Siria no sabe de treguas

Las prisas que se dio en hablar de Siria el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en cuanto se confirmó su reelección el domingo último rescató del olvido la guerra que no cesa con millones de refugiados y desplazados, unos 400.000 muertos y un país en ruinas, sin futuro y que no sabe de treguas. “Esta especie de guerra mundial a pequeña escala” (Mikel Ayestaran, Las cenizas del califato) no es un conflicto amortizado o en vías de extinción porque, entre muchos otros problemas, todos los implicados en él son al mismo tiempo parte del problema y parte de la solución. Una situación perversa que excluye la posibilidad de una mediación más o menos neutral y, al mismo tiempo, asegura el pasteleo permanente de la matanza, sometida a los intereses de actores políticos irreconciliables.

Así sucede que al mismo tiempo que Turquía ve en la guerra siria la ocasión ideal para neutralizar a las facciones kurdas adscritas a la acción directa, Irán entiende la situación como el gran momento para afianzar su posición a las puertas de Israel, Hizbulá se consolida como la fuerza determinante e ineludible del tablero libanés, Rusia dispone de una plataforma inmejorable para recuperar la influencia perdida en Oriente Próximo al esfumarse la Unión Soviética y los dos grandes adversarios de la península Arábiga, la teocracia saudí y el emirato de Catar, dirimen sus diferencias en casa ajena, aunque aparentemente prestan su apoyo a las mismas organizaciones de la oposición a Bashar al Asad. Un análisis publicado en Foreign Affairs ve en todo ello la ocasión para que Estados Unidos compruebe sobre el terreno el alcance de las ambiciones iranís en Siria, de la misma manera que un comentarista de la televisión rusa RT afirma que el Kremlin será finalmente el árbitro en medio del galimatías.

Ambas opiniones son en parte verosímiles y en parte una simplificación de la realidad. La ofensiva del Ejército sirio contra la ciudad de Deraa –unas 200.000 personas están en riesgo de verse expulsadas de sus casas por la batalla–, la última gran operación emprendida por los generales de Asad, no hace más que subrayar la victoria de una de las partes sin esperanza para las restantes, sean estas las que sean. Desde la desaparición de facto del califato, los avances del régimen sirio son un cruento paseo militar que otorga al presidente todos los triunfos para imponer sus condiciones –las de sus aliados para mayor precisión– el día siguiente al final de la guerra, una fecha probablemente lejana.

La profesora rusa Nina Khrushcheva se escandaliza por la pérdida de liderazgo ético de Occidente a propósito de la crisis de los refugiados en Europa y Estados Unidos, pero cabe también escandalizarse cuando la materia objeto de análisis es la crisis siria: por la crueldad de lo sucedido, por la tragedia vivida durante tres años por quienes fueron sometidos a toda clase de sevicias por el Estado Islámico, por el aprovechamiento de la guerra como desagüe de conflictos preexistentes, por la incapacidad para contener a Asad cuando se reveló como el más sañudo perseguidor de la oposición, por tantas razones que son consustanciales a la prolongación de la carnicería. ¿Cuándo quebró el compromiso con la ética? ¿Quizá cuando el presidente Barack Obama dejó al régimen sirio cruzar las líneas rojas que él mismo había marcado? ¿Puede que cuando el análisis europeo de la situación llegó a la conclusión de que el reconocimiento de la oposición en armas la fortalecería y le otorgaría la victoria? ¿Acaso cuando nadie quiso aceptar que Rusia y China no consentirían quedar al margen del desenlace de la guerra, como sucedió en Libia en 2011?

La decisión de la Administración de Donald Trump de no prestar ayuda a los combatientes de la oposición en Deraa constituye un apoyo implícito a la estrategia de acoso de los presidente Asad y Putin, un aliado-adversario-amigo de la Casa Blanca en proporciones variables según el momento y el lugar. La comprensión de Estados Unidos con el comportamiento de Turquía frente a la oposición kurda al régimen sirio anda por parecido camino. Y así no solo evita choques de trenes de difícil gestión, sino que abandona a su suerte a una población exhausta. Todo encubierto con el léxico del equilibrio regional y la necesidad de no llevar la lógica de la guerra más allá de los límites de Siria, aunque en la práctica hace tiempo que la militancia a favor y en contra de Asad ha desbordado las fronteras.

En la práctica, la degradación de Siria como Estado y su dependencia absoluta de la tutela de terceros para subsistir lo convierte en una entidad fallida, como lo son Libia, Irak, Yemen y Somalia, socios de la Liga Árabe. Es decir, hace de Siria un Estado fácilmente manipulable, como ha explicado Rami Khouri, profesor de la Universidad Americana de Beirut. Frente a la apariencia de que la capacidad de resistir de Asad, ayudado por sus aliados, ha reforzado el régimen, lo cierto es que este es esclavo de las exigencias de quienes lo sostienen y todas las iniciativas que pone en marcha responden a intereses de terceros, sean estos los de Rusia, Irán, Hizbulá, China o una suma de todos ellos, a menudo contradictorios.

Hace cinco años, Alain Gresh, periodista de Le Monde Diplomatique, escribió en el libro Siria, las complejidades de una guerra por encargo: “Irak, Jordania y Líbano se encuentran atrapados en el conflicto. Combatientes iraquís y libaneses, sunitas y chiitas, se enfrentan en Siria. Las rutas de la internacional insurgente por las que, de Afganistán al Sahel, circulan combatientes, armas e ideas, están saturadas. Mientras los protagonistas externos sigan viendo el conflicto como un juego de suma cero, el calvario sirio continuará. Con el riesgo de arrastrar a toda la región en la tormenta”. Su diagnóstico se ha cumplido con dramática precisión sin que, por lo demás, resulten convincentes los portavoces oficiales que claman por el fin de una guerra que, para muchos, sigue siendo útil.

La crisis migratoria, una crisis moral

La marcha atrás de Donald Trump en el caso de los menores, hijos de inmigrantes, separados de sus padres y encerrados a menudo en jaulas no neutraliza la naturaleza deshumanizada de las políticas dictadas desde la Casa Blanca para combatir los flujos de migración irregulares. Al mismo tiempo que Estados Unidos anuncia que se retira de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por ser una instancia “hipócrita y egoísta”, particularmente parcial en contra de Israel, el presidente ha dado muestras de un desprecio absoluto por los derechos de los más vulnerables, decidido a utilizar cuanto esté en su mano para mostrarse como el más duro de los duros. En realidad, debería decirse el más insensible de los insensibles.

Lo peor del comportamiento de Trump, injustificable y sin otro objetivo que contentar a sus electores y sacar partido de las contradicciones del sistema, lo más pernicioso es que crea escuela, alienta a neofascistas como el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, e inspira las políticas xenófobas de dirigentes como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Nada pueden ni las consideraciones morales ni los datos objetivos de informes que subrayan el efecto positivo de las migraciones en sociedades envejecidas como las europeas –el último de ellos, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia–  cuando de lo que se trata es de explotar políticamente la peor versión de la política de las emociones, de los padecimientos de los sectores más deprimidos de una sociedad –la estadounidense, la italiana, la húngara o cualquier otra– para mantener en marcha el taxímetro de los votos. La explotación de sentimientos primarios ha sido siempre un resorte de movilización política que en nuestros días se manifiesta como un dinamismo preocupante.

La posibilidad de habilitar bases militares de Estados Unidos para alojar a inmigrantes entrados en el país de forma irregular mientras se decide si procede su expulsión resulta tan humanamente discutible como el proyecto europeo de crear campos de acogida de inmigrantes económicos y potenciales refugiados fuera de las fronteras de la UE. Si de hecho el acuerdo con Turquía para que almacene a tres millones de migrantes de todas clases ha convertido a los estados europeos en rehenes –potenciales al menos– del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, qué cabe esperar que sucedará con futuros campos situados en Libia, un Estado fallido, o cualquier otro territorio sin garantías o con tendencia a la cirugía de hierro.

El caso del barco Aquarius, atendido con dignidad y eficiencia por el Gobierno español, se multiplicará en otros lugares del Mediterráneo, con otros desaprensivos al frente de las operaciones –otros Salvini–, porque el desembarco en Valencia no deja de ser una excepción, un caso aislado, una reacción que no puede equipararse a una solución. Las referencias genéricas que se hacen en la UE y en Estados Unidos a actuar en origen para alumbrar las condiciones de vida, trabajo y progreso que acaben con los flujos migratorios no son más que justificaciones: todo el mundo sabe que incluso en el hipotético caso de existir y aplicarse estos programas de actuación en origen –algo bastante dudoso–, es improbable que surtan efecto antes de una generación. Dicho de otra forma: en el medio y largo plazo no decrecerá el problema mediante un efecto inmediato y poco menos que milagroso de cambio de las condiciones sociales que se dan en la mayoría de países de África, en Siria, Irak, Afganistán y otros lugares con una historia torturada.

El cambio de paradigma de la aldea global a sociedades amuralladas plantea multitud de incógnitas referidas a la coexistencia de dos mundos frente a frente: uno próspero o relativamente próspero y otro condenado a la pobreza, la dependencia y la sumisión. Muchas de las críticas hechas por políticos republicanos y demócratas de Estados Unidos, enfrentados a las imágenes de niños separados de sus progenitores, remiten a ese diseño insostenible de segmentación de la comunidad internacional. Cuando el ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, amenaza con cerrar las fronteras a los no comunitarios si el Gobierno no arbitra una fórmula para bloquear los flujos migratorios, no hace más que perpetuar la división entre ricos y dsposeídos, a un lado y otro del Mediterráneo, sin mayor preocupación por la suerte que corran en el futuro las víctimas que se arriesgan a cruzar el mar en embarcaciones de fortuna. Seehofer es quizá menos bocazas que Salvini, pero no es menos peligroso ni pone menos en riesgo la decencia como norma en las sociedades democráticas.

La crisis migratoria sienta ante el espejo de su historia a Estados Unidos y a Europa por razones diferentes, pero determinantes. En el caso estadounidense, porque el país creció y cuajó como una gran potencia mediante la consolidación de sucesivas oleadas migratorias; en el caso europeo, porque muchos de cuantos ahora llegan a las costas del sur son los descendientes de aquellos otros que vivieron la experiencia de formar parte de grandes imperios coloniales –el británico y el francés, los más importantes– y hoy pasan por el trance de verse rechazados por los descendientes de quienes en otro tiempo los gobernaron. En ambos casos, ningún líder o gestor saldrá indemne de esta crisis lacerante, ni siquiera aquellos que acuden a las encuestas y comprueban que tienen el viento a favor, porque la idea y la doctrina de los derechos humanos ha arraigado en sectores muy importantes y dinámicos del primer mundo que son quizá los mejor dispuestos para contener el episodio de populismo, xenofobia y nacionalismo exacerbado que atenaza a muchas sociedades por no decir a todas.

“Europa no conseguirá sobrevivir sin inmigración”, sostenía Günter Grass. Su convencimiento de que todas las grandes culturas han surgido de procesos de mestizaje debería orientar la reunión de ocho líderes europeos este domingo en Bruselas para discutir el problema y vislumbrar soluciones realistas y humanizadas. Es difícil que el pensamiento del gran escritor alemán prevalezca, y aún lo es más que los gobiernos se sustraigan al influjo de la extrema derecha, cada día más crecida y con mejores expectativas electorales en Francia, Alemania, Italia y Austria, la mitad de los países convocados. Aunque suene a disparate, los estrategas políticos han llegado a la conclusión de que para neutralizar a los ultras hay que asumir como propio parte de su discurso y aceptar como irremediable que el presidente Trump, con obsceno desparpajo, aparece en todas partes como su líder carismático.

 

Daniel Ortega degenera el sandinismo

“El tiempo de Daniel Ortega ya se acabó”, opina el escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez. La nómina de muertos y heridos en las protestas de las últimas semanas confirma el agotamiento de la degeneración sandinista, su transformación en un modelo como tantos hay de caudillismo, olvidado para siempre el doble compromiso con la igualdad y la democracia. Si espuria y despreciable era la patulea de los Somoza, tanto o más lo es la caterva que jalea al presidente Ortega y a la esposa de este y vicepresidenta, Rosario Murillo, apodada La Chayo, tan alejados ambos en sus proclamas y ademanes de lo que en su día representó el Frente Sandinista.

Quienes dan por enterrada la izquierda transformadora latinoamericana o la dan por ensimismada y sumida en el descrédito –Venezuela– ven en la situación nicaragüense la prueba definitiva de que el continente ha entrado en un tiempo nuevo de perfil conservador. Quienes, por el contrario, ven en la reacción contra el sistema de cotización de la Seguridad Social una señal o indicio de vitalidad colectiva, creen que no todo está perdido siquiera sea por los abundantes ejemplos de desequilibrios sociales, pobreza y gobiernos sin rumbo que acumula el istmo centroamericano. A ambos bandos le asiste probablemente parte de razón y a cada lado de la divisoria el optimismo excesivo no está justificado.

Dice Sergio Ramírez que “han soltado a un genio maléfico de la botella”, y en esa imagen literaria  hay mucho de cierto y mucho de irremediable porque no hay forma de meter de nuevo al genio en su estrecha guarida. Todas las frustraciones causadas por un proyecto fallido de transformación social han llegado a la calle, y todos los vicios de un poder deslegitimado han llevado a Ortega a atrincherarse en el palacio de Gobierno, bendecido por el brazo conservador de la Iglesia, dirigido por el cardenal Miguel Obando Bravo hasta su fallecimiento el 3 de junio, por una parte de los empresarios y por un Ejército rendido a los privilegios oficiales y oficiosos de que disfruta.

La adulteración del sandinismo tiene rasgos y características del todo diferentes a la posible revolución conservadora que se expande por el universo latinoamericano. Mientras la idea dominante es que el ciclo reformista ha concluido como resultado de una reacción en las urnas contra los gobernantes de la última década por diversos motivos, la efervescencia en las calles de Nicaragua se asemeja bastante a un proceso insurreccional frente a un poder enquistado. Un establishment depredador y despegado de la realidad ha agavillado en un mismo bloque opositor a los sandinistas defraudados, a los liberales alarmados por el hundimiento de la economía, a los empresarios disconformes con la reforma de la Seguridad Social  y a los añorantes del somocismo, sean estos muchos o pocos, probablemente más lo segundo que lo primero.

La disposición del Gobierno de Ortega a aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y enjugar el déficit de 75 millones de dólares de la Seguridad Social, seguida de la marcha atrás del Ejecutivo cuando la calle ardió en llamas, subraya la aparente improvisación de unos dirigentes dispuestos a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Pero un veterano del sandinismo primigenio, Julio López Campos, sostiene que Ortega “está en su charco”, en su ambiente, en el terreno de juego que más conoce y domina: el del cuerpo a cuerpo. De forma que quizá la improvisación no sería tal, sino más bien una “estrategia del horror” (La Prensa) para vencer a una oposición extenuada por semanas de manifestaciones, algaradas y muerte.

La perpetuación en el poder de Ortega y su corte es, por lo demás, un síntoma de la debilidad extrema de las instituciones creadas para transitar de la tiranía a la democracia. Nadie supo prever, vencida la contra después de la expulsión de los Somoza, que otro Tirano Banderas –el gran esperpento de Ramón María del Valle-Inclán– surgiría de las filas del mismo movimiento que echó al dictador, a aquel Anastasio Somoza Debayle que compendió todas las maldades. Tampoco hubo quien vislumbrara detrás de la victoria guerrillera cuáles serían las consecuencias de la descomposición del bloque histórico en una sociedad empobrecida por sus gobernantes durante decenios, sometida a los dictados de un poder sin control y poco articulada más allá de la acción directa.

El reconocimiento o la sorpresa que causó en Bayardo Arce, uno de los comandantes de la guerrilla sandinista y hoy asesor de Ortega, la respuesta de los jóvenes contra la reforma de las cotizaciones de la Seguridad Social deja al descubierto el desconocimiento absoluto del Gobierno de hasta qué punto la ineficacia, la incuria y el compadreo permanentes pueden provocar un hartazgo irrefrenable. Los jóvenes que han ocupado la calle no conocen más autoridad que la de Ortega, carecen de otra referencia y están lejos de compartir la mitología sandinista que en un pasado a más de tres décadas de distancia movilizó a sus mayores.

La sociedad supuestamente postrada que parecía dispuesta a soportarlo todo con resignación es muy diferente de aquella otra que se sumó a la revolución, pero ha heredado su predisposición a dejarse oír cuando la situación es insostenible. La economía nicaragüense es la sexta de Centroamérica, el PIB supera ligeramente los 14.500 millones de dólares anuales y el PIB per cápita está algo por encima de los 2.000 dólares. Cifras modestas que son un reflejo del bloqueo de un sistema en el que el futuro no está razonablemente garantizado porque ser la sexta economía de una parte de América que convive con varias crisis al mismo tiempo –violencia, pobreza extrema, venalidad– es francamente desalentador. Basta comparar las cifras con las de Costa Rica, que multiplican por cuatro el PIB nacional de Nicaragua y por cuatro y medio el PIB per cápita, para comprender que se dan todos los ingredientes para el estallido social (el motivo es meramente accidental).

Después de cerca de 170 muertos, 57 días de protestas y un paro nacional muy violento el último jueves solo cabe dar la razón a Sergio Ramírez. Lo cual no significa que el régimen entenderá que ya pasó su hora, sino que, muy probablemente, tiene decidido prolongar su vigencia, su esperanza de vida, aunque desde fuera emita la imagen propia de un enfermo terminal. El gesto generoso de marcharse a casa y dejar que otros busquen una salida no forma parte de la tradición política ni en esta martirizada parte de América ni en ninguna otra región del mundo. Sería una sorpresa descomunal que Daniel Ortega renunciara a resistir para detener la carnicería.

Pedro Sánchez dirige la catarsis

Las contradicciones son uno de los motores de la historia y la suma de voluntades tan heterogéneas como las que han descabalgado al PP del Gobierno es la última prueba de que tal afirmación se ajusta a la realidad. Con independencia de la naturaleza del casus belli que desencadenó la moción de censura, la confluencia de intereses que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa debería mover a los populares a buscar una respuesta convincente a la pregunta formulada por el secretario general del PSOE durante el debate: ¿por qué nadie quiere ser compañero de viaje del PP en una situación de crisis extrema? Una respuesta que ineludiblemente debe incluir el reconocimiento de los errores cometidos –la pestilencia de la corrupción, en primer lugar– y la sensación de hartazgo a causa del precio social pagado por la salida de la crisis económica y no restituido a los millones de perjudicados.

La obstinación del PP en desentenderse de la primera de las sentencias del caso Gürtel, como si el partido pudiese salir indemne de los efectos políticos de su contenido, ha desencadenado un terremoto político sin precedentes que ha reunido a una veintena de partidos detrás del PSOE. Pero quizá sin el capital de espinosos asuntos pendientes acumulados por el Gobierno y el partido que lo sostenía, empezando por el damero territorial (Catalunya), el acopio de apoyos hubiese sido menor o menos virulento; acaso los síntomas de desgaste no hubiesen llevado a tan variopinto mosaico de opiniones a dar por bueno el final del Gobierno del PP y las contradicciones habrían impedido tal desenlace. Tampoco es seguro que Ciudadanos se hubiese lanzado a la piscina sin comprobar antes si estaba llena o no si la reacción del PP, conocida la sentencia, hubiese sido otra, por ejemplo mediante la dimisión de Mariano Rajoy.

Lo cierto es que el PP no recurrió a ninguno de los resortes defensivos hipotéticamente eficaces para contrarrestar o asumir la sentencia como problema propio. No recurrir a la moción de censura en tal situación habría sido poco menos que poner sordina a la estridencia del fallo, encubrir su alcance y transmitir la imagen de que los políticos profesionales se afanaban en proteger un particular corralito de intereses y complicidades cruzadas. Era necesario un ejercicio de ventilación democrática del Parlamento y de exigencia de responsabilidades para evitar la deshonra del encubrimiento por inacción, para neutralizar la sensación de que entre ellos –los integrantes del establishment político– todo pasteleo es posible.

Cuantos se rasgan las vestiduras hoy en razón de la formación de un Gobierno sostenido por un partido que no ganó las elecciones callan siempre que en las legislativas no se vota al presidente del Gobierno, sino antes bien a un partido, y que salvo en los casos de mayoría absoluta, la formación de mayorías parlamentarias no tiene por qué atender al principio de que el partido más votado es aquel que debe encabezar el Ejecutivo. Quienes desde la tribuna del Congreso, en las tertulias organizadas por RTVE y en otros barrios sostuvieron y sostienen que los españoles quisieron en 2016 que el PP fuese el partido más votado, como si tal cosa impidiera gobernar al PSOE, habrían de repasar en algún manual los fundamentos de la democracia parlamentaria, tan sencillos y convenientes: quien arma una mayoría tiene derecho a gobernar, a intentarlo al menos, sin asomo de duda democrática.

De igual manera, cuantos defienden que la única salida honorable era convocar elecciones se escudan con frecuencia en el perfil de fracasado en las urnas y conflictivo en su partido que acompaña a Pedro Sánchez. Al adentrarse por este sendero, olvidan que el interesado ha dado muestras de una capacidad de supervivencia política fuera de toda duda, de tal manera que aquel que dejó el acta de diputado para no verse obligado a abstenerse en la última investidura de Mariano Rajoy, ganó unas primarias en el PSOE con el aparato en contra y ha regresado al Congreso para sentarse en el banco azul después de concertar por lo menos una vez una mayoría ad hoc multicolor. Ciertamente, la legislatura está a un paso del agotamiento, pero las prisas de Ciudadanos por acudir a las urnas, espoleado por las encuestas y envuelto en la bandera de un nacionalismo a la antigua usanza, ha condenado al partido a sostener un discurso identitario tan perturbador como muchos de los oídos en Catalunya al socaire del procés.

Para el otro partido de la derecha española, la tensión territorial es el resorte que pone en marcha el taxímetro de los votos. En consecuencia, toda aproximación política al problema catalán es una malísima noticia, porque corre el riesgo de que a medio plazo dé resultado, se concrete en alguna forma de pacto que deje el discurso de Albert Rivera sin acomodo, fuera de la realidad, con menos público del que ahora tiene. La aplicación del artículo 155 y su propuesta de mantenerlo después de la formación de un Govern viable ha tenido tal rentabilidad en las encuestas que cualquier cambio en la gestión de la crisis catalana, por pequeño que sea, puede dañar sus expectativas.

La coalición en minoría y de facto entre el PSOE y Podemos ha roto el esquema de Ciudadanos sin que, por lo demás, quepa deducir del discurso de Pablo Iglesias y del abrazo final con Sánchez la consistencia de tal alianza. Este Podemos del jueves y del viernes es bastante diferente de aquel otro que hablaba de la casta, del que se opuso a un Gobierno en minoría de los socialistas con Ciudadanos y del que presentó una moción de censura hace un año. La complejidad de la política y la arriesgada apuesta de estos días han llevado al partido a moderar el discurso radical y el programa máximo con dosis de realismo –comerse el presupuesto con patatas, dijo Iglesias–, con la necesidad de lograr que encajen todas las piezas en una organización que está lejos de ser un partido homogéneo. Pero, al mismo tiempo, la certidumbre que tiene Podemos de que uno de los caladeros en los debe pescar es en el de los votantes socialistas obliga a preguntarse cuánta vida útil puede tener su entendimiento o colaboración con el PSOE.

El sistema político español explora así en terreno desconocido y se suma a otros experimentos en curso en Europa obligados por la fragmentación electoral, la existencia de parlamentos sin mayorías claras, el desafío populista y la extrema derecha renacida. Por primera vez en 40 años ocupará el Gobierno un partido en manifiesta minoría, con una mesa del Congreso controlada por sus adversarios y con mayoría absoluta de estos en el Senado. Será el PSOE un partido empeñado en un proyecto de regeneración del Estado y de sus instituciones, pero obligado a gestionar una geometría variable llena de aristas, con su propio lastre de juicios en los que deben sustanciarse presuntos casos de corrupción. Nada será fácil en esa catarsis que desembocará en unas elecciones anticipadas aún sin fecha y de resultado imprevisible porque Sánchez se ha convertido en un líder visible.