El rearme moral de la ‘aznaridad’

El rearme moral de la derecha española se concreta todos los días en la aplicación de un programa de rectificaciones de la historia mediante resortes legales cargados de ideología y faltos de la más mínima predisposición al pacto. La mayoría absoluta permite a la derecha aprovechar la coyuntura parlamentaria para modificar todo aquello que hubo de aceptar a regañadientes durante la transición, en un clima entonces propicio a las reformas social y cultural. A esa derecha fiel a la tradición retardataria le cuadran las cuentas gracias a un estado de ánimo colectivo de carácter depresivo, las exigencias de la Iglesia católica, el propósito de someter la periferia a las necesidades del centro y el castigo que los mercados infligen a una economía deshilachada. Además, precisa sofocar los escándalos Gürtel-Bárcenas y la presidencia de Miguel Blesa en Caja Madrid, que han puesto al PP y a la aznaridad –recuérdese el libro de Manuel Vázquez Montalbán La aznaridad: por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio– frente al espejo de sus miserias.

La aznaridad

Portada de ‘La aznaridad’, publicado por Mondadori en el 2003

José María Aznar, liberado de los ademanes contenidos que exige estar en el Gobierno, lo resumió el viernes en pocas palabras: echa en falta un “proyecto histórico”. ¿Cuál debe ser este? La vuelta a los orígenes, el desvío del Estado democrático hacia puertos de arribada en los que tengan cabida los rasgos esenciales de la tradición conservadora menos dialogante, la restitución de los dogmas –los religiosos también– a los que la derecha española hubo de renunciar momentáneamente durante el proceso constituyente para sacar del atolladero a un país que no tenía encaje en Europa. A Aznar no le gusta la Constitución desde el primer día, las autonomías le parecen algo inmanejable, las exigencias de Europa se le antojan un mecanismo de intromisión inadmisible. Durante sus cuatro años de mayoría absoluta todo esto se hizo patente, y el martes, viéndole en Antena 3, la derecha de toda la vida se sintió ratificada en sus principios, aunque luego el PP y el Gobierno se hayan defendido sin disidencias de las críticas que les dirigió Aznar.

Aznar no desenvainó solo para que su presunta conexión con la trama Gürtel-Bárcenas se diluyera lo antes posible en el fragor de la entrevista, sino porque realmente su punto de vista es el de la derecha recalcitrante española, aquella que tiene de las instituciones europeas un concepto meramente instrumental y de la configuración de un Estado laico y descentralizado, una idea del todo accidental. La gran sorpresa para el Gobierno es que creía estar cumpliendo con la familia mediante un reparto asimétrico del coste social de la crisis, la obediencia a la Conferencia Episcopal y el homenaje al pasado del brazo de la División Azul, pero se ha sentido descolocado y discutido por una parte de los suyos, que han visto abierto con Aznar el tarro de las esencias, el retorno del espíritu del aznarato (1996-2004), término acuñado por Javier Tusell.

¿Qué mejor confirmación de que vamos por el buen camino?, debieron pensar los estrategas de Mariano Rajoy al leer Hay vida después de la crisis, de José Carlos Díez, impugnación en todos sus términos de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno. Estamos donde debemos estar, concluyeron los asesores de la Moncloa cuando se toparon el domingo con esta frase en el blog de Díez: “Merkel y Rajoy siguen defendiendo todo lo que este economista observador dice en su libro que no hay que hacer y el resultado es un PIB desastroso y peores datos de empleo. En España ahora hemos pasado del España va bien a ‘no hemos pedido el rescate’. Rajoy lo ha dicho unas 10.000 veces esta semana”. Pero luego salió Aznar por la tele y, claro, las certidumbres se vinieron abajo, aunque no haya forma de saber si su crítica a los remedios aplicados a la crisis obedecen a la creencia sincera de que nos dirigimos hacia el precipicio o a que la europeización de España se le aparece al expresidente como una forma aviesa de desnaturalizar nuestras señas de identidad.

Hay vida después de la crisis

Portada de ‘Hay vida después de la crisis’, publicado este año por Plaza & Janes.

Por lo demás, no hay mayor distancia conceptual entre lo que pasa por la cabeza de Aznar y lo que barrunta un ministro como Jorge Fernández Díaz cuando se remite a la reconciliación nacional para justificar la presencia de María de los Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Catalunya, en un homenaje de la Guardia Civil a la División Azul. No hay otro solar en Europa en el que se crea preciso y conveniente reconciliarse con los depositarios del legado nazi, por muy mayores que sean; hacerlo puede ser incluso delictivo en muchos países. Pero aquí aún hay quien ve en los divisionarios a héroes desprendidos dispuestos a defender al Occidente cristiano allí donde hiciese falta en aquella Europa arruinada por una guerra atroz.

Tampoco hay gran distancia entre la disciplinada obediencia gubernamental a la receta moral de la Iglesia católica y cuanto Aznar tiene por necesario. La construcción de un sistema político que garantice la neutralidad de los gobernantes nunca ha sido del gusto de la derecha inamovible, y esa batería de cambios, de la ley del aborto a la de educación, solo se explica a la luz del magisterio de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y de algo muy interiorizado por los fundamentalistas de todas las religiones: la prédica en los púlpitos y la política deben andar de la mano. Cuando el obispo Juan Antonio Martínez Camino, secretario de la CEE, declara que los partidos con “poca tradición democrática” -para el caso, el PSOE- son los que se oponen a que la asignatura de Religión valga lo mismo que cualquier otra, expresa una convicción interiorizada por la España monolítica que ve las cosas así desde tiempo inmemorial y entiende que el único adoctrinamiento legítimo es el del catecismo (piénsese en su inquina con la asignatura Educación para la Ciudadanía so pretexto de que adoctrinaba).

Entonces ¿cómo es posible que el padre dispare a dar contra sus hijos? ¿En qué disiente Aznar de la escrupulosa aplicación de los programas neoconservadores impuestos por Alemania vía Bruselas? ¿Qué de malo encuentra a cuanto se ha dispuesto para neutralizar el laicismo del Estado? ¿A quién se dirige cuando dice echar en falta un proyecto histórico? Quizá todo obedezca al hecho de que, como escribe Montserrat Domínguez, Aznar tiene menos influencia de la que supone en el sector más conservador y nostálgico del partido, pero, en cambio, sigue siendo el líder añorado por el núcleo duro del electorado conservador, aquel que ve en el Gobierno la práctica de un cuádruple vasallaje: a Europa, que exige obediencia a los estados periféricos endeudados; a la movilización, siquiera sea moderada, de las organizaciones sociales que hablan en nombre de las víctimas de la crisis; a algo muy parecido a una ideología espontánea de cariz laico que ha arraigado en un segmento social en el que confluyen diferentes corrientes progresistas, y a la aventura soberanista que agita Catalunya.

El aznarato

Portada de ‘El aznarato’, publicado por Aguilar en el 2004.

Ese núcleo duro reclama un proyecto histórico con independencia de algunas realidades que están a la vuelta de la esquina. “Hacia 2050, Asia será responsable del 50% de la producción mundial, Europa y América del Norte, de un 15% cada una, y América Latina y África, de algo menos del 10% cada una. La economía china doblará en tamaño a la de Estados Unidos y Alemania será la única economía europea entre las diez más grandes, por detrás de la India, Brasil, Indonesia, Rusia, Japón y tal vez Nigeria o México. Además, la India se convertirá en la mayor economía del mundo antes de 2050, ya que su población envejecerá más despacio que la de China”, pronostica un informe del Real Instituto Elcano de finales del año pasado, pero vaticinios como ese pesan poco en el imaginario colectivo de quienes ven en el Estado monolítico el compendio de todas sus ensoñaciones identitarias.

Según estadísticas elaboradas por el Banco Mundial, la economía española era la octava del mundo en 1990, con un PIB de 520.000 millones de dólares; hoy la décima economía es la de la India, con un PIB de 1,8 billones de dólares, el 70% por encima del PIB español. Contra esos vectores de crecimiento, que nada indica que se moderarán, cabe solo adaptarse al medio, ser eficaz y buscar salidas tangibles, o agarrar la bandera. Quien dice la bandera dice acogerse al fundamento de todos los nacionalismos: preservar las esencias de cuanto es ajeno a la patria imaginada. Claro que todo nacionalismo tiende a alimentar, por oposición, otros nacionalismos, y así sucede que en los discursos políticos en circulación, y el de Aznar no se sale de la norma, el nacionalismo exacerbado del centro da alas a los de la periferia, y estos, a su vez, al del centro. Ese es el juego y ese es el proyecto histórico que contenía el mensaje lanzado por Aznar mirando a los ojos de sus adeptos, sin mover un músculo, como el predestinado que cumple con una obligación asimismo histórica.

¿Cómo puede afectar todo esto al PP y al Gobierno? ¿Se trata simplemente de una tormenta de verano que escampará, como en la novela de Juan García Hortelano, en cuanto se serenen los espíritus turbados por las pasiones? Por lo que se va oyendo, el desafío de Aznar tiene recorrido, entre otras razones porque la oposición se ocupará con entusiasmo de hurgar en la herida de la división de los populares, y estos carecen de los instrumentos para evitar lo que ha logrado Barack Obama: que los escándalos de su Administración no dañen su popularidad, por encima del 50% según la última encuesta de la CNN. “El público simplemente ha separado los escándalos de Obama”, afirma Ezra Klein en The Washington Post, pero en una sociedad sacudida por desequilibrios desbocados, ¿puede reproducirse el fenómeno y salir Rajoy indemne de la disputa? Más parece que Aznar, al arrojar una piedra contra la superficie del estanque, quiso desencadenar un temporal y no un suave oleaje.

A Obama le recuerdan a Nixon

La maldición del segundo mandato persigue con saña a los presidentes de Estados Unidos. Lograda la reelección, el partido al que pertenecen acoge los primeros codazos entre quienes piensan sucederle, sobre todo si el vicepresidente no ha dado señales de aspirar a la Casa Blanca, el partido en la oposición se dedica a sacar el mayor rédito posible de las torpezas del presidente y, en general, Washington considera al reelegido una figura amortizada. Así se encuentra hoy Barack Obama, con varios líos políticos entre manos, la necesidad acuciante de desembarazarse de todos ellos y el recuerdo de varios gates sobrevolando el Despacho Oval: el Watergate, el Irangate, el caso Lewinsky, la posguerra de Bush y demás material histórico de infausta memoria. Este es el sino del reelegido: andar un largo trecho hasta la puerta de salida sorteando los empujones de quienes en un futuro no muy lejano anhelarán su puesto.

“Nixon actuó como supuso que cualquiera lo haría”, ha escrito Amy Davidson en su blog de The New Yorker. “La gente tiene que saber si su presidente es un criminal. Y bueno, yo no soy un ladrón”, hubo de responder un Obama acuciado por los problemas a un periodista que le recordó a Richard Nixon, a aquel escándalo que dejó al descubierto lo peor de la política. Así están las cosas al principio de un segundo mandato que, en principio, debería beneficiarse de la desorientación de la facción liberal del Partido Republicano, de la recuperación de la economía y de la fama de primero de la clase que acompaña a Obama allá adonde va. Pero en una semana han aparecido en escena la intromisión en el historial de llamadas de la agencia de noticias Associated Press (AP), el celo especial de Hacienda para olisquear las cuentas de los grupos del Tea Party y las dudas relativas al papel del Departamento de Estado en el asalto al Consulado de Estados Unidos en Bengasi, que costó la vida al embajador en Libia, y el cielo se ha oscurecido como en los peores días de temporal.

Escándalos EEUUEl presidente ha podido salvar razonablemente bien las críticas furibundas por el episodio de Bengasi al hacerse públicos los correos electrónicos enviados desde Washington, que desmienten las informaciones difundidas por la cadena de televisión ABC y el semanario The Weekly Standard sobre la imprevisión de Hillary Clinton, pero en los otros dos casus belli se encuentra atrapado Obama entre la solvencia de sus protestas y los excesos de varios altos funcionarios de su Administración, incluido el fiscal general del Estado (ministro de Justicia), Eric Holder. En el caso del celo escrutador en el universo del Tea Party, porque la dimisión de Steven Miller, director del Internal Revenue Service (IRS), nombre de la Agencia Tributaria de Estados Unidos, está lejos de haber cerrado el escándalo de la inspección discriminatoria; en el caso de AP, la invocación con la boca pequeña de la seguridad nacional para justificar la intromisión en el trabajo de los periodistas suena a algo tan antiguo, desgastado e injustificable que carece de credibilidad.

El comportamiento del IRS, aunque ahora se diga que no obedeció a motivos políticos, causa bochorno por su naturaleza sectaria. Que Obama califique de inexcusable el comportamiento del equipo de Miller tiene un valor relativo, aunque finalmente se confirme que la investigación de las declaraciones de impuestos de organizaciones muy conservadoras, pero perfectamente legales, fue la decisión de alguien que quiso ser más papista que el Papa. Y ese valor relativo obedece al hecho de que los mecanismos de control interno de la Administración no han funcionado como es debido porque no han sido capaces de atajar comportamientos desordenados. Eso si no se descubre alguna implicación de rango superior –los medios con mejores fuentes pondrán manos a la obra– que empeore las cosas. Y en este supuesto no habrá forma de invocar la seguridad nacional para justificar lo que no tiene un pase.

En todo caso, recurrir a las servidumbres de la seguridad nacional en una sociedad adulta, sometida a engaños escandalosos como el de las armas de destrucción masiva, resulta cada día menos eficaz, más indecente incluso. David Bromwich, un profesor de Literatura de la Universidad de Yale, sostiene que las referencias a la seguridad nacional hechas por algunos funcionarios del Gobierno, después de conocerse que habían accedido al historial de llamadas de unos 100 periodistas de AP, responden al perfil de un Estado paternalista que se relaciona con los ciudadanos como si fueran niños. “El paternalismo es la ideología propia de un Gobierno que trata a los gobernados como niños –escribe Bromwich–. El deber de un padre hacia su hijo es, por encima de todo, protegerlo y garantizar su seguridad. De forma parecida, el deber del Estado paternal es custodiar la vida y la seguridad, la salud y la prosperidad del pueblo”. Siguiendo con el símil, el articulista se refiere a que a veces los niños hacen preguntas acerca de asuntos que quedan fuera de su comprensión, y así también el Gobierno considera que solo él está en condiciones de medir el riesgo inherente a algunos asuntos hurtados al conocimiento de la sociedad.

Detrás de la ironía del profesor se agita la crítica a la estrategia seguida por el equipo de Obama para cortar las filtraciones que entiende afectan a la seguridad nacional, sobre todo a partir de los despachos difundidos por Wikileaks, que dejaron al descubierto el aparato digestivo del Departamento de Estado. Una estrategia que es, según Bromwich, una prolongación de la diseñada por el vicepresidente Dick Cheney durante la Administración de George W. Bush: “La continuidad desde el 2001 al 2013 explica algunas otras cosas. El secretismo extremo que prevalece en y alrededor de la Casa Blanca de Obama fue en sí mismo un secreto hasta recientemente, silenciado por una prensa dócil esperanzada en recibir un mejor trato en el futuro”.

¿La referencia a la prensa apunta a la presunta sumisión al poder de los medios liberales? ¿El secretismo remite, sin mencionarla, a la corte de sombras de Nixon? ¿Hasta qué punto el secreto en nombre de la seguridad es compatible con los derechos de los ciudadanos? Porque, en última instancia, “¿podría ser cierto que los americanos están mejor en la medida en que conocen las condiciones reales de vida?”, se pregunta Bromwich al final del artículo. Todas esas preguntas resultan inquietantes y pueden formularse en el seno de todas las sociedades democráticas, sometidas a criterios de seguridad colectiva que obedecen tanto a razones confesables como a supuestos indefendibles. Entre estos últimos figura el recurso a recordar, como hace el politólogo Bob Cesca, que la Administración que precedió a la de Obama también hocicó en las cuentas del campo demócrata y se inmiscuyó en la labor de la prensa. El recordatorio tiene efectos demoledores porque por ese camino se puede llegar a la conclusión de que la opacidad es una condición intrínseca al poder a la que se acoge disciplinadamente el liberal y reformista Obama lo mismo que su antecesor, conservador hasta el último detalle.

Resulta inquietante la conclusión de Peter Baker en The New York Times, cuya cercanía al presidente es indiscutible: “Obama puede tener razón en algunas de las cosas que no puede hacer, pero también ha tenido problemas últimamente para presentar una visión de lo que puede hacer”. En el fondo subyace la eterna pregunta que formulan los electores en cualquier democracia: ¿qué utilización hacen los gobernantes del poder y de qué margen de maniobra disponen para sobreponerse a las tramas de intereses creados, las grandes superestructuras cuya existencia se prolonga en el tiempo más allá de los cambios en el Gobierno, los cambios en los programas y los deseos de los ciudadanos? Si a eso se añade que la autonomía de los medios (caso AP), la igualdad fiscal (caso IRS) y la seguridad exterior (caso Bengasi), pilares de Estados Unidos desde los primeros días de la nación, han resultado dañados casi al mismo tiempo, se entiende que Obama tenga que afrontar una primavera tormentosa.

Si el presidente no diluye los problemas mediante una rápida recuperación de su imagen pública, el camino de aquí a las elecciones de noviembre del 2014 puede ser muchísimo más duro de lo que podía prever. Los republicanos saben que, a falta de mejores argumentos, la figura de un presidente debilitado le priva de influencia en el Congreso, siembra la duda en su partido y desgasta a los posibles candidatos demócratas a sucederle antes de que den el primer mitin. Y esto último puede provocar la quiebra de la sintonía entre el presidente y el partido cuando, más allá de lo que recojan las encuestas, se extienda por Washington la impresión de que el desgaste de Obama puede reflejarse en las urnas, como explica el politólogo Jonathan Bernstein en The Washington Post. Barack Obama es un hombre culto, un político experimentado y un orador brillante, pero no es un líder inmune a las flaquezas y servidumbres derivadas de la complejidad del poder que encarna. Se ha extinguido el resplandor de la victoria histórica de un senador negro en noviembre del 2008 y se impone la realidad del coste diario del poder.

Incertidumbres árabes a las puertas de Israel

Después de bombardear la instalación militar siria de Jamraya y de obtener la consabida comprensión de Estados Unidos, el Gobierno de Israel ha tomado la iniciativa antes de recibir a finales de mes a John Kerry, secretario de Estado. Este se propone respetar la simetría formal al entrevistarse con el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, y cruzar el muro de Cisjordania para hacer lo propio con el presidente palestino, Mahmud Abás. En la práctica, tal simetría no existe, pero es preciso simularla porque la guerra de Siria y la fractura política en Egipto configuran la periferia de Israel como un ecosistema propenso a la inestabilidad, condicionado por las incertidumbres árabes y por la aparición más o menos imprevista de nuevos actores como China.

La política israelí de hechos consumados incomoda a Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, la Casa Blanca se acerca inexorablemente al momento en el cual un presidente cree llegado el día de pasar a la historia por algún hecho notable antes de que su condición de pato cojo –los dos últimos años del segundo mandato– proyecte una imagen de debilidad. El precedente de las negociaciones de Camp David del verano del 2000 –Ehud Barak y Yasir Arafat–, que promovió Bill Clinton y acabaron sin resultado, son el ejemplo más socorrido de las urgencias de un presidente que persigue la gloria histórica urgido por la inexorable marcha del tiempo. Pero hay otro factor que opera a favor de los renovados esfuerzos de Estados Unidos en Oriente Próximo: su deseo de modular su compromiso en la región con la poco menos que total independencia energética que garantizan los últimos yacimientos descubiertos en territorio norteamericano.

Los riesgos que debe medir Barack Obama no son menores. El programa de asentamientos seguido por el Gobierno israelí en Cisjordania amenaza con hacer definitivamente inviable la solución de los dos estados en no más de dos años (Miguel Ángel Moratinos), una situación que invalidaría el posibilismo de la Autoridad Palestina. La guerra en Siria tiene un poder de contaminación que llega hasta la frontera de Israel mediante los milicianos de Hizbulá, asentados en el sur de Líbano. La crisis política y económica en Egipto desgasta el islamismo político y da alas al salafismo, alentado desde los púlpitos de las mezquitas y que atrae a las bases del Partido de la Libertad y la Justicia, la marca electoral de los Hermanos Musulmanes. De todas las rutas trazadas en ese laberinto, la única que Estados Unidos conoce como la palma de la mano es la que lleva a Jerusalén; para las otras carece de una guía de viaje fiable.

El diplomático canadiense Michel Duval, exembajador de su país en la ONU y en el Líbano, sostiene que no es posible encontrar una solución factible al caso sirio fuera del Consejo de Seguridad. Duval habla con conocimiento de causa cuando señala que Rusia y China se oponen a una intervención en Siria autorizada por las Naciones Unidas porque tienen muy presente lo sucedido en Libia, donde la OTAN “fue increíblemente más allá del mandato de la ONU”. Eso debilita a Lajdar Brahimi, el enviado especial despachado al conflicto por la comunidad internacional, porque “lleva dos sombreros incompatibles”, en palabras de Duval a La Presse, el gran periódico centrista de Montreal: el de la ONU, que aspira a la imparcialidad, y el de la Liga Árabe, que ha tomado partido por la oposición siria en armas. Habría que añadir que en la memoria colectiva de la Administración de Obama están muy vivas las desastrosas intervenciones en Afganistán e Irak, que desgastaron la imagen internacional de Estados Unidos y alimentaron las corrientes antioccidentales más radicales en el mundo árabe, incluido el frente yihadista.

Por si esas razones no fueran suficientes, hay una de orden práctico que respetan todas las cancillerías: carece de sentido político intervenir en Siria a cambio de nada. El apoyo que otorgan Rusia y China a Bashar el Asad es a cambio de algo –influencia en la región–; el de Irán está íntimamente relacionado con la praxis del chiismo en tierra hostil y en su pulso con el islam suní del Golfo, más el programa nuclear de la república islámica. La eventual implicación de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido se produciría a cambio de muy poco y sería bastante mal recibida por la calle árabe, que vería la mano de Israel, seguramente con razón, en el compromiso de las potencias occidentales. Las mismas que encabezaron la intervención en Libia después de haber rehabilitado a Muamar Gadafi durante la primera década del siglo. Las mismas que, a falta de otros motivos, esgrimen el temor de que quienes con más atributos mueven los hilos de la oposición son los yihadistas curtidos en mil batallas, que se han adueñado de la dirección de las operaciones y son hoy tan sospechosos de recurrir a las armas químicas (Carla Del Ponte) como el Ejército de Asad.

En Egipto, los presagios no son mucho mejores. El Gobierno mantiene unas interminables negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 4.800 millones de dólares que le permita tapar agujeros, pero el martes hubo una remodelación de Gobierno que incluyó, entre otros, el nombramiento de un nuevo ministro de Economía, Fayad Abdel Moneim, un perfecto desconocido especialista en finanzas islámicas. Mientras tanto, la inflación interanual supera el 8%, la libra egipcia se ha depreciado con respecto al dólar el 15% desde primeros de año y el Gobierno ha decidido recortar los subsidios a la energía, que representan un quinto del presupuesto. Se supone que esta y otras medidas futuras, como subir los impuestos sobre las ventas, persiguen el equilibrio fiscal y anticiparse al programa de austeridad que impondrá el FMI, pero los funcionarios de la organización se declaran desconcertados con los cambios de responsables políticos. “Cada vez que conocemos el comportamiento de un ministro, este desaparece”, le manifestaron representantes del FMI a Samir Raduan, primer ministro de Economía después de la caída de Hosni Mubarak, según recoge la edición digital en inglés del diario cairota Al Ahram.

En el baile de nombres desencadenado por el presidente de Egipto, Mohamed Mursi, ven algunos la presión del ala menos política de los Hermanos Musulmanes, cuya influencia habría crecido a partir de la crisis de diciembre y el endurecimiento de la oposición. Es posible que se haya producido esa deriva de la Hermandad hacia el radicalismo, pero un especialista como Abdalá Schleifer, profesor emérito de la Universidad Americana de El Cairo, pone en duda que se haya producido una hermanización de Egipto, el diario Daily News Egypt destaca que solo un tercio de los ministros procede de la Hermandad y el profesor Shadi Hamid, director de investigación del Brookings Doha Center, concluye con una afirmación contundente un largo artículo en el último número de la revista Foreign Policy: “Las auténticas batallas ideológicas realmente aún no han empezado”.

Esas batallas venideras interesan directamente a los gobernantes israelís, que hasta la fecha han sorteado la inestabilidad egipcia mediante el acuerdo directo entre generales a un lado y otro de la frontera del Sinaí. Se trata de una solución inconcebible fuera de la militarización de los espíritus en Israel y de los privilegios hors catégorie de los que disfrutan los uniformados en Egipto, pero es una alternativa útil, razonablemente estable y de naturaleza técnica hasta donde cabe aplicar este adjetivo al cometido de militares profesionales, teóricamente sujetos a la política de seguridad diseñada por cada Gobierno. Al mismo tiempo, es una fórmula que puede quebrarse en la medida en que el enconamiento político en Egipto lleve a la mesa del Consejo de Ministros el disgusto de la calle árabe por la gestión del problema palestino, algo que por lo demás se percibe en la base de los Hermanos Musulmanes y en las redes sociales, caja de resonancia de una opinión pública disconforme.

Hasta que se consume el acuerdo con el FMI, la pugna entre las dos grandes ramas del islamismo político conocerá un crescendo lleno de riesgos. Tal como explica Hamid en su artículo, la Hermandad mantiene viva la discusión en cuanto a la prevalencia de la sharia como fuente de derecho, a diferencia del rumbo seguido por el partido Ennahda, que gobierna en Túnez, a pesar de su ideología asimismo islamista. Y está lejos de haber cerrado la discusión referida a cuál es el límite aceptable de las condiciones que impondrá el FMI, un factor de división que también se da en las filas de una oposición aglutinada en torno a la defensa de un Estado laico y bastante menos homogénea en cuanto atañe a la economía, el agravio palestino y las relaciones con los vecinos, así se trate de Israel o de las petromonarquías.

Todo esto importa a Israel y afecta a su estabilidad emocional, dañada todos los días por episodios simbólicos, pero de gran repercusión, como la decisión del físico Stephen Hawking de sumarse al boicot académico y no acudir a una conferencia en Jerusalén para protestar contra la política que el Gobierno de Netanyahu sigue con los palestinos. La efervescencia a las puertas de Israel, bastante fuera del control de sus aliados más sólidos, transita entre la institucionalización de la primavera egipcia y la escalada bélica siria, alienta a agitadores armados como Hasán Nasrala, líder de Hizbulá, que se declara dispuesto a ayudar a Siria para que reconquiste el Golán, y lleva a las opiniones públicas árabe e israelí a radicalizarse. Y en esta atmósfera enrarecida desde siempre por pasiones desbordadas, los partidarios de mantener los equilibrios tienen un margen de maniobra más estrecho a cada día que pasa, como si la única elección posible fuese entre lo malo y lo peor.

Una piedra en el zapato de Obama

Guantánamo

Un grupo de presos en el Campo VI del penal de Guantánamo rezan un día de marzo del 2011.

La cárcel de Guantánamo es una piedra en el zapato del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que enturbia sus relaciones con el mundo musulmán, inquieta a una parte de su electorado, comprometido con la defensa a ultranza de los derechos humanos, y es motivo de controversia en los pasillos del Congreso. Obama reiteró a comienzos de semana que es preciso acabar con el limbo legal en el que se encuentran 166 internados en las celdas de Guantánamo, recurrió al discurso de los valores para deplorar la situación, pero se impuso la idea de que la solución al problema no será ni fácil ni inmediata. No solo porque hay obstáculos jurídicos y políticos que parecen insalvables, sino porque el atentado de Boston del día 15 ha refrescado en las memorias la guerra contra el terrorismo y el concepto de combatiente enemigo, que llevó a Guantánamo a un conglomerado variopinto de detenidos a los que se aplicó a partir de la guerra de Afganistán una legislación ajena al derecho internacional.

En la prisión de Guantánamo hay un centenar de individuos en huelga de hambre, que en su mayoría son alimentados por la fuerza. De los 166 internados que permanecen en la base, 86 podrían ser liberados si algún país los acogiese con garantías; el resto están incursos en diferentes situaciones alegales que, en el mejor de los casos, violentan los derechos procesales más elementales y, en el peor, hace años que niegan a los interesados ser sujetos de derechos. Frente al derecho internacional humanitario recogido en las convenciones de Ginebra, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las últimas especificaciones del 2005, en la base militar estadounidense en la isla de Cuba se ha levantado un penal con leyes propias –pocas– y la arbitrariedad como norma, un lugar que durante años fue “una cámara de tortura” (Noam Chomsky) si es que no lo sigue siendo por el mero hecho de mantener encerradas contra su voluntad a personas contra las que no se ha formado causa penal alguna. Allí se aplicó por sistema la técnica del “interrogatorio reforzado”, método coactivo defendido por el expresidente Richard Cheney en sus memorias que, más allá del universo neocon, no es tiene por otra cosa que por una forma de tortura.

Familiares de Guantánamo

Manifestación en Saná, capital de Yemen, de familiares de presos en Guantánamo, el 1 de abril de este año.

Max Fischer, analista con un blog en el periódico liberal The Washington Post, ha identificado hasta cuatro posibles desenlaces para los presos de Guantánamo: un proceso civil, un tribunal militar, el traslado a una prisión en el extranjero y la liberación, dependiendo de la situación concreta de cada uno de los 166 internados. Pero detrás de la lógica forense se agitan dificultades insalvables, como el propio Fischer admite:  el Congreso mantiene bloqueada la vía judicial en tanto no se sepa dónde y en qué condiciones se aplicarán las condenas –preferiblemente en cárceles fuera de Estados Unidos o en alguna construida ad hoc–; en el que caso mandar a los presos a cárceles de sus países de origen –la mayoría son yemenís–, debe garantizarse que se respetarán sus derechos y no serán torturados; para los 86 a los que se podría dejar en libertad, la Casa Blanca exige garantías a los países de acogida al tiempo que descarta que puedan instalarse en suelo de Estados Unidos. A esos inconvenientes debe añadirse que el Partido Demócrata ha estado lejos de apoyar en bloque el propósito de Obama de sacar los presos de Guantánamo.

En este complejísimo cuadro en el que se mezclan de forma inextricable derecho y política, pesa el resultado de las encuestas, que siempre recogen la oposición de la mayoría de estadounidenses a toda resolución que no implique alejar a los internados. La otra condición irrenunciable es mantener intacta la seguridad nacional, un objetivo que después del atentado de Boston ha vuelto a ser motivo de preocupación y ha rearmado a los partidarios de las soluciones radicales, hasta el punto de que aquí y allá se alzan voces para que a Dzhojar Tsarnaev, el autor superviviente del atentado del día 15, se le aplique la misma figura delictiva –combatiente enemigo– que figura en los expedientes de los presos de Guantánamo. Obama se encuentra así atrapado entre sus convicciones personales, sus propias dudas, una opinión pública de nuevo alarmada y la necesidad política de encontrar una salida. El presidente se apresuró a prometer el cierre del penal de Guantánamo en cuanto se instaló en la Casa Blanca en el 2009, a los pocos meses pronunció en El Cairo un discurso en el que tendió la mano al mundo árabe y al orbe musulmán, pero poco después surgieron las dificultades insuperables que hubo de reconocer, y no ha dado con la fórmula para romper el círculo vicioso.

Aunque los electores de Obama siguen pensando que la culpa de la situación es de la Administración de George W. Bush y de los legisladores republicanos, que mantienen el problema bloqueado, ha empezado a cundir la idea de que el presidente prefiere que no cambien las cosas. “De hecho, Obama es partidario de la detención indefinida –concluye Conor Friedersdorf en la revista The Atlantic–. Pero ofrece su versión menos sincera para preservar la ilusión de que su crítica de Guantánamo no ha cambiado desde que fue candidato”. El profesor Ben Wittes, de la Brookings Institution, recuerda que “el propio Obama impuso una moratoria sobre la repatriación de personas a Yemen”. Y el columnista Glenn Greenwald cree que Obama adoptó un lenguaje contenido con relación al problema de Guantánamo “casi inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca y antes de que los legisladores tomaran algunas medida que constreñían sus acciones”.

Kuwait. Apoyo presos

Asamblea de activistas kuwatís celebrada el 31 de marzo para pedir la excarcelación de los presos de Guantánamo. En el cartel se lee: Estados Unidos trata a sus enemigos mejor que a sus amigos.

Esas opiniones soslayan el hecho de que el problema de los presos complica el trato del presidente con los líderes árabes, singularmente aquellos que se han instalado en el poder como resultado de las primaveras y que visten los ropajes del islamismo moderado. Cuando un preso sin cargos publica una carta del estilo de la que apareció en The Guardian, firmada por Shaker Aamer –“He pasado más de 11 años en la bahía de Guantánamo. Para ser preciso, 4.048 días y noches. Nunca estuve acusado de crimen alguno”–, y la red la lleva hasta la opinión pública árabe-musulmana, se registra un fenómeno evocado por Obama: crece el número de radicales. Ese mecanismo de radicalización ideológica repercute directamente sobre el comportamiento de unos gobernantes que, sometidos a los requisitos de la realpolitik, tienen cada día más dificultades para contener a sus bases y a los estados mayores de los partidos islamistas. El dosier de Guantánamo no es el eje en torno al cual gira el entramado diplomático árabe-estadounidense, pero contribuye a mantener vivo el sentimiento antioccidental, cimentado en un largo y conocido memorial de agravios, y facilita el discurso salafista de Marruecos a Irak.

Más que ver en el comportamiento de Obama algo parecido a la doble moral que separa las palabras de los hechos, se vislumbra la imposibilidad cierta de dar salida a un problema con un gran valor simbólico. “Obama no hace nada con Guantánamo porque no sabe qué hacer”, escribió un usuario de una red social después de la última rueda de prensa del presidente. A juzgar por el comentario de Michael Williams, asesor del Departamento de Estado, recogido por el semanario progresista The Nation, algo hay de cierto en esta apreciación: los yemenís –susceptibles de ser puestos en libertad– “permanecerán en Guantánamo durante un futuro indefinido”.

¿Cómo se compagina ese anuncio con la convicción del presidente de que la situación de los presos encerrados en la base caribeña es algo “contrario a nuestros principios”, los de Estados Unidos, se entiende? ¿Cómo se puede prolongar la situación cuando Navi Pillay, comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recuerda que la mayor violación de esos derechos es mantener encerrados a aquellos cuya liberación ha sido aprobada? En esa misma línea, el analista Jason Linkins considera que el cierre de la prisión de Guantánamo plantea un dilema menor “comparado con el problema de las detenciones indefinidas de quienes debían haber sido puestos en libertad”. Eso último tiene un mayor peso emocional porque, al mantenerse las detenciones, se prolonga una condena por unos delitos que nunca existieron o nunca se pudieron probar, que para el caso es lo mismo. Y si Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, destacó en el pasado como defensor comprometido de los derechos civiles, hoy aparece como un político incapaz de conjugar las exigencias de la política con los requisitos de la moral.

Esa es en última instancia la cuestión que se dilucida. En el seno de una democracia donde el principio de legalidad debe quedar siempre a salvo, incluido el respeto al derecho internacional, el poder no se legitima solo mediante la celebración de elecciones limpias y la gestión honrada de los asuntos corrientes, sino también mediante la aplicación escrupulosa de la ley sin excepciones o normativas ad hominem. La anterior Administración burló esos requisitos con la apertura de la cárcel de Guantánamo, donde quiso aplicar una legislación excepcional que, finalmente, convirtió a los allí encerrados en reos de una sistema ajeno a cualquier norma. La Administración en ejercicio se encuentra atrapada por el doble cepo de una opinión pública con una sensación de vulnerabilidad muy grande y una oposición refractaria al pacto, de forma que se antoja imposible una solución por consenso porque en el bando conservador no hay nada más alejado de sus preocupaciones que los presos de Guantánamo. ¿Justifican las razones de Estado dejar las cosas tal como están? Resulta inquietante, pero realista, admitir la posibilidad de que la respuesta más repetida sea sí.