Los demócratas empiezan la carrera

Al Partido Demócrata de Estados Unidos le urge aligerar cuanto antes la lista de aspirantes a participar en la carrera por la nominación para disputar la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump en noviembre del próximo año. Mucho antes de que se inicie la ronda de elecciones primarias en Iowa (febrero de 2020) precisa reducir en mucho el elenco de posibles contendientes y desbrozar el camino para que los debates no tengan el carácter extremadamente fragmentado de los dos celebrados esta semana y para que, al mismo tiempo, se consoliden dos o tres perfiles que lleguen a mediados de la próxima primavera con posibilidades ciertas de ganar la Casa Blanca.

Con 23 nombres en liza como sucede ahora, muy conocidos algunos, bastante desconocidos otros a escala federal, Trump contrarresta fácilmente las arremetidas de los precandidatos demócratas y estos, a su vez, se enzarzan en ataques cruzados de consecuencias inciertas. En especial, como es el caso, cuando hay una gran coincidencia en partes esenciales de los diferentes programas: acciones contra el cambio climático, protección sanitaria, humanización del control de los flujos migratorios, lucha contra la pobreza, saneamiento de las relaciones con los aliados y corrección de algunos de los descalabros promovidos por el populismo nacionalista de Trump y sus halcones. Es imposible llegar a las matizaciones a partir de estas ideas genéricas y compartidas cuando los rivales son poco menos que multitud.

Aun así, una analista del diario The Washington Post ha identificado una primera víctima del primer asalto, sin que tal cosa sea un factor decisivo y concluyente para excluirlo de la carrera: Joe Biden. El vicepresidente de Barack Obama estuvo siempre a la defensiva el jueves frente a la determinación y las acusaciones que le dirigió la senadora Kamala Harris. “¿Fue esto fatal para las posibilidades de Biden? –se pregunta Jennifer Rubin– No, pero sugirió que es un favorito muy, muy vulnerable. Al mismo tiempo, [Harris] tuvo suerte: [Bernie] Sanders también tuvo una mala noche”. La diferencia es que Biden representa al establishment demócrata, que engloba a las grandes familias del partido desde la victoria de Bill Clinton en 1992, y Sanders es una rara avis que vuela a la izquierda de Harris, atrae y moviliza el voto joven, pero es la extrema izquierda “al borde de la alarma” para el liberalismo clásico estadounidense que se cobija en The New York Times. Es decir, Biden sale tocado del primer asalto, pero puede ganar el combate, mientras Sanders empieza en el mismo lugar en el que acabó en 2016: arropado por el electorado que se sitúa en la nueva izquierda demócrata y que comparte con Kamala Harris muchos admiradores.

Salvo cambios de gran calado en la configuración de la precampaña, el triángulo Biden-Sanders-Harris más la senadora Elizabeth Warren y Pete Buttigieg, el alcalde de una pequeña ciudad de Indiana, veterano de guerra y gay, reúnen el grueso de las simpatías al empezar la competición. La pregunta que deberán responder las primarias es si pesa más en la configuración del electorado demócrata la herencia de Obama –léase Biden–, la socialdemocracia con acento estadounidense –Sanders y compañía– o el conservadurismo con rostro humano –entiéndase Buttigieg–, poco menos que expulsado del Partido Republicano por la extrema derecha de Trump. A juzgar por la relevancia ganada por figuras muy jóvenes como Alexandria Ocasio-Cortez, enaltecidas por un segmento de votantes muy dinámico, se diría que el reformismo parte en mejor situación que hace cuatro años; a tenor del universo electoral que en 2016 dio la victoria en votos a Hillary Clinton, cabe considerar el centrismo de Biden como la corriente mejor preparada para luchar con posibilidades por el Despacho Oval.

Para completar el acercamiento a los prolegómenos de la batalla debe añadirse la observación del semanario Time y otros medios: la victoria de las mujeres en los dos debates. Lo que es tanto como concluir que, más que nunca, el voto femenino será determinante en la decantación de las primarias. Más que nunca y sin que sea evidente hasta qué punto el voto de las mujeres demócratas se identifica mayoritariamente con el mainstream del partido o con opciones relativamente heterodoxas. El precedente de hace cuatro años es poco útil porque Hillary Clinton tuvo dificultades para sumar complicidades en el bando femenino y feminista, tan encuadrada y percibida como representante de un continuismo poco atento a los daños sufridos por la clase media a raíz de la crisis económica. “Ella es Wall Street”, gritaron en un mitin los jóvenes voluntarios que seguían a Bernie Sanders.

Las primarias se han convertido en un gran espectáculo político, con muchos ingredientes y ritos propios y una movilización desbocada de recursos económicos. Pero son, al mismo tiempo, un mecanismo de filtraje de las luchas en el seno de los partidos y de adecuación de los programas a una sociedad muy dividida, sometida hoy a los requerimientos de una Administración imprevisible. Y son, en última instancia, un acercamiento a la realidad que, en el caso del Partido Demócrata, debe subsanar su incapacidad manifiesta de hace cuatro años para ganar en alguno de los llamados swing states –estados oscilantes–, aquellos en los que ninguno de los dos grandes partidos tiene asegurada la victoria y todo depende de un puñado de papeletas para lograr el triunfo (hacerse con los votos electorales). De nada le valió a Hillary Clinton obtener grandes mayorías en las dos costas: en los swing states siempre ganó Donald Trump. Fue aquella una gran lección, una confirmación de la creencia muy extendida entre los estrategas electorales de que los candidatos a presidente deben disponer de un mínimo de tres discursos: para los estados con la victoria segura, para los estados con la derrota muy probable y para los estados con la victoria posible o en disputa.

¿Cuál puede ser el candidato de síntesis entre los cinco que parten más destacados? ¿Está preparado el partido para afrontar una campaña con un outsider frente a Trump? ¿La victoria demócrata requiere que el establishment controle el proceso? Desde Herbert Hoover (1929-1933), solo tres presidentes no han logrado la reelección: Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981) y George H. W. Bush (1989-1993). Quizá esta sea la primera variable que deba tener en cuenta el nominado demócrata que gane la carrera de fondo de las primarias con más de 20 corredores en la línea de salida.

 

Irán entra en la campaña de Trump

El incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán es una escalada de libro con riesgos ciertos para la estabilidad de la región, el alza del precio del petróleo y el enrarecimiento de las relaciones entre la Casa Blanca y sus aliados tradicionales. El primero de los riesgos implica de forma más o menos directa a Rusia y Chima, que se han manifestado como puntos de apoyo internacional del régimen de los ayatolás, la cotización del oro negro depende de la seguridad y libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la buena salud del vínculo atlántico está a expensas de que Donald Trump se atenga a la tradición y al legado histórico, que se remonta al final de la segunda guerra mundial.

Desde que Estados Unidos se desentendió del acuerdo nuclear concretado por su antecesor, Barack Obama, y por el presidente de Irán, Hasán Rohaní, hasta el derribo de un dron estadounidense por un misil disparado por la Guardia Revolucionaria la estrategia de la tensión ha sido el camino elegido por Trump para deteriorar la atmósfera política en el golfo Pérsico. Si el presidente George W. Bush y los neocon de principios del milenio creyeron que la seguridad en Oriente Próximo, en general, y en Israel, en particular, pasaba por liquidar el régimen de Sadam Husein, los halcones del presidente en ejercicio no dudan en creer que los mismos objetivos requieren un debilitamiento o claudicación de la república islámica. Los daños colaterales de la operación, incluida la pugna de iranís y saudís para asegurarse la hegemonía en la región, importan menos que el diagnóstico final hecho por la Administración de Trump: es preciso cambiar la relación de fuerzas en la zona.

Mientras el analista Fareed Zakaria escribe en Foreign Affairs que Estados Unidos “despilfarró el momento unipolar” entre 1989 (caída del muro de Berlín) y 2003 (inicio de la guerra de Irak) y parece haber perdido interés, acaso la fe, en preservar su papel en el escenario internacional durante los últimos tres cuartos de siglo, los “duros de Washington” –expresión de un editorialista– actúan como si al saltar por los aires el statu quo fuera posible recuperar cotas de poder perdido. Frente al realismo de la diplomacia de Obama –entendimiento con China, multilateralismo y coordinación con los aliados–, la de Trump aspira a zancadillear la consolidación de China como la otra gran potencia del siglo XXI, a desoír a las organizaciones internacionales y a desafiar el proyecto europeo mediante la estimulación de cuanto le es más adverso y hostil, empezando por el brexit.

No deja de estar exenta de cinismo o de soberbia la primera reacción del presidente después del derribo del dron: “Es un gran error”, ha dicho Trump. No por breve el mansaje es menos amenazante, lleno de malos presagios y ominosos sobrentendidos. Cabe incluso admitir, fuese cual fuese el punto del espacio aéreo en el que se encontraba el dron en el momento del impacto, que la decisión de destruirlo aumenta la temperatura de la crisis y otorga la iniciativa al sector radical del Gobierno iraní que no es, por cierto, el de Rohani. Pero si se repasa la secuencia de acontecimientos del último mes, se llega a la conclusión de que era más que previsible que en cualquier momento una de las partes diese un paso más hacia el abismo: misterioso incendio de cuatro petroleros en el área del Golfo, desplazamiento al teatro de operaciones del grupo de combate del portaviones Abraham Lincoln, incendio de dos buques-tanque a la salida del estrecho de Ormuz, anuncio por Irán de que en las dos próximas semanas superará la producción de uranio enriquecido acorada en 2015, envío de un millar de soldados estadounidenses a la región y, finalmente, el dron abatido.

Debe añadirse a la relación el inicio de la campaña de Trump para lograr la reelección en noviembre del próximo año, algo que no por esperado deja de ser significativo habida cuenta del momento elegido para hacer el anuncio. Es posible que a partir de ahora nada de lo que haga, diga o prometa el presidente pueda deslindarse de una estrategia electoral que precisa no solo retener a los fieles que le auparon a la presidencia en noviembre de 2016, sino corregir el deterioro de su índice de aceptación –alrededor del 30%– y evitar que la derrota sufrida el año pasado en la renovación de la Cámara de Representantes se convierta en el mapa electoral de referencia para noviembre de 2020. Los asesores de Trump juegan de momento con la ventaja que les otorga los prolegómenos de las primarias del Partido Demócrata, sin un líder claro a priori, pero son conscientes de que la elección del presidente fue posible gracias a un sistema que le fue extremadamente favorable –perdió claramente en votos populares frente a Hillary Clinton–, pero es improbable que la concatenación de factores se repita cuatro años después.

En el universo ultraconservador, arropado por un nacionalismo rotundo, pesa mucho el recuerdo de la invasión de Irak en 2003 y el efecto que tuvo en la reelección de George W. Bush en 2004, aunque la derrota de Sadam Husein no hizo más que abrir un periodo no cerrado de desajustes y crisis encadenadas. La diferencia en el ambiente entre hoy y hace 15 años es que la división ha ido en aumento en la sociedad estadounidense y la oposición de los aliados a seguir apretando las clavijas a Irán es poco menos que unánime. No se dan ahora las discrepancias que fracturaron profundamente a la Unión Europea, sino que la idea dominante es que hace falta atenuar las tensiones, alejarse del ambiente desquiciado provocado por la campaña electoral en Israel, donde Binyamin Netanyahu y sus potenciales aliados han hecho de la amenaza iraní, real o supuesta, uno de sus eslóganes predilectos.

Cas Mudde, un profesor de la Universidad de Georgia, recuerda en The Guardian que la elección presidencial de 2016 demostra que la victoria no se gana “con mayorías pasivas, sino con minorías movilizadas”, y ciertamente la causa de Irán, el tratamiento del caso como una ocasión ideal para una exhibición de poder militar y determinación patriótica, alimenta la política de las emociones, tan alejada de los análisis desapasionados. En ese campo, Trump tiene una gran experiencia; no tiene rival en el griterío, la amenaza y la frase corta. De ahí lo peligroso que se ha vuelto el acoso a Irán y lo imprevisible del desenlace a cada vuelta de tuerca que se decide en la Casa Blanca.

 

Algo podrido huele en Brasil

La más que presunta connivencia entre el fiscal Deltan Dallagnol y el juez, hoy ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro en el procesamiento y condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva culmina el proceso de degradación de la política y del sistema judicial en el mayor país de Latinoamérica. Si siempre sobrevoló la sombra de la sospecha en la persecución y destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la presidencia, y el encausamiento de este mediante una confusa vinculación de su figura en dos sonados casos de corrupción, Lava Jato y Petrobras, que en el fondo son solo uno, la información difundida por The Intercept pone al descubierto un mecanismo de adulteración de la política, instigado por la extrema derecha y aledaños, para neutralizar a las grandes figuras de la izquierda, supuesto que a través de las urnas tal objetivo era presumiblemente inalcanzable.

La asociación de la pesquisa emprendida por el medio que ha desvelado la trama con Glenn Greenwald, un periodista de investigación de referencia, confiere un plus de fiabilidad a cuanto se ha publicado y explica el terremoto que afronta el establishment político brasileño y la honorabilidad de los jueces. Las prisas de la fiscalía por esclarecer lo sucedido, la exigencia de los abogados de Lula para que se anule a la mayor brevedad el proceso que lo condenó y se ponga en libertad a su cliente, la bochornosa implicación del diario O Globo en el escándalo y el posible encausamiento de Moro, Dallagnol y algunos otros completa de momento las reales dimensiones del caso. La firma de Greenwald encabezando la información no hace más que reforzar el poder de convicción de cuanto se ha filtrado, porque el nombre del periodista remite a la trama por él descubierta en 2014 de espionaje a líderes políticos organizada por la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).

Aunque los asesores del presidente Jair Bolsonaro se han apresurado a subrayar la necesidad de esclarecer cómo obtuvo Greenwald las conversaciones entre Moro y Dallagnol, lo que realmente es preciso aclarar es si el presidente en ejercicio participó en la trama urdida para evitar la competencia en las urnas con Lula. Más aún: lo verdaderamente relevante es investigar cuál fue el alcance de la conspiración, hasta dónde llegan las responsabilidades, a quién salpican las irregularidades cometidas en la instrucción de la causa y hasta qué punto la gangrena ha dañado las instituciones. Si en el caso de la NSA lo realmente sustancial fue el espionaje y no quién y cómo llegó está información a la mesa del periodista, la relevancia del Morogate –así se ha bautizado el episodio– radica en los hechos suministrados a la opinión pública no en los prolegómenos –las fuentes primarias– para la difusión del escándalo. No hace falta haber ganado un Pulitzer para presumir que este tipo de  informaciones excepcionales requieren métodos excepcionales (recuérdense el caso Watergate y Garganta Profunda).

Conviene asimismo para la preservación de la higiene democrática rebobinar los hechos acaecidos desde la destitución de Dilma Rousseff y la llegada al poder de Michel Temer, en prisión provisional y a la espera de juicio como presunto implicado en la red de sobornos que forma parte del caso Lava Jato, el mismo que llevó a Lula a la cárcel. La necesidad de ahondar en el asunto es crucial para la regeneración de la política, habida cuenta de la suerte corrida por los tres antecesores de Bolsonaro y las dudas cada vez mayores que acompañan a este, convertido desde su toma de posesión en el liquidador del reformismo social activado por Lula y Rousseff  y apenas mellado por Temer. En última instancia es inaplazable certificar si Bolsonaro llegó limpiamente a la presidencia o mediante métodos poco presentables.

Tal proceder no impide perseguir los casos de corrupción y venalidad probados en el Partido de los Trabajadores (PT), abundantes y no menos reprobables que los atribuidos a políticos de la derecha. Acaso más lamentables si se piensa en los eslóganes regeneradores utilizados habitualmente por el partido de Lula para movilizar a la franja de población más vulnerable en una sociedad históricamente fracturada, teatro de desigualdades lacerantes y acostumbrada a sobrellevar unos índices de corrupción y violencia desbocados. Si en la etapa de Lula se detectaron en la estructura social de Brasil algunos progresos para rebajar la tensión –algo tuvo que ver el PT–, la corrupción en el partido y la suerte corrida por el expresidente y su sucesora sembraron la decepción y el escepticismo en una parte del electorado de izquierdas con una profundidad y efectos desconocidos hasta entonces. Y ganó adeptos la opinión profundamente reaccionaria según la cual todos los políticos son iguales.

“La verdad puede enfermar, pero no muere nunca”, dice Lula remedando a Teresa de Ávila: “La verdad padece, pero no perece”. De momento enturbiaron la verdad quienes convirtieron lo que a todas luces parece una persecución política de libro en causa penal. Por más escapatorias dialécticas que Jair Bolsonaro quiera dar al caso para salvar a Moro de la destitución fulminante y acaso de la acción de sus compañeros de toga, no hay una sola agarradera para que los señalados por The Intercept puedan salvaguardar su fama y mantener ante la opinión pública su perfil de ciudadanos dignos. Su integridad está en duda y la de la opción política que los acoge también lo está, no por lo hecho hasta ahora como gobernantes ni por sus bajísimos índices de aceptación, sino por los manejos que se trajeron para anular a un rival y hacerse con el poder sin contemplaciones.

 

Otra vez la sombra de Franco

La resolución del Tribunal Supremo que frena el traslado de los restos del general Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio-El Pardo es un abigarrado compendio o resumen de la incapacidad manifiesta del poder judicial para preservar la dignidad de las víctimas de la dictadura. “Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación”, se dice en una declaración de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. El párrafo es tan preciso y escueto que apenas deja margen para el disentimiento o la prestidigitación judicial y aporta, en cambio, suficientes argumentos morales como para mover a reflexión a los magistrados que por unanimidad han antepuesto los recursos presentados por la familia del dictador y varios particulares a cualquier otra consideración, y disfrutan del respaldo de las asociaciones conservadoras de jueces y magistrados.

Por si esto no fuera suficiente, la consideración de jefe del Estado atribuida a un militar golpista a partir del 1 de octubre de 1936 es poco menos que un atentado al principio de legalidad, habida cuenta de que el único poder legitimado en aquella fecha era la República, presidida por Manuel Azaña. Es decir, el tribunal antepone –de nuevo el mismo verbo– la conducta de los sublevados a los efectos de la degollina por ellos desencadenada. Algo verdaderamente sorprendente viniendo como viene de personas relevantes del Poder Judicial de un Estado democrático; algo inquietante, cabe añadir, sabido que demasiadas cunetas, campas y fosas comunes de cementerios siguen siendo las tumbas improvisadas de miles de víctimas de la felonía de 1936 y siguientes.

Resulta desconcertante que 44 años después de la muerte de Franco sigan tratándose los asuntos que le afectan post mortem como los de cualquier honrado ciudadano, protegido por toda clase de cautelas más allá del último aliento. Es asimismo desconcertante que sea tan extraordinariamente complejo separar la tumba del verdugo de la de sus víctimas. Mientras la basílica del Valle de los Caídos no deje de albergar los restos de Franco seguirá siendo un monumento descomunal al totalitarismo vesánico, no solo porque su construcción fue iniciativa del general, sino porque mediante él se enaltece su figura y se falsea la historia. Y si por fin los jueces entienden que el Gobierno está del todo legitimado para exhumar los restos del dictador, harán falta dosis enormes de imaginación, espíritu de concordia y saneamiento del lugar para que se desvanezca su impronta franquista y adquiera un carácter civil y democrático.

Primo Levi dejó dicho: “Los monstruos existen, pero son demasiado pocos en número para ser peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios preparados para creer y actuar sin hacerse preguntas”. No hacerse preguntas es extremadamente arriesgado y conformista, y en el caso de la instalación de Cuelgamuros, después de un silencio prolongado, es ineludible plantear un rosario de interrogantes dentro y fuera de las salas de justicia. Y de entre todos ellos, sobresale uno: ¿puede un Estado democrático mantener sin cambios un ámbito destinado a exaltar la figura de alguien que se levantó contra quienes había jurado lealtad –las autoridades de la República–, contó con la asistencia de la Alemania nazi –Adolf Hitler– y la Italia fascista –Benito Mussolini–, devastó el entero país y persiguió con saña a sus adversarios?

Responder a la pregunta con una remisión al procedimiento contencioso-administrativo en curso es, por lo menos, la burda simplificación de un asunto que atañe a la memoria colectiva del país, a la dignidad de los aniquilados por la dictadura, a los forzados a huir para salvar la vida y que murieron en el exilio, a la peripecia de tantos que aguardan un reconocimiento por lo menos moral por los padecimientos que debieron soportar. Al mismo tiempo, esa memoria colectiva incluye los enterados sin asomo de duda que enviaban a la otra España al paradón, la represión sin freno, los tribunales de excepción, las ejecuciones extrajudiciales y la institucionalización de la violencia como arma política contra los oponentes.

Al recordar los cuantiosos atropellos cometidos por el general Franco y sus secuaces y leer luego la resolución del Supremo es inevitable sentir que, en cierto sentido, los recurrentes juegan como locales y acaso disfrutan de cierta ventaja. Quizá sea solo eso, una sensación desaforada –ojalá sea únicamente eso–, pero que los tribunales dificulten en tan grande medida la aplicación de lo acordado por el Gobierno para la sepultura de un personaje de trayectoria reprobable no deja de contener una paradoja: quien hizo saltar por los aires un régimen democrático, la República, legitimado por las urnas, encuentra tantos años después, en el sistema judicial de otro régimen, asimismo democrático, una cobertura extrema de sus presuntos derechos mediante la acción en los tribunales de quienes quieren poner a salvo su memoria o recuerdo mediante su permanencia en el mausoleo que lo acoge.

En la introducción de la biografía de Franco publicada por Paul Preston se mencionan algunos rasgos característicos de la personalidad y el comportamiento del dictador: se veía a sí mismo “a través del prisma exagerado de su propia propaganda”; “las ansias de adulación, la fría crueldad y esa timidez que trababa su lengua eran manifestaciones de un agudo sentimiento de inadaptación”; la novela Raza, que firmó como Jaime de Andrade, fue “la manifestación más radical y autocomplaciente de los incansables esfuerzos de Franco por crear un pasado perfecto”. Tal pasado no existió como es harto sabido, sino que vulneró todos los límites que impone el respeto al género humano. Sin embargo, la necesidad imperiosa de salvaguardar tal certidumbre histórica se ha ido en parte por el sumidero de una resolución judicial tan exageradamente garantista que solo atiende a los derechos post mortem del dictador y su descendencia y transmite la impresión  de vulnerar o soslayar los de cuantos, vivos o muertos, siguen esperando una reparación.