Efervescencia latinoamericana

La efervescencia social que se ha adueñado de muchos paisajes urbanos de América Latina obliga a platearse un rosario de preguntas acerca del origen y naturaleza de la protesta, de su intensidad creciente y de la coincidencia en el tiempo con la sucesión de victorias de la derecha –la última en Uruguay– a pesar del ahondamiento de las desigualdades. El espacio latinoamericano tiene el récord mundial en el ámbito de los desequilibrios sociales, apenas corregidos por el periodo de gobiernos reformistas que precedieron a los ahora en ejercicio en casi todas partes. Se diría que ha crecido la desconfianza con el establishment, sea este conservador o progresista, y al mismo tiempo, la prédica de Donald Trump ha activado a la derecha en igual o mayor medida que ha provocado un movimiento de reflujo o de inseguridad en las filas de la izquierda.

El escritor argentino Martín Caparrós ha publicado en The New York Times un artículo en el que desarrolla un argumento poco menos que definitivo para justificar la pervivencia de sociedades en extremo desiguales. Afirma Caparrós: “Latinoamérica es desigual por muchas razones pero, sobre todo, porque puede. Hay sociedades donde los más ricos necesitan que los más pobres sean menos pobres, donde los precisan para crear o consumir las riquezas que los enriquecen. Las economías latinoamericanas, en general, no: basadas en la extracción y exportación de materias primas —desde la soja al cobre, del petróleo a la coca—, pueden funcionar más allá de esos millones de personas que no son necesarias ni para producir ni para consumir. Solo se necesita contenerlos: que no hagan demasiado lío, para lo cual alcanza con darles su limosna”.

Se trata de un diagnóstico desgarrado acerca de una realidad que raramente desmienten los trabajos de campo. Como parte de una economía global, el modelo latinoamericano de enriquecimiento rara vez va más allá del descrito por Caparrós: materias primas y caridad para atenuar los aspectos más lacerantes de la desigualdad y contener los estallidos sociales. ¿Está fallando el sistema? En realidad ha fallado muchas veces, raro es el país latinoamericano que no se ha visto zarandeado por convulsiones sociales que dieron pie a regímenes autoritarios con todos sus atributos o a un autoritarismo encubierto por un cierto grado de paternalismo caritativo.

El razonamiento de Caparrós coincide en algunos aspectos con el del profesor Daniel Innerarity en El País: “Las derechas desconfían de los gobiernos porque los creen ineficaces y las izquierdas, porque son poco participativos; unos confían demasiado en los expertos y otros confían demasiado en la gente (…) Y mientras tanto la intervención de la gente en el proceso político será una irritación ocasional, que tensiona sin transformar y se resuelve finalmente en frustración colectiva”. Esa irritación tiene características propias en las sociedades latinoamericanas, herederas de un modelo progresivamente desequilibrante, en el que las desigualdades contribuyen a aumentar la desconfianza y el sentimiento de frustración cuando no de engaño en amplísimos segmentos sociales tradicionalmente marginados de la política.

Ciertamente, como dice Innerarity, la desigualdad no lo explica todo, pero es un factor esencial que alimenta el descontento. Si a ello se suma la corrupción –ahora, global, como en el caso Odebrecht–, la ineficacia de los gobiernos y diferentes tradiciones insurreccionales, se completa un marco de referencia que enardece a los desfavorecidos, a esas comunidades que las economías latinoamericanas no tienen necesidad de rescatar de la pobreza porque no las precisan para convertirlas en sociedades de consumidores. Surge así una ideología primaria en la que “la organización deseable o ideal de la sociedad” a la que se refiere el economista Thomas Piketty en su último libro, Capital et idéologie, se reduce a los intereses corporativos de élites sin compromisos públicos.

“Se puede vivir sin poseer, pero no sin alimentarse”, escribe Piketty provocativamente. Y añade: “En una sociedad muy pobre, donde el nivel de producción por habitante correspondería a lo sumo al nivel de subsistencia, no es posible de forma duradera ninguna desigualdad de rentas”. El objetivo establecido por Lula da Silva al iniciar su primer mandato, que todos los brasileños llegaran a tener garantizadas tres comidas al día, tenía que ver con la urgencia en corregir desequilibrios propios de sociedades radicalmente duales y con una economía de mera subsistencia para una parte importante de la población. La fe en la vuelta a los modelos neoliberales –Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera e Iván Duque, sus promotores– pretende confiar a las reglas del mercado la liberación de los más desfavorecidos, una contradicción en términos porque estos últimos no participan de los circuitos económicos del mercado que los debe rescatar de la pobreza.

A finales de la década de los 70 del siglo pasado llegó a decirse que parte de las élites latinoamericanas habían llegado a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la pobreza era aniquilar a los pobres. Esta no fue, desde luego, una opinión muy extendida, pero no está tan lejos de la impresión dejada en Chile por Piñera, a quien se le ha reprochado en alguna ocasión, de forma especialmente inquisitiva, no haber aclarado si quiere combatir la pobreza o combatir a los pobres.

Al mismo tiempo, mientras se suceden las protestas, subsiste el desprestigio de los programas que abogan por abrir procesos de corte revolucionario. Las experiencias de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido determinantes para que la misma desconfianza hacia los líderes impugnados por la calle se extienda a los eventuales profetas de modelos de corte socializante y estatista. Ni el recuerdo de experiencias inmediatas, que acaso introdujeron algún elemento de corrección de las desigualdades, es capaz de encauzar las manifestaciones hacia un cierto reformismo posibilista. Y entre tanto, se asiste sin remedio a la degradación del clima social, sin que por lo demás se sepa muy bien dónde se halla en cada caso la dirección de las protestas y qué pretenden hacer los gobernantes para reconducir la situación más allá de encastillarse en el poder. Como escribe Martín Caparrós, la gran política “está hecha de opuestos indudables”, pero casi nadie se detiene a pensar que “lo opuesto de la desigualdad es la igualdad”.

Trump echa una mano a Netanyahu

El reconocimiento de la legalidad de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania pone un obstáculo más a los ya existentes para que algún día se haga realidad la solución de los dos estados, vista por la comunidad internacional como la única fórmula que puede zanjar el conflicto palestino-israelí. Aunque no es un dato menor el hecho de que la decisión adoptada por Donald Trump es una transgresión flagrante del derecho internacional, lo más grave del paso dado por la Casa Blanca es que debilita a las facciones palestinas más moderadas y da alas a las más radicales, que siempre han considerado el proceso abierto en Oslo en 1993 como un camino impracticable en el que siempre es la parte israelí la que fija la agenda. Y por si esto fuera poco, se prolonga sin fecha de vencimiento la postración de los palestinos de Cisjordania, emparedados entre el muro de hormigón levantado por el Gobierno israelí y la presión de los colonos –entre medio millón y 600.000–, acostumbrados a disfrutar de una impunidad poco menos que ilimitada.

A las consecuencias que puede tener para el primer ministro Binyamin Netanyahu su procesamiento por varios presuntos casos de corrupción ha respondido Trump con un regalo excepcional para que los votantes conservadores, cada vez más, mantengan la confianza en el líder del Likud. Mientras un articulista del periódico progresista israelí Haaretz se pregunta si con su comportamiento sometido a juicio ha arriesgado Netanyahu no solo su libertad, sino también su futuro como gobernante, el gran aliado responde con un gesto de apoyo hacia su proyecto anexionista para los asentamientos de Cisjordania que, en la práctica, pretende hacer imposible el nacimiento de un Estado palestino con todos los atributos de soberanía.

Nada realmente nuevo hay en esta maniobra: responde a la misma lógica aplicada por la Administración de Trump al reconocer la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel, y trasladar allí la Embajada de Estados Unidos, y reconocer asimismo la soberanía israelí sobre los altos de Golán, territorio sirio ocupado en junio de 1967. Se trata de proteger hasta donde sea posible la continuidad de Netanyahu, harto discutida después de dos elecciones que no han permitido armar una mayoría parlamentaria que respalde un Gobierno encabezado por él, y de condicionar a cualquier futuro sucesor del primer ministro en funciones si es que algún día tiene la tentación –una utopía– de buscar una salida a la crisis mediante una negociación con el Gobierno palestino. Esto es, se trata de evitar que alguien se atreva en el futuro a abrir el melón de la soberanía sobre los asentamientos, de la retrocesión de territorios y de la doble capitalidad de Jerusalén, reclamada por la Autoridad Palestina.

Creer que el programa estadounidense perturbará de forma significativa a los líderes árabes es pura ingenuidad. Aunque en teoría Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania tiene grandes posibilidades de influir en el desarrollo de los acontecimientos, como subrayan los profesores Yossi Mekelberg y Greg Shapland en un artículo difundido por el think tank británico Chatham House, la realidad es muy diferente. Más allá de las declaraciones solemnes que se lleva el viento, se impone otro dato: el sistema de seguridad diseñado por Estados Unidos para Oriente Próximo descansa sobre tres pilares: Israel, Arabia Saudí y Egipto. De forma que la implicación árabe para lograr la solución de los dos estados es cada vez menor a pesar de la observación de Mekelberg y Shapland: “Si los líderes árabes ven la estabilidad regional como algo de interés para sus países, deberían estar tratando de dar forma a cualquier plan de paz eventualmente promovido por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tal manera que formen un marco para las negociaciones que puedan aceptar los líderes israelís y palestinos”.

Lo cierto es que no existe este eventual plan de paz promovido por Estados Unidos, y egipcios y saudís no tienen la menor intención de meterse en el avispero. Es improbable que finalmente la repercusión en el seno de la Liga Árabe del gesto de Trump con los asentamientos desencadene una respuesta activa; más parece que las exigencias árabes se han instalado en el ámbito de las naturalezas muertas, sin aliento. En cambio, es verosímil que los profetas de las organizaciones árabes y musulmanas más radicales sumen nuevos adeptos en la calle árabe sin mayor esfuerzo. En el mundo árabe no queda un solo gobernante dotado del aura carismática de líder emancipador, y la frustración sembrada por el fracaso de las primaveras a partir de 2011 opera como un resorte que atrae seguidores a las proclamas incendiarias.

El caso es que nada de esto liberará a la comunidad palestina del aparheid de facto al que se allá sometida. Puede incluso que provoque un endurecimiento de los mecanismos de control israelí y que, en última instancia, caiga en el olvido la solución de los dos estados (si es que no cayó ya). De hecho, en una parte importante de la sociedad israelí, tal asunto se da por amortizado, ni siquiera lo mencionan los partidos enfrascados en una crisis institucional sin salida para formar Gobierno y el partido de los árabes con nacionalidad israelí apenas tiene eco internacional. Pero la crisis subsiste y es susceptible de empeorar a poco que alguien prenda la mecha.

 

 

Nuevos riesgos de bloqueo

Llegados al gran día sin que se desvanezca la sensación de bloqueo, la mayor esperanza reside en que las urnas desmientan la casi unanimidad de las encuestas y alguien destaque por encima de los demás lo suficiente como para armar una mayoría parlamentaria estable y suficiente que saque la gobernanza de España del callejón sin salida en la que anda instalada. Ante una situación insólita, solo un desenlace electoral inesperado puede activar de nuevo los circuitos del pacto; ante un aumento alarmante de la extrema derecha, solo la determinación de las otras derechas de no pactar con Vox puede contribuir a aclarar las cosas, aunque ahora mismo carece de justificación pensar que el PP y C’s pueden adoptar la profiláctica medida de levantar un cordón sanitario que aísle al neofranquismo. Ante la más que posible repetición del reparto de papeles en la izquierda, solo una reflexión sin prejuicios de los aparatos del PSOE y de Unidas Podemos puede sacar la gobernabilidad del atolladero y allegar algunos aliados parlamentarios a la causa para completar la mayoría.

A partir del debate del día 4 se ha repetido la música del doble enfrentamiento: entre los bloques de izquierda y de derecha y en el interior de cada bloque, con la certidumbre más que asentada de que, caso de sumar, las derechas limarán sus contradicciones internas para hacerse con el poder y las izquierdas, en cambio, pueden enzarzarse en una nueva discusión interminable sobre programas, legitimidades, fidelidad a los principios y otras variables imprevisibles. Dicho de otra forma: la propensión a la crítica exhaustiva de la izquierda tiende a poner en riesgo la posibilidad de asumir contradicciones y acogerse al pragmatismo. Eso es, al menos, lo que se desprende de los discursos de la campaña a ambos lados de la divisoria.

Alienta en esta situación de enconamiento del debate de las izquierdas el objetivo del PSOE de dar continuidad al llamado régimen del 78 –una simplificación bastante tosca de la nueva izquierda sobre los términos en que se produjo la restauración democrática que siguió a la muerte del dictador– y el de Unidas Podemos de impugnar el pacto político que dio como resultado la institucionalización de una monarquía parlamentaria. Un terreno de juego en el que los independentistas catalanes se sienten particularmente cómodos al lado de los impugnadores en igual o mayor medida que se sienten acosados por el constitucionalismo socialista, un dato ineludible y fundamental en la crisis en curso en Catalunya, núcleo central de la campaña: para quienes la Constitución es un corsé asfixiante, solo es posible entenderse con quienes comparten que se trata de un modelo superado.

Después de la mezcla de manifestaciones pacíficas y noches violentas en Barcelona y otras ciudades, el endurecimiento verbal del Gobierno en funciones era más que previsible, urgido a contrarrestar las arremetidas de las derechas y a salvaguardar la vigencia de la Constitución y del Estatut. Al mismo tiempo, Unidas Podemos ha podido sortear el momento con una crítica sin reservas a los violentos, pero ha podido, también, soslayar la ambigüedad o la incomparecencia de una parte significativa de las autoridades catalanas para buscar algún atajo negociador, si es que tal cosa existe. Media un abismo de ahí a concluir que el ethos podemita es poco menos que el de un partido antisistema, pero no hay duda de que la diferencia de comportamientos tiene tal entidad que complica enormemente dar con un punto de encuentro que permita a la izquierda constituir una mayoría suficiente.

En la práctica, resulta relativamente sencillo para el bloque de la derecha desentenderse de los matices entre los diferentes independentismos, mientras que a la izquierda la condicionan de forma sustancial. La reacción a la sentencia en el mundo soberanista catalán ha quedado bastante lejos de la unanimidad porque el fraccionamiento de este bloque se oculta tras un telón de unidad apenas aparente que se rasga varias veces todos los días, singularmente cuando los incendiarios marcan la agenda y, como ha escrito Juan José López Burniol, cuando la calle prevalece “sobre las instituciones catalanas y, más aún, sobre las españolas, a las que los independentistas y asimilados no conceden ni el beneficio de la duda”.

Rescatar del debate político –del de campaña, tan ruidoso, parece imposible; de las redes sociales, también– las entelequias –el derecho a decidir– y las exageraciones grandilocuentes –aplicación de la ley de seguridad nacional o del artículo 155 de la Constitución– es prioritario así en Catalunya como entre las fuerzas que la madrugada del lunes se verán en la obligación de buscar puntos de encuentro. Como sostienen los negociadores avezados, lo primero que hay que hacer en una negociación es saber que en algún momento se habrá de renunciar a aquello que la otra parte no aceptará ni puesta boca abajo, y será necesario hacer concesiones, aunque duela hacerlas. Saben positivamente los independentistas más esclarecidos que estas son las reglas y lo saben igualmente quienes se sentarán al otro lado de la mesa si algún día la calle enardecida y los agit-prop dejan de calentar la atmósfera con su programa máximo irrealizable.

Tal aproximación al realismo afectará seguramente a la compleja relación de amor-odio que con frecuencia envuelve las riñas entre el PSOE y Unidas Podemos. Pero para que  se imponga entre ellos el realismo, hace falta que primero se dé un vuelco esencial, como señala López Burniol en su artículo en La Vanguardia: “Ante esta situación [la calle en ascuas], solo cabe esperar que, pasado un tiempo, los ciudadanos perciban el alcance de los perjuicios que este enfrentamiento les irroga y acepten una transacción ahora imposible. Aunque es cierto que, si apareciese un líder con coraje para decir la verdad, este plazo podría abreviarse. Pero ¿dónde está este líder?”

La pregunta es fundamental. Sin un líder desvinculado del fundamentalismo de Waterloo no es posible abrazar el realismo, buscar una transacción y salvaguardar la imagen de las partes en conflicto, algo esencial para que entre las izquierdas y entre el independentismo no surja de inmediato alguien con un memorial de agravios bajo el brazo dispuesto a dinamitar el posibilismo. Irreductibles los habrá siempre, porque son imposibles las transacciones por unanimidad entre polos enfrentados, pero este es el precio que deben pagar los negociadores dispuestos a renunciar a su programa máximo para sanear el clima social. En la tradición intelectual y política de la izquierda el concepto de correlación de fuerzas lleva inevitablemente a esa búsqueda del punto intermedio para no quemar las naves en un gesto de heroísmo infructuoso.

Por lo demás, resulta cansino y extremadamente repetitiva la profusión de eslóganes de campaña a ambos lados de la izquierda que persiguen subrayan con tinta roja las desavenencias, muchas de ellas históricas, entre los herederos del socialismo y los del acervo comunista, ambos bastante menos monolíticos de lo que parece. Pretender que no hay un punto de intersección en el que se crucen ambas corrientes para cooperar en las instituciones resulta tan inconsistente como olvidar que en ayuntamientos y comunidades autónomas tal colaboración es posible (con tensiones o sin ellas). Las querellas de la izquierda son tan antiguas como la izquierda misma, pero el espectáculo ofrecido por Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus aparatos respectivos refleja una hostilidad que ni siquiera las diferencias programáticas justifican. Si las encuestas aciertan, ambos se necesitarán la madrugada del lunes y no es un requisito indispensable que se caigan simpáticos para que sean capaces de sacar al país del atolladero y quizá de serenar los espíritus en Catalunya.