América Latina saca pecho

No hay mejor argumento para defender la reanudación de relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba que el dado por el presidente Barack Obama: la decisión adoptada en 1961, embargo económico incluido, ha sido perfectamente inútil. Es este un dato irrefutable pues la isla, con padrinos o sin ella, con más o menos privaciones y con más o menos popularidad más allá de sus playas, ha sobrevivido a las sanciones, a la ausencia de los intercambios económicos con su poderoso vecino y a la brega conservadora para ahogar la revolución o el régimen, si se prefiere. Todas las cronologías publicadas estos días están salpimentadas con los intentos a menudo deleznables puestos a contribución de la causa última de acabar con el castrismo, sin que, por lo demás, la relación de conspiraciones, planes para asesinar a Fidel, infiltración de agentes en la isla y otras maniobras de naturaleza inconfesable hayan cambiado sustancialmente el horizonte de vida de una revolución social sumida en la decadencia que, aun así, no es posible eliminar de un plumazo.

Hay en el régimen un instinto de supervivencia que tiene su cobijo en el partido y en el Ejército, columnas vertebrales del sistema, pero hay también, detrás del régimen, la percepción latinoamericana del momento histórico, la mutación registrada en las sociedades latinoamericanas, tan distintas a aquellas que asistieron a la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y a la articulación de un sistema nuevo, que parecía impensable que pudiese asentarse, en plena guerra fría, a 90 millas de Florida. Aquellas sociedades básicamente sumisas con los designios del Norte, fuesen estos presentados como la Alianza para el Progreso o tuvieran la mirada torva de las dictaduras militares, se han transformado a partir de los años 80 en otras que, finalmente, han arropado a la revolución cubana declinante para darle una salida, una continuidad o un desenlace antes imposible.

Las razones aducidas por Obama para dar el paso son muy diferentes a aquellas sentidas por las sociedades latinoamericanas y subrayadas por algunos de sus líderes más relevantes, formen estos en las filas heteróclitas bolivarianas o en las más asentadas de los diferentes posibilismos socializantes que hoy gobiernan en tantos lugares. Basta con echar un vistazo a las ediciones del día siguiente al anuncio cubano-estadounidense para entender que salvo conservadurismos acérrimos como el del diario El Mercurio de Santiago de Chile, el resto del arcoíris político saluda el evento como un gesto de justicia, necesario, conveniente y que debe culminar con la vuelta de Cuba a la Organización de Estados Americanos, de donde fue expulsada en 1962. Las dudas que alberga El Mercurio sobre la utilidad del paso dado –“Que esta sea la política más acertada para buscar la democracia en Cuba solo se verá si los cubanos consiguen mejores condiciones de vida, recuperan sus libertades civiles y se respetan sus derechos humanos”– contrasta con la orientación dominante:

-“El hecho demuestra la justeza de la postura de los gobiernos latinoamericanos, los cuales abogaron durante décadas por el fin de la hostilidad oficial estadounidense contra Cuba”. (La Jornada, México DF).

-“Para la región, una consecuencia que se debe tener en cuenta es que la cercanía de Cuba con Venezuela y los países de la llamada Iniciativa Bolivariana para las Américas (ALBA) debe entrar en una etapa de revaluación”. (El Espectador, Bogotá).

-“Estados Unidos quiere hacer negocios en Cuba, es cierto, pero el mercado cubano aún es pequeño y pobre. El impacto del anuncio de ayer [el miércoles] es más significativo a corto plazo para América Latina. Saca consecuencias de aspectos de la política exterior brasileña y de los aliados bolivarianos, por ejemplo, vueltos hacia temas superados de la guerra fría como la confrontación Norte-Sur, el antiamericanismo y el tercermundismo”. (O Globo, Río de Janeiro).

-“Es el punto de partida de un reacercamiento de Washington a América latina, en un momento en que otras potencias, como China, elevan su perfil en la región. Es el paso más largo que haya dado el régimen de los Castro hacia la liberalización de su economía, que coincide con la crisis de su gran aliado, el chavismo, víctima de la caída del petróleo”. (La Nación, Buenos Aires).

Hay discrepancias, claro, en esa muestra escueta de comentarios publicados en algunos de los medios más influyentes en la región, pero no hay reservas en cuanto a la naturaleza o la carnadura latinoamericana de lo acontecido. Esa percepción apenas se refiere a la inutilidad de la estrategia estadounidense seguida hasta el presente –el principal argumento de Obama– y se adentra, en cambio, en algo semejante a la confirmación a través de los hechos de que era adecuada la impugnación de la política seguida por Estados Unidos en Cuba, con Cuba y contra Cuba. Ni siquiera los datos objetivos que han llevado al desenlace de 18 meses de negociaciones secretas, Canadá y el Vaticano mediante, modifican esa reivindicación o satisfacción colectiva de la comunidad política de América Latina. La asfixia económica del experimento venezolano, la mediación cubana en las negociaciones del Gobierno colombiano con las FARC, la debacle de los precios del petróleo, la evolución en la opinión pública del exilio cubano en Estados Unidos –el 60% se dice partidario de solucionar el conflicto–, la intromisión de Rusia y China en los negocios del continente, todo eso pesa y debe contabilizarse, pero en la reacción de los gobernantes reunidos en Paraná (Argentina) el mismo día del anuncio pesaron otros factores, quizá quepa decir identidades, que cotizan en la región más allá de las convenciones diplomáticas y las necesidades inmediatas de cada parte para llegar a un acuerdo.

Al hacerse estos días recuento y repaso de los sucesivos fracasos que coronaron todos los intentos de acercar a Estados Unidos y Cuba, desde 1959 hasta hoy, se repara poco en el hecho de que durante la guerra fría, y aun después de ella, se impuso en el disenso caribeño la lógica de la confrontación ideológica, y no hubo forma de explorar otras vías, sometido todo el proceso a la presión conservadora en Florida y a la propaganda castristas al otro lado del mar. Pero en la memoria histórica latinoamericana pesa, por encima de todo, el precio pagado por los cubanos –más que por el régimen cubano– a causa de la asfixia económica. Y esa es ahora la vara de medir, como lo es aquella otra expresada por el veterano José Mujica, presidente saliente de Uruguay, cuando cubría el trecho entre el guerrillero tupamaro rehabilitado y los requisitos del poder: “En el marco de la guerra fría, la política norteamericana apuntalaba cualquier salida de carácter golpista siempre y cuando hubiera existido la posibilidad de que se afirmara un régimen meramente independiente, de carácter populista, que se opusiera a la conveniencia norteamericana, aunque no fuera comunista”.

“Por la historia, la lengua y la cultura pertenecemos a Occidente, no a ese nebuloso Tercer Mundo del que hablan nuestros demagogos. Somos un extremo de Occidente –un extremo excéntrico, pobre y disonante”, dejó escrito Octavio Paz. Pero esa definición quizá se aviene más con la percepción que de América Latina se tiene en Estados Unidos que con las convicciones más íntimas de los habitantes de la región, de quienes ahora la gestionan y quizá de quienes creen haber descubierto que hay vida más allá del modelo occidental. Eso también pesa en la acogida que ha tenido la normalización de las relaciones cubano-estadounidenses; eso también contribuye a mantener el prurito de preservar la diferencia y construir una trama de intereses políticos que, trabajosamente, busca alternativas a la tutela permanente del Norte, más asfixiante antes, más sutil ahora, pero no menos efectiva. Y es este un sentimiento bastante transversal, compartido por enfoques ideológicos dispares, porque parte de la convicción de que la dependencia a todas horas no conduce a ningún puerto seguro. Otra cosa es que todas las alternativas sean viables o tengan futuro, que seguramente no.

La CIA banaliza la tortura

Nada de lo puesto al descubierto por el informe del Senado hecho público el martes se refiere a situaciones impensadas, no sabidas o no intuidas, como ha resaltado en un editorial el diario progresista francés Le Monde, pero lo peor, como ha señalado con no menos amargura el mismo medio, es que el comportamiento inmoral de la CIA en la etiquetada como lucha o guerra contra el terrorismo ha banalizado la tortura, la ha incorporado al paisaje cotidiano más o menos presentido por los ciudadanos. De la misma manera que la banalidad del mal –la vesania nazi– fue una expresión forjada por la pensadora Hannah Arendt en el libro Eichmann en Jerusalén, las excusas o argumentos servidos por la CIA y sus defensores para justificar cuanto de oprobioso e injustificable hay en la tortura, abundan en esa otra banalización, no menos ominosa, no menos escandalosa, que abre un abismo profundo, insalvable, entre la moral y el recurso a cualquier cosa con tal de alcanzar los resultados apetecidos.

Una vez más, detrás de las explicaciones más o menos inconsistentes de John Brennan, director de la CIA, de la plana mayor de la Casa Blanca de George W. Bush y de los republicanos de hoy, de los que se han hecho con la mayoría en las dos cámaras del Congreso, detrás de esa apresurada construcción de una tramoya justificativa, alienta la idea aborrecible de que el fin justifica los medios, por deleznables que estos sean. Y ni siquiera ese planteamiento meramente utilitarista es, en puridad, aplicable al caso, porque del informe elaborado por los senadores demócratas se desprende que la tortura no evitó o conjuró ninguna acción terrorista, ataque o cualquier otro acontecimiento que pusiera en peligro la seguridad de Estados Unidos. Aunque el exvicepresidente Richard Cheney diga que volvería a hacer lo mismo, esto es, volvería a dar su apoyo a los “interrogatorios reforzados” –para la mayoría, torturas–, que estima cumplieron con las metas fijadas, la verdad es que en nada ayudaron a mejorar la seguridad y si, en cambio, sirvieron para hacer más pestilente el hedor que asciende de las alcantarillas del Estado.

Del “nivel de depravación insoportable” al que se refirió el jueves The New York Times forman parte no solo los funcionarios de la CIA que perpetraron las fechorías y quienes las autorizaron o consintieron, sino quienes hoy se esfuerzan en justificarlas. Un gobierno que toma la decisión de renegar de sus principios –al menos se le suponen– es un peligro cierto para la preservación de los valores democráticos, de aquellos que deben quedar siempre a salvo, a pesar de que bajo los escombros del 11-S quedaron sepultados los cuerpos de 2.992 inocentes. “La fuerza de una democracia se juzga por su capacidad para no renegar de sus principios en nombre de la seguridad nacional, esto es, aceptar la dosis de inseguridad que implica el respeto a los antedichos principios”, se ha escrito en las páginas de Le Monde, y ese es un compromiso inexcusable. Porque, si no lo es, se cumple uno de los postulados de la utopía reaccionaria, acaso una distopía –más seguridad a cambio de menos libertad–, pero se inflige un daño irreparable a la cultura política democrática.

Ni siquiera la tragedia de los atentados del 11-S autoriza que a quienes los planearon, encubrieron o protegieron se les apliquen unos parámetros legales diferentes, se los envíe a cárceles secretas y se los ultraje a todas horas. Lo mismo cabe decir de los combatientes del régimen talibán que entre octubre y diciembre de 2012 fueron enemigos de Estados Unidos en el campo de batalla de Afganistán. No solo porque la legitimidad moral de aquella guerra fue y sigue siendo más que discutible, sino porque la democracia se sustenta en valores incompatibles con procedimientos execrables, y es esta una incompatibilidad fundamental, esencial, que señala el límite entre los digno y lo indigno.

El empeño de la senadora Dianne Feinstein de sacar adelante el informe, y aun hacer pública una parte, hay que entenderlo, pues, como un servicio cívico, aunque coincidan en el episodio razones de conveniencia política, pues los republicanos ejercerán pronto de mayoría en el Senado y, como es sabido, son partidarios de guardar todo el asunto bajo la alfombra en nombre de la seguridad nacional. Es, asimismo, el primer paso, y quizá el último, para sanear a la CIA, purgarla si se quiere, de acuerdo con el verbo utilizado por el senador demócrata Mark Udall, y para someterla a un más estrecho control. “El problema fundamental aquí es no solo qué sucedió, sino la resistencia continua de la dirección de esta agencia a la vigilancia básica”, según el senador Martin Heinrich, demócrata, que puso el dedo en la llaga al subrayar la pretensión de la CIA de disponer de una libertad de movimientos que, dicho en pocas palabras, la libere del escrutinio público y de la fiscalización institucional a través del Congreso.

Incluso aceptando la idea expresada por el presidente Barack Obama de que no se llevará a nadie ante el juez, si la difusión del informe no entraña costes políticos para nadie, la banalización de la tortura se habrá consumado por segunda vez. Que el presidente se sienta ahora prisionero de su iniciativa del 2009, cuando ordenó acabar con las técnicas autorizadas a la CIA por la Administración que le precedió e indirectamente indujo la elaboración del informe ahora conocido, no deja de ser algo que va con el cargo. Era más que previsible que, según fuera el resultado de la investigación, saltaran las alarmas. Pero para la salud democrática de Estados Unidos es preciso restablecer el principio de que la seguridad colectiva debe ser respetuosa con el Estado de derecho. En caso contrario, se impondrá una vez más la idea, no ya dentro de las instituciones, sino en la opinión pública, según la cual solo importa el fin perseguido.

Nadie pone en duda que la seguridad es un derecho de los ciudadanos que debe garantizar razonablemente el Estado, pero, como afirma en su blog el analista Dan Froomkin, puesto que la función de la CIA es proporcionar información fiable, sienta un mal precedente –en realidad, lo ha sentado muchas veces– al recurrir a mentiras para defenderse ahora o, en el pasado, para recurrir a métodos obscenos so pretexto de su utilidad. La información contenida en el informe del Senado no es un episodio de la teleserie Homeland, muy verosímil, ni la reconstrucción dramatizada de la operación que dio con la guarida de Osama bin LadenLa noche más oscura, muy cercana a la realidad presumible–, sino que maneja información solvente, de primera mano, comprobada por quienes, en ningún caso, cabe considerar adversarios de la comunidad de inteligencia. Y si algún dato se aleja de la verdad histórica, debe seguramente achacarse a la propia CIA, celosa custodia de la información de que dispone y de sus métodos para obtenerla, aunque quienes la piden sean senadores.

Muchas veces se ha recurrido a la expresión un estado dentro del Estado para referirse a la opacidad y a la libertad de movimientos de agencias de información y de seguridad como la CIA. Cuantos han utilizado esta terminología han sido considerados con frecuencia radicales poco informados de las necesidades últimas del Estado, pero cuando se llega a conocer la realidad de 119 hombres sometidos a una variada gama de vejaciones y torturas, encubierto todo por retorcidas interpretaciones del derecho internacional –la Convención de Ginebra aplicable a los presos de guerra, por ejemplo– y la consagración de la seguridad como un valor absoluto por encima de cualquier otro, entonces la expresión un estado dentro del Estado cobra todo su sentido. A partir de ese momento se entiende por qué es posible que la propia CIA espiara a los senadores encargados de elaborar el informe (luego se disculpó, qué remedio, y prometió que no volvería a suceder). Ese poder de facto, en la sombra, fuera de control, es tan peligroso como la inseguridad misma que se pretende combatir con prácticas irregulares porque convierte a los ciudadanos en posibles víctimas de la arbitrariedad de quienes, en nombre de la seguridad, vulneran las leyes establecidas para garantizarla. ¿Es imaginable mayor contradicción?

Rusia, condenada a una crisis

“Si Rusia no empieza hoy su modernización, corre el riesgo de convertirse mañana en un país del Tercer Mundo”, vaticinó en el 2012 el analista IgorYurgens. Dos años antes, varios líderes políticos, exdirigentes de la Unión Soviética, economistas y empresarios habían dado público apoyo a un proceso de modernización acelerada de la economía rusa, excesivamente dependiente de la exportación de energía y, por esa razón, de las fluctuaciones de un mercado sometido o influido a todas horas por los vaivenes de la política. La caída de los precios del petróleo a finales de 2008 puso en evidencia la debilidad de los países dependientes del monocultivo del petróleo, fuente principal de los ingresos en dólares, y hoy como ayer vuelven a cernirse sobre la economía rusa los peores presagios –la caída en picado del rublo, la escalada inflacionista y la contracción del mercado interior–, agravados por las sanciones de Occidente a causa de la crisis de Ucrania.

En realidad, el rosario de datos concatenados que determinan las dificultades de la economía rusa revelan hasta qué punto es esta vulnerable. No solo porque carece de alternativas rentables e inmediatas para compensar el efecto de las sanciones impuestas por Occidente, sino porque está a merced de las fluctuaciones del precio del petróleo, que está condicionado por la capacidad de producción y distribución de la OPEP y la acumulación de reservas en todo el mundo. Por utilizar la terminología al uso, Rusia tiene una muy limitada capacidad de resistencia, aunque durante la presidencia de Dmitri Medvédev, gracias al buen momento de las relaciones ruso-estadounidenses, la impresión fuese otra.

Según un artículo de William E. Pomeranz distribuido por la agencia Reuters, “la espectacular caída del precio del petróleo supone un descenso de las rentas del Estado y menos dinero para los ambiciosos proyectos de gasto militar y social de Putin”, que debe unirse a la fuga de capitales, cuya cuantía es imposible calcular. En cualquier otro escenario que no fuera el ruso, se diría que se dan las condiciones para una crisis social o, al menos, hay el riesgo cierto de que se produzca, pero en el proceso de rearme moral colectivo emprendido por el Kremlin a raíz de la crisis ucraniana y del consiguiente distanciamiento de Estados Unidos y de la Unión Europea, es posible que, a pesar de los pesares, siga influyendo más el reflejo nacionalista que el efecto inmediato de la crisis económica.

Eso es, al menos, lo que daban a entender las encuestas de hace solo un mes, que otorgaban a Putin un índice de aceptación de alrededor del 80%. Cosa distinta es que el restablecimiento de la grandeza de Rusia como gran potencia sea viable sin una economía que no dependa solo de las fluctuaciones del precio del petróleo y de la exportación de gas. Porque cuando la propaganda rusa amenaza con buscar otros clientes para sustituir a los recelosos europeos, oculta un dato: solo China puede compensar una disminución significativa de las ventas en el mercado europeo, como ha entendido Vladimir Putin, que ha firmado acuerdos de suministro con los gobernantes chinos que empezarán a aplicarse en el 2018. E incluso así, la falta de acuerdo para el gaseoducto South Stream, que debe conectar la red rusa a la de la UE por Bulgaria después de cruzar el lecho del mar Negro, daña sin remisión la política de ventas diseñada por Gazprom, la primera empresa rusa, para evitar el paso del combustible por Ucrania.

De ahí a concluir que la decisión de la OPEP de mantener la producción –30 millones de barriles diarios– está relacionada con la situación de Rusia media solo un paso. A pesar de los datos que reflejan una caída del consumo, un aumento de las reservas y un descenso de las importaciones en Estados Unidos a raíz de la explotación de los yacimientos de esquisto, indicadores todos ellos que aconsejarían una disminución de las extracciones, la reacción ha sido justamente la contraria y el barril de Brent se ha situado por debajo de los 70 dólares –llegó en junio a los 115 dólares–, con grave perjuicio para monocultivadores de energía como Venezuela o Irán, sin otro producto que exportar, o para aquellos con una presencia muy limitada en otros campos, caso de Rusia. Dicho de otro modo: la decisión impuesta a la OPEP por Arabia Saudí y las petromonarquías del Golfo es hija seguramente de la determinación de Estados Unidos y sus aliados de presionar indirectamente a Rusia sin sufrir o afrontar el desgaste político de un nuevo motivo de tensión después del de Ucrania.

Hay en este relato ingredientes suficientes para vislumbrar una nueva guerra fría posmoderna en la que ya no cuentan tanto la ocupación de áreas específicas, con la consiguiente parafernalia nuclear y la rivalidad entre modelos económicos diferentes, sino el recurso a la economía global para domeñar voluntades. La economía rusa dejó de ser, con el hundimiento del bloque socialista, la isla no contaminada o no relacionada con la red de intereses de la economía occidental, y no puede sostener por tiempo ilimitado la situación actual so pena de aceptar un empobrecimiento acelerado de la clase media surgida de las privatizaciones, las inversiones extranjeras y la exportación de energía como instrumento casi exclusivo para financiar la modernización del país. Las compras de propiedades hechas en dólares y euros, que son ahora inasumibles a causa de la devaluación incesante del rublo hasta perder un 40% de su valor, constituyen el ejemplo más llamativo de una situación que puede llegar a ser insostenible para el grupo social que ha asentado en el poder el nacionalismo encarnado por Putin.

En el trabajo Rusia en el siglo XXI. Una visión para el futuro, del año 2010, varios autores insisten en que las élites no lograron llevar a la práctica el programa de modernización necesario para no ser un país diferente. Pero enseguida surgió en aquel entonces la respuesta del bando contrario a cambiar las coordenadas políticas rusas con el argumento harto discutible de que los fracasos en materia económica no significan que sea necesario un cambio en el sistema. Por el contrario, el artilugio constitucional que llevó a Medvédev a la presidencia para permitir luego el regreso de Putin al frente del Estado se entendió como una garantía de progreso, cuando en la práctica cegó las vías de acceso a cambios políticos significativos, a la alternancia en el poder de diferentes opciones y a la competencia entre programas. Que esto fuese útil en un primer momento, final de la década de los 90, para atajar la decadencia sin remisión de la Rusia de Boris Yeltsin no significa que lo sea ahora para guardar los estandartes en el cuarto de banderas, abordar la crisis ucraniana con realismo y dar con una solución equilibrada que no sea una claudicación, pero que permita acabar con la incertidumbre de una economía en caída libre.

Es posible que en algún momento pensara Putin que podía derrocar al Gobierno de Ucrania, como ha escrito Paul Krugman, pero tal ensoñación se desvaneció en cuanto se multiplicaron en Occidente los valedores del Gobierno de Kiev. Se trató de un gesto lleno de oportunismo, de un desafío a la convicción de Putin de que sólo él tiene derecho a mantener ordenado y a su conveniencia el vecindario más inmediato, pero fue un acontecimiento decisivo para consagrar la división ucraniana, hacer de la guerra una enfermedad crónica y abrir un paréntesis para reflexionar. Lo que se cruzó luego en el camino del presidente ruso fue el cambio acelerado en el mercado de la energía, la falta de alternativas para cobrar en otros caladeros los dólares de menos obtenidos en los yacimientos de gas y petróleo.

Aun así, no creía Krugman este último verano que se diesen en el libro de ruta de las finanzas globales las condiciones necesarias para la concreción de una nueva guerra fría. Aludía el economista a la probada capacidad del capitalismo para adaptarse a todo tipo de situaciones, pero, y siempre hay un pero, en aquel tan cercano como lejano último agosto no ensombrecía las murallas del Kremlin la densa nube de la crisis social que ahora se teme o se presiente. Y Occidente no estaría libre de culpa si se cumpliera la sabia creencia de que cualquier situación siempre es susceptible de empeorar.