La campaña adultera el lenguaje

El lenguaje es la primera víctima de la precampaña, de la campaña y de cuanto se dijo y difundió antes de ambas. En la refriega que precede a la cita del 28 de abril las palabras han adquirido significados sobrevenidos, la confusión se ha instalado en el diccionario ad hoc para el combate y no hay forma de saber si cuanto se dice es anfibológico, polisémico o un rosario de falsedades engarzado por los estrategas de los partidos. Más que nunca son útiles y necesarios los fact-checking (comprobación de hechos) para un mayor esclarecimiento de las discusiones en curso, para desactivar las políticas de balcón, para poner al descubierto el vuelo rasante de la charcutería política y la manipulación de las emociones. Hoy es más urgente que nunca dejar en evidencia a los profesionales del pim-pam-pum preelectoral.

Los ejemplos a mano son ilimitados. Sale Pablo Casado y acusa a los medios de difundir una fake news (noticia falsa) a propósito de su anuncio –Onda Cero, el medio emisor– de que bajará el salario mínimo a 850 euros –el Gobierno de Pedro Sánchez lo puso en 900–, algo que no solo lo entendieron así los radioyentes, como se decía antes, sino los televidentes y aun los lectores de periódicos, muchos menos que antes, pero no tan pocos como para no estar en condiciones de confirmar a coro que dijo Casado lo que dijo. Hay, claro, algo no conocido: qué entiende el líder del PP por fake news, qué le contaron o explicaron en el famoso posgrado de Aravaca –cuatro días– acerca de qué cabe considerar una falsa noticia; cuál es, en fin, su apego a la realidad alternativa, tan puesta en boga por la Casa Blanca de Donald Trump. Esto es, Casado dijo lo que dijo, aunque quizá no quiso decirlo o pensaba decirlo en otro momento, o sus asistentes estimaban oportuno mantener oculto el dato para no alarmar a posibles votantes, pero el caso es que lo dijo. Un lío que ha puesto en un grito con sordina al PP centrista, descabalgado por el discípulo de José María Aznar.

Va luego o quizá antes Santiago Abascal y anuncia que mediado el siglo la mitad de los franceses serán musulmanes. Aparecen enseguida demógrafos y sociólogos prestigiosos que manejan estadísticas fiables y modelos matemáticos solventes, y aseguran que a lo sumo será el 18% de la población francesa la adscrita al islam. Un cálculo fruto del análisis, pero también un futurible para cuya confirmación hay que esperar treinta años y sujeto, como todo futurible, a variables imprevisibles e impredecibles que a la vuelta de tres décadas pueden haber convertido a los habitantes de Francia en descreídos contumaces o en feligreses de una religión de diseño o a la carta. En todo caso, el vaticinio de Abascal es un disparate sin fundamento cuya meta es fomentar una islamofobia zafia y cada día más difundida en Europa.

Está luego el conglomerado independentista catalán con sus presos políticos aplicado a los políticos presos y sus exiliados para referirse al huidizo Carles Puigdemont y demás instalados en Waterloo, periferia de Bruselas. Se trata de una apropiación del lenguaje muy anterior a la campaña, una acentuación o subrayado del drama político mediante la utilización de conceptos que adquirieron un valor muy preciso desde el final de la guerra civil y hasta la transición; un intento de equiparar el perfil vesánico de la dictadura con el presente. Es, en fin, un ejercicio permanente de historia comparada, como si los derrotados de 1939 y los enjuiciados de 2019 fuesen víctimas de lo mismo; como si el 1-O y fechas subsiguientes no hubiese sucedido nada o lo sucedido fuese perfectamente legítimo, ajustado a derecho y respetuoso con quienes transitan fuera del independentismo, y quien no lo vea así, insisten, no es demócrata.

La izquierda participa con parecido entusiasmo en la adulteración del lenguaje, necesitado Podemos de contener la sangría de votos que vaticinan las encuestas, urgido el PSOE por la captura de votantes de Podemos defraudados con Pablo Iglesias, con el galimatías morado que ha desgajado a una parte del partido, y aplicados en cuerpo y alma los socialistas en la tarea de dividir el voto de la derecha, en presentar a Vox como el contaminante del conservadurismo español. El experimento andaluz, con el tripartito de facto PP-Cs-Vox, el neofranquismo al acecho y las encuestas esperanzadoras justifican tal deriva en la campaña de la izquierda, pero la insistencia en anunciar que viene el lobo no hace otra cosa que agrandar la campaña de la extrema derecha. Según se ve, la izquierda no ha sacado ninguna enseñanza práctica del precedente de Estados Unidos, donde la insistencia en las acometidas contra Trump en 2016 fue un factor multiplicador de la campaña del acometido. Tampoco aquí se salva el lenguaje del falseamiento, la adulteración de los significados y el encubrimiento de la realidad mediante reiteradas exageraciones.

La maduración de una sociedad acostumbrada a votar, el hartazgo de muchos ciudadanos por el cruce de acusaciones indescifrables o deformantes, no cuenta, según se ve, para los seleccionadores de palabras encubridoras de la realidad. Cuando alguien se atreve a ocultar bajo la etiqueta de “policía patriótica” lo que no es más que una policía política o sectaria, pagada con los impuestos de todos los contribuyentes, queda abierta la veda para todo clase de despropósitos o desquiciamientos en la comunicación política. Nada hay más antidemocrático y antipatriótico que una policía que husmea fuera de lo establecido por las leyes –la policía es un cuerpo civil de funcionarios armados que deben ocuparse de la seguridad colectiva y debe ser exquisitamente neutral–, pero el poder de la palabra es enorme.

Dijo Mahatma Gandhi: “Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino”. Añadió Umberto Eco muchísimos años más tarde: “El populismo mediático significa apelar a las personas directamente a través de los medios. Un político que puede dominar los medios puede moldear los asuntos políticos fuera del Parlamento e incluso eliminar la mediación del Parlamento”. Así se adentra la campaña en el territorio de la desmesura y del exabrupto, sin que a los electores les quede más opción que el escepticismo o la incredulidad, estados de ánimo ambos que no hacen más que alejar a los ciudadanos del compromiso político y de las instituciones democráticas.

Lucha por el poder en Argelia

La dimisión del presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, acosado por la calle y por la lucha por el poder en la cima del Estado, ha abierto una etapa de transición plagada de incógnitas. Si se cumple el primer diagnóstico de la situación realizado por el diario francés Le Monde, la decisión del Ejército de precipitar la renuncia del presidente permite vaticinar una pelea encubierta entre los generales y el entorno de la familia Buteflika, encarnada en el previsible enfrentamiento entre el ministro de Defensa, el general Ahmed Gaid Salah, y Said y Nacer Buteflika, hermanos del mandatario depuesto y sometidos a residencia vigilada (no pueden abandonar su domicilio). Según la descripción del momento publicada por Le Monde, “la brutal aceleración de los acontecimientos ha revelado la existencia de un violento conflicto” por controlar el mecanismo sucesorio interino, ahora, y definitivo cuando se convoquen elecciones.

El papel del generalato argelino recuerda el comportamiento del Ejército egipcio durante el ocaso de Hosni Mubarak. Mientras el presidente tuvo posibilidades de salir airoso del desafío de la calle, los cuarteles se mantuvieron a su lado, cuando se puso de manifiesto que la oposición marcaba el tempo, el alto mando dejó caer a Mubarak como fruta madura y prefirió afrontar una transición tempestuosa, con los Hermanos Musulmanes al frente de las operaciones, a unir su suerte a la del comandante en jefe. La razón no fue otra que el riesgo cierto de que los acontecimientos de 2011 –las primaveras árabes– se llevaran por delante la trama de intereses económicos gestionados por los militares –un mínimo del 20% del PIB– y desposeyeran a los uniformados de su condición de columna vertebral del Estado.

La reacción de la red de intereses tejida por Buteflika tiene mucho que ver con el papel preminente desempeñado por el Frente de Liberación Nacional (FLN) desde la independencia como la otra columna vertebral del Estado, que alimenta de cuadros la Administración civil, la judicatura, la policía y los servicios secretos, y en general todos los ámbitos de poder que no son responsabilidad del Ejército. El prestigio del FLN ha decaído al mismo ritmo que el crecimiento de la corrupción, de las redes clientelares y de las estructuras de poder de facto, ajenas a la planta institucional del Estado, pero tiene en sus manos muchos de los resortes efectivos para controlar los asuntos públicos y proyectar una imagen respetable. Y no debe olvidarse la concordancia de intereses entre el Ejército y el partido, que ahora parece que se fracturó, mientras ambas instancias contaron con la cobertura presidencial a partir del mandato de Huari Bumedian, un histórico de la lucha por la independencia.

Frente a esa doble estructura de poder, consolidada durante decenios y especialmente eficaz para combatir a la oposición y aniquilar el desafío islamista durante la guerra civil de los años 90, la protesta en la calle da la impresión de que responde a una unidad de acción momentánea, pero en realidad carece de un liderazgo sólido para mantenerse cohesionada en la hora crucial de las elecciones. La variedad de personajes que se mueven entre bambalinas, empezando por dos exprimeros ministros –Ahmed Benbitur y Alí Benfis–, Rachid Nekaz, Sifian Yilali y los herederos del Frente Islámico de Salvación, ausentes de momento de la cabecera de las protestas, no hace más que anticipar futuras divisiones. Una tendencia a la fragmentación que ni siquiera parecen capaces de neutralizar los efectos de la crisis económica en la clase media urbana y el paro endémico entre los menores de 30 años, ingredientes esenciales de las manifestaciones.

Analistas como Georges Fahmi, de la institución Chatham House, identifican en cuanto sucede en Argelia los mismos componentes de hartazgo social que dieron lugar a las primaveras árabes, pero acaso en la crisis argelina sea menor la vulnerabilidad del establishment de lo que lo fue en Túnez y Egipto, al menos en un primer momento, y quizá también el retraimiento internacional de ahora prive a la calle de apoyos significativos en el exterior. El antecedente de Libia, convertida en un Estado fallido, la matanza siria, con Rusia instalada en Oriente Próximo, y problemas derivados del desenlace de las primaveras mantienen a Occidente más expectante que nunca y a los vecinos de Argelia, decididos a no inmiscuirse en el avispero bajo ningún concepto. Anádase al conjunto la dependencia del gas argelino del sur de Europa y se cerrará un marco de referencia en el que lo más importante para todo el mundo es garantizar la estabilidad y evitar que la crisis degenere en una revuelta incontrolable.

¿Significa esto que una reforma meramente cosmética del Estado puede encauzar la crisis? El diagnóstico del profesor Nadji Khaoua en el periódico argelino El Watan hace impensable que una componenda meramente superficial puede acallar el descontento. “La corrupción no es solo una excrecencia del poder de decisión, sino que es una consecuencia de la estructura misma del poder”, sostiene el analista, que ve inviable aniquilar la economía opaca a medio plazo y, en cambio, adelanta que quienes la controlan harán cuanto esté en su mano para mantenerla como una forma de poder paralela a las instituciones. En este punto la cercanía entre la situación en Argelia y la que precedió a las primaveras es muy parecida, pero el momentum en 2011 era bastante diferente al actual para vislumbrar como viable una reforma radical del Estado, aunque sea precisamente esto lo que reclama la calle.