China y Estados Unidos oscurecen el futuro

La sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP) que se desarrolla en Pekín ha dejado al descubierto en toda su crudeza los efectos de la pandemia sobre la mayor de las economías emergentes, que pretende disputar la hegemonía a Estados Unidos, y el agotamiento del modelo resumido en el enunciado un país, dos sistemas. Por primera vez en casi 30 años de crecimiento a toda máquina, un primer ministro, Li Keqiang, ha renunciado a fijar un objetivo de crecimiento y, al mismo, se ha remitido a la aprobación de una ley de seguridad nacional para encauzar la crisis política en Hong Kong, acabar con la movilización secesionista y preservar el vigor de las finanzas en la antigua colonia británica.

¿Dos caras de una misma moneda o los problemas en Hong Kong son solo una preocupación menor? Seguramente, no porque la inmediata reacción de Estados Unidos a la eventual contracción de los derechos políticos de los hongkoneses vaticina nuevos motivos de tensión, con la más que probable afectación de las relaciones comerciales entre los dos países, sometidas a un régimen permanente de ducha escocesa. Basta tener presente que, en el mejor de los casos, la economía china crecerá en 2020 el 1,2%, muy lejos del 6,1% de 2019, según diferentes informes no oficiales recogidos por medios tan prestigiosos como Le Monde y The New York Times. Pero este crecimiento está sujeto a variables tan volátiles como la reactivación de los intercambios con la Unión Europea y el mantenimiento por Estados Unidos de las reglas del juego –proteccionista– acordadas durante la segunda mitad de 2019.

Las reservas expresadas por Lawrence Summers en otoño pasado sobre la consistencia del acuerdo para limitar la imposición de aranceles a los productos chinos en Estados Unidos y viceversa siguen siendo del todo pertinentes. “Hay cuestiones más profundas y más grandes que están frenando la rápida expansión global”, dijo entonces el exsecretario del Tesoro estadounidense, y entre ellas se cuenta sin duda la movilización social en Hong Kong, que hace tiempo dejó de ser flor de un día. Y hace aún más tiempo dejó de analizarse a la luz de sus dimensiones geográficas porque plantea una pregunta cuya respuesta resulta harto complicada: ¿hasta dónde puede dar de sí el experimento chino: capitalismo y globalización pilotados por un partido nominalmente comunista?

Los primeros años de este siglo se hicieron cálculos sobre las necesidades mínimas de crecimiento para que las grandes ciudades chinas absorbieran la mano de obra procedente del campo. La conclusión más compartida fue que por debajo de un crecimiento anual del 7% era poco menos que imposible que el mercado laboral diese cabida a los flujos migratorios. Es innecesario subrayar que las estadísticas de expansión de la economía para el año en curso quedarán muy por debajo de las necesidades y pueden empeorar sin remedio si rebrota la guerra comercial. De momento, el presidente Donald Trump ha adelantado que “actuará con fuerza” si la ANP aprueba la ley de seguridad.

La reacción de Trump confirma aquello que el profesor Daniel Innerarity analiza en Una teoría de la democracia compleja: la simplificación de los desafíos y la ineficacia y los riesgos que ello entraña. Al mismo tiempo, los problemas que afronta el modelo chino obligan a plantear una vez más en qué momento capitalismo y dictadura se convierten en realidades incompatibles. O, quizá, es preciso preguntarse por la necesidad que tiene el capitalismo de asentarse en regímenes deliberativos, a partir de un determinado estadio de desarrollo, mediante un pacto social que permita gestionar las tensiones sociales. Se trata de una cuestión que afectará directamente a la configuración de un nuevo mundo bipolar con un marco de referencia sustancialmente diferente al de la guerra fría.

Algunas señales de alerta están ahí, propiciadas por la gestión y la salida de la pandemia. Mientras el Gobierno de Estados Unidos insiste en que no le concierne comprometerse en nada que no responda a los intereses inmediatos del país, China multiplica sus gestos de complicidad –en apoyo de la OMS, suministrando material sanitario, embozando a los participantes en la ANP– y asistencia a la comunidad internacional. Con el efecto añadido de mejorar la imagen de un sistema autoritario, subrayar su eficacia y contrarrestar a los críticos. Que tal proceder neutralice las dudas sobre el recuento de muertes en China, el secretismo con que abordó el contagio del virus durante las primeras semanas y otras zonas oscuras de la crisis en curso, es algo que está por ver, pero, por el momento, la gestión china de la pandemia entusiasma a los partidarios confesos o encubiertos de las soluciones autoritarias.

Claro que el fenómeno es extrapolable a la fortuna que cosecha el apoyo de Trump a quienes se movilizan en Estados Unidos contra el confinamiento y las restricciones económicas. El entusiasmo patriotero de los manifestantes de Núñez de Balboa, envueltos en la bandera y difundiendo sandeces, se inspira en el nacionalismo, asimismo abanderado y ágrafo, de cuantos invocan los derechos individuales como gran y único argumento para comportarse como les plazca aunque pongan en riesgo la salud y la vida de sus compatriotas. Y esta escuela estadounidense de la desobediencia en nombre de los derechos del individuo –del individualismo exacerbado y de la cultura de frontera de los pioneros– se transmite a otros lugares mediante una emergente retórica ultraconservadora.

Ni el régimen chino y ni la Administración de Donald Trump son espejos en los que las democracias deban mirarse. Los dos modelos pugnan por contaminar el futuro con propuestas incompatibles con la sensatez y los equilibrios sociales, y ambos han convertido la recuperación económica en la gran ocasión de reclutar adeptos a su causa. El mayor problema para China es que, a causa de la pandemia, ha dejado de controlar algunas de las variables económicas que hicieron posible el milagro de su crecimiento imparable, y el mayor desafío para Estados Unidos es gestionar una economía con 40 millones de parados, cuyo futuro se oscurecerá aún más si el proteccionismo impuesto por la Casa Blanca y su oposición a ampliar las ayudas sociales se mantiene sin correcciones. El economista Paul Krugman lo ha resumido en muy pocas palabras: “Tras haber condenado ya a decenas de miles de ciudadanos a una muerte innecesaria, Trump y sus aliados se disponen a condenar a decenas de millones a privaciones innecesarias”. Estamos en el primer acto de la tragedia.

Conurbaciones vulnerables

Un artículo publicado en Politico.com induce a multiplicar los temores sobre las disparatadas políticas de personajes como Donald Trump y Jair Bolsonaro frente al desafío de la pandemia del covid-19, pero también desnuda el comportamiento reprobable de minorías que, como sucede en Madrid (calle Núñez de Balboa) creen llegado el momento de hacer realidad un estúpido retorno al pasado. Los autores del trabajo subrayan la vulnerabilidad demostrada de las conurbaciones con una densidad de población muy elevada, estructuras sociales y económicas especialmente adecuadas para la propagación de la enfermedad al extremo, aventuran, de que la pandemia puede ser un factor importante en el comportamiento futuro de los flujos migratorios desde regiones rojas-muy densas (alta incidencia del coronavirus) a regiones verdes-menos densas (baja incidencia del mal).

El punto de partida de su análisis es que la pandemia y la anunciada “nueva normalidad”, sin que se sepa muy bien en qué consistirá, no introducirá solo cambios en cómo vivir, sino en dónde vivir. El planteamiento induce a la reflexión frente a la realidad de cifras como esta: el 60% de la población mundial vive en áreas urbanas densamente pobladas, que Parag Khanna y Kailash K. Prasad, del Centre for Policy Research, describen como verdaderas “placas de Petri para la propagación de enfermedades contagiosas” (las placas de Petri son dispositivos circulares de cristal para realizar cultivos en laboratorio). O como esta otra: el índice de expansión de la covid-19 en la ciudad de Nueva York fue cinco veces mayor que la media en Estados Unidos.

El gran problema que se planea es que la futura ciudad sostenible, aquella en la que ningún ciudadano tenga nada esencial a más de quince minutos a pie desde su casa, está bastante lejos de la aldea global, entendida esta como un sistema de ciudades densamente pobladas, que concentran el grueso de los recursos –capacidad de invertir, inteligencia, diversidad y sistemas de comunicación–, inseparablemente asociados al modelo social y al crecimiento económico de los intercambios globales. Basta contemplar las imágenes nocturnas del hemisferio norte que envían los satélites para concluir que efectivamente el mundo desarrollado, las economías emergentes y las que aspiran a serlo descansan sobre un sistema de ciudades: cada punto brillante es el centro de un área de influencia articulada a partir de las convenciones, las necesidades, las servidumbres y los costes de la cultura urbana.

Cada vez que los profetas del desconfinamiento para salvar la economía apoyan desde el púlpito el restablecimiento ilimitado de la actividad provocan un aumento de los costes de la cultura urbana o, por lo menos, corren el riesgo de aumentarlos en forma de más personas contagiadas y más vidas en peligro. La opinión expresada por el escritor estadounidense Richard Ford acerca de la personalidad del presidente de su país –“Donald Trump es un analfabeto funcional”– es o no posible que se corresponda con la realidad y sea aplicable a otros mandatarios, pero lo que sí es seguro es que su comportamiento es el propio de un irresponsable al que guía la sola idea de complacer a sus seguidores o, al menos, a una parte de ellos para llegar al 8 de noviembre con posibilidades ciertas de seguir en la Casa Blanca, algo que tiene poco ver con el combate contra la enfermedad.

¿Son previsibles grandes cambios demográficos en el próximo decenio? ¿Puede la escuela trumpiana contaminar las decisiones de instituciones y políticos guiados hasta ahora por la prudencia? ¿Hay riesgo de que el imperativo moral de salvar vidas se tambalee en algunos entornos? Tales preguntas forman parte del presente en igual o mayor medida que los informes de los epidemiólogos, la intranquilidad de los ciudadanos y la improvisación de los gobernantes, obligados con harta frecuencia a acogerse al método del ensayo y el error y a tomar decisiones no exentas de incertidumbre. Y no ajenas en muchos momentos a los equilibrios políticos y al reparto de cuotas de poder que todo lo enturbian.

La población mundial en 1950 sumaba 2.500 millones de habitantes, de los que solo el 30% vivían en ciudades; hoy supera los 7.700 millones de habitantes, de los que el 60% viven en ciudades. Es decir, en 70 años, los residentes en ciudades han pasado de 750 millones a más de 4.600 millones. El salto en el orden de magnitud es espectacular, el poder de atracción de las grandes conurbaciones no deja de crecer y la fijación de estándares de progreso material y confort relacionados con las sociedades urbanas ha pasado a formar parte de la cultura popular, al mismo tiempo que estas mismas conurbaciones son con frecuencia cobijo de desigualdades lacerantes, un dato por demás relevante porque tales desigualdades acrecientan la vulnerabilidad urbana en cuanto se da una situación como la pandemia en curso y, allí donde lo hay, colocan el pacto social al borde del abismo.

El artículo de Khanna y Prasad llega a una conclusión inquietante: “La humanidad ha pasado los últimos siglos estableciéndose en ciudades densas en las latitudes templadas y tropicales. La pandemia actual es solo una razón más por la que quizá la humanidad ha alcanzado un punto de inflexión”. Las implicaciones asociadas a este hipotético punto de inflexión interesan todos los aspectos del modelo social hegemónico y parecen indisolublemente relacionadas con la mayor de las crisis de presente y de futuro: la emergencia climática. Porque si el riesgo de contraer el virus es mayor en una gran ciudad que en ningún otro lugar, el cambio climático subraya la necesidad de realizar cambios sustanciales en el modelo urbano. Dar con la vacuna contra la covid-19 es tan importante como revisar la viabilidad futura de las grandes ciudades.

 

 

Choque institucional en la UE

La determinación del Banco Central Europeo (BCE) de seguir con el programa de compra de deuda “sin inmutarse”, fórmula empleada por su presidenta, Christine Lagarde, hace temer un choque institucional con el Tribunal Constitucional de Alemania, que el pasado martes sentenció que el banco se extralimitó en sus funciones a partir de 2015 al aplicar el programa diseñado por Mario Draghi. Los jueces alemanes obligan a revisar en un periodo de tres meses los términos de la compra de deuda y a justificar su necesidad, y aunque aclara la sentencia que tal exigencia no afecta a las iniciativas del BCE a raíz de los efectos económicos de la pandemia, el solo hecho de amenazar con la posibilidad de que el Bundesbank se retire del programa de compra de deuda complica enormemente la solidez de la arquitectura institucional del Eurogrupo. Un signo de debilidad que agrava la pretensión de hecho del Constitucional alemán de situar sus sentencias por encima de las del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE), que en su día dio por buena y ajustada a derecho la estrategia de compra de bonos promovida por Draghi.

El tono desafiante de Lagarde –“los bancos centrales, incluido el BCE, se guían por su mandato, por lo que haremos todo lo necesario para cumplirlo”– para responder a la doctrina no menos desafiante del tribunal alemán pone sobre la mesa una vez más el conflicto entre soberanías, tradiciones políticas y la compleja configuración de un espacio político europeo que levanta ampollas en muchos estados. Alemania no es una excepción, invocados reiteradamente sus demonios familiares por algunos de quienes recurrieron al Tribunal Constitucional, caso de Alternativa para Alemania (nacionalismo populista ultra). Porque con independencia de los aspectos técnicos del caso juzgado, el criterio de los jueces responde al miedo atávico a la inflación y a la añoranza de la autonomía monetaria antes de la existencia del euro. Pero la repercusión de la sentencia va más allá: si un tribunal constitucional nacional se comporta como una instancia superior al TJUE, ¿cuánto tiempo pasará hasta que lo haga otro por un asunto relacionado, por ejemplo, con el ejercicio de algún derecho fundamental?

Hay demasiadas razones para temer que más temprano que tarde se dé una situación de esta naturaleza. En términos generales, la estrategia de la extrema derecha europea se orienta a deslegitimar las instituciones de la UE en nombre de la soberanía nacional o, peor aún, se encamina hacia un horizonte de oportunismo militante: aceptación de aquello que casa con los programas nacionales e impugnación de aquello que no cuadra con ellos. Los gobiernos de Hungría y Polonia están en una situación privilegiada para hacer escuela en este sentido, y otros socios de la UE pueden seguir sus pasos sin mayores remordimientos. Dicho de otra forma, las cesiones de soberanía asociadas a la pertenencia a la UE resultan cada vez menos admisibles para un conglomerado de euroescépticos y eurófobos.

De forma que quizá no sea la más preocupante la línea de fractura entre norte y sur, entre Alemania y su área de influencia política y doctrinal, y el flanco mediterráneo, sino esa otra que divide a los Veintisiete entre europeístas con grandes dosis de realismo y socios con una idea meramente instrumental de Europa, sin mayor proyecto político de futuro para la UE que limitarlo al máximo. Es esa una división que en gran medida se ve favorecida por los desmesurados costes sociales que tuvo la salida de la crisis de 2008 y que pueden repetirse ahora, corregidos y aumentados, con la congelación de la economía obligada por la pandemia. Basta prestar atención a las expectativas para 2020, de una radicalidad desconocida, para esperar que, según sean el comportamiento y el compromiso institucional europeos, crezca más o menos la desafección hacia la UE en opiniones públicas muy castigadas y desorientadas por el descalabro en curso.

El problema planteado entre tribunales no puede verse solo bajo el prisma jurídico. No se trata de recordar la frase del poeta latino Juvenal, “¿quién vigilará a los vigilantes?”, en este caso, ¿qué tribunal tiene en la UE la condición de última instancia?, sino plantear otra pregunta de naturaleza política: ¿la simple pertenencia a la UE obliga a acatar cuanto de la institución procede o caben los juegos de manos interpretativos según convenga? La profesora de la Universidad de Columbia Katharina Pistor sostiene que la sentencia del Constitucional alemán parte de la idea de que toda cesión de soberanía hecha sin la aprobación expresa del Parlamento “equivale a una violación del derecho individual de voto”, un punto de vista muy restrictivo que ha guiado a los jueces y que, de hacerse extensivo a otros ámbitos, dislocaría por completo la planta institucional de la UE.

Lo menos que puede decirse de la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania es que sienta un mal precedente para la cultura política europeísta y proporciona asideros a cuantos pretenden relativizar la idea de Europa. Se materializa así uno de los temores más vívidos de George Steiner en La idea de Europa: “La pesadilla de la historia europea”. Tal mal sueño se concreta en nacionalismos chauvinistas de todas clases, la pugna sin tregua por la hegemonía cultural y otros fantasmas que reaparecen cada cierto tiempo. Nada nuevo bajo el sol, puede decirse, pero tan preocupante como siempre o quizá más porque ahora los europeos deben afrontar una situación excepcional de la que la UE debería salir más cohesionada que nunca o, por lo menos, menos fragmentada de lo que sus adversarios esperan y de lo que la inseguridad jurídica que provoca la sentencia alemana hace presagiar, según resalta el comunicado difundido ayer por el TJUE. Se trata de un gran reto sin referencias históricas en las que inspirarse.