El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.

La galopada de Trump alarma

Conforme avanzan las primarias en Estados Unidos crece el desconcierto en la dirección del Partido Republicano, que observa con estupor cómo la única alternativa verosímil a las extravagancias ultraderechistas de Donald Trump es el programa rematadamente ultraderechista de Ted Cruz. Si en otro tiempo Marco Rubio hubiese parecido una rareza en la tradición política republicana, hoy es el único aspirante que cuenta con el apoyo del aparato, pero, al mismo tiempo, es quien peor lo tiene ante sus contrincantes, compendio variopinto de demagogia, populismo y propuestas hirientes para demasiadas minorías. Cada día son más las voces republicanas que reclaman frenar a Trump con la promoción de un candidato que, en el momento de la convención, lo aparte de la carrera, pero es improbable que, en tal situación, renunciara el empresario a seguir adelante, a disputar la presidencia, aunque fuera a costa de dividir el voto conservador.

Los republicanos corren un gran riesgo al buscar atajos para neutralizar el desenlace de las primarias hasta el momento. Trump no tiene rival y ha sido capaz de movilizar a segmentos de población dañados por la crisis, que ven en las nuevas realidades sociales –inmigración, ascenso de las minorías no blancas, ampliación de la sanidad pública y otros rasgos del presente– la causa de sus males cuando las estadísticas indican que el país ha superado el descalabro económico y el paro anda por el 5%. Pero el riesgo no es menor para los republicanos si aceptan resignados el triunfo de Trump y ponen a su disposición la maquinaria del partido para llegar a noviembre y disputar la Casa Blanca al Partido Demócrata. Y no es menor porque, si sucede lo que prevén las encuestas más depuradas, que Trump es seguro perdedor frente a Hillary Clinton, el núcleo dirigente republicano resultará profundamente dañado, muchos de sus prohombres tenderán a abandonar la nave y dejarán el camino expedito a una combinación poco menos que heteróclita de neocons, teóricos del Tea Party, libertarios ultra, fundamentalistas cristianos y otros especímenes de difícil catalogación.

El profesor de la Universidad de Berkeley Robert Reich ha colgado esta semana en su blog un artículo dedicado a Trump con el muy significativo título de El fascista americano. Confiesa Reich que hasta la fecha se había resistido a utilizar la palabra fascista para referirse al aspirante republicano, pero entiende que “finalmente ha alcanzado un punto en el que el paralelismo entre su campaña presidencial y los fascistas de la primera mitad del siglo XX –figuras espeluznantes como Benito Mussolini, Josef Stalin, Adolf Hitler, Oswald Mosley y Francisco Franco– es demasiado evidente para pasarlo por alto”. La causa principal no es que haya citado a Mussolini o haya invitado a sus seguidores a levantar el brazo derecho de forma “escalofriantemente similar” al saludo nazi, sigue el autor, sino que, como los líderes fascistas del pasado, “Trump ha concentrado su campaña en el odio de los trabajadores blancos que durante años han perdido seguridad económica y son presa fácil para demagogos que buscan levantar su propio poder utilizando a otros como chivo expiatorio”.

El análisis de Reich puede parecer tocado por los excesos verbales, pero se trata de un intelectual solvente, especialista en políticas públicas, miembro de un claustro de prestigio y que transmite en gran medida las inquietudes de los liberales estadounidenses, una franja ideológica bastante transversal y que no puede atribuirse solo al universo del Partido Demócrata. Hay demasiados indicios para pensar que la jerga y las actitudes de Trump son solo una pose; la crispación sonriente del candidato induce a considerar que sus andanadas no son fuegos de artificio, sino que realmente pretende demoler algunos de los pilares sociales de un país muy complejo que hace ocho años, cuando arreciaba la crisis económica y la clase media se tambaleaba, llevó a la Casa Blanca a Barack Obama, un reformista moderado… y negro. Porque el éxito de Trump no puede deslindarse del color biológico de Obama, además del político, y de la suposición –mera suposición– de que una victoria de Hillary Clinton será más de lo mismo, aunque la piel sea blanca.

La movilización de latinos que pueden solicitar la ciudadanía estadounidense y votar en noviembre si antes se la conceden, recogida por The New York Times, es una señal elocuente de la alarma provocada por Trump, pero también de la fractura política cada vez más profunda entre dos versiones diametralmente opuestas de Estados Unidos. Dos frases recogidas por el periódico de labios de una residente de ascendencia mexicana son por demás significativas: “Quiero votar para que no gane Trump” y “no nos gusta”. Es decir que importa poco quién sea el candidato demócrata, lo único que cuenta es que el republicano salga derrotado; da lo mismo que el adversario de Trump sea Hillary Clinton o Bernie Sanders, aunque sus perfiles políticos son muy diferentes y las posibilidades republicanas, al parecer, serían mayores si, contra todo pronóstico, el senador por Vermont se impusiera a la exsecretaria de Estado.

El último debate entre demócratas ha puesto de manifiesto la distancia ideológica entre los dos aspirantes y, al mismo tiempo, ha hecho aflorar cierto nerviosismo en el campo de Clinton, que no esperaba de Sanders tal capacidad de resistencia y de sumar delegados. El dato significativo de que durante las 24 horas siguientes a su triunfo en el estado de Michigan recaudó cinco millones de dólares en donaciones a través de internet no hace más que subrayar que, si no hay partido, sí habrá al menos, cuando empiece la convención, la necesidad de que Clinton asuma alguna forma de compromiso político para recoger capítulos del programa de Sanders y atraerse así a quienes a él votan ahora y pudieran tener la tentación de abstenerse, llegado el 8 de noviembre, al no reconocerse en la candidata a ocupar la Casa Blanca, asociada siempre a la élite financiera de Wall Street.

No hay en el bando demócrata la misma tensión ambiental que en el republicano, pero el paseo militar de Hillary Clinton que se presumía no hace tanto tiempo no se ha confirmado durante estos dos primeros meses de primarias. No hay en la dirección demócrata la preocupación palpable, permanente, de los barones republicanos, pero no puede disimular su deseo de que se confirme cuanto antes la victoria de la exprimera dama para poner en marcha la operación destinada a ahuyentar de las urnas a una parte del electorado conservador que nunca votará demócrata, pero que entre apoyar a Trump y quedarse en casa, puede preferir esto último, aunque sea a costa de dar la victoria a la candidata rival. A la hora de la verdad, quizá no será esta una reacción muy extendida, pero puede producirse si la oratoria del multimillonario sigue por los mismos derroteros desabridos de hasta la fecha.

Tales cábalas parten del convencimiento de que en una sociedad educada en la democracia, el comportamiento de Trump rompe el vínculo tradicional de un segmento de electores con la militancia o la simple simpatía por un partido. El profesor Reich sostiene: “Los ataques verbales incendiarios de Trump contra los inmigrantes mexicanos y los musulmanes, incluso su resistencia a distanciarse de David Duke y del Ku Klux Klan, siguen el viejo guion fascista”. Pero ¿qué sucedería si, en la práctica, la fractura social y la división política, las dimensiones de la América blanca que se siente agraviada, fuesen mayores de lo recogido en sondeos y estadísticas? Todo vaticinio es arriesgado. Lo único cierto es que ha pasado a mejor vida la sólida coalición conservadora forjada por Ronald Reagan hace casi 40 años, y los republicanos experimentan su mayor crisis de identidad y cohesión interna desde los aciagos días de la dimisión de Richard Nixon. Noviembre queda demasiado lejos para predecir si esto ayuda o debilita a Trump en su galopada.

 

Europa se insensibiliza

El recurso a los gases lacrimógenos de la policía macedonia para contener a los refugiados en la frontera con Grecia es el último, más reciente y más maloliente baldón que empaña el compromiso moral de Europa con la crisis que viene de Oriente Próximo y más allá. Más exactamente, dicho compromiso se desvanece a toda prisa con el humo que dificulta la respiración y nubla la vista al mismo ritmo que los ministros de la UE de diferentes ramos pierden el tiempo en reuniones que no sirven para acordar nada y abrazan el sueño de que Turquía, debidamente subvencionada, y Grecia, totalmente arruinada, se conviertan en contenedores de una multitud de desesperados. Será verdad el contundente diagnóstico del escritor peruano Santiago Roncagliolo: “Europa es el barrio pijo del mundo, rodeado de peligros”.

En la gestión de la crisis de los refugiados se acumulan dosis intensivas de cinismo, oportunismo, ceguera política y tendencia a la autodestrucción de la UE como proyecto colectivo –no solo económico, claro–, como de forma muy atinada ha lamentado Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, debidamente envuelto su lamento en la corrección formal de un léxico que a nadie inquieta gran cosa y en una petición final a quienes huyen de la guerra: que desistan de entrar en Europa. La sospecha de que el objetivo primero es que cuadren las cuentas y el objetivo segundo, que ningún problema perturbe los balances, se expande en todas direcciones en ese barrio para elegidos cada vez más encerrado en sí mismo, menos sensible a los dramas que se representan en la periferia interior y en el vecindario de la UE.

Esos 3.000 millones de euros prometidos al Gobierno turco para que contenga la avalancha y esos 700 millones destinados a Grecia para que atienda las partidas más perentorias de la cuenta de gastos correspondiente al alojamiento de los refugiados son apenas dos parches, cuyo desembolso, por cierto, no acaba de concretarse. Nadie pone en duda que las dimensiones del desafío superan todo lo imaginable, nadie discute que el derecho internacional recoge mecanismos de acogida e impone obligaciones a los estados que resultan ineficaces cuando se barajan cifras como las que Europa tiene sobre la mesa; lo que sí lamentan un número creciente de voces críticas es que la reacción ante el reto sea contribuir al caos mediante la inacción, esa especie de parálisis deliberativa que encadena reuniones en las que no se toma ninguna decisión precisa, concreta y guiada por el respeto al desamparo de los refugiados, o se hace de forma vaga, desdibujada, sujeta a toda clase de interpretaciones.

Cada día resulta más urgente que bastantes preguntas tengan respuesta. Estas son algunas de ellas:

¿Qué coste político tendrá para Macedonia la utilización de gases lacrimógenos?

¿Piensa la UE imponer algún tipo de sanciones para civilizar a los gobernantes macedonios o no lo cree necesario?

¿Hay alguien dispuesto a admitir, además de la cancillera Angela Merkel, que el problema de los refugiados no es de Grecia, sino de la UE, y que, en consecuencia, es de todos y requiere actuar con prontitud?

¿Se aceptará que Grecia disponga de alguna suavización en las condiciones de su rescate, a cambio de cobijar a miles de refugiados, de la misma manera que Francia adelantó a finales del año pasado que no iba a cumplir con la reducción del déficit, a causa de las inversiones necesarias para combatir el terrorismo yihadista, y nadie rechistó?

¿Hay algún atisbo de disposición colectiva a reconocer públicamente que los refugiados son víctimas de varios conflictos dislocados y como a tales se los debe tratar?

¿Acaso la vía británica para una UE descafeinada ha ganado adeptos y el legado político de los padres fundadores ha acabado en el cesto de los papeles?

¿De qué sirve disponer del tratado de Schengen si se pone en entredicho todos los días y al final, en nombre de la soberanía, cualquier Gobierno puede sentirse legitimado para levantar barreras físicas –concertinas mayormente–, burocráticas y morales para desentenderse de él?

Hay una diferencia clamorosa entre Donald Trump y los líderes europeos que se reúnen a cada poco para hablar de los refugiados sin resultados reseñables: el aspirante a disputar la Casa Blanca a Hillary Clinton no se anda con tapujos, promete que construirá un muro para cegar la frontera con México y que, quizá, echará del país a millones de personas en situación irregular; los gobernantes de la UE se lamentan de la tragedia en curso y, acto seguido, dejan que la represión de la diáspora siga su curso, cierran los ojos a los obstáculos que se levantan aquí y allá y se emplazan para una nueva reunión que, salvo imprevistos, resultará tan estéril como las anteriores. Trump, un populista demagogo de extrema derecha, no engaña a nadie, no esconde sus propósitos; en cambio, son un misterio inescrutable los proyectos que manejan los reiteradamente reunidos en Bruselas con rostro compungido.

Cuando el financiero George Soros asegura que la UE y la Rusia de Vladimir Putin disputan una carrera contra el tiempo en el combate para vencer al Estado Islámico, y va más allá al afirmar que el presidente ruso no es un aliado fiable en la lucha contra el terrorismo global, acierta en el diagnóstico, aunque es incompleto. ¿Por qué? Porque el mayor de los adversarios de la UE, al menos de la que se vislumbraba hasta 2007-2008, es la propia UE, sometida a las exigencias de aquellos de sus socios –con el Reino Unido en primer lugar– que denuestan la institucionalización política de la organización, las cesiones de soberanía y la responsabilidad compartida por cuanto sucede en su interior. Quizá la política de los gases lacrimógenos no forme parte de su manual de operaciones, pero son comprensivos con quienes echan mano de ella y si, como Macedonia, no se trata de países socios de la Unión, entonces entienden que la moral comunitaria no sale dañada.

Viven en un error. Los comportamientos europeos son inseparables de la línea de conducta seguida por la UE. Nadie en Europa pesa más que la UE como referente de cuanto sucede en el continente, y menos cuando el núcleo de la discusión es el compromiso moral con los desvalidos. El Premio Nobel de la Paz del 2012 fue un reconocimiento a los desvelos europeos para defender y preservar los derechos humanos, pero lo que sucede desde hace demasiado tiempo confirma un dato irrefutable: la UE no es la que fue. Como afirma Beatriz Silva, “no es un problema que haya explotado ahora en las manos de los mandatarios, lleva años fraguándose y ha habido tiempo suficiente para abordarlo de manera coordinada y eficaz”. Y si no han sido posibles tales coordinación y eficacia, se ha debido a la falta de voluntad política, a la desnaturalización del legado europeo, cuya última entrega son las concesiones hechas a David Cameron para neutralizar el Brexit.

La situación en el campo de Idomeni (Grecia) es el espejo que devuelve la peor imagen de Europa, la de la insensibilidad de muchos de sus gobernantes, parapetados detrás de la Realpolitik y la razón de Estado para aplazar cualquier medida de alcance y contentarse con soluciones simbólicas. Hay en todo ello una gran ceguera política, un esfuerzo inútil por negar la realidad que se avecina, si no es que ya está ahí. “Europa va a cambiar de color. Y este es un proceso que requerirá mucho tiempo y costará mucha sangre”, declaró Umberto Eco al semanario portugués Expresso en abril del año pasado. Estaba en lo cierto.