La Primavera Árabe se atascó

Diez años después del estallido de las primaveras árabes el cambio se ha registrado en el mapa geopolítico de Oriente Próximo, pero no se concretaron las expectativas de regeneración política que debían seguir a la movilización popular. Lo cierto es que hoy la situación objetiva en muchos países del orbe árabe ha empeorado más allá de cualquier previsión que pudiera hacerse en el bienio 2010-2011: Egipto es una dictadura militar tanto o más represiva que la que encabezó durante 30 años Hosni Mubarak; Libia, Siria y Yemen viven sumergidas en guerras que no parecen tener fin; el reformismo de los monarcas de Marruecos y Jordania apenas ha alterado el esquema básico de reparto del poder en ambos países; la Liga Árabe se atiene al diktat de Arabia Saudí, que incluye normalizar las relaciones con Israel y, de rebote, agrandar el agravio palestino; el estatus de Irak sigue dependiendo de Estados Unidos como potencia tutelar, pero está muy lejos de haber conjurado las tensiones sectarias.

Solo Túnez mantiene viva la promesa de las primaveras, aunque debe afrontar enormes dificultades para superar una situación económica que favorece la frustración, especialmente en el segmento de población menor de 30 años. Donde todo empezó y donde el desafío yihadista no logró vencer los propósitos reformistas, puede irse todo al traste a causa de la decepción que ha seguido a las grandes esperanzas. La lección tunecina que dio título a un ensayo de Sami Naïr queda muy lejos de la realidad presente, con tasas de paro diabólicas, el sector turístico en hibernación forzosa a causa de la pandemia y el partido Ennahda, islamista moderado, convertido seguramente en el gran beneficiado por los efectos de una crisis de compleja resolución.

La Primavera Árabe tuvo en un primer momento un componente de movilización colectiva de la identidad árabe por encima de los rasgos de identidad de cada Estado que los poderes fácticos consiguieron neutralizar, demasiadas veces a sangre y fuego y en algunas ocasiones mediante reformas cosméticas. El resultado final es perfectamente reconocible y ha sido útil para alterar el ecosistema regional con actores con intereses específicos –Rusia, Turquía, Irán–, junto a otros con una capacidad desestabilizadora –el Daesch– y de captación de voluntades en el mundo musulmán que sigue siendo vigente aunque ha desaparecido el califato. El desafío de los muyahidines no ha cesado porque no ha desaparecido ninguno de los factores que lo hizo posible, que lo legitimó y lo legitima a ojos de una parte no pequeña de la comunidad musulmana, en general, y de la árabe, en particular.

En los inicios de las primaveras se repitió mucho la idea de que Occidente no había previsto el acontecimiento y no sabía cómo encararlo. Lo cierto es que hizo fortuna la fórmula wait and see (esperar y ver) y fueron excepciones los gobiernos que anduvieron más allá y se comprometieron abiertamente con la nueva situación. En la práctica, esta actitud meramente contemplativa perjudicó el afianzamiento de los movimientos democratizadores. Al mismo tiempo que se decía que la calle árabe había perdido el miedo, debía haberse añadido que había aumentado en Occidente el temor a que los cambios redundaran en un aumento de la inestabilidad y una quiebra de la seguridad, puesta en parte en manos de autócratas zarandeados por los acontecimientos a partir de diciembre del 2010.

Algunas voces que llamaron la atención no fueron atendidas o solo lo fueron de forma episódica y cada vez fue mayor la distancia entre la movilización árabe y las cancillerías occidentales. La caída de Zine el Abidine ben Alí (Túnez) de Hosni Mubarak (Egipto) hizo sonar todas las alarmas, las guerras de Libia y Siria hicieron el resto junto a la brega saudí para dejar sin efecto la marea reformista. Puede decirse en el presente que la Primavera Árabe estuvo condenada al fracaso por la falta de complicidad occidental.

Mientras el profesor Henry Kissinger escribió en su momento que Estados Unidos debía habituarse a convivir con los nuevos gobernantes árabes si estos no dañaban los intereses estratégicos de Estados Unidos, otros entendieron que el cambio que se anunciaba iba a perjudicar grandemente la estrategia de seguridad occidental, el papel desempeñado por Israel en la región desde su nacimiento y la exportación de petróleo. Al final, la opinión más compartida a ambos lados del Atlántico fue que las primaveras podían poner en marcha mecanismos incontrolables de renovación de las élites políticas árabes con una afectación completa de la relación de Occidente con Oriente Próximo.

El agravamiento de la intensidad y complejidad de los flujos migratorios con destino a Europa, la crisis de seguridad provocada por el islamismo radical, la fractura social en las sociedades árabes y las disputas por la hegemonía regional tanto en el Mediterráneo Oriental como en golfo Pérsico están íntimamente relacionadas con el descalabro de las primaveras. Muchos de los factores de desestabilización que se identificaron como inherentes al cambio perseguido por los levantamientos populares se han concretado a causa justamente de la falta de apoyo externo que padecieron las primaveras en aras de una Realpolitik de consecuencias desastrosas.

Los líderes de las protestas cometieron, desde luego, errores enormes cuando se impuso la necesidad de hacer política, y la competencia de las organizaciones islamistas fue decisiva. Pero también lo fue la descomposición inmediata de los bloques opositores en cuanto pareció que las movilizaciones habían vencido, unido al apresuramiento de algunos líderes para disponer de cuotas personales de influencia y poder. Los bloques históricos de Túnez y Egipto se cuartearon poco menos que al día siguiente de la victoria y enseguida se hizo evidente la pugna entre los partidarios de secularizar el Estado y sus adversarios declarados. Con el vaticinio hecho entonces de que si en Egipto no se asentaba la reforma, difícilmente lo haría en la mayoría de países árabes, algo que ha confirmado en todos sus extremos el relato de lo sucedido a partir del golpe de Estado en Egipto de los generales, el 3 de julio de 2013, que liquidó el experimento de Gobierno de los Hermanos Musulmanes.

La cadena de acontecimientos no debe inducir a creer, sin embargo, que las sociedades árabes han caído en un conformismo estéril. Antes al contrario, la frustración generada por la ocasión perdida ha instalado en el ánimo de amplias capas sociales un clima de desaprobación y disgusto que alimenta la tensión que de vez en cuando se manifiesta en la vía pública –Líbano, Sudán– y puede estallar en cualquier momento, en cualquier lugar por el motivo más insospechado. Lo que es imposible adelantar es quiénes y en qué condiciones encabezarán en el futuro las muestras de descontento.

 
 
 
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Golpe de Trump a los saharauis

La operación de Donald Trump destinada a acolchar la relación de Israel con el mundo árabe ha cubierto una nueva etapa con el reconocimiento de la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental a cambio de que el reino alauí establezca relaciones diplomáticas con Israel. Con independencia de lo que disponga la Administración de Joe Biden a partir del 20 de enero, el paso dado por el presidente saliente debilita enormemente las de por sí menguadas fuerzas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para hacer efectiva la celebración de un referéndum de autodeterminación en el territorio, la vía defendida por la ONU para una descolonización efectiva de la excolonia española.

Asiste a la RASD el derecho moral, respaldado por el derecho internacional, de no cejar en su propósito de que se celebre la consulta; no hay duda de que Trump ha actuado una vez más de espaldas al derecho internacional, pero es asimismo indiscutible que sobre el terreno la situación política es cada vez más adversa a las reivindicaciones políticas de la comunidad saharaui. El encomiable testimonio de resistencia de los campamentos de Tinduf  –más o menos, un microestado en el exilio– se ha convertido en la práctica en un coto cerrado con un relativamente reducido número de complicidades externas, más resonantes en las iniciativas particulares –intelectuales, artistas, onegés– que en la movilización de las cancillerías. Por decirlo suavemente, Tinduf es un instrumento en manos de Argelia al que algún recurrirá si es preciso para relajar las relaciones con Marruecos, aunque de momento es la cobertura argelina la que procura alguna esperanza a los refugiados del desierto.

Cumplidos 45 años de la Marcha Verde, sumadas las diferentes situaciones que ha conocido la crisis saharaui –la última de ellas, la de la frontera con Mauritania–  y comprendida la necesidad de implicar a Marruecos en asuntos tan relevantes para los europeos como el control de los flujos migratorios y la seguridad en el flanco sur, está fuera de toda duda que la formalización de un referéndum está muy lejos de ser viable. Nunca aceptará Marruecos una revisión del censo que maneja y que la RASD impugna. Desde que el Frente Polisario se avino a negociar la consulta, la lista de posibles votantes presentada por Rabat ha sido rechazada por los dirigentes saharauis, que echan en falta decenas de miles de nombres de quienes en su día abandonaron sus hogares camino de Argelia y de sus descendientes, y en cambio incluye a los colonos llegados al territorio durante décadas y que, a todos los efectos legales, son ciudadanos marroquís.

El caso es que, con ser ciertas estas formalidades, los saharauis que viven en Tinduf son las víctimas de una situación a la que se han habituado, pero sin buenos vaticinios de futuro. Si resulta desoladora la creciente insensibilidad de la mayoría de regímenes árabes con relación al porvenir de la comunidad palestina, no lo es menos la inoperancia efectiva del reconocimiento de la RASD por más de 80 países. Es reseñable que España haya acordado con Marruecos aplazar la cumbre bilateral fijada para el 17 de diciembre, pero no deja de tener un valor meramente simbólico cuando el Gobierno vincula el cambio de fecha con la necesidad de concentrar los esfuerzos en la gestión de la epidemia y, acto seguido, se sabe que la reunión se incluirá en la agenda de febrero de 2021. Es significativo que muchos países, entre ellos España, se remitan a las resoluciones de la ONU relativas a la descolonización del Sáhara Occidental y a la creación de un Estado palestino, pero no es menos significativo que tales declaraciones no tengan nunca un efecto práctico.

La propuesta marroquí de convertir el Sáhara Occidental en una autonomía, presentada por Trump como la única salida realista y viable, ha sido repetidamente rechazada por los dirigentes saharauis, y quizá ahora lo sea aún más habida cuenta del perfil político de su último valedor. Pero la única posibilidad de que los exiliados del desierto vislumbren un futuro más confortable es dar con una solución intermedia entre la situación actual y el referéndum de autodeterminación. Por lo demás, hay en Marruecos un nutrido grupo de personalidades de la cultura, el arte y la academia que tienen el Sáhara por parte irrenunciable de su país. Así el escritor Tahar ben Jelloun, tajante en sus opiniones: “Ningún ciudadano puede aceptar que su país sea privado de una parte. Sobre todo cuando hay otro país, Argelia, que se esconde tras el llamado movimiento de liberación y lo sostiene. Esa es una estafa histórica que ningún marroquí puede aceptar. Ni siquiera yo, que jamás he sentido ese nervio patriótico y nacionalista”.

No hay ningún dato referido al futuro inmediato que permita detectar una mejora de ese clima de confrontación radical. Ni siquiera una hipotética rectificación de Estados Unidos cerrando el consulado en Dajla, que Trump piensa abrir, cambiará el enunciado del problema. Ni Estados Unidos ni Europa pueden renunciar a la complicidad de Marruecos en diferentes ámbitos, todos ellos relevantes y trascendentales. Esa es otra realidad incontrovertible que hace impensable retrasar varias décadas el reloj de la historia y volver al punto de partido. Lo cierto es que el rey Hasán II supo aprovechar con diligencia la debilidad de España –agonía del franquismo– y puso en marcha una dinámica que ha seguido su camino desde entonces a despecho de los pronunciamientos de la antigua potencia colonial y de la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas.

La consolidación de anexiones territoriales de facto son una malísima noticia que violenta los fundamentos del derecho internacional, pero la Realpolitik se impone casi siempre. Las condiciones en que se dan tales anexiones son muy variadas, pero corregirlas o revisarlas es inviable con harta frecuencia a pesar de que en cada una de ellas sale perjudicada una comunidad que se ve forzada a pechar con un destino que no ha elegido. No hace falta entrar en detalles para comprender que los saharauis de Tinduf ni decidieron poner su futuro en manos de Marruecos ni optaron por el exilio en el desierto entre varias opciones posibles. Es decir, condenados a ser víctimas en una situación que no controlaban, los saharauis se vieron forzados a adaptarse a ella. Y hoy, tantos años después, el Frente Polisario debe reflexionar sobre el coste humano de cuanto ha sucedido y sopesar hasta qué punto el programa máximo debe adecuarse a la correlación de fuerzas sobre el terreno para rescatar a las víctimas de su condición de tales.

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Bloqueo ultra al presupuesto europeo

La división de poderes y la defensa de los derechos humanos son divisas distintivas de la Unión Europea, que es tanto como decir que para ser socio del club hay que aceptar una regla básica: dejar siempre a salvo el Estado de derecho. El compromiso con el equilibrio de poderes y la autonomía de los individuos no admite medias tintas ni un relativismo moral ad hoc para cada momento y circunstancia, que es justamente lo que pretenden los gobiernos de extrema derecha de Hungría y Polonia al negarse a vincular el acceso al plan de reconstrucción económica de los Veintisiete con el respeto escrupuloso al Estado de derecho. Se trata de una pretensión o exigencia que, de aceptarse, dañaría de forma irreparable la naturaleza del proyecto europeo y, sin duda, contaminaría el comportamiento futuro de estados, partidos, instituciones, movimientos y particulares con convicciones democráticas poco o nada arraigadas.

Al mismo tiempo que la negociación de la relación futura de la UE con el Reino Unido encalla en asuntos esenciales y cada día es menor el margen de maniobra para que salga un conejo de la chistera antes de que caiga el telón el último día del año, se cruza en el camino para la recuperación de la economía europea, dañada por la pandemia con una intensidad y coste desconocidos, el bloqueo de la aprobación del presupuesto plurianual. Es decir, se pone el freno de mano a la secuencia de acontecimientos que deben permitir la emisión de deuda europea con la que financiar las subvenciones y préstamos –un total de 750.000 millones de euros– que deben contribuir de forma decisiva a rescatar la economía del estado catatónico en el que se encuentra. Y ahí no caben los atajos ni las falsas esperanzas, resulta muy poco alentador que Alemania no haya logrado doblar la resistencia de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki y pesa como una losa la regla de la unanimidad para sacar adelante las cuentas.

Como dice el profesor Philippe Legrain, de la London School of Economics, los socios de la UE deben “poner contra las cuerdas” a los regímenes populistas para poder sacar adelante medidas urgentes, lograr un acuerdo estable franco-alemán para abordar la crisis y asegurar que la acogida de refugiados se traduce en rendimientos económicos. Se lograría así salir del atasco presupuestario, dibujar un horizonte razonable de recuperación a medio plazo y acabar con la desconcertante política migratoria europea. El enfoque de Legrain parte de la sensatez y de la lógica –dos países no pueden dejar en la estacada a otros veinticinco–, pero con la regla de la unanimidad es inviable salvo que quepa doblegar la voluntad húngaro-polaca y desactivar nacionalismo demagógicos, útiles para encubrir cualquier atropello.

Peter S. Goodman asegura en The New York Times que las vacunas han abierto una brecha en el laberinto sin salida de la pandemia, pero “las perspectivas de una recuperación mundial significativa no se esperan hasta mediados del próximo año y, para algunas economías, deberá pasar mucho más tiempo”. En el ámbito europeo, si el presupuesto no sale del callejón sin salida en el que se encentra, los plazos se alargarán con toda seguridad, las economías más vulnerables verán agravada su vulnerabilidad y los segmentos de población más castigados serán prisioneros de una situación imposible.

También Hungría y Polonia sentirán los efectos perniciosos del estancamiento, pero es evidente que la preocupación de sus gobernantes por ese dato es irrelevante frente a la perspectiva de perseverar en un discurso nacionalista capaz de movilizar a electorados desorientados, dispuestos a agrandar el poder de quienes quieren reducir el proyecto político europeo a su más mínima expresión. Sin duda, el ejemplo británico les ha llevado a radicalizar el mensaje de que, más allá de lo meramente económico, las exigencias de Bruselas son una intromisión inaceptable en la soberanía nacional, de lo que se colige que no es de recibo que la UE imponga condiciones de índole política a lo que es solo un mecanismo para activar la economía.

Es innecesario subrayar que mientras la economía espera sin fecha la respiración asistida, aumenta la sensación de ahogo. Traducción práctica: un aumento acelerado de las desigualdades, del número de empresas al borde del abismo, de la renta familiar en caída libre y del derrumbe estruendoso de sectores clave como el turismo y los servicios. Las campañas de vacunación masivas salvarán muchas vidas y acaso a la vuelta de un año la relación con la enfermedad haya cambiado de forma radical, pero con ser este un factor necesario, no es suficiente. Basta recordar que, con pequeñas diferencias porcentuales, las rentas familiares europeas destinan dos tercios al consumo para comprender que urge a la UE romper el bloqueo ultra.

No es fácil dar con la salida de esta encrucijada, pero hay que encontrarla sin dañar las señas de identidad europeas. No hay alternativas a la preservación del Estado de derecho ni es asumible un trato deferente o contemporizador que permita a los gobernantes húngaros y polacos abundar en un autoritarismo siempre en aumento. Ni es aceptable eliminar condiciones que la tradición democrática ha consagrado. El artículo 7 del Tratado de la Unión prevé un sistema de vigilancia y sanción de un socio cuando vulnere los fundamentos del Estado de derecho, pero impone que las penalizaciones se aprueben por unanimidad de los demás socios. No hace falta decir que la unanimidad es imposible en este caso porque Polonia nunca se sumará a la hipotética imposición de sanciones a Hungría y viceversa. El sistema es en cierto modo perverso, pero es el que es y modificarlo supone escalar un muro de altura desconocida.

La situación pone en evidencia una vez más dos hechos relevantes: la debilidad institucional de la UE cuando es necesaria la unanimidad y la complejidad sobrevenida a raíz de la ampliación de 2004. Ciertamente, la complejidad ha sido desde los días fundacionales una característica de la construcción europea; la novedad es que surja en su versión más absoluta y menos manejable en un momento de urgencias manifiestas. Lo que lleva directamente a concluir que Europa necesita de forma perentoria hallar el desvío que permita desactivar el chantaje húngaro y polaco, un desafío que entusiasma a las extremas derechas en ebullición.

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