El racismo una vez más

Hay algo profundamente inmoral, desalentador y enfermizo en la decisión de un gran jurado del estado de Misuri de no llevar a juicio por falta de pruebas al agente de policía Darren Wilson, que el 9 de agosto mató de varios disparos en la pequeña ciudad de Ferguson a Michael Brown, de 18 años, negro o afroamericano, como ahora gusta decirse. La víctima iba desarmada y, según el testimonio de uno de sus amigos y de algunos transeúntes, levantó las manos y no hizo ademán de encararse con el agente o amenazarle, pero este sostiene, en cambio, que actuó “para salvar su vida”, que siente lo ocurrido, pero que volvería a reaccionar de igual forma. Los nueve blancos y tres negros que formaron el gran jurado han entendido que, más allá de la tragedia, no hay material probatorio para instar procedimiento penal contra Wilson, de piel blanca, y secundan de hecho la posición del fiscal Robert McCulloch, asimismo blanco, que desde el principio se sintió más inclinado a proteger al policía que a atender los requerimientos de los familiares de la víctima en el seno de una comunidad de mayoría negra, pero gestionada mayoritariamente por blancos, en especial en cuanto se refiere a la seguridad y a la administración de justicia.

Dice Wilson que tiene la “conciencia tranquila” y al decirlo a pesar de la muerte del joven, por al descubierto una especie de seguridad a priori sobre la bondad de la misión que se le encomendó, aunque al cumplirla perdiera la vida alguien desarmado. Hay en esa tranquilidad de conciencia admitida por el policía el rastro de un aire viciado, respirado desde siempre y que alimenta el principio de sospecha generalizada aplicado a la sociedad negra por la blanca –al menos por una parte de ella– de la ciudad de Ferguson. Hay también el rastro y la creencia de una sociedad inducida a pensar desde siempre que el mundo de los blancos está llamado a cumplir una tarea trascendental, indeclinable, intransferible, que forma parte del destino mesiánico alentado por la tradición del pensamiento más conservador y menos permeable a las virtudes del mestizaje.

Disturbios en Ferguson (Misuri) en los que intervino la Guardia Nacional después de conocerse la decisión de un gran jurado de no procesar al policía Darren Wilson, que disparón contra Michael Brown.

Disturbios en Ferguson (Misuri) en los que intervino la Guardia Nacional después de conocerse la decisión de un gran jurado de no procesar al policía Darren Wilson, que disparó contra Michael Brown.

En cierto sentido, pervive en todo ello la justificación moral del racismo que se fundió con modelos puritanos extremos y una acusada inclinación por los hábitos aristocráticos, algo que influyó en la configuración de la cultura de las sociedades poco industrializadas del sur de Estados Unidos, donde la tradición –el estilo del sur, decían los confederados que se levantaron en armas en 1861– quedó contaminada por el esclavismo. El eco de aquella división social tajante, insuperable, llega hasta hoy y sube de tono cada vez que se da una situación como la de ahora en Ferguson. Quizá se ha superado la fase aguda de la dolencia, quizá las aristas más cortantes no tienen del filo hiriente de episodios como el reconstruido en la película Arde Misisipi, quizá el Ku Kux Klan esté más cerca del recuerdo ominoso que de otra cosa, pero se asaltan comercios en Ferguson y la Guardia Nacional ocupa la calle porque la confrontación racial pasa de generación en generación un siglo y medio después de la emancipación de los esclavos y del final de la Guerra de Secesión en 1865.

“Todo racismo es sustancialismo”, escribió hace 30 años el diplomático marroquí Abdalá Laraui, y esa simplificación implícita en el sustancialismo, ese acercamiento receloso a la realidad del otro, de quien es diferente, es una poderosa arma de división social, de segregación, de sectarismo profundo. Es, se quiera o no ver así, una enfermedad social que obliga, como en el caso de Ferguson, a sopesarlo todo a través del prisma del color de la piel. Resulta casi repulsivo contar las circunstancias de la muerte de Michael Brown, la actuación de la policía, del fiscal y del gran jurando con referencias constantes a los blancos y negros implicados en el caso, pero es esa reiteración inevitable la que pone de manifiesto que el racismo sigue siendo una dolencia de la que una parte no pequeña de la sociedad de Estados Unidos no logra curarse. No importa que el presidente del país sea negro, que el fiscal general también lo sea, que en la comunidad académica y en el mundo de la cultura estén cada día más presentes los rostros de color, lo que Laraui llama sustancialismo sigue contaminando las relaciones sociales en muchos lugares y las estadísticas revelan con harta elocuencia que la comunidad negra aún es aquí y allá un colectivo estigmatizado. He aquí algunos datos:

  1. Los jóvenes negros tienen 21 veces más posibilidades de morir por disparos de la policía que los jóvenes blancos, con independencia del segmento social al que pertenezcan o del que procedan.
  2. La población negra constituye el 13% del total, pero alcanza el 42% la población penitenciaria negra.
  3. El grado de vulnerabilidad social de blancos y negros en situaciones de pobreza extrema es similar, pero la vulnerabilidad penal es muy superior entre los negros pobres que entre los blancos en idéntica situación.

No es exagerado decir que en partes importantes de Estados Unidos, a pesar de las leyes de derechos civiles aprobadas hace medio siglo y de la cultura de la discriminación positiva seguida en muchos lugares, los negros siguen siendo sospechosos habituales; se hallan en una situación desventajosa que puede derivar en tragedia y en disturbios, como sucede ahora en Fergunson y, desde allí, al resto del país. O como sucedió en el pasado en Los Ángeles (caso Rodney King, en 1992) y en Sanford (Florida) hace dos años a raíz de la muerte del joven Treyvon Martin, abatido a tiros por el vigilante voluntario George Zimmerman, que fue declarado inocente. Esa sensación de falta de ecuanimidad de los funcionarios públicos encargados de aplicar las leyes, esa atmósfera cargada de prejuicios que condiciona a los jurados, esa administración vengativa de la justicia –el mantenimiento de la pena de muerte en 32 estados–, que pesa como una losa sobre amplias capas de la comunidad negra, el entramado que antepone el color al principio de ciudadanía, se manifiestan de forma radical en cuanto se colocan en un platillo de la balanza los derechos presumiblemente ultrajados de un ciudadano de color y en el otro, los derechos o las garantías en riesgo de un funcionario público blanco (para el caso, un policía).

El presidente Barack Obama, que en el caso de Treyvon Martin se unió a la desolación que sentían los allegados del muchacho, tiene que afrontar un momento de crispación extrema y neutralizar las declaraciones poco meditadas –o puede que sí lo fueron– del gobernador de Misuri, Jay Nixon, del Partido Demócrata para mayor complicación, dispuesto antes a hacerse eco de los estragos causados por una multitud airada que a analizar el sentimiento de frustración alentado por el gran jurado al dejar sin cargos al policía que disparó. Cuando Obama fue elegido por primera vez en el 2008, se insistió en la condición transversal del candidato, pero las inquinas del universo estadounidense más conservador y la desconfianza hacia el presidente en sectores de su propio partido cuando la cuestión racial anda de por medio atestiguan que la transversalidad del presidente es un atributo que está lejos de serle reconocido por todos los ciudadanos. Si no fuese así, muchas de las críticas dirigidas a la Casa Blanca desde que se instaló en ella el primer presidente negro hubiesen tenido un registro más contenido, menos desabrido.

“Debemos limpiar nuestra casa de racismo”, declaró Bill Clinton en 1995, después de que en diferentes estados del sur ardieran iglesias de congregaciones negras. Y añadió: “Hay demasiados blancos y negros, en la izquierda y en la derecha, en las esquinas y en las ondas de radio, que quieren sembrar la división”. La siembra prosigue, aunque en los periodos de paz entre dos episodios de racismo, visible o encubierto, parezca que se remansan las aguas, que ha perdido vigencia la más abyecta de todas las divisiones posibles. El día de la primera victoria de Obama, el reverendo Jesse Jackson describió el momento como de éxtasis. “Muchos blancos han elegido la razón en lugar de la raza, la esperanza en lugar del miedo –dijo–. Para muchos ha sido la ocasión de decir: somos mejores de lo que hemos sido”. Pero la siembra no se ha interrumpido y aún son poderosos los resortes que maneja la cultura del racismo para temer sin asomo de duda que habrá más Ferguson, más momentos en los que se desvanecerá en la memoria el éxtasis y tomará cuerpo de nuevo el espectro de la confrontación racial.

 

Una partida con cartas marcadas

Tan politizada le parece al conseller Francesc Homs la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de presentar una querella contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau como se le antoja a Carlos Floriano, vicesecretario general del PP, una opinión contaminada por la política la manifestada por los fiscales que ejercen en Catalunya, que se opusieron a la presentación. Esa coincidencia en ver la política donde solo debiera prevalecer la aplicación desapasionada de la ley es la más convincente de todas las pruebas: que cada parte sospeche de su contraria, su competidora o su adversaria, porque supone en ella la norma de conducta que previamente ha puesto en práctica en su ámbito de influencia, es la mejor demostración indirecta de que, efectivamente, la politización del criterio de los fiscales tiene algo que ver –bastante, se diría– con el de los políticos de Madrid y de Barcelona. Y cabe añadir que en el ambiente enrarecido por el encastillamiento de unos y otros, hubiese sido realmente milagroso que los fiscales, todos ellos y uno por uno, se mantuvieran inasequibles a las influencias, los editoriales de algunos periódicos envueltos en las respectivas banderas, las tertulias a todas horas y otros patios de vecindad de los que lo menos que puede decirse es que manca finezza.

Si todo este embrollo monumental se debe a que “la legalidad cuenta ya poco para el president” (José María Carrascal en Abc) o si las razones son otras, importa menos que el hecho de que, a partir de ahora, la fiabilidad jurídica de la fiscalía estará bajo sospecha en asuntos catalanes o en otros en los que al Gobierno le vaya el alma. Dice Joan Tapia que “las vísceras han mandado más que el cerebro”, y eso es algo más que una posibilidad. Pero esa versión fisiológica de la política tiene mucho que ver con la necesidad apremiante del Gobierno de corregir las encuestas y llevar a su molino el agua de la España más conservadora y retardataria, aquella que digirió de mala gana los sapos de la transición y cree aún hoy que ya fue mucho lo que dio y concedió en el debate constitucional de 1978 como para poner ahora la Constitución al día. En la encrucijada de las jornadas siguientes al 9-N, restablecer el principio de legalidad, si es que hace falta, importa menos que aparecer como guerrero invicto ante auditorios que creen, como en su día el cardenal Rouco Varela, que la Constitución tal cual está debe ser la norma inamovible por los siglos de los siglos. Se diga así o de cualquier otra manera.

Muy al principio de la novela Así empieza lo malo, Javier Marías escribe: “Tan tentador era el futuro que valía la pena sepultar el pasado, el antiguo y el reciente, sobre todo si ese pasado amenazaba con estropear aquel futuro tan bueno en comparación”. En aquella atmósfera se redactó la Constitución, que entonces pareció aceptable a la España doliente, y excesiva, aunque inevitable, a la otra. Pero entender que de entonces a ahora no se ha registrado cambio climático alguno en el ámbito político, y el famoso consenso constitucional del pasado vale hoy lo mismo, es tanto como desconocer o soslayar cuáles son los instrumentos de transformación social que desencadenan grandes mutaciones. Además, en el futuro vislumbrado para Catalunya por Jordi Pujol, referencia ineludible de la transición, la independencia era algo que formaba parte de lo venidero, como ha recordado Francesc de Carreras en un artículo a propósito del 40º aniversario de CDC. Y así, mientras para una parte –mayoritaria– de quienes aprobaron la Constitución, esta era una estación de llegada, para otros fue solo una estación intermedia. “Pujol tenía una idea prefijada de Catalunya que al fin se ha cumplido”, afirma De Carreras, y su apego a la Constitución, a su aplicación y desarrollo, fue solo instrumental, y lo puso al servicio del fin último perseguido por el nacionalismo hegemónico en Catalunya desde aquel entonces.

¿Oportunismo? ¿Sagacidad? ¿Esgrima de alta escuela? Poco importa ahora dilucidar qué atributo encaja más con la ruta seguida por el independentismo confeso y no confeso. Lo cierto es que la querella es la herramienta elegida por una superestructura denominada justicia, sometida a presiones agobiantes, para hacer frente a un problema político que, con querella o sin ella, ahí está, viene de lejos y exige enfoques imaginativos, transversales y ajenos a cálculos electorales que, se mire por donde se mire, tienen en un grito al PP, consciente de que en las próximas citas electorales puede sufrir batacazos históricos.

Si un partido con responsabilidades a escala española no es capaz de ir más allá de los lugares comunes que atañen a la soberanía, la unidad y otros conceptos investidos de solemnidad, si no es capaz de aceptar que hay que modificar la ley –la Constitución– para dar una oportunidad a la política, entonces ese partido pone de manifiesto tener enormes dificultades para adecuarse al presente. Las tiene el PP, desde luego, porque elude la mayor mediante el recurso al juzgado de guardia, esto es, evita afrontar el hecho de que el 30% de los electores catalanes –no la mayoría, no todos los catalanes, no el pueblo de Catalunya, como dice la propaganda independentista– votó sí-sí. Votó sí-sí sin garantías jurídicas, con Oriol Junqueras de presidente de mesa en Sant Vicenç dels Horts, con un control del censo por lo menos discutible en una convocatoria gestionada por una de las opciones –la del sí-sí–; pero el caso es que el 30% votó sí-sí.

Responder con un no-no obstinado es la más rudimentaria de las reacciones; es algo así como dejar sentado que es irrenunciable el programa máximo del PP. Y todo programa máximo, por definición, es una meta inalcanzable o poco realista, salvo para los espíritus doctrinarios que creen ser depositarios exclusivos de la verdad. La reflexión vale lo mismo para los ideólogos del independentismo, pues cualquier alternativa que preserve la cohesión social deberá ser intermedia, no podrá satisfacer al ciento por ciento a nadie, pero sí confortar a todo el mundo. Este fue, por cierto, el espíritu que impregnó el consenso constitucional que alumbró el texto de 1978 y preservar aquel consenso no reside en considerarlo irrepetible, sino perseverar en él para cambiar lo que se precise cambiar, por unanimidad, si es posible, o por mayoría, si no lo es.

El recurso a la fiscalía es de una pobreza política que asusta tanto como la disposición del conglomerado independentista a tomar los 23 puntos de la carta de Artur Mas a Mariano Rajoy como aquello que no admite modificación o retoque que valga. Siendo así que los 23 puntos suenan a programa máximo, aunque al mandarlos por carta como punto de partida de una eventual negociación debe entenderse que son susceptibles de cambio o de retoque, y algunos de ellos pueden ser incluso objeto de renuncia. Pero si no admiten tal margen de maniobra, la carta es tan inútil como las demás maniobras orquestales que constituyen el relato reciente de la llamada cuestión catalana. Será, como tantas otras, una carta marcada más en esta extraña partida de despropósitos que a unos favorece en las encuestas –véase el sondeo publicado el viernes por EL PERIÓDICO– y a otros les corta la respiración.

Todo lo cual no es óbice para concluir que la fiscalía ha unido sus efectivos a la fábrica de independentistas puesta en marcha por el Gobierno mediante su insistencia en no rectificar en nada. “Una de las causas del auge del independentismo catalán es la indigencia y la torpeza del discurso opuesto a él”, sostiene el escritor Javier Cercas, y esa querella por los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N abunda en la torpeza. Pueden todos los integrantes del Gobierno desgañitarse hasta perder la voz para defender la autonomía de la fiscalía, pero lo cierto es que no hay forma de creer en ella; no hay forma de apartar de la imaginación una realidad subyacente que lleva a dudar de que, efectivamente, son razones estrictamente jurídicas las que han puesto en marcha el engranaje de la querella. Esa carta también está marcada.

Vigilias de Intifada o casi

Al cumplirse diez años de la muerte de Yasir Arafat lo menos que puede decirse es que la situación en Palestina y las perspectivas de futuro han empeorado en igual medida que han crecido los asentamiento de colonos israelís en Cisjordania, y las operaciones emprendidas por Israel contra la franja de Gaza –Plomo Fundido (2008-2009), Pilar Defensivo (2012) y Margen Protector (2014)– han devuelto en gran medida la iniciativa a las facciones radicales palestinas, si es que alguna vez la perdieron. La intransigencia  del primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, empeñado en una campaña de derechización y huida hacia adelante del Gobierno para llegar el 6 de enero a las primarias de su partido, el Likud, como el líder inflexible que siempre fue, debilita la imagen débil de por sí de Mahmud Abás, sucesor de Arafat, carente de las habilidades tácticas de este y sometido a la presión de Hamás, el partido que controla Gaza, y a la gestión apocalíptica del momento que hace la Yihad Islámica. Si a ello se suman los episodios de violencia a un lado y otro del muro de Cisjordania, no es exagerado temer que estamos ante los prolegómenos de la tercera intifada salvo que algo o alguien serene los ánimos.

Son impredecibles los efectos que sobre el desarrollo de los acontecimientos puede tener la tanda de reconocimientos por países europeos del Estado palestino. A primera vista, es algo que no debiera alarmar a Israel, tal como Nathan Thrall, del International Crisis Group, razonó hace unas semanas en The New York Times. Puesto que la solución admitida por las partes es la de los dos estados, y uno de ellos será el palestino, no debiera perturbar los sueños del Gobierno israelí que, por diferentes caminos, los parlamentos de Suecia, el Reino Unido, Francia y España –el próximo martes– reconozcan a Palestina. Antes bien, debiera entender que tal reconocimiento, de gran contenido simbólico, pero sin ningún efecto práctico, refuerza la fórmula que dice defender, aunque visto el disgusto de funcionarios de la Administración israelí quizá la disposición a lograr los dos estados sea solo una pose.

Las palabras recogidas por El País de Emmanuel Nahshon, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, al conocer el propósito del Congreso de los Diputados, refuerza esa impresión: “Será mucho mejor que el Parlamento español mande un mensaje a favor de la vuelta a la mesa de diálogo”. Cabe incluso atribuir un punto de cinismo o de doblez a la declaración, pues la hostilidad manifestada por Israel hacia el Gobierno palestino a partir del acuerdo de la última primavera entre Al Fatá y Hamás y la carnicería de Gaza –más de 2.000 muertos entre julio y agosto– apenas precisan comentario para entender que lo que pretende Netanyahu es que se reanuden las negociaciones en las condiciones y los términos que él imponga, y mientras tanto seguirá la autorización de nuevas colonias en Cisjordania y el hostigamiento a la población árabe de Jerusalén oriental.

¿Sigue la opinión pública israelí a favor de la mano dura? A juzgar por la encuesta realizada en octubre por el Instituto de Democracia de Israel y la Universidad de Tel Aviv, cabe ponerlo en duda. Según el sondeo, el 57% está a favor de negociar –52,7% entre la población judía y 81,2% entre los árabes de nacionalidad israelí–, aunque son mayoría entre los judíos quienes piensan que no servirá para afianzar la paz. Pero, hecha esta aclaración, no deja de ser significativo que en mayo otra encuesta elaborada por las mismas instituciones revelara que el 68% de la población israelí era partidaria entonces de interrumpir las negociaciones a causa del acuerdo de gobierno de Al Fatá con Hamás.

Hay un ingrediente de realismo en el resultado de la encuesta que se suma al puesto de manifiesto por varios generales israelís que se han pronunciado a favor de negociar un acuerdo con los palestinos y acelerar la solución de los dos estados. Algo bastante alejado del dardo dirigido por Netanyahu a los árabes de Galilea que se manifiestan contra su política, a quienes ha invitado a abandonar el país, y de la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, de compensar a los palestinos con la anexión a Cisjordania del llamado triángulo árabe –territorio israelí de mayoría árabe– a cambio de mantener los asentamientos en suelo ocupado en la guerra de 1967. Algo que nunca han planteado los árabes con pasaporte israelí ni los negociadores palestinos. Una forma, eso sí, de enredar más la madeja y, en la práctica, hacer inviable el acuerdo que se supone se persigue.

La derrota demócrata en las elecciones habidas en Estados Unidos el 4 de noviembre, y el consiguiente debilitamiento de Barack Obama, que se ha estrellado varias veces contra el parapeto construido por el Gobierno israelí para no ceder ni un milímetro en sus planteamientos, facilita las cosas a Netanyahu, que ahora cuenta con el paraguas protector de la mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso. El lobi judío estadounidense integrado en el American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), manifiestamente incómodo con Obama y con su primera secretaria de Estado, Hillary Clinton, disfruta de un mayor margen de influencia en el enfoque que Estados Unidos da al conflicto palestino-israelí. Y si el AIPAC se siente aliviado por la suerte corrida en las urnas por los demócratas, Israel comparte el mismo sentimiento, aunque el final del segundo mandato de los presidentes suele coincidir con el periodo de mayor actividad diplomática de la Casa Blanca.

La particularidad del momento es que así como Bill Clinton quiso legar para el futuro la solución del agravio palestino –conversaciones de Camp David de julio del 2000– y fracasó, la preferencia de Obama, la herencia histórica que quizá espera dejar, es un acuerdo con Irán que rehabilite a la república islámica ante la comunidad internacional y cancele los riesgos inherentes al programa nuclear auspiciado por el núcleo duro del clero chií. Frente al hecho incuestionable de que Obama casi siempre ha andado a remolque de los acontecimientos en Oriente Próximo y ha sido en Israel donde se han establecido las reglas del juego, en la gestión del dosier iraní la oposición israelí pesa, pero no hasta el extremo de hacer inviable un acuerdo que, por diferentes motivos, desean todos los grandes actores políticos, además de Estados Unidos: Rusia, porque Irán es uno de sus aliados y quiere acabar con las sanciones que acogotan la economía del país; la Unión Europea, por razones económicas y de equilibrio estratégico en el golfo Pérsico; China, porque los campos petrolíferos de Irán son una de sus fuentes de suministro.

Hay, por lo demás, variables en la periferia del conflicto palestino-israelí cuya evolución es del todo imprevisible y están llenas de riesgos. La situación en Siria, la inestabilidad en Irak y, por encima de todos ellos, la capacidad de contaminación del Estado Islámico, convertido en nuevo predicador de la vuelta a los orígenes, al califato, a la sharia, al martirio y al gobierno de los defensores irreductibles de la tradición. Como dice Brian Whitaker en el ensayo Arabs Whitout God (Árabes sin Dios), en Oriente Próximo “la religión es difícil de evitar incluso para quienes lo intentan”, y las sociedades palestina e israelí no son una excepción. La influencia de los oradores más incendiarios en mezquitas y sinagogas es cada día mayor, y la descendencia de las comunidades en gran medida laicas que libraron las primeras guerras ha transformado el campo de batalla en un ecosistema donde las razones políticas valen casi tanto como los textos sagrados. Son cada día más los partidarios de hacer ostentación de la práctica religiosa, y mantener la política dentro de los parámetros de un determinado credo, con el corolario inevitable de las rivalidades sectarias, tal como subraya Whitaker.

En abril del 2012, el expresidente Jimmy Carter publicó un artículo en el que preveía acerca de la viabilidad cada vez menor de alumbrar un Estado palestino. “Mientras manifiestan su apoyo a la solución de los dos Estados –escribió Carter–, todas sus acciones [las de las autoridades israelís] contribuyen a crear un gran Israel, del mar Mediterráneo al río Jordán”. Y concluía entonces que la solución de los dos estados aún era factible, “pero no por mucho tiempo”. El tiempo le da la razón y no hay forma de detener la marcha de los acontecimientos hacia la consagración de facto de un Estado binacional, permanentemente inestable, con ciudadanos de primera y de segunda, de forma parecida a como en el pasado sucedía en la Sudáfrica del apartheid. De ahí el riesgo cierto de que se pueda imponer en el campo palestino la lógica de una tercera Intifada para contrarrestar la frustración de un futuro sin esperanza.

La decadencia del Este derrumbó el Muro

Basta cotejar el mapa político de Europa del 9 de noviembre de 1989 y el del presente para calibrar las dimensiones del cambio en el continente desde la caída del Muro de Berlín, hace un cuarto de siglo. Todo cuanto hoy es Europa, todo cuanto condiciona el funcionamiento de Europa para lo bueno y para lo malo remite a aquel cambio que zanjó la guerra fría, al menos en su forma más genuina, acabó con la bipolaridad, enterró a una superpotencia, la Unión Soviética, y liquidó la trama de alianzas que encabezó en la Europa del Este. La inviabilidad de la economía planificada, convertida en un sistema esencialmente ineficaz, y la presión permanente de Estados Unidos mediante el desarrollo de nuevos sistemas de defensa, con las tecnologías de última generación creciendo exponencialmente, llevó a la decadencia y a la inanidad el experimento soviético poco más de setenta años después del triunfo de la revolución de octubre.

Ciudadanos de los dos sectores de Berlín, en el Muro la noche del 9 de noviembre de 1989.

De forma que es posible afirmar que el Muro cayo tanto por la presión popular en la República Democrática Alemana, extensión de la movilización de las opiniones públicas polaca, checa y húngara, por citar las más dinámicas en 1989, como por la imposibilidad práctica de Mijail Gorbachov de administrar sin grandes pérdidas la herencia recibida. Fracasados todos los planes de reforma habidos y por haber, el líder soviético no pudo más que asumir que para la superpotencia nada sería como antes, que aquella pretensión suya de modernizar el sistema sin renunciar al socialismo se hallaba en un callejón sin salida. El aviso que dirigió semanas antes del hundimiento a Erich Honecker, penúltimo presidente de la República Democrática Alemana, de que quienes no se adaptaran a los cambios serían finalmente derrotados, se cumplió en todos sus extremos. Cuando la noche del 9 de noviembre de 1989 los berlineses del sector oriental cruzaron el Muro, el establishment reformista soviético había aceptado que no cabía oponer resistencia a la unificación alemana; la decadencia había minado al Estado.

Pero la caída del Muro y la unificación poco menos que inmediata de Alemania requirieron de dos compromisos cuyas repercusiones llegan hasta nuestros días. El primero fue la promesa hecha a los soviéticos por el presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, de que la frontera oriental de la OTAN, unificada Alemania y convertidos los demás países del Pacto de Varsovia a la economía de mercado, nunca alcanzaría el límite occidental de la URSS. El segundo fue la aceptación por Francia de la unificación alemana, que el presidente François Mitterrand veía con recelo, a cambio de que el Gobierno del canciller Helmut Kohl aceptara acelerar la unión monetaria en la entonces Comunidad Europea, lo que llevaba aparejada a la larga la desaparición del marco y la creación de una moneda única. Esos dos compromisos fueron las dos piedras sillares sobre las que se levantó el edificio de la unidad alemana sin grave riesgo para la estabilidad de Europa.

Jóvenes de Berlín Occidental derruyen el Muro la mañana del 10 de noviembre de 1989.

Cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se remonta a las promesas de 1989 para oponerse sin matices a la atlantización de estados como Georgia (verano del 2008) y Ucrania (ahora mismo), se comporta como un líder poco sutil, pero que aprendió la lección del desbarajuste y el arrinconamiento de su país durante la presidencia de Boris Yeltin en la década de los noventa. Porque en la Rusia de hoy, la de los oligarcas y la del capitalismo desbocado, es mayoritaria la opinión de que detrás de la occidentalización a toda máquina de las economías de las exrepúblicas soviéticas asoma la progresión territorial de la OTAN, tal como sucedió en el inmediato pasado con los antiguos socios del Pacto de Varsovia y del CAME –mercado común del bloque socialista–, y con los estados bálticos que un día formaron parte de la URSS.

De la misma manera que la unificación llevó aparejado el reconocimiento explícito por Alemania de la línea Oder-Neisse como frontera oriental inamovible de Polonia, y se enterró el debate sobre la pertenencia a Polonia de Pomerania, Silesia y Prusia Oriental, los herederos históricos de la URSS entienden que siguen vigentes las condiciones por las que Rusia dejó de oponerse a la caída del Muro. Incluso hoy con más motivo que ayer porque la instalación del escudo antimisiles estadounidense en Polonia y la República Checa es un factor de debilitamiento objetivo del sistema de defensa ruso. Y, en cierta medida, la OTAN comparte el análisis habida cuenta de que en el 2008 no hizo ningún gesto significativo para salir en defensa de Georgia, arrastrada a un desafío imposible ante Rusia por el presidente Mijail Saakashvili, que no solo cometió un error de cálculo descomunal, sino que vio como Abjasia y Osetia del Sur se desgajaban de su pequeño país.

Incluso quienes como el fallecido historiador Tony Judt sitúan la última oportunidad política de los regímenes marxistas de Europa en 1968, durante la breve primavera de Praga, admiten que en los siguientes 15 años, con todas las carencias que se quiera, la URSS mantuvo el estatus de superpotencia y las debilidades genéticas del sistema no salieron a la superficie hasta que Gorbachov abrazó el realismo y renunció a la propaganda. De la misma manera que la euforia desatada en Occidente por la caída del Muro, analizada sobre el terreno por autores como el británico Timothy Garton Ash, dio paso también a la realidad de las dificultades para mantener básicamente sin cambios el mapa estratégico de Europa, aquel reparto de papeles entre los dos bloques que la lógica de la guerra fría consagró como sistema. Quizá por eso se habla ahora de una segunda guerra fría o de una guerra fría de nuevo cuño, porque en muchos de los gestos de Putin y en muchas de las reacciones de sus adversarios se adivina el recuerdo del funcionamiento de Europa antes del final del Muro.

El desmoronamiento del bloque del Este y la desaparición de la Unión Soviética dio pie al nacimiento de nuevos estados y la ampliación de la OTAN y de la UE.

El desmoronamiento del bloque del Este y la desaparición de la Unión Soviética dio pie al nacimiento de nuevos estados y la ampliación de la OTAN y de la UE.

Un cuarto de siglo después de aquel momento, con Alemania convertida en la potencia que dicta las reglas en el seno de la Unión Europea e inversiones estratosféricas del sistema financiero alemán en la economía emergente rusa, lo que se da por descontado es que no se volverá a una situación de coexistencia, pero no de convivencia. A pesar de las sanciones en vigor, a pesar de que el conflicto en Ucrania adopta el perfil de una enfermedad crónica, la trabazón de ambos mundos en el seno de la economía global neutraliza algunos riesgos mayores. Aunque Tony Judt lamentó en Pensar el siglo XX la inclinación de los intelectuales a reflexionar acerca de si una política es eficaz o ineficaz en términos económicos, en vez de sopesar si es o no buena, las consecuencias de la ineficacia vividas en carne propia por la sociedad rusa, y la dieta impuesta a los alemanes desde los días del canciller Gerhard Schröder hasta los de Angela Merkel para digerir la unificación, hacen que sean justamente consideraciones económicas las que alejan el espectro de la confrontación y la vuelta a la coexistencia pacífica sin mayores atributos.

La distinción que establece Mark Malloch Brown, del World Economic Forum, entre los “estados de la seguridad económica” –China– y los “estados de la seguridad nacional” –Rusia– refuerza esta impresión relativamente optimista de que la mera coexistencia es insuficiente para que los engranajes no se atasquen. Porque, de acuerdo con el mismo modelo, la seguridad nacional es inviable sin la seguridad económica y viceversa, incluso admitiendo los síntomas de crisis que arrojan los estados-nación como entidades encargadas de redistribuir la riqueza, prestar servicios y cohesionar a la comunidad. Es decir, el desmoronamiento del bloque del Este, con la caída del Muro de Berlín como referencia del proceso, y la unificación Alemana como dato inmediato del triunfo de Occidente frente al proyecto soviético dieron lugar a una nueva situación en la que las interdependencias son más determinantes que las rivalidades. Quizá el acuerdo gasista de Rusia y Ucrania, mientras sigue la guerra, sea el ejemplo más inmediato e ilustrativo de la realidad más allá de los campos de batalla.

O puede que más acá, pues el final de la guerra fría liquidó un sistema con mecanismos de control mutuo a un lado y otro de la divisoria del Este y del Oeste, y lo que en principio se aventuró como un mundo más seguro y más estable dio en resultar uno menos seguro y menos estable. Y en ese mundo diferente al esperado porque está lejos de haberse consolidado como sistema con un código de señales reconocible que establezca pautas para gestionar los momentos de crisis, el único espacio que parece sistematizado y ocupado en mantenerse incólume es el de la economía global, sean cuales sean los costes sociales que lleva asociados. Claro que si las cosas son así, cobra todo su sentido la opinión expresada por Tony Judt sobre la orientación de un mundo globalizado: “El efecto de la predominancia del lenguaje económico en una cultura intelectual que siempre ha sido vulnerable a la autoridad de los expertos ha actuado como freno sobre un debate social más fundamentado en lo moral”. Y el freno sigue echado.

 

 

Los republicanos preparan la victoria

La decisión de la mayoría de candidatos demócratas que se presentan a las elecciones del próximo martes en Estados Unidos de evitar la presencia del presidente Barack Obama en sus campañas ilustra la desazón que se ha adueñado del partido. Con índices de aceptación que en el mejor caso superan ligeramente el 40%, la compañía de Obama se ha convertido en un mal punto de partida para neutralizar la euforia de los republicanos, que confían en recuperar la mayoría en el Senado y están seguros de renovarla en la Cámara de Representantes. No hay un solo dato que no pronostique dos años extremadamente difíciles para la Casa Blanca, encajonada entre una opinión pública descontenta y un Partido Republicano dueño del Congreso y sometido muy probablemente a la estrategia de tierra quemada del Tea Party.

La primera gran preocupación del Partido Demócrata es la desmovilización del arcoíris de minorías que llevaron a Obama al Despacho Oval en el 2008 y lo mantuvieron en el puente de mando en el 2012. Aunque las elecciones legislativas de midterm (entre dos elecciones presidenciales) suelen tener una participación más baja, la falta de un gran asunto a debate en las del día 4 aún las hace menos atractivas a ojos de una parte considerable de los ciudadanos, instalados en la atonía a pesar o causa de una mejora muy visible de la economía. Y las clases medias de la América tradicional, zarandeadas por la crisis, han recuperado el instinto conservador y la desconfianza en la Administración federal, y no han dejado de poner en duda las virtudes de una reforma sanitaria que, entienden, es una intromisión inaceptable del Estado en el libre albedrío de los ciudadanos.

Cartel en el que se asocia ‘tea’ y ‘republican’ con el elefante, mascota de los republicanos, que para el caso luce una enorme bolsa de té en el lugar de la oreja.

La analista Marisa Abrajano, de la Brookings Institution, al remitirse a los índices de participación en las midterm del 2010 –latinos, 31,2%; blancos, 48,6%; negros, 44%; asiáticos, 31%– pone de relieve que de los caladeros de votos demócratas, solo el afroamericano puede mantenerse en índices parecidos a los de hace cuatro años, mientras que la movilización entre latinos y asiáticos puede ser incluso menor. Es esa una perspectiva que vaticina una derrota demócrata, junto con una constante histórica: en las midterm, los mayores y los segmentos sociales más prósperos –voto conservador en ambos casos– acuden en mayor medida a las urnas que los jóvenes y, en general, los ciudadanos con unos ingresos por debajo de la media.

¿Por qué la figura de Obama ha decaído hasta el punto de contaminar las expectativas electorales demócratas? Cuatro son las razones entre otras muchas:

1. Las elecciones a mitad de un mandato presidencial suelen castigar al partido que ocupa la Casa Blanca. Si los índices de aceptación del presidente son además modesto, por no decir bajos, el castigo es mayor. Si, por añadidura, el presidente –caso de Obama– es un pato cojo (lame duck), apelativo que se aplica a quien no puede ser relegido por decisión propia o por imperativo legal, la pérdida de votos suele ser aún mayor.

2. El martes se renueva el último tercio del Senado surgido de las elecciones del 2008, cuando Obama ganó la presidencia. Fue aquel un gran año de ascenso demócrata y en cambio el 2014 lo es de reflujo, de acuerdo con los ciclos típicos de la política de Estados Unidos, con los dos grandes partidos instalados permanente en una montaña rusa.

3. El aumento del voto militante, ajeno a los resultados y comprometido solo con la adscripción a una idea hace cada día más difícil la transferencia de sufragios de republicanos a demócratas y viceversa. El martes se someten a elección siete escaños del Senado ocupados por demócratas que corresponden a estados donde en el 2012 ganó Mitt Romney, candidato republicano a la presidencia. Seis de estos estados son tradicionalmente republicanos –Alaska, Arkansas, Dakota del Sur, Luisiana, Montana y Virginia Occidental– y el séptimo –Carolina del Norte– está a tiro de los republicanos a poco que flaquee la participación entre las minorías. En cambio, los republicanos solo se encuentran en una situación parecida en Maine, un estado de largo historial demócrata y donde Obama ganó hace dos años.

4. La intensidad de los ataques dirigidos directamente a Obama, no exentos en ocasiones de prejuicios raciales más o menos explícitos, han desgastado la imagen de líder reflexivo que proyectó durante sus primeros años. Al mismo tiempo, se ha extendido la impresión de que el presidente es un político dubitativo, que ha ofrecido una débil imagen exterior de Estados Unidos y no ha sido capaz de neutralizar los obstáculos planteados por una oposición republicana desacomplejada.

Cartel elaborado por una partidaria de Hillary Clinton para promover su candidatura en la elección presidencial de 2016.

¿Es posible que la resurrección del conservadurismo compasivo enunciado en el 2001 por George W. Bush sea la gran herramienta republicana para dejar a los demócratas en minoría en las dos cámaras del Congreso, se pregunta la analista Melissa Deckman? La seguridad absoluta de que encadenará una tercera mayoría en la Cámara de Representantes, una asamblea acostumbrada a la sal gruesa y la bipolarización permanente al estar sometida a renovación cada dos años, da alas al Partido Republicano para confiar en hacerse con la mayoría en el Senado. Como se dijo a propósito de Bush, la simplicidad de los enunciados no afecta a la eficacia de los mismos, y varios candidatos han vuelto en esta campaña sobre la idea central del expresidente en los inicios de su primer mandato: “El Gobierno no puede solucionar todos los problemas, pero puede estimular a la gente y a las comunidades para ayudarse a sí mismas y ayudar a otros. A menudo la forma más auténtica de compasión es ayudar a los ciudadanos a construir sus propias vidas”.

Según analiza la situación la web estadounidense político.com, el estado de ánimo del electorado permite pronosticar que una versión del conservadurismo compasivo actualizada por el Tea Party es suficiente para lograr la victoria. La gran contradicción es que uno de los mayores logros de la presidencia de Obama, la reactivación de la economía, poco tiene que ver con el individualismo disfrazado de compasión y mucho debe a la intervención directa del Estado para rescatar a la clase media de la postración a la que la condenó el curso de la crisis económica a partir del desbarajuste de las subprime (2007) y de la quiebra del banco Lehman Brothers (2008). El neokeynesianismo contenido que inspiró las medidas de estímulo que permitieron inyectar dinero al sistema para promover el crecimiento, el empleo y el consumo anduvo bastante alejado de la prédica neocon, pero llegado el 2014, con un aumento previsto del PIB por encima del 3%, el efecto electoral de la mejora de la economía se antoja amortizado.

Detrás del esfuerzo de los republicanos por controlar el poder legislativo, de obstaculizar al máximo los dos últimos años de gobierno de Obama, y del empeño de los demócratas por alejar al presidente de los mítines se desliza el perfil de Hillary Clinton, la candidata demócrata mejor situada para disputar la Casa Blanca en el 2016. Los republicanos carecen, de momento, de un posible cartel electoral tan sólido para dentro de dos años, y en el seno del partido la división entre el establishment clásico y los apóstoles del Tea Party es fácilmente detectable. Los demócratas quieren evitar a la posible candidata tener que pechar con las consecuencias de una derrota electoral, con el efecto en la opinión pública de un relato que la asocie con los previsibles aprietos de Obama hasta el final de su mandato. Pero es esta una operación llena de obstáculos porque los republicanos, a su vez, se preparan para mostrarse intransigentes con cuanto proceda de la Casa Blanca y para proyectar sobre el futuro la sombra de un Partido Demócrata sin margen de maniobra.

Esa concepción binaria de la política, muy presente en los medios informativos conservadores, donde se reclama al Partido Republicano –léase Tea Party– desmantelar los programas sociales puestos en marcha por Obama, configura una situación de bloqueo político. En el quincenal National Review, el muy conservador Ramesh Ponnuru sostiene que “el recurso a la reconciliación para conseguir que sea promulgado un proyecto de ley sería un desperdicio del proceso”. En general, las publicaciones neocon entienden que el resultado del martes es la estación intermedia del trayecto que lleva a la Casa Blanca, pero entre bastidores surge la pregunta: ¿es posible imaginar un candidato que en el 2016 pueda enfrentarse con posibilidades de vencer a la brillante Hillary Clinton si hasta entonces se ha prodigado en actitudes sectarias? Y al buscar la respuesta surgen las dudas en cuanto al techo electoral y la capacidad de gestión política del Tea Party a escala nacional, convertido el Partido Republicano en correa de transmisión de un conservadurismo hermético.