El kirchnerismo, en el ocaso

La continuidad de la propuesta kirchnerista en la Casa Rosada resulta más que problemática después de la pequeña diferencia a su favor obtenida el último domingo por Daniel Scioli sobre Mauricio Macri –36,86% contra 34,33%– en la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas. La amalgama peronista donde todo cabe, de la derecha a la izquierda, del gremialismo clientelar al sindicalismo irreductible, zozobra frente a la alianza liberal-conservadora que pilota Macri, alcalde de Buenos Aires; al populismo justicialista de Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no le salen las cuentas por más que, para la campaña de la segunda vuelta (balotaje, un galicismo), se sienta tentado a invocar la nómina de ilustres ausentes (Perón, Evita, Néstor Kirchner). Aquello tenido por tan genuinamente argentino como el asado de tira o el Martín Fierro –salvadas sean todas las distancias– ha perdido el impulso y da muestras de agotamiento, con la influencia de la presidenta Cristina Fernández en un continuado e irrefrenable ocaso.

No hay en el Frente para la Victoria de Scioli –peronismo oficialista con algunas adherencias– nada de especialmente nuevo o movilizador. Más parece un conglomerado que exagera la diversidad que ha distinguido al justicialismo de las últimas décadas, menguado en sus señas de identidad, en aquella capacidad histórica que tuvo para acogerse a la política del balcón y convocar multitudes en la vía pública. No es que Cambiemos –la Unión Cívica Radical, la socialdemocracia a la argentina y el conservadurismo de todos los colores que representa Macri– resulte sustancialmente innovador o aglutinador de entusiasmos, pero lleva ausente de la presidencia desde los días de Fernando de la Rúa y su desafortunado mandato, que desembocó en el corralito, tan citado, y en la quiebra del Estado. No hay en Macri demasiado margen para la sorpresa y sí mucho para la incertidumbre en el ámbito de las políticas sociales, pero en Scioli tienen cabida los temores que llegan a lomos de una economía descoyuntada, la caída de los precios de las materias primas, la crisis financiera en varias potencias emergentes y la inflación dando pie al recuerdo de viejas miserias.

Cuando personajes con prestigio e influencia reconocidas como el economista y exministro de Kirchner Roberto Lavagna, militante del Partido Justicialista, declara públicamente que no votará por Scioli –“yo estoy en el campo del cambio”, dice–, infligen grave daño a la estrategia electoral del oficialismo. Pero cuando en las urnas se dan desenlaces –de momentum, lo califica The New York Times– como la victoria de la vicealcaldesa de la capital, María Eugenia Vidal, macrista, frente a Aníbal Fernández, jefe de gabinete de Fernández de Kirchner, en la carrera por obtener la plaza de gobernadora de la provincia de Buenos Aires, entonces se hace definitivamente patente la debilidad del frente político patrocinado por la Casa Rosada. Especialmente cuando, hasta el verano, las encuestas daban favorito a Scioli y casi descartaban una segunda vuelta, poco menos que humillante habida cuenta de los medios puestos en apoyo de su causa por la presidenta saliente.

Hasta la votación del 22 de noviembre, Scioli debe convencer a los electores de que está en manos del peronismo evitar una rectificación histórica del rumbo social de la nación y a Macri le corresponde persuadir a los votantes de que su cambio no recortará las inquietudes sociales del Estado, sino que liberalizará la economía sin dañar a los más débiles para rescatar al país de las muy arraigadas inercias del estatismo y del proteccionismo. Ambas líneas argumentales parecen desmesuradas, no están exentas de grandilocuencia, pero se ajustan al relato histórico de Argentina desde el final de la dictadura militar, se amoldan a la tradición de los movimientos políticos poliédricos, puede que de amplio espectro. Las clases medias urbanas, como en todas partes, tienden a buscar el confort del centro, sin grandes compromisos ideológicos, y se alarman ante las propuestas que dibujan un horizonte entre difuso y confuso, pobre en promesas concretas y rebosante de objetivos inconcretos, pero muchas veces han sido esas clases medias la tabla salvadora del peronismo.

Según un sondeo difundido por el diario Clarín, de los más de cinco millones de votos que obtuvo el día 25 Sergio Massa, kirchnerista disidente aliado con la democracia cristiana y otros centros ideológicos, el 45% irá al zurrón de Macri, el 22,3%, al de Scioli, y el 24,5% está por decantarse. Y el reparto de los dos millones de votos restantes de la primera vuelta, correspondientes a candidatos menores, favorece asimismo a Macri. Unos datos que justifican la creencia de que Scioli obtuvo una amarga victoria, insuficiente para ser presidente, y Macri sufrió una dulce derrota, seguramente suficiente para salir triunfante el 22 de noviembre, de acuerdo con indicios tan convincentes como las alegrías del último lunes en la bolsa de Buenos Aires y la depreciación del dólar frente al peso.

Como de diferentes maneras han explicado varios comentaristas, el recuerdo de la recuperación económica y la renegociación de la deuda en tiempos de Néstor Kirchner quedan demasiado lejos para contrarrestar la sensación de que su viuda y heredera política, el oficialismo en general y Scioli en particular gobiernan con el piloto automático puesto, sin nada especialmente novedoso que ofrecer para guarecer al país de los negros nubarrones que se vislumbran en el horizonte. Si en un pasado no tan lejano –la nacionalización de YPF-Repsol–, personajes propensos a los excesos verbales como Axel Kicillof eran útiles para recuperar el pulso nacionalista y promover la revolución –bajo control– de las masas, hoy la reserva espiritual y los eslóganes peronistas de toda la vida se antojan insuficientes para corregir las tendencias, y aún más para evitar la dispersión del voto peronista.

¿Se está ante un final de ciclo que repercutirá en toda América Latina? No faltan indicios para esperar tal cosa. Ni Dilma Rousseff en Brasil ni Nicolás Maduro en Venezuela, hermanados tantas veces con la presidenta argentina, viven los mejores días se sus azarosos mandatos, y en ambos casos la impresión de que sufren los efectos de un desgaste inequívoco y de errores encadenados recuerda aquello que hoy sitúa al oficialismo peronismo a un paso de la derrota. Se ha construido en el entramado político latinoamericano una red de complicidades entre los nacionalismos socializantes –Rousseff, Maduro, Fernández de Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales, puede que a ratos Daniel Ortega, no tanto Ollanta Humala, más el dogmatismo aligerado de Raúl Castro, guardián de las esencias– que lleva a pensar en un efecto dominó allí donde más se han alzado las voces de la protesta: en Brasil, a causa de la corrupción; en Venezuela, a propósito de la asfixia de la oposición. Si el 22 de noviembre se consagra el cambio en Argentina, hay grandes posibilidades de que el efecto dominó alcance a otros lugares del continente con el aire viciado por experimentos sociales que han dejado a la vista sus flaquezas, puede que su ineficacia y limitaciones.

 

 

 

 

Partidos bajo la lupa

En esta tierra de nadie o de todos entre el 27-S y el 20-D se suceden los acontecimientos, crecen la confusión y aún más la dudas acerca de la investidura del president Artur Mas, y la tentación a envolverse en la bandera está siempre ahí como último recurso. Acabada la legislatura, el PP se fue en busca del apoyo de sus socios europeos en el congreso de Madrid, más que un acto político, una preelectoral claque –“grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra buscando algún provecho” (segunda acepción del diccionario de la RAE)–, el mismo día que la Guardia Civil y los fiscales se personaron en el domicilio de Andreu Viloca, tesorero de CDC, y en la sede del partido en busca de pruebas del famoso 3%, de esa presunta financiación irregular que todo lo enturbia. Nada está escrito acerca de cuál debe ser el equipaje para realizar el viaje a Ítaca, pero es oportuno recordar la siguiente frase de Joan J. Queralt de su artículo del jueves en EL PERIÓDICO: “A Ítaca no puede llevarse como lastre la podredumbre de la corrupción”.

La incomodidad manifiesta de los socios de CDC, en una situación más imposible cada día, confirma lo atinado del aserto. No es solo la CUP la que reitera con más determinación que nunca que Mas no reúne las condiciones para repetir en la presidencia; el silencio de ERC y de las entidades soberanistas que alientan el procés es del todo elocuente. Como ha publicado El País en un editorial, “por muchísimo menos de lo que aquí se investiga, dirigentes políticos de los países con los que Mas gusta de comparar a Catalunya habrían dimitido ya”, y su disposición a presentarse a toda prisa en el Parlament para dar explicaciones apenas corrige su debilidad extrema para pilotar la nave. Todo el mundo tiene derecho a creer en tramas conspirativas, pero habida cuenta del tiempo que el asunto rueda por los juzgados y de los precedentes –los casos Palau, Pujol, Innova y otros–, nadie debe llamarse a engaño: algo no pequeño está por esclarecer.

Apelar a la inoportunidad del momento y la aparatosidad de las formas resulta pueril. Con el calendario preelectoral, electoral y poselectoral en la mano es imposible que la labor de los tribunales no pise o provoque un cortocircuito en las estrategias de los estados mayores de los partidos. Salvo que todo el aparato judicial pospusiera durante varios meses –quizá hasta enero– sus indagaciones relacionadas con la actividad de partidos o políticos bajo sospecha, es inevitable que a cada auto o diligencia se le encuentre un pero, un propósito oculto para dañar los planes de alguien. Es tan ingenuo no sospechar que en este embrollo y en otros –los Bárcenas, los Gürteles, los ERE, la Púnica y otras lindezas– no hay dosis de juego sucio como maliciar que todo responde a un plan predeterminado para neutralizar a adversarios políticos. Más que a simplificación de la realidad suena a manipulación de la historia.

Después de la publicación de las declaraciones de Francisco Correa en eldiario.es, lo menos que puede decirse es que la plaga del 3% –o de otros porcentajes– adquiere la categoría de pandemia. De ser cierto lo dicho por el cabecilla de la trama Gürtel, y hoy ya todo es posible o verosímil, “se trataba de adjudicar obras a empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, gerente y tesorero del PP. Tampoco ahí tiene sentido buscar la acción de una mano negra que pretende chafar la precampaña de los populares, con Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y compañía en la tribuna de oradores, sino esperar que los jueces hagan la luz y pongan a cada cual en su lugar, aunque tenga un elevado coste para la credibilidad del sistema la judicialización de la política, inevitable cuando la opacidad es un hecho. “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”, el sms que Mariano Rajoy mandó a Bárcenas un día de principios del 2013, lastra irremediablemente el relato elaborado por el PP para distanciarse de los presuntos manejos del extesorero.

Ese 3% ominoso y desvergonzado que aparece en todas partes debe esclarecerse, sea cual sea el coste, para evitar que arraigue la sospecha generalizada, se propague el escepticismo como enfermedad incurable y los ciudadanos lleguen a la conclusión de que son víctimas de un engaño permanente y premeditado. Es preciso, asimismo, para que queden a salvo de recelos cuantos se dedican a la política y no recurren al 3% (para que les cuadren las cuentas del partido o para procurarse todos los meses un sobresueldo dentro de un sobre). Es una necesidad de higiene democrática inaplazable que prevalezca la honorabilidad de las instituciones y de quienes las sirven. La regeneración democrática requiere reformas de todo tipo, entre ellas la de la Constitución, pero precisa ante todo descontaminar el aire viciado que se respira en demasiados despachos, en demasiadas tramas de poder, en los intersticios a través de los cuales es posible adulterar la financiación de los partidos políticos, necesarios por lo demás para que una democracia realmente lo sea.

Sería muy de lamentar que la Reforma para la Agilización de la Justicia Penal –nombre oficial del invento–, una iniciativa del PP aprobada por las Cortes, provocara un cuarteamiento de las causas en curso, como teme el exfiscal José María de Mena, debido a la obligatoriedad de que las investigaciones no se prolonguen más allá de 18 meses, prorrogables si lo autoriza el juez a petición del fiscal. “Preocupado el Gobierno, al parecer, por los macroprocesos, como el de la Gürtel –escribe Mena–, ha decidido agilizar la justicia acabando con ellos. Con la reforma legal, los grandes procesos deberán trocearse. Se juzgará a cada uno de los delincuentes por separado, con lo que, en la práctica, se difuminarán las grandes tramas de criminalidad financiera colectiva, y punto final”. Porque los males de la nación, sea la que sea la dimensión del territorio al que se aplica el término, no son asunto en manos de individuos que actúan por su cuenta y riesgo, sino que hay algo más que indicios de que en los 3% y otros enredos el funcionamiento se atiene a una logística precisa, a sólidas redes clientelares en las que participan corruptores y corrompidos con parecido desparpajo.

La mera posibilidad de imponer un punto final a las investigaciones supone dejar la puerta abierta a cegar los caminos para la depuración de responsabilidades en los casos del primer partido de Catalunya, del que hasta ahora ha dispuesto de la mayoría parlamentaria en España y de otros muchos asuntos que afectan a la limpieza y solvencia de las instituciones. Y esa mera posibilidad, de hacerse realidad, llevaría inevitablemente a una parte de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes a la desafección, a pensar que nada es trigo limpio, que todo es fruto de un rosario de componendas innobles. Porque rige hoy más que nunca en toda su extensión el juicio del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes”.

 

Palestina otra vez

La violencia se adueña de nuevo del largo conflicto palestino-israelí sin que nadie disponga de instrumentos políticos para aplicar una solución que suavice la postración del pueblo palestino y no alarme a Israel. Mientras se discute si nos hallamos ante los inicios de la tercera intifada o ante un brote de exasperación momentánea, se tensa la cuerda en los barrios árabes de Jerusalén Oriental, bloqueados o sometidos a control por el Gobierno israelí, y la Autoridad Palestina da muestras una vez más de una muy escasa influencia en el desarrollo de los acontecimientos en Cisjordania. A un lado y otro de la crisis, las facciones radicales imponen sus agendas, ideales para perpetuar el conflicto, esto es, para empeorar la situación de la comunidad palestina.

Los datos de la Asociación para los Derechos Cívicos en Israel son concluyentes: el 75% de los 300.000 árabes que habitan Jerusalén vive por debajo del umbral de la pobreza y solo el 64% de sus hogares están debidamente conectados a la red de agua potable. Eso sucede a las puertas en un país con un PIB per cápita que supera los 35.800 dólares, disfruta de un elevado desarrollo tecnológico y compite con éxito en la economía global. Pero las deficiencias materiales no son la causa primera del descontento, sino la convicción palestina de que cada vez está más lejos la fundación de su Estado, y la decisión de Estados Unidos de apartarse del problema y dejar las cosas como están después de repetidos fracasos en la mediación durante los dos mandatos de Barack Obama no hace otra cosa que dejar las manos libres al Gobierno israelí para gestionar la situación como mejor le venga.

Nadie escapa al recuerdo del sonoro fracaso en que acabó el empeño de Bill Clinton en julio del 2000 de reunir a Ehud Barak y a Yasir Arafat para despedirse de la presidencia con un acuerdo en Palestina. Hoy la atmósfera es menos respirable que entonces, el Gobierno israelí es un conglomerado de partidos sometido a las exigencias de la extrema derecha y Hamás ha erosionado la imagen pública de la Autoridad Palestina como nadie supo prever. Por si fuera poco, la sintonía de Barack Obama y Binyamin Netanyahu es perfectamente descriptible: es inesxistente, en especial después del acuerdo en materia nuclear alcanzado por la comunidad internacional con Irán. Como ha escrito un articulista en Haaretz, Netanyahu “prefiere gestionar los disturbios como un desastre natural que está fuera de su control”, un desastre que a ojos del primer ministro exige siempre cirugía de hierro, cabe añadir.

En realidad, se trata de un estallido de ira o de frustración de jóvenes condenados a la lógica perversa de un horizonte sin futuro, que han convertido los apuñalamientos de ciudadanos israelís en la seña de identidad de su opción por la violencia. En todo ello ve Jodi Rudoren, de The New York Times, una gran diferencia con relación a la segunda intifada, donde el encuadramiento político de los palestinos movilizados era evidente. Ahora se trata de “arrebatos espontáneos individuales de jóvenes sin filiación en un movimiento político”, sostiene Rudoren, como si los partidos palestinos, enzarzados en sus propias dispuestas, hubiesen defraudado a la última hornada de militantes de la acción directa, a cuantos creen que el llamado proceso de paz exhaló hace tiempo el último suspiro.

Es posible que una parte de los movilizados actúen por un impulso meramente personal, espontáneo si se quiere, pero la agitación en Hamás y la Yihad Islámica induce a pensar que tiene bastante que ver con los acontecimientos en curso. Ambos grupos islamistas han manifestado su apoyo a los ataques de las últimas semanas, y la enésima crisis en las relaciones de Hamás con Al Fatá el pasado verano ha dejado las manos libres a las facciones extremistas para ocupar la calle. La historia del conflicto palestino-israelí enseña que nada es nunca fruto de la casualidad o de la espontaneidad de unos cuantos cuando la violencia se apodera de la calle; siempre hay un pretexto y un grupo instigador que lo utiliza para dar la palabra a las armas, a las piedras o, como ahora, a los cuchillos.

Los jóvenes defraudados comparten el análisis de la situación que hace el periodista Rami G. Khouri: “Hay algo a la vez cómico y trágico cuando la Secretaría de Estado llama a los líderes israelís y palestinos pidiéndoles que restauren el orden. ¿Orden? ¿Qué orden? ¿El orden de la ocupación israelí, la colonización, la explotación, el asedio y la subyugación de los palestinos que viven en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este desde 1967?” Todo el mundo sabe que el modelo surgido de los acuerdos de Oslo ha quedado superado por la realidad; es un modelo agotado, cuya adulteración conduce directamente a hacer inviable la fundación de un Estado palestino con todos los tributos de soberanía, y, por simple reacción, alimenta el pensamiento más radical, la prédica encendida en las mezquitas y el desprestigio de  Mahmud Abás ante una parte cada vez mayor de la opinión pública palestina.

En un Oriente Próximo desquiciado por la guerra civil siria, el desafío del Estado Islámico y las desavenencias entre las grandes potencias, la causa palestina ha dejado de ser el mayor de los problemas que debe afrontar en la región la comunidad internacional. Los think tanks que multiplican los análisis dedicados a la competición entre sunís y chiís en el golfo Pérsico, la rehabilitación de Irán y el dispositivo de seguridad en la zona, apenas prestan atención a la reivindicación palestina, como si se tratase de un problema endémico con el que hay que acostumbrarse a convivir, pero de imposible solución. Lo cierto es que la situación es bastante diferente y los jóvenes enardecidos persiguen, entre otras cosas, mantener viva la atención sobre la Palestina y sobre la política de hechos consumados de los gobiernos de Netanyahu (más asentamientos, más restricciones en Jerusalén Oriental, más medidas discriminatorias).

Importa menos que el camino elegido sea el adecuado: cuanto menos hay que perder, mayor es la osadía. El apuñalamiento de ciudadanos indefensos es inaceptable, también es del todo reprobable el recurso al terrorismo, pero hace décadas que las reservas morales dejaron de estar en vigor en ese entorno desquiciado. La hoja de servicios que presentan las fuerzas de seguridad israelís no es menos deplorable que la que corresponde a la violencia palestina. La diferencia está en el coste material de los desmanes: basta recordar la destrucción planificada, sistemática y periódica de la franja de Gaza, el recurso al castigo colectivo, para adelantar que este nuevo brote de violencia, como los anteriores, entraña riesgos incalculables para la sociedad palestina, condenada a la desesperanza, a la arbitrariedad y a indignidades semejantes a las del apartheid.

Desde que el 30 de septiembre el presidente palestino anunció ante la Asamblea General de la ONU que se desvinculaba de los acuerdos de paz de Oslo, y pidió a Israel que reconociese su condición de potencia ocupante, nada es exactamente igual a antes de la declaración. “Mientras Israel se niegue a acabar con la creación de asentamientos y a liberar al cuarto grupo de prisioneros palestinos, como dictan nuestros acuerdos, no nos dejan más opción que insistir en que no seremos los únicos comprometidos con la aplicación de estos acuerdos, mientras Israel los viola continuamente”, dijo Mahmud Abás. Hubo en sus palabras una exigencia de equilibrio que, por lo demás, no forma parte de la lógica histórica del conflicto, sino más bien todo lo contrario, y dejó abierta la puerta a toda clase de interpretaciones, incluso la extraída por los radicales: si los acuerdos de Oslo no rigen, otras vías están legitimadas.

A decir verdad, no lo están. No solo por principio, sino porque las represalias israelís, cuando la violencia ocupa el escenario, nunca han sido un ejemplo de proporcionalidad y contención; nunca las soluciones expeditivas han llevado a los palestinos a puerto seguro, aunque estuviesen cargados de razón. Que estemos ante los primeros días de la tercera intifada o ante otra cosa con otro nombre importa menos que la certidumbre de que el bando que acumulará más víctimas será el de siempre. También en ese punto la historia está repleta de lecciones.

 

 

El juego de Putin

La complejidad de la crisis siria ha subido un punto más en su particular escala de Richter a raíz de la intervención directa de la aviación rusa en los bombardeos contra enclaves de la oposición al régimen de Bashar el Asad más que contra las del Estado Islámico, según muy solventes indicios. Mientras Rusia defiende su derecho a apoyar un régimen elegido democráticamente, según el muy previsible articulista de Pravda Timothy Bancroft-Hinchey, cunde la alarma en Occidente por el riesgo de un incidente entre aviones rusos y estadounidenses sobrevolando un mismo espacio aéreo, y aún más por el apoyo explícito dispensado en el campo de batalla por Rusia al presidente sirio. Un apuntalamiento o protección de la autocracia de El Asad que lleva inexorablemente a aceptar como única hipótesis viable para detener la matanza la participación del presidente en cualquier negociación política.

Cuando al menos en una ocasión se ha podido confirmar que las bombas rusas cayeron sobre un grupo entrenado por la CIA, cuando se han puesto en marcha obras de ampliación de la base rusa de Tartus, en la costa siria, y cuando Vladimir Putin defiende la conveniencia de una actuación preventiva “para luchar y destruir militantes y terroristas sobre el terreno dispuestos a ocuparlo”, sin especificar de quiénes se trata, no es muy difícil imaginar que el presidente de Rusia ha cogido su fusil con el debido cuidado de no provocar un enfrentamiento directo con Estados Unidos y sus aliados, pero también sin especial disposición a atender los argumentos de François Hollande y Angela Merkel para que los ataques se circunscriban a las bases del Estado Islámico. Hay en todo ello cierta lógica heredada de la guerra fría, pero también la reparación o compensación de la marginación de Rusia por la OTAN a raíz de la intervención en Libia, cuando Putin era primer ministro y Dmitri Medvédev, presidente (a partir del 2012 se intercambiaron los papeles). Asoma en la crisis el propósito ruso de no quedar fuera de la solución política siria y, de forma más amplia, de la maraña de influencias en Oriente Próximo.

Un largo informe colgado en la web estadounidense Politico.com desarrolla la idea de que la estrategia rusa obedece al convencimiento de Putin de que fue un gran error la actitud de Rusia en el 2011 al abstenerse en el Consejo de Seguridad de la ONU y dejar las manos libres a la OTAN en Libia. Pero obedece también, asegura el medio,  a una pugna por el poder en el interior del Kremlin entre sus dos hombres fuertes, el propio Putin y Medvédev, comprometido el primero en restablecer la influencia de Rusia mediante dosis intensivas de nacionalismo radical y empeñado el segundo en adecuar la política rusa a la capacidad de resistencia de su economía, baqueteada por las sanciones occidentales a raíz de la crisis ucraniana. Se dé o no esa disputa, lo cierto es que el compromiso ruso con El Asad prefigura objetivos políticos muy diferentes a los del 2011, después de que Medvédev negociara un nuevo acuerdo nuclear con Barack Obama, aprobado por la Duma y es de suponer que bendecido por Putin.

Para David F. Gordon, especialista en seguridad, Putin entiende que la situación en Siria es una gran oportunidad geopolítica para mitigar los efectos de la debilidad económica causada por la caída de los precios en el mercado de la energía y por las sanciones. Más que una pelea entre los hombres fuertes del establishment ruso, Gordon sostiene en Foreign Affairs que el comportamiento de Putin responde a su convencimiento de que puede sacar partido al fracaso estadounidense para detener al Estado Islámico, encontrar una solución política para Siria y, acto seguido, resolver la crisis de refugiados en Europa. “Putin es un oportunista que trata de aumentar la influencia rusa en Oriente Próximo y, al mismo tiempo, proyecta la imagen del Kremlin en el mundo, y especialmente en Europa, como parte esencial de la solución a los problemas”, escribe Gordon.

Resulta más difícil descifrar de qué hablaron Obama y Putin en Nueva York para que un día más tarde Estados Unidos mostrara su sorpresa por el inicio de los bombardeos rusos, como si el asunto no hubiese formado parte de la conversación. Los aires de sorpresa del secretario de Defensa, Ashton B. Carter, al recordar que algunos de los grupos de oposición bombardeados “están apoyados por Estados Unidos y es necesario que formen parte de una solución política en Siria”, parecen fruto del desconcierto, pues el apoyo ruso al régimen sirio ha pasado de la retórica y los suministros a la implicación directa. Es decir, a través de la política de hechos consumados la situación ha evolucionado hacia una mayor complejidad; no se trata solo de salvar el régimen de Bashar el Asad, sino de convertirlo en la pieza clave en el tablero de Oriente Próximo.

La sorpresa y el desconcierto se agrandan en la medida en que, al mismo tiempo que el Pentágono denuesta los bombardeos rusos, el Departamento de Estado se entrega a la diplomacia directa, y John Kerry se presta a discutir el problema con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. ¿Síntomas de debilidad o necesidad acuciante? Charles Krauthammer, analista de The Washington Post, se inclina por el retroceso de Estados Unidos en el escenario de referencia, parte del convencimiento de que cuando Obama llegó a la Casa Blanca, “Estados Unidos había emergido como el actor regional dominante” en Oriente Próximo, para lamentar acto seguido: “El último domingo, Irak anunció el establecimiento de una alianza con Irán, Siria y Rusia, símbolo de la nueva alianza del creciente chií (…) bajo el paraguas de Rusia, la potencia regional hegemónica ascendente”. Un análisis que comparte la creencia de los gabinetes de estrategia que ven en la retirada estadounidense de Oriente Medio el primer mojón del camino que conduce directamente a la intensificación de la guerra fría no declarada en el golfo Pérsico entre el mundo suní, encabezado por Arabia Saudí, y el chií, pilotado por la teocracia de los ayatolás.

Nadie pensó al inicio de la guerra civil de Siria, hace cuatro años, que un dictador desprestigiado y sanguinario, a pesar del apoyo ruso e iraní, pudiese sobrevivir a la presión internacional y a las matanzas obscenas. Nadie apostó por un asentamiento del Estado Islámico como factor determinante en la crisis. Por el contrario, fueron mayoría los que creyeron que la vesania de El Asad cavaría su tumba. Todo ha sucedido al revés: el presidente sirio se ha convertido en la alternativa soportable y preferible al Estado Islámico (al menos para Occidente) y, en cambio, sus adversarios políticos, organizados bajo diferentes nombres, han sucumbido a la realpolitik y a la habilidad de Rusia para sacar partido a la indecisión de Estados Unidos y sus aliados. Si Putin no ha tomado la iniciativa, al menos ha igualado el compromiso de Occidente en el campo de batalla y ha hecho de Siria, quizá, la moneda de cambio para afrontar otras crisis o atenuar por lo menos los efectos de la interferencia rusa en Ucrania. Este parece el juego.