Puigdemont, una estrategia encubridora

La nueva entrega del circo de Puigdemont, expresión manejada por la profesora danesa Marlene Wind, tan poco sometida a los encantamientos del procés y de la internacionalización de la crisis pretendida por el soberanismo, ha certificado el error táctico cometido por el expresident en su pretensión de situar en el centro del conflicto la restauración de una presunta legitimidad democrática y no el cumplimiento de la ley. Las preguntas de la docente, tan precisas y concluyentes, se han vuelto contra los objetivos perseguidos por Puigdemont, acaso también por una parte del independentismo al galope, al aparecer las leyes vigentes, aprobadas por dos parlamentos democráticos, el español y el catalán, como una línea infranqueable que separa lo ilegítimo de lo que no lo es. Las leyes no son inmutables, ni siquiera perfectas y a gusto de todos, deben reformarse cuando son inadecuadas o quedan superadas por la realidad, pero no pueden soslayarse o incumplirse en nombre de principios genéricos tan traídos por los pelos como el derecho a decidir, en nombre de la abusiva creencia de que hay un mandato popular que legitima transgredir la Constitución y cuanto de ella se deriva.

El enfado con la Unión Europea del huidizo Puigdemont es perfectamente lógico y comprensible: esperaba que fuese la caja de resonancia que ampliara las exigencias independentistas frente a la cerrazón, asimismo abusiva y, sin duda, paralizante del Gobierno español. Pero se ha dado de bruces con la realidad, tan tozuda, con la solidaridad interestatal y con la opinión mayoritaria en la comunidad académica de que la ley puede y debe cambiarse mediante mayorías indiscutibles y de acuerdo con los mecanismos que la propia ley prevé, empezando por la Constitución misma. Dicho en corto: si una ley no funciona, es ineficaz o queda superada por los acontecimientos, hay que cambiarla a la mayor brevedad siempre y cuando sea mayoritaria la percepción de dicha urgencia en las instituciones –los parlamentos– encargadas de hacerlo. Si se suplanta el camino fijado por la ley misma por una simple maniobra de transgresión, el disparate o el despropósito están servidos.

Los argumentos de los encarcelados posteriormente liberados y de quienes siguen en prisión y han pedido al juez Pablo Llarena salir de ella han esgrimido por activa y por pasiva, sea de forma implícita o explícita, este principio de acatamiento de la ley –añadir por imperativo legal es una redundancia–, y a nadie puede sorprender que lo hayan hecho porque es consecuencia de la estrategia de sus defensas, del todo coherente con el acervo europeo en cuanto atañe al respeto por la ley. La reacción de los gobernantes europeos no es ni una excepción ni una sorpresa, sino todo lo contrario: era impensable que dudaran y transmitieran la impresión de que pasaban la maroma sin red tendida a medio camino de la defensa del Estado de derecho y de la comprensión con los arrebatos soberanistas registrados en Catalunya entre primeros de septiembre y finales de octubre. Y tal actitud ha continuado después del 21 de diciembre, habida cuenta de que la convocatoria electoral, el resultado de las urnas y la formación del nuevo Parlament es inseparable de los requisitos establecidos por las mismas leyes que el núcleo bruselense quiere dejar sin efecto mediante alguna alternativa, más chocante siempre que imaginativa (la proclamación de Puigdemont plasma mediante, por ejemplo).

El viaje a Bruselas del presidente del Parlament, Roger Torrent, para despachar o auscultar al expresident tiene el valor que se le quiera dar, pero pudiera ser el último acto necesario para certificar que con su eventual elección en el puente de mando del Gobierno catalán sería inalcanzable el objetivo fijado por el propio Torrent: que el Ejecutivo sea eficaz y útil desde el primer día, dicho con estas u otras palabras. Forzar el reglamento de la Cámara y consagrar a Puigdemont lleva indefectiblemente a perpetuar la aplicación del artículo 155 , la división social y la permanencia de la autonomía en la UVI. No hace falta echar mano de los argumentos del bloque constitucionalista para llegar a esta conclusión: los comuns, tan contemporizadores con el soberanismo, descartan apoyar la investidura de un president virtual, cuya primera herramienta de trabajo debería ser Skype.

Quizá la jornada bruselense de Torrent sea un paso obligado, profesional, quizá se trata del último acto de sometimiento de la mayoría parlamentaria a los planes pergeñados por Puigdemont y no tiene más objetivo que demostrar la inviabilidad del propósito. Quizá todo se deba a la necesidad de demostrar que es indispensable la aparición de un candidato alternativo, capaz de formar un Govern en activo desde el primer día, que pueda acudir al despacho todas las mañanas, que haga de la aplicación del artículo 155 un enojoso paréntesis del pasado y que esté en condiciones de pilotar el independentismo sin saltarse la Constitución, el Estatut, los dictámenes de los letrados del Parlament y el reglamento a las primeras de cambio. Quizá el relato vaya de eso o de algo parecido a eso; si, por el contrario, va de insistir en el vértigo de 2017, el propósito último de los rectores del independentismo es volver a la casilla de salida, y salga el sol por Antequera.

En la espera, en el descanso antes de que empiece la segunda parte, el soberanismo desvía la atención de asuntos acuciantes para medir la solvencia de sus gobernantes del pasado, imbuidos la mayoría de un pétreo sentimiento de posesión de la verdad, de una verdad absoluta e indiscutible, depositaria de una superioridad moral sin parangón posible. Así sucede con la sentencia del caso Palau, tan esclarecedora de los manejos del universo convergente y de algunos de sus sucesores, y así sucede con esa revelación reciente, no menos esclarecedora, referida al propósito del mando de los Mossos de incinerar las pruebas del aviso procedente de Estados Unidos (mayo de 2017) acerca del riesgo que corría Barcelona de sufrir un atentado. En ambos casos, no se ha dejado oír una sola voz pidiendo disculpas por la pestilencia del 3% y por la arremetida contra EL PERIÓDICO, dentro y fuera de las redes sociales, en cuanto reveló la existencia de la comunicación estadounidense.

En tradiciones democráticas y periodísticas de otras latitudes, la conclusión del caso Palau y ocultar las falsedades sostenidas por el Govern con posterioridad al atentado del 17 de agosto –no hubo aviso desde Estados Unidos, aseguró– hubiesen desencadenado una crisis de confianza en todas direcciones, seguido de dimisiones, mea culpas y otros daños colaterales. El simple encabezamiento de la información publicada el lunes por EL PERIÓDICO habría zarandeado las columnas del templo (ilustra mucho leer cada cierto tiempo Todos los hombres del presidente, el caso Watergate  propiamente dicho, el precio que retrospectivamente tiene mentir). Aquí no ha pasado nada, o casi nada, o muy poco, porque el circo de Puigdemont lo encubre todo, pasa por encima de cualquier acontecimiento relevante, mantiene a una parte considerable de la opinión pública absorta en el viaje a Ítaca con parada y fonda en Bruselas por tiempo indeterminado, como un atasco en hora punta.

La gran coalición divide al SPD

Alemania tiene un Gobierno en funciones desde las elecciones legislativas del 24 de septiembre del año pasado, cuando el desgaste de los dos grandes partidos, el SPD (socialdemócrata) y la CDU (democristiano), y el ascenso de la extrema derecha –Alternativa para Alemenia (AfD) – dieron como resultado una enrevesada aritmética parlamentaria. La decisión inicial de los socialdemócratas, muy castigados en las urnas, de abandonar la gran coalición y pasar a la oposición, y la de Angela Merkel de armar una coalición de Gobierno con liberales y ecologistas pareció dar una salida relativamente rápida a la complejidad del momento y cubrir dos objetivos: condenar a la AfD a ser el segundo partido de la oposición, por detrás de la socialdemocracia, y atender a la mayor brevedad las urgencias europeas y los requerimientos del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Nada de esto vio la luz. La retirada de los liberales de las negociaciones sentenció la posibilidad de un tripartito –la coalición Jamaica– y la negativa de la dirección del SPD de resucitar la gran coalición condenó el Gobierno a la provisionalidad, a ser solo un Ejecutivo de gestión y a prolongar la crisis salvo que Martin Schulz accediese a cambiar el paso y a comprometer a los socialdemócratas con un nuevo Gobierno encabezado por Merkel. No había más piezas sobre el tablero y en la tradición política alemana no tiene sitió la idea de formar un Gobierno en minoría; no había otra forma de salir del laberinto que resucitar la Grosse Koalition o convocar nuevas elecciones, algo totalmente ajeno a los usos políticos alemanes, tan arraigado en los salones del poder y en la calle el convencimiento de que la estabilidad lo es todo. Puede decirse incluso que para muchos electores la obligación primera de los diputados electos es garantizar la estabilidad.

La decisión de Schulz de aceptar finalmente la coalición salvadora de la estabilidad responde a esa tradición, a la evitación a toda costa de un Gobierno obligado a pactar todos los días con sus adversarios políticos –la geometría variable no gusta en el Bundestag–, incluso cuando se tratara de asuntos relacionados con el liderazgo europeo, hasta llegar a algún cruce de caminos, cualquier día por cualquier asunto más o menos importante, y tener que adelantar las elecciones. Pero la búsqueda de la estabilidad ha hecho que se alzaran voces discrepantes en el campo socialdemócrata con la consiguiente crisis de dirección, la crítica lógica a un pragmatismo acaso excesivo y el temor a que, de nuevo, el SPD sea el partido más perjudicado en las urnas venideras por la operación en marcha. De hecho, alguna encuesta ya refleja la decepción de una parte del electorado socialdemócrata, tan menguado desde septiembre.

Este domingo un congreso extraordinario del SPD decidirá en Bonn si se inician las negociaciones con Merkel o se entierra el proyecto de la gran coalición. Será un episodio fratricida en la historia del partido porque los primeros aliados con los que contó Schulz cuando decidió disputar la carrera por la cancillería son hoy sus más acerados críticos: las juventudes socialdemócratas, 70.000 militantes –los Jusos–, encabezadas por el estudiante Kevin Kühnert, un orador electrizante. En realidad, la militancia joven no es la única alarmada por el paso dado por Schulz, pero sí la más activa en oponerse al proyecto, en parte porque se siente traicionada y en parte porque siempre se sintió incómoda al lado de los democracia cristiana, cuyo apéndice bávaro –la CSU– es extremadamente conservador. Como escribió hace años un editorialista del semanario Der Spiegel, tiempos de Franz Josef Strauss, “la CDU no puede dejar de cumplir todos los días un gran servicio: moderar a la CSU”.

Cuantos se oponen al acuerdo coinciden en un temor o vaticinio partidista: si se concreta la gran coalición, el SPD puede quedar reducido a una representación muy disminuida en las siguientes elecciones. Y se inquietan, además, ante un hecho incontrovertible: la extrema derecha xenófoba y vociferante pasará a ser la primera fuerza de la oposición; la extrema derecha, coloreada de azul en su actividad pública y vestida de “color pardo de puertas para adentro, como el uniforme nazi” (Heribert Prantl en el Süddeutsche Zeitung), será el primer partido en impugnar el trabajo del Gobierno. Sin ningún coste político, la AfD podrá utilizar la tribuna del Bundestag para difundir su mensaje, obligado el SPD a moderar siempre el tono de sus discrepancias en el seno de la gran coalición, a acatar el programa de Merkel con retoques a pesar de lo prometido a sus militantes y votantes al día siguiente de las elecciones.

Si la noche del 24 de septiembre se aventuró que quizá el resultado de aquel día era el final de la carrera política de Schulz en el partido, ahora es razonable afirmar que se juega su futuro al someter a votación en un congreso el restablecimiento de la gran coalición y, de lograr que se apruebe, seguirá jugándoselo a causa de su vecindad con Merkel y del desgaste político que esto entrañará. El líder socialdemócrata dejó la presidencia del Parlamento Europeo con fama de ser un político inteligente, brillante, eficaz, buen analistas y paciente negociador. Salvo que el porvenir le sea muy propicio, siempre una incógnita, los pasos dados desde que cambió de opinión pueden haber adelantado el final de su recorrido.

¿Podía hacer otra cosa Schulz, podía haberse mantenido en su propósito inicial de pasar a la oposición? El frente pragmático socialdemócrata cree que no, que la obligación de Merkel de formar un Gobierno minoritario o de disolver el Bundestag –una hecatombe, según la prensa conservadora– hubiese tenido un coste electoral inasumible porque la opinión pública, sostiene el entorno de Schulz, no hubiese considerado razonable una salida a la española, dicho sea para simplificar la situación. Kühnert es tajante: “La renovación del SPD solo es posible fuera de la gran coalición”; la consolidación de un perfil ideológico y programático propio solo tiene cabida sin compromisos con la derecha, con la política económica y social activada por Merkel a raíz de la crisis económica.

En el fondo de esta controversia asoma la crisis de identidad no resuelta por la socialdemocracia europea, que creyó ver en Schulz hasta no hace demasiado al líder dispuesto a promover el cambio o la actualización del mensaje. La austeridad recetada por el Bundesbank e impuesta por la cancillera dentro y fuera de Alemania ha erosionado la confianza en el centroizquierda de una parte importante de su electorado en toda Europa, que ha visto cómo o bien contribuía a aplicar la austeridad desde el Gobierno o la aceptaba como irremediable aun en la oposición. Algo que ha dado pie al nacimiento y desarrollo de partidos de perfil inconcluso –Podemos, en España–, diseñados para ocupar una parte significativa del espacio socialdemócrata tradicional, o a la aparición de populismos ultraderechistas, pensados para atraer a sociedades alarmadas, envejecidas, escenario de varias crisis sociales al mismo tiempo (la migratoria, entre ellas). Este es el caso de Alemania y de esa AfD que observa encantada como muy pronto puede ser la gran voz discrepante, el gran adversario del establishment político castigado en las urnas hace cerca de cuatro meses.

Lucha por el poder en Irán

La lucha por el poder en Irán entre el ala dura del régimen y los reformistas ha entrado en una nueva fase a raíz de las manifestaciones registradas en una cuarentena de ciudades, las contramanifestaciones promovidas por los clérigos conservadores y la represión desencadenada por los guardianes de la revolución y adláteres, que ha dejado más de veinte muertos. Si las elecciones presidenciales de mayo último hicieron aflorar las diferencias sustanciales entre Hasán Rohani, el presidente saliente y finalmente reelegido, y el líder supremo, Alí Jamenei, la reacción de ambos ante la movilización de la calle ha concretado las divergencias entre las dos referencias primeras de la República Islámica. Mientras el entorno de Jamenei ha amenazado a los manifestantes con la pena de muerte, Rohani ha reconocido públicamente el derecho a ser oídos de quienes protestan.

En la compleja estructura ideada por el ayatolá Ruholá Jomeini para situar a los clérigos por encima y al margen de la planta institucional del régimen que él fundó, no cabe imaginar a una sola autoridad política o religiosa como representante de la disidencia o la oposición, al menos dando a este término el significado que tiene en los sistemas pluralistas. El reparto del poder hasta el último alvéolo del sistema está en manos de hijos del sistema, formados y adscritos a su lógica. Dicho de otra manera: Jamenei y Rohani proceden del mismo crisol, aunque discrepen en los métodos y aun en la orientación de sus programas. El hecho mismo de que los candidatos a las elecciones deban contar con la previa aprobación del líder supremo (vilayat e faqih) subraya el carácter extremadamente restrictivo de los mecanismos de participación; no hay carrera política posible sin el nihil obstat del establishment.

En la elección de mayo, la candidatura de Ibrahim Raisi, un clérigo adscrito al ala dura del régimen, fue promovida por Jamenei, que ve en Raisi el sucesor ideal en la plaza de líder supremo de la revolución previo paso por la presidencia del país, un camino que él mismo siguió hasta convertirse en sucesor de Jomeini. Raisi obtuvo el 38,3% de los votos, un resultado decoroso para seguir en la brega en las presidenciales de 2021 y para agavillar a todas las facciones conservadoras, incluida la que durante ocho años encabezó Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Rohani. Un plan de actuación destinado a desbaratar la pretensión de los reformistas de perpetuarse en la presidencia –ya lo intentaron en tiempos de Mohamed Jatamí– y apoyado por la élite política de Teherán.

Más allá de Teherán y de la marcha de los negocios en el bazar, esa trastienda política escapa al interés del país y de los menores de 30 años –el 50% de la población–, que sufren un paro estimado del 40% para los mayores de 16 años. A diferencia de las manifestaciones que siguieron a las elecciones presidenciales de 2009, que movilizaron a la clase media urbana, en esta ocasión la iniciaron jóvenes afincados en zonas rurales, en ciudades medianas y pequeñas donde la crisis económica tiene efectos especialmente graves, donde la filtración por primera vez de partidas secretas del presupuesto destinadas al Ejército, a instituciones religiosas y a la Guardia Revolucionaria han soliviantado a poblaciones muy castigadas por la subida de algunos productos de primera necesidad (gasolina, huevos) y por la reducción de ayudas sociales destinadas a los más vulnerables. ¿Cómo es posible que miles de millones de dólares se desvíen a intervenciones en el exterior –Siria, Irak, Líbano– mientras el estancamiento económico se torna insuperable?, se pregunta la calle en ascuas.

“Es la base social del régimen la que se manifiesta”, sostiene el analista Stéphane Dudoignon, atendiendo al hecho de que el triunfo de la revolución jomeinista se fundamentó en la adhesión de los jóvenes de 1979 y de una parte de las élites ilustradas, opuestas a la monarquía. Pero los jóvenes que hoy protestan carecen del vínculo de complicidad con los clérigos que si se dio hace cuarenta años. Ni vivieron la revolución ni secundaron la exaltación patriótica de la guerra con Irak (1980-1988) ni forman parte de su recorrido histórico los años más enconados de la pugna con Estados Unidos. Se esfumó la complicidad que un día hubo entre el grueso de los iranís y sus gobernantes más allá de Teherán; hoy la capital permanece básicamente en calma y el resto de la república islámica, con el ánimo exaltado.

Debe añadirse al vacío entre la base social y los líderes, los diferentes enemigos que se ha labrado Rohani dentro y fuera de Irán a partir del acuerdo alcanzado con el presidente Barack Obama –final de las sanciones a cambio de la cancelación del programa militar nuclear–, bendecido por Jamenei, pero denostado sotto voce por el ala dura sin demasiado disimulo. Un clima enrarecido más si cabe por las invectivas de Donald Trump, tan contrario al acuerdo con Irán como partidario de Arabia Saudí en su larga disputa con los ayatolás por la hegemonía regional.

En cualquier otro escenario que no fuera el iraní cabría decir que acaso lo que se dilucida es una crisis del régimen. Pero la solidez de los principales resortes del poder –el líder supremo con su red clientelar por todo el país, incluidas las universidades y todos los centros de culto–, los guardianes de la revolución, el Ejército y los basij (paramilitares) aconsejan descartar una conclusión tan rotunda. Por lo demás, los episodios de descontento popular, con mayor o menor repercusión en las redes sociales y en los medios especializados, se producen desde hace tres años, con la crisis económica y el recorte de las subvenciones como causa inmediata.

Hesamodin Ashna, asesor de Rohani, reconoce que se da “una distribución desequilibrada del presupuesto”, según recoge The New York Times, y Abbas Milani, director de Estudios Iranís de la Universidad de Stanford, insiste en la pretensión de Jamenei de interferir en el segundo mandato de Rohani, como si se tratara de alguien que da muestras de haberse escapado a su control. La suma de ambas opiniones, más la obstinación de Trump en desandar el camino seguido por Obama, lleva directamente a formular la pregunta principal: ¿quiénes mueven de verdad los hilos de la protesta? Seguida de esta otra: ¿a quiénes beneficia más la calle enardecida? Las apariencias suelen engañar y el control sobre las redes sociales, la actividad incesante de los servicios de información, con un tupido sistema de agentes en todas partes, y la dimensión misma de la protesta lleva a excluir que se trata sin más de un estallido espontáneo que pilló al régimen por sorpresa, algo improbable.