Banderas en campaña

Solo la creencia de que prohibir la exhibición de estelades durante la final de la Copa del Rey llenaría de votos el zurrón del PP el 26-J explica el despropósito de Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid, de promover tal medida. Las referencias a la ley del deporte del 2007, a la ley contra la violencia, el racismo y la xenofobia y al riesgo de que se vea alterada la seguridad durante la celebración del partido abundan en el disparate y causan estupor porque no son más que cortinas de humo para encubrir el sectarismo de una decisión descabellada. Es innecesario ser independentista para llegar a la conclusión de que la iniciativa de Dancausa establece un límite arbitrario a la libertad de expresión que ningún antecedente justifica: la estelada es, sin duda, la bandera de una facción política, pero hasta la fecha no ha sido sinónimo o coartada para recurrir a la violencia.

La sensata decisión del juez de Madrid Jesús Torres Martínez de invalidar la prohibición debiera sonrojar a quienes la defendieron, de Jesús Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, al orfeón gubernamental. Que a estas alturas de la historia alguien quiera sostener en España que el fútbol es solo fútbol y nada más que fútbol, resulta francamente pintoresco: en un espectáculo deportivo que comporta la interpretación de himnos, flamear de banderas y presencia abundantísima de autoridades en el palco, incluida la del jefe del Estado, pretender que la política no debe estar presente es una distorsión de la realidad que atenta contra la fuerza de los hechos. Si estos fueran otros, no aparecería la bandera española en el Bernabéu y otros campos (los que la enarbolan están en su perfectísimo derecho), y Manuel Vázquez Montalbán nunca hubiese dicho del Barça que es “el ejército de un país desarmado” (¡viva la ironía!).

En todos los nacionalismos, y el español no es una excepción, hay un fondo de fundamentalismo excluyente, y el conflicto asociado a la final no es diferente a otros muchos episodios que responden a una gran simplificación: nosotros y ellos. En el bien entendido de que tal simplificación lleva sin remedio a alguna forma de confrontación irresoluble. Si, además, hay una cita electoral a la vista y prevalece la suposición de que cuanto peor, mejor, entonces la prohibición de Dancausa se inscribe en una estrategia de propaganda y agitación encaminada a presentar al PP como el guardián de las esencias frente a otras opciones debilitadas por la propensión a la conllevancia orteguiana; menos patrióticas dirían los puristas partidarios de envolverse en la bandera.

Claro que luego sucede que entre los compañeros de partido de la promotora de la medida que tumbó el juez surgen no solo las dudas, sino la incomodidad evidente de verse obligados a defender lo indefendible y, por este camino, arrojar piedras contra su propio tejado. Así los dirigentes catalanes del PP de Ciudadanos, nada sospechosos de promover la independencia, pero tan desasistidos por el núcleo duro de los populares. En fin, basta aceptar que dos y dos son siempre cuatro en base diez, como enseñan en la escuela, para llegar a la conclusión de que no hay mejor manera de inyectar dosis extra de entusiasmo a la brega independentista y, quizá, de producir militantes para la causa de nuevo cuño que dar la vara durante unas horas con la prohibición de la estelada en el estadio Vicente Calderón.

Que desde entornos académicos tan diferentes como los de los profesores Francesc Valls, de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Javier García Roca, de la Universidad Complutense de Madrid, se llegue a conclusiones coincidentes debiera preocupar a los rigoristas del Gobierno que tantas veces confunden la ley con un texto revelado y ven en toda discrepancia una afrenta. Dice García Roca: “La estelada es un símbolo de independencia, no de violencia. No es, por ejemplo, una cruz gamada nazi. No tiene nada que ver”. Y tal afirmación es tan meridianamente exacta que resulta agotador tener que repetirla ad nauseam, de la misma manera que lo es tener que recordar que el Tribunal Constitucional estableció en 1982 que la libertad de expresión es uno de los fundamentos de la sociedad democrática incluso cuando contiene opiniones que “pueden inquietar al Estado”.

¿Cómo es posible que antes de la resolución del juez Torres Martínez nadie en los despachos del Gobierno cayese en la misma cuenta que quien ha atendido los recursos presentados? Se dice en el texto salido del juzgado que la prohibición impide manifestar de forma pacífica una ideología política “sin que concurran razones y motivos con la entidad suficiente para poder restringir el uso de un derecho fundamental”. Es preocupante que sea preciso tal recordatorio, porque ese derecho fundamental, la libertad de expresión, es indisociable de la calidad de una democracia, resulte de ello algo que pueda “inquietar al Estado” o a quienes lo administran, o genere el ejercicio de tal libertad una atmósfera favorable a los gobernantes. Y es asimismo preocupante el apoyo dado por la fiscalía a la prohibición dictada por Dancausa en nombre de hipotéticos “perjuicios graves a intereses de terceros”, sin que se especifique si esos terceros son los seguidores del Sevilla (no parece), parte de los espectadores que verán el partido por televisión o quienes siguen creyendo que la calle no es de todos y los estadios, tampoco.

Resulta incomprensible que la misma semana que la deuda del Estado supera el valor del PIB, que la Unión Europea considera imponer a España una multa de 2.000 millones por incumplir el déficit –en realidad, se la impondría a los españoles, que sin comerlo ni beberlo sufrirían las consecuencias–, que la Púnica se asemeja a una hidra de siete cabezas y que el incendio de Seseña deja al descubierto la ineficacia de varias administraciones, pueda alguien perder el tiempo con una guerra de banderas. Como si la política de las emociones, si es que de eso de trata, hubiese de ser la piedra sillar sobre la que se asentará la campaña electoral; como si esa trifulca tuviese por objetivo o misión desviar el foco de asuntos menos triviales, más urgentes, más trascendentes, pero también de más difícil y costosa gestión. ¡Ay, las banderas!

 

Francia, en el túnel de la fractura social

La reforma laboral puesta en marcha en Francia ha enardecido la calle, dividido al Partido Socialista (PS) una vez más y dejado en estado de debilidad extrema a François Hollande a un año justo de la elección presidencial. La conocida como ley El Khomri por el apellido de la ministra que la promueve, tiene el perfume inconfundible de la legislación española impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y hace temer a los sindicatos, a diferentes versiones de la izquierda y a organizaciones cívicas de nuevo cuño que el efecto inmediato de la reforma sea una desregulación del mercado de trabajo que, en el colmo de las paradojas, ni siquiera complace a la derecha, siquiera sea porque todo vale para disparar al pianista (Hollande) a un año de que el despacho del Eliseo esté en juego.

Al recurrir a un privilegio del Ejecutivo para sacar adelante la ley mediante una aplicación forzada de la Constitución, el presidente de la República y el Gobierno de Manuel Valls han oficializado la fractura entre el Ejecutivo y una parte no desdeñable del grupo parlamentario socialista, mayoritario en la Asamblea Nacional, pero minado por el debate ideológico. Nunca se ha sentido el ala izquierda del PS satisfecha con el rumbo dado por Hollande a su presidencia, pero cuando pertenecen al partido 26 de los 56 firmantes de una moción de censura animada por diferentes fuerzas progresistas, la situación adquiere tintes de extrema gravedad. Que luego faltaran dos firmas y la moción no prosperara es menos importante que el hecho mismo de que sumaran su nombre a una iniciativa que, a fin de cuentas, fue la respuesta a una ley considerada regresiva, que el Gobierno defiende como fundamental, ineludible, para rescatar la economía francesa de la atonía, pero que es tenida por desastrosa por cuantos la impugnan desde la izquierda, atentos todos ellos a la degradación del mercado de trabajo en España (precariedad, contratación temporal creciente, caída de los salarios, etcétera).

Está la atmósfera de Francia cargada con la electricidad de un gran divorcio entre el poder y la calle; entre las exigencias de la economía global y las conquistas sociales de la Quinta República; entre las recetas de los eurócratas y el sentimiento nacional herido. Las concentraciones en la plaza de la República de París, el movimiento Nuit Debout, las proclamas de Les Économistes Atterrés, del que forma parte el elocuente Frédéric Lordon, uno de los rostros más visibles de las protestas, todo configura una doble fractura: genérica, porque aleja al Gobierno de su electorado tradicional, y generacional en el seno de la clase media, de donde procede el grueso de los jóvenes movilizados contra la ley, decepcionados por un futuro que temen peor que el presente, y que están convencidos de que deberán amoldarse a unos estándares de vida menos confortables que los que disfrutaron sus padres. De tal manera que se antoja demasiado fácil, por no decir injusto, aplicar el sobrenombre de bobobourgeois-bohème– a los movilizados de hoy, rescatando el apelativo aplicado por el frente gaullista a los agitadores de la Sorbona en mayo de 1968.

El argumento central de la izquierda para presentar la moción de censura que en última instancia no prosperó se remite a un solo dato: “A una situación excepcional, una respuesta excepcional”. La reflexión de la derecha al presentar una moción de censura, finalmente derrotada, fue un paso más allá al preguntarse si el presidente no debía disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones para abrir la posibilidad de que se forme una nueva mayoría. El periódico conservador Le Figaro trasmitió la pregunta a sus lectores a sabiendas de que Hollande no se expondrá a una debacle electoral antes de tiempo, pero desde el mismo momento en que el Gobierno optó por el camino expeditivo del artículo 49.3 de la Constitución –lo que evitó en primera instancia que la reforma laboral fuese debatida en la Cámara– se abrió la veda; pudiera decirse que la campaña electoral ha empezado once meses antes de lo previsto.

El intelectual Jean Daniel entiende que cuanto sucede es resultado de un largo proceso en el que “la izquierda ha intentado acomodarse a la economía de mercado, llamada también capitalismo, mientras que la derecha se habituaba a ser liberal y centrista”. “Este trastorno se producía suavemente –sigue Daniel en las páginas de Le Nouvel Observateur, el semanario que fundó–, en todo caso sin una agresividad provocadora. Hasta que llegaron las consecuencias de la mundialización, de la descolonización, de la inmigración, de las primaveras árabes y de la demencia revolucionaria. Sufrimos el paro y la falta de crecimiento, y hemos visto aparecer la violencia religiosa en todo su nihilismo. La reacción se ha producido”.

Quizá el conglomerado social de Nuit Debout, semejante en muchas cosas al 15-M español, no comparta por completo el punto de vista de Daniel, pero puede seguirse en él el rastro de una sociedad en crisis. Si a ello se añade la incapacidad manifiesta de Hollande y Valls para reformar a través del consenso, como se argumenta en un análisis publicado por el diario progresista Le Monde, es fácil llegar a la conclusión de que el modelo francés de sociedad del bienestar, superviviente de numerosas pruebas, emite señales de agotamiento, genera dosis cada vez mayores de insatisfacción y desorienta a una parte de la opinión pública, dispuesta a invocar los valores intangibles de la nación mediante la peor de las opciones posibles: la extrema derecha encabezada por Marine Le Pen. No hay en la demagogia del Frente Nacional otra cosa que la explotación del miedo acumulado por ciudadanos asustados por los desafíos de un mundo cambiante, las finanzas globales, el terrorismo yihadista y una sensación de vulnerabilidad extrema, pero no por ello deja de resultar atractiva la oferta para los electores con alma conservadora.

La fronda en el Parlamento y en la calle, tan apegada a la historia de Francia desde los días del cardenal Mazarino y de Luis XIV, no es formalmente muy distinta a las anteriores, salvo en el apego al realismo: nadie busca la playa bajo los adoquines como en las jornadas del 68, sino que no se configure un futuro poco halagüeño, con una acumulación insoportable de víctimas de la historia en la cuneta del camino hacia no se sabe dónde. El filósofo Edgar Morin habla de una crisis planetaria, de civilización, a la que no escapa Francia, cuya primera consecuencia es un deterioro social, industrial, geográfico, territorial y humano. El futuro no es solo una incógnita, como siempre lo ha sido desde la noche de los tiempos, sino una angustia; cada vez son menos los que confían en que el mañana sea mejor que el presente y, al mismo tiempo, redoblan sus esfuerzos para convencer los profetas del crecimiento ilimitado, de la liberación tecnológica y de la marginalidad de los saberes humanísticos.

La composición heterogénea de las manifestaciones y concentraciones que desde hace días alteran la agenda política del Gobierno de Francia es la prueba fehaciente de que la sensación de oscuridad que viene del futuro es compartida por un segmento ideológico y social cada vez más amplio. El profesor Roland Gori se refiere en las páginas de Libération a la vigencia del taylorismo (por Frederick Taylor), aquella corriente económica de principios del siglo XX orientada a aumentar la productividad y a neutralizar el control sindical sobre los ritmos de producción, un pensamiento que quizá reverdece, aunque hasta no hace mucho pareció superado por el pacto social y la confluencia de la democracia cristiana y la socialdemocracia en un modelo humanamente sostenible. Quién y en qué condiciones puede capitalizar el subsiguiente descontento angustiado, es impredecible; depende en gran medida de cuál sea la sensibilidad del establishment para evitar la fractura o para dar vida a nuevas etiquetas políticas atentas a las reclamaciones de los movilizados, de cuantos ven en la salida de la crisis la quiebra de un engarce social equilibrado.

 

 

El chavismo, en el ocaso

La crisis política, económica y social que zarandea Venezuela se ha adentrado en el frondoso bosque del referéndum revocatorio (cancelación del mandato del presidente Nicolás Maduro), lleno de trampas para elefantes y propicio para los debates bizantinos. Los esfuerzos de la oposición para reunir las firmas necesarias para que se celebre la consulta chocan con la predisposición del Comité Nacional Electoral a bloquear el proceso; las proclamas del Gobierno de someterse a lo dispuesto en la ley del 2007 son escasamente convincentes al predominar en ellas el indisimulado propósito de evitar a Maduro la prueba; ambos bandos, en fin, aparecen enfrentados en un litigio que difícilmente admite una gestión estrictamente institucional.

Se respira en Venezuela el aire viciado por un Parlamento abiertamente hostil al presidente y viceversa, una gestión económica errática cuando no insostenible y el hartazgo de una población que debe amoldar su vida cotidiana a tres desafíos: la inseguridad sin remedio, una inflación galopante y la escasez de productos de primera necesidad. Algunas de las medidas adoptadas para ahorrar energía –en realidad se deben a los cortes en el suministro eléctrico–, señal inequívoca de la gravedad del momento, y la sensación de que las teorías conspirativas se han convertido en la gran justificación para todas las penalidades inducen a pensar que el Gobierno marcha muy por detrás de los acontecimientos, improvisa todos los días y aspira a salvar los muebles con la movilización del núcleo de adeptos que aún le quedan.

Si la inflación superó en el 2015 el 200%, según datos que maneja la oposición, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la de este año llegue al 700% –cien puntos de más o de menos poco importan–, no es exagerado decir que el bolívar ha dejado de tener valor y todos los aumentos salariales anunciados por Maduro no son mucho más que un brindis al sol. Si el precio del petróleo se mantiene en los parámetros actuales, no es desmesurado decir que el país se encuentra ante un problema irresoluble, típico de economías basadas en un monocultivo: a corto plazo, no hay alternativas visibles para superar la escasez y la crisis social en ciernes. Si el Gobierno no admite la realidad de que el Parlamento le es hostil –la oposición dispone de una mayoría aplastante–, se condena a sí mismo a convertirse en una máquina de poder cada día más alejada de la calle y con menos medios para forjar complicidades.

Mientras Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dispone a recibir en Washington a una delegación de parlamentarios de la oposición venezolana, la cancillera Delcy Rodríguez considera ridícula la pretensión de activar la Carta Democrática Interamericana. “Además de la profunda ignorancia que significa esta solicitud, además de esta profunda ignorancia que demuestra la derecha, lo único que está en su corazón y en su pretensión es la intervención de Venezuela. Eso no procede. No nos dejemos presionar por esos fantasmas que no existen”, declaró la titular de Relaciones Exteriores a Globovisión. Y la referencia a la derecha apareció entrecomillada en la frase recogida por diario El Universal, altavoz de la oposición, porque es bastante cierto que el conglomerado de los descontentos ha dejado de ser solo el punto de encuentro de los conservadores alarmados desde el principio por el chavismo, y es hoy un movimiento que acoge un amplio abanico ideológico.

Da la impresión de que los herederos de Hugo Chávez han ahuyentado o defraudado a una parte importante de la base social sobre la que se levantó un proyecto de naturaleza populista destinado a refundar la república. El nacionalismo panamericano representado en su día por Simón Bolívar fue el santo y seña genérico de un programa reformista, si no viable, sí al menos posible, financiado con las rentas de un petróleo caro. El rescate de una parte de la población, condenada hasta entonces a vivir en condiciones de pobreza extrema, llevó a los rescatados a aspirar a unas condiciones mínimas de estabilidad para consolidar su nueva situación, pero entre tanto el Estado no buscó en otros campos ingresos diferentes a los del petróleo, y cuando estos menguaron, el mecanismo reformista empezó a fallar por falta de recursos. Si a lo dicho se suman una fiscalidad desconcertante, la corrupción y la tendencia a simplificar los problemas del equipo de Maduro, todo lleva a pensar que el experimento ha llegado al ocaso de su existencia.

El desplome del PIB contabilizado por el Banco Central de Venezuela presagia lo peor. En el 2014 cayó el 4%; en el 2015, el 5,7%; para el 2016 se estima que la caída será del 8%. Con estas cifras no hay sistema económico que resista, y menos en un entorno poco propicio en el que Cuba mira a Estados Unidos y a la Unión Europea, Brasil se debate en una crisis existencial, Argentina emite las primeras señales de conflicto social desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri y en Bolivia no prosperó en las urnas el deseo de Evo Morales de aspirar a un nuevo mandato. No es solo que Chávez tuviese un poder de atracción del que carece Maduro, es que además se movió en un ecosistema político latinoamericano propicio, muy diferente al presente.

La incontinencia verbal del presidente venezolano, que lo mismo arremete contra Mariano Rajoy que contra Barack Obama, contra la oposición o contra los defensores –Felipe González entre otros– de los líderes encarcelados, ha dejado de ser el resorte adecuado para desviar la atención de los problemas internos. Cuando la cultura de las colas frente a los comercios desabastecidos se suma a la falta de medicamentos, a los apagones y muchas pequeñas carencias presentes en todas partes, solo los muy convencidos siguen pensando que la culpa es de los otros y no de quienes gobiernan y se obstinan en perseverar en un programa que no aporta ninguna solución o solo una: una permanente y estéril huida hacia adelante.

La demanda por traición a la patria que los diputados chavistas interpondrán en el Tribunal Supremo contra los de la oposición que han instado a la OEA a activar la Carta Democrática Interamericana no es más que una maniobra de evasión para soslayar la realidad. Diosdado Cabello, expresidente del Parlamento y promotor de la iniciativa, es la viva imagen del distanciamiento de la realidad que cultiva el régimen. Ni siquiera la izquierda ilustrada que apoyó al chavismo en sus inicios ve hoy en sus continuadores el remedio a los males que atenazan a la sociedad venezolana. Tampoco se vislumbra una receta eficaz en las proclamas de la oposición, bastante menos cohesionada de lo que pudiera pensarse, pero de momento está legitimada por el apoyo de las urnas y por su apego a los usos democráticos. Si este punto de partida es suficiente para rescatar al país de la postración y evitar la fractura social, nadie lo sabe, pero es de temer que no baste si no es posible un pacto político en el que participe el chavismo, que controla todos los resortes del Estado y tiene por el momento al Ejército de su parte. O eso parece.