idea expresada por el presidente Barack Obama de que no se llevará a nadie ante el juez, si la difusión del informe no entraña costes políticos para nadie, la banalización de la tortura se habrá consumado por segunda vez. Que el presidente se sienta ahora prisionero de su iniciativa del 2009, cuando ordenó acabar con las técnicas autorizadas a la CIA por la Administración que le precedió e indirectamente indujo la elaboración del informe ahora conocido, no deja de ser algo que va con el cargo. Era más que previsible que, según fuera el resultado de la investigación, saltaran las alarmas. Pero para la salud democrática de Estados Unidos es preciso restablecer el principio de que la seguridad colectiva debe ser respetuosa con el Estado de derecho. En caso contrario, se impondrá una vez más la idea, no ya dentro de las instituciones, sino en la opinión pública, según la cual solo importa el fin perseguido.

Nadie pone en duda que la seguridad es un derecho de los ciudadanos que debe garantizar razonablemente el Estado, pero, como afirma en su blog el analista Dan Froomkin, puesto que la función de la CIA es proporcionar información fiable, sienta un mal precedente –en realidad, lo ha sentado muchas veces– al recurrir a mentiras para defenderse ahora o, en el pasado, para recurrir a métodos obscenos so pretexto de su utilidad. La información contenida en el informe del Senado no es un episodio de la teleserie Homeland, muy verosímil, ni la reconstrucción dramatizada de la operación que dio con la guarida de Osama bin LadenLa noche más oscura, muy cercana a la realidad presumible–, sino que maneja información solvente, de primera mano, comprobada por quienes, en ningún caso, cabe considerar adversarios de la comunidad de inteligencia. Y si algún dato se aleja de la verdad histórica, debe seguramente achacarse a la propia CIA, celosa custodia de la información de que dispone y de sus métodos para obtenerla, aunque quienes la piden sean senadores.

Muchas veces se ha recurrido a la expresión un estado dentro del Estado para referirse a la opacidad y a la libertad de movimientos de agencias de información y de seguridad como la CIA. Cuantos han utilizado esta terminología han sido considerados con frecuencia radicales poco informados de las necesidades últimas del Estado, pero cuando se llega a conocer la realidad de 119 hombres sometidos a una variada gama de vejaciones y torturas, encubierto todo por retorcidas interpretaciones del derecho internacional –la Convención de Ginebra aplicable a los presos de guerra, por ejemplo– y la consagración de la seguridad como un valor absoluto por encima de cualquier otro, entonces la expresión un estado dentro del Estado cobra todo su sentido. A partir de ese momento se entiende por qué es posible que la propia CIA espiara a los senadores encargados de elaborar el informe (luego se disculpó, qué remedio, y prometió que no volvería a suceder). Ese poder de facto, en la sombra, fuera de control, es tan peligroso como la inseguridad misma que se pretende combatir con prácticas irregulares porque convierte a los ciudadanos en posibles víctimas de la arbitrariedad de quienes, en nombre de la seguridad, vulneran las leyes establecidas para garantizarla. ¿Es imaginable mayor contradicción?

Rusia, condenada a una crisis

“Si Rusia no empieza hoy su modernización, corre el riesgo de convertirse mañana en un país del Tercer Mundo”, vaticinó en el 2012 el analista IgorYurgens. Dos años antes, varios líderes políticos, exdirigentes de la Unión Soviética, economistas y empresarios habían dado público apoyo a un proceso de modernización acelerada de la economía rusa, excesivamente dependiente de la exportación de energía y, por esa razón, de las fluctuaciones de un mercado sometido o influido a todas horas por los vaivenes de la política. La caída de los precios del petróleo a finales de 2008 puso en evidencia la debilidad de los países dependientes del monocultivo del petróleo, fuente principal de los ingresos en dólares, y hoy como ayer vuelven a cernirse sobre la economía rusa los peores presagios –la caída en picado del rublo, la escalada inflacionista y la contracción del mercado interior–, agravados por las sanciones de Occidente a causa de la crisis de Ucrania.

En realidad, el rosario de datos concatenados que determinan las dificultades de la economía rusa revelan hasta qué punto es esta vulnerable. No solo porque carece de alternativas rentables e inmediatas para compensar el efecto de las sanciones impuestas por Occidente, sino porque está a merced de las fluctuaciones del precio del petróleo, que está condicionado por la capacidad de producción y distribución de la OPEP y la acumulación de reservas en todo el mundo. Por utilizar la terminología al uso, Rusia tiene una muy limitada capacidad de resistencia, aunque durante la presidencia de Dmitri Medvédev, gracias al buen momento de las relaciones ruso-estadounidenses, la impresión fuese otra.

Según un artículo de William E. Pomeranz distribuido por la agencia Reuters, “la espectacular caída del precio del petróleo supone un descenso de las rentas del Estado y menos dinero para los ambiciosos proyectos de gasto militar y social de Putin”, que debe unirse a la fuga de capitales, cuya cuantía es imposible calcular. En cualquier otro escenario que no fuera el ruso, se diría que se dan las condiciones para una crisis social o, al menos, hay el riesgo cierto de que se produzca, pero en el proceso de rearme moral colectivo emprendido por el Kremlin a raíz de la crisis ucraniana y del consiguiente distanciamiento de Estados Unidos y de la Unión Europea, es posible que, a pesar de los pesares, siga influyendo más el reflejo nacionalista que el efecto inmediato de la crisis económica.

Eso es, al menos, lo que daban a entender las encuestas de hace solo un mes, que otorgaban a Putin un índice de aceptación de alrededor del 80%. Cosa distinta es que el restablecimiento de la grandeza de Rusia como gran potencia sea viable sin una economía que no dependa solo de las fluctuaciones del precio del petróleo y de la exportación de gas. Porque cuando la propaganda rusa amenaza con buscar otros clientes para sustituir a los recelosos europeos, oculta un dato: solo China puede compensar una disminución significativa de las ventas en el mercado europeo, como ha entendido Vladimir Putin, que ha firmado acuerdos de suministro con los gobernantes chinos que empezarán a aplicarse en el 2018. E incluso así, la falta de acuerdo para el gaseoducto South Stream, que debe conectar la red rusa a la de la UE por Bulgaria después de cruzar el lecho del mar Negro, daña sin remisión la política de ventas diseñada por Gazprom, la primera empresa rusa, para evitar el paso del combustible por Ucrania.

De ahí a concluir que la decisión de la OPEP de mantener la producción –30 millones de barriles diarios– está relacionada con la situación de Rusia media solo un paso. A pesar de los datos que reflejan una caída del consumo, un aumento de las reservas y un descenso de las importaciones en Estados Unidos a raíz de la explotación de los yacimientos de esquisto, indicadores todos ellos que aconsejarían una disminución de las extracciones, la reacción ha sido justamente la contraria y el barril de Brent se ha situado por debajo de los 70 dólares –llegó en junio a los 115 dólares–, con grave perjuicio para monocultivadores de energía como Venezuela o Irán, sin otro producto que exportar, o para aquellos con una presencia muy limitada en otros campos, caso de Rusia. Dicho de otro modo: la decisión impuesta a la OPEP por Arabia Saudí y las petromonarquías del Golfo es hija seguramente de la determinación de Estados Unidos y sus aliados de presionar indirectamente a Rusia sin sufrir o afrontar el desgaste político de un nuevo motivo de tensión después del de Ucrania.

Hay en este relato ingredientes suficientes para vislumbrar una nueva guerra fría posmoderna en la que ya no cuentan tanto la ocupación de áreas específicas, con la consiguiente parafernalia nuclear y la rivalidad entre modelos económicos diferentes, sino el recurso a la economía global para domeñar voluntades. La economía rusa dejó de ser, con el hundimiento del bloque socialista, la isla no contaminada o no relacionada con la red de intereses de la economía occidental, y no puede sostener por tiempo ilimitado la situación actual so pena de aceptar un empobrecimiento acelerado de la clase media surgida de las privatizaciones, las inversiones extranjeras y la exportación de energía como instrumento casi exclusivo para financiar la modernización del país. Las compras de propiedades hechas en dólares y euros, que son ahora inasumibles a causa de la devaluación incesante del rublo hasta perder un 40% de su valor, constituyen el ejemplo más llamativo de una situación que puede llegar a ser insostenible para el grupo social que ha asentado en el poder el nacionalismo encarnado por Putin.

En el trabajo Rusia en el siglo XXI. Una visión para el futuro, del año 2010, varios autores insisten en que las élites no lograron llevar a la práctica el programa de modernización necesario para no ser un país diferente. Pero enseguida surgió en aquel entonces la respuesta del bando contrario a cambiar las coordenadas políticas rusas con el argumento harto discutible de que los fracasos en materia económica no significan que sea necesario un cambio en el sistema. Por el contrario, el artilugio constitucional que llevó a Medvédev a la presidencia para permitir luego el regreso de Putin al frente del Estado se entendió como una garantía de progreso, cuando en la práctica cegó las vías de acceso a cambios políticos significativos, a la alternancia en el poder de diferentes opciones y a la competencia entre programas. Que esto fuese útil en un primer momento, final de la década de los 90, para atajar la decadencia sin remisión de la Rusia de Boris Yeltsin no significa que lo sea ahora para guardar los estandartes en el cuarto de banderas, abordar la crisis ucraniana con realismo y dar con una solución equilibrada que no sea una claudicación, pero que permita acabar con la incertidumbre de una economía en caída libre.

Es posible que en algún momento pensara Putin que podía derrocar al Gobierno de Ucrania, como ha escrito Paul Krugman, pero tal ensoñación se desvaneció en cuanto se multiplicaron en Occidente los valedores del Gobierno de Kiev. Se trató de un gesto lleno de oportunismo, de un desafío a la convicción de Putin de que sólo él tiene derecho a mantener ordenado y a su conveniencia el vecindario más inmediato, pero fue un acontecimiento decisivo para consagrar la división ucraniana, hacer de la guerra una enfermedad crónica y abrir un paréntesis para reflexionar. Lo que se cruzó luego en el camino del presidente ruso fue el cambio acelerado en el mercado de la energía, la falta de alternativas para cobrar en otros caladeros los dólares de menos obtenidos en los yacimientos de gas y petróleo.

Aun así, no creía Krugman este último verano que se diesen en el libro de ruta de las finanzas globales las condiciones necesarias para la concreción de una nueva guerra fría. Aludía el economista a la probada capacidad del capitalismo para adaptarse a todo tipo de situaciones, pero, y siempre hay un pero, en aquel tan cercano como lejano último agosto no ensombrecía las murallas del Kremlin la densa nube de la crisis social que ahora se teme o se presiente. Y Occidente no estaría libre de culpa si se cumpliera la sabia creencia de que cualquier situación siempre es susceptible de empeorar.

El racismo una vez más

Hay algo profundamente inmoral, desalentador y enfermizo en la decisión de un gran jurado del estado de Misuri de no llevar a juicio por falta de pruebas al agente de policía Darren Wilson, que el 9 de agosto mató de varios disparos en la pequeña ciudad de Ferguson a Michael Brown, de 18 años, negro o afroamericano, como ahora gusta decirse. La víctima iba desarmada y, según el testimonio de uno de sus amigos y de algunos transeúntes, levantó las manos y no hizo ademán de encararse con el agente o amenazarle, pero este sostiene, en cambio, que actuó “para salvar su vida”, que siente lo ocurrido, pero que volvería a reaccionar de igual forma. Los nueve blancos y tres negros que formaron el gran jurado han entendido que, más allá de la tragedia, no hay material probatorio para instar procedimiento penal contra Wilson, de piel blanca, y secundan de hecho la posición del fiscal Robert McCulloch, asimismo blanco, que desde el principio se sintió más inclinado a proteger al policía que a atender los requerimientos de los familiares de la víctima en el seno de una comunidad de mayoría negra, pero gestionada mayoritariamente por blancos, en especial en cuanto se refiere a la seguridad y a la administración de justicia.

Dice Wilson que tiene la “conciencia tranquila” y al decirlo a pesar de la muerte del joven, por al descubierto una especie de seguridad a priori sobre la bondad de la misión que se le encomendó, aunque al cumplirla perdiera la vida alguien desarmado. Hay en esa tranquilidad de conciencia admitida por el policía el rastro de un aire viciado, respirado desde siempre y que alimenta el principio de sospecha generalizada aplicado a la sociedad negra por la blanca –al menos por una parte de ella– de la ciudad de Ferguson. Hay también el rastro y la creencia de una sociedad inducida a pensar desde siempre que el mundo de los blancos está llamado a cumplir una tarea trascendental, indeclinable, intransferible, que forma parte del destino mesiánico alentado por la tradición del pensamiento más conservador y menos permeable a las virtudes del mestizaje.

Disturbios en Ferguson (Misuri) en los que intervino la Guardia Nacional después de conocerse la decisión de un gran jurado de no procesar al policía Darren Wilson, que disparón contra Michael Brown.

Disturbios en Ferguson (Misuri) en los que intervino la Guardia Nacional después de conocerse la decisión de un gran jurado de no procesar al policía Darren Wilson, que disparó contra Michael Brown.

En cierto sentido, pervive en todo ello la justificación moral del racismo que se fundió con modelos puritanos extremos y una acusada inclinación por los hábitos aristocráticos, algo que influyó en la configuración de la cultura de las sociedades poco industrializadas del sur de Estados Unidos, donde la tradición –el estilo del sur, decían los confederados que se levantaron en armas en 1861– quedó contaminada por el esclavismo. El eco de aquella división social tajante, insuperable, llega hasta hoy y sube de tono cada vez que se da una situación como la de ahora en Ferguson. Quizá se ha superado la fase aguda de la dolencia, quizá las aristas más cortantes no tienen del filo hiriente de episodios como el reconstruido en la película Arde Misisipi, quizá el Ku Kux Klan esté más cerca del recuerdo ominoso que de otra cosa, pero se asaltan comercios en Ferguson y la Guardia Nacional ocupa la calle porque la confrontación racial pasa de generación en generación un siglo y medio después de la emancipación de los esclavos y del final de la Guerra de Secesión en 1865.

“Todo racismo es sustancialismo”, escribió hace 30 años el diplomático marroquí Abdalá Laraui, y esa simplificación implícita en el sustancialismo, ese acercamiento receloso a la realidad del otro, de quien es diferente, es una poderosa arma de división social, de segregación, de sectarismo profundo. Es, se quiera o no ver así, una enfermedad social que obliga, como en el caso de Ferguson, a sopesarlo todo a través del prisma del color de la piel. Resulta casi repulsivo contar las circunstancias de la muerte de Michael Brown, la actuación de la policía, del fiscal y del gran jurando con referencias constantes a los blancos y negros implicados en el caso, pero es esa reiteración inevitable la que pone de manifiesto que el racismo sigue siendo una dolencia de la que una parte no pequeña de la sociedad de Estados Unidos no logra curarse. No importa que el presidente del país sea negro, que el fiscal general también lo sea, que en la comunidad académica y en el mundo de la cultura estén cada día más presentes los rostros de color, lo que Laraui llama sustancialismo sigue contaminando las relaciones sociales en muchos lugares y las estadísticas revelan con harta elocuencia que la comunidad negra aún es aquí y allá un colectivo estigmatizado. He aquí algunos datos:

  1. Los jóvenes negros tienen 21 veces más posibilidades de morir por disparos de la policía que los jóvenes blancos, con independencia del segmento social al que pertenezcan o del que procedan.
  2. La población negra constituye el 13% del total, pero alcanza el 42% la población penitenciaria negra.
  3. El grado de vulnerabilidad social de blancos y negros en situaciones de pobreza extrema es similar, pero la vulnerabilidad penal es muy superior entre los negros pobres que entre los blancos en idéntica situación.

No es exagerado decir que en partes importantes de Estados Unidos, a pesar de las leyes de derechos civiles aprobadas hace medio siglo y de la cultura de la discriminación positiva seguida en muchos lugares, los negros siguen siendo sospechosos habituales; se hallan en una situación desventajosa que puede derivar en tragedia y en disturbios, como sucede ahora en Fergunson y, desde allí, al resto del país. O como sucedió en el pasado en Los Ángeles (caso Rodney King, en 1992) y en Sanford (Florida) hace dos años a raíz de la muerte del joven Treyvon Martin, abatido a tiros por el vigilante voluntario George Zimmerman, que fue declarado inocente. Esa sensación de falta de ecuanimidad de los funcionarios públicos encargados de aplicar las leyes, esa atmósfera cargada de prejuicios que condiciona a los jurados, esa administración vengativa de la justicia –el mantenimiento de la pena de muerte en 32 estados–, que pesa como una losa sobre amplias capas de la comunidad negra, el entramado que antepone el color al principio de ciudadanía, se manifiestan de forma radical en cuanto se colocan en un platillo de la balanza los derechos presumiblemente ultrajados de un ciudadano de color y en el otro, los derechos o las garantías en riesgo de un funcionario público blanco (para el caso, un policía).

El presidente Barack Obama, que en el caso de Treyvon Martin se unió a la desolación que sentían los allegados del muchacho, tiene que afrontar un momento de crispación extrema y neutralizar las declaraciones poco meditadas –o puede que sí lo fueron– del gobernador de Misuri, Jay Nixon, del Partido Demócrata para mayor complicación, dispuesto antes a hacerse eco de los estragos causados por una multitud airada que a analizar el sentimiento de frustración alentado por el gran jurado al dejar sin cargos al policía que disparó. Cuando Obama fue elegido por primera vez en el 2008, se insistió en la condición transversal del candidato, pero las inquinas del universo estadounidense más conservador y la desconfianza hacia el presidente en sectores de su propio partido cuando la cuestión racial anda de por medio atestiguan que la transversalidad del presidente es un atributo que está lejos de serle reconocido por todos los ciudadanos. Si no fuese así, muchas de las críticas dirigidas a la Casa Blanca desde que se instaló en ella el primer presidente negro hubiesen tenido un registro más contenido, menos desabrido.

“Debemos limpiar nuestra casa de racismo”, declaró Bill Clinton en 1995, después de que en diferentes estados del sur ardieran iglesias de congregaciones negras. Y añadió: “Hay demasiados blancos y negros, en la izquierda y en la derecha, en las esquinas y en las ondas de radio, que quieren sembrar la división”. La siembra prosigue, aunque en los periodos de paz entre dos episodios de racismo, visible o encubierto, parezca que se remansan las aguas, que ha perdido vigencia la más abyecta de todas las divisiones posibles. El día de la primera victoria de Obama, el reverendo Jesse Jackson describió el momento como de éxtasis. “Muchos blancos han elegido la razón en lugar de la raza, la esperanza en lugar del miedo –dijo–. Para muchos ha sido la ocasión de decir: somos mejores de lo que hemos sido”. Pero la siembra no se ha interrumpido y aún son poderosos los resortes que maneja la cultura del racismo para temer sin asomo de duda que habrá más Ferguson, más momentos en los que se desvanecerá en la memoria el éxtasis y tomará cuerpo de nuevo el espectro de la confrontación racial.

 

Una partida con cartas marcadas

Tan politizada le parece al conseller Francesc Homs la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de presentar una querella contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau como se le antoja a Carlos Floriano, vicesecretario general del PP, una opinión contaminada por la política la manifestada por los fiscales que ejercen en Catalunya, que se opusieron a la presentación. Esa coincidencia en ver la política donde solo debiera prevalecer la aplicación desapasionada de la ley es la más convincente de todas las pruebas: que cada parte sospeche de su contraria, su competidora o su adversaria, porque supone en ella la norma de conducta que previamente ha puesto en práctica en su ámbito de influencia, es la mejor demostración indirecta de que, efectivamente, la politización del criterio de los fiscales tiene algo que ver –bastante, se diría– con el de los políticos de Madrid y de Barcelona. Y cabe añadir que en el ambiente enrarecido por el encastillamiento de unos y otros, hubiese sido realmente milagroso que los fiscales, todos ellos y uno por uno, se mantuvieran inasequibles a las influencias, los editoriales de algunos periódicos envueltos en las respectivas banderas, las tertulias a todas horas y otros patios de vecindad de los que lo menos que puede decirse es que manca finezza.

Si todo este embrollo monumental se debe a que “la legalidad cuenta ya poco para el president” (José María Carrascal en Abc) o si las razones son otras, importa menos que el hecho de que, a partir de ahora, la fiabilidad jurídica de la fiscalía estará bajo sospecha en asuntos catalanes o en otros en los que al Gobierno le vaya el alma. Dice Joan Tapia que “las vísceras han mandado más que el cerebro”, y eso es algo más que una posibilidad. Pero esa versión fisiológica de la política tiene mucho que ver con la necesidad apremiante del Gobierno de corregir las encuestas y llevar a su molino el agua de la España más conservadora y retardataria, aquella que digirió de mala gana los sapos de la transición y cree aún hoy que ya fue mucho lo que dio y concedió en el debate constitucional de 1978 como para poner ahora la Constitución al día. En la encrucijada de las jornadas siguientes al 9-N, restablecer el principio de legalidad, si es que hace falta, importa menos que aparecer como guerrero invicto ante auditorios que creen, como en su día el cardenal Rouco Varela, que la Constitución tal cual está debe ser la norma inamovible por los siglos de los siglos. Se diga así o de cualquier otra manera.

Muy al principio de la novela Así empieza lo malo, Javier Marías escribe: “Tan tentador era el futuro que valía la pena sepultar el pasado, el antiguo y el reciente, sobre todo si ese pasado amenazaba con estropear aquel futuro tan bueno en comparación”. En aquella atmósfera se redactó la Constitución, que entonces pareció aceptable a la España doliente, y excesiva, aunque inevitable, a la otra. Pero entender que de entonces a ahora no se ha registrado cambio climático alguno en el ámbito político, y el famoso consenso constitucional del pasado vale hoy lo mismo, es tanto como desconocer o soslayar cuáles son los instrumentos de transformación social que desencadenan grandes mutaciones. Además, en el futuro vislumbrado para Catalunya por Jordi Pujol, referencia ineludible de la transición, la independencia era algo que formaba parte de lo venidero, como ha recordado Francesc de Carreras en un artículo a propósito del 40º aniversario de CDC. Y así, mientras para una parte –mayoritaria– de quienes aprobaron la Constitución, esta era una estación de llegada, para otros fue solo una estación intermedia. “Pujol tenía una idea prefijada de Catalunya que al fin se ha cumplido”, afirma De Carreras, y su apego a la Constitución, a su aplicación y desarrollo, fue solo instrumental, y lo puso al servicio del fin último perseguido por el nacionalismo hegemónico en Catalunya desde aquel entonces.

¿Oportunismo? ¿Sagacidad? ¿Esgrima de alta escuela? Poco importa ahora dilucidar qué atributo encaja más con la ruta seguida por el independentismo confeso y no confeso. Lo cierto es que la querella es la herramienta elegida por una superestructura denominada justicia, sometida a presiones agobiantes, para hacer frente a un problema político que, con querella o sin ella, ahí está, viene de lejos y exige enfoques imaginativos, transversales y ajenos a cálculos electorales que, se mire por donde se mire, tienen en un grito al PP, consciente de que en las próximas citas electorales puede sufrir batacazos históricos.

Si un partido con responsabilidades a escala española no es capaz de ir más allá de los lugares comunes que atañen a la soberanía, la unidad y otros conceptos investidos de solemnidad, si no es capaz de aceptar que hay que modificar la ley –la Constitución– para dar una oportunidad a la política, entonces ese partido pone de manifiesto tener enormes dificultades para adecuarse al presente. Las tiene el PP, desde luego, porque elude la mayor mediante el recurso al juzgado de guardia, esto es, evita afrontar el hecho de que el 30% de los electores catalanes –no la mayoría, no todos los catalanes, no el pueblo de Catalunya, como dice la propaganda independentista– votó sí-sí. Votó sí-sí sin garantías jurídicas, con Oriol Junqueras de presidente de mesa en Sant Vicenç dels Horts, con un control del censo por lo menos discutible en una convocatoria gestionada por una de las opciones –la del sí-sí–; pero el caso es que el 30% votó sí-sí.

Responder con un no-no obstinado es la más rudimentaria de las reacciones; es algo así como dejar sentado que es irrenunciable el programa máximo del PP. Y todo programa máximo, por definición, es una meta inalcanzable o poco realista, salvo para los espíritus doctrinarios que creen ser depositarios exclusivos de la verdad. La reflexión vale lo mismo para los ideólogos del independentismo, pues cualquier alternativa que preserve la cohesión social deberá ser intermedia, no podrá satisfacer al ciento por ciento a nadie, pero sí confortar a todo el mundo. Este fue, por cierto, el espíritu que impregnó el consenso constitucional que alumbró el texto de 1978 y preservar aquel consenso no reside en considerarlo irrepetible, sino perseverar en él para cambiar lo que se precise cambiar, por unanimidad, si es posible, o por mayoría, si no lo es.

El recurso a la fiscalía es de una pobreza política que asusta tanto como la disposición del conglomerado independentista a tomar los 23 puntos de la carta de Artur Mas a Mariano Rajoy como aquello que no admite modificación o retoque que valga. Siendo así que los 23 puntos suenan a programa máximo, aunque al mandarlos por carta como punto de partida de una eventual negociación debe entenderse que son susceptibles de cambio o de retoque, y algunos de ellos pueden ser incluso objeto de renuncia. Pero si no admiten tal margen de maniobra, la carta es tan inútil como las demás maniobras orquestales que constituyen el relato reciente de la llamada cuestión catalana. Será, como tantas otras, una carta marcada más en esta extraña partida de despropósitos que a unos favorece en las encuestas –véase el sondeo publicado el viernes por EL PERIÓDICO– y a otros les corta la respiración.

Todo lo cual no es óbice para concluir que la fiscalía ha unido sus efectivos a la fábrica de independentistas puesta en marcha por el Gobierno mediante su insistencia en no rectificar en nada. “Una de las causas del auge del independentismo catalán es la indigencia y la torpeza del discurso opuesto a él”, sostiene el escritor Javier Cercas, y esa querella por los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N abunda en la torpeza. Pueden todos los integrantes del Gobierno desgañitarse hasta perder la voz para defender la autonomía de la fiscalía, pero lo cierto es que no hay forma de creer en ella; no hay forma de apartar de la imaginación una realidad subyacente que lleva a dudar de que, efectivamente, son razones estrictamente jurídicas las que han puesto en marcha el engranaje de la querella. Esa carta también está marcada.

Vigilias de Intifada o casi

Al cumplirse diez años de la muerte de Yasir Arafat lo menos que puede decirse es que la situación en Palestina y las perspectivas de futuro han empeorado en igual medida que han crecido los asentamiento de colonos israelís en Cisjordania, y las operaciones emprendidas por Israel contra la franja de Gaza –Plomo Fundido (2008-2009), Pilar Defensivo (2012) y Margen Protector (2014)– han devuelto en gran medida la iniciativa a las facciones radicales palestinas, si es que alguna vez la perdieron. La intransigencia  del primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, empeñado en una campaña de derechización y huida hacia adelante del Gobierno para llegar el 6 de enero a las primarias de su partido, el Likud, como el líder inflexible que siempre fue, debilita la imagen débil de por sí de Mahmud Abás, sucesor de Arafat, carente de las habilidades tácticas de este y sometido a la presión de Hamás, el partido que controla Gaza, y a la gestión apocalíptica del momento que hace la Yihad Islámica. Si a ello se suman los episodios de violencia a un lado y otro del muro de Cisjordania, no es exagerado temer que estamos ante los prolegómenos de la tercera intifada salvo que algo o alguien serene los ánimos.

Son impredecibles los efectos que sobre el desarrollo de los acontecimientos puede tener la tanda de reconocimientos por países europeos del Estado palestino. A primera vista, es algo que no debiera alarmar a Israel, tal como Nathan Thrall, del International Crisis Group, razonó hace unas semanas en The New York Times. Puesto que la solución admitida por las partes es la de los dos estados, y uno de ellos será el palestino, no debiera perturbar los sueños del Gobierno israelí que, por diferentes caminos, los parlamentos de Suecia, el Reino Unido, Francia y España –el próximo martes– reconozcan a Palestina. Antes bien, debiera entender que tal reconocimiento, de gran contenido simbólico, pero sin ningún efecto práctico, refuerza la fórmula que dice defender, aunque visto el disgusto de funcionarios de la Administración israelí quizá la disposición a lograr los dos estados sea solo una pose.

Las palabras recogidas por El País de Emmanuel Nahshon, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, al conocer el propósito del Congreso de los Diputados, refuerza esa impresión: “Será mucho mejor que el Parlamento español mande un mensaje a favor de la vuelta a la mesa de diálogo”. Cabe incluso atribuir un punto de cinismo o de doblez a la declaración, pues la hostilidad manifestada por Israel hacia el Gobierno palestino a partir del acuerdo de la última primavera entre Al Fatá y Hamás y la carnicería de Gaza –más de 2.000 muertos entre julio y agosto– apenas precisan comentario para entender que lo que pretende Netanyahu es que se reanuden las negociaciones en las condiciones y los términos que él imponga, y mientras tanto seguirá la autorización de nuevas colonias en Cisjordania y el hostigamiento a la población árabe de Jerusalén oriental.

¿Sigue la opinión pública israelí a favor de la mano dura? A juzgar por la encuesta realizada en octubre por el Instituto de Democracia de Israel y la Universidad de Tel Aviv, cabe ponerlo en duda. Según el sondeo, el 57% está a favor de negociar –52,7% entre la población judía y 81,2% entre los árabes de nacionalidad israelí–, aunque son mayoría entre los judíos quienes piensan que no servirá para afianzar la paz. Pero, hecha esta aclaración, no deja de ser significativo que en mayo otra encuesta elaborada por las mismas instituciones revelara que el 68% de la población israelí era partidaria entonces de interrumpir las negociaciones a causa del acuerdo de gobierno de Al Fatá con Hamás.

Hay un ingrediente de realismo en el resultado de la encuesta que se suma al puesto de manifiesto por varios generales israelís que se han pronunciado a favor de negociar un acuerdo con los palestinos y acelerar la solución de los dos estados. Algo bastante alejado del dardo dirigido por Netanyahu a los árabes de Galilea que se manifiestan contra su política, a quienes ha invitado a abandonar el país, y de la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, de compensar a los palestinos con la anexión a Cisjordania del llamado triángulo árabe –territorio israelí de mayoría árabe– a cambio de mantener los asentamientos en suelo ocupado en la guerra de 1967. Algo que nunca han planteado los árabes con pasaporte israelí ni los negociadores palestinos. Una forma, eso sí, de enredar más la madeja y, en la práctica, hacer inviable el acuerdo que se supone se persigue.

La derrota demócrata en las elecciones habidas en Estados Unidos el 4 de noviembre, y el consiguiente debilitamiento de Barack Obama, que se ha estrellado varias veces contra el parapeto construido por el Gobierno israelí para no ceder ni un milímetro en sus planteamientos, facilita las cosas a Netanyahu, que ahora cuenta con el paraguas protector de la mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso. El lobi judío estadounidense integrado en el American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), manifiestamente incómodo con Obama y con su primera secretaria de Estado, Hillary Clinton, disfruta de un mayor margen de influencia en el enfoque que Estados Unidos da al conflicto palestino-israelí. Y si el AIPAC se siente aliviado por la suerte corrida en las urnas por los demócratas, Israel comparte el mismo sentimiento, aunque el final del segundo mandato de los presidentes suele coincidir con el periodo de mayor actividad diplomática de la Casa Blanca.

La particularidad del momento es que así como Bill Clinton quiso legar para el futuro la solución del agravio palestino –conversaciones de Camp David de julio del 2000– y fracasó, la preferencia de Obama, la herencia histórica que quizá espera dejar, es un acuerdo con Irán que rehabilite a la república islámica ante la comunidad internacional y cancele los riesgos inherentes al programa nuclear auspiciado por el núcleo duro del clero chií. Frente al hecho incuestionable de que Obama casi siempre ha andado a remolque de los acontecimientos en Oriente Próximo y ha sido en Israel donde se han establecido las reglas del juego, en la gestión del dosier iraní la oposición israelí pesa, pero no hasta el extremo de hacer inviable un acuerdo que, por diferentes motivos, desean todos los grandes actores políticos, además de Estados Unidos: Rusia, porque Irán es uno de sus aliados y quiere acabar con las sanciones que acogotan la economía del país; la Unión Europea, por razones económicas y de equilibrio estratégico en el golfo Pérsico; China, porque los campos petrolíferos de Irán son una de sus fuentes de suministro.

Hay, por lo demás, variables en la periferia del conflicto palestino-israelí cuya evolución es del todo imprevisible y están llenas de riesgos. La situación en Siria, la inestabilidad en Irak y, por encima de todos ellos, la capacidad de contaminación del Estado Islámico, convertido en nuevo predicador de la vuelta a los orígenes, al califato, a la sharia, al martirio y al gobierno de los defensores irreductibles de la tradición. Como dice Brian Whitaker en el ensayo Arabs Whitout God (Árabes sin Dios), en Oriente Próximo “la religión es difícil de evitar incluso para quienes lo intentan”, y las sociedades palestina e israelí no son una excepción. La influencia de los oradores más incendiarios en mezquitas y sinagogas es cada día mayor, y la descendencia de las comunidades en gran medida laicas que libraron las primeras guerras ha transformado el campo de batalla en un ecosistema donde las razones políticas valen casi tanto como los textos sagrados. Son cada día más los partidarios de hacer ostentación de la práctica religiosa, y mantener la política dentro de los parámetros de un determinado credo, con el corolario inevitable de las rivalidades sectarias, tal como subraya Whitaker.

En abril del 2012, el expresidente Jimmy Carter publicó un artículo en el que preveía acerca de la viabilidad cada vez menor de alumbrar un Estado palestino. “Mientras manifiestan su apoyo a la solución de los dos Estados –escribió Carter–, todas sus acciones [las de las autoridades israelís] contribuyen a crear un gran Israel, del mar Mediterráneo al río Jordán”. Y concluía entonces que la solución de los dos estados aún era factible, “pero no por mucho tiempo”. El tiempo le da la razón y no hay forma de detener la marcha de los acontecimientos hacia la consagración de facto de un Estado binacional, permanentemente inestable, con ciudadanos de primera y de segunda, de forma parecida a como en el pasado sucedía en la Sudáfrica del apartheid. De ahí el riesgo cierto de que se pueda imponer en el campo palestino la lógica de una tercera Intifada para contrarrestar la frustración de un futuro sin esperanza.

La decadencia del Este derrumbó el Muro

Basta cotejar el mapa político de Europa del 9 de noviembre de 1989 y el del presente para calibrar las dimensiones del cambio en el continente desde la caída del Muro de Berlín, hace un cuarto de siglo. Todo cuanto hoy es Europa, todo cuanto condiciona el funcionamiento de Europa para lo bueno y para lo malo remite a aquel cambio que zanjó la guerra fría, al menos en su forma más genuina, acabó con la bipolaridad, enterró a una superpotencia, la Unión Soviética, y liquidó la trama de alianzas que encabezó en la Europa del Este. La inviabilidad de la economía planificada, convertida en un sistema esencialmente ineficaz, y la presión permanente de Estados Unidos mediante el desarrollo de nuevos sistemas de defensa, con las tecnologías de última generación creciendo exponencialmente, llevó a la decadencia y a la inanidad el experimento soviético poco más de setenta años después del triunfo de la revolución de octubre.

Ciudadanos de los dos sectores de Berlín, en el Muro la noche del 9 de noviembre de 1989.

De forma que es posible afirmar que el Muro cayo tanto por la presión popular en la República Democrática Alemana, extensión de la movilización de las opiniones públicas polaca, checa y húngara, por citar las más dinámicas en 1989, como por la imposibilidad práctica de Mijail Gorbachov de administrar sin grandes pérdidas la herencia recibida. Fracasados todos los planes de reforma habidos y por haber, el líder soviético no pudo más que asumir que para la superpotencia nada sería como antes, que aquella pretensión suya de modernizar el sistema sin renunciar al socialismo se hallaba en un callejón sin salida. El aviso que dirigió semanas antes del hundimiento a Erich Honecker, penúltimo presidente de la República Democrática Alemana, de que quienes no se adaptaran a los cambios serían finalmente derrotados, se cumplió en todos sus extremos. Cuando la noche del 9 de noviembre de 1989 los berlineses del sector oriental cruzaron el Muro, el establishment reformista soviético había aceptado que no cabía oponer resistencia a la unificación alemana; la decadencia había minado al Estado.

Pero la caída del Muro y la unificación poco menos que inmediata de Alemania requirieron de dos compromisos cuyas repercusiones llegan hasta nuestros días. El primero fue la promesa hecha a los soviéticos por el presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, de que la frontera oriental de la OTAN, unificada Alemania y convertidos los demás países del Pacto de Varsovia a la economía de mercado, nunca alcanzaría el límite occidental de la URSS. El segundo fue la aceptación por Francia de la unificación alemana, que el presidente François Mitterrand veía con recelo, a cambio de que el Gobierno del canciller Helmut Kohl aceptara acelerar la unión monetaria en la entonces Comunidad Europea, lo que llevaba aparejada a la larga la desaparición del marco y la creación de una moneda única. Esos dos compromisos fueron las dos piedras sillares sobre las que se levantó el edificio de la unidad alemana sin grave riesgo para la estabilidad de Europa.

Jóvenes de Berlín Occidental derruyen el Muro la mañana del 10 de noviembre de 1989.

Cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se remonta a las promesas de 1989 para oponerse sin matices a la atlantización de estados como Georgia (verano del 2008) y Ucrania (ahora mismo), se comporta como un líder poco sutil, pero que aprendió la lección del desbarajuste y el arrinconamiento de su país durante la presidencia de Boris Yeltin en la década de los noventa. Porque en la Rusia de hoy, la de los oligarcas y la del capitalismo desbocado, es mayoritaria la opinión de que detrás de la occidentalización a toda máquina de las economías de las exrepúblicas soviéticas asoma la progresión territorial de la OTAN, tal como sucedió en el inmediato pasado con los antiguos socios del Pacto de Varsovia y del CAME –mercado común del bloque socialista–, y con los estados bálticos que un día formaron parte de la URSS.

De la misma manera que la unificación llevó aparejado el reconocimiento explícito por Alemania de la línea Oder-Neisse como frontera oriental inamovible de Polonia, y se enterró el debate sobre la pertenencia a Polonia de Pomerania, Silesia y Prusia Oriental, los herederos históricos de la URSS entienden que siguen vigentes las condiciones por las que Rusia dejó de oponerse a la caída del Muro. Incluso hoy con más motivo que ayer porque la instalación del escudo antimisiles estadounidense en Polonia y la República Checa es un factor de debilitamiento objetivo del sistema de defensa ruso. Y, en cierta medida, la OTAN comparte el análisis habida cuenta de que en el 2008 no hizo ningún gesto significativo para salir en defensa de Georgia, arrastrada a un desafío imposible ante Rusia por el presidente Mijail Saakashvili, que no solo cometió un error de cálculo descomunal, sino que vio como Abjasia y Osetia del Sur se desgajaban de su pequeño país.

Incluso quienes como el fallecido historiador Tony Judt sitúan la última oportunidad política de los regímenes marxistas de Europa en 1968, durante la breve primavera de Praga, admiten que en los siguientes 15 años, con todas las carencias que se quiera, la URSS mantuvo el estatus de superpotencia y las debilidades genéticas del sistema no salieron a la superficie hasta que Gorbachov abrazó el realismo y renunció a la propaganda. De la misma manera que la euforia desatada en Occidente por la caída del Muro, analizada sobre el terreno por autores como el británico Timothy Garton Ash, dio paso también a la realidad de las dificultades para mantener básicamente sin cambios el mapa estratégico de Europa, aquel reparto de papeles entre los dos bloques que la lógica de la guerra fría consagró como sistema. Quizá por eso se habla ahora de una segunda guerra fría o de una guerra fría de nuevo cuño, porque en muchos de los gestos de Putin y en muchas de las reacciones de sus adversarios se adivina el recuerdo del funcionamiento de Europa antes del final del Muro.

El desmoronamiento del bloque del Este y la desaparición de la Unión Soviética dio pie al nacimiento de nuevos estados y la ampliación de la OTAN y de la UE.

El desmoronamiento del bloque del Este y la desaparición de la Unión Soviética dio pie al nacimiento de nuevos estados y la ampliación de la OTAN y de la UE.

Un cuarto de siglo después de aquel momento, con Alemania convertida en la potencia que dicta las reglas en el seno de la Unión Europea e inversiones estratosféricas del sistema financiero alemán en la economía emergente rusa, lo que se da por descontado es que no se volverá a una situación de coexistencia, pero no de convivencia. A pesar de las sanciones en vigor, a pesar de que el conflicto en Ucrania adopta el perfil de una enfermedad crónica, la trabazón de ambos mundos en el seno de la economía global neutraliza algunos riesgos mayores. Aunque Tony Judt lamentó en Pensar el siglo XX la inclinación de los intelectuales a reflexionar acerca de si una política es eficaz o ineficaz en términos económicos, en vez de sopesar si es o no buena, las consecuencias de la ineficacia vividas en carne propia por la sociedad rusa, y la dieta impuesta a los alemanes desde los días del canciller Gerhard Schröder hasta los de Angela Merkel para digerir la unificación, hacen que sean justamente consideraciones económicas las que alejan el espectro de la confrontación y la vuelta a la coexistencia pacífica sin mayores atributos.

La distinción que establece Mark Malloch Brown, del World Economic Forum, entre los “estados de la seguridad económica” –China– y los “estados de la seguridad nacional” –Rusia– refuerza esta impresión relativamente optimista de que la mera coexistencia es insuficiente para que los engranajes no se atasquen. Porque, de acuerdo con el mismo modelo, la seguridad nacional es inviable sin la seguridad económica y viceversa, incluso admitiendo los síntomas de crisis que arrojan los estados-nación como entidades encargadas de redistribuir la riqueza, prestar servicios y cohesionar a la comunidad. Es decir, el desmoronamiento del bloque del Este, con la caída del Muro de Berlín como referencia del proceso, y la unificación Alemana como dato inmediato del triunfo de Occidente frente al proyecto soviético dieron lugar a una nueva situación en la que las interdependencias son más determinantes que las rivalidades. Quizá el acuerdo gasista de Rusia y Ucrania, mientras sigue la guerra, sea el ejemplo más inmediato e ilustrativo de la realidad más allá de los campos de batalla.

O puede que más acá, pues el final de la guerra fría liquidó un sistema con mecanismos de control mutuo a un lado y otro de la divisoria del Este y del Oeste, y lo que en principio se aventuró como un mundo más seguro y más estable dio en resultar uno menos seguro y menos estable. Y en ese mundo diferente al esperado porque está lejos de haberse consolidado como sistema con un código de señales reconocible que establezca pautas para gestionar los momentos de crisis, el único espacio que parece sistematizado y ocupado en mantenerse incólume es el de la economía global, sean cuales sean los costes sociales que lleva asociados. Claro que si las cosas son así, cobra todo su sentido la opinión expresada por Tony Judt sobre la orientación de un mundo globalizado: “El efecto de la predominancia del lenguaje económico en una cultura intelectual que siempre ha sido vulnerable a la autoridad de los expertos ha actuado como freno sobre un debate social más fundamentado en lo moral”. Y el freno sigue echado.

 

 

Los republicanos preparan la victoria

La decisión de la mayoría de candidatos demócratas que se presentan a las elecciones del próximo martes en Estados Unidos de evitar la presencia del presidente Barack Obama en sus campañas ilustra la desazón que se ha adueñado del partido. Con índices de aceptación que en el mejor caso superan ligeramente el 40%, la compañía de Obama se ha convertido en un mal punto de partida para neutralizar la euforia de los republicanos, que confían en recuperar la mayoría en el Senado y están seguros de renovarla en la Cámara de Representantes. No hay un solo dato que no pronostique dos años extremadamente difíciles para la Casa Blanca, encajonada entre una opinión pública descontenta y un Partido Republicano dueño del Congreso y sometido muy probablemente a la estrategia de tierra quemada del Tea Party.

La primera gran preocupación del Partido Demócrata es la desmovilización del arcoíris de minorías que llevaron a Obama al Despacho Oval en el 2008 y lo mantuvieron en el puente de mando en el 2012. Aunque las elecciones legislativas de midterm (entre dos elecciones presidenciales) suelen tener una participación más baja, la falta de un gran asunto a debate en las del día 4 aún las hace menos atractivas a ojos de una parte considerable de los ciudadanos, instalados en la atonía a pesar o causa de una mejora muy visible de la economía. Y las clases medias de la América tradicional, zarandeadas por la crisis, han recuperado el instinto conservador y la desconfianza en la Administración federal, y no han dejado de poner en duda las virtudes de una reforma sanitaria que, entienden, es una intromisión inaceptable del Estado en el libre albedrío de los ciudadanos.

Cartel en el que se asocia ‘tea’ y ‘republican’ con el elefante, mascota de los republicanos, que para el caso luce una enorme bolsa de té en el lugar de la oreja.

La analista Marisa Abrajano, de la Brookings Institution, al remitirse a los índices de participación en las midterm del 2010 –latinos, 31,2%; blancos, 48,6%; negros, 44%; asiáticos, 31%– pone de relieve que de los caladeros de votos demócratas, solo el afroamericano puede mantenerse en índices parecidos a los de hace cuatro años, mientras que la movilización entre latinos y asiáticos puede ser incluso menor. Es esa una perspectiva que vaticina una derrota demócrata, junto con una constante histórica: en las midterm, los mayores y los segmentos sociales más prósperos –voto conservador en ambos casos– acuden en mayor medida a las urnas que los jóvenes y, en general, los ciudadanos con unos ingresos por debajo de la media.

¿Por qué la figura de Obama ha decaído hasta el punto de contaminar las expectativas electorales demócratas? Cuatro son las razones entre otras muchas:

1. Las elecciones a mitad de un mandato presidencial suelen castigar al partido que ocupa la Casa Blanca. Si los índices de aceptación del presidente son además modesto, por no decir bajos, el castigo es mayor. Si, por añadidura, el presidente –caso de Obama– es un pato cojo (lame duck), apelativo que se aplica a quien no puede ser relegido por decisión propia o por imperativo legal, la pérdida de votos suele ser aún mayor.

2. El martes se renueva el último tercio del Senado surgido de las elecciones del 2008, cuando Obama ganó la presidencia. Fue aquel un gran año de ascenso demócrata y en cambio el 2014 lo es de reflujo, de acuerdo con los ciclos típicos de la política de Estados Unidos, con los dos grandes partidos instalados permanente en una montaña rusa.

3. El aumento del voto militante, ajeno a los resultados y comprometido solo con la adscripción a una idea hace cada día más difícil la transferencia de sufragios de republicanos a demócratas y viceversa. El martes se someten a elección siete escaños del Senado ocupados por demócratas que corresponden a estados donde en el 2012 ganó Mitt Romney, candidato republicano a la presidencia. Seis de estos estados son tradicionalmente republicanos –Alaska, Arkansas, Dakota del Sur, Luisiana, Montana y Virginia Occidental– y el séptimo –Carolina del Norte– está a tiro de los republicanos a poco que flaquee la participación entre las minorías. En cambio, los republicanos solo se encuentran en una situación parecida en Maine, un estado de largo historial demócrata y donde Obama ganó hace dos años.

4. La intensidad de los ataques dirigidos directamente a Obama, no exentos en ocasiones de prejuicios raciales más o menos explícitos, han desgastado la imagen de líder reflexivo que proyectó durante sus primeros años. Al mismo tiempo, se ha extendido la impresión de que el presidente es un político dubitativo, que ha ofrecido una débil imagen exterior de Estados Unidos y no ha sido capaz de neutralizar los obstáculos planteados por una oposición republicana desacomplejada.

Cartel elaborado por una partidaria de Hillary Clinton para promover su candidatura en la elección presidencial de 2016.

¿Es posible que la resurrección del conservadurismo compasivo enunciado en el 2001 por George W. Bush sea la gran herramienta republicana para dejar a los demócratas en minoría en las dos cámaras del Congreso, se pregunta la analista Melissa Deckman? La seguridad absoluta de que encadenará una tercera mayoría en la Cámara de Representantes, una asamblea acostumbrada a la sal gruesa y la bipolarización permanente al estar sometida a renovación cada dos años, da alas al Partido Republicano para confiar en hacerse con la mayoría en el Senado. Como se dijo a propósito de Bush, la simplicidad de los enunciados no afecta a la eficacia de los mismos, y varios candidatos han vuelto en esta campaña sobre la idea central del expresidente en los inicios de su primer mandato: “El Gobierno no puede solucionar todos los problemas, pero puede estimular a la gente y a las comunidades para ayudarse a sí mismas y ayudar a otros. A menudo la forma más auténtica de compasión es ayudar a los ciudadanos a construir sus propias vidas”.

Según analiza la situación la web estadounidense político.com, el estado de ánimo del electorado permite pronosticar que una versión del conservadurismo compasivo actualizada por el Tea Party es suficiente para lograr la victoria. La gran contradicción es que uno de los mayores logros de la presidencia de Obama, la reactivación de la economía, poco tiene que ver con el individualismo disfrazado de compasión y mucho debe a la intervención directa del Estado para rescatar a la clase media de la postración a la que la condenó el curso de la crisis económica a partir del desbarajuste de las subprime (2007) y de la quiebra del banco Lehman Brothers (2008). El neokeynesianismo contenido que inspiró las medidas de estímulo que permitieron inyectar dinero al sistema para promover el crecimiento, el empleo y el consumo anduvo bastante alejado de la prédica neocon, pero llegado el 2014, con un aumento previsto del PIB por encima del 3%, el efecto electoral de la mejora de la economía se antoja amortizado.

Detrás del esfuerzo de los republicanos por controlar el poder legislativo, de obstaculizar al máximo los dos últimos años de gobierno de Obama, y del empeño de los demócratas por alejar al presidente de los mítines se desliza el perfil de Hillary Clinton, la candidata demócrata mejor situada para disputar la Casa Blanca en el 2016. Los republicanos carecen, de momento, de un posible cartel electoral tan sólido para dentro de dos años, y en el seno del partido la división entre el establishment clásico y los apóstoles del Tea Party es fácilmente detectable. Los demócratas quieren evitar a la posible candidata tener que pechar con las consecuencias de una derrota electoral, con el efecto en la opinión pública de un relato que la asocie con los previsibles aprietos de Obama hasta el final de su mandato. Pero es esta una operación llena de obstáculos porque los republicanos, a su vez, se preparan para mostrarse intransigentes con cuanto proceda de la Casa Blanca y para proyectar sobre el futuro la sombra de un Partido Demócrata sin margen de maniobra.

Esa concepción binaria de la política, muy presente en los medios informativos conservadores, donde se reclama al Partido Republicano –léase Tea Party– desmantelar los programas sociales puestos en marcha por Obama, configura una situación de bloqueo político. En el quincenal National Review, el muy conservador Ramesh Ponnuru sostiene que “el recurso a la reconciliación para conseguir que sea promulgado un proyecto de ley sería un desperdicio del proceso”. En general, las publicaciones neocon entienden que el resultado del martes es la estación intermedia del trayecto que lleva a la Casa Blanca, pero entre bastidores surge la pregunta: ¿es posible imaginar un candidato que en el 2016 pueda enfrentarse con posibilidades de vencer a la brillante Hillary Clinton si hasta entonces se ha prodigado en actitudes sectarias? Y al buscar la respuesta surgen las dudas en cuanto al techo electoral y la capacidad de gestión política del Tea Party a escala nacional, convertido el Partido Republicano en correa de transmisión de un conservadurismo hermético.

Mucho más allá de la mordida

Al cumplirse un mes del secuestro de 43 estudiantes de magisterio en la ciudad de Iguala, estado mexicano de Guerreo, la exigencia de los ciudadanos de que los jóvenes vuelvan a casa sanos y salvos se mezcla con el temor más que fundado de que los narcos hayan perpetrado una matanza, desafiado a los poderes públicos y demostrado que, más allá de la retórica oficial, los grandes partidos prefieren seguir en el lodazal a pedir responsabilidades. La desaparición de los jóvenes es, más que un síntoma, la confirmación –por si hacía falta– de los males que aquejan a México, sometido a la lógica envenenada de la connivencia entre una parte muy grande de los instrumentos de seguridad de que dispone el Estado y la delincuencia organizada, especialmente los cárteles de la droga, señores de un submundo cada día más impune que actúa a plena luz. Como dice el intelectual mexicano León Krauze, “sin decencia no hay futuro”, y ese es el mayor de los riesgos que enfrenta México: que la gangrena venza en la práctica al Estado, incapaz de cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y el libre albedrío de los ciudadanos.

Cuenta Krauze en un artículo publicado en la revista Letras Libres que dejó de una pieza a los periodistas de la radio pública de Estados Unidos a quienes contó un día el caso de la muerte en el 2009 de 50 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, estado de Sonora, a causa de una incendio que se originó en un edificio de propiedad pública: aunque inicialmente se imputó a 19 funcionarios, ninguno de ellos fue procesado, el gobernador Eduardo Bours, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), jamás pensó en dimitir y, lo que es aún peor, presumió de dormir “como un bebé” a pesar de la tragedia. Que en Sonora nadie dimitiese ni acabase juzgado, procuró muchas pistas acerca de la corrosión de la decencia; que en la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez las sospechas sean más que las certidumbres, también contiene muchos indicios de qué está sucediendo; que la podredumbre de Tijuana se ataje los lunes para reaparecer los martes, es del todo elocuente; que el dinero que maneja el narcotráfico sea la primera empresa del país, según aventuran algunos estudios, es por demás significativo. Pero la mayor de todas las elocuencias, aquella que ha dejado desnudas a las instituciones, es la implicación directa en la gestión local del narco, en la movilización de sicarios y en la desaparición de los estudiantes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos huidos.

Manifestación en Iguala, estado de Guerrero, el jueves para pedir la liberación de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre.

El escritor Héctor Aguilar Camín ve en la trama dirigida desde la alcaldía de Iguala un salto cualitativo, que se agrava con la parálisis del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el que se presentó Abarca, incapaz de descalificar al funcionario y, por lo menos, pedir disculpas y mostrarse consternado. “Habría que preguntarse cuántos hay así en México”, añade Aguilar Camín; cuántos presuntos servidores públicos van más allá de la vieja mordida y se enfangan en los pantanos de la delincuencia a gran escala.

La dimisión el jueves de Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, “para favorecer el clima político” apenas cauteriza la herida sangrante provocada por las pruebas que hacen de las autoridades figuras venales que condenan al desamparo a los más vulnerables, a cuantos se manifiestan contra la degradación de la vida pública y, en suma, a todos aquellos que no forman parte de la urdimbre del narcotráfico. La dimisión del gobernador no es más que un detalle menor, en cualquier caso insuficiente para serenar los ánimos de una opinión pública que cuenta por sorpresas angustiosas cada uno de los pasos dados desde que se perdió la pista de los 43 jóvenes; desde que se descubrieron en una fosa común más de una veintena de cuerpos cuya identidad no se ha podido determinar. Esos cuerpos a los que nadie puede poner rostro resultan tan intranquilizadores como la imposibilidad de dar con un solo indicio que lleve hasta los estudiantes desaparecidos.

Todo conspira para que el desprestigio de las instituciones lleve al país hacia el estallido social que vislumbra el escritor Juan Villoro de no atajarse la epidemia. Incluso el presidente Enrique Peña Nieto, que hasta la fecha mantenía cotas de popularidad y eficacia aceptables, puede ver cómo se apaga su buena estrella. Ni siquiera la detención de Sidronio Casarrubias, jefe del cártel Guerreros Unidos, suaviza el hartazgo de una sociedad sometida al chantaje de los delincuentes en comunidades donde los jóvenes son tratados con demasiada frecuencia como sospechosos habituales. Es preciso, subraya Villoro, que los jóvenes dejen de ser vistos como “un enemigo posible” para que arraigue la idea, cabe añadir, de que son tan víctimas de la situación como sus convecinos.

No hay muchos signos alentadores, empezando por las señales que se emiten desde la presidencia del país, cuyo argumento más reciente es considerar la corrupción “un asunto cultural”. Por este camino, los gobernantes pueden alentar la idea de que se trata de una característica intrínseca a la identidad nacional mexicana y que, salvo casos de flagrante inseguridad colectiva, hay que convivir con el fenómeno, sobrellevarlo, soportarlo a pesar de todo. Quizá cuando el escritor Carlos Fuentes, poco antes de morir, descalificó a Peña Nieto por ser un político poco capacitado para abrir caminos con dirección al futuro, intuyó que podía dejarse vencer por el tópico y las explicaciones fáciles cuando hubiera de afrontar los grandes problemas del Estado. Pudiera ser. Pero en el fondo de la explicación cultural de la corrupción dada por Peña Nieto subyace un gesto de impotencia preocupante, de debilidad incurable para combatir un mal que ha invadido todos los órganos y es posible dar con él hasta en el más diminuto intersticio.

Portada del libro ‘México: 45 voces contra la barbarie’, de Lolita Bosch.

“¿Cuál es nuestro futuro en un país donde el Estado mata a sus estudiantes?”, se pregunta la escritora Elena Poniatowska. El punto de interrogación es meramente retórico porque la respuesta es obvia: renuncia al futuro y se adentra por un sendero que conduce directamente a la deslegitimación de los poderes del Estado. Las voces que se alzan para reclamar una refundación de México, del poder político, que preserve los valores republicanos y los rasgos distintivos del complejo mosaico cultural del país, ven en el inmediato porvenir el riesgo cierto de que, salvo que se recurra a tratamientos de choque, se enquiste para siempre en el perfil político del Estado una dualidad de hecho: de una parte, la planta institucional establecida por la Constitución; de otra, los hechos consumados impuestos por el narcotráfico en los cuatro puntos cardinales. De hecho, temen algunos de los analistas más lúcidos que coexistan en plano de igualdad el Estado oficial y el narcoestado, provisto este de recursos económicos, militares y logísticos suficientes para mantener de forma permanente el desafío y obligar al Gobierno a aceptar espacios de impunidad.

En el ilustrativo libro México: 45 voces contra la barbarie, de Lolita Bosch, la periodista Magali Tercero resume con claridad meridiana lo que avizoran cuantos creen ineludible la refundación: “Los que son conscientes de lo que va a ocurrir dentro de treinta años están horrorizados”. Un horror que vale tanto para temer el futuro como para denostar el presente: “Por un lado, parece que no hubiera solución, porque no hay disposición de detener el lavado de dinero y confiscar cuentas de los criminales que son conocidos abiertamente. La solución está, entre otras cosas, en la acción enérgica contra la corrupción, porque sin Estado corrupto no hay crimen organizado. Pero mientras el Estado no tenga una estrategia de expropiación del dinero y bienes esto va hacia un sinsentido. A Calderón no le interesaba retirarle el dinero al crimen organizado, que es lo primero que debió hacer. A Peña Nieto tampoco”.

La alusión a Felipe Calderón, anterior presidente de México, como origen de la crisis en curso, es común en todos los análisis. La declaración de guerra de Calderón contra los narcos, la militarización del conflicto, condenó a la población a ser espectadora y víctima desprotegida de un problema que se agrandó con el concurso del Ejército donde hasta entonces, cierto que con poco éxito, actuó la policía federal y, aun con menos éxito, se movilizaron los cuerpos policiales locales, tan a menudo infectados por organizaciones criminales. “Felipe Calderón le declaró públicamente la guerra al narcotráfico –escribe Lolita Bosch en la introducción de su libro– y puso este vocablo en el centro de la conciencia nacional. Su decisión no estuvo cautelosamente pensada ni partió de una estrategia sensata ni absolutamente honesta. Y la ciudadanía mexicana quedó entre lo que Marcela Turati [periodista mexicana] llamó un fuego cruzado”.

Allí sigue, con el riesgo de que el estallido social se concrete en cualquier momento en una comunidad herida por enormes desigualdades económicas. No hay en México un sistema de contrapesos que atenúe los efectos de una distribución muy desigual de la riqueza y, al mismo tiempo, cada vez es más visible la conversión del narcotráfico en un ascensor social poco exigente frente a la parálisis, la fragilidad y en muchos casos la inexistencia de aquellos otros ascensores basados en la meritocracia, el esfuerzo personal y la tutela del Estado. Y tal situación se da en un universo donde, según las estadísticas del Banco Mundial, el 70% de la población –unos 75 millones de habitantes– dispone de entre un máximo de cinco dólares al día para sobrevivir y un mínimo de 1,25 dólares, muy por debajo del umbral de la pobreza. Fiarlo todo a la probada capacidad de resistencia de los mexicanos para no precipitarse por el despeñadero sería, quizá lo es ya, una actitud irresponsable que, como dice Elena Poniatowska, cerraría todas las ventanas que dan al futuro, dignifican al Estado y proveen de esperanza a los ciudadanos.

El espectro de la recesión asusta a Europa

“Hoy no hay un partido único, sino un pensamiento mediante el cual los depositarios de este pensamiento estiman que hay una única solución, la que aporta el mercado para la totalidad de actividades de nuestra sociedad”.

Ignacio Ramonet, en el documental ‘L’encerclement’

Vuelven las dudas existenciales a Europa después de una semana de incertidumbres, con las bolsas aquejadas de una epidemia de números rojos y el mercado de la deuda sometido a vaivenes especulativos que han hecho repuntar la prima de riesgo de las economías periféricas. Nadie puede llamarse a engaño: todos los datos estadísticos referidos al 2014 incluían las palabras recesión y deflación, a las que se ha unido durante los últimos días el nombre de Grecia, uno de los enfermos más graves en el seno de una Europa asimismo enferma. No fueron alarmismo las advertencias difundidas desde diferentes instancias políticas y económicas a la vista del estancamiento de las grandes economías de la eurozona –Alemania y Francia–, del desacuerdo manifiesto entre los gobiernos de Berlín y París acerca de cómo salir del laberinto, de la indeterminación de Matteo Renzi en Italia y de la dependencia de España del clima circundante para asentar el modesto crecimiento de su economía herida. Pero hasta el desconcierto de estos días fueron demasiados los que pensaron que temer una tercera recesión a la europea era propio de agoreros.

Cuando el vicecanciller de Alemania, Sigmar Gabriel, comunicó el último miércoles que la tasa de crecimiento de la primera economía de Europa iba a quedarse en el 1,2% en lugar del 1,8% al cerrar las cuentas del 2014 y que para el 2015 la previsión es que crezca el 1,3% y no el 2%, como se dijo a principios de año, se adueñó del ambiente la sensación de que los riesgos han dejado de ser una hipótesis académica para convertirse en una realidad palpable. No obstante, el titular de la cartera de Economía se cuidó muy mucho de matizar la apuesta por la austeridad de la cancillera Angela Merkel, un camino que puede haber sido fructífero para Alemania, pero ha resultado desastroso para la periferia de la UE. Gabriel se mantuvo en la idea de que solo hay una salida, seguir por la senda neoliberal de la contención del gasto a toda costa, a lo que hay sumar temores atávicos alemanes –la inflación, el crecimiento de la deuda– y la tradición de los economistas del Bundesbank, un apego a la ortodoxia que disgustó a los operadores financieros y a los grandes inversores.

Pudiera aplicarse a Gabriel la dualidad de pensamiento resumida por Arthur Brooks, presidente del American Enterprise Institute, en la fórmula perfume liberal –para el caso el término adecuado es socialdemócrata–, pensamiento conservador. Algo que no es privativo del político alemán, sino que alcanza a la mayoría de gestores de las finanzas públicas de Europa, plegados a la germanización de la Eurozona sin que, por lo demás, se atisbe la resolución de la crisis siquiera sea a largo plazo. Ni Francia, con una previsión de recorte del gasto público de 50.000 millones de euros hasta el 2017, ni Italia, acostumbrada al regate en corto y los juegos de manos, pueden tenerse por excepciones a esa norma de conducta paneuropea. ¿O puede que sí?

La respuesta quizá se encuentra en la profusión de opiniones críticas recogidas por la prensa alemana y en la impresión de que el país se aísla al obstinarse con la austeridad y desoír las voces que reclaman programas de crecimiento, inversión pública y mecanismos de reducción acelerada del paro diferentes a la economía de supervivencia encarnada por los minijobs y otras fórmulas parecidas. La respuesta también se halla en la posición de Francia, en ese disenso conceptual entre Manuel Valls y la cancillera que recuerda añejas disputas franco-alemanas. Puede incluso darse con la respuesta en los difusos compromisos de Matteo Renzi, que aplica a pies juntillas el viejo principio de que la mano derecha no tiene por qué saber lo que hace la izquierda.

Algo de todo ello está suspendido en el aire, aunque prevalecen el desasosiego y el miedo al espectro de una recesión que inutilizaría los sacrificios hechos por la periferia europea y acaso descoyuntaría a Francia e Italia, sin que sea posible determinar qué consecuencias tendría tal situación. Y en esa atmósfera contaminada por la crisis reaparece la discusión sobre el papel reservado al Estado para ordenar el mercado y no dejarlo todo a la lógica de su funcionamiento sin interferencias. Frente a quienes militan en la creencia de que el Estado es esencialmente ineficaz, de acuerdo con teóricos como James M. Buchanan, el nobel de Economía de 1986, se alzan las voces de analistas como el sociólogo francés François Denord, que no dudan en presentar la propuesta neoliberal y el Estado mínimo como “la utopía de los más fuertes”, o el punto de partida de una distopía si las conclusiones derivadas del escrutinio del presente desembocan en los trabajos de otro francés, el economista Thomas Piketty, que subrayan el aumento de las desigualdades a lomos de la desregulación de los mercados.

Hay demasiados indicios de que el momento se asemeja mucho al del verano de hace dos años, cuando solo el compromiso de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, de garantizar la supervivencia del euro salvó a Europa de un descalabro sin precedentes. Pero, como dice Gemma Hurtado en el diario Cinco Días, nadie hoy hace caso a Draghi, sino que más bien se da por descontado que, de saltar las alarmas, obtendrá el permiso de Alemania para, en una situación límite, evitar el incendio. Pero esta es una suposición sin fundamento habida cuenta del empecinamiento de Merkel, que ha repetido ante el Bundestag que “todos los países deben cumplir las reglas fiscales”. Es decir, frente a la exhortación de Draghi a abrir la mano para dinamizar la economía se eleva la pretensión alemana de que nadie se salga de la senda marcada, aunque tal planteamiento alarme por igual al Fondo Monetario Internacional, al G-20 y a la Reserva Federal de Estados Unidos, que temen los efectos de una borrasca europea cada vez más profunda.

Si el simple anuncio del propósito del Gobierno griego de salir del programa de rescate antes de los previsto y la posibilidad de una victoria electoral de Syriza, el movimiento de izquierdas que lleva en su programa renegociar los plazos de devolución de la deuda, han contaminado durante un par de días las primas de riesgo meridionales ¿qué podría suceder si Francia e Italia, concertadas o sin estarlo, dijeran basta a Alemania? Si una simple encuesta con datos favorables para Syriza tiene esa capacidad desestabilizadora, ¿qué pasaría –cabe preguntarse– si se ahondan las divergencias entre Merkel, Valls y Renzi, que representan las tres primeras economías de la eurozona?

“A los griegos hay que explicarles que fuera del euro no hay salida y que el euro no es el culpable de sus males, más bien al revés. Hay que pedirles que comparen los sacrificios actuales con los que arrostrarían si terminan saliendo de la moneda única. Y, ante todo, hay que pedir a Bruselas que les convenza poniendo fin de una vez a la política de austeridad por la austeridad con una política que combine crecimiento y austeridad, como Francia o Italia reclaman”, ha escrito Carlos Carnero, director de la Fundación Alternativas. El análisis resulta tan sensato que realza aún más el disparate de seguir sin cambiar nada y no salvar la situación de forma decorosa.

“Que nadie dude de que Europa continuará apoyando a Grecia en todo lo que sea necesario para garantizar que se puede financiar en condiciones razonables”, asegura el comisario de Asuntos Económicos, Jyrki Katainen. Pero en una Europa poseída por las dudas, habituada a la desconfianza entre socios y al diktat de Berlín, incluso ese compromiso de solvencia poco discutible resulta insuficiente para serenar los ánimos. Se dan, en cambio, todos los ingredientes para sostener que la crisis tiende a convertirse en una enfermedad crónica, con recaídas periódicas, tratada por médicos apegados a un fundamentalismo clínico que hasta la fecha ha puesta varias veces al sur de Europa a los de los caballos. Ni siquiera queda la esperanza de que el impacto de la crisis en la economía alemana lleve a corregir las medidas más claramente mejorables. Entonces, ¿a quién puede extrañar que cada día sean más los euroescépticos que seducen al electorado y los europeos que ven a la UE como un escenario de pesadilla? ¿A quién puede sorprender el desprestigio del proyecto europeo en segmentos de población cada vez más numerosos, castigados por el rigor de una austeridad asfixiante, cuando finalmente otra recesión, la tercera, está más cerca que nunca?