Mucho más allá de la mordida

Al cumplirse un mes del secuestro de 43 estudiantes de magisterio en la ciudad de Iguala, estado mexicano de Guerreo, la exigencia de los ciudadanos de que los jóvenes vuelvan a casa sanos y salvos se mezcla con el temor más que fundado de que los narcos hayan perpetrado una matanza, desafiado a los poderes públicos y demostrado que, más allá de la retórica oficial, los grandes partidos prefieren seguir en el lodazal a pedir responsabilidades. La desaparición de los jóvenes es, más que un síntoma, la confirmación –por si hacía falta– de los males que aquejan a México, sometido a la lógica envenenada de la connivencia entre una parte muy grande de los instrumentos de seguridad de que dispone el Estado y la delincuencia organizada, especialmente los cárteles de la droga, señores de un submundo cada día más impune que actúa a plena luz. Como dice el intelectual mexicano León Krauze, “sin decencia no hay futuro”, y ese es el mayor de los riesgos que enfrenta México: que la gangrena venza en la práctica al Estado, incapaz de cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y el libre albedrío de los ciudadanos.

Cuenta Krauze en un artículo publicado en la revista Letras Libres que dejó de una pieza a los periodistas de la radio pública de Estados Unidos a quienes contó un día el caso de la muerte en el 2009 de 50 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, estado de Sonora, a causa de una incendio que se originó en un edificio de propiedad pública: aunque inicialmente se imputó a 19 funcionarios, ninguno de ellos fue procesado, el gobernador Eduardo Bours, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), jamás pensó en dimitir y, lo que es aún peor, presumió de dormir “como un bebé” a pesar de la tragedia. Que en Sonora nadie dimitiese ni acabase juzgado, procuró muchas pistas acerca de la corrosión de la decencia; que en la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez las sospechas sean más que las certidumbres, también contiene muchos indicios de qué está sucediendo; que la podredumbre de Tijuana se ataje los lunes para reaparecer los martes, es del todo elocuente; que el dinero que maneja el narcotráfico sea la primera empresa del país, según aventuran algunos estudios, es por demás significativo. Pero la mayor de todas las elocuencias, aquella que ha dejado desnudas a las instituciones, es la implicación directa en la gestión local del narco, en la movilización de sicarios y en la desaparición de los estudiantes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos huidos.

Manifestación en Iguala, estado de Guerrero, el jueves para pedir la liberación de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre.

El escritor Héctor Aguilar Camín ve en la trama dirigida desde la alcaldía de Iguala un salto cualitativo, que se agrava con la parálisis del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el que se presentó Abarca, incapaz de descalificar al funcionario y, por lo menos, pedir disculpas y mostrarse consternado. “Habría que preguntarse cuántos hay así en México”, añade Aguilar Camín; cuántos presuntos servidores públicos van más allá de la vieja mordida y se enfangan en los pantanos de la delincuencia a gran escala.

La dimisión el jueves de Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, “para favorecer el clima político” apenas cauteriza la herida sangrante provocada por las pruebas que hacen de las autoridades figuras venales que condenan al desamparo a los más vulnerables, a cuantos se manifiestan contra la degradación de la vida pública y, en suma, a todos aquellos que no forman parte de la urdimbre del narcotráfico. La dimisión del gobernador no es más que un detalle menor, en cualquier caso insuficiente para serenar los ánimos de una opinión pública que cuenta por sorpresas angustiosas cada uno de los pasos dados desde que se perdió la pista de los 43 jóvenes; desde que se descubrieron en una fosa común más de una veintena de cuerpos cuya identidad no se ha podido determinar. Esos cuerpos a los que nadie puede poner rostro resultan tan intranquilizadores como la imposibilidad de dar con un solo indicio que lleve hasta los estudiantes desaparecidos.

Todo conspira para que el desprestigio de las instituciones lleve al país hacia el estallido social que vislumbra el escritor Juan Villoro de no atajarse la epidemia. Incluso el presidente Enrique Peña Nieto, que hasta la fecha mantenía cotas de popularidad y eficacia aceptables, puede ver cómo se apaga su buena estrella. Ni siquiera la detención de Sidronio Casarrubias, jefe del cártel Guerreros Unidos, suaviza el hartazgo de una sociedad sometida al chantaje de los delincuentes en comunidades donde los jóvenes son tratados con demasiada frecuencia como sospechosos habituales. Es preciso, subraya Villoro, que los jóvenes dejen de ser vistos como “un enemigo posible” para que arraigue la idea, cabe añadir, de que son tan víctimas de la situación como sus convecinos.

No hay muchos signos alentadores, empezando por las señales que se emiten desde la presidencia del país, cuyo argumento más reciente es considerar la corrupción “un asunto cultural”. Por este camino, los gobernantes pueden alentar la idea de que se trata de una característica intrínseca a la identidad nacional mexicana y que, salvo casos de flagrante inseguridad colectiva, hay que convivir con el fenómeno, sobrellevarlo, soportarlo a pesar de todo. Quizá cuando el escritor Carlos Fuentes, poco antes de morir, descalificó a Peña Nieto por ser un político poco capacitado para abrir caminos con dirección al futuro, intuyó que podía dejarse vencer por el tópico y las explicaciones fáciles cuando hubiera de afrontar los grandes problemas del Estado. Pudiera ser. Pero en el fondo de la explicación cultural de la corrupción dada por Peña Nieto subyace un gesto de impotencia preocupante, de debilidad incurable para combatir un mal que ha invadido todos los órganos y es posible dar con él hasta en el más diminuto intersticio.

Portada del libro ‘México: 45 voces contra la barbarie’, de Lolita Bosch.

“¿Cuál es nuestro futuro en un país donde el Estado mata a sus estudiantes?”, se pregunta la escritora Elena Poniatowska. El punto de interrogación es meramente retórico porque la respuesta es obvia: renuncia al futuro y se adentra por un sendero que conduce directamente a la deslegitimación de los poderes del Estado. Las voces que se alzan para reclamar una refundación de México, del poder político, que preserve los valores republicanos y los rasgos distintivos del complejo mosaico cultural del país, ven en el inmediato porvenir el riesgo cierto de que, salvo que se recurra a tratamientos de choque, se enquiste para siempre en el perfil político del Estado una dualidad de hecho: de una parte, la planta institucional establecida por la Constitución; de otra, los hechos consumados impuestos por el narcotráfico en los cuatro puntos cardinales. De hecho, temen algunos de los analistas más lúcidos que coexistan en plano de igualdad el Estado oficial y el narcoestado, provisto este de recursos económicos, militares y logísticos suficientes para mantener de forma permanente el desafío y obligar al Gobierno a aceptar espacios de impunidad.

En el ilustrativo libro México: 45 voces contra la barbarie, de Lolita Bosch, la periodista Magali Tercero resume con claridad meridiana lo que avizoran cuantos creen ineludible la refundación: “Los que son conscientes de lo que va a ocurrir dentro de treinta años están horrorizados”. Un horror que vale tanto para temer el futuro como para denostar el presente: “Por un lado, parece que no hubiera solución, porque no hay disposición de detener el lavado de dinero y confiscar cuentas de los criminales que son conocidos abiertamente. La solución está, entre otras cosas, en la acción enérgica contra la corrupción, porque sin Estado corrupto no hay crimen organizado. Pero mientras el Estado no tenga una estrategia de expropiación del dinero y bienes esto va hacia un sinsentido. A Calderón no le interesaba retirarle el dinero al crimen organizado, que es lo primero que debió hacer. A Peña Nieto tampoco”.

La alusión a Felipe Calderón, anterior presidente de México, como origen de la crisis en curso, es común en todos los análisis. La declaración de guerra de Calderón contra los narcos, la militarización del conflicto, condenó a la población a ser espectadora y víctima desprotegida de un problema que se agrandó con el concurso del Ejército donde hasta entonces, cierto que con poco éxito, actuó la policía federal y, aun con menos éxito, se movilizaron los cuerpos policiales locales, tan a menudo infectados por organizaciones criminales. “Felipe Calderón le declaró públicamente la guerra al narcotráfico –escribe Lolita Bosch en la introducción de su libro– y puso este vocablo en el centro de la conciencia nacional. Su decisión no estuvo cautelosamente pensada ni partió de una estrategia sensata ni absolutamente honesta. Y la ciudadanía mexicana quedó entre lo que Marcela Turati [periodista mexicana] llamó un fuego cruzado”.

Allí sigue, con el riesgo de que el estallido social se concrete en cualquier momento en una comunidad herida por enormes desigualdades económicas. No hay en México un sistema de contrapesos que atenúe los efectos de una distribución muy desigual de la riqueza y, al mismo tiempo, cada vez es más visible la conversión del narcotráfico en un ascensor social poco exigente frente a la parálisis, la fragilidad y en muchos casos la inexistencia de aquellos otros ascensores basados en la meritocracia, el esfuerzo personal y la tutela del Estado. Y tal situación se da en un universo donde, según las estadísticas del Banco Mundial, el 70% de la población –unos 75 millones de habitantes– dispone de entre un máximo de cinco dólares al día para sobrevivir y un mínimo de 1,25 dólares, muy por debajo del umbral de la pobreza. Fiarlo todo a la probada capacidad de resistencia de los mexicanos para no precipitarse por el despeñadero sería, quizá lo es ya, una actitud irresponsable que, como dice Elena Poniatowska, cerraría todas las ventanas que dan al futuro, dignifican al Estado y proveen de esperanza a los ciudadanos.

El espectro de la recesión asusta a Europa

“Hoy no hay un partido único, sino un pensamiento mediante el cual los depositarios de este pensamiento estiman que hay una única solución, la que aporta el mercado para la totalidad de actividades de nuestra sociedad”.

Ignacio Ramonet, en el documental ‘L’encerclement’

Vuelven las dudas existenciales a Europa después de una semana de incertidumbres, con las bolsas aquejadas de una epidemia de números rojos y el mercado de la deuda sometido a vaivenes especulativos que han hecho repuntar la prima de riesgo de las economías periféricas. Nadie puede llamarse a engaño: todos los datos estadísticos referidos al 2014 incluían las palabras recesión y deflación, a las que se ha unido durante los últimos días el nombre de Grecia, uno de los enfermos más graves en el seno de una Europa asimismo enferma. No fueron alarmismo las advertencias difundidas desde diferentes instancias políticas y económicas a la vista del estancamiento de las grandes economías de la eurozona –Alemania y Francia–, del desacuerdo manifiesto entre los gobiernos de Berlín y París acerca de cómo salir del laberinto, de la indeterminación de Matteo Renzi en Italia y de la dependencia de España del clima circundante para asentar el modesto crecimiento de su economía herida. Pero hasta el desconcierto de estos días fueron demasiados los que pensaron que temer una tercera recesión a la europea era propio de agoreros.

Cuando el vicecanciller de Alemania, Sigmar Gabriel, comunicó el último miércoles que la tasa de crecimiento de la primera economía de Europa iba a quedarse en el 1,2% en lugar del 1,8% al cerrar las cuentas del 2014 y que para el 2015 la previsión es que crezca el 1,3% y no el 2%, como se dijo a principios de año, se adueñó del ambiente la sensación de que los riesgos han dejado de ser una hipótesis académica para convertirse en una realidad palpable. No obstante, el titular de la cartera de Economía se cuidó muy mucho de matizar la apuesta por la austeridad de la cancillera Angela Merkel, un camino que puede haber sido fructífero para Alemania, pero ha resultado desastroso para la periferia de la UE. Gabriel se mantuvo en la idea de que solo hay una salida, seguir por la senda neoliberal de la contención del gasto a toda costa, a lo que hay sumar temores atávicos alemanes –la inflación, el crecimiento de la deuda– y la tradición de los economistas del Bundesbank, un apego a la ortodoxia que disgustó a los operadores financieros y a los grandes inversores.

Pudiera aplicarse a Gabriel la dualidad de pensamiento resumida por Arthur Brooks, presidente del American Enterprise Institute, en la fórmula perfume liberal –para el caso el término adecuado es socialdemócrata–, pensamiento conservador. Algo que no es privativo del político alemán, sino que alcanza a la mayoría de gestores de las finanzas públicas de Europa, plegados a la germanización de la Eurozona sin que, por lo demás, se atisbe la resolución de la crisis siquiera sea a largo plazo. Ni Francia, con una previsión de recorte del gasto público de 50.000 millones de euros hasta el 2017, ni Italia, acostumbrada al regate en corto y los juegos de manos, pueden tenerse por excepciones a esa norma de conducta paneuropea. ¿O puede que sí?

La respuesta quizá se encuentra en la profusión de opiniones críticas recogidas por la prensa alemana y en la impresión de que el país se aísla al obstinarse con la austeridad y desoír las voces que reclaman programas de crecimiento, inversión pública y mecanismos de reducción acelerada del paro diferentes a la economía de supervivencia encarnada por los minijobs y otras fórmulas parecidas. La respuesta también se halla en la posición de Francia, en ese disenso conceptual entre Manuel Valls y la cancillera que recuerda añejas disputas franco-alemanas. Puede incluso darse con la respuesta en los difusos compromisos de Matteo Renzi, que aplica a pies juntillas el viejo principio de que la mano derecha no tiene por qué saber lo que hace la izquierda.

Algo de todo ello está suspendido en el aire, aunque prevalecen el desasosiego y el miedo al espectro de una recesión que inutilizaría los sacrificios hechos por la periferia europea y acaso descoyuntaría a Francia e Italia, sin que sea posible determinar qué consecuencias tendría tal situación. Y en esa atmósfera contaminada por la crisis reaparece la discusión sobre el papel reservado al Estado para ordenar el mercado y no dejarlo todo a la lógica de su funcionamiento sin interferencias. Frente a quienes militan en la creencia de que el Estado es esencialmente ineficaz, de acuerdo con teóricos como James M. Buchanan, el nobel de Economía de 1986, se alzan las voces de analistas como el sociólogo francés François Denord, que no dudan en presentar la propuesta neoliberal y el Estado mínimo como “la utopía de los más fuertes”, o el punto de partida de una distopía si las conclusiones derivadas del escrutinio del presente desembocan en los trabajos de otro francés, el economista Thomas Piketty, que subrayan el aumento de las desigualdades a lomos de la desregulación de los mercados.

Hay demasiados indicios de que el momento se asemeja mucho al del verano de hace dos años, cuando solo el compromiso de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, de garantizar la supervivencia del euro salvó a Europa de un descalabro sin precedentes. Pero, como dice Gemma Hurtado en el diario Cinco Días, nadie hoy hace caso a Draghi, sino que más bien se da por descontado que, de saltar las alarmas, obtendrá el permiso de Alemania para, en una situación límite, evitar el incendio. Pero esta es una suposición sin fundamento habida cuenta del empecinamiento de Merkel, que ha repetido ante el Bundestag que “todos los países deben cumplir las reglas fiscales”. Es decir, frente a la exhortación de Draghi a abrir la mano para dinamizar la economía se eleva la pretensión alemana de que nadie se salga de la senda marcada, aunque tal planteamiento alarme por igual al Fondo Monetario Internacional, al G-20 y a la Reserva Federal de Estados Unidos, que temen los efectos de una borrasca europea cada vez más profunda.

Si el simple anuncio del propósito del Gobierno griego de salir del programa de rescate antes de los previsto y la posibilidad de una victoria electoral de Syriza, el movimiento de izquierdas que lleva en su programa renegociar los plazos de devolución de la deuda, han contaminado durante un par de días las primas de riesgo meridionales ¿qué podría suceder si Francia e Italia, concertadas o sin estarlo, dijeran basta a Alemania? Si una simple encuesta con datos favorables para Syriza tiene esa capacidad desestabilizadora, ¿qué pasaría –cabe preguntarse– si se ahondan las divergencias entre Merkel, Valls y Renzi, que representan las tres primeras economías de la eurozona?

“A los griegos hay que explicarles que fuera del euro no hay salida y que el euro no es el culpable de sus males, más bien al revés. Hay que pedirles que comparen los sacrificios actuales con los que arrostrarían si terminan saliendo de la moneda única. Y, ante todo, hay que pedir a Bruselas que les convenza poniendo fin de una vez a la política de austeridad por la austeridad con una política que combine crecimiento y austeridad, como Francia o Italia reclaman”, ha escrito Carlos Carnero, director de la Fundación Alternativas. El análisis resulta tan sensato que realza aún más el disparate de seguir sin cambiar nada y no salvar la situación de forma decorosa.

“Que nadie dude de que Europa continuará apoyando a Grecia en todo lo que sea necesario para garantizar que se puede financiar en condiciones razonables”, asegura el comisario de Asuntos Económicos, Jyrki Katainen. Pero en una Europa poseída por las dudas, habituada a la desconfianza entre socios y al diktat de Berlín, incluso ese compromiso de solvencia poco discutible resulta insuficiente para serenar los ánimos. Se dan, en cambio, todos los ingredientes para sostener que la crisis tiende a convertirse en una enfermedad crónica, con recaídas periódicas, tratada por médicos apegados a un fundamentalismo clínico que hasta la fecha ha puesta varias veces al sur de Europa a los de los caballos. Ni siquiera queda la esperanza de que el impacto de la crisis en la economía alemana lleve a corregir las medidas más claramente mejorables. Entonces, ¿a quién puede extrañar que cada día sean más los euroescépticos que seducen al electorado y los europeos que ven a la UE como un escenario de pesadilla? ¿A quién puede sorprender el desprestigio del proyecto europeo en segmentos de población cada vez más numerosos, castigados por el rigor de una austeridad asfixiante, cuando finalmente otra recesión, la tercera, está más cerca que nunca?

La clase media brasileña decide

El disputado voto de la nueva clase media brasileña será el que decida la suerte de la elección presidencial en Brasil, que este domingo cumple la primera vuelta. No hay encuesta que no establezca que ese segmento de población al que se han incorporado un mínimo de 30 millones de personas en los 12 últimos años será el que decante la balanza entre Dilma Rousseff, la candidata del Partido de los Trabajadores (PT), que opta a la reelección; Marina Silva, ecologista y candidata del Partido Socialista Brasileño (PSB) a la muerte en accidente aéreo de Eduardo Campos el pasado agosto; y Aécio Neves, candidato del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB). Esa clase media C –entre 780 dólares y 1.400 dólares de renta mensual familiar–, agrandada por los programas contra la pobreza que se remontan al primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), esa clase media que pareció abandonar a su suerte a la presidenta en los meses que precedieron al Mundial de fútbol, es la misma que ahora corrige su desencanto con una mezcla de realismo y quizá conformismo, según se colige de los últimos sondeos.

Al empezar la campaña electoral, el índice de aprobación de la labor del Gobierno estaba en el 32%, la figura ascendente de Silva igualaba a Rousseff con el 34% de intención de voto y la modesta previsión de crecimiento hecha por el Banco Central de Brasil –0,7% al acabar el año– parecía un obstáculo insalvable para movilizar al electorado histórico del PT. La perspectiva de que la candidata socialista podía sacarle hasta diez puntos de ventaja a Rousseff en la segunda vuelta reforzó los peores presagios para el equipo gobernante, y las posibilidades de Neves quedaron reducidas al mínimo. Mauro Paulino, director de la firma de sondeos Datafolha, declaró entonces para explicar la reacción de la clase media: “Es un segmento que tuvo acceso a bienes de consumo y a educación, que mejoró su vida y que ha seguido mejorando hasta por lo menos el inicio del gobierno de Dilma. Pero ahora ve que esa mejora no continúa y está dividido entre la gratitud a Lula y el deseo de subir otro peldaño. Y esa duda se manifiesta también en el voto”.

Cartel electoral de Marina Silva.

El panorama cambió de forma espectacular los últimos días de septiembre: Silva pareció encontrarse en el trance de ser una estrella fugaz consumida por la inercia de un electorado más estable de lo previsto hasta entonces, el aspirante del PSDB recobró fuerzas y la presidenta se puso al frente de todas las encuestas a partir de la mejora en la aceptación de su Gobierno (39% de los electores). La ventaja de Rousseff es hoy de unos 15 puntos con relación a Silva –40% a 25%– y de unos 20 puntos con relación a Neves, con un 20% de intención de voto, pero con tendencia al alza, mientras el vector electoral de la candidata socialista evoluciona a la baja. Deducción del editorialista de O Globo: “Ya no queda espacio para un discurso utópico –se supone que el de Silva– de estar al mismo tiempo contra el PT y el PSDB”.

Poco importó que la Bolsa de Sao Paulo acogiera las nuevas previsiones electorales con una caída generalizada de los grandes valores –las acciones de Petrobras llegaron a descender el 11%– y que el real se depreciara frente al dólar. Puede decirse que la reacción del mundo financiero era previsible y que la clase media, a cuyo rescate y crecimiento, las dos cosas al mismo tiempo, acudió en su día Lula, volvió a la senda de las certidumbres ante el temor de que el programa de Silva sea un volantazo en plena autopista con la calzada muy mojada –las previsiones de crecimiento efectivo para el cuatrienio 2011-2014 se quedan en el 6%–, con la economía muy lejos de las magnitudes chinas e indias, que deslumbran a todas las economías emergentes.  “El mercado es maniqueo –dice Luís Eduardo Assís, exdirector del Banco Central de Brasil–. Para él, Rousseff es mala. No hay un análisis político sobre este concepto. No le gusta la presidenta y es correspondido”. Pero eso poco importa a quienes apenas empiezan a disfrutar del confort de un Estado con inquietudes sociales. El “enfático voto de protesta” de la Bolsa al que alude el influyente diario O Estado de S. Paulo queda lejos de las preocupaciones cotidianas del electorado.

Aun así, hay datos suficientes para sostener que las posibilidades de victoria de Marina Silva no se han esfumado antes de llegar a las urnas. El más relevante es el peso del debate político-religioso durante la campaña. La candidata socialista no tiene solo de su lado el haber sido ministra de Medio Ambiente con Lula, sino algo más importante para estimular el voto emocional o confesional: es una evangelista pentecostal de la Asamblea de Dios en un país de tradición católica, pero que cuenta con 42 millones de fieles –20% de la población– de las iglesias evangélicas o protestantes, según se prefiera un término u otro. Se trata de una militancia religiosa reciente y, por esa razón, muy activa que maneja respetables sumas de dinero, que cuenta con telepredicadores que disfrutan de audiencias considerables y transversales y que tienen una influencia directa en los comportamientos electorales de su grey.

Dilma Rousseff, sobre la montaña rusa de la economía brasileña.

Dilma Rousseff, sobre la montaña rusa de las cotizaciones en la Bolsa de Sao Paulo.

Que la mayoría de la población siga siendo católica no significa que los evangélicos no constituyan una fuerza determinan. Al contrario, han demostrado tal capacidad para impregnar y condicionar los programas de los partidos, para obligar a los candidatos a rectificar sobre la marcha en cuanto atañe al matrimonio homosexual, que incluso ha sido precisa la aclaración de un integrante del equipo de Silva para garantizar que, de ganar, su Gobierno será laico, sin asomo de confesionalidad. Tal aclaración era necesaria para no ahuyentar la parte del voto católico lulista que, según los cálculos de los socialistas, podría decantarse ahora por su candidata, creencias al margen, como resultado de la desaprobación global de su gestión en materia social, de los casos de corrupción y de los excesos en gastos suntuarios a propósito del Mundial y de los Juegos Olímpicos de Río del 2016.

“El consenso sociológico imperante es el de que los que estén bien instalados en la mesocracia, aun agradeciendo los servicios prestados a la católica Rousseff, pueden valorar las ventajas del cambio, y hay en Brasil 42 millones de evangélicos sumamente disciplinados y en veloz crecimiento; mientras que los que permanezcan en estado de vulnerabilidad temblorosa y pobres de solemnidad seguirán esperando su oportunidad de Lula-Rousseff. En la suerte electoral influiría, por tanto, la fiabilidad de los números de esa transformación socioeconómica”, ha escrito Miguel Ángel Bastenier en El País.

Es esa una dinámica típica de sociedades extremadamente duales. En ellas, cuando se producen grandes cambios sociales se registran asimismo grandes mutaciones electorales: quienes se pueden subir al ascensor social aspiran muy pronto a estabilizar su situación mediante programas contenidos –puede ser el caso del que presenta Silva–, mientras que quienes siguen en estado de postración confían en aquellos partidos que han demostrado ser capaces de combatir la pobreza. Importa menos que Silva repita que sabe qué es vivir en una favela, que comprometerse a sostener la mejora de cuantos hasta fecha reciente vivían en medios de una pobreza lacerante. Si son exactas las cifras que maneja Datafolha, el 60% de los electores brasileños pertenecen a esa clase media C en la que se libra la batalla de los votos y, de ellos, cerca de la mitad tuvieron plaza en el ascensor social durante el último decenio.

Unos operarios cuelgan un cartel electoral de Dilma Rousseff.

¿Significa todo esto que la suerte está echada y la segunda vuelta será un pulso entre Rousseff y Silva? Hasta hace unas semanas, ese era el panorama, pero los cambios de tendencia han hecho renacer las esperanzas de Neves en la recta final. El PSDB tiene a su favor una implantación territorial sólida, capacidad organizativa y experiencia en el cuerpo a cuerpo, mientras que los socialistas están lejos de reunir estas cualidades. Luego los sondeos dicen que en el ballotage gana Rousseff con entre ocho y nueve puntos de ventaja sea quien su adversario, pero para un candidato que hace un mes estaba fuera de la carrera, el cambio de tendencia es mucho más de lo que podía esperar, especialmente en las grandes ciudades, donde los socialdemócratas suelen disponer de un importante caladero de votos.

El resto de herramientas de campaña han dejado de contar. Lo que importa es la reacción de la clase media después de 12 años de Gobierno lulista –pues Dilma Rousseff no es más que prolongación funcional de su valedor–, de una modificación profunda del mapa social y del camino sin retorno emprendido por Brasil para mantenerse como la gran potencia latinoamericana sin comparación posible. Que Rousseff guste más entre los socios del Mercosur y menos en los despachos de Washington, que los adscritos a la ensoñación bolivariana prefieran la continuidad al cambio, que la autonomía energética de Brasil cambie todas las reglas del juego ha sido menos importante que escudriñar los nuevos comportamientos políticos de esa nueva clase media que todos cortejan porque sus votos serán decisivos.