La pandemia siembra la división

Los rebrotes de la pandemia en Europa amenazan con descoyuntar la recuperación económica y con desmoralizar a franjas amplísimas de una opinión pública en la que cunden las dudas, los agravios comparativos, la sensación de ineficacia y, al mismo tiempo, la tendencia a relativizar los riesgos asociados a un cumplimiento laxo de las medidas orientadas a limitar las redes de contagio. La segunda ola se ha convertido en un actor político invisible que lo mismo sirve agravar la división política –España, uno de los casos más reseñables– que para reforzar a un gobernante (Giuseppe Conte), que tanto vale para que alguien se vea obligado a sentarse ante el espejo de sus errores (Boris Johnson) como para que abunde en un sectarismo desbocado (Viktor Orbán). El covid-19 es una amenaza multifuncional que los gobernantes europeos creyeron tener bajo un relativo control a finales de la primavera, pero que se reactivó en verano con fuerza inusitada y amenaza con un otoño tóxico.

Las trifulcas políticas contribuyen de forma decisiva a la relajación de la disciplina social. El comportamiento errático de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es tan perjudicial para que los ciudadanos se atengan al cumplimiento de medidas restrictivas de diversa índole como lo son los profesionales del alarmismo, los negacionistas, los difusores de extravagantes teorías pseudicientíficas y personajes nefastos para afrontar la enfermedad como Donald Trump y Jair Bolsonaro. De tal manera que cada vez es mayor la desorientación ante la falta de resultados y el cruce de puntos de vista contradictorios, cuando muchas veces obedecen simplemente a un cálculo electoral, mientras se disparan las estadísticas, cada día se da un paso más hacia la tensión hospitalaria y toda esperanza se reduce al alumbramiento de una vacuna a la mayor brevedad.

El analista Alexander Friedman, cofundador de la Jackson Hole Economics, va más allá y sospecha que en Estados Unidos “la disparatada cifra de muertos de la pandemia”, por encima de los 200.000, puede contribuir a insensibilizar a una opinión pública capaz de asumir la observación de Stalin: “Un muerto es una tragedia; un millón de muertos es una estadística”. Lo que lleva a Friedman a temer que la insensibilización arraigue en amplias capas de población y que el Gobierno se sienta liberado de su obligación de actuar. Un peligro del que las sociedades europeas no están vacunadas; de hecho cada día son más frecuentes los opinantes que achacan la aparición de los rebrotes en todas partes a la indisciplina social, al comportamiento de los jóvenes y a otras causas ajenas a la actuación de los poderes públicos.

Lo cierto es que una simple aproximación a cifras comparativas, tal como hace Friedman en su análisis, es suficiente. Basta un solo ejemplo: el Ejército de Estados Unidos contabilizó en Europa 104.812 muertos entre el 6 de junio de 1944 (desembarco de Normandía) y el 8 de mayo de 1945 (rendición de Alemania). Las víctimas del coronavirus no son una mera estadística, son una tragedia que desautoriza a quienes la minimizan, a quienes rehúyen pechar con el coste social y político de tomar medidas radicalmente limitativas de la movilidad y creen que es posible salvar la situación con restricciones parciales o simples recomendaciones. Cuantos así encaran el problema dan por supuesto que ser más contundente dañará su futuro político, pero lo sucedido en Italia en las elecciones del domingo y el lunes pasado desarma esa presunción: los votantes de muchos lugares han entendido que el Gobierno ha actuado de forma útil y razonable en una situación endiablada.

La gestión de la pandemia ni admite medias tintas ni posponer medidas que ya son aconsejables hoy. Tampoco admite la descoordinación entre unidades territoriales y entidades políticas como sucede a escala española entre comunidades autónomas y a escala europea, entre estados. Hay bastante unanimidad entre los científicos acerca de qué hay que hacer y en que los trabajos para lograr la ansiada vacuna obligan a observar plazos y cautelas por razones evidentes de seguridad. El resto es una mezcla de ineficacia, propaganda política e incapacidad para fajarse con la realidad. El llamamiento a la coordinación entre gobiernos hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es perfectamente extensible a la realidad española, donde la descentralización sanitaria exige un altísimo grado de responsabilidad a los gobiernos de las autonomías para perseverar en la humildad y no dar lecciones a nadie.

Tampoco deben los gestores de la pandemia dejar de neutralizar la intoxicación informativa y los efectos de lo que la OMS llama infodemia, que define así: “Una sobreabundancia de informaciones –algunas ciertas, otras que no lo son– que complica la tarea de quienes tratan de dar con las fuentes y los consejos fiables que precisan”. Las redes sociales han hecho posible el crecimiento de un conglomerado de informaciones falsas, inexactas, imprecisas, a menudo descabelladas, que requieren de la respuesta autorizada y permanente de los expertos. No se trata de ejercer la censura o de silenciar, sino que es un deber cívico desautorizar aquello que nada tiene que ver con los datos que manejan los científicos. De no cumplirse con esa tarea, se contribuye a que se agrave la desorientación de la opinión pública, sometida a un bombardeo de datos y teorías sin mayor fundamento.

Las investigadoras Françoise Barré-Sinoussi, premio Nobel de Medicina en 2008, y Adeeba Kamarulzaman, especialista del sida, alertan de los riesgos asociados a las falsas informaciones referidas a la pandemia, de determinados tratamientos sin el aval de los epidemiólogos y de la utilización que de este material hacen líderes populistas, narcisistas sin escrúpulos y desaprensivos sin conocimientos. Y al llamar la atención sobre este fenómeno, que con frecuencia adquiere una naturaleza viral en las redes sociales, reclaman alguna forma de combate contra la confusión mientras no deja de crecer el parte de bajas.

Este desafío global no es un juego de estrategia que ganarán los más astutos, los más críticos o los más desacomplejados. La pandemia es un reto a escala universal que requiere un altísimo grado de complicidad entre administradores y administrados, y que no debe buscar en el tratamiento de la pandemia aplicado en otros lugares –China, Corea del Sur– la solución idónea para las sociedades europeas. Dicho de otra forma: el precio de vencer la enfermedad no debe ser que la cultura política europea salte por los aires, no únicamente por razones de estricta higiene democrática, sino porque no hay un solo especialista que defienda tal cosa. Tampoco debe ser el precio a pagar para frenar los contagios un agravamiento de la fractura social que, esta sí, ha erosionado el pacto social en las sociedades europeas y tiende a empeorar. La situación en Madrid es un ejemplo clamoroso.

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El PP, bajo sospecha

La rentrée política se ha emponzoñado a las primeras de cambio con demasiados ingredientes para enfrentar al Gobierno y al PP, para convertir en un crucigrama la formación de una mayoría suficiente capaz de aprobar el presupuesto. La estéril discusión en la que ha derivado la gestión de la pandemia y la secuela de rebrotes –quizá sea la segunda oleada, pronosticada para más tarde– corre el riesgo de quedar oscurecida por el contenido de la causa que se sigue contra responsables del Ministerio del Interior encabezado por Jorge Fernández Díaz, tiempos de Mariano Rajoy.

La pretensión de Pablo Casado de presentar el asunto como “investigaciones judiciales de tiempos muy pasados” apenas logra desvanecer la sensación de que algo huele a podrido y obliga a los populares a producir cortinas de humo. El problema es que el trabajo realizado por el juez José de la Mata y la pretensión de la fiscalía de que se investigue a Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP cuando sucedió todo, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro contienen suficiente información como para pensar que la dirección popular participó con plena advertencia en la operación policial destinada a entorpecer la investigación propiciada por los famosos papeles de Luis Bárcenas, tesorero en su día del partido. Lo realmente demoledor es la presunción de que la caja b del partido se nutrió de fondos reservados para espiar a Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias. Y aquí el término presunción es poco más que un formalismo léxico: se recurre a él porque el momento procesal impone utilizar esta palabra y no otra.

Dicho de otra forma: la impresión imposible de borrar es que el Gobierno que presidía Rajoy, o al menos una parte de él, echó mano de la llamada policía patriótica, organizada en los despachos de Interior, quiso emborronar las pesquisas encaminadas a establecer el alcance de los papeles de Bárcenas, quiso imposibilitar la aclaración de supuestos pagos encubiertos a líderes del partido. Todo lo demás es importante, pero no determinante; que el nombre de José Manuel Villarejo aparezca en medio del pastel es significativo, pero es del todo insuficiente para desviar la atención hacia quienes desde el poder ejecutivo pudieron hacer de su capa un sayo. Y todo eso no sucedió hace tanto tiempo, como pretende Casado, sino en el periodo 2013-2015.

Que haya una investigación abierta que afecta a Unidas Podemos no quita gravedad al caso que instruye el juez De la Mata. Basta recordar que Pablo Casado fue a partir de enero de 2015 portavoz del comité de campaña de las autonómicas y municipales de ese año y a partir de junio, vicesecretario de comunicación para deducir que se encontraba muy cerca del núcleo duro del partido. De tal manera que puede verse en el trance de comparecer en la comisión de investigación impulsada en el Congreso por el PSOE y por Unidas Podemos y en la lógica necesidad de establecer una distancia física y ética entre él y sus antiguos jefes, Rajoy y De Cospedal, a quienes los socialistas piensan citar a declarar. Un regate que entraña riesgos porque, según lo concrete, puede dar pie a aplicar la locución excusatio non petita, accusatio manifesta.

Para una población sometida a la doble presión de la pandemia y de un horizonte económico borrascoso, el enésimo caso de corrupción es desmoralizador, desprestigia la política y a los políticos, suministra material de primera calidad a los predicadores del populismo y alimenta a la extrema derecha. El olvido de la famosa frase de Bertrand Russell “no creas conveniente actuar ocultando pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz” arruina la confianza en las instituciones, en quienes figuran en ellas, y este último escándalo no hace más que contribuir a tal distorsión. Demasiadas veces el ejercicio del poder recuerda las últimas palabras de Kurtz en El corazón de las tinieblas: “El horror, el horror”. Con la consecuencia añadida de que cuantos ejercen sin tacha el poder, sea este grande o pequeño, resultan salpicados por quienes lo degradan.

Para la consistencia de la democracia, lo peor es la reiteración de los comportamientos irregulares o sometidos a sospecha o juzgados y sentenciados: desde los ERE de Andalucía a las cuentas del rey emérito, del caso Pujol al caso Palau. Todo conspira en contra de la confianza en la democracia cuando el veneno de la corrupción infecta la política con episodios como el del PP. Con el daño añadido de que mucho antes de que haya sentencia firme, la consistencia de las pruebas induce a la opinión pública a pasar de la presunción de inocencia a la de culpabilidad, una reacción inevitable si, además, se multiplican las explicaciones poco convincentes, forzadas, sesgadas y retóricas como es el caso.

Hay demasiados precedentes dentro y fuera de España de hasta qué punto crece la bola de la corrupción en cuanto empieza a deslizarse por la “pendiente ruinosa” (Enrico Berlinguer). ¿Qué dimensiones adquirirá al final el caso en curso? ¿Había dado Rajoy el visto bueno a la policía patriótica? ¿Qué operaciones, compromisos y salarios opacos se pagaban con la caja b? ¿De dónde salía el dinero? En realidad, estas son solo unas pocas preguntas de las muchas que pueden formularse y merecen tener cuanto antes una respuesta precisa. De no ser así, saldrá reforzada la idea muy extendida de que todo se oculta, todo se tapa para que nada trascienda y se ponga oficialmente en duda la solvencia del sistema, la probidad de quienes deben servirlo y no servirse de él con manejos inconfesables. Cuando a Richard Nixon le preguntó un periodista, años después de su dimisión, cómo lo hicieron él y sus colaboradores para desviar fondos de la campaña electoral de 1972 para financiar actividades encubiertas, el expresidente fue escueto y tajante: “Lo hicimos mal; actuamos mal”. El reconocimiento del atropello tardó en llegar, pero al final llegó. Veamos aquí.

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Trump saca partido al racismo

El deterioro del clima social en Estados Unidos ha llevado la campaña electoral al terreno en el que Donald Trump se siente más cómodo, aquel en el que no importan los datos y los programas, sino la explotación de sentimientos tan primarios como el miedo. El correlato de las convenciones demócrata y republicana ha sido en un primer momento el acercamiento de las expectativas de voto del presidente a las de Joe Biden, confirmando así la creencia de algunos asesores políticos de que quien más grita parece, de entrada, estar en lo cierto, llevar razón. Pero, al mismo tiempo, las baladronadas de Trump da la impresión de que desconciertan a una parte de su electorado sobrevenido de 2016, que buscó en él el antídoto a los efectos de la crisis económica y se encuentra hoy con el paro desbocado, la pandemia fuera de control y un aire irrespirable en las calles de demasiados lugares.

La comprensión del presidente con el joven ultraderechista que mató a dos personas en Kenosha (Wisconsin) y su defensa sin excepciones del comportamiento de la policía, inaceptable con preocupante frecuencia, devuelve la imagen de un racista cada día menos encubierto y más dispuesto a sacar partido de los disturbios que han desfigurado a veces la campaña Black lives matter. Al mismo tiempo, la reiteración de casos de violencia -el último, en Rochester (Nueva York)- induce a pensar que la peor tradición policial en Estados Unidos cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y que sus ejecutantes se sienten legitimados para perseverar en prácticas brutales. Es un hecho que hacía décadas que el problema racial en Estados Unidos no se manifestaba de forma tan lacerante, tan fuera de control y tan próximo a invocar todos los demonios familiares, todos los fantasmas de la historia del país.

En plena refriega, con la movilización de sectores con gran proyección social como el deporte profesional, el cine y el mundo académico, los sondeos intentan desentrañar hasta qué punto el paisaje favorece a Trump. Las cifras publicadas el jueves por Politico.com referidas a diferentes encuestas nacionales y estatales indican que la aproximación de Trump a Biden es menor a lo que pareció inmediatamente después de la convención republicana. Según la recopilación de datos hecha por el medio, Biden mantiene una ventaja sustancial sobre Trump, “aunque está lejos de ser segura”, un matiz importante porque faltan dos meses para las elecciones y las variables se suceden a velocidad de vértigo. Es decir que aunque ninguna encuesta da al candidato demócrata una intención de voto inferior al 49% ni al presidente una superior al 43%, nada está ni mucho menos decidido.

Alguien tan poco sospechoso de veleidades liberales como el muy conservador Bill Kristol estima que un segundo mandato de Trump es muy peligroso. Desde luego, lo puede ser para la cohesión social de una sociedad atravesada de parte a parte por varias fallas tectónicas, de las que la provocada por el problema racial es quizá la más preocupante en términos de estabilidad, equilibrio emocional e igualdad ante la ley. En la complejidad moral de una sociedad para la que, en términos históricos, la herencia de la esclavitud es algo presente en la vida cotidiana de muchos estados, es determinante el poso dejado por la guerra civil, la cultura de los prejuicios raciales, las movilizaciones por los derechos civiles y la respuesta del racismo organizado.

El analista Robert North Patterson formula una doble pregunta íntimamente relacionada con tal herencia: ¿cuánto tiempo preocupará a la comunidad blanca la violencia policial ejercida sobre la afroamericana y en qué momento se truncará su apoyo a causa de la violencia y el desorden en la calle? La pregunta no pretende generalizar –una parte de la sociedad blanca seguirá al lado de la negra y de sus reivindicaciones pase lo que pase–, pero sí alertar sobre un riesgo cierto de futuro. Seguramente, los estrategas de Trump cuentan con ello y las declaraciones a televisiones nacionales y extranjeras de ciudadanos blancos de Portland, Kenosha y otros lugares parecen dar la razón a Patterson: muchos se inquietan por las noches de saqueo y a regañadientes o convencidos se inclinan por la ley y el orden que predica la Casa Blanca.

No todo vale para captar votos durante una campaña electoral. Pero este fundamento de la democracia, que impone límites éticos al comportamiento de los candidatos, tiene un valor secundario para Trump y su entorno. Al manifestar el escritor Colson Whitehead en EL PERIÓDICO que “un gato muerto sería mejor presidente que Trump” no hace más que recoger el sentir liberal, el mayoritario en la sociedad afroamericana y en diferentes minorías, pero hay una comunidad realmente grande de votantes que han encontrado en el presidente el escudo de seguridad necesario para protegerse en tiempos de zozobra. Nada es más importante para ellos que mantenerse en una zona de relativo confort, sin que importe demasiado cuál es el precio a pagar. Para los acogidos a tal planteamiento, lo más importante es sentirse preservados de los efectos de las sacudidas sociales, y ese enfoque del futuro engrana sin dificultad con el discurso de Trump.

Cuando un presidente incita a sus seguidores de Carolina del Norte a votar por correo y luego de forma presencial en su circunscripción, algo que es un delito y no solo una infracción administrativa, no hace más que dar la razón a Kristol sobre los riesgos que entraña un segundo mandato. Si el jefe del Estado es capaz de invitar a los suyos a vulnerar la ley, ¿cuál puede ser el paso siguiente? Ni siquiera el propósito de Trump de deslegitimar el voto por correo justifica la maniobra porque, llegado el caso, podría provocar un bloqueo institucional sin precedentes si la victoria es para Biden el 3 de noviembre y la Casa Blanca pone en marcha una estrategia de impugnación general del resultado, algo que cada día temen más voces acreditadas. Pero tal posibilidad queda muy lejos de las preocupaciones inmediatas de muchos partidarios del presidente que, cuatro años después, ven en él al restaurador de las esencias después de la pesadilla de ocho años que para ellos fue la presidencia de Barack Obama. Por eso Trump tiene posibilidades y las encuestas pueden equivocarse.

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