La Iglesia católica debate su peor crisis

La Iglesia católica afronta su más grave y escandalosa crisis desde el final de la segunda guerra mundial, y seguramente una de las más dañinas desde hace siglos para su prestigio de guía moral para creyentes y también no creyentes. En el encuentro titulado Protección de la Infancia en la Iglesia, convocado por el papa Francisco, los presidentes de 114 conferencias episcopales, representantes de las iglesias orientales, de los dicasterios y obispos sin diócesis, hasta sumar un total de 190 clérigos, tienen en sus manos y en las decisiones que adopten la paulatina restauración del prestigio de la institución, la preservación del perfil reformista del sumo pontífice y el saneamiento del vínculo entre los pastores y la grey. El mandato exigente del Papa –“El santo pueblo de Dios nos mira y no solo espera de nosotros simples y obvias condenas, sino todas las medidas concretas y eficaces que se requieran. Hace falta ser concretos”– debe llevar a los padres sinodales a ser ejecutivos; de no serlo, la desorientación de la feligresía irá en aumento y se multiplicarán las dudas en todas direcciones acerca de la capacidad de la Iglesia de regenerarse.

La fase de pedir perdón por los pecados cometidos ha quedado superada por la difusión de los casos de pederastia identificados en todos los ámbitos de la Iglesia, que afectan a decenas de miles de víctimas y a otros tantos miles de sacerdotes. La época de los actos de contrición en privado quedó atrás hace mucho tiempo, desbordada por las dimensiones de la epidemia y la mala conciencia de puertas para adentro. La sensación de que la ocultación, el encubrimiento y otras formas de silenciar los casos de pederastia revela un mal sistémico en el funcionamiento de la Iglesia, por lo menos desde los días de Juan XXIII, convierte en moralmente imposible cualquier vía de escape que no incluya el compromiso firme y tajante de las autoridades eclesiásticas de llevar a los culpables ante la justicia civil para que respondan de sus fechorías. Los menores sometidos al acoso de los pederastas con sotana tienen igual derecho de ver perseguidos y condenados a quienes los asaltaron que los que fueron víctimas de pederastas no consagrados.

Como ha argumentado Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y ha recogido L’Osservatore Romano, el silencio de las víctimas “es uno de los frutos más odiosos” de la pederastia. Abunda el prelado en la opinión de psicólogos y sociólogos acerca del abuso de autoridad como requisito indispensable para que se dé el abuso sexual, y añade el analista Marco Bellizi: “Una conciencia manipulada no es capaz de expresarse adecuadamente. A menudo pierde también la capacidad de comunicar lo que le está sucediendo”.

Puede decirse sin riesgo a exagerar que ese silencio inducido por una mezcla de miedo, vergüenza y soledad se ve agravado cuando renuncian a esclarecer los hechos ante la opinión pública quienes están en condiciones de atender a las víctimas y resarcirles su dignidad como parte de la etiquetada como acción pastoral. Lo entendió así Benedicto XVI antes de ocupar la silla de Pedro –cardenal Josef Ratzinger, entonces–, pero detuvo la iniciativa el papa Juan Pablo II, que toleró el secretismo y la componenda en las sacristías, y pretendió poner a salvo de la justicia civil a los pederastas. Todos los casos desvelados por los medios de información y las autoridades religiosas que se han negado a respetar un silencio ominoso permiten llegar a la conclusión de que la crisis de identidad de la Iglesia no habría alcanzado las cotas de hoy si la jerarquía hubiese intervenido con determinación hace decenios.

Cuando el cardenal Ratzinger dijo en 2005 que la Iglesia está “llena de suciedad” no hizo más que llamar la atención sobre un mal que erosionaba su solvencia como referencia moral. Claro que, al mismo tiempo, el teólogo Hans Küng, amigo de Ratzinger en su juventud, culpa al Papa emérito de ser el principal responsable de la ocultación de la pederastia en las entrañas de la Iglesia, y exige a este que entone un mea culpa. Cree Küng, y con él el grueso del sector más progresista del catolicismo, que Ratzinger se plegó a las presiones y exigencias de la Iglesia conservadora, instalada en la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la que el cardenal fue prefecto durante décadas, y así llegó al papado con las manos atadas.

Aquello que han deplorado los teólogos de orientación reformista es la aplicación a los casos de pederastia del llamado secreto pontificio, cuya vulneración por un ordenado es susceptible de sanción eclesiástica. Se diría que al exigir a la asamblea reunida en Roma la adopción de medidas concretas, Francisco ha liquidado para siempre el antedicho secreto para los episodios de abusos sexuales en menores. Otra cosa es que los convocados por el Papa se avengan a poner en marcha un mecanismo de denuncia sistemática de los pederastas, de castigo sin excusas en el seno de la Iglesia y de entrega a las autoridades civiles para que se les aplique el Código Penal y el castigo que les corresponda. Pareciera lo más adecuado dada la trascendencia del momento, pero en la tradición eclesial aún pesa mucho la vieja idea de que la ropa sucia se limpia en casa (si es que se limpia).

La omertà pervive en sectores muy importantes del catolicismo como una oscura tradición que pone a los sacerdotes e integrantes de congregaciones religiosas fuera del alcance sancionador del poder civil, que finalmente es la única garantía de igualdad ante la ley que tienen los ciudadanos. La estructura de poder piramidal de la Iglesia, una teocracia electiva, reducido el voto al colegio cardenalicio reunido en cónclave a la muerte o dimisión del Papa, permite que el secretismo sea la norma y la transparencia, la excepción. Pero al aplicarse el oscurantismo a los casos de menores que vieron vulnerados sus derechos por ministros de la Iglesia –los que cometieron los abusos y los que los encubrieron–, la ley del silencio pasa de ser una tradición a ser una enfermedad, un comportamiento indefendible y sin justificación posible.

Ni siquiera la consideración del celibato como desencadenante de conductas reprobables tiene el peso y la consistencia argumental que habitualmente se le atribuye. Hans Küng afirma en un artículo publicado en 2010: “Evidentemente, el celibato no es la única razón que explica estos errores. Pero es la expresión estructural más importante de una postura tensa de la Iglesia católica respecto a la sexualidad, que se refleja también en el tema de los anticonceptivos”. Y cabe añadir, en otros asuntos englobados en lo que cabe calificar como políticas del cuerpo, esto es todo aquello que atañe a la autonomía de los individuos para disponer de su cuerpo con libertad y responsabilidad. Ciertamente, sin el celibato obligatorio, los casos de pederastia serían menos numerosos, según sostienen los expertos, pero quien elige seguir la carrera eclesiástica en la Iglesia católica sabe de antemano que deberá mantenerse célibe de por vida, algo probablemente antinatural y contradictorio con el mensaje del cristianismo primigenio, como recuerda Küng al citar un pasaje del evangelio de Mateo: “El que pueda con esto, que lo haga”. Algo que en ningún caso debe inclinar a la comprensión de los asaltantes de menores (todos los ordenados son adultos).

El teólogo y antiguo fraile franciscano Leonardo Boff estimó en 2010 que la crisis en curso es la más grave desde la reforma protestante (siglo XVI). A la acumulación de poder de la Iglesia, al distanciamiento de las nuevas realidades sociales y a la neutralización de la teología de la liberación, con efectos devastadores para la cohesión de la comunidad católica en América Latina, se ha unido la pederastia a modo de termita que mina los cimientos de la institución. Es enorme el daño infligido a la versión más desprendida del catolicismo como refugio de los desheredados. De forma que mientras prevalece en amplísimas capas de la opinión pública el brillo del inmenso patrimonio acumulado por la Iglesia de Roma, la grandiosidad de su legado histórico, se multiplican las dudas acerca de su disposición a aplicar cirugía de hierro para combatir la lacra execrable de la pederastia. En este asunto no cabe aplicar la máxima agustiniana “Roma locuta, causa finita” (Roma ha hablado, caso cerrado).

 

El juicio entra en campaña

Al cruzarse las consignas de Waterloo en la tramitación del Presupuesto, tumbarlo y llevar sin remisión a las elecciones legislativas del 28 de abril el desarrollo de las sesiones en el Tribunal Supremo alimenta como nunca la política de las emociones, el entusiasmo del neofranquismo –Vox– en la cresta de la ola, la esperanza de la derecha desmelenada –el PP– de volver a pisar la Moncloa a la mayor brevedad y la vocación funámbula de Ciudadanos (pasar la maroma sin red de acuerdo con el modelo ensayado en Andalucía). El tono del manifiesto de la plaza de Colón, el último domingo en Madrid, el de la declaración de Oriol Junqueras ante los jueces y el del presidente Pedro Sánchez al anunciar la cita con las urnas enmarcan el libreto de la representación político- judicial durante más de dos meses. Antes de depositar la papeleta, los electores deberán soportar la acidez extrema de una campaña a cara de perro con abundancia de datos falsos al estilo del antedicho manifiesto, apelaciones a derechos inalienables articuladas por los agitprop del procés y el recordatorio permanente desde el Gobierno de las bondades de un Presupuesto neutralizado por varias derechas y el independentismo exaltado.

Todo ello simultaneado con la proliferación de tertulias en todas partes para analizar qué sucedió y qué no sucedió en Catalunya durante el otoño de 2017, divididas las opiniones entre quienes defienden que todo se hizo pacíficamente en nombre de una idea extrema e indiscutible de democracia y quienes estiman que se desencadenó poco menos que el Armagedón. Lo que lleva forzosamente a la intromisión de la campaña en el juicio mediante la diversificación de las declaraciones de los encausados, técnicas unas, políticas otras, de los acusadores y de los defensores. Se percibió el jueves en las respuestas de Junqueras y de Joaquim Forn y se dejará notar las próximas semanas, conforme avancen a un tiempo el juicio y la campaña, y cuanto se diga en la sala se interprete a la luz de los focos de la elección inminente.

También se personarán en la campaña la división en el PSOE y en el independentismo, que encubrirán los asesores de imagen con los consabidos mítines y discursos para los convencidos, porque el fundamentalismo nacionalista no es patrimonio exclusivo de uno de los bandos y mucho de ello habrá hasta el 28 de abril. Cuando la expresidenta andaluza Susana Díaz reconoció que en su campaña acaso debió hablar más de Catalunya y menos de Andalucía se atuvo a la verdad: los nacionalismos se alimentan mutuamente y así el catalán estimula al español, y este al catalán en igual o mayor medida hasta nadie sabe cuándo.

Que este panorama pueda alterar el pulso de los ciudadanos es harina de otro costal. En cierto sentido, la crisis catalana ha alcanzado un cierto grado de normalización y salvo episodios esporádicos y las apelaciones a los símbolos desde ambos lados de la divisoria, ha adquirido la naturaleza de las dolencias crónicas: hay que vivir con ellas y las pastillas no las curan, pero las hacen llevaderas. Puede haber alguna huelga llamada de país –sea cual sea el significado de tal etiqueta–, pueden llamar la atención algunos mensajes desaforados, puede que el Govern incremente su ineficacia y pasividad funcionales, pero nada sustancialmente diferente sentirá la calle de lo sentido hasta ahora. Este es el destino inevitable de las crisis que, a fuerza de prolongarse, pasan a formar del paisaje sin alterarlo en demasía hasta que por fin alguien se empeña en solucionarlas (lo intenta al menos).

Así ha sucedido durante los ocho meses transcurridos entre la moción de censura y la caída de los Presupuestos: pareció que sí, que era el momento del pacto, pero llegada la hora de la verdad Quim Torra esgrimió los 21 puntos de su programa para la autodeterminación, la tripleta derechista de Andalucía puso el grito en el cielo, el Gobierno presentó unos presupuestos indiscutiblemente atentos a las urgencias de los más vulnerables o desprotegidos, pero volvió la autodeterminación a ocupar el escenario y se acabó lo que se daba después de la concentración de Madrid, suficiente por ruidosa e insuficiente por poco numerosa. Vivido todo sin que la derecha haya pedido excusas por acusar reiteradamente al Gobierno de haber hecho concesiones al soberanismo movilizado, concesiones que el abrupto final de la legislatura ha demostrado que nunca existieron. A no ser que inducir el diálogo sea una peligrosa concesión (parece que no).

Para el independentismo en campaña será por lo menos complicado justificar su opción de llevarse por delante los presupuestos y la continuidad del Gobierno, deberá demostrar que ni en Waterloo ni en su delegación de la plaza de Sant Jaume todo se rige por el principio de cuanto peor, mejor. Como si poner en suerte la continuidad del PSOE en el Gobierno persiguiera quedarse sin interlocutor mediante una victoria de la derecha y el neofranquismo (extrema derecha) y, de esta forma, sembrar en parte de la sociedad catalana una dosis suplementaria de frustración para engordar las filas independentistas. ¿Quién sabe si todo es fruto de este arriesgado cálculo para alimentar el victimismo o resultado de un déficit crónico de realismo? ¿Quién sabe si en algún recodo del camino de Waterloo a Barcelona o viceversa dejó de analizar el independentismo las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas? Son dos conceptos fundamentales para decidir si es posible imponerse o es necesario el pacto, algo siempre preferible a empeorar la situación, porque es muy posible que cuanto peor, peor.

 

Otra vez la guerra fría

La decisión de Estados Unidos y Rusia de abandonar el tratado INF, que liberó a Europa de los misiles nucleares de alcance intermedio –entre 500 y 5.500 kilómetros–, pone seguramente el punto final a la posguerra fría y escribe el primer capítulo de una nueva guerra fría, diferente a la anterior, menos exacerbada quizá, pero no exenta de riesgo. Al presentar Rusia en sociedad un nuevo misil de rango intermedio, con un alcance inferior a los 500 kilómetros, según la información facilitada por el Kremlin –poco creíble, dicho sea de paso–, le faltó tiempo a Estados Unidos para dejar en suspenso los términos del documento firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987 por el presidente Ronald Reagan y por Mijail Gorbachov, primer secretario del PCUS. Pero sucedió algo más: arrastró a los socios europeos de la OTAN a apoyar una estrategia de confrontación que no los seduce, puede decirse incluso que los incomoda.

Para la mayoría de analistas, la determinación rusa no enlaza solo con la herencia dejada por la Unión Soviética en su pulso permanente con Estados Unidos, sino que remite a la tradición zarista, a su forma de contar en la política europea mediante la presión sobre Occidente. Al mismo tiempo, la retirada estadounidense del tratado INF pone de manifiesto de nuevo la incomodidad del republicanismo más conservador con los límites impuestos al Pentágono a partir de la firma de los acuerdos para la reducción mutua y equilibrada de los arsenales nucleares, que fueron la piedra sillar de la guerra fría.

Tanto los ideólogos de la defensa fuerte, lectores asiduos muchos de ellos de Leo Strauss, como los trashumantes que han viajado desde el universo neocon al Tea Party, y más tarde a la extrema derecha, encarnada en Donald Trump, entienden que Estados Unidos perdió una ocasión de oro para adquirir una ventaja estratégica insalvable durante la presidencia en Rusia de Boris Yeltsin (1991-1999), y ahora el Gobierno debe reaccionar con prontitud y energía. Esto es, debe descartar definitivamente la opción cero de Reagan y neutralizar el rearme ruso con el propio. Un enfoque que Rusia comparte desde que el presidente Barack Obama decidió poner en marcha el escudo antimisiles en el corazón de Europa, que confirió a la Alianza Atlántica una superioridad estratégica indiscutible, aunque Estados Unidos siempre lo negó e incluso llegó a ofrecer a Rusia la posibilidad de cobijarse bajo el mismo paraguas para protegerse de un ataque nuclear.

El analista Keir Giles, del think tank británico Chatham House, sostiene en su último libro, Moscow rules (reglas de Moscú), que Rusia no tiene otra opción que desafiar a Occidente, e insiste en que reconocer y aceptar que esto no cambiará en el futuro inmediato ayudará a la OTAN a encontrar “un camino para el pacto sin riesgo de un conflicto más profundo”. Una opinión semejante a la del Atlantic Council, estadounidense, cuando, aun admitiendo que puede haber algún ingrediente divisivo, advierte que el pulso con Rusia, encabezado por Estados Unidos, no debe debilitar a la OTAN. Sucede, no obstante, que la verborrea del presidente Trump ha fomentado con demasiada frecuencia las divergencias entre la Casa Blanca y sus aliados a pesar de los consejos de los entendidos en la materia, el exsecretario de Defensa James Mattis, el último de ellos.

La institución francesa Fondation pour la Recherche Stratégique apenas desdramatiza el alcance de lo que en otro tiempo se hubiese considerado una escalada. “El tratado INF fue el fruto de su época –dice el informe elaborado por varios investigadores–. Su desaparición de hecho también es el producto de un contexto radicalmente nuevo: política rusa de recuperación como potencia militar a despecho de los compromisos adquiridos por Moscú; desprecio en la Casa Blanca de los tratados, percibidos como grilletes; pero también transformación radical del paisaje estratégico (Asia). Para Europa, el asunto de los misiles de alcance intermedio no es tan central como lo fue hace treinta o cuarenta años, pero el final del tratado no dejará de tener consecuencias para el continente”.

El precedente histórico de 1979, cuando la Unión Soviética desplegó los misiles SS-20 en su frontera occidental y la OTAN respondió con una siembra de misiles Pershing y Cruise en su área de influencia, da la razón a la percepción francesa de que la prórroga de seis meses hasta la liquidación definitiva del tratado INF, un gesto meramente protocolario, dará paso a un periodo de rearme. Es de prever que se multipliquen las interferencias en las líneas de comunicación entre Rusia y Estados Unidos, y la política de defensa se revestirá de la gravedad amenazante que la caracterizó en el pasado. Poco puede esperarse de este medio año que se han dado las dos potencias para negociar a fin de poner a salvo el acuerdo de 1987 porque ambos contrincantes prefieren enterrarlo.

Para quienes tantas veces han lamentado la pérdida de identidad de la OTAN una vez liquidada la guerra fría y muy debilitada la amenaza rusa, la situación no deja de tener el valor de la identidad recuperada. Pero para los espíritus menos apasionados, la mutación del ecosistema tiene consecuencias no deseadas en materia de seguridad y presupuestarias. Si hasta la fecha Trump no ha dejado de exigir a los europeos una mayor contribución a los recursos de la OTAN, cuando venza en agosto el plazo para dejar sin efecto el INF, se multiplicarán las exigencias en términos bastante más contundentes.

Desposeída Rusia del glacis de seguridad que la Unión Soviética de Josef Stalin exigió a las aliados a partir de la conferencia de Yalta (febrero de 1945) y fracasada la opción wilsoniana de construir un sistema de seguridad colectivo, el retorno a la guerra fría cabe incluirlo en el capítulo de los acontecimientos inevitables. Con el añadido de un tercer actor, China, que hace imposible una vuelta a la bipolaridad de antaño y que, por el contrario, lleva a intuir en el horizonte futuro una tripolaridad de nuevo cuño, con dos grandes potencias militares con economías muy diversificadas, y Rusia, uncida al yugo de los mercados del gas y del petróleo, con tendencia a una inestabilidad cíclica.

¿Habrá que rescatar de los anaqueles el viejo diccionario de la guerra fría precedente: escalada, distensión, coexistencia pacífica, equilibrio del terror, área de influencia, etcétera? ¿O acaso el final de la guerra fría fue poco más que un espejismo o un paréntesis no demasiado largo en la historia moderna de la confrontación por ostentar la mayor cantidad de poder a escala planetaria? ¿Hay riesgo de que el paso siguiente sea impugnar los tratados que afectan a los misiles de largo alcance? El diagnóstico de Henry Kissinger, hace un año, es a la vez preciso e inquietante: “A falta de un concepto compartido entre las principales potencias expansivas para acomodar perspectivas divergentes de nuestros intereses nacionales, parcialmente derivadas de nuestras diferentes experiencias históricas, están regresando los patrones tradicionales de una gran rivalidad de poder (…) La pregunta subyacente es si se puede evitar que una rivalidad renovada entre las principales potencias culmine en un conflicto ”. Los acontecimientos de estas últimas semanas refuerzan tal punto de vista.

La poltrona de Maduro se tambalea

La degradación a marchas forzadas del clima social, la economía y el funcionamiento de las instituciones en Venezuela permite afirmar que lo peor está por llegar porque es imposible que la salida de la crisis se produzca en un ambiente razonablemente sereno si es que se produce. Dos legitimidades discutibles se enfrentan en el espacio público con aliados poderosos a sus espaldas, impregnado el proceso en curso de todas las reacciones emotivas imaginables y por imaginar. El alineamiento del lado de Nicolás Maduro o de Juan Guaidó tiene mucho de batalla ideológica –el establishment, al lado del autoproclamado presidente interino; el mundo situado a la izquierda de la socialdemocracia, al lado del sucesor de Hugo Chávez–, contaminada desde el comienzo la decantación por el apoyo inmediato de Donald Trump a la oposición movilizada y de Rusia y China a la causa bolivariana.

Las apelaciones al derecho internacional y al principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, destinadas a desacreditar el reconocimiento de Guaidó y a apoyar a Maduro, son tan discutibles como las remisiones a la injerencia humanitaria de quienes apoyan al nuevo líder de la oposición. En las desventuras de Venezuela todos los papeles están repartidos, y mientras tanto los padecimientos de la población no paran de crecer a la espera de un desenlace que es de temer largo, confuso y acaso inadecuado para salir del cenagal. Nada hay en la crisis que no responda a intereses concretos dentro y fuera del país: el objetivo conservador de reconquistar el poder, el propósito de quienes ahora lo ocupan de perpetuarse en él, la disputa por el control futuro de PDVSA, la petrolera estatal con las reservas de crudo más grandes del mundo, el exilio enardecido en Estados Unidos y Europa y otros muchos factores que aconsejan analizar el problema con los anteojos del realismo.

Un comentarista del diario caraqueño El Universal otorga a Guaidó y su toque a rebato la condición de cisne negro –algo cuya existencia nadie previó–, como lo fueron las primaveras árabes, pero en ambos casos estaban a la vista de la comunidad internacional los ingredientes para que se desencadenara el levantamiento en la calle y surgieran líderes más o menos espontáneos para encabezar la protesta. Nadie puede sorprenderse de la situación creada, ni siquiera el equipo de Maduro, cuando la moneda dejó de tener valor a causa de una hiperinflación frenética, el PIB se despeñó, la crisis de subsistencias se generalizó y el Estado respondió con una mezcla de populismo ruidoso, ineficacia y bloqueo de las instituciones, singularmente la Asamblea Nacional. Simplemente, la presunta revolución chavista se hundió estrepitosamente sin haber sabido aprovechar ninguno de los momentos favorables: los altísimos precios del petróleo hace una década, el entusiasmo primigenio de los rescatados de la miseria, el rompecabezas de una oposición sin líderes sólidos y, en última instancia, la presidencia de Barack Obama.

A diferencia de otros precedentes históricos, con la revolución cubana en primer lugar, el prestigio de la aventura bolivariana pronto sembró el mundo académico y los medios de comunicación de defraudados que creyeron ver en el programa chavista de 1999 un proyecto ilusionante de redención de los desheredados, pero pronto cayeron en la cuenta de que el universo de Chávez era poco más que un nacionalismo populista grandilocuente, con la figura de Simón Bolívar como profeta del cambio. Nunca logró la dirección bolivariana atraer suficientes voluntades fuera de Venezuela para convertirse en el gran compromiso ético de la izquierda en todas partes, y cuando empezó a duplicar las instituciones para controlarlas, mediatizó el pluralismo, persiguió a la oposición y controló casi en su totalidad los periódicos y la televisión dejó de atraer a los teóricos de la innovación social, a los alentadores de la redención de los oprimidos y a los defensores de los derechos de los más vulnerables.

Es indudable que ahora se asiste a la coreografía poco menos que insultante de unas clases pudientes que se rasgan las vestiduras por los desastres presentes, pero no movieron un dedo para remediar las miserias pasadas, la corrupción galopante, el monocultivo del petróleo y la fractura social irremediable. Pero no es menos cierto que Maduro más que Chávez ha hecho cuanto ha estado en su mano para facilitar las cosas a sus adversarios políticos y sociales, incapaz de aceptar que a la larga la correlación de fuerzas operaría en su contra. Una ceguera política que quizá no es más que su incapacidad manifiesta para gobernar, ceñirse a los hechos y distanciarse de los profetas de la presunta ortodoxia de izquierdas, empezando por Diosdado Cabello, de nefasta influencia en el desarrollo de los acontecimientos.

Que la clase dirigente del turno de partidos –un rato para la Alianza Democrática y un rato para el Copei– cerrara los ojos ante los desequilibrios sociales, con la complicidad de Estados Unidos y Europa, que jamás levantaron la voz, no sirve para contrarrestar el descalabro presente. En realidad, lo agrava porque Chávez ganó la presidencia apoyado por actores políticos y sociales de todos los colores –los empresarios y la Iglesia entre ellos–, pero todo se fue por el desagüe a partir de 2002, con el golpe de Estado fracasado, cuyos actores últimos siguen envueltos en una espesa niebla, y mucho más cuando el precio del petróleo empezó a bajar y las llamadas misiones (programas sociales) dejaron de ser viables. De tal manera que cada día fueron más los adversarios dentro y fuera de Venezuela, y muchos menos los adictos.

Hoy la resistencia numantina de Maduro entraña riesgos de una gravedad y profundidad evidentes. Al aparecer el Ejército como el gran bastión tras el que se parapeta el régimen saltan las alarmas y surge el temor de que las armas suplanten a la política. Porque si el Ejército se mantiene unido y del lado de Maduro, la deriva totalitaria del proceso, siquiera sea por poco tiempo, es una posibilidad cierta; si los generales optan por abandonar a Maduro, se multiplican las incertidumbres de futuro con los uniformados al frente de las operaciones; si el Ejército se divide, no debe descartarse un enfrentamiento armado. Dicho de otra forma: la única salida sin lágrimas es aquella que se produzca de forma ordenada, que permita convocar elecciones inmediatas bajo tutela internacional y que atienda las necesidades más perentorias de una población exhausta.

“La libertad es siempre la libertad de los disidentes”, escribió Rosa Luxemburgo, tan recordada en el centenario de su asesinato. Los teóricos de la república bolivariana y quienes en ella gobiernan olvidaron esta frase hace tiempo si es que alguna vez tuvieron noticia de ella. El precio de tal olvido resultará seguramente altísimo porque quienes han alentado el levantamiento desde fuera –es ingenuo creer que no hay financiación exterior de la protesta–, salvo honrosas excepciones, no aspiran más que a poner a Venezuela en el pasillo central deseado para Latinoamérica por personajes tan bajo sospecha como Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Iván Duque y algún otro, cobijados todos ellos bajo el paraguas protector de la extrema derecha que tiene en Donald Trump su primera referencia. Respetar a la disidencia, escucharla y acaso atender sus reclamaciones es un instrumento indispensable para evitar que los episodios de aceleración de la historia desemboquen en pesadillas y den alas a cuantos se oponen al cambio social. Maduro ni respetó ni escuchó ni atendió a los discrepantes, anduvo a vueltas con el enemigo exterior culpable de todos los malos y ahora su poltrona se tambalea.