Gran Hermano de última generación

“Doce años después de los atentados del 11 de septiembre, la cuestión sigue siendo encontrar un equilibrio entre seguridad nacional, libertades públicas y derecho a la información”. Ese es el quid de la cuestión una vez más, formulado en la edición del martes del diario progresista francés Le Monde por su directora, Natalie Nougayrède. Ese es el meollo del asunto llevado otra vez al primer plano de la reflexión periodística y académica, política y social, después de que el periódico revelara una operación masiva de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que acumuló metadatos de 70,3 millones de comunicaciones telefónicas realizadas en Francia entre el 10 de diciembre del 2012 y el 8 de enero del 2013. No se trata de quebrar el funcionamiento de los servicios encargados de garantizar razonablemente la seguridad colectiva de los ciudadanos, sino de fijar límites para preservar la vida privada. Se trata, en suma, de dar a conocer prácticas que “permiten leer en nuestras vidas, nuestros contactos y nuestras opiniones como en un libro abierto”, escribe Nougayrède con acierto.

Los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para desprestigiar a Edward Snowden, artífice de las revelaciones, a quien presenta como un traidor que debilita la seguridad nacional, no afectan al fondo del asunto: la consideración de sospechosos habituales aplicada a millones de personas en países aliados, incluidos presidentes y primeros ministros –35 líderes mundiales, según el diario británico The Guardian–, cargos electos, empresarios y legiones de ciudadanos cuya única característica común es ser usuarios de las redes de telecomunicaciones. Tampoco afecta al nudo de la trama el hecho de que Snowden haya encontrado cobijo en Rusia, con rasgos cada vez más acusados de Estado mafioso, ni el desmentido del general James Clapper, director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, que considera falsos los datos publicados por Le Monde, sin que, por lo demás, nadie haya dado crédito a sus palabras. Porque Clapper y, con él, aquello que se conoce como comunidad de inteligencia se sienten legitimados por la amenaza terrorista y por una cierta tradición nacional, aunque sean los aliados de la OTAN, Brasil, México y algún otro país amigo los escenarios del espionaje masivo.

Sede de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en Fort Meade (Maryland).

En el nicho ecológico de Clapper no tienen cabida las preguntas tantas veces formulada por moralistas y pensadores acerca de la bondad o no de un comportamiento. “¿Cómo podemos estar seguros de que una acción es justa?”, plantea el filósofo Isaiah Berlin en el ensayo ¿Existe aún la teoría política? En el delicado discurso del pensamiento de Berlin no hay sitio para una respuesta categórica, inequívoca, sino más bien para una reflexión matizada por las dudas que asoman a casa paso. “Descubrimos que no estamos seguros de lo que debemos hacer para aclarar nuestras mentes –escribió Berlin–, buscar la verdad, aceptar o rechazar respuestas anteriores a estas preguntas”.

El único enfoque posible en el mundo del espionaje, en Estados Unidos y en cualquier otro lugar, es el que se desprende del principio según el cual el fin justifica los medios. Sin apenas matices, lo que realmente cuenta no son los métodos, sino el resultado final obtenido a través de procedimientos que unas veces son honorables y otras, deleznables. Los regates en corto de la Administración de George W. Bush para justificar el recurso a la tortura en nombre de la seguridad constituyen una prueba bastante conocida de esa doctrina. A partir de ahí es relativamente fácil llegar a la conclusión de que el entramado institucional y legal de las democracias no es garantía suficiente para ponernos a salvo de la barbarie. Al contrario que en el pensamiento de Immanuel Kant, para quien la seguridad es “una cláusula mínima de protección que permite al sujeto experimentar la libertad”, de acuerdo con la síntesis de Michaël Foessel, los gestores de los servicios de espionaje entienden que para que ciudadanos libres experimenten la seguridad, deben aceptar un recorte de su libertad. La seguridad entendida como un derecho se convierte así en un valor conquistado por el que debe pagarse un precio.

En la atmósfera ideológica de Estados Unidos flota siempre, además, el legado de Leo Strauss (1899-1973) y sus discípulos, radicalmente convencidos de dos realidades: en primer lugar, “el liberalismo occidental conduce al nihilismo”, en expresión de uno de sus seguidores, el profesor Harvey Mansfield, de la Universidad de Harvard; en segundo lugar, Estados Unidos tiene el destino único de combatir a las fuerzas del mal en todo el mundo. En la Ley Patriótica, aprobada después de los atentados del 11-S, y en la utopía reaccionaria –otra vez, más seguridad a cambio de menos libertad–, defendida por los neocon, alienta la convicción de que la responsabilidad de una misión universal que cumplir justifica comportamientos bastante alejados de la lealtad entre estados aliados, la transparencia democrática y los sistemas de control institucional. Pero en los segmentos más tradicionales de la sociedad estadounidense, el pensamiento de Strauss no incomoda y en el mundo del espionaje y los servicios secretos proporciona elementos de convicción útiles para manejarlos ante la opinión pública.

Una de las grandes sorpresas es que el descubrimiento de un Gran Hermano de última generación que trabaja a toda máquina se haya producido durante la presidencia de un liberal pragmático, pero liberal al fin, como Barack Obama, el inquilino de la Casa Blanca que mejor ha caído a los europeos desde los días de John F. Kennedy. Aunque si se presta atención al comportamiento de la comunidad de inteligencia desde el final de la segunda guerra mundial, se llega fácilmente a la conclusión de que Estados Unidos, con independencia de la coloración ideológica de cada presidente, nunca ha dejado de husmear en la vida y comportamientos de los europeos por más aliados que sean. La diferencia es que ahora dispone de herramientas de las que antes carecía y cuenta con la colaboración entregada de los gigantes de las nuevas tecnologías, según pone de relieve un esquema por demás clarificador publicado por Le Monde.

La gesticulación europea ante todo esto no deja de ser una señal elocuente de impotencia. La pasividad o la sumisión ante el comportamiento de la NSA, roto episódicamente por los casos de espionaje en Francia, por la sospecha de que el móvil de Angela Merkel ha sido intervenido y de que, en fin, raro es el Estado europeo que no ha sido sometido a vigilancia –España también como cabe deducir de la decisión de Mariano Rajoy de citar al embajador  de Estados Unidos–, no hace más que corroborar la sujeción de la Unión Europea a una estrategia militar y política, la norteamericana, que no controla y en la que participa demasiado a menudo de forma harto simbólica. En los planes diseñados por la Casa Blanca, los departamentos de Estado y Defensa y las agencias federales de seguridad, es secundaria la aportación conceptual y práctica de Europa. Frente al multilateralismo diplomático y la colaboración con los aliados, tantas veces defendidos por Obama, se impone la realidad de una política de seguridad en la que los europeos son objeto de espionaje.

Las deliberaciones del Consejo Europeo de esta semana reflejan quizá un disgusto momentáneo, pero están lejos de forzar una alteración de los planes estadounidenses. La concomitancia del complejo tecnológico estadounidense con la Administración, que hace posible un rastreo sin fronteras, pone el control del espacio virtual, al menos en Occidente, en manos de Estados Unidos de forma casi exclusiva, erosiona el principio de igualdad y respeto entre aliados y confirma que los intereses del complejo militar-industrial, auxiliado por las nuevas tecnologías, se mantienen por encima de las urnas y los designios de los gobernantes. En realidad, puede que la libertad de tráfico y circulación en la red sea el mejor de los útiles para controlar las pulsiones de los usuarios –es decir, de todos–, porque en la medida en que se sepa cuáles son sus rutas de navegación, sus interlocutores telefónicos, sus amigos en Facebook o el contenido de sus mensajes en el correo electrónico, más detallado será el perfil del que dispondrán los servicios de información. He aquí la gran paradoja posible: libertad de movimientos para espiarnos mejor.

 

 

El Tea Party divide a los republicanos

“Han sido las dos mejores semanas del Partido Demócrata en los últimos tiempos porque estuvo fuera del centro de atención y no tuvo que mostrar sus ideas”.

Linsay Graham, senador republicano por Carolina del Sur

 Es difícil imaginar una operación política más desventajosa, estéril y arbitraria que la desencadenada por el ala ultraconservadora del Partido Republicano de Estados Unidos para poner al presidente Barack Obama contra las cuerdas. Aunque el parche aprobado por las dos cámaras del Congreso no es más que un remedio provisional, seguramente insuficiente, ha resultado vencedor el gran adversario a batir a ojos del Tea Party, ninguna de las exigencias republicanas ha llegado a buen puerto y, lo que es peor, una profunda división se ha adueñado del partido. Lleva razón un clásico del republicanismo conservador como el senador por Arizona John McCain cuando reclama, no sin retranca, que alguien le cuente qué ha sucedido.

Al mismo tiempo, la derrota republicana ha dejado al descubierto los límites del poder del Tea Party. Ha saltado por los aires la convicción de que las finanzas se sienten más cómodas con el liberalismo a ultranza de los ultraconservadores que con el intervencionismo moderado de la Casa Blanca: en realidad, para la trabajosa salida de la crisis, Wall Street prefiere un capitalismo ordenado a un crecimiento sin tutela. Voces tan influyentes como George Soros, Bill Gates y Warren Buffett han insistido en la necesidad de promover un capitalismo pautado, custodiado por un Gobierno solvente que pueda salir al rescate del sistema cuando zozobra, como sucedió en el bienio 2008-2009. Todo eso desoyó el Tea Party cuando creyó que podía supeditar la aplicación de una ley socializante como la de asistencia sanitaria, aprobada por el Congreso y en vigor, a través de la impugnación a las bravas de la política del presidente.

Publicado en el diario conservador ‘The Christian Science Monitor’.

El desenlace de esta crisis de perfiles a menudo grotescos ha resultado en una “rendición casi incondicional” de los republicanos, como subrayaron The New York Times y, con él, todos los medios liberales, incluso aquellos que optaron por la neutralidad, si es que esta fue posible mientras la Administración federal permanecía cerrada y se aproximaba el día en el que Estados Unidos se iba a declarar en suspensión de pagos. El tiempo que ha ganado la Casa Blanca para negociar y evitar que las crisis fiscales se conviertan en una tradición malsana es el mismo del que dispone el Grand Old Party (GOP), apodo del Partido Republicano, para restañar las heridas dejadas por la pugna interna. Tan urgente es para Obama encontrar una solución definitiva al riesgo de cierre gubernamental antes del 15 de enero y al techo de gasto antes del 7 de febrero, como para los republicanos evitar el desgaste de un nuevo espectáculo de radical intransigencia. Pero para superar la imagen dejada ahora precisan recuperar los conservadores –la extrema derecha, más apropiadamente– el sentido de la realidad, y aceptar que menos del 30% de la opinión pública secunda su comportamiento.

Por de pronto, el Tea Party ha suministrado abundante munición a los adversarios del GOP. En términos estrictamente contables, porque la crisis fiscal ha tenido un coste de 17.700 millones de euros (24.000 millones de dólares), equivalentes, según Standard and Poor’s, al 0,6% de la tasa de crecimiento calculada para el cuarto trimestre del 2013 (0,5%, según los cálculos de Moody’s). En términos políticos, las bolsas y el mercado de la deuda han secundado el enfoque demócrata del problema. En términos personales, porque figuras relevantes republicanas como John Boehner, presidente de la Cámara Representantes, y varios senadores de largo recorrido han visto erosionada su imagen a causa de la obstinación de los ultras, que han impuesto al Partido Republicano una estrategia de tierra quemada. Mientras tanto, Eric Cantor, estrella rutilante de los neo neocons en la Cámara de Representantes, y otros actores de la misma compañía han salido casi indemnes del lance gracias a su habilidad para prodigarse lo justo en público y limitarse a porfiar entre bambalinas.

Son minoría los que comparten hoy la reflexión de William Kristol, uno de los gurús del pensamiento neocon, en el semanario The Weekly Standard. Sostiene Kristol que, “incluso si se considera que el presidente ha obtenido esta semana una victoria a corto plazo”, sus efectos se desvanecerán rápidamente porque prevalecerán los del “lanzamiento catastrófico” del Obamacare, del Estado del bienestar, de la debilidad liberal en el extranjero, y “la gran arrogancia del Gobierno y el desprecio por el pueblo estadounidense”. Lo cierto es que en un país donde el 15% de la población –45 millones de personas– carece de seguro médico, es difícil imaginar una reacción generalizada contra la reforma sanitaria, salvo en medios que se han impuesto la misión histórica de acabar con Obama. Para la mayoría, el presidente ha impuesto su criterio y los demócratas han gestionado la crisis sin sufrir apenas rasguños. Aunque Boehner repita una y otra vez que quiso negociar hasta el final, “pero la respuesta siempre fue no, no, no”, la impresión que ha prendido es que los republicanos quisieron poner a la Administración a los pies de los caballos, aunque fuera a costa de provocar otra recesión.

Cartel de una de las campañas contra la reforma sanitaria. Arriba, recoge una frase de Barack Obama de septiembre del 2009: “No firmaré un plan que añada un solo céntimo a nuestro déficit, ahora o en el futuro”. Abajo, avanza el supuesto coste de la implantación del Obamacare, calculado en febrero del 2013: añadirá 6,2 billones de dólares a las estimaciones de déficit.

Si el principio de ejemplaridad forma parte del ethos democrático, y “escandalizarse demuestra la vigencia de la ejemplaridad”, de acuerdo con la formulación del filósofo Javier Gomá, entonces la reacción de la sociedad estadounidense se ha atenido a lo que cabía esperar, incluso admitiendo que el Tea Party no es un fenómeno pasajero o una anomalía política abrazada por una minoría. El paso de la “estupidez ideológica”,  citada alguna vez por Mario Vargas Llosa, a la banalización de la política, o al menos el intento de banalizarla en nombre de un individualismo sin fisuras, ha alarmado de tal manera a un segmento tan amplio y variado de la comunidad que el futuro del Partido Republicano pasa forzosamente por la revisión del reparto de papeles en su interior.

“La ley de la política, que es la ley del amigo-enemigo” –otra vez Gomá– se ha adueñado del debate, también en el campo demócrata, y conduce directamente a la fractura, a una configuración binaria de la realidad, con dos frentes irreconciliables que pretenden ocupar todos los espacios de poder para evitar el pacto, consustancial a la política en las sociedades complejas y los sistemas deliberativos. Y en este ambiente permanentemente crispado, como el de ahora mismo en Estados Unidos, surgen profetas de la desregulación, del Estado insignificante y del Gobierno maniatado, como Sheldon Adelson, zar del juego, los hermanos Charles y David Koch, magnates del petróleo, y otros activistas de la extrema derecha para quienes toda ley que limite sus negocios es excesiva, gastan millones de dólares en difundir la utopía reaccionaria y desprecian los instrumentos más elementales de redistribución de recursos.

Cuando Paul Ryan, destacado miembro republicano de la Cámara de Representantes, intenta delimitar los objetivos del partido –“poner la deuda bajo control, hacer una reducción inteligente del déficit y tomar medidas que pensamos harán crecer la economía y permitirán a la gente volver a trabajar”–, enumera objetivos tan sensatos como alejados de la praxis de las últimas semanas. De ahí la presunción ampliamente difundida de que lo que de verdad importaba era lograr que Obama doblara la rodilla. La sospecha es que la distancia entre las declaraciones solemnes y los movimientos sobre el terreno se debía –se debe– a la animadversión hacia el presidente por motivos no solo ideológicos, sino también por prejuicios raciales, eludidos siempre en intervenciones públicas, medios de comunicación y foros de toda índole, pero presentes aquí y allá en una atmósfera viciada por la herencia histórica de las tragedias asociadas al color de la piel. Dicho en pocas palabras: para el Tea Party, Obama constituye una presencia insoportable.

Echar la cuenta de cuál ha sido el coste de 16 días de incertidumbre nacional e internacional es algo que ocupará los análisis durante las próximas semanas. Pero cabe afirmar desde ahora mismo que la superpotencia ineludible no puede depender de los biorritmos ultraconservadores ni poner la economía mundial en jaque a causa de una legislación, la que regula el techo de gasto del Gobierno, que se remonta a 1917. Ni siquiera la posibilidad de que Obama se hubiese acogido a la sección cuarta de la 14ª enmienda de la Constitución –la validez de la deuda pública de Estados Unidos no se discute– habría zanjado la sensación de inseguridad colectiva. En primer lugar, porque es muy posible que, de haber escogido el presidente ese camino, el litigio habría acabado en el Tribunal Supremo; en segundo lugar, porque las medidas excepcionales son útiles para salvar una situación de riesgo, pero no suelen tranquilizar los espíritus. Lo que en verdad reclaman la UE, los inversores, las potencias emergentes, organizaciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial y, en general, todos los actores económicos de peso es que Estados Unidos deje de pasar la maroma cada pocos meses –verano del 2011, fin de año del 2012, ahora– porque, al hacerlo, perturba la salida de la crisis.

El momento para Obama no es el mejor para intentar que no se repita una secuencia de hechos como el de las últimas semanas. Sucede que el año próximo es electoral –se renuevan la Cámara de Representantes y un tercio del Senado– y, en el fragor de la campaña que se avecina, es difícil que alguien se atenga a la contención y renuncie a la sal gruesa, algo que conviene en toda negociación política. Pero sucede también que a partir de noviembre del 2014 el presidente será el pato cojo (lame duck), etiqueta aplicada al inquilino de la Casa Blanca durante los dos últimos años de su segundo mandato, cuando no puede aspirar a una nueva reelección. Sucede, en suma, que los republicanos, contra lo que aconseja la prudencia, pueden verse obligados a seguir los dictados del senador Ted Cruz, figura del Tea Party que aspira a disputar la presidencia en el 2016, pero antes debe demostrar que su intransigencia atrae votos y que el club del té puede fijar el rumbo de la nave con posibilidades de éxito. El plan de Cruz y los suyos tiene todas las trazas de ser un envite al todo o nada, algo que para Obama puede constituir un obstáculo insalvable para restablecer la confianza mediante la negociación de un programa presupuestario de una década de duración. Algo que es tan necesario para Estados Unidos como para el resto del mundo.

 

Túnez da ejemplo otra vez

El acuerdo alcanzado por los partidos representados en la Asamblea Nacional Constituyente de Túnez para desatascar la redacción y aprobación de una nueva Constitución contrasta con el galimatías libio, que culminó este jueves con la retención durante unas horas del primer ministro, Alí Zeidán, y aún más con el otoño Egipto, donde sigue sin conocerse el paradero de Mohamed Mursi, presidente depuesto por el Ejército el 3 de julio. No todo tiene el mismo tono regresivo en el norte de África, y otra vez, como sucedió a principios del 2011, son los tunecinos quienes dan muestras de sentido político al buscar una salida ordenada al problema planteado por una Cámara zarandeada por desacuerdos insolubles y unas fuerzas laicas emocionalmente sacudidas por los asesinatos de Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, dos de las voces más influyentes de la izquierda. Mientras tanto, nadie sabe hacia dónde se dirige la reforma libia, a expensas de los designios de grupos incontrolados que no hay forma de desarmar, y cada día es más evidente que en el horizonte egipcio se consolida la silueta de una dictadura militar encubierta.

Quizá sea cierto que la operación desencadenada por Estados Unidos para sacar de Libia a Abú Anás al Libi, presunto responsable de las matanzas en las embajadas estadounidenses de Nairobi y Dar Es Salaam, el 7 de agosto de 1998, haya echado más leña al fuego a la falta de vertebración del país surgido del final de la guerra civil. Es seguro que la política contemplativa de Occidente en el desarrollo de los acontecimientos en Egipto a partir del golpe de Estado ha favorecido a los generales, movilizados en defensa de los intereses de una casta que controla más del 30% de la economía del país. Pero no es menos cierto que frente a la debilidad del núcleo laico en ambos países, la disposición del sindicato Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) ha suplido las carencias de unas fuerzas políticas laicas inexpertas, enfrascadas con frecuencia en estériles debates bizantinos, y condicionadas por la disciplina de Ennahda (islamista moderado), que representa a la sumo a un cuarto de la población del país, aunque obtuvo más del 40% de los votos en las elecciones de octubre del 2011.

Habib Burguiba, padre de la independencia de Túnez, en Bizerta, en el norte del país, en 1952.

En definitiva, el equilibrio entre laicos e islamistas moderados, más allá de la aritmética electoral, se ha restablecido en Túnez, con el consiguiente apaciguamiento de las pasiones, al tiempo que en Libia no hay forma de desentrañar dónde se encuentran en verdad los resortes del poder legítimo o, peor aún, cunde la sospecha de que estos no existen, sometido todo el andamiaje político a las milicias armadas, la pugna tribal y la exigencia del este –región petrolífera– de disfrutar de mayores cuotas de poder. Y, en Egipto, los notables presididos por Amr Musa, encargados de redactar una nueva Constitución a la medida de los cuarteles, tienen cada día más la apariencia de máscaras cuyo destino es ocultar el torvo rostro de la dictadura militar que pilota el general Abdel Fatá al Sisi.

Como recordaba Jean Daniel, fundador del semanario progresista francés Le Nouvel Observateur, en un artículo publicado el 13 de febrero de este año, en momentos de gran incertidumbre, la herencia de Habib Burguiba, padre de la independencia tunecina, la crisis de “ese pequeño país desborda con mucho sus fronteras”. “De su resolución –añadía Daniel–, dependerá la posibilidad de mantener una verdadera democracia en tierra del islam”.  El mismo autor reconocía en aquel artículo que Burguiba fue con el paso del tiempo “un déspota cada vez menos ilustrado”, pero sus primeros años “fueron esenciales en dos apartados: sus decisiones relativas al estatuto de la mujer y la forma de practicar y respetar el islam”. La UGTT ganó influencia y prestigio en aquella atmósfera de compromiso aconfesional, y aún hoy agavilla voluntades enfrentadas gracias a la herencia recibida.

A la izquierda, Gamal Abdel Naser, presidente de Egipto, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en la conferencia de no alneados de Belgrado, en 1961.

“El aspecto más significativamente singular de lo sucedido en Túnez es la capacidad de todos los actores políticos importantes, incluido el partido Ennahda, que dirige un Gobierno de coalición, para dialogar, negociar y comprometerse cuando es necesario para mantener la transición hacia una democracia plural que alcance a todos los grupos para competir por el poder”, destaca el analista Rami Khouri. Esa es una cualidad del entramado tunecino que de momento carece de licencia de exportación y que, con toda probabilidad, deriva de la secularización de la cultura política deseada por Burguiba en los años que siguieron a la independencia (1956). Burguiba sucumbió a la tentación del culto a la personalidad y de un paternalismo acrítico, pero suministró antídotos civiles para neutralizar otras tentaciones: el cesarismo, el dogmatismo religioso, la postergación de la mujer y el comunitarismo.

Si se compara esa herencia con el relato emancipador de Gamal Abdel Naser, padre del Egipto moderno, surge enseguida la gran diferencia: Naser, al frente del mayor de los estados árabes, aspiró a dirigir el orbe árabe; Burguiba, líder de un pequeño país, no soñó nunca con encabezar grandes aventuras más allá de sus fronteras. La modesta ambición política de Burguiba tuvo un carácter estrictamente nacional; el proyecto panarabista de Naser, a menudo grandilocuente, requirió la construcción de un régimen basado en la supremacía del Ejército para hacer frente a Israel y redimir el agravio de 1948. Medio siglo más tarde, de la suerte del modelo tunecino, con todas las vicisitudes que se quiera, depende “la posibilidad de mantener una verdadera democracia en tierra del islam”, como se recoge más arriba, mientras que los uniformados de El Cairo aparecen como una sociedad cerrada cuyo primer objetivo es gestionar sus negocios y garantizar el poder de los centuriones.

A la izquierda, Muamar Gadafi, líder de Libia, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en 1983,

A la izquierda, Muamar Gadafi, líder de Libia, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en 1983.

Si la comparación es con el caos libio, entonces el contraste es aún mayor. El Estado de masas de Muamar Gadafi, la Yamahiriya, nunca fue mucho más que un nombre. En la práctica, solo fue útil para que prevalecieran las rivalidades tribales cuyo fragor confería al dictador un poder arbitral permanente del que dependía su supervivencia. A diferencia de Burguiba y Naser, que construyeron identidades políticas –nacionales– indiscutiblemente vigentes, Gadafi no tuvo el mayor interés en hacerlo, sino que fomentó la división. El caso es que hoy, después de una sangrienta guerra civil, un proceso constituyente instalado en la confusión y la exportación de petróleo –la capacidad extractiva de Libia es de 1,6 millones de barriles diarios– afectada por la pugna política, el país tiene la imperiosa necesidad de impulsar la socialización nacional para evitar que la adscripción tribal siga siendo la barrera infranqueable que se levanta entre los individuos y el Estado. Sin la construcción de una identidad colectiva que se extienda por encima de localismos y fidelidades personales, será muy difícil que pueda oponerse un poder homogéneo a las milicias surgidas durante la guerra, con presencia muy activa del islamismo radical.

Aún así, sigue en vigor el aserto más repetido desde que todo empezó entre los últimos días del 2010 y los primeros del 2011: nada será como antes. Acaso Egipto haya vuelto a la casilla de salida y acaso ese otoño de los generales se prolongue en un gobierno de los uniformados de duración imprevisible. Acaso Libia se haya salido del tablero y deba superar grandes dificultades y contratiempos antes de volver a él. Acaso, en fin, Túnez no consiga en mucho tiempo alcanzar la velocidad de crucero de la democratización y tenga que remontar cuestas interminables. Acaso todo eso suceda, pero la calle árabe perdió el miedo, según subrayan los sociólogos políticos, y lo que ahora acontece no es más que la confirmación empírica de que se quedaron cortos en sus cálculos cuantos diagnosticaron en los primeros días de las primaveras que haría falta una generación para que cuajaran.

El Tea Party desafía a Obama

La estrategia republicana de llevar a Estados Unidos al borde del precipicio con el fin de fulminar la reforma sanitaria promovida por Barack Obama ha decidido al ala dura del partido –encarnada en el Tea Party– a fijar una estrategia de tierra quemada, y al conservadurismo tradicional, a refugiarse en una retórica bajo sospecha. Para una parte significativa de los 232 diputados del Grand Old Party en la Cámara de Representantes puede más el temor a verse obligados a disputar el próximo año una elección primaria ante un aspirante de la extrema derecha, lo que los induce a aceptar con resignación la crisis en curso, que la sensatez de buscar una solución bipartidista que acabe con una situación a la vez demencial y extravagante. Porque el cierre (shutdown) del Gobierno federal por falta de fondos pone a la superpotencia a los pies de los caballos de sus acreedores, crea una inseguridad comprensible a escala mundial y persigue humillar al presidente, algo que probablemente está lejos de ser plato del gusto de la mayoría de la opinión pública.

Aunque The Washington Post haya opinado que el problema de Obama no son los republicanos, sino la Constitución, lo cierto es que cada vez cunde más la idea de que la Casa Blanca es prisionera de la mezcla de fundamentalismo religioso, individualismo exacerbado y dogmatismo político del Tea Party. Aunque los padres fundadores diseñaron un equilibrio de poderes pensado para limitar las atribuciones del Ejecutivo federal y preservar la iniciativa de los estados, las encuestas reflejan estas últimas semanas una corriente de opinión mayoritaria, cercana al 50%, que culpa del cierre a los ultraconservadores. Y aunque estos se han adueñado del Partido Republicano y tienen razonablemente asegurado que mantendrán el próximo año la mayoría en la Cámara de Representantes, según un detallado informe elaborado por la web Politico, es impensable que dobleguen la voluntad del presidente hasta el punto de que desista en la aplicación del Medicaid y cambie la percepción que los ciudadanos de las sociedades urbanas tienen de las causas de la crisis.

El monumento dedicado a la segunda guerra mundial, cerrado a causa del ‘shutdown’ del Gobierno federal.

Lo cierto es que detrás de la obstinación de los líderes republicanos se desarrolla una batalla no exenta de sordidez en la que se enfrentan el líder del partido en la Cámara de Representantes y presidente de la misma, John Boehner, y el segundo en el grupo parlamentario, Eric Cantor, rivales irreconciliables. Quizá Boehner transigiese en alguna fórmula para cerrar un pacto de caballeros con Obama, pero Cantor es un doctrinario que encarna las esencias del Tea Party y de un conservadurismo que sostiene que el mejor Gobierno es el que no existe o es tan sumamente débil y pequeño que no puede imponer su voluntad a nadie. A Cantor le siguen rigoristas religiosas como Michelle Bachmann, políticos de ascendencia hispana adscritos a la nueva fe como Ted Cruz y Marco Rubio, y también ideólogos del individuo libérrimo, herederos remotos de la cultura de frontera que profesan con intensidad variable personajes como Mike Lee, Rand Paul y Steve King, más Sarah Palin, la referencia ineludible de la política de mesa camilla, cuyo bagaje intelectual no va más allá de cuatro vaguedades que regalan los oídos de la América profunda, pero no resisten el análisis cuando se confrontan con las necesidades del país.

Así, por ejemplo, la oposición sin tregua a la reforma sanitaria en nombre de la libertad del individuo soslaya dos realidades complementarias:

  1. La asistencia sanitaria es mucho más cara en Estados Unidos, y a menudo menos eficaz, que en los países de la Unión Europea con una sanidad pública, obligatoria y universal de larga tradición.
  2. Hasta fecha reciente, por lo menos 40 millones de estadounidenses no tenían cobertura sanitaria por carecer de medios para costearse un seguro privado.

Eric Cantor (izquierda) y John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, rivales en el seno del Partido Republicano.

A lo dicho debe añadirse que a causa de la timidez de la reforma impugnada por los republicanos, dos tercios de los pobres de la comunidad negra, un porcentaje parecido de las madres sin pareja y más de la mitad de los trabajadores con ingresos bajos que nunca han tenido un seguro médico quedan fuera del Medicaid, según un estudio realizado por The New York Times. La mayoría de estas personas viven en estados donde gobiernan los republicanos y han llevado a la práctica su oposición a aplicar el Medicaid por las razones mencionadas antes. Es decir, el ultraliberalismo que anima a los ideólogos del Tea Party excluye el reparto de carga sociales, sea cual sea la fórmula que se aplique, en nombre, de nuevo, del derecho de los individuos a procurarse y administrar sus recursos.

De esta forma, mientras un periodista de la revista Forbes, a la que no cabe atribuir veleidades estatistas, advierte de que los grandes acreedores de Estados Unidos andan lejos de aprobar el comportamiento del Tea Party –sugiere que antes de desencadenar el cierre, debió pedir permiso a China–, Sarah Palin escribe en su cuenta de Facebook que el cierre de algunos monumentos, como el dedicado en Washington a los combatientes de la segunda guerra mundial, es “una protesta enojada para generar una mala publicidad”, un recurso de Obama para deformar la realidad, como si dijéramos. Lo cierto es que el Gobierno federal no dispone de dinero, y los acreedores a los que Forbes alude temen que si antes del 17 de octubre no hay acuerdo para elevar el techo de gasto, el presidente deberá decretar la suspensión de pagos.

En un ambiente menos enrarecido, acaso Boehner hubiese podido convencer a sus correligionarios para que aprobaran una continuing resolution (CR), un mecanismo provisional para atender a los gastos corrientes esenciales mientras se negocia una solución definitiva. Pero la CR no entra en los planes del Tea Party a pesar de que son muchos los que comparten la idea de Rich Lowry expresada en The National Review: los republicanos se oponen a poner un parche a la crisis porque carecen de planes para el día siguiente. La pieza que quieren cobrar se llama Barack Obama y el resto importa poco: la repercusión que el cierre federal puede tener en la superación de la crisis económica, el mercado de la deuda y las bolsas, que lo mismo que hasta la fecha resisten sin sobresaltos, pueden ser presa del pánico a poco que se degrade la situación. Steve King lo ha dejado del todo claro: el cierre no es cosa de un día o dos, sino que va para largo.

Franklin D. Roosevelt, presidente demócrata de Estados Unidos entre 1933 y 1945, hizo de su partido el de las minorías.

En la tradición aislacionista de los seguidores del Tea Party, las repercusiones internacionales poco importan. Pesa más la convicción de que nada es más eficaz que el libre mercado sin cortapisas, sin que la Administración ponga límites a los negocios. Todo obstáculo remotamente equiparable al Estado social, a un enfoque tibiamente socialdemócrata de la atención a los ciudadanos, les parece un peligroso acercamiento al modelo europeo, que consideran una intromisión intolerable en la autonomía de los ciudadanos. Voces relevantes del Tea Party han tachado a Obama de socialista, algo que no es en absoluto una novedad en el debate ideológico alentado por el conservadurismo más rancio. Antes bien, forma parte del manual de tópicos que maneja la extrema derecha como argumentos de convicción desde la presidencia de John F. Kennedy (1961-1963).

Como ha escrito Rick Pelstein en la publicación progresista The Nation, no queda a los demócratas otra posibilidad que pechar con el lugar común ampliamente difundido de que les mueve cierto extremismo, aunque su misión durante el último medio siglo se ha limitado a “hacer de Estados Unidos un lugar más justo, digno y sostenible”. A la apreciación de Pelstein debe añadirse que el Partido Demócrata no es ajeno a la propensión aislacionista y al recelo antiestatista, pero al convertirse en la formación de las minorías desde los días del New Deal de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), ha sumado a su perfil ideológico, acaso sin pretenderlo, cierto gusto por la heterodoxia. Y todo eso pesa en el ánimo de la oposición republicana que ha optado por no levantar el pie del acelerador a pesar de todos los riesgos inherentes a su desafío a Obama.

¿Por qué los peligros son mayores hoy que cuando los republicanos, guiados por Newt Gingrich, hicieron exactamente lo mismo durante la presidencia de Bill Clinton? Porque por aquel entonces no había ninguna gran crisis económica que amenazara con poner patas arriba todo el andamiaje; porque Clinton había obtenido buenos resultados en feudos republicanos y el partido no podía exponerse a llevar las cosas demasiado lejos y desgastar su imagen; porque la Casa Blanca manejaba un presupuesto con superávit que confería un gran margen de maniobra al presidente a pesar del cierre federal; porque los tenedores de deuda pública de Estados Unidos tenían una capacidad de presión menor que ahora, cuando financian con sus ahorros el déficit astronómico de la primera economía mundial. Lo ha dicho Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional: el cierre del Gobierno federal y el riesgo de que no se eleve el techo de gasto antes del día 17 amenazan la economía mundial. El temor a una nueva recesión internacional no es en absoluto gratuito.