Realismo de EEUU en Oriente Próximo

Un realismo sin fisuras se impone en la actuación de Estados Unidos en Oriente Próximo, con el desastroso precedente de la presidencia de George W. Bush (2001-2009) para desvanecer la más mínima tentación de agarrar de nuevo el palo y renunciar a la zanahoria. El establishment de Washington y el mundo académico que nutre los think tank han llevado al ánimo de la Administración del presidente Barack Obama y al grueso de los legisladores el riesgo que se oculta detrás de toda intervención armada: repetir los mismo errores cometidos en Afganistán e Irak sin asegurar, por lo demás, ninguna ventaja estratégica sobre el terreno.

Seth G. Jones, profesor de la Universidad John Hopkins e investigador de la Rand Corporation, ha expresado en un artículo colgado en la web de la revista Foreign Affairs, los anhelos que deben guiar a Estados Unidos y sus aliados en relación con los acontecimientos que se desarrollan en Egipto desde el 3 de julio. “Deben pensar en primer lugar en proteger sus intereses estratégicos vitales en Egipto y en la región”, escribe Jones, prototipo del analista armado con dosis inagotables de realismo, dispuesto a reprochar a los diplomáticos occidentales el entusiasmo conque acogieron la caída de Hosni Mubarak y la frustración que les ha invadido a causa del golpe de Estado que ha depuesto al presidente Mohamed Mursi. Resulta imposible imaginar alguien con menos apego al paradigma idealista y más inclinado a la realpolitik de todos los días.

¿Cuáles son los objetivos irrenunciables de Occidente en Egipto y, por extensión, en Oriente Próximo? El profesor Jones enuncia tres:

1º Ayudar a prevenir una guerra civil. Para evitarla, propone inducir al Gobierno egipcio a que facilite la participación en las próximas elecciones a los Hermanos Musulmanes y a otras organizaciones islamistas a fin de conjurar el riesgo de una situación a la argelina (la guerra civil de los años 90 que siguió a la intervención del Ejército para evitar que el Frente Islámico de Salvación llegara al poder a través de las urnas).

2º Trabajar con Egipto para que mantenga el compromiso de combatir el terrorismo fundamentalista, alimentado por Hamás y Ansar Bait al Maqdis en la península del Sinaí, a las puertas de la franja de Gaza.

3º Animar la adopción por Egipto de reformas liberales, apoyar a la sociedad civil y proveer de asistencia técnica para que se revise la Constitución.

Este último punto pudiera llevar a la conclusión de que la democratización del Estado preocupa a los realistas en igual o parecida medida que la recuperación económica, el restablecimiento del principio de legalidad y otros requisitos esenciales para que el nuevo Egipto eche a andar. Habida cuenta de que, de acuerdo con la encuesta elaborada por el Pew Center en mayo de este año, las ansias de democracia en la sociedad egipcia marchan por detrás del deseo de disponer de una economía fuerte, un sistema judicial sólido y un funcionamiento institucional que garantice ley y orden, los analistas del perfil de Jones poco menos que se desentienden del compromiso democratizador de las nuevas autoridades y de llevar la prédica democrática a las calles de El Cairo: “La democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”.

¿Por qué lo dicho para Egipto vale para otros puntos de la región? En primer lugar, porque Egipto tiene un poder de irradiación sin comparación en el resto del mundo árabe; puede decirse que Egipto dispone de la masa crítica suficiente para desencadenar el efecto dominó, para bien y para mal. En segundo lugar, porque las grandes crisis de Oriente Próximo se abordan en público en Estados Unidos en términos de pérdidas y ganancias, y cada vez menos en términos mesiánicos, como si formara parte del rango internacional de Estados Unidos llevar la buena nueva de la democracia liberal a cualquier parte, por las buenas o a cañonazos. Puesto que “la democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”, es mejor plegarse a la realidad: “Washington debe conducir su política con el mundo árabe que tiene, no con el mundo árabe que desearía tener”.

Cabe detectar cierto fatalismo social en esa cosmovisión, pero resulta menos arriesgada que la utopía neocon –de un sectarismo ideológico agresivo y costosísima en vidas, material y dinero– y, desde luego, más útil para complementar el multilateralismo enunciado por Obama a continuación del fracaso del mundo unipolar soñado por Bush, que debía ser administrado por la hiperpotencia sin rival. Así se entiende mejor la resistencia de los estrategas de los departamentos de Estado y Defensa a enfangarse en la guerra de Siria, el alejamiento de Irak –julio está siendo el mes más sangriento en lo que llevamos de años–, la nueva coreografía negociadora en el conflicto palestino-israelí, sin más esperanzas de éxito que en ocasiones precedentes, e incluso la disposición a buscar la cara amable del nuevo presidente de Irán, el clérigo Hasán Rohani –léase a Ramin Jahanbegloo en El País–, que pasa por moderado aunque forma parte de la teocracia de los ayatolás. Así se entiende mejor que, antes de tomar cualquier decisión, se formulé siempre la misma pregunta: ¿qué vamos a sacar en limpio?

El general Marty Dempsey, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, ha remitido un memorando a Carl Levin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, en el que analiza el coste de una eventual intervención en Siria: 1.000 millones de dólares al mes durante el primer año para atacar objetivos de alto valor, lo que requeriría “utilizar cientos de aviones, barcos y submarinos, además del establecimiento de una zona de excusión aérea”, según los párrafos reproducidos por Gordon Lubold en Foreign Policy. Pero lo más significativo del memorando de Dempsey, un militar experimentado y en absoluto alarmista, viene a continuación: “En los diez últimos años hemos aprendido que no es suficiente un simple cambio en el equilibrio del poder militar sin considerar de forma cuidadosa qué es necesario para preservar el funcionamiento del Estado”.

La referencia implícita a la posguerra de Irak no escapa a nadie. Los riesgos que se pueden correr en Siria son de naturaleza similar: desmantelar el Estado, dar alas al islamismo en armas y desalojar a un dictador que se ha ensañado con su pueblo para, acto seguido, tener que hacer frente a la presión de los fundamentalistas adscritos a la guerra de guerrillas. Y esa es una hipótesis que excluye otra tanto o más perturbadora, aquella que admite la posibilidad de que el rearme y la ayuda directa a la resistencia provoque una dinámica de rearme permanente de las partes –Occidente, con la oposición; Rusia, Irán y alguna otra potencia, con Bashar el Asad–, el enquistamiento de la guerra civil y la contaminación de la crisis al entorno (Líbano) con mayor virulencia que hasta la fecha.

La consecuencia de todo ello es lo que la analista de la Chatham House Claire Spencer llama en la revista británica Prospect “el dilema diplomático”. Pudiera hablarse incluso del bloqueo diplomático que lleva a dejar sin efecto, y sin alternativa posible, el propósito reiteradamente expresado por Estados Unidos y sus aliados de apoyar a la oposición armada siria. Spencer cree que si se orientaran “las prioridades hacia los costes humanos a largo plazo en la lucha de Siria”, la diplomacia podría superar las contradicciones que la atenazan. Pero siempre está ahí la pregunta: qué ganamos con chapotear en el barrizal. Y ese realismo descarnado impide entrar en otras consideraciones morales que son, por cierto, las que movilizan a la opinión pública que contempla la degollina en el televisor de la sala de estar.

Pareciera que después de las experiencias afgana e iraquí, cuajadas de muertos, decepciones políticas y ruina económica, la democracia agresiva ha dado paso a la democracia traumatizada. Si el largo recorrido desde la guerra contra el terror global que siguió al 11-S debe terminar en la búsqueda del talibán moderado, con quien el secretario de Estado, John F. Kerry, cree que es posible llegar a un pacto político para poner a salvo la república de Hamid Karzai, y el nuevo Irak no es mucho más que el Estado de los atentados, qué sentido tiene aterrizar en Siria, se preguntan en Washington. Si el sueño democrático egipcio acabó en un golpe de Estado aplaudido por la multitud de la plaza de Tahrir, a qué viene preocuparse por la democratización del país, meditan en los aledaños del Despacho Oval. Los realistas tienen clarísimas las respuestas. Y la suficiencia energética de Estados Unidos hacia el 2020 refuerza las certidumbres.

Contaminación partidista del Constitucional

“No digas ni hagas nunca nada de lo que te debas tener que desdecir algún día ni que choque con las conveniencias, incluso si te sale con naturalidad y sin pensar en nada malo, porque los otros pensarán mal”.

(‘Breviario de los políticos’, cardenal Giulio Raimondo Mazzarino, 1602-1661)

Toda clase de dudas se ciernen sobre la solvencia e independencia del Tribunal Constitucional desde el momento en que su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, ha reconocido que fue militante de base del PP hasta el 2011 inclusive, dos años después de ser nombrado magistrado del alto tribunal. Los juegos de manos a que ha recurrido el Constitucional para asegurar que no hay causa de incompatibilidad no logran desvanecer la sensación de que el interesado ha querido ocultar un dato capital. En cambio, abonan la tesis de cuantos piensan que Pérez de los Cobos hurtó información al Senado al no dar cuenta de su militancia, y desde aquel momento seguramente ha contaminado su trabajo por más protestas de imparcialidad que haga ahora. A nadie se le pasa por la cabeza que algún día pueda estar prohibido militar en el PP, faltaría más, como ha insinuado Esteban González Pons con retranca digna de mejor causa; lo que resulta indefendible es que alguien que debe hacer pública su militancia no la haga y el pastel quede al descubierto porque el periódico El País da la noticia.

Si ni siquiera cabe fiarse del Tribunal Constitucional, con un papel principalísimo en los litigios que interesan la estructura del Estado y la impugnación por los partidos de la oposición de algunos de los proyectos estrella del PP, ¿en qué queda la solvencia institucional del Estado, zarandeada por los escándalos en curso en los cuatro puntos cardinales? El secuestro del lenguaje perpetrado por la nota del Tribunal Constitucional no sutura la herida ni restablece su honorabilidad, sino que da pie a que cunda la sospecha de que el PP, mientras conserve la mayoría absoluta, aspira a ejercer una especie de monopolio ideológico de las instituciones, directamente o mediante propios encubiertos.

Aunque resulta ocioso decirlo, no está de más recordar que los partidos, aquí y en todas partes, aspiran a gobernar y a aplicar un programa que se deriva de una concepción ideológica de la sociedad. Tienden a ocupar la totalidad de la sociedad en la que se mueven, de forma similar a como un gas tiende a ocupar la totalidad del continente que lo guarda, pero el pluralismo, las elecciones y el control parlamentario suelen evitarlo, incluso cuando se dan mayorías absolutas. Si no se cumplen los requisitos de renovación de los mandatos y control a cargo de la oposición, no hay democracia, sino un sistema totalitario o que apunta al totalitarismo (véase el caso de Rusia y la persecución sistemática los de los adversarios de Vladimir Putin). Si se respetan los mecanismos de control, pero se priva de información a los controladores, entonces se adultera gravemente el funcionamiento del sistema. Ese es el caso de Pérez de los Cobos.

En Francia, con una tradición democrática de sobra conocida, el control casi absoluto del Partido Socialista de todas las instituciones, desde la Presidencia de la República a los cantones y municipios, es motivo frecuente de controversia. Ni se pone en duda el juego de las mayorías –el sistema favorece su formación para garantizar la gobernabilidad– ni se discute la legitimidad de nadie; se alerta, eso sí, acerca de la conveniencia de que la concentración del poder en unas pocas siglas resulta a la larga perjudicial para el sistema democrático. Una circunstancia agravada en tiempos de crisis por el recelo de los ciudadanos ante el reparto de los costes para sacar al país del agujero.

Esos principios elementales son de sobra conocidos por la dirección del PP, donde abundan los profesionales del derecho en sus diferentes modalidades, y por esa razón resulta especialmente injustificable que mediante perífrasis más propias de una discusión académica que de un debate político, rehúya el núcleo de la discusión: ¿con qué fuerza moral puede Pérez de los Cobos entender de aquellos asuntos que lleguen al tribunal y afecten a leyes, decisiones y asuntos con relación a los cuales su expartido tiene una opinión formada? En puridad, habría que preguntarse por qué clase de asuntos de los que llegan al Constitucional no ha manifestado el PP su punto de vista. Consecuencia inmediata: las recusaciones pueden multiplicarse.

En la nota informativa del último jueves distribuida por el tribunal, después de las consideraciones de rigor, se dice textualmente: “La Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por consiguiente, no establecen para los magistrados del Tribunal Constitucional incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales”. Pero el quid del asunto no es este, sino que el presidente no informó en su día de la condición de militante y, tan importante como ese detalle, desde tiempos ancestrales rige la norma según la cual los servidores públicos no han de ser solo personas honorables, sino parecerlo a fin de que sus conciudadanos depositen su confianza en ellos y acepten sus decisiones.

El 25 de mayo del año pasado, Ignacio Escolar publicó en EL PERIÓDICO un artículo con varias observaciones sensatas sobre los viajes de Carlos Dívar, a la sazón presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, dos de las cuales son de aplicación ahora. La primera: “El archivo de la denuncia contra Dívar es lo que habría que lamentar”. La segunda: “Dívar no ha explicado qué clase de compromiso oficial requiere 20 viajes de fin de semana caribeños a Puerto Banús”. Llevado al caso de Pérez de los Cobos, lo que es más de lamentar es que del Tribunal Constitucional lo vea todo tan claro y transparente, de forma que resuelve el asunto con una larga cambiada en forma de nota de prensa, y que nadie sepa cuáles son los compromisos presentes del presidente con la orientación política y la acción de Gobierno de su antiguo partido. Si se habla con frecuencia y con razón de la politización del tribunal a propósito de la fórmula para la elección de los magistrados, ¿qué decir ahora?

En Francia, con una tradición democrática de sobra conocida, el control casi absoluto del Partido Socialista de todas las instituciones, desde la Presidencia de la República a los cantones y municipios, es motivo frecuente de controversia. Ni se pone en duda el juego de las mayorías –el sistema favorece su formación para garantizar la gobernabilidad– ni se discute la legitimidad de nadie, se alerta, eso sí, sobre la conveniencia de que la concentración del poder en unas pocas siglas resulta a la larga perjudicial para el sistema democrático. Una circunstancia agravada en tiempos de crisis por el recelo de los ciudadanos ante el reparto de los costes para sacar al país del agujero. De eso también tiene noticia el PP, que experimenta todos los días el desgaste de la brega en solitario, sin puentes de diálogo estables con la oposición o al menos con una parte de ella.

De hecho, en el debate inacabable referido a los riegos que arrostra el poder se hace muy a menudo una distinción entre la legitimidad política, electoral, jurídica si se quiere, y la legitimidad moral. La primera se establece con facilidad de acuerdo con el cumplimiento de las previsiones que figuran en la Constitución y demás leyes de los estados democráticos; la segunda requiere hilar muy fino antes de otorgarle validez. Solo los fundamentalistas del derecho, habituados al criptolenguaje forense y la aplicación literal y estricta del texto escrito, pueden pensar que en un sistema democrático institucionalizado no tiene sentido considerar la existencia de cualquier legitimidad distinta a la estipulada por las leyes.

Es cierto: la legitimidad moral se levanta sobre tangibles e intangibles muy sutiles, sobre la rectitud y el principio de ejemplaridad en situaciones excepcionales, sobre atributos que no están sistematizados en texto alguno, pero tiene un enorme poder de persuasión y convocatoria. Es, pues, una legitimidad que obliga a obrar con tiento y a no abusar de ella. Pero es una legitimidad realmente existente, indispensable en la tarea de aquellos que gestionan una parcela de poder del Estado sin someterse directamente a la decisión de los electores. Ese es el caso del Tribunal Constitucional, cuya legitimidad moral está ahora en entredicho, como lo estuvo antes la del Consejo General del Poder Judicial y la del Tribunal Supremo hasta que Dívar dimitió.

El PP opta por la ‘omertà’

“Sin partidos políticos, el funcionamiento de la representación policía, es decir, de la base misma de las instituciones liberales, es imposible”.

(‘Instituciones políticas y derecho constitucional’, Maurice Duverger, 1970)

Los partidos pillados en falta que se obstinan en guardar silencio y confían en que el tiempo todo lo curará suelen acabar pagando lo que en buena ley les toca más cuarto y mitad. Salvo enjuagues inconfesables con el poder judicial, esa es una regla no escrita de la democracia, pero que se repite con machacona insistencia en los regímenes de opinión pública desde tiempo inmemorial. Por idéntica razón, la reacción del PP de aislar a Mariano Rajoy y blindarlo para que no tenga que dar explicaciones en el Parlamento es un error táctico de manual porque concede a Luis Bárcenas el privilegio de fijar los ritmos. Aunque María Dolores de Cospedal sostenga en público que “las mentiras no se documentan”, los documentos originales publicados por el diario El Mundo y a disposición del juez Pablo Ruz son lo más parecido a armas de destrucción masiva (el Financial Times ha aludido a una bomba atómica).

Es sorprendente que alguien como Rajoy, tan propenso a invocar el sentido común, no haya llegado a la conclusión de que es de sentido común dar explicaciones cuando, lisa y llanamente, el extesorero del partido afirma con papeles que pagó sobresueldos a él y a otros. Que algunos tertulianos en el Canal 24 h de TVE defiendan la posición del presidente del Gobierno, so pretexto de que en febrero se explicó y no hay novedades, solo demuestra que con esos amigos no hacen falta enemigos, porque cambios sí los ha habido: se ha pasado de las fotocopias publicadas por El País a los originales; se ha pasado de no disponer de la contabilidad del PP de 1990 a 1994 a estar colgada en la red, Anonymous mediante; se ha pasado del todo es mentira “salvo algunas cosas” a billetes de curso legal en cajas de puros, gestionadas por Bárcenas y dirigidas a significados dirigentes del PP.

El parecer de Jesús Maraña en infolibre.es está más apegado a la realidad del momento que los partidarios de la omertà (ley del silencio siciliana): “Por muy convencido que esté Rajoy de que el silencio lo cura todo, un presidente del Gobierno no puede mirar al infinito cuando las acusaciones de su extesorero le señalan (al menos) como conocedor y por tanto encubridor de actuaciones que han ido ligadas a la posible comisión de delitos muy graves”. Así de simple, sencillo y sensato. A no ser que vivamos en una democracia de ínfima calidad, en cuyo caso Maraña da doblemente en el clavo con ese otro juicio igualmente simple, sencillo y sensato: “Cuesta imaginar que en cualquier democracia decente no hubieran ocurrido ya un montón de cosas que aquí aún se esperan con notable escepticismo.

Ante las sombras de sospecha cada vez mayores de que desde Rosendo Naseiro hasta nuestros días el PP se ha financiado de forma irregular a través de donaciones opacas, ante la más que verosímil proliferación de sobres para redondear el sueldo de altos cargos, ante el chantaje amenazante que se ejerce desde una celda de la cárcel de Soto del Real sobre el gran partido de la derecha española, la ley del silencio es la peor de todas las alternativas. El silencio no hace más que alimentar las dudas acerca de la libertad de movimientos del presidente del Gobierno y sus colaboradores más próximos, pendientes de que alguien como Garganta Profunda en el caso Watergate diga a otro alguien que siga el rastro del dinero para dejar al descubierto el gran guiñol. Si a causa de unas fiestas celebradas en un ambiente orgiástico se acusó a Silvio Berlusconi de arriesgar la seguridad del Estado, ¿qué decir cuando la atmósfera se enrarece con el intercambio de favores y dinero?

Ni siquiera la debilidad de la oposición, con su propia porquería en la trastienda –eres, palaues, iteuves y otras lindezas–, permite dar con un solo gramo de lógica democrática en esa opción por el silencio. El sistema de partidos surgido de la transición está en riesgo, no solo por lo que vaticinan las encuestas. El riesgo obedece a que el más importante de todos ellos, porque es el que sustenta al Gobierno, calla o confunde, mientras a cada poco surge un portavoz ad hoc que recuerda que los presuntos delitos han prescrito –una cosa es que hayan prescrito y otra, que no se hayan cometido–, y aquí paz y después gloria. El riesgo, en fin, es que el bipartidismo imperfecto salte por los aires porque deje de ser una herramienta útil para garantizar la normalidad institucional en un país sometido a las servidumbres y debilidades de una crisis económica atroz y varios litigios territoriales –de estructura del Estado– cada día más retorcidamente complejos.

Hay precedentes sobrados de procesos político-judiciales que, como una riada, se llevaron por delante cuanto encontraron a su paso. El caso Manos Limpias en Italia es el más conocido y cercano, pero la quiebra del bipartidismo venezolano, con todas las diferencias que se quieran subrayar, no es mala fuente de inspiración para sopesar hasta qué punto la incuria de los estados mayores de los partidos puede poner toda la arquitectura institucional de un Estado en el disparadero de una crisis ingobernables. En Italia y en Venezuela, como ahora aquí, los partidos se entregaron a un intercambio estéril de invectivas mientras se pudría la situación; cada formación creyó estar en disposición de ejercer el monopolio de la ética, pero la soberbia de los moralistas no pudo detener la rotundidad de los hechos, la deserción de los votantes hacia otras siglas y el escepticismo generalizado.

Cuando una periodista tan identificada con la derecha-derecha se expresa en los términos que lo hizo el jueves Isabel San Sebastián en las páginas de Abc, es que la gravedad de la situación no está muy lejos de lo dicho hasta ahora. “Cualquier extorsionador es, por definición, un ser de naturaleza infame, lo cual no invalida necesariamente la veracidad de sus afirmaciones –ha escrito San Sebastián–. La gente así no muta de la noche a la mañana y el extesorero de la calle Génova trabajó para el partido durante más de dos décadas. ¿Nadie se dio cuenta del tipo de persona que les llevaba las cuentas o le asignaron esa función precisamente por su carencia de escrúpulos? ¿Les ha pillado por sorpresa esta actuación del antiguo senador cántabro o ya apuntaba maneras y por eso prescindió Cospedal de sus servicios (aunque siguiera pagándole un generoso estipendio) cuando se hizo cargo de la secretaría general? Estaría muy bien que ella lo explicara con el detalle que merece la dignidad de los once millones de votantes que hace apenas año y medio depositaron su confianza en las siglas que representa”.

Lo peor no es que “el ridículo que estamos haciendo en Europa no tiene precedentes”, como afirma en elplural.com el abogado Fernando Silva, porque sí hay precedentes, lo peor es que la simulación y el pago diferido a Bárcenas, de los que en su momento dio cuenta De Cospedal durante una comparecencia balbuciente y confusa, parecen ahora pecata minuta al lado del festival de cuentas en Suiza, pagos encubiertos, contabilidades B y el link entre los famosos papeles del extesorero y la no menos famosa trama Gürtel. Aunque el PP es muy reacio a ejercitarse en la memoria histórica, debería por una vez practicarla y ponerse al día, explorar en las hemerotecas y dar con los desmentidos proporcionados por el entorno del presidente Richard Nixon: el montaje se vino abajo en dos años y Nixon dejó la Casa Blanca sumido en el deshonor.

El tiempo que ha ganado el PP en la diputación permanente del Congreso para que Rajoy no tenga que subir a la tribuna de la Cámara durante los dos próximos meses está lejos de ser un triunfo de la estrategia parlamentaria. Antes bien, se antoja una muestra de debilidad que da sentido a la ausencia de la oposición de la comisión que debe dar forma a la ley de transparencia. ¿Cómo se puede hablar de transparencia, siquiera sea en términos jurídicos, cuando la orden impartida por el PP ha sido apagar la luz así caigan chuzos de punta? ¿Cómo se puede hablar de transparencia cuando los presumibles afectados por un escándalo político inabarcable no sueltan prenda y se remiten a cuanto se derive de las actuaciones judiciales en curso? La oposición no es un coro de espíritus puros, como ha quedado dicho antes, pero discutir la ley de transparencia en esas condiciones hubiese sido una mascarada.

Añádase a todo eso el espectáculo de la lucha por el poder desencadenada en el PP para sumar a las preguntas anteriores esa otra: ¿cuánto pueden dar de sí las costuras del sistema antes de rasgarse? La periodista Rosa María Artal describe el campo de batalla en eldiario.es: “Un Rajoy cementado a su roca –que resistirá hasta el final– se enfrenta a quienes postulan a Esperanza Aguirre como sustituta. (…) Gallardón maniobra por su cuenta, apoyado por Aznar. Sáenz de Santamaría y Cospedal –enfrentadas en la carrera– moviendo sus equipos”. No es muy difícil aceptar que la disposición de los contendientes se asemeja mucho a la de ese relato, como si todos ellos entendieran que pueden salir victoriosos del sórdido episodio. Como si de la omertà más la pugna en los despachos pudiera surgir, contra todo pronóstico, algo nuevo y decente.

La ‘primavera’ egipcia viste uniforme

Si alguien puso alguna vez en duda que es el Ejército el que dicta las normas en Egipto, con primavera o sin ella, los acontecimientos que se desarrollaron entre la tarde del lunes y la del miércoles deben haber convencido a los más incrédulos. El Ejército es la columna vertebral del Estado, la única institución con una capacidad ilimitada de intervención política, prestigiada a través de la herencia de Gamal Abdel Naser, del apoyo por omisión prestado a la caída de Honsi Mubarak y del apoyo activo ahora a cuantos reclamaban la liquidación de la presidencia de Mohamed Mursi. La capacidad de los generales de ajustarse a situaciones cambiantes y extremadamente volátiles, de mostrar su mejor rostro en los peores momentos, de aparecer ante la opinión pública como los hermeneutas cabales de las reivindicaciones populares, los colocan por encima de las contingencias de la lucha partidista y de la crisis social.

El editorial de The New York Times de dos días antes del golpe de Estado era concluyente: “(Mursi) utilizó las elecciones para monopolizar el poder, denigrar a los adversarios y solidificar los vínculos con la línea dura islamista”. Incluso admitiendo que puede haber una sobrecarga emocional en ese juicio, lo cierto es que no solo en Occidente, sino en las filas de la oposición laica arraigó la idea de que las tres victorias electorales de los Hermanos Musulmanes, las legislativas, las presidenciales y el referendo constitucional, habían sido el punto de apoyo de la palanca manejada por el presidente Mursi para desnaturalizar los objetivos y anhelos de la movilización que acabó con la autocracia de Mubarak. Un medio tan comedido como Al Ahram, el diario árabe de mayor difusión, se sumó a la tesis de los excesos del poder y alimentó las pasiones desatadas.

Al Sisi

El ministro de Defensa, Abdul Fatá al Sisi (centro) anuncia la noche del miércoles la destitución del presidente Mohamed Mursi. El primero por la izquierda es Mohamed el Baradei, líder de la oposición laica, y el segundo por la izquierda es Mahmud Badr, líder del movimiento Tamarrud. El segundo por la derecha es el papa copto Tawadros II, y el tercero por la derecha es el gran jeque de Al Azhar, Ahmed el Tayeb.

Pero lo cierto es que Mursi llegó a la presidencia del país en unas elecciones limpias y ha caído a causa de un golpe de Estado que viola las reglas de la democracia. Al salir de los cuarteles y asumir el papel de garantes de las reclamaciones de la calle, los militares han actuado como una institución por encima de la ley, del control civil de sus actos, de la soberanía popular y de la confrontación política entre iguales. Han acudido a la tradición para rescatar la figura del príncipe justo que se atiene a la ideología espontánea de la comunidad, interpreta sus deseos y se pone a su servicio, aunque cuando se trata de una institución que gestiona no menos del 40% de la economía del país, más parece que lo que realmente hace es poner sus intereses a buen recaudo. En cuanto a su compromiso democrático, hacen innecesario todo comentario la detención de los líderes más destacados de los Hermanos Musulmanes y del Partido Libertad y Justicia, brazo político de la Hermandad, las órdenes de arresto y el cierre de canales de televisión, además del confinamiento de Mursi en dependencias oficiales.

Dicho de forma muy resumida: el Egipto descontento que se hartó de la incapacidad de la cofradía para ofrecer resultados y, en cambio, abundó en un sectarismo destemplado, se ha echado en brazos del Ejército sin mayores garantías de que los uniformados respeten el pluralismo, la división de poderes y la libertad de prensa, acepten unas elecciones sin excluir ninguna sigla y, por último, vuelvan a los cuarteles y aparquen los tanques. En la mitología nacional de ese Egipto movilizado ha pesado más la tradición militarista que el recuerdo de la degradación sufrida por el Estado bajo la autocracia de Mubarak; el nacionalismo con galones naserista ha conquistado la calle más que otras consideraciones. Y en esa operación llena de riesgos se han subido al carro del disgusto popular personajes como Mohamed el Baradei y Amr Musa que, en otras circunstancias, hubiesen tenido poco que decir y si ahora se les escucha es porque el frente laico ha sido incapaz de consolidar nuevas figuras políticas a través de la unidad de acción.

A decir verdad, la unidad de acción del bloque opositor que se enfrentó a Mursi es poco menos que una entelequia. El tótum revolútum de laicos, liberales, naseristas, paniaguados de la dictadura de Mubarak, jerarcas coptos y clérigos de la mezquita de Al Azhar lo es todo menos el caldo de cultivo adecuado para construir un frente civil razonablemente sólido frente a los uniformados, acostumbrados a redactar el orden del día sin consultar a nadie. Antes bien, ese mosaico con piezas de todos los tamaños y colores tiene todas las trazas de acoger discursos incompatibles, más adecuados para alimentar la fractura social que para promover la unidad de acción. Una fractura social condenada a agravar los efectos de otra, delimitada después del golpe de Estado, que enfrenta a los partidarios de la Hermandad con quienes depusieron al presidente Mursi.

Egipto. DatosEn la concreción del combinado ideológico que ha aceptado que el Ejército marque el paso, la debilidad está garantizada, que es tanto como decir que la iniciativa de los militares también lo está. Se trata de un mal presagio para encarar las jornadas que se avecinan y para hacer frente a una reforma de la economía que ha de tener un indudable coste político. Es un punto de partida desconcertantemente insuficiente para cohesionar el próximo Gobierno y fijar un programa de mínimos en el que deben figurar la crisis de subsistencias, la degradación de los servicios y la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un préstamo de 4.800 millones de dólares que evite la quiebra del Estado y la suspensión de pagos. Es decir, es de temer que se ponga de relieve la inconsistencia de la oposición a Mursi y el generalato se presente como aún más imprescindible para encauzar el futuro en cuanto se pase del aplauso a los blindados y los fuegos artificiales en la plaza de Tahrir a la gestión del día a día.

¿O es que cuantos se sentaron a ambos lados de la tribuna desde la que el general Abdul Fatá al Sisi anunció la consumación del golpe están dispuestos a sufrir el desgaste de las condiciones que impondrá el FMI para poner un parche a la economía? ¿Acaso alguien cree que es posible lograr un préstamo sin recortar drásticamente las subvenciones de algunos artículos de primera necesidad? ¿Puede pensarse que los reunidos por Al Sisi están dispuestos a pedir a los militares que renuncien a una parte sustancial de los sectores de la economía que gestionan para aliviar las estrecheces de una población golpeada por un rápido proceso de empobrecimiento? ¿Cabe pensar que el presidente Adli Mansur, nombrado por los generales, se sumará a una estrategia siquiera sea de deliberación que ponga en duda los intereses de estos?

Se cumple así en todos sus extremos el vaticinio contenido en el informe entregado al Congreso de Estados Unidos por el analista Jeremy M. Sharp el 6 diciembre del 2012: “Si no alcanzan un compromiso las facciones políticas enfrentadas, la legitimidad de la transición de Egipto se pondrá permanentemente en cuestión, creando una atmósfera de inestabilidad para un futuro imprevisible”. Lo confirma el relato del fracaso histórico de los islamistas publicado en Le Monde por Benjamin Barthe, tan cierto como el horizonte de incertidumbres que sigue al fracaso a causa de la dispersión de mensajes en bandos irreconciliables, a imagen y semejanza de lo pronosticado por Sharp. Porque se trata de bloques políticos con muy poca cintura y aún menos experiencia, enzarzados en una pelea, mientras el Ejército ha pasado de tutelar la transición a dirigirla. “Después de la primavera árabe y el invierno islamista, ¿es el turno del verano pretoriano?”, se pregunta Christophe Ayad.

Sea cual sea la nueva estación, el hecho de que el primer presidente civil de Egipto haya durado un año en el cargo induce a pensar que aguardan al país días de climatología rigurosa que repercutirán en otras latitudes del paisaje árabe, en el engarce de intereses en Oriente Próximo y, de forma general, en la comunidad árabe-musulmana. Algo se ha roto entre las concentraciones de la plaza de Taksim, en Istambul, y la caída de Mursi en Egipto. En el primer caso, porque se desvanecieron muchas de las esperanzas depositadas en la experiencia posibilista del islamismo político en Turquía, un país musulmán, pero no árabe, en cuanto Recep Tayyip Erdogan recurrió a la mano dura y liquidó su imagen de islamista contenido, digno de ser referencia para otros. En el segundo caso, porque Egipto es el Estado árabe más influyente, el más poblado, el de mayor proyección exterior, que es depositario de un legado histórico y cultural inigualable… y es limítrofe con Israel, con quien suscribió un tratado de paz.

Algo se ha roto en las primaveras árabes al pasar en un mínimo de tiempo de las reivindicaciones poco menos que revolucionarias del movimiento Tamarrud en la plaza Tahrir al desfile de los centuriones ante una multitud que los aclamaba. Y la tibieza de la comunidad internacional ante lo sucedido, con  Estados Unidos y la Unión Europea en primer lugar, no hace más que confirmar que prefiere una democracia restringida, sometida a vigilancia, antes que una transición larga, con momentos complicados, avances y retrocesos, crisis y vacilaciones. Otra cosa es que eso sea posible dos años y medio después de la caída de Mubarak y de la desinhibición de la calle árabe.