Paroxismo yihadista

Las matanzas del viernes sitúan el conflicto entre los yihadistas y el resto del mundo allí donde estos desean. Las muertes en Susa (Túnez), en Kuwait y en el centro de Francia, a pocos kilómetros del aeropuerto de Lyon, sirven al Estado Islámico para mandar un mensaje inequívoco a la comunidad internacional en cuanto a su determinación de colonizar las voluntades en el mundo musulmán, apartarlo de Occidente y dejar sin efecto las estrategias puestas en marcha en varios países europeos, especialmente en Francia, para buscar una gestión intermedia del problema (no solo en el campo de la seguridad). Los turistas muertos en una playa tunecina, los fieles que rezaban en una mezquita chií en Kuwait y el hombre decapitado por uno de sus empleados en Saint-Quentin-Fallavier son víctimas inocentes de una estrategia política obscena, no de una improvisación u oportunismo en pleno Ramadán.

El golpe de Túnez debilita la complejísima transición del país desde la autocracia de Zine el Abidine ben Alí a la democracia. Túnez es la antítesis del proyecto político fundamentalista: se trata de un país musulmán con una larga tradición laica que aprobó en el 2014 una Constitución aconfesional en la que se consagra la autonomía del individuo como sujeto político sin distinción de sexo, creencia o cualquier particularidad referida a su vida privada. Túnez es, además, por el peso determinante del turismo en su economía, un país que precisa una sociedad abierta, donde la tradición no bloquee el futuro. El asalto en marzo del museo del Bardo (17 muertos) dejó en una situación de precariedad extrema el proyecto tunecino al poner en marcha un eficaz mecanismo para ahuyentar al turismo; los muertos del viernes en la playa de Susa quizá sean la lanzada definitiva en el costado de un pequeño país en el que el islamismo político supo retirarse a tiempo del poder para dejar que otros lo sacaran del atolladero.

La elección del objetivo en Kuwait tampoco es fruto del azar, pues el Estado Islámico, de acuerdo con la tradición wahabí, considera herética la rama chií del islam y, por lo tanto, el ataque contra una mezquita en pleno Ramadán carece de otra significación diferente a la guerra emprendida por el fundamentalismo suní contra cuanto se aparta de la ortodoxia. En la mentalidad sectaria y de ocupación del espacio político que distingue al Estado Islámico, que el ataque coincida o no con el Ramadán es irrelevante: lo que realmente cuenta es dañar a los adversarios mediante una lucha cuya legitimación es consecuencia del combate contra cuantos no se atienen al islam verdadero, aquel que constituye la herramienta ideológica de la prédica yihadista.

Así concebido el camino a seguir para imponer el califato, la matanza de turistas y el debilitamiento consiguiente del proyecto político tunecino es tan legítima como la de musulmanes kuwaitíes chiíes durante la plegaria del viernes: en ambos casos, se trata de acciones encaminadas a combatir la apostasía en tierra del islam. Puede parecer una simplificación, pero no lo es toda vez que la fundamentación ideológica de los yihadistas –no solo del Estado Islámico– es entender como apostasía todo aquello que, en el seno del islam, se aparta de su concepción del mensaje del profeta. De ahí que ningún musulmán que no comparta el ideario de los combatientes pueda sentirse a salvo de la persecución vesánica emprendida por los seguidores califa IbrahimAbú Bakr el Bagdadi hasta junio de 2014–, así se trate de observantes piadosos de los preceptos coránicos, de líderes religiosos consagrados o de pacíficos laicos que promueven la neutralidad del Estado en materia religiosa.

En Francia se da una complejidad añadida: el encaje en una sociedad secularizada de comunidades de tradición musulmana. Si los atentados del 7, 8 y 9 de enero contra la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo, una policía de carretera y un supermercado kosher elevaron al máximo la preocupación europea ante el desafío yihadista, el golpe en el centro del país contra una instalación industrial pone de manifiesto en grado sumo la vulnerabilidad de cualquier ciudadano, en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero también la capacidad de adaptación al medio de los terroristas –Yassine Salhi, el presunto atacante de la factoría Air Products, había sido fichado como salafista–, listos para transformarse en agentes del caos cuando la ocasión se presenta y vecinos sin ninguna relevancia hasta que llega el momento de actuar.

Nada de todo ello escapa al escrutinio de los especialistas de primera línea con que cuenta Francia. Con solvencia y tino variables, pero siempre consistentes, Alain Gresh, Olivier Roy, Jean-Pierre Filiu y Gilles Kepel, entre otros, han buscado una explicación a cuanto, al final, se ha convertido en un problema de seguridad colectiva para musulmanes y no musulmanes en Francia, en particular, y Europa, en general. Han buscado también las raíces del desafío yihadista al otro lado del Mediterráneo y han coincidido con matices en la idea de que la crisis no puede abordarse solo en términos de seguridad, con planteamientos militares o de guerra abierta –nosotros y ellos o nosotros contra ellos–, pero el acercamiento al problema de los estados, Francia incluida, es sobre todo o en exclusiva militar y policial, con el ingrediente añadido de que la implicación francesa en Níger, en Mali y en la coalición internacional que combate desde el aire al Estado Islámico en Oriente Próximo agrava los riesgos.

Cree Jean-Pierre Filiu que ninguna mejora es posible sin una intervención decidida y definitiva en Siria e Irak (Yihadistán), núcleo desde el que se expande el combate fundamentalista. Pero tal planteamiento, que no es incompatible con la terapia social apuntada por el primer ministro de Francia, Manuel Valls, después de los atentados de enero, podría no ser más que una opción equivocada o contraproducente si se corresponde con la realidad la opinión expresada por Mohamed Ali Adraoui en el último número de la revista Afkar/Ideas: “El islam radical y violento, ya convertido en oferta identitaria globalizada, se dirige tanto a los fieles deseosos de reaccionar frente a las humillaciones que creen sufrir, humillaciones que supuestamente rebasan la utopía de una sociedad justa y fuerte que proteja a la umma [comunidad de creyentes], como a los grupos que suelen constituir la base social de los movimientos de extrema izquierda”.

Más allá de las diferentes aproximaciones al fenómeno, domina en la opinión pública europea, musulmana o no, y en la de los países de tradición islámica una mezcla de temor y desorientación. En esa atmósfera de confusión extrema encuentran el campo abonado los promotores de soluciones radicales –la extrema derecha europea, en particular– y de llamamientos para recuperar las señas de identidad propias por oposición o contra las venidas de fuera: las occidentales, instaladas en el orbe musulmán, y las musulmanas, afincadas en Europa. Al mismo tiempo, los gobiernos carecen de mensajes convincentes que neutralicen la sensación de triunfo que transmiten los profetas del apocalipsis occidental, los ideólogos del martirio con un cinturón de explosivos y los predicadores de la vuelta a los orígenes del islam. Y quizá carecen de poder de convicción porque acaso sea imposible tenerlo cuando los peores presagios se cumplen a tal velocidad, un día sí y otro también, que no es posible sistematizar el conflicto entre el yihadismo y el resto del mundo –Occidente al menos– salvo para llegar a la fácil conclusión de que empeora sin cesar.

Grecia, penúltimo acto

Nada puede ser peor para el futuro de la Eurozona que la salida de Grecia del euro y quizá de la Unión Europea. Por malo que sea el acuerdo que se pergeñe para que Grecia se mantenga en la moneda única, siempre será mejor que el tormentoso horizonte más o menos intuido por todo el mundo si el Grexit se hace realidad. Quizá sea este el juego de los gobernantes griegos, que, como tantas veces ha sucedido en la historia de la UE, han llevado a la organización al borde del abismo con la inestimable ayuda de varios de los negociadores que han dado voz al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europa. Quizá sea este el juego griego o quizá al primer ministro Alexis Tsipras no le quede más juego que este, presionado por el ala más radical de Syriza, alianza heteróclita donde coexisten tantas interpretaciones de la crisis, de la deuda y del pago de la deuda como izquierdas quepa imaginar.

Esa es una posibilidad que no hay que descartar, antes bien, resulta más que verosímil que el gran obstáculo para Tsipras esté en Atenas y no en Bruselas. Esto es, que aquello que confusamente sale de la mesa de negociación europea podría ser asumido por una parte del Gobierno griego como un mal menor, pero podría adquirir la naturaleza de casus belli para la facción de Syriza menos dispuesta a aceptar una solución que no incluya una quita y que no blinde lo que queda –cada día menos– del Estado de bienestar antes de hablar de más reformas. Un informe-auditoria de la deuda elaborado por el Parlamento griego, y filtrado el jueves, ha suministrado munición a quienes están menos dispuestos a transigir: se dice en el texto final que una gran parte de lo adeudado es ilegal, ilegítimo y odioso. Pero la deuda existe y adjetivarla sirve para arrancar los aplausos durante un mitin en la plaza Syntagma, pero no para dar con una puerta de escape o para conjurar el gran riesgo: que la herida de Europa sea más grave con Grecia fuera del euro que con Grecia dentro de él.

Más grave para Europa y para la propia Grecia, cabe precisar. Pues es una incógnita absoluta saber qué consecuencias de futuro tendría en la economía y en la sociedad griegas la salida del euro y, debe repetirse, puede que de la UE. Es un enigma indescifrable dar un valor de cambio a una dracma resucitada, aventurar quién y cómo prestaría dinero al Estado griego, hasta qué punto sería inevitable un corralito, cuál sería la capacidad de resistencia de los bancos griegos antes de desplomarse y cómo se podría contener la fuga de capitales y la retirada de depósitos, que con intensidad creciente –1.000 millones al día esta semana– forma parte de la historia griega de los últimos años. La suposición de que la banca rusa acudiría en ayuda de las finanzas griegas, inducida por el presidente Vladimir Putin, deseoso de incomodar a la UE, resulta tan efectista como improbable (las sanciones a raíz de la crisis ucraniana han dañado la economía de Rusia); en todo caso sería una operación entre simbólica e insuficiente para limitar los daños (suministro de gas y petróleo como parte de la cooperación energética acordada el viernes). Esa es la realidad y no otra.

“Europa debe salvar a Grecia. Las consecuencias de que permanezca en la Eurozona serán malas, pero las de que se vaya serían aún peores. No solo económicas, sino humanas, geopolíticas e históricas. Europa no volvería a ser la misma”, escribía hace unos días alguien tan alejado de las visiones apocalípticas como Timothy Garton Ash. Es muy verosímil que tenga razón, que una exclusión de Grecia del tablero europeo resultase más costosa en términos de estado de ánimo colectivo, de raíces culturales y de identidad común que en términos económicos. Porque todo el mundo sabe que la deuda griega es impagable, salvo una renegociación realista de las cantidades y los plazos. Es imposible que pueda pagar un país de 11 millones de habitantes, con un PIB de 180.000 millones de euros, una deuda equivalente al 180% del PIB y un entramado social y productivo devastado por la crisis. Resulta más que difícil que los acreedores dispongan de un modelo matemático humanamente soportable para recuperar el dinero que se les adeuda (por encima de los 300.000 millones de euros).

Deuda griegaDe aquí al 30 de junio, cuando Grecia deberá pagar 1.600 millones de euros al FMI, es de prever una guerra de nervios en el seno de la UE, pero también en las bolsas y en el mercado de la deuda, potencialmente muy costosa esta última para países como España. Si al acabar junio el Gobierno griego no ha percibido los más de 7.000 millones de euros correspondientes al último tramo del segundo rescate, es poco probable que pueda eludir la suspensión de pagos y, a partir de ahí, todos los males imaginables hasta llegar a la quiebra financiera después de no atender el reembolso de 3.200 millones de euros al BCE previsto para el 20 de julio. ¿Está la UE preparada para afrontar ese desaguisado sin sufrir daños irreparables en su solvencia como organización en el presente y en su viabilidad como proyecto de futuro? ¿Está la opinión pública griega preparada para adaptarse a las consecuencias de una marginación o exclusión de su país del relato europeo?

Desde un punto de vista meramente técnico, la reforma de las pensiones, estimular el crecimiento, rebajar el presupuesto de defensa, lograr este año un superávit primario del 1% y acelerar la reforma fiscal son medidas con sentido para salir del atolladero. Pero lo son menos en un paisaje dominado por el dato dramático de que un tercio de la economía griega –el 25%, según los más optimistas– se ha esfumado de una forma u otra en los últimos siete años. El diagnóstico publicado en EL PERIÓDICO por el profesor Josep Oliver llega a la conclusión de que “es momento de proyectos políticos de largo alcance”, pero no puede evitar una sombra de pesimismo razonado: “A la luz de los fracasos de estos últimos años, asistiendo a una debacle, la griega, que nadie desea, pero que parece cada vez más probable, se me hace difícil imaginar si nuestros líderes serán capaces de tomar la alternativa”. Una realidad que ensombrece de antemano el Consejo Europeo extraordinario del lunes, donde lo peor que puede suceder es que el léxico economicista se imponga una vez más al pacto necesario después de medio año de diálogo de sordos.

Otras voces comparten el pesimismo razonado de Oliver. Jeffrey D. Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, considera “petulantes, ingenuas y fundamentalmente autodestructivas” las demandas de Europa destinadas a asegurar el reembolso de la deuda griega. “Al rechazarlas –dice Sachs–, los griegos no están jugando; están intentando sobrevivir”. “Grecia afronta una tragedia económica”, opina Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Para el nobel Paul Krugman, debería existir “una alternativa medianamente decente”, que evitara la salida de Grecia del euro y el terremoto subsiguiente en toda Europa. Sachs, Summers y Krugman, desde trincheras ideológicas bastante diferentes, coinciden, sin embargo, en un reproche más o menos implícito: la torpeza política de la UE. Acaso debiera añadirse la mezcla de bisoñez y altanería del Gobierno griego al creer que la contundencia de su victoria electoral le reportaba un plus de fortaleza negociadora más allá de sus fronteras (tesis de Yanis Varoufakis) que, a la hora de la verdad, ha brillado por su ausencia.

Lo cierto es que ha pasado la hora de los análisis del pasado, de los errores cometidos en el nacimiento del euro, de la permisividad del sistema financiero en la concesión de créditos durante el ciclo expansivo, de la prestidigitación con las estadísticas practicada por varios gobiernos griegos, de la tolerancia o la complicidad de Europa en todo ello, del precio pagado por la austeridad. La teoría de juegos, de la que Varoufakis es un brillante especialista, tampoco tiene cabida ahora, salvo que se trate de jugar al tres en raya, donde la victoria entre contendientes avisados es imposible. Porque no queda tiempo más que para poner un parche y evitar que progrese la enfermedad hasta matar al enfermo.

El profesor Sachs recuerda en su diagnóstico del problema griego un pasaje del libro de John Maynard Keynes Las consecuencias económicas de la paz, publicado al final de la primera guerra mundial, cuando el Gobierno de Estados Unidos porfió para asegurarse sustanciosas reparaciones de guerra: “¿Querrán los pueblos descontentos de Europa, en la generación venidera, ordenar sus vidas de tal forma que una parte apreciable de su producción diaria se dedique a hacer un pago externo? En una palabra, no creo que ninguno de estos tributos se siga pagando más que, en el mejor de los casos, unos pocos años”. ¿Es posible que el Consejo Europeo no sea capaz de comprender, como Keynes en su día, que ningún acuerdo puede descansar sobre el futuro de, por lo menos, una generación? ¿Cree el Gobierno griego que puede salir airoso del lance sin presentar un plan técnicamente consistente y políticamente defendible? ¿Están dispuestos, en suma, a aceptar unos y otros que, sea cual sea el desenlace, tendrá por fuerza un altísimo coste político que habrán de justificar ante la opinión pública, y que deberán pechar con sus consecuencias? Si no lo están, el proyecto europeo quedará malherido y no solo el futuro de Grecia.

 

Europa, divida por la desconfianza

Mientras la renegociación de la deuda griega se adentra en un laberinto cuyo trazado, como el del Minotauro, nadie conoce, la UE se atasca o se divide a causa de la negociación del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), tecnicismo barroco aplicado al futuro acuerdo de libre intercambio comercial y de inversiones que negocia con Estados Unidos. Una mezcla de recelos fundados, antiamericanismo y desconfianza ante posibles realidades o consecuencias encubiertas por el discurso oficial han llevado la discusión al terreno de las amenazas que se ciernen sobre la Europa social, el control de las multinacionales y, sobre todo, las garantías jurídicas en el caso de que surjan litigios entre estados y empresas o gestores financieros. La Europa socialmente comprometida, escamada por la gestión de la crisis y los consiguientes costes, teme entrar sin ovillo en el laberinto del Minotauro, ser derrotada cuando dé con él y no tener siquiera la posibilidad de dar marcha atrás y salir del embrollo siguiendo el rastro –el hilo– que fue dejando según avanzaba.

El gran razonamiento de quienes han puesto manos a la obra y dirigen las operaciones –la comisaria Cecilia Malmström y su equipo– es que se trata de sacar el máximo partido a un mercado de 800 millones de consumidores y unos intercambios que en el 2014 alcanzaron los 980.000 millones de euros. Aquello que lleva a la Europa progresista, a la izquierda clásica y a la organizada en movimientos sociales emergentes –Podemos en España– es el coste humano, de calidad de vida y de conservación del medio ambiente que puede tener el TTIP. “El temor es sobre todo conceder demasiado poder a las multinacionales y abrir nuestros supermercados a productos que no garanticen los mismos estándares de seguridad conquistados por los consumidores europeos”, publicó hace poco el diario progresista italiano La Repubblica. Puede decirse que el problema no son los aranceles, sino el pollo clorado, la carne hormonada, los derechos de autor, los transgénicos y la legislación social, capítulos en los que Europa saca varios cuerpos a Estados Unidos.

La crisis de la última semana, que ha impedido la discusión en el Parlamento de una parte de las negociaciones en curso, ha puesto de manifiesto que la desconfianza no ha anidado solo en la izquierda radical o alternativa, sino también en el Partido Socialista Europeo. No hay en la corriente central de la socialdemocracia un pensamiento dominante que, como sucede en las filas conservadoras y liberales, solo vea ventajas en el acuerdo con Estados Unidos, sino más bien todo lo contrario: incuba toda clase de temores frente a la propensión de la Comisión a ver en el TTIP una lista inacabable de beneficiosas oportunidades. Quizá debiera decirse que lo sucedido entre martes y miércoles ha sido la prueba del nueve de que los trabajos han llegado a un punto en el que los rasgos diferenciadores de la UE han parecido sometidos a amenazas futuras –reales o no es solo relativamente importante–, y se ha producido un movimiento de repliegue ante la respuesta a una doble pregunta: ¿de dónde venimos y adónde vamos? Porque los recelos se refieren tanto a lo que digan los textos como a la interpretación y aplicación práctica de los mismos.

Al mismo tiempo que liberales y conservadores se remiten a los 30 millones de europeos que trabajan en el sector exportador –1,6 millones en España–, los temerosos de dejar maltrecha la Europa social se refieren a las más de 200 enmiendas presentadas a lo que, enigmáticamente, se denomina Investor-State Dispute Settlement (ISDS), esto es el mecanismo para solucionar los conflictos que eventualmente puedan surgir entre estados y empresas (multinacionales las más de las veces). Así, tres eurodiputados verdes han publicado en el diario británico The Guardian una carta en la que presentan las enmiendas a la resolución de litigios mediante tribunales privados como el indicador fehaciente de la “pasión que esta alianza ha despertado, la división política que ha abierto y el grado de oposición del público”. Lo que, siendo cierto, no es lo más relevante. Lo más sobresaliente es que, por fin, la ruta hacia el TTIP ha salido del secretismo o la opacidad –la Comisión de Jean-Claude Juncker ha querido iluminarla por medio de un apartado específico en su web–, y ha dado pie a una discusión fundamental para alcanzar a ver de dónde venimos y, ¡ay!, acaso a descubrir hacia dónde nos empujan a ir o pretenden que vayamos.

Entiéndase bien: la discusión del ISDS no es un asunto meramente técnico que no afecta al europeo medio. Es, por el contrario, algo que puede interesar el control de los estados sobre el comportamiento de las multinacionales o, por decirlo de otra forma, puede entrañar la pérdida de control sobre los grandes conglomerados empresariales y financieros. Porque si las disputas quedan en manos de tribunales privados –aquellos formados por acuerdo previo de las partes enfrentadas, mediante la designación de un juez por cada una ellas, más un tercero pactado por ellos dos–, sin posibilidad de recurrir a instancias superiores, se pone en riesgo –al menos, lo parece– la seguridad jurídica, piedra angular de la lógica garantistas característica de Europa. Por el contrario, si las disputas deben dilucidarlas tribunales públicos, con mecanismos de recurso garantizados, quizá se pierda agilidad –en España, por descontado–, pero la seguridad jurídica saldrá ganando, siquiera sea porque las consideraciones economicistas, de eficacia o de rentabilidad quedarán supeditadas al interés público, al principio de legalidad y a la utilidad social. Al menos esta es la pretensión de quienes se oponen a que los arbitrajes sean cosa de instancias privadas.

En el fárrago de la discusión resulta muy difícil separar el grano de la paja, pero no tanto cuando se piensa en que, en el punto de partida de la negociación, se dan factores tan preocupantes como la no aceptación por Estados Unidos de la legislación internacional para fundamentar una demanda contra el país. O que en materia de garantías laborables y desarrollo sostenible, Europa se encuentra a años luz de Estados Unidos. Esos son algunos de los pilares de los “temores europeos” a los que se ha referido el Financial Times, vocero de la City de Londres, partidario de la desregulación en todo aquello que limite los flujos financieros.

No se trata de que algunos gobiernos se comprometan más en explicar las bondades del TTIP, como declaró la comisaria Malmström al periódico conservador francés Le Figaro, sino de acotar el tratado, garantizar el control de los estados y de las instituciones europeas y asegurar que ningún tribunal de arbitraje podrá cambiar de facto las legislaciones nacionales o la comunitaria. Alcanzar esos objetivos no conduce directamente a la unanimidad política, antes al contrario, la hace imposible, porque ni siquiera la mejor de las explicaciones puede pasar por encima de las ideologías, de las diferentes versiones del libre mercado y de la economía social que coinciden en el Parlamento de Estrasburgo, pero al menos la opinión pública podrá acercarse al TTIP con un conocimiento de causa ahora inexistente porque reina la desconfianza. Con razón o sin ella, a causa de la oscuridad de las propuestas que se debaten o del temor a sus consecuencias, debido a la confusión sembrada por los tecnócratas o a la sumisión de la política a las finanzas, la desconfianza lo empapa todo.

Baste un dato: la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Stop TTIP ha recogido dos millones de firmas contra el ISDS. Aunque la cifra puede parecer insignificante sobre un censo de casi 500 millones, es la más alta alcanzada por una ICE desde que entró en vigor esta modalidad en el 2012. Y tan significativo como este dato lo es este otro: el grado de aceptación del TTIP en el seno de las sociedades de la UE crece de oeste a este y de sur a norte, algo que lleva implícita la semilla de la división o la diferenciación cada vez mayor entre la Europa que percibe la globalización como un mecanismo, pero no un ecosistema, y la que entiende la globalización como un ámbito en el que el debate ideológico debe plegarse a la realidad de los resultados macroeconómicos.

La UE ha vivido otras situaciones de naturaleza parecida en las que la división llevó al fracaso y al distanciamiento entre socios y familias ideológicas a causa de una innovación. Ese fue el caso de la larga controversia que se adueñó del debate a propósito de la elaboración de la Constitución europea, origen de una enorme frustración entre los europeístas. Cuando Francia y Holanda rechazaron en referéndum el texto propuesto, la componenda para salvar el expediente ocupó el espacio reservado hasta entonces a la política con mayúsculas. La charcutería suplantó a la academia y el Tratado de Lisboa del 2007 permitió solo encubrir un fracaso con un texto insuficiente para considerarlo una aproximación razonable a lo que pretendió la convención presidida por Valéry Giscard d’Estaing cuando inició sus trabajos. ¿Está de vuelta la lógica de entonces, el enfrentamiento entre defensores acérrimos y adversarios infatigables del tratado, o el pragmatismo de los partidarios se impondrá a la digresión ideológica de quienes lo combaten sin ser antieuropeístas?

Hedor insoportable en la FIFA

Es imposible aventurar las dimensiones que finalmente tendrá el escándalo que zarandea a la FIFA desde que varios de sus directivos fueron detenidos en un hotel de Zúrich a raíz de una investigación iniciada por el FBI y desvelada por The New York Times. Después de la dimisión de Joseph Blatter solo cuatro días más tarde de ser reelegido presidente de la organización, es de temer que la carcoma ha llegado hasta la médula ósea del fútbol y el hedor es más insoportable a cada día que pasa. Nadie desconoce que la FIFA es un gran negocio privado, privadísimo cabe decir, que forma parte de las finanzas globales; solo los incautos o los ingenuos pueden sostener que la FIFA no forma parte de la política, no se atiene a criterios políticos; solo los niños pueden creer que un Mundial va a Rusia y otro a Catar por razones objetivas: mejor proyecto, gasto contenido, clima idóneo, etcétera. En suma, casi todo el mundo admite que detrás de la puerta de la FIFA se esconde un misterio envuelto en un enigma cuya única y mejor explicación se encuentra en las cuentas corrientes de algunos –¿muchos, pocos, bastantes?– de sus dirigentes.

Nada es transparente en la FIFA: ni el criterio de adjudicación del Mundial cuatrienal, ni la política de sanciones, ni las preferencias electorales de sus integrantes para prolongar el mandato de los presidentes, ni los contratos publicitarios, ni la negociación de los derechos de televisión ni nada que huela a dólar, euro, franco suizo o cualquier otra divisa fuerte. Todo resulta rematadamente sospechoso cuando una entidad impide a sus miembros recurrir a los tribunales ordinarios bajo amenaza de sanción. Lo realmente sorprendente es que el pastel haya tardado tanto en ocupar las portadas desde que Joao Havelange –mediados de los años 70– estableció un vínculo indisoluble entre fútbol y negocio (en realidad, hizo del fútbol, de la FIFA, un gran negocio a escala mundial); un negocio sin inquietudes éticas, gestionado en la más absoluta y categórica oscuridad, insensible ante la situación interna de países que han acogido mundiales con las cárceles llenas de perseguidos políticos (Argentina 78) o que los acogerán  (Rusia y Catar) a pesar de las dudas más que fundamentadas que despiertan sus gobernantes. El negocio es el negocio y lo demás poco importa.

A raíz de la sanción impuesta a Luis Suárez por el mordisco a Giorgio Chiellini, Ramón Besa escribió en El País: “El máximo organismo futbolístico ha perdido cualquier autoridad moral desde que no sanciona la corrupción de sus miembros y ejemplariza sin criterio los castigos a los jugadores”. Pudiera parecer a alguien exagerado el juicio del periodista, pero otros muchos pensaban como él: así el escritor Eduardo Galeano, que antes del Mundial de Brasil declaró al periódico O Estado de Sao Paulo: “Hay dictaduras visibles e invisibles. La estructura de poder del fútbol en el mundo es monárquica. Es la monarquía más secreta del mundo: nadie sabe de los secretos de la FIFA, cerrados bajo siete llaves. Los dirigentes viven en un castillo muy bien resguardado”. Así consideran muchos una desmesura la reserva media de mil millones de dólares que maneja la FIFA para que no se detenga la máquina.

En todo ello hay algo enfermizo, nocivo, malsano. Cuando un periódico liberal como The Guardian considera a Blatter el “dictador de más éxito”, poco puede añadirse. Aun admitiendo la posibilidad de que el autor del texto lastre su opinión con el disgusto por la concesión del Mundial del 2018 a Rusia y no a Inglaterra, 17 años de presidencia de Blatter y decenios en los pasillos de la FIFA es demasiado tiempo para no temer lo peor. Incluso admitiendo que el celo investigador del FBI no es absolutamente desinteresado, y que el deseo de perjudicar a Rusia forma parte de las pesquisas, esos 10 millones de dólares en sobornos son una razón más que suficiente para que se multipliquen las exigencias de que la FIFA ventile el local y dé cuenta de sus cuentas. Mientras no se regenere la institución de pies a cabeza, irán en aumento la desconfianza y la atmósfera estará cada vez más viciada.

El profesor Mauricio Santoro, de la Universidad de Río de Janeiro, ha recordado en un artículo la opinión vertida hace unos años por el expresidente costarricense Óscar Arias: “El fútbol no trata de la guerra y la paz. Es algo mucho más importante”. Ese algo más es la movilización de fuerzas políticas y económicas a través de un deporte que apasiona a cientos de millones de personas, y que ha dejado de ser, como dijo Galeano en su día, “la más importante de las cosas poco importantes” para transformarse en una de las cosas más importantes entre las importantes. Al mismo tiempo que los futbolistas y los aficionados mantienen encendida la llama de las grandes pasiones, Montoro se ocupa de recordar que comprar un club de fútbol o dirigir una federación nacional “es un pasaporte a la política que proporciona una enorme visibilidad” (véanse los casos de Silvio Berlusconi y Mauricio Macri, entre otros, o el palco del Bernabéu sin ir más lejos). Eso es lo que importa a los ideólogos de la FIFA.

Sería extraordinario que todo en el fútbol se redujera a las emociones en la despedida de Xavi, al baile de entrenadores, a la desmesura en los fichajes y a la pitada de la final de Copa, pero ese escándalo inaudito coloca al fútbol de élite entre los negocios de dudosa estirpe, aquellos que hace falta limpiar a conciencia para que siga el espectáculo sin que nadie tenga mala conciencia. El fútbol ha adquirido tales dimensiones que precisa gestores profesionales –no Diego Armando Maradona, ocurrencia de Nicolás Maduro; no lo quieran los idus de todos los meses del año–, pero también transparentes, que expliquen de dónde viene el dinero, a cuánto asciende, en qué se gasta, para qué se guarda y dónde se guarda. Es algo indispensable, acuciante, inaplazable.

No hacerlo es dar pie a la sospecha, es dejar que vuele la imaginación en busca de explicaciones al comportamiento errático de Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, que en pleno escándalo votó la reelección de Blatter. Dejar sin sancionar los partidos amañados, la elección forzada de sedes, los maletines de aquí para allá, no hará más que alimentar la creencia de que la FIFA es una organización dirigida por sospechosos habituales. De la misma manera que mantener según qué castigos –la prohibición al Barça de fichar hasta el 1 de enero del 2016, por ejemplo–, incluso en el supuesto de que obedezcan a razones objetivas y defendibles, quizá a chapuzas administrativas de los sancionados que nunca debieron darse, alentarán la creencia de que la FIFA mantiene la fea costumbre de utilizar diferentes varas de medir o se mueve a instancia de parte para perjudicar a unos (a saber quiénes) en beneficio de otros (a saber quiénes).

Esa es la situación. Cuando The New York Times habla de “corrupción institucionalizada” (27 de mayo), describe una paisaje; cuando L’Équipe (28 de mayo) se refiere a “efluvios pestilentes liberados por la máquina que gobierna el fútbol mundial”, describe un estado moral: el desbordamiento de las alcantarillas de la FIFA, según el mismo periódico. Y que el montaje quede al descubierto es un triunfo del fútbol –final de un editorial de The Guardian (2 de junio)– sobre las tinieblas, pero si estas no se desvanecen, si una cortina de humo oculta las miserias ahora apenas intuidas, será un triunfo pírrico que dará pie como mucho a una reforma lampedusiana destinada a limitar la lista de bajas. No sería la primera vez que tal cosa sucediese en un negocio a escala planetaria.