Irak, una crisis muy envenenada

El recuerdo de la invasión de Kuwait por Irak hace treinta años (2 de agosto de 1990) lleva inevitablemente a la conclusión de que aquella operación desencadenó un proceso de degradación del statu quo en Oriente Próximo que está lejos de haber sido contenido. Aunque quizá sea más adecuado remontarse a 1980, cuando Estados Unidos decidió inducir una guerra entre el régimen iraquí de Sadam Husein y el iraní de los ayatolás para contener la capacidad de contagio de este último en la región. Las administraciones de Jimmy Carter, muy brevemente, y de Ronald Reagan aceptaron sin decirlo que Sadam desempeñara el papel de aliado necesario en su operación para contener el potencial expansivo de la república islámica y así empezó a descoyuntarse todo el sistema desde el Mediterráneo oriental hasta el golfo Pérsico.

De esa guerra prefabricada surgieron dos realidades divergentes: la urgencia de Irak de sanear su imagen ante la calle árabe y la comunidad suní y la consolidación efectiva del régimen fundado por el ayatolá Jomeini. Así fue cómo el modelo iraní se despegó en lo que pudo de las tensiones en el seno del mundo árabe y, al mismo tiempo, cómo Sadam puso proa a Kuwait y multiplicó sus ataques verbales a Israel, dos enfoques que obedecieron a un mismo propósito: encabezar la disidencia en el orbe árabe por oposición al posibilismo de Egipto, Jordania, Arabia Saudí y, en general, de las monarquías petroleras.

La historia que siguió es de sobra conocida: Estados Unidos entendió que la seguridad de Israel pasaba por liquidar el régimen iraquí, este le proporcionó con la anexión de Kuwait un pretexto convincente para la primera guerra del Golfo y a partir de ahí Sadam pasó a ser el enemigo público número uno, una de las estrellas del eje del mal –Irán, Irak y Corea del Norte– y el líder condenado a la derrota y a la extinción para salvaguardar el equilibrio en la región. De la segunda guerra del Golfo, cuyo presunto objetivo era llevar la democracia a Mesopotamia, surgió un Irak nuevo, debilitado, habitualmente ensangrentado en una competición sectaria entre comunidades y sometido a la tutela de Estados Unidos. La opinión del general Wesley K. Clark de que el Ejército de Estados Unidos no era “de momento” un ejército imperialista quedó desmentida por los hechos; la incapacidad de Estados Unidos para construir estados se confirmó en todos sus extremos.

Tres décadas después de la invasión de Kuwait sigue vigente el análisis de Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations, sobre la naturaleza de las dos guerras del Golfo, su articulación y consecuencias. En su libro de 2009 War of necessity, war of choice (Guerra de necesidad, guerra de elección), Haass enmarca la de 1991 en la categoría de guerra justa, entendida esta como una operación militar que permitió restaurar el poder legítimo en el emirato de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas y, por el contrario, considera la segunda guerra una decisión adoptada por Estados Unidos y parte de sus aliados, fundamentada en informaciones falsas y sin base legal, se diría que poco menos que destinada a empeorar la situación.

Haass describe la primera guerra de Irak “como necesaria por una doble razón, simbólica y estratégica” y juzga que se vio coronada por el éxito al “alcanzar sus objetivos a un coste relativamente modesto”. En cambio, disiente de cuantos admiten que la segunda guerra no era necesaria, pero la creen justificada por la situación general posterior a la guerra de Afganistán (octubre-diciembre de 2001). Y concluye al criticar la invasión de Irak en marzo-abril de 2003: “El uso de la fuerza militar para expulsar regímenes y construir democracias es simplemente demasiado costoso y demasiado incierto en los resultados para constituir un enfoque sostenible”. Una opinión especialmente valiosa porque lo es de un experimentado analista que colaboró con las administraciones de los dos presidentes Bush.

La realidad es que Irak es hoy un Estado al que no se le puede aplicar el calificativo de fallido, pero que carece de la cohesión política y la estabilidad social mínima necesaria para prescindir de la custodia de Estados Unidos. No solo a causa de la fragmentación entre chiíes, suníes y kurdos, más otras minorías menos conocidas, sino por la capacidad de deterioro de cualquier situación a causa de contradicciones no resueltas y rivalidades históricas que se remontan a la creación del reino de Irak en 1932. Para precisar cuál es el alcance de la degradación del Estado basta comparar las cifras en sanidad, educación y otros apartados anteriores a la primera guerra, las que siguieron a esta y las posteriores a la segunda guerra: resulta que las de la dictadura vesánica de Sadam eran mejores, aun siendo modestas.

Nada en el presente supera al pasado, y para muchos autores ni siquiera la primera guerra debió ver la luz, convencidos como están de que el casus belli hubiese podido desarmarse mediante algún tipo de componenda regional en forma de créditos para Irak, que efectivamente salió muy endeudado de ocho años de guerra con Irán, y la subsiguiente restauración de la monarquía en Kuwait. El testimonio del periodista Robert Fisk resulta demoledor: “Bush habló de las decenas de miles de oponentes de Sadam Husein que habían sido arrestados, encarcelados, ejecutados sumariamente, torturados –‘todos estos horrores le fueron ocultados al mundo por el aparato de un Estado totalitario’–, pero no mencionó que esas mismas palizas, quemaduras, descargas eléctricas, mutilaciones y violaciones se perpetraban también sin ningún problema cuando Estados Unidos mantenía buenas relaciones con Irak, antes de 1990, cuando los servicios secretos del Pentágono enviaban información a Sadam para ayudarlo a matar más iranís”.

Puede decirse que Irak ha sido sacrificado varias veces en el altar de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y del pensamiento hegemónico en las cancillerías árabes. Nada hay en el rastro dejado por tres guerras en la historia reciente de Irak que permita tener confianza en el futuro. Antes al contrario, el país parece condenado a un sometimiento permanente, a soportar unas instituciones desprestigiadas y venales, con el riesgo permanente de verse utilizado en un entorno que tiende a la volatilidad. Esos han sido los frutos de la siembra de la democratización a cañonazos diseñada por los neocon incrustados en la Administración del presidente George W. Bush, de la que alguno de sus colaboradores, entre ellos el general Colin Powell, se arrepintieron en público cuando la situación era ya irreversible por demasiado envenenada.

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Punto de inflexión en la UE

El acuerdo alcanzado el martes por los estados miembros de la Unión Europea sobre la cuantía y distribución del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros tiene un carácter refundacional. Aunque suene a tópico, nada será igual a partir de ahora por un cúmulo de razones que van de la cuantía de la operación, más de la mitad en forma de transferencia no reembolsables, a la momentánea consolidación de un nuevo frente de prósperos socios recelosos –los frugales– que discuten al eje franco-alemán, a Italia y a España el enfoque dado a la salida de la crisis económica desencadenada por la pandemia. Con dos innovaciones especialmente relevantes: la mutualización por primera vez de deuda europea y el aumento del cheque compensatorio para los países que son contribuyentes netos.

No menos reseñable es el hecho de que Alemania ha sabido sacar provechosas enseñanzas del disparate cometido a partir de 2010 con los programas de austeridad puestos en marcha para afrontar la crisis financiera. Se trata de un cambio trascendental que insinúa una mayor convergencia de la primera economía europea con el enfoque de la crisis dado por el Banco Central Europeo en tiempos de Mario Draghi y mantenido por Christine Lagarde. Se trata de un salto cualitativo que lleva a Stephen S. Roach, de la Universidad de Yale, a “reexaminar el importante foso entre un dólar sobrevalorado y un euro infravalorado”. Dicho de forma sucinta, es previsible una revaloración de la divisa europea con respecto al dólar.

Lo que más destaca Roach es que, por fin, la unión económica y monetaria descansa sobre tres pilares: una moneda única, un banco central y, gran novedad, un compromiso creíble en la vía de una política presupuestaria unificada con objetivos comunes (la economía digital y la transición verde). En todo ello ve el profesor elementos de solvencia de los que carece la errática política puesta en marcha por el presidente Donald Trump, que siembra la confusión económica mientras avanza la enfermedad fuera de control en demasiados estados. Algo en lo que abunda Lucrezia Richlin, de la London Business School, que pronostica para el futuro inmediato de la UE un cambio de paradigma: la discusión dejará de centrarse en los riesgos de la mutualización de la deuda y las transferencias fiscales para ocuparse de un “progreso genuino” de la unión fiscal.

Estas opiniones, ajenas a la confrontación política dentro de cada Estado de la UE, hace aún más incomprensible la opinión del PP de que lo acordado en Bruselas después de largas y arduas negociaciones es un rescate. Lo dijo Pablo Casado en el Congreso, quizá para asimilar la situación al rescate bancario –60.000 millones– negociado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es por lo menos arriesgada tal comparación cuando más de la mitad de los 140.000 millones que corresponden a España del fondo de reconstrucción serán subvenciones y el resto, créditos a muy largo plazo –amortización a partir de 2027 y por un periodo de 30 años– a los que el país puede o no acogerse. Y resulta no menos sorprendente el disgusto del PP cuando la condicionalidad de las ayudas se refiere a la solvencia y oportunidad de los programas que cada Estado ponga en marcha y no a una exigencia precisa y concreta de reformas, eufemismo utilizado en el pasado para encubrir recortes en las políticas sociales.

Sería insensato deducir de todo esto que no habrán que adaptarse todos los estados a cierto grado de exigencias y directrices procedentes de Bruselas, pero hablar de rescate es faltar a la verdad, entre otras razones de índole meramente técnica porque es imposible tal cosa con los dos socios comunitarios más dañados por la pandemia –Italia y España–, porque son demasiado grandes y su interrelación con las grandes economías europeas es demasiado determinante para que un rescate fuera posible. Es este un dato esencial, algo que nadie pone en duda y que solo se hace entendible con la brega política a corto plazo.

Se ajusta bastante más a la realidad el análisis de Carlos Santamaría, del Eurasia Group: la UE ha llegado a un acuerdo para salvarse a sí misma. O lo que es lo mismo, hubiese sido ruinoso levantar las negociaciones en el Consejo Europeo sin haber llegado a un acuerdo. No solo por los efectos inmediatos que habría tenido, sino porque, en la práctica, habría dejado a Europa en caída libre en un agujero sin fondo. Con el pacto, seguramente los frugales se han enfundado el uniforme que durante años fue privativo del Reino Unido, pero ese era un precio inevitable y, además, el holandés Mark Rutte y compañía pueden asumir el papel de guardianes de la ortodoxia, pero carecen del poder de impugnación que tuvieron Margaret Thatcher y sus sucesores.

Como se ha repetido con bastante frecuencia estos días, más temprano que tarde se deberá abrir en el marco europeo el debate sobre la necesidad de cancelar los paraísos fiscales –Holanda, Irlanda y Luxemburgo–, de acabar con el dumping fiscal que perjudica a la mayoría y solivianta a los escrupulosos gestores de sistemas tributarios tan rigurosos como los de Austria, Dinamarca y Suecia. Puede decirse que en esta discusión demasiado tiempo aplazada, el frente frugal tendrá graves problemas de cohesión interna.

En última instancia, al sumar y restar lo acordado es difícil rehuir la sensación de que el 21 de julio marcó un punto de inflexión trascendental en la UE y que, aunque toda comparación es odiosa, el new deal establecido en Bruselas puede asemejarse, sin entrar en detalles, con el programa de Franklin D. Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la ruina causada por la gran depresión. Ni las condiciones son las mismas ni lo son tampoco las herramientas puestas a disposición de los estados ni los desafíos de futuro, pero en todo lo discutido y decidido cabe detectar, siquiera sea en pequeñas dosis, una suerte de rescate moral de las conciencias ante la gigantesca crisis social provocada por el covid-19. Perseverar en la austeridad hubiese sido para la Unión Europea una forma de suicidio colectivo.

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Trump acumula malas noticias

Una sobrina del presidente de Estados Unidos vendió el jueves casi un millón de ejemplares de su libro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo). El título del trabajo de Mary Trump es poco menos que una declaración de principios o de propósitos, muy en la línea de otros libros que tratan de desentrañar, con más o menos rigor expositivo, el perfil psicológico y los impulsos que mueven al inquilino de la Casa Blanca. Es un libro más dentro de un subgénero, los ensayos de consumo –usar y tirar–, dedicados a Donald Trump, que seguramente dará más de qué hablar que otros por la proximidad siquiera genealógica de la autora con el personaje sujeto a escrutinio.

Un artículo del nobel Paul Krugman en The New York Times vaticina un cataclismo social inminente a causa de la errática gestión de la pandemia, la ligereza con la que la presidencia ha impuesto y levantado los confinamientos y la expansión de la enfermedad en todas direcciones. Teme con cifras el economista que la debilidad de los mecanismos de protección social y las ayudas a los desempleados sean insuficientes, y temen muchos de sus colegas de profesión que la lluvia de dólares decidida por Trump para evitar el colapso de la economía sea insuficiente o se malbarate a causa justamente de una expansión incontrolada de la enfermedad causante de la crisis económica. Krugman aporta, en este sentido, un dato perturbador: el estado de Florida suma una media diaria de muertos superior a la de toda Europa a pesar de tener una población equivalente a la vigésima parte de la europea.

Las encuestas se han desplomado desde que la enfermedad se manifestó en toda su crudeza. La media de todos los sondeos atribuye al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, entre 11 y 13 puntos de ventaja sobre Trump, que ha despedido a su jefe de campaña, soslayando el hecho de que ni el mejor y más experto de los estrategas tiene en sus manos neutralizar el impacto emocional diario del recuento de fallecidos y de nuevos contagios. Según varios estudios del Pew Center, cambia progresivamente la opinión de una parte importante del electorado republicano acerca de la gestión de la pandemia, algo que subrayan los análisis demoscópicos en todos los swing states (estados indecisos u oscilantes), en los Biden gana a Trump. Es solo una tendencia, pero muy relevante, porque en 2016 el candidato republicano ganó en todos ellos.

A estos datos que configuran la actualidad debe añadirse el ruido de fondo de una parte del Partido Republicano, que teme encarar la cita del 3 de noviembre en una situación de debilidad extrema, sobre todo si se da el caso de que un medio disponga de los documentos que acrediten el comportamiento fiscal de Trump. Aunque en principio este material solo puede ponerse a disposición del Congreso, pero no hacerlo público, y posiblemente su difusión desencadenaría una batalla legal, hay suficientes precedentes en la historia de Estados Unidos para pensar que incluso es posible su publicación con respaldo judicial. Algunos acreditados analistas sostienen que en nombre de la transparencia y del derecho del contribuyente a estar informado, acaso puedan revelarse las cuentas particulares del ciudadano y empresario Donald Trump.

Es decir que no solo el coronavirus puede costarle el puesto al presidente, sino que otros factores coincidentes con la pandemia –las opacas relaciones con Rusia siempre están ahí– son potenciales elementos desestabilizadores de una campaña que hasta ahora transita en el filo de la navaja. Pero de ahí a dar por políticamente amortizado a Trump media un mundo. Hace cuatro años era bastante habitual preguntarse si podía ganar Trump, como si el candidato elegido por los republicanos no pudiese derrotar a Hillary Clinton, representante del establishment político estadounidense, y no solo del Partido Demócrata. La derrota entonces de la favorita probó que todo es posible cuando vota una sociedad muy dividida, una clase media dañada por los costes sociales de la salida de la crisis financiera y un universo político muy conservador en las entrañas de la nación que vivió la presidencia de Barack Obama como una vulneración de su forma de vida.

¿Qué tiene Trump a su favor? La fidelidad de la llamada América profunda a su apostolado ultraconservador, la sensación para muchos de que uno de los suyos ha llegado a la Casa Blanca y no caerá en experimentos políticos importados –la sanidad universal, el control de armas y otros apartados– ni “se meterá en sus casas”, como dijo un joven ciudadano de Montana en un reportaje de la CNN. Trump tiene a su favor todo aquello que adopta el aspecto de una rectificación del reformismo moderado de Obama. Puede que no sea mucho, pero ninguno de los disparates cometidos por la Casa Blanca, de los errores encadenados y del desorden en el Gobierno empaña esta sensación entre los seguidores de la senda trumpiana. El alto grado de disciplina electoral que se atribuye a los votantes del presidente parte de este fundamento: él ha cumplido con la promesa de hacer exactamente lo contrario de cuanto guió los pasos de Obama.

El problema está en más allá de los adeptos, de aquellos que en 2016 vieron en Trump a alguien que les podía rescatar de la decadencia, del altísimo precio pagado por algunos estados a causa del auge de las nuevas tecnologías y del ocaso de las industrias tradicionales. El problema para el presidente reside en retener a sus votantes accidentales, a aquellos que no han visto mejorada sustancialmente su situación a pesar del auge económico y hoy forma parte de los sectores sociales golpeados por los efectos demoledores de la pandemia en la economía, a aquellos defraudados por la gesticulación de un presidente incapaz de afrontar con realismo y compromiso social el combate contra la enfermedad.

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La monarquía, en la encrucijada

Nunca la Corona había pasado por una situación de desgaste y vulnerabilidad tan manifiesta desde la restauración de la monarquía en 1975. Las comisiones o regalos, o quizá ambas cosas al mismo tiempo, percibidos por el rey emérito y de nuevo regalados o transferidos o adjudicados a Corinna Larsen, “amiga íntima” de Juan Carlos I en palabras de la interesada, sitúan a la institución en el centro de toda clase de sospechas, alimentadas por la reacción de las justicias suiza y española y por las diferentes informaciones de una consistencia poco discutible difundidas por medios de comunicación, dentro y fuera de España. Las teorías conspiratorias carecen de sentido una vez más, cuando los hechos son de una elocuencia sin fisuras.

Las monarquías de los países democráticos han encomendado a la transparencia y a la neutralidad de la institución el anacronismo de un sistema que fía en los caprichos de la genética la máxima representación del Estado. Pero, incluso así, muchas de las monarquías más asentadas han tenido su annus horribilis, como dijo en una ocasión la reina Isabel II, facilitado en muchos casos por cierta sensación de impunidad y por la distancia manifiesta entre los usos de palacio, de todos los palacios, y la vida cotidiana. España no es una excepción a lo que se ve, y además la restauración de la monarquía arrastra el dato inalterable de que fue una decisión del general Franco establecer la sucesión a la jefatura del Estado a título de rey en la persona de Juan Carlos de Borbón y Borbón (decreto del 22 de julio de 1969).

Detener en tal fecha el reloj de la historia resultaría tan capcioso como injusto. Es decir que el Rey, ahora emérito, se desenganchó del Movimiento Nacional y del legado institucional de la dictadura a igual velocidad que los reformistas del tardofranquismo y desempeñó un papel aparentemente crucial en el desenlace del 23-F. Pero transcurridas las décadas e instalada la Corona en la rutina y la inercia como representación máxima del Estado, surgieron las sospechas sotto voce, el caso Urdangarín causó grave daño a la imagen de La Zarzuela, lo mismo sucedió con el episodio del elefante en Botsuana, llegó la abdicación en 2014 y se supo por último la vinculación de Juan Carlos I con la concesión a compañías españolas del AVE a La Meca, propinas mediante. A partir de ahí la tormenta ha arreciado con fuerza inusitada.

Poco queda de aquella idea según la cual España era una república coronada. Es humanamente imposible separar a Felipe VI de la crisis institucional en la medida en que la monarquía se asienta en el vínculo familiar, en la norma sucesoria, en algo tan objetivo como que el hijo de Juan Carlos I era una persona adulta cuando se desarrollaron los acontecimientos, que cabe concretar en una mezcla de tres presunciones: tráfico de influencias, evasión de capitales e impago de impuestos por una cuantía sencillamente mareante. Incluso después de renunciar a la eventual herencia del dinero asociado a la operación en Arabia Saudí, parece vulnerable el perímetro de seguridad armado por el Gobierno, el PP y Vox alrededor de Felipe VI, expuesto a una dinámica judicial y política que está lejos de controlar.

Ese es un precio consustancial a la naturaleza de las monarquías. Si los partidos salen indefectiblemente dañados de los dislates de sus militantes, especialmente si ostentan alguna cuota de poder, las familias reales pagan siempre algún precio por las irregularidades de uno de sus miembros, especialmente si este fue en algún momento el cabeza de familia, con una autoridad y administración absolutas de los asuntos de palacio. En las familias reinantes solo es aplicable una cierta realidad imaginada mientras nada irregular o reprobable trasciende; cuando algo llega a la opinión pública, la imagen idílica se desmorona con estrépito. Así sucedió, por ejemplo, en Holanda cuando se supo en 1976 que el príncipe Bernardo, esposo de la reina Juliana, cobró de la empresa aeronáutica Lockheed una comisión de 1.100.000 dólares por promover ante el Gobierno de su país la compra de un determinado modelo de avión.

Si la investigación en curso no se sustancia en conclusiones concretas, el desgaste de la institución puede ser aún mayor. Por eso resulta sorprendente que un partido declaradamente monárquico como el PP vea intereses electorales en algunas reacciones y que no entienda que el saneamiento de la monarquía solo es posible si nada se oculta bajo la alfombra. Sobre todo porque la actitud protectora de Felipe VI adoptada por el PSOE, cuyo ADN republicano forma parte de su historia, solo se sostiene –ante la militancia, ante sus votantes y ante la opinión pública– si nada se guarda bajo siete llaves. Si tal cosa sucediese, la iniciativa de Podemos de crear en el Congreso una comisión de investigación estaría doblemente justificada: por la magnitud del hecho sujeto a investigación y por la obligación de exigir responsabilidades a quien supuestamente transgredió la ley.

A la densidad del momento solo se puede hacer frente con dosis ilimitadas de transparencia. No será a causa de ella que la institución monárquica saldrá más debilitada; al parecer, Juan Carlos I hizo cuanto estuvo en su mano para erosionar una institución que durante la transición apenas nadie impugnó, conscientes la mayoría de actores políticos de que la alternativa entrañaba demasiados riesgos. Fue aquel un gesto de realismo ineludible para asentar la democracia, pero más de cuarenta años más tarde, en nombre de ese mismo realismo, es insoslayable el esclarecimiento de los hechos. Cuantas más trabas se pongan a las pesquisas en curso, más alto será el precio político a pagar, porque mayores serán las sospechas que, con pruebas o sin ellas, se pondrán en circulación y más ruidoso será sin duda otro debate, el de la forma de Estado, siempre aplazado.

 

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Incógnitas políticas de la pandemia

“El delirio histórico de Trump sobre el coronavirus” al que alude el editorial de The Washington Post del viernes, a cuatro meses justos de la elección presidencial, establece con bastante precisión las razones que han llevado a Donald Trump a hundirse en las encuestas. Y, al hacerlo, dibuja un marco de referencia aparentemente convincente para otros gobernantes que, anteponiendo las consideraciones económicas a cualesquiera otras de orden moral, han propiciado que el censo de bajas crezca de forma imparable. Frente a la idea de la ciudadanía del mundo, desarrollada en su día por el pensador italiano Norberto Bobbio, se han acogido a la ciudadanía nacional, más aún, a la identidad de grupo de sus votantes, para negar la realidad y emprender una huida hacia ninguna parte.

Una huida relativa, todo hay que decirlo, porque junto a una deformación persistente de la realidad, han adoptado costosas medidas para evitar en lo posible el descalabro económico y una crisis social que, aun así, se vaticina desmesurada. El empecinamiento de Trump en sumarse a la movilización de sus seguidores para obstaculizar las medidas de confinamiento y acabar cuanto antes con la congelación de la actividad no ha sido solo un disparate sanitario mayúsculo, sino que ha limitado la eficacia de los recursos federales destinados a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Lo mismo le ha sucedido al primer ministro británico, Boris Johnson, cuyos índices de aceptación decrecen al mismo ritmo que asciende sin parar la cifra de muertos e infectados y se intuye que la consumación del brexit puede tener efectos desastrosos.

El caso de Jair Bolsonaro está en la misma línea, aunque su populismo destemplado erosiona a mayor velocidad su imagen. Solo el 30% de los brasileños considera que el presidente es un demócrata, según una encuesta hecha por Datafolha, el 58% lo percibe como alguien que respeta más a los ricos y el 60%, como un líder autoritario. Aunque logra que sus seguidores le arropen allí donde va, estos son cada vez menos, no solo a causa de los estragos y el miedo causados por la pandemia, sino por los escándalos que zarandean a su Gobierno y por su enfrentamiento permanente con las instituciones. Características del mandatario conocidas desde antes de su elección, pero más visibles cuando el fracaso de la gestión de la crisis ha dejado a la opinión pública en la desorientación más absoluta y a la economía, en caída libre.

Puede decirse que Donald Trump ha sido el guía de esa extraña idea según la cual se puede superar la devastación de la pandemia negando las dimensiones de la emergencia sanitaria. A partir de ahí, sus entusiastas seguidores han establecido pautas de comportamiento adaptadas a sus países, lo que en el caso de Brasil, con un pacto social lleno de carencias, ha implicado una aceleración de la crisis hasta llegar al momento actual, con un presidente progresivamente más aislado y más dispuesto a transgredir el orden constitucional. Cuando medios como O Globo, integrante tradicional del establishment, no pierden ocasión de arremeter contra el presidente, debe interpretarse que la situación es en extremo grave y el riesgo de descalabro, enorme.

El analista Fareed Zakaria sostiene que “los habilitadores republicanos de Trump” son los responsables del estado de la democracia en Estados Unidos. Una opinión que puede hacerse extensiva a otros lugares en los que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de entramados políticos disociados de la realidad o directamente sectarios. Los éxitos de la extrema derecha no obedecen solo a los efectos de la crisis del 2008 en la clase media, a las tensiones sociales enmascaradas por el último ciclo expansivo de la economía o al coste social de la globalización, tan elevado, sino que se deben también a la incapacidad de los partidos conservadores de reaccionar y defender su legado histórico, y al universo socialdemócrata de no plegarse sistemáticamente a las exigencias de los programas neoliberales.

El ciclo empezó con el Tea Party y la colonización neocon del Partido Republicano, siguió con las recetas de austeridad impuesta en la Unión Europea por Alemania y sus acompañantes habituales y culminó con el retroceso de la izquierda en el ecosistema político latinoamericano, lastrada por la corrupción, la ineficacia y los desafíos de una derecha ansiosa de revancha. El coronavirus ha sacado todo esto a la superficie y la incógnita está en saber si el coste de la pandemia llevará aparejado un descenso significativo de la extrema derecha o, por el contrario, las proclamas nacionalistas atraerán nuevas voluntades. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia, su vulnerabilidad “cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje”, de acuerdo con el análisis de Hanna Arendt, citada por Cristina Casabón en un artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2019.

¿El efecto bandera puede favorecer a Trump, Johnson, Bolsonaro y compañía a pesar de sus errores manifiestos? Una respuesta categórica es imposible. Que Joe Biden le saque a Trump en las encuestas una ventaja media de más de nueve puntos, que Johnson responda de forma deslavazada a los requerimientos laboristas y que Bolsonaro siga su particular cruzada contra todo lo que se mueve en su contra no significa que deba traducirse en un cambio a corto plazo de liderazgos políticos, como por lo demás es fácil comprobar en Europa en países como Polonia, donde la extrema derecha sale indemne de las urnas, bien es verdad que sin que el populismo haya secundado allí las extravagancias que Trump ha convertido en guía para adeptos. Hay en este extraño momento tantas variables por despejar que las incógnitas planteadas dan pie a nuevas incógnitas y solo muy de vez en cuando, a respuestas… inevitablemente inciertas.

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