Violencia, encubrimiento y populismo

La violencia, el encubrimiento y el populismo se adueñan de la política con suma facilidad. Envuelto todo en una extraña virtud denominada patriotismo, que forma parte de la ideología espontánea y del imaginario colectivo, aunque no se sabe muy bien si detrás de ella se esconde el espíritu limpio de quienes se sacrifican en nombre del interés colectivo o la silueta desdibujada de una herramienta multiusos que lo mismo vale para un roto que para un descosido. “Sería delito actuar con una política de ojos cerrados en nombre del patriotismo”, afirma Iñaki Gabilondo al analizar las explicaciones oficiales relativa a la tragedia de Ceuta. Pero de los relatos emitidos por el Gobierno, el director general de la Guardia Civil, testigos presenciales, la oposición y diferentes medios de comunicación es fácil deducir que los 15 cadáveres devueltos por el mar obligan a mucho más que a salir en defensa del honor patrio.

Así se llega a la situación muy poco honorable de que, puesto que entre la versión del primer responsable de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, media un mundo, es preciso recurrir a las imágenes sin editar –reténgase el matiz– para aclarar cuándo y en qué condiciones agentes de la Guardia Civil recibieron la orden de disparar pelotas de goma cuando unos inmigrantes braceaban frente a la playa de El Tarajal, a metros de la valla que separa el municipio de Ceuta de territorio marroquí. El adelanto de estas cintas que reclama todo el mundo permite deducir que los inmigrantes se hallaban en una situación límite, nadando en las frías aguas de febrero, y cualquier otra consideración, se remita a la ley o a razones de Estado, se antoja una obscenidad. Mucho más cuando un cargo electo como Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla, se permite ironías del peor gusto para justificar lo injustificable.

Si el PP no tuviera mayoría absoluta, es muy posible que por lo menos el director general de la Guardia Civil hubiese dimitido hace días. Como disfruta de mayoría, las imágenes hablarán y luego… seguramente cada partido se reafirmará en sus puntos de vista, desmintiendo el viejo dicho de que una imagen vale más que mil palabras. Aunque fiarlo todo a las imágenes, a las grabaciones sin editar, entraña riesgos ciertos como es muy sabido desde que Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, hubo de entregar sus famosas cintas después de intentar una larga cambiada –zanjar el asunto con una transcripción resumida de las mismas– en respuesta a los requerimientos de quienes investigaron el caso Watergate. En realidad, las explicaciones dadas por Fernández de Mesa y el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, suenan a transcripción resumida; las de Fernández Díaz parecen una aproximación más precisa a la verdad, pero las grabaciones sin editar cabe presumir que son más de fiar.

¿Por qué tienen un valor superior? Porque en la ceremonia de la confusión oficiada por el Gobierno se ha pretendido defender el honor de la Guardia Civil, cuando lo que en verdad se ha perseguido es encubrir la responsabilidad política de quienes impartieron las órdenes. En un gesto típico de muchos gobiernos, el equipo de Mariano Rajoy ha desviado la sustancia de las críticas: van dirigidas a él, pero las presenta como una impugnación de la Guardia Civil. Por cierto, sin que Rajoy haya ocupado ni medio minuto en dar las explicaciones que se supone debe cuando 15 seres humanos han perdido la vida en circunstancias más que opacas. De forma que todo queda pendiente de lo que digan las imágenes correspondientes al 6 de febrero en la playa de El Tarajal.

También forma parte de la ceremonia de la confusión desacreditar los comentarios de la comisaria de Asuntos de Interior de la UE, la sueca Cecilia Malmström, so pretexto de que Bruselas no hace todo lo que debiera para controlar la frontera sur de Europa. Lo que no dicen cuantos arremeten contra Malmström es que la despreocupación de la UE tiene más que ver con la interferencia de los gobiernos –no los de España e Italia, claro, que son los directamente afectados por los problemas de la emigración– que con la falta de compromiso de la Comisión de la que la comisaria forma parte. No hay duda de que el coste material y político de la frontera sur de la UE debe ser un asunto que deben abordar y financiar los estados miembros a través del presupuesto comunitario, y no lo hacen o lo hacen solo de forma insuficiente, pero de eso a utilizar este argumento para encubrir el esclarecimiento de responsabilidades en El Tarajal media también un mundo. Dicho de otra forma: es obligación de la UE pedir explicaciones, aunque esto incomode al Gobierno.

El comportamiento de los agentes en la playa ceutí puede resumirse como un recurso a la violencia inapropiado e innecesario. “La actuación de la Guardia Civil es imposible de defender”, escribe en su blog el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, pero esa imposibilidad manifiesta es el resultado de órdenes concretas dadas por personas concretas. Ahí no tienen cabida ni el patriotismo ni los excesos verbales de alguien como el senador socialista Marcelino Iglesias, que se refirió a “personas que murieron tiroteadas en el mar”. La explotación política de los dramas humanos es siempre repulsiva, excede las obligaciones de cualquier oposición de controlar al Gobierno y, lo que es peor, debilita a quienes trabajan para que se esclarezca lo sucedido sin dar tres cuartos al pregonero antes de disponer de todos los datos.

Los datos precisos para realizar un diagnóstico definitivo incluye analizar la gestión que Marruecos hace de los flujos migratorios. En septiembre del año pasado, el rey Mohamed VI encargó al Gobierno de Abdelilá Benkirán la elaboración de un programa político global para hacer frente a la inmigración procedente de los países subsaharianos, que se ha cuadruplicado, según palacio. En teoría, la Administración marroquí colabora en el control de fronteras, pero la concentración de ciudadanos de diferentes países en el monte Gurugú, la reiteración de los asaltos a la valla de Melilla y la tensión en la periferia de Ceuta obligan a formular esta pregunta: ¿el compromiso marroquí es sin reservas o el grifo migratorio se abre y se cierra según conviene a cada momento y situación? E incluso resulta obligado dudar de la eficacia marroquí en el control y represión de las mafias que trafican con seres humanos que no tienen nada que perder y cuyo único objetivo es llegar a Europa.

Despejar estas incógnitas atañe tanto a la política exterior española como a la comunitaria, pero, es preciso repetirlo, las carencias o la despreocupación de la UE no pueden encubrir cuanto de inapropiado se ha hecho. Insistir en ello es algo más que un mayúsculo error político. Un enfoque simplemente decoroso del drama de El Tarajal debería llevar al Gobierno a dilucidar responsabilidades antes de que los vídeos aclaren lo sucedido, si es que lo hacen. Sin envolverse en la bandera mediante una verborrea que, por repetida hasta la saciedad durante los últimos días, resulta aún más sospechosa por su semejanza con un descarnado discurso populista.

La Corona, en la rampa del juzgado

Todas las monarquías tuvieron, tienen y tendrán en el futuro sus annus horribilis, según expresión rescatada del olvido por Isabel II, soberana del Reino Unido. Es el signo de los tiempos y de una modalidad de Estado que ha dejado de serlo por designio divino y que, se mire por donde se mire, tiene todas las trazas de constituir un anacronismo histórico, aunque en varios países goza de una envidiable buena salud. Es el signo de los tiempos porque los días de las testas coronadas que vivían a años luz de sus súbditos se extinguieron con todas las revoluciones –la industrial, la tecnológica, la social, la de los medios de comunicación, la de la aldea global y otras muchas– que han cambiado a Occidente y han rasgado la cortina detrás de la cual se ocultaban las flaquezas de las familias reales, así fueran de alcoba, de dineros o de cualquier otra naturaleza, siempre imposible de confesar. Repásese la muy restringida lista de familias entronizadas y se dará en ella con triángulos imposibles difundidos con desenfado por el papel cuché –Diana-Carlos-Camila, por ejemplo–, comisionistas con el título de príncipe –Bernardo de Holanda–, reyes sin asomo de respeto hacia el prójimo –Leopoldo I de Bélgica–, y así hasta nuestros días.

José Ortega y Gasset, autor del artículo ‘El error Berenguer’, publicado el 15 de noviembre de 1930 en el diario ‘El Sol’ de Madrid, que contiene la frase “delenda est monarchia”.

Desde el “delenda est monarchia” de José Ortega y Gasset en el diario El Sol (15 de noviembre de 1930) al paso de la infanta Cristina por un juzgado de Palma de Mallorca (8 de febrero del 2014) han transcurrido casi 84 años en los que la Monarquía española ha pasado del tormento del exilio de Alfonso XIII y su descendencia al éxtasis de la restauración, del juancarlismo desbordado que siguió al 23-F al martirio del caso Urdangarin-Nóos, según diagnóstico emitido por Rafael Spottorno, jefe de la Casa Real. Eso también forma parte del signo de los tiempos. Como ha explicado en EL PERIÓDICO el catedrático Javier Perez Royo, “en el Estado, la familia carece de relevancia constitucional” salvo que se trate de la familia real, porque en su seno funciona el mecanismo sucesorio que inviste a uno de sus miembros con la jefatura del Estado. No por derecho divino, claro está, sino de acuerdo con la decisión adoptada en su día por quienes redactaron la Constitución, aprobada por las Cortes y directamente por el pueblo español mediante referendo posterior.

Quiere decirse que la familia real posee un carácter singular que sí tiene relevancia constitucional, y la legitimación del papel desempeñado por esta familia depende directamente de su comportamiento público y privado. Y ahí se entra en el meollo del asunto: la legitimación está íntimamente relacionada con la probidad con la que el Rey y su familiares directos desempeñan las funciones que tienen asignadas; tiene que ver con la neutralidad política, con el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y con la discreción de sus apariciones públicas y en los quehaceres privados de los que se tiene noticia. En una comunidad angustiada por los efectos de la crisis económica, la opinión pública acoge peor los manejos económicos a oscuras que la profusión de pamelas en una fiesta o las sesiones de bronceado en la cubierta de un yate. Esto último deriva de una cierta tradición mundana que la sociedad –al menos, una parte de ella– es capaz de metabolizar; los líos con Hacienda llegan directamente al alma y los bolsillos de contribuyentes exhaustos.

Alfonso XIII, segunda figura a la izquierda, detrás del coche, parte al exilio desde Cartagena.

Así están las cosas, y mientras tanto las encuestas presentan la institución en caída libre y sin que haya forma humana de desvanecer las dudas sobre qué curso seguirán los acontecimientos en el futuro si el caso Urdangarin-Nóos no lleva a la infanta Cristina a renunciar a sus derechos como integrante de la familia real para defenderse como cualquier otro ciudadano, de acuerdo con el argumento jurídico expuesto por Pérez Royo en el artículo citado antes. “La Monarquía se somete a un plebiscito popular diario de aprobación”, afirma el constitucionalista Fernando Rey, y la situación de la infanta interfiere en el mecanismo de aprobación, por no decir que lo hace imposible. La imputación de Cristina de Borbón lastra el cometido simbólico de un Rey físicamente debilitado y que tiene que superar, además, las nefastas consecuencias de sus propios errores.

Esa rampa que desciende desde la calle a la puerta del juzgado donde José Castro cita a los imputados para interrogarlos es una metáfora del momento; ese perfil de caída se asemeja mucho al que dibujan los sondeos. Ha dejado de tener vigencia el mecanismo de protección a toda costa que rodeó a la Casa Real durante por lo menos treinta años, con el Rey y su entorno librados de críticas mayores. Y la rueda de la historia ha girado de esta forma porque la maduración democrática de los hábitos sociales y la dimensión de los problemas han hecho imposible que se mantuviese el pacto de caballeros –¿de silencio?– que todo lo cubría bajo un manto de campechanía no siempre bien entendida. En los regímenes de opinión pública, los tratos de privilegio tienen siempre fecha de caducidad.

El príncipe Bernardo de Holanda, esposo de la reina Juliana, se vio envuelto en varios escándalos, entre otros del cobro en 1974 de una comisión de 1,1 millones de dólares de la compañía aeronáutica Lockheed.

¿Puede una institución meramente simbólica, según fija la Constitución, cumplir con sus funciones en esta situación? La pregunta entronca con la afirmación contenida en el artículo publicado por Fernando Rey en El País el 26 de abril del año pasado: “Ahora bien, esta impronta simbólica de la Monarquía la hace, al mismo tiempo, extraordinariamente vulnerable. El secreto de su éxito es su potencial punto débil. La Monarquía se alimenta de la confianza ciudadana de un modo más acuciante que el resto de instituciones porque los titulares de estas pueden ser cesados, sancionados o no reelegidos, pero el Rey no”. El juancarlismo era, en cierta medida, la concreción social de la confianza ciudadana, pero aquel mecanismo de apoyo o complicidad con la persona ha decaído y, para sustituirlo, no ha surgido ningún otro ismo coronado o en condiciones de poder serlo, sino más bien el cansancio colectivo enmarcado por la desconfianza hacia las instituciones y la política, los casos de corrupción sin desenlace y el desgaste del entramado surgido de la transición. Tan urgente resulta revisar la Constitución de 1978 para poner al día el modelo territorial, por más que el PP diga lo contrario, como actualizar el funcionamiento de la Corona si la meta es conseguir para ella una larga, venturosa y confortable vida. Dejar las cosas tal cual están sería tanto como olvidar la proclama que William Shakespeare puso en boca del rey Lear: “Armado está el arco y tendida la cuerda; evitad la flecha”.

 

 

 

Putin exhibe músculo en Sochi

Los XXII Juegos Olímpicos de Invierno se han puesto en marcha en Sochi con la imagen omnipresente de Vladimir Putin, presidente de Rusia, y el doble propósito de consolidar a la gran nación en las autopistas de la economía global y de restaurar el orgullo deportivo colectivo que el hundimiento de la Unión Soviética hizo zozobrar. Los Juegos de Sochi son los de Putin, los de una operación urbanística y logística de alcance internacional y los de un despliegue de seguridad tan apabullante como intimidador. Como ha escrito Brian Cazeneuve en Sports Illustrated, “Sochi parece una fortaleza gigante”, aunque la organización insiste –¡qué remedio!– en que estos Juegos figurarán entre los que han contado “con una seguridad más amigable”, en palabras de su presidente, Dmitri Chernishenko.

Vista aérea del Bolshoi Dome.

Después de los atentados de Volgogrado de los días 29 y 30 de diciembre, perpetrados por fundamentalistas islámicos contra una estación de tren y un trolebús, que dejaron decenas de muertos, el Gobierno ruso decidió ampliar el sistema de seguridad sin dañar la imagen internacional de Putin. Este ha logrado transmitir a la opinión pública de su país, mediante un control manifiesto de los medios de comunicación y éxitos personales recientes –Ucrania, las negociaciones de la crisis siria y la rehabilitación de Irán–, que está en condiciones de ponerse a la altura de Estados Unidos, China y la Unión Europea como actor internacional con una influencia decisiva. Este mecanismo de engorde del orgullo nacional enmascara los desequilibrios de un crecimiento económico que ha dado pie a una trama de corrupción cada vez más tupida, ha mediatizado el pluralismo político de forma escandalosa y ha justificado con frecuencia la definición aplicada a Rusia de “virtual Estado mafioso”, expresión incluida en un despacho diplomático por John Beyrle, embajador de Estados Unidos en Moscú (2008-2012), que fue filtrado por Wikileaks en el 2010.

Lo que no ha logrado el culto a la personalidad de Putin es desvanecer las dudas sobre la rentabilidad de unos Juegos que se desarrollarán en buena parte en las pistas de Krasnaya Poliana, las preferidas por el presidente y hasta donde se desplaza a menudo en helicóptero desde una de sus residencias campestres. Ni los expeditivos métodos seguidos para expropiar terrenos donde construir las instalaciones ni el calendario de trabajos varias veces revisado han permitido que todo estuviese terminado el día D. Algunos periodistas y miembros de la familia olímpica no podrán alojarse en los hoteles que contrataron o que previamente les asignaron, el rodaje de algunas instalaciones ha sido poco más que simbólico y, sobre todo, se acumulan las dudas en cuanto a la utilización futura del complejo invernal. Que el Comité Olímpico Internacional multiplique los comentarios positivos es tan encomiable como lógico, pero es del todo insuficiente para contrarrestar la opinión muy extendida de que el gigantismo y la exhibición de músculo supera en Sochi cualquier precedente en unos Juegos de Invierno: 50.000 millones de dólares gastados para dejar al mundo sin habla.

Vladimir Putin, el mes pasado en Sochi con voluntarios olímpicos.

La desinhibición del orgullo nacional promovida por los Juegos –los de Sochi y cualesquiera otros– convive con la gran duda relativa a la oportunidad del coste de la operación en un país con bolsas de pobreza lacerantes, el riesgo permanente de fractura social, las minorías olvidadas de la periferia y la opacidad de un poder político-económico bajo sospecha permanente. Los Juegos Olímpicos se han celebrado en situaciones políticas de todas clases, frente a líderes del más variado pelaje –piénsese en Adolf Hitler (1936), en Leonid Breznev (1980) o en la China que acogió los Juegos del 2008–, sin que el acontecimiento perdiese brillo. Pero las exigencias democráticas son cada día mayores y la opinión pública no es tan acomodaticia como lo fue en otros tiempos. Dicho de otra forma: la imagen que de Putin tienen probablemente la mayoría de sus conciudadanos está lejos de ser lo tranquilizadora y positiva que conviene a una cita en la que se asocian deporte, juventud, espectáculo, política y economía. Antes al contrario, la foto fija de Sochi se antoja una metáfora de la autocracia rusa.

Estos son los días de Putin y su forma de entender la política. Al mismo tiempo, los Juegos son un gran negocio universal en cuyo seno cuentan tanto los balances contables como los egos nacionales reforzados por las victorias de los deportistas. Y esta regla de oro se cumple a rajatabla en todos los deportes de masas, sin que importen mucho otras consideraciones. La diferencia es que Putin ha planteado los Juegos de Sochi como un mecanismo sustitutivo de su legitimidad política, puesta en duda por los manejos constitucionales que le han permitido regresar a la presidencia, por la represión y encarcelamiento de sus adversarios, por el caso Pussy Riot, por las campañas contra los homosexuales, por el oportunismo de la amnistía de hace unas semanas y por un chauvinismo practicado a todas horas, como explica la profesora Nina L. Khrushcheva, del World Policy Institute.

El escritor ruso Boris Pasternak (1890-1960), mundialmente conocido por su novela ‘Doctor Zhivago’.

En este proceso de legitimación, Putin mira más hacia afuera que hacia dentro, porque en casa, en especial entre la población rusófona del Cáucaso, el presidente quedó políticamente justificado para siempre cuando encaró con determinación y mano dura la situación en Chechenia y Dagestán, primero, y en Osetia del Sur y Abjasia, después (estos dos territorios se declararon estados independientes –puede decirse estados títere– en agosto del 2008 al final de la corta guerra que enfrentó a Georgia con Rusia, cuando el presidente nominal era Dmitri Medvédev). El recuerdo inquietante de la presidencia de Boris Yeltsin, con el Estado al borde del colapso, sigue vivo en la memoria colectiva rusa, especialmente en aquellas regiones donde, a las penurias materiales, se sumó la sensación cotidiana de que su mundo se hundía de forma irremediable, sometido a la presión secesionista y a la yihad de quienes persiguen la entelequia de la instauración de un califato en el Cáucaso. Para muchos rusos, la angustia de aquellos tiempos llenó de significado una frase del gran escritor Boris Pasternak: “Pero todos sufrieron de un modo indescriptible, sufrieron hasta ese grado en que la angustia se transforma en enfermedad mental”. De tal manera que hoy apenas cuenta el resto de materiales que componen el relato cotidiano de la vida en Rusia, tan alejado del compromiso con la democracia y tan cercano a la adhesión incondicional al jefe.

Putin marca los tiempos en Ucrania

Ucrania tiene dos almas y una de ellas habla ruso. He ahí la razón primera, que no la única, de la fractura social y la crisis política que soporta el país desde hace meses. A partir de ahí, la Ucrania surgida en 1991 de la descomposición de la URSS se debate en un mar de confusiones, dudas y medias verdades en el que se entrecruzan el choque de identidades, diversas formas de nacionalismo, a veces xenófobo, el oportunismo de políticos cuya notoriedad obedece a una situación desquiciada, europeístas convencidos y el temor de las comunidades ucraniana y rusa de quedar al margen de la historia si no logran imponer su punto de vista. El paisaje forma parte del álbum familiar de los pueblos situados en la periferia de Rusia, de la tensión multisecular entre la herencia asiática y la impronta europea, de la opinión muy extendida en el nacionalismo ruso de que el territorio ruso no puede tener otro límite admisible que el del área rusohablante.

Para completar la complejidad del problema no puede soslayarse la realidad histórica de que el origen común de Rusia y Ucrania a partir del rus de Kiev –siglos IX y X–, una referencia que incorpora a veces relatos improbables, pero invocados con frecuencia por la comunidad rusófona para argumentar que la asociación con Rusia debe tener preferencia por encima de cualquier otra. Algunos analistas comparan la relación emotiva del nacionalismo ruso con Ucrania con el del nacionalismo serbio con Kosovo, pues fue en Kosovo Polje, cerca de la Pristina moderna, donde fue derrotado el último zar serbio en 1389 por el sultán otomano Murad I, episodio capital en la construcción del imaginario colectivo de la identidad nacional serbia. Y, como sucedió en Kosovo con Serbia, resulta poco menos que sacrílego para el nacionalismo ruso –el papel político desempeñado por la Iglesia ortodoxa rusa no es menor– imaginar una Ucrania alejada de los intereses rusos y mediatizada por Occidente.

Claro que los ingredientes emotivos del caso no son los únicos, aunque pesan mucho. Además de la creencia muy extendida en la comunidad académica de que “Rusia sin Ucrania es un país, pero Rusia con Ucrania es un imperio”, el presidente Vladimir Putin tiene razones políticas y económicas de peso para oponerse a una vinculación comercial preferente de Ucrania con la UE. La primera es garantizar que el gas ruso fluirá sin problemas por la red de gaseoductos ucraniana hasta que estén en pleno funcionamiento canales de distribución alternativos. La segunda es la necesidad de mantener una posición preferente en un mercado de más de 40 millones de consumidores que las empresas exportadoras rusas entienden que forma parte de su patio trasero. La tercera razón, tan importante como las dos anteriores, es la existencia en el puerto de Sebastopol de la base en régimen de arrendamiento de la flota rusa en el mar Negro.

Cuatro mapas elaborados por ‘The Washington Post’ en los que queda reflejada la delimitación de las áreas de cultura ucraniana (oeste) y rusa (este). Arriba, a la izquierda, el reparto del país entre ambas comunidades; arriba, a la derecha, la división étnico-lingüística; abajo a la izquierda, el resultado de la elección presidencial del 2004, y a la derecha, el del 2010.

Aun así, algunos analistas rusos dudan de que Putin haya optado por la mejor de todas las alternativas posibles para defender los intereses rusos. “De hecho, el acuerdo de asociación UE-Ucrania podría beneficiar a la vez a Ucrania y Rusia, especialmente en mayores intercambios comerciales, sociales y culturales”, han escrito dos analistas rusos en The Moscow Times. Oleh Havrylyshyn y Svitlana Kobzar recuerdan que a partir del ingreso de Polonia en la UE las cifras de negocio no solo no cayeron, sino que “crecieron desde los 4.000 millones de dólares en el 2004 a más de 10.000 millones”. Y, en el mismo periódico, otro análisis de la situación publicado con anterioridad se tituló significativamente La estupidez ilimitada de Yanukóvich, en alusión a las salidas a la crisis cegadas por el presidente ucraniano para proteger a su hijo mayor y al círculo de amigos que le acompaña, “todos asquerosamente ricos”, a quienes se identifica como los verdaderos gobernantes del país.

La torpeza de Viktor Yanukóvich para enderezar la situación da la razón a cuantos ven en él a alguien incapaz de comprender las consecuencias de sus acciones a largo plazo. Las etapas quemadas por el presidente ucraniano desde que rechazó la asociación con la UE, el 21 de noviembre del año pasado, han transmitido la imagen de alguien obligado a improvisar, forzado por las circunstancias, enfrentado a una oposición cada vez más envalentonada, aunque también más desdibujada a causa del aterrizaje en la vía pública de los portavoces de un nacionalismo radical y excluyente, bastante alejado del ideario europeísta y que, contra lo que pudiera pensarse, apenas han hecho referencia al encarcelamiento de la exprimera ministra Yulia Timoshenko, condenada en un oscuro proceso sin garantías. De forma que los rostros de quienes dirigen a la oposición en la calle destacan más por la determinación en la acción directa y el acoso al Gobierno hasta lograr su dimisión que por la defensa de un programa viable que evite sumir al país en el caos.

Esa doble realidad –un presidente debilitado y una oposición sin proyecto– agudiza en la sociedad los efectos de la división. El diario liberal The Washington Post ha comprobado sobre el terreno la profundidad de la fractura entre las comunidades ucraniana y rusa. La división es categórica: al oeste habita la población que se siente más apegada a la herencia ucraniana; al este, la que se siente parte integrante del universo ruso. “La viabilidad del futuro ucraniano supera la idiosincrasia de los gobernantes porque deben conjugar dos enfoques totalmente diferentes e irreconciliables”, según un bloguero ruso cuyo diagnóstico es fácil compartir.

Aunque, a decir verdad, no hay una incompatibilidad insalvable entre el proyecto original de Yanukóvich de acercarse a la UE y la pretensión rusa de mantener a Ucrania en su órbita.Pero las apariencias engañan si, como piensa el profesor Zbigniew Brzezinski, que fue consejero de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, existe algún tipo de acuerdo secreto ruso-ucraniano. En este caso, el margen de maniobra de Yanukóvich sería muy pequeño y estaría obligado a atenerse a los dictados del Kremlin con la disciplinada obediencia de los últimos meses. Según Brzezinski, Rusia necesita a Ucrania y, por añadidura, quiere desterrar del pensamiento europeo la hipótesis de un futuro con una extensión por el este de los límites de la UE y de la OTAN.

George F. Kennan (1904-2005), diplomático estadounidense.

Que el 40% de la población ucraniana quiera acercarse a Europa es un dato a tener en cuenta, pero dista de ser un argumento concluyente en el proyecto ruso a medio plazo de recuperar la influencia perdida, condicionar la orientación política de algunos de los estados que un día fueron repúblicas de la Unión Soviética y contrarrestar el despliegue en Europa del escudo antimisiles. La sensación rusa de vivir cercada por adversarios reales o potenciales forma parte de la tradición histórica de la gran nación, esforzada siempre en la empresa de garantizarse salidas al mar y delimitar su área de influencia política, económica y cultural. Putin bebe en las fuentes de esta tradición, subrayada por un estilo autoritario, a menudo despótico, que entronca con otra tradición, la del zar bueno, duro, justo y magnánimo, cuya consagración internacional en nuestros días depende de episodios tan distintos como la liberación del explutócrata Mijail Jodorkovski, el dispendio asociado a la celebración de los juegos olímpicos de Sochi o las exhibiciones de músculo y valentía en prácticas deportivas de riesgo.

Pero no solo la tradición alimenta y explica la sintonía entre Putin y la mayoría social rusa. También cuenta la poca habilidad exhiba por la UE para presentar el acuerdo con Ucrania como un paso más en el acercamiento de las fronteras económicas comunitarias a las occidentales de Rusia. La visita de Putin a Bruselas para entrevistarse con Herman Van Rompuy y José Manuel Durao Barroso tenía que ser forzosamente un compendio de frialdades porque el presidente ruso considera que es él quien debe marcar los tiempos en la crisis ucraniana; la mediación de Catherine Ashton en Kiev entre Gobierno y oposición no tiene mejor pronóstico. Quizá no se haya extinguido por completo en el pensamiento ruso –tampoco en el occidental– la cultura de la guerra fría, y Ucrania solo pueda ser cosa de Rusia después del periodo de desbarajuste que siguió a la quiebra de la URSS; quizá aún sea útil el realismo practicado por el diplomático estadounidense George F. Kennan, autor de frases tan rotundas como la siguiente: “La mejor cosa que podemos hacer si queremos que los rusos nos dejen ser americanos es dejar a los rusos ser rusos”.

Todo el mundo sabía cuáles eran sus límites en el mundo de la guerra fría, hasta dónde podía inmiscuirse en los asuntos de su adversario y cuándo debía levantar el pie del acelerador. Aquel era un mundo cargado de sobreentendidos y ajustado a unos rituales estrictos, pero la estabilidad de las relaciones entre las grandes potencias fue en aumento a partir de la crisis de los misiles de Cuba (octubre de 1962), incluso en épocas difíciles; aquel era un mundo dotado de vías de escape cuando las relaciones entre las superpotencias empeoraban; aquel era, al mismo tiempo, un mundo que consagró la injusticia y sacrificó grandes áreas geoestratégicas en aras de la estabilidad y de la seguridad. ¿Saben hoy cuáles son sus límites los implicados en la gestión de la aldea político-económica global?  No hay formar de contrarrestar la sensación de que, demasiado a menudo, manca finezza.