Francia corre riesgos

La victoria de Emmanuel Macron, exministro liberal en un Gobierno socialista, solo dos puntos por encima de Marine Le Pen, extrema derecha xenófoba y antieuropeísta, no permite banalizar el éxito de esta última en la primera vuelta de la elección presidencial en Francia, sino subrayarlo con tinta roja. Solo 15 años después de que Jean-Marie Le Pen disputara a Jacques Chirac la presidencia de Francia, la hija del viejo caudillo ultra ha obtenido 2,8 millones de votos más que los que él logró en la primera vuelta del 2002 y, tanto o más importante que este dato, ha conseguido proletarizar el Frente Nacional (FN), hacerlo más transversal y agravar la división latente en una sociedad desorientada por dos presidencias sin logros –las de Nicolas Sarkozy y François Hollande–, por el descrédito de los grandes partidos, por el coste social de la crisis económica y por el desafío yihadista. Las bolsas europeas respiraron tranquilas el lunes, pero los vaticinios de una segunda vuelta en la que el voto ultra puede acercarse al 40% configuran una Francia nueva, con más de un tercio de los electores movilizados contra la tradición republicana y europeísta, conquistados por el nacionalismo primario “de un clan familiar cínico y sin escrúpulos” (Le Monde).

La presunta sutileza de los análisis que consideran un fracaso del FN no haber alcanzado el 30% en la primera vuelta, requisito mínimo para aspirar a la presidencia con fundamento en la segunda, no hace más que ocultar los riesgos que corre Francia, y por extensión Europa. Nada hay más alejado de las convenciones políticas, del pacto republicano y del equilibrio social que el populismo vociferante de Marine Le Pen envuelta en la bandera. Ese recurso a las emociones o a las esencias nacionales ha sido útil, por el momento, para dejar en ruinas el sistema de partidos característico de la Quinta República, puede serlo para hipotecar la gestión de futuros gobiernos si en las legislativas de junio alcanza el FN una representación significativa en la Asamblea de la República y puede serlo aún más si deja vía libre a los partidarios de agitar la calle, que los hay.

Marine Le Pen se refiere a la necesidad de una “unión nacional” para pedir el apoyo en las urnas el 7 de mayo, una apelación a la identidad antes que a los valores. Emmanuel Macron reclama la “unidad republicana” y, con ella, la del abanico político que va de los posgaullistas de François Fillon a la izquierda clásica, que se remite a los valores del pacto republicano más que a una nación en abstracto. No es esta una diferencia menor o secundaria, o al menos no debiera serlo cuando lo que está en juego no es solo la presidencia de Francia, sino la complicidad del país para rescatar a la Unión Europea de la lógica diabólica de la crisis permanente, de la herencia del Brexit y de diferentes modalidades de euroescepticismo, sazonado todo con las múltiples fobias estimuladas por la crisis de los refugiados, el terrorismo global y la lejanía de los tecnócratas de Bruselas.

De ahí que resulten sorprendentes las reservas de Jean-Luc Mélenchon, candidato de la izquierda emergente, para pedir el voto para Macron, como si fuese posible una alternativa, como si abstenerse o votar en blanco no fuese casi tanto como apoyar a Le Pen. Esa doctrina expresada en España por Podemos, según la cual la nueva izquierda no quiere de presidente ni a Macron ni a Le Pen, es una incongruencia, una contradicción en términos o una falta manifiesta de madurez política. Basta revisar las hemerotecas para comprobar que en el 2002, con bastantes menos riesgos a la vista, la izquierda votó sin fisuras a Chirac con una pinza en la nariz para cortar el paso a la demagogia intemperante de la ultraderecha. Fue un voto sin ilusión, pero fue un voto necesario o voto útil, que hoy vuelve a serlo a la luz del desafío a la decencia que plantea el FN en el seno de una sociedad crispada.

Quizá los cálculos para junio (elecciones legislativas), que serán el ser o no ser de conservadores y socialdemócratas, pero también la prueba del nueve de la fuerza electoral del FN y de la nueva izquierda, hayan llevado a Mélenchon y a los insumisos a abrazar la ambigüedad. Si es así, solo cabe concluir que son insensibles al “perfume nauseabundo” (Paul Quinio en L’Obs) que desprende el pulso de Le Pen al sistema, que lo es también a la viabilidad de la UE y a la gestión de los desequilibrios sociales. En la práctica, la actitud de Mélenchon se suma a la indefinición de muchos electores de Fillon, que acaso prefieran el 7 de mayo el nacionalismo sectario de Le Pen antes que el realismo europeísta de Macron. Esto es, en su afán por llegar a un puerto aceptable para llevar a la práctica un programa clásico de izquierdas, el progresismo de nuevo cuño acepta imprudentemente correr el riesgo de que la caverna desacredite el próximo domingo todas las encuestas con una victoria.

Es cierto que nada hace prever que esto suceda, pero tampoco creyó nunca el establishment que Donald Trump llegaría a la Casa Blanca y allí está, convertido en líder de la internacional populista, que impugna la vigencia de las sociedades abiertas, del mestizaje cultural y del auxilio a los más vulnerables. El desmantelamiento de facto de un sistema de partidos que ha dejado de ser reflejo de la estructura social de Francia hace posible cualquier cosa, incluida una fragmentación acelerada del bloque conservador y del bloque de centroizquierda, sumidos en una doble crisis, programática y de liderazgo, que solo en parte remedia el entusiasmo movilizador de En Marche!, el conglomerado que debe llevar a Macron al Eliseo. No es este un momento de reconstrucción del andamiaje partidista de la Quinta República, sino de protección de lo que de él queda, sin más complicidades entre viejos adversarios que proteger el sistema de quien lo desprecia.

Como aconsejó Paul Quinio la madrugada del escrutinio de la primera vuelta, Emmanuel Macron debe desconfiar de una victoria el 7 de mayo anunciada de antemano por los sondeos. “Es el primer síntoma de esta impalpable indiferencia que envuelve desde este momento el peligro Le Pen”, escribió el periodista, avisado de que el ambiente que se respira es el menos favorable de los imaginables para que prevalezca la tradición política heredada del diseño del Estado hecho por el general Charles de Gaulle. Vive sus últimos días aquel sistema basado en la alternancia entre socialistas y liberal-conservadores a partir de la victoria de François Mitterrand en 1981, y el Parlamento que saldrá de las elecciones de junio acaso esté insólitamente dividido con nuevos actores políticos ocupando una parte de los escaños. De ahí la importancia de que Francia cuente con un presidente que responda al nuevo espectro y, al mismo tiempo, defienda el anclaje del país en la UE para dar continuidad al eje franco-alemán, esencial en la marcha de los asuntos europeos desde los días de los padres fundadores. Un ejercicio de compromiso político ajeno a la demagogia de Le Pen.

 

Erdogan liquida a Atatürk

La reforma constitucional aprobada el domingo mediante referéndum consagra un giro autoritario en Turquía cuyo objetivo último es liquidar el legado secular de Mustafá Kemal Atatürk y asentar un nacionalislamismo que rescate del pasado la tradición otomana, la influencia que durante siglos tuvo el sultanato en el orbe musulmán. La autoridad omnipresente lograda por el presidente Recep Tayyip Erdogan persigue desarticular la neutralidad de las instituciones diseñada por la Ley de Organización Fundamental de 1921, que marcó el rumbo en el tránsito del poder dinástico a la modernidad, quiso liquidar el vínculo de Turquía con sus vecinos del este y fijó la occidentalización a toda máquina como el programa que debía rescatar al país del atraso, la sumisión y la dependencia exterior. Para curar los achaques de la Sublime Puerta, el enfermo de Europa derrotado en 1918, Atatürk optó por una cirugía de hierro que provocó una fractura social nunca superada y ahora agravada.

Las raíces del mal turco se remontan a la división de primera hora entre kemalistas y otomanistas, entre partidarios del Estado laico y del Estado confesional, entre deseosos de quemar etapas y disponer cuanto antes de un Estado liberal y aquellos otros que veían en la tradición la piedra sillar de la identidad nacional. Al analizar hoy la distribución del voto en el referéndum y subrayarse la división entre el mundo urbano –Estambul, Ankara, Izmir, Trabzon– más el Kurdistán, que votaron no, y la Anatolia rural, que se decantó por el , no se hace otra cosa que poner de manifiesto una constante histórica desde los años 20 del siglo pasado: el laicismo nunca arraigó en la Turquía interior, conservadora en extremo, aunque no siempre sumida en una religiosidad hermética.

El especialista Bernard Lewis afirma en The emergence of modern Turkey: “La occidentalización planteó graves problemas de identidad a un pueblo que, después de todo, procede de Asia, profesó el islam y perteneció por tradición durante muchos siglos al mundo islámico de Oriente Próximo, donde los otomanos fueron líderes inamovibles”. En este entorno, poner la mirada en el oeste fue interpretado casi siempre en Asia y en el islam como una traición, añade Lewis, y “los turcos fueron denunciados como lacayos de Occidente”. Basta con repasar las ideas expresadas en su día por los exprimeros ministros islamistas Necmettin Erbakan –“la República representa una negación cultural y el secularismo represivo”– y Ahmet Davutoglu –“tengo mis dudas acerca de la compatibilidad de la política occidental y sus instituciones sociales con una sociedad predominantemente musulmana”–  para colegir que el análisis de Lewis, muy discutible en otros apartados, en este se acerca bastante a la realidad.

Al mismo tiempo, la comunidad académica contempla el proyecto de Erdogan como una amenaza para la democracia que, con sobresaltos y limitaciones, crisis y golpes de Estado, ha resistido todos los desafíos. La escritora francoturca Kenicé Mourad, bisnieta del último sultán, ve en el autoritarismo constitucional promovido por el presidente una mutación de signo totalitario: “Ya hace años dije que Turquía se estaba convirtiendo en la Alemania de los años 30”. El nobel Orhan Pamuk vio el último febrero cómo una entrevista que debía publicar el periódico Hurriyet, propiedad del conglomerado financiero Dogan Holding, nunca apareció porque en ella el escritor se pronunciaba contra la reforma constitucional en un ambiente dominado por la purga de las redacciones, el encarcelamiento de periodistas y el cierre de cabeceras críticas. Adiós a la atmósfera deliberativa propia del pluralismo político.

Desde el intento de golpe de Estado del pasado verano, el enaltecimiento de la figura de Erdogan ha sumado adeptos. El presidente ha logrado concretar dónde se encuentra el nido de la serpiente, el núcleo de conspiradores encabezado por el eximán Fethullah Gülen, ha puesto en marcha un mecanismo de depuración de los empleados públicos –Ejército, policía, funcionarios, profesores de universidad– y ha logrado que arraigue en la opinión pública la idea de que el país cuenta ahora más que antes, ha establecido un nuevo vínculo con quienes emigraron a Europa y condiciona la política de la Unión Europea. “Erdogan es un autoritario como tantos otros hay en el mundo –afirma Steven A. Cook, del Council on Foreign Relations, en las páginas de Foreign Policy–, pero al mismo tiempo se inspira en la historia otomana”, en un pasado glorioso, a menudo mitificado, que se desmoronó minado por la decadencia.

En esta historia idealizada caben las opiniones de votantes que el domingo justificaron su en la necesidad de que Turquía disponga de un gobernante fuerte que restaure el orgullo de la nación, un argumento no muy diferente del perfil forjado por Atatürk para justificar su occidentalización sin contemplaciones. Algo que, en cualquier caso, se atiene a la idea de liderazgo en el seno del islam que comparten muchos votantes, recuerdo impreciso del papel desempeñado por el sultanato durante siglos. “El lugar natural de Turquía no está en el cuartel general de la OTAN en Bruselas –creen muchos conciudadanos de Erdogan, según lo ve Cook–, sino en la dirección del mundo musulmán, cuyos aliados deben ser Pakistán, Malasia, Egipto, Irán e Indonesia”.

De ser esto cierto a grandes rasgos, cobra sentido que el interés por ingresar en la Unión Europea haya decaído y otros proyectos políticos asociados a la europeización hayan pasado a mejor vida. Así el proyecto de convertir el Partido de la Justicia y el Desarrollo, dirigido por Erdogan, en una versión islamista moderada de la democracia cristiana de posguerra; así la adecuación de muchas leyes al acervo comunitario para hacer posible la adhesión; así incluso la revisión de la causa kurda como la de una comunidad irredenta después de considerar durante decenios la crisis kurda un problema de seguridad. La aspiración europea ha dejado de ser la estación de llegada principal a pesar de que el vínculo con los europeos tiene más contenido que nunca: el acuerdo para almacenar refugiados a cambio de sustanciosas cantidades de dinero.

La tensión con Holanda y Alemania durante la campaña electoral alcanzó el objetivo perseguido: atraer a la causa erdoganista a una parte importante de la comunidad turca en Europa. Los ministros que fueron a participar en actos para pedir el en el referéndum no lograron subirse a la tribuna, pero consiguieron movilizar a quienes volvieron a sentirse más turcos en el exilio económico que nuevos europeos en proceso de adaptación. Que las instituciones democráticas, la división de poderes y las libertades individuales estén en juego pesó menos que la restitución del sentimiento nacional, un intangible que activó la política de las emociones y atrajo el voto de los emigrantes. Nadie dijo palabra sobre la solicitud de ingreso en la Unión Europea, presentada en el 2005, y aún menos sobre la votación en la Eurocámara, que el 24 de noviembre adoptó la decisión no vinculante de suspender las negociaciones para la adhesión de Turquía. La partida se juega en otra mesa con otras reglas.

Por el contrario, la posibilidad de disputar al mundo árabe la hegemonía regional en el Mediterráneo oriental es algo más que una atractiva posibilidad a cada día que pasa. La entente cordiale con Rusia, tan a contrapelo, la acogida de refugiados sirios que huyen de la hecatombe y su implicación cada vez mayor en la guerra han alimentado la ensoñación otomanista. Mientras la oposición impugna la limpieza del escrutinio y la OSCE duda de la transparencia de las votaciones, mientras la oposición laica entiende que Erdogan ha puesto en marcha una operación para desviar la atención de sus miserias familiares –el tráfico de petróleo comprado por un hijo del presidente al Estado Islámico– y para perpetuarse en el poder, el interesado ha logrado reunir la masa crítica suficiente para salir adelante a pesar de las contradicciones de su proyecto. Este más que presunto punto final puesto al ataturquismo configura un país desgarrado por dos proyectos irreconciliables, promueve la islamización de las instituciones, elimina los contrapesos entre poderes y otorga a Erdogan la capacidad de hacer y deshacer según sus personales designios. Mueve a reflexión, cuando no a preocupación, el solo hecho de que el presidente Donald Trump fuese el único que se apresuró a felicitarle en cuanto terminó el recuento.

 

 

Trump, el guerrero sin antifaz

El ataque con misiles de una base del Ejército sirio en la provincia de Homs ha permitido a Donald Trump encarnar por primera vez la figura del guerrero sin antifaz. Como George W. Bush en febrero del 2001 al ordenar un bombardeo en Irak menos de un mes después de haber tomado posesión, Trump emerge como el administrador de una presunta justicia armada universal, impugna el orden internacional tutelado por las Naciones Unidas y despierta del sueño de una noche de invierno –primeras semanas de su mandato–, cuando vislumbró una posible entente o conllevancia con Rusia para acabar con la guerra en Siria sin expulsar del poder a Bashar al Asad y para someter a presión a la Unión Europea por el este y por el oeste. O ocaso el sueño nunca fue tal, sino más bien una maniobra de distracción, un amago para corregir el legado de Barack Obama: reducir al máximo la implicación directa de Estados Unidos en la gestión de las diferentes crisis que zarandean al mundo árabe y rehabilitar a Irán, aliado de Siria, ante la comunidad internacional.

Para todo esto puede valerle a Trump la salvajada cometida en Jan Sheijun, provincia de Idleb, que ha causado conmoción en todas partes y ha resignado a los aliados a aceptar los hechos consumados de una mayor presencia sobre el terreno de Estados Unidos después de que Rusia haya impedido que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución de condena de lo sucedido. Ninguna de las alegaciones presentadas por los embajadores ruso y sirio ha convencido al auditorio, y sí, en cambio, las informaciones suministradas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres. Nadie ha creído que la oposición islamista sea la responsable de todo al guardar un arsenal químico en un almacén bombardeado por la aviación de Al Asad. Está muy presente en la memoria colectiva lo sucedido en el 2013 –más de 1.400 muertos en un ataque con gas sarín– y la decisión posterior de los generales sirios de deshacerse de su armamento químico, un gesto inducido por Rusia que desactivó la amenaza de Obama de intervenir in situ en el conflicto si el Gobierno de Damasco cruzaba de nuevo la línea roja de un ataque con armas de destrucción masiva.

La posibilidad de un conflicto crónico, con el Estado Islámico como gran adversario y razón suficiente para una alianza táctica con Rusia, da paso a una nueva realidad: la indigencia moral del régimen sirio obliga a Estados Unidos a matizar la disposición a entenderse con Vladimir Putin. Mientras Devin Nunes, presidente republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, acusado de plegarse a los deseos del Gobierno, deja de participar en la investigación abierta por presunta connivencia de los estrategas de campaña de Trump con los intoxicadores de campaña de Putin, asoma por una esquina la Realpolitik, la tozuda evidencia de la incompatibilidad entre la estrategia rusa de recuperación del tiempo perdido a la disolución de la URSS y las políticas globales de seguridad diseñadas por Estados Unidos. Prueba todo ello de la bisoñez o impericia de una Administración sumida en la desorganización y el oportunismo, y falta de referencias para justificar la utilidad de la russian connection en cuanto el gas sarín ha segado la vida de cerca de 90 personas (una veintena, niños).

Superados los seis años de guerra en Siria, la hipótesis del conflicto crónico como mal menor ha dejado de tener sentido. Think tanks conservadores como Rand Corporation admiten en un informe elaborado por varios expertos que se precisarán años para que mejore la situación en el frente de batalla y cese la matanza, y subrayan al mismo tiempo que es preciso prestar apoyo a fuerzas aliadas para que tengan efecto a ras de suelo los bombardeos desde el aire y el despliegue de alguna unidad de tierra (la última entrega, 400 soldados). Un panorama poco compatible con el diseño de las operaciones rusas en apoyo de Al Asad, dirigidas más a combatir a la oposición englobada en la Coalición Nacional Siria que al Estado Islámico.

Ni siquiera el atentado presumiblemente islamista en el metro de San Petersburgo –14 muertos– altera la naturaleza de la alianza ruso-siria, pues es la que garantiza la influencia decisiva del Kremlin en el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Próximo. Desde la liquidación de la resistencia en Alepo no hay duda de que el futuro pasa por el despacho de Putin y es el presidente ruso quien garantiza la continuidad del sirio. Al Asad se siente vencedor a pesar de las repetidas condenas de su régimen en toda clase de foros, de tal manera que en su última entrevista con una emisora de televisión extranjera, un canal de Croacia, ni siquiera se refiere al bombardeo de Idleb. Rusia recurre a la argucia de hablar de la oposición sin matices, mete en el mismo saco al brazo de Al Qaeda en la guerra y a los adversarios de Al Asad que apoya Occidente, y arbitra en el conflicto con la permanente pugna de fondo del chiísmo (Irán) y el sunismo (Arabia Saudí), que se disputan la hegemonía regional en el golfo Pérsico.

Todas estas sutilezas habían escapado hasta la fecha a la diplomacia de brocha gorda exhibida por Trump, al menos en público. Después de echar mano de los Tomahawk, el relato ha cambiado sustancialmente con una agresividad no tan inesperada como pudiera pensarse a la vista del diagnóstico de algunos expertos. Dennis Ross, un veterano embajador con un conocimiento detallado del escenario, ha escrito un artículo para el Washington Institute en el que exhorta al Gobierno a aceptar que la estrategia en Siria no puede reducirse a acabar con el ISIS, porque el desafío del terrorismo global excede con mucho al Estado Islámico. A mayor abundamiento, Ross entiende que la desaparición del califato no figura entre las prioridades rusas (y sirias, cabe añadir). En consecuencia, la colaboración con Rusia, pasados los ardores poselectorales del primer momento, carece de fundamento salvo que se establezcan claramente los objetivos y los límites de tal colaboración.

En un artículo publicado en The Wall Street Journal a finales del 2015 advertía Henry Kissinger que “la estructura diplomática de las últimas cuatro décadas está en ruinas”, y subrayaba que cuatro estados árabes habían dejado de funcionar como tales: Libia, Yemen, Siria e Irak. De ahí a aplicar la teoría kissingeriana del dominó media un paso: el poder de contagio de una guerra en fase aguda –Siria hoy– desencadena crisis en su periferia, y así un conflicto local se convierte a toda prisa en regional. Frente a esta teoría, fruto de la experiencia de la guerra de Vietnam y sus secuelas, parece una simplificación de 140 caracteres la del conflicto limitado a un solo país del atormentado mundo árabe, manejada hasta ahora por el círculo de Trump, y con Rusia de socio preferente.

Fujimorazo de Maduro

Lo más parecido a un golpe de Estado de palacio es la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que cancela las atribuciones del Parlamento so pretexto de que la Cámara ha cometido un delito de desacato. Porque las funciones de las que los diputados son desposeídos pasan a los jueces que firman la condena o resolución, y de ellos a Nicolás Maduro, que concentra así todos los poderes del Estado habida cuenta de la disciplina de partido observada por los magistrados desde hace demasiado tiempo como para dudar de ella.

No se trata de un golpe de Estado palaciego porque lo dice la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea neutralizada, ni porque la Organización de Estados Americanos (OEA) lo corrobora ni por ninguna otra circunstancia, lo es porque la división de poderes ha saltado por los aires. No es tampoco un golpe de Estado porque así lo ha decidido una conspiración internacional, sino porque culmina un proceso que ha llevado a la cárcel a varios líderes de la oposición, ha descoyuntado la economía y ha inducido a Maduro a dejar sin efecto cualquier aproximación al sistema de contrapesos propio de una democracia. Y por último, no es un golpe de Estado porque lo digan líderes conservadores, los de signo progresista, salvo tibiezas injustificables, están de acuerdo en que la democracia ha sido barrida por la inercia de un régimen ineficaz, imprevisible y arbitrario, incapaz de corregir sus errores.

Nunca estuvo el experimento venezolano iluminado por el halo de desafío ético al establishment que tuvo, por ejemplo, la revolución de los barbudos cubanos, pero Hugo Chávez logró construir un relato regenerador de la política de su país y fue capaz de poner en marcha programas sociales financiados con un petróleo que anduvo cerca de los 150 dólares/barril. Hoy las invocaciones a la agresión imperialista y otras soflamas de Maduro y su corte de adeptos suenan a eslóganes desgastados, tan alejados de la realidad como la pretensión de corregir los efectos de una inflación de tres dígitos con subidas del salario mínimo del orden del 40%. Nada funciona en Venezuela: una encuesta citada por El Universal, un diario de oposición, estima que un tercio de la población, 9,6 millones de personas, “ingieren dos o menos comidas al día” y “es mucho el daño que se puede hacer si seguimos por este rumbo desquiciado”, según un articulista que publica en el mismo medio.

Frente a este escenario de pesadilla resulta grotesco el pretexto esgrimido por los jueces para liquidar el régimen constitucional: la decisión del Parlamento de aceptar a tres diputados de distritos de la Amazonia cuya elección fue impugnada por el chavismo y diligentemente censurada por el Tribunal Supremo. Desde que la oposición ganó las legislativas del 2015, el objetivo del grupo de Maduro ha sido desembarazarse de los vencedores y actuar como si la república fuese de partido único, el Socialista Unido de Venezuela; luego la Mesa de la Unidad Democrática puso en marcha el proceso para convocar un referéndum revocatorio del presidente y la ansiedad de Maduro fue en aumento. Cualquier cosa valía para restablecer el orden y dejar fuera de juego a los adversarios políticos.

Ahora, en una reacción típica de toda autocracia que se precie, el Gobierno ve en cuanto viene de fuera gestos hostiles y una oposición premeditada a sus planes, especialmente desde la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, pero lo cierto es que la cercanía al fujimorismo de este golpe de Estado disfrazado de resolución judicial tiene todas las trazas de concretarse en los próximos días a poco que la oposición dispute la calle al chavismo, y este opte por la represión a palos. Dice Vladimir Adrianza en Últimas Noticias, una cabecera chavista, que “Venezuela pasa de una posición defensiva a poner los puntos sobre las íes” en la OEA, pero la organización considera activar la Carta Democrática Interamericana de 2001, a la que Venezuela se adhirió, para, en su caso, impedir la participación del país en las diversas instancias de la OEA, sin que se haya dejado oír más voz de descontento que la de Evo Morales, presidente de Bolivia.

Dice Sandra Oblitas, vicepresidenta de la Comisión Nacional Electoral: “Ningún ente o persona independientemente del cargo que tenga puede imponer ningún tipo de ordenamiento jurídico diferente al que existe en Venezuela”. Lo que sucede es que el Gobierno se ha saltado el ordenamiento jurídico con harta reiteración y ha desoído los consejos de personajes tan diferentes como el papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes es difícil imaginar metidos de hoz y coz en una conspiración internacional contra Venezuela. Más parece que el frente de rechazo formado por Nicolás Maduro, Cilia Flores, esposa de Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los ideólogos del chavismo realmente existente han optado por enrocarse en el poder e imposibilitar todo asomo de reforma de un modelo en ruinas a causa de la quiebra económica, la fractura social y la división política.

Como en los peores momentos de la historia venezolana, en los que la violencia se impuso a los programas, hoy caminan el Gobierno y sus adversarios hacia una cita que presagia inevitablemente un desenlace dramático. Quedan muy lejos los días del frente reformista con Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, acaso Nicaragua, en los que Hugo Chávez encontró el ambiente propicio, olvidados los tiempos del golpe de Estado de los carapintadas que él dirigió para acabar en la cárcel. No hay nada en el vecindario de Maduro que le sea remotamente favorable, ni siquiera las reservas de petróleo almacenadas bajo el subsuelo caribeño; Latinoamérica ha cambiado profundamente, mientras la vía venezolana hacia la redención social ha degenerado hasta desfigurar el sistema democrático mediante el que el chavismo llegó al poder.

¿Cuál será el paso siguiente en el camino desde la división de poderes a la dictadura sin aditamentos que la encubran? ¿Qué movimientos sopesa la oposición agavillada en la Mesa de la Unidad Democrática, acogida a la legitimidad que le otorga haber obtenido una aplastante mayoría en las últimas elecciones legislativas? ¿Qué papel se reserva la OEA en este desastre político, que puede convertirse en tragedia a poco que la escalada de la tensión siga su curso? Y por último, ¿qué hará el Ejército, el gran mudo, en esta carrera de despropósitos: seguirá disciplinadamente del lado del sistema, como en los días de Chávez, o solo ve en Maduro la figura de un líder fracasado? Ninguna de estas preguntas admite una sola respuesta