Cita crucial por el clima

La conferencia COP 26 que empieza este domingo en Glasgow es una de esas ocasiones en las que será un sonoro fracaso todo lo que no sea levantarse de la mesa con acuerdos concretos y aplicables a la mayor brevedad. En este caso, cabe añadir que, además de sonoro, el fracaso, de darse, puede resultar dramático porque la degradación del clima avanza y se manifiesta con mayor rotundidad a cada día que pasa. Todos los trabajos producidos por los científicos coinciden en que en que los plazos se agotan para que muchos efectos de la emergencia climática no sean irreversibles y el precio a pagar por el género humano, inabarcable. Desde el informe IPCC, apoyado por las Naciones Unidas, al del Centro Euromediterráneo para el Cambio Climático, dado a conocer esta misma semana, hay coincidencia generalizada y expresa de que todo lo que no sea limitar el aumento de la temperatura media de la Tierra en 1,5 grados condenará al planeta a un calentamiento inasumible con la generalización de fenómenos atmosféricos extremos, aumento del nivel de los mares, desaparición de tierras emergentes, degradación de la calidad del aire y crisis sanitarias constantes.

Ese es el panorama de futuro y no otro si no se actúa, y es suficiente para resaltar la irresponsabilidad de cuantos niegan los riesgos inherentes al cambio climático con argumentos tan peregrinos y puede que cínicos como que no es ninguna novedad para la Tierra que el clima mute. La influencia de la verborrea de Donald Trump durante cuatro años ha sido en este sentido desastrosa porque ha envalentonado a la extrema derecha de todo el mundo, por lo general negacionista, y ha procurado un gran aliado a sectores económicos de influencia universal que anteponen la cuenta de resultados a cualquier otra consideración. Pero no solo la demagogia de Trump ha dañado la aplicación de los acuerdos de París mediante medidas concretas, sino que la necesidad de afrontar un cambio radical de modelo energético, que implica un cambio sustancial de los sistemas de producción y consumo, ha aplazado sin fecha precisa la adopción de medidas que, al menos momentáneamente, afectarán la tasa de beneficios.

Puede parecer exagerado el convencimiento del nobel Paul Krugman de que la pasividad ante el cambio climático “amenaza el futuro de la civilización”, pero le dan la razón las proyecciones nada improvisadas que manejan para 2100 la hipótesis de un incremento de tres grados de la temperatura media de la Tierra. Estos presagios derivan de las previsiones de inversión y crecimiento de las industrias extractivas de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y China, entre otros países, por un monto total de 1,4 billones de dólares, dadas a conocer antes de la COP25, celebrada en Madrid en 2019, que están lejos de haberse cancelado o revisado de forma sustancial.

El estallido de la pandemia y la momentánea congelación de la economía hicieron creer que la progresiva recuperación de la normalidad se haría teniendo en cuenta la leve mejoría experimentada por la calidad del aire y otros parámetros esenciales. Nada de esto ha sucedido: en cuanto ha mejorado la situación sanitaria en el mundo desarrollado han reaparecido los mismos problemas, quizá corregidos y aumentados por el crecimiento, se han disparado de nuevo las tasas de contaminación del aire y una vez más se han manifestados las resistencias a afrontar a escala global un problema de dimensiones globales. Esto es, las soluciones parciales, regionales o locales, sin duda cargadas de buenas intenciones, carecen de eficacia porque la humanidad enfrenta una crisis que no entiende de fronteras.

Pocos gobernantes abordan con determinación práctica el hecho de que si la economía se ha globalizado, los daños causados por el modelo productivo deben remediarse de forma global con medidas concretas, recogidas en un calendario preciso y sometidas al control de instituciones independientes. En caso contrario, los daños colaterales están garantizados en el espacio –la totalidad de la Tierra– y en el tiempo –el avance de la degradación– así para los cumplidores de lo acordado como para los remisos a hacerlo. Pero esa idea de globalidad, que ni siquiera ha prevalecido a la hora de procurar vacunas a todo el mundo para combatir la pandemia, es inasumible para demasiados gestores económicos, que ven en ello una limitación o aplazamiento de beneficios, de la amortización de costosas inversiones correspondientes a modalidades de negocio con un componente contaminante.

Ese es el fondo de la cuestión: ¿cabe imaginar un crecimiento ilimitado de la economía en un espacio limitado o solo la limitación del crecimiento puede evitar el desastre? Es imperiosa la respuesta a esa pregunta y a otras relativas al crecimiento de la población, al aumento de las desigualdades, al crecimiento del consumo, a la frivolidad suntuaria de segmentos sociales minoritarios, pero muy influyentes en la difusión de la cultura del lujo. Y es asimismo imperiosa la concreción de compromisos para rescatar del sometimiento los países que carecen de recursos propios para afrontar el cambio hacia la sostenibilidad y la preservación del medio natural.

Ninguno de los grandes problemas logísticos que enfrentan los mercados a la salida de la pandemia, si es que en tal momento nos encontramos, son del calibre suficiente como para anteponerlos al combate contra la emergencia climática. Ni el desbarajuste del mercado eléctrico causado por el aumento de la demanda y el encarecimiento del gas ni la crisis de suministros y el encarecimiento del transporte desde Extremo Oriente a Europa y Estados Unidos son razones suficientes para no avanzar, para salir del COP26 con un programa de buenas intenciones y poco más. El nobel Joseph Stiglitz lo resume en una idea: la sociedad pospandémica debe perseverar en la igualdad y en la economía verde para proteger el medioambiente. El objetivo parece simple, pero en Glasgow se levantarán seguramente muros defensivos y frentes agresivos que pretenderán convencer a la opinión pública de que nada de lo que está pasando es de una gravedad extrema, aunque lo es y mucho.

 

La rebelión polaca se envenena

El encaje de Polonia en la Unión Europea se complica y lleva camino de abrir un choque institucional entre Comisión y Parlamento, no por la primacía del derecho comunitario sobre los derechos nacionales, que no discute ninguna de las dos instancias, sino por los términos de la reacción frente a  la rebeldía o revisionismo polaco. La demanda que prepara la Eurocámara contra la Comisión por la no aplicación del principo de condicionalidad incluido en el reglamento para la ejecución del presupuesto en el periodo 2021-2027, que prevé la suspensión de los pagos debidos a los países que amenazan el Estado de derecho, enrarece la atmósfera política en Bruselas y otorga un margen de maniobra a Varsovia del que no debería haber disfrutado. Porque la lentitud en el salto del apercibimiento a Polonia, hecho por la presidenta Ursula von del Leyen, a la concreción de medidas entraña demasiados riesgos innecesarios y puede dañar la cohesión de la Unión Europea en un asunto capital: la igualdad de los ciudadanos ante la ley sin excepciones.

Un artículo publicado en el periódico Le Monde por el profesor Thierry Chopin, de la Universidad Católica de Lille, se ve en la necesidad de recordar que la UE “no es una simple alianza entre estados soberanos que se consideran con libertad para sustraerse a los compromisos suscritos con sus socios”. Pareciera que el recordatorio es innecesario, pero lo hace preciso la posición polaca y la contención extrema de la Comisión a la hora de gestionar la crisis. Al igual que esa otra referencia al contenido de los tratados: “Los estados miembros de la UE se hallan en el seno de una unión de derecho y están obligados a respetar los compromisos jurídicos que han suscrito, sea en el marco de los tratados o de la producción o la aplicación del derecho derivado”. Una aplicación que garantizan los mecanismos jurisdiccionales, como recuerda el profesor Chopin.

El artículo está en sintonía con la inmensa mayoría de juristas: la UE se apoya en “un orden jurídico propio cuya autonomía con relación al derecho nacional ha sido sólidamente establecida”. No solo eso, sino que las resoluciones y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han hecho uso de su autonomía para proteger los derechos fundamentales, distintivos de las democracias y erosionados con cierta regularidad por el Gobierno polaco, secundado en su disenso por el de Hungría.

No hay mucho más que discutir y, si lo hay o acepta Bruselas que lo haya, se correrá grave riesgo porque equivaldrá a aceptar que es posible relativizar el cumplimiento de los compromisos emanados del tratado de adhesión suscrito en su idea por Polonia. O quizá si haya que ampliar el análisis de fondo de la crisis si se atiende a la conclusión a la que llega Sławomir Sierakowski, fundador y director de la publicación polaca de talante progresista Krytika Polityczna: “Es difícil decir qué hará el Gobierno ahora. Se ha atrincherado en la sentencia del Tribunal Constitucional, privándose del dinero que necesita para apuntalar sus posibilidades en las elecciones de 2023. Es cada vez más posible que el PiS [Ley y Justicia] esté dispuesto a sacrificar no solo los fondos de la UE, sino incluso la pertenencia de Polonia a la UE solo para aferrarse al poder”.

Hasta ahora, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha descartado el Polexit, pero nadie se atreve a desechar por completo esa posibilidad. Hay varios factores que inducen a pensar que el anclaje de Polonia en la UE no tiene vuelta de hoja: el 90% de la población es partidaria de seguir en el club; las arcas del Estado han recibido desde 2004 más de 200.000 millones de euros de los fondos de cohesión y tienen pendientes otros 160.000 millones de aquí a 2027 si el Gobierno deja de hacer juegos de manos con las atribuciones de la justicia europea. Pero ha quedado en el aire la opinión emitida por Adam Glapinski, presidente del Banco Nacional de Polonia: “Nos las arreglaremos muy bien sin los fondos de la UE”. Si se trata solo de un desplante, malo; si es una opinión con sólidos apoyos políticos, peor.

Lo cierto es que la UE está obligada a hacer compatibles dos objetivos esenciales: preservar el Estado de derecho y evitar que el Brexit sume imitadores. ¿Es una versión de la cuadratura del círculo a escala política? Qué duda cabe de que cualquier asomo de concesión de la UE abrirá las puertas a futuras presiones de otros estados en los que flaqueen las convicciones europeístas y ocasionalmente se puedan sentir perjudicados en el ámbito jurídico o competencial, pero no es menos cierto que resulta harto difícil imaginar una rectificación conciliadora procedente de Varsovia. La parte que transija en corregir su comportamiento emitirá inevitablemente señales de debilidad ante la opinión pública, algo especialmente dañino para el Gobierno polaco que teme las elecciones de 2023 y la competencia de Donald Tusk, un europeísta sin reservas que fue presidente del Consejo.

Cualquiera que sea la solución del crucigrama, alguien exhibirá heridas visibles porque no existe una salida win-win y es imposible preservar la cohesión europea si de la proliferación de líderes iliberales resulta también una multiplicación futura de vínculos a la carta en el seno de la UE. El funcionamiento de los Veintisiete como estados comprometidos en una doble construcción económica y política de la Europa del futuro no puede sustentarse en una revisión permanente de las obligaciones y deberes derivados de los tratados de adhesión. Y desde luego, es inasumible la delimitación a gusto del consumidor del Estado de derecho, de la autonomía de los ciudadanos, de las competencias de los tribunales y de los límites del poder político. Hay demasiado en juego para que la rebelión polaca siente un precedente, pero el tiempo discurre a favor de los rebeldes a cada día que pasa sin desenlace.

Violencia ‘escuadrista’ en Italia

El asalto por militantes de Forza Nuova (FN) a la sede del sindicato CGIL, el mayor de Italia, el pasado sábado en Roma ha abierto por enésima vez el debate sobre hasta qué punto debe el Estado democrático consentir la existencia de organizaciones neofascistas cuyo objetivo último es justamente liquidar las libertades democráticas. La discusión va mucho más allá de la conveniencia o no de levantar un cordón sanitario que aísle a la extrema derecha del resto de partidos porque aspira a dilucidar si puede tener cabida una organización que hace un uso oportunista de las reglas del juego en el ámbito democrático para subvertirlo. La controversia no es nueva, en ella tienen enorme peso las referencias históricas –años 20 y 30 del siglo pasado–, pero es evidente que en Europa el auge de los partidos ultras, difusores de una mezcla de nacionalismo atronador, de populismo desgarrado y de voluntad recuperadora de figuras determinantes en un pasado ominoso y no tan lejano, confiere a los sucesos de Roma una trascendencia europea.

El escritor Carlo Bonini  ha publicado en el diario progresista La Repubblica un artículo en el que afirma: “El tiempo se acabó. Y el límite impuesto por nuestra Constitución republicana ha sido ampliamente superado”. La dirección del medio pide al Gobierno la abolición de las siglas del partido neofascista con independencia del trámite parlamentario de la moción del Partido Democrático, que persigue la ilegalización de FN. Y en términos más o menos parecidos se expresan los grandes medios italianos, que recogen sin excepción el significado profundo de la descripción que del asalto ha hecho el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini: “Acto de escuadrismo”, una referencia explícita a la violencia fascista que caracterizó la dictadura de Benito Mussolini.

La pregunta que las instituciones democráticas deben formular y responder es si el Estado democrático tiene derecho a defenderse de sus adversarios o debe tolerar que pongan en riesgo su supervivencia en nombre de la libertad de pensamiento. Porque si una manifestación contra el pasaporte verde en Roma puede derivar en el asalto a la sede de un sindicato, un instrumento de la democracia, cabe pensar en qué puede degenerar con el tiempo el desafío al Estado de derecho, sobre todo si se prolongan situaciones de gran volatilidad como la vulnerabilidad de capas sociales cada vez mayores.

El profesor Daniel Innerarity da algunas pistas en su libro Una teoría de la democracia compleja: “La democracia, por su propia definición, será siempre un sistema de gobierno frágil y vulnerable. Y tenemos que aprender a gestionar esa vulnerabilidad”. Esa gestión debe hacer frente, por así decirlo, a una vulnerabilidad intrínseca –la derivada de la creciente complejidad de un sistema que garantiza las libertades– y otra extrínseca –la causada por las agresiones de actores ajenos al sistema, FN uno de ellos–, que utiliza el marco democrático para arremeter contra el sistema.

En el paisaje europeo, no solo italiano, abundan los ejemplos. De Polonia a España, de Alemania a Italia, de Hungría a los Países Bajos, proliferan los partidos que impugnan la esencia del Estado democrático, sin que, por lo demás, vean seriamente amenazada su libertad de movimientos, que persigue retrotraer las sociedades democráticas a otras con las libertades recortadas y sometidas a diferentes formas de sectarismo. Es una simplificación asociar tal auge a la presidencia de Donald Trump, porque mucho antes de su victoria en 2016, la familia Le Pen había consolidado un espacio político muy grande para la extrema derecha en Francia y en Austria llegó a gobernar un partido de extrema derecha en coalición con los conservadores. La demagogia de Trump fue sin duda un factor de aceleración del crecimiento de la oferta ultra europea, pero de antemano se dieron en el continente todos los ingredientes para que echara raíces.

Dice Carlo Bonini que FN luce de “manera ostentosa su matriz neofascista”, pero tal cosa no es privativa de ese partido. Detrás de cada reaparición de símbolos y eslóganes en otros partidos europeos es fácil encontrar anclajes en el pasado. Las referencias a la nación, a un pasado glorioso, a la soberanía mellada, a una identidad cultural uniforme y a la libertad coartada por el Estado intervencionista aparecen en todos los discursos; el asentamiento de realidades reconocidas y reconocibles de nuestro tiempo –el feminismo, la violencia de género, los diferentes modelos de familia, los movimientos migratorios masivos y tantas otras– dan pie a una propaganda encaminada a presentar tales realidades como una adulteración del legado histórico transmitido a través de generaciones.

Quizá el asalto a la CGIL tenga menos importancia de la intuida ahora, pero no deja de ser inquietante y anunciador de posibles riesgos futuros. Las dos grandes crisis sociales encadenadas desde 2008 –la financiera y la provocada por la pandemia– han armado el andamiaje en el que la extrema derecha escala puestos y puede seguir escalándolos si los gestores de la democracia no afrontan con determinación la salvaguarda del Estado de bienestar y la actualización del pacto social a él vinculado. “Hoy tenemos muchos traficantes de verdades. Gente que te vende su verdad como una verdad universal”, avisa el profesor Nuccio Ordine, y la mayoría de ellos recurren en algún momento a la violencia para imponer su verdad. Y visto así, acaso resulta más fácil explicar qué resortes desencadenaron el ataque a la CGIL.

Polonia desafía a la UE

La resolución del Tribunal Constitucional de Polonia que niega la primacía de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el derecho polaco abre una crisis institucional de grandes dimensiones. Al declarar inconstitucionales varios artículos del Tratado de la Unión impugna también la validez de varios apartados del tratado de adhesión firmado en su día por Polonia al ingresar en la organización. Llegados a este punto se abre la puerta a la aplicación de varios factores de corrección a instancias de Bruselas, algo del todo improbable, o a que el país se dé de baja del club, lo que ya se conoce como Polexit, una opción asimismo improbable a pesar del nacionalismo rampante y la deriva ultra del partido Ley y Justicia (PiS, sus siglas originales), que sostiene al Gobierno.

El recurso presentado ante el Constitucional por el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ya prefiguraba de por sí un choque institucional habida cuenta la naturaleza del disenso entre Varsovia y Bruselas en tres materias sensibles sobre las que se pronunció en contra el TJUE: la reforma de la justicia por violar el principio de independencia judicial, la erosión de la libertad de expresión y la limitación de los derechos de la comunidad LGTBI. En los tres casos, las leyes que el PiS sacó adelante supusieron, en última instancia, que el Ejecutivo polaco sufriese un revolcón judicial. Y de paso, quedó bloqueado el plan de recuperación polaco que asciende a 36.000 millones de euros.

¿Cómo salvar la situación sin un dramático parte de daños? De entrada, ni la Unión Europea puede revisar o matizar lo dictaminado por los magistrados del TJUE ni el Gobierno polaco está dispuesto a retocar las leyes que motivan la crisis, sino que pretende que se revisen los tratados. Cuando Didier Reynders, comisario de Justicia, compromete la palabra de la UE para poner al servicio de la causa cuanto sea preciso para que se respeten los tratados fundacionales, cierra el paso a una componenda más o menos presentable –o impresentable–, pero cuando el presidente del PiS, Jaroslaw Kaczynski, excluye dos posibilidades, el Polexit y la rectificación de las leyes aprobadas por el Parlamento de su país, no hace más que llevar el debate a un callejón sin salida.

Al mismo tiempo, la decisión de los jueces polacos ha entusiasmado a la extrema derecha europea, que se debate entre el euroescepticismo y el empequeñecimiento de las instituciones de la UE hasta reducir la organización a un área de libre comercio gestionada por la conferencia intergubernamental. Basta un somero repaso en las hemerotecas para encontrar declaraciones de una variada colección de líderes adscritos al populismo ultra que predican la recuperación para los estados de la mayoría de los atributos de soberanía cedidos a las instituciones europeas –ya no, quizá, el regreso a las divisas nacionales y la cancelación del euro–, opuestos siempre a someter las leyes propias a la doctrina del TJUE. Una forma de exigir manos libres para violentar, si es preciso, la división de poderes y limitar las libertades consagradas por las constituciones democráticas.

Es decir que el desafío polaco va más allá del conflicto entre un Estado socio de la UE y la organización; tiene un poder de contagio no menor para que los demagogos de la nación por encima de todo dispongan de un altavoz bastante ruidoso. Si nos remitimos a la historia reciente, la difusión de este nacionalismo altisonante empezó en la Hungría de Viktor Orbán, de quien Jaroslaw Kaczynski se ha declarado rendido imitador. Pero según Adam Michnik, fundador y director del diario de Varsovia Gazeta Wiborcza, la fuente de inspiración de ambos, más lejana en el tiempo, pero no menos eficaz en los resultados, es Mátyás Rákosi, el político comunista húngaro que al final de la Segunda Guerra Mundial se empleó en una metódica labor de vaciado de las instituciones libres “rebanada a rebanada, hasta que no quedó más que la cáscara”.

Hay en todo ello una impugnación del proyecto europeo que quizá debió preverse cuando es acordó una ampliación en masa en dirección este de la UE mientras se discutía una Constitución europea que nunca vio la luz, cuya discusión y fracaso dejó al descubierto debilidades e incoherencias. De forma que mientras varios nuevos socios se adaptaban a las exigencias de la pertenencia  a la UE, otros se sintieron progresivamente incómodos por el desarrollo político e institucional; sintieron que por otros caminos se consagraban principios que formaban parte del proyecto constitucional.

Ahora, claro, no hay marcha atrás porque el coste de salirse de la UE es inasumible por economías en construcción y por Bruselas, que apenas empieza a metabolizar el Brexit y ha entendido que alguna otra defección sería desastrosa para el futuro europeo, casi tanto como consentir a los socios o a algunos de ellos una especie de adhesión generalizada a la carta, con cláusulas de desenganche y otras fórmulas para que cada Estado ajustara a su gusto el vínculo de pertenencia a la UE. Sería esa una Europa inviable, condenada al fracaso o en extremo inestable, tan alejada del espíritu fundacional y de la consolidación de una ciudadanía europea que apenas sería capaz de reconocerse como tal.

Plantea el caso polaco demasiadas incógnitas de futuro como para que el desenlace no sea claro y preciso. Porque sigue siendo primordial el objetivo fijado por Jacques Delors a comienzos de los años 90: definir la Europa política que se quiere. De no hacerlo se asentará en el fondo de todos los debates un factor de vulnerabilidad aprovechable por los adversarios reconocidos o no del proyecto europeo, aquellos que, como Rusia, están dispuestos a sacar partido de lo que los Veintisiete no son capaces de resolver de forma concertada y expeditiva. Recuérdese que una de las reglas de oro menos discutida en el seno de la comunidad internacional es que cuanto menor es tu cohesión interna menor es tu influencia externa. Este es el juego.

‘Ñamérica’, una versión de América Latina

Medio siglo después de la publicación de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, Ñamérica, de Martín Caparrós, emite una imagen de la región y de los anhelos de quienes la habitan que difiere en parte y coincide en parte con uno de los libros de referencia de las izquierdas. Al principio de su obra, Galeano recogió una frase inquietante de Josué de Castro, un médico y destacado activista brasileño de mediados del siglo XX: “Yo, que he recibido un premio internacional de la paz, pienso que, infelizmente, no hay otra solución que la violencia para América Latina”. Al final de su trabajo, Caparrós arma una opinión concluyente sobre las protestas sociales en el continente: “Esos estallidos son el resultado de la pérdida de confianza en la democracia de delegación (…) Pero esos movimientos no parecen pedir cambio de sistema. De nuevo: no tienen otro sistema al que apuntar; quieren, sí, mejorar este, su situación en este”.

Entre ambos enunciados discurren cincuenta años de historia, de la proliferación de las dictaduras a las democracias deficientes, de la ensoñación revolucionaria alimentada por el experimento cubano a las proclamas insurreccionales abatidas por las desventuras de la revolución y el falseamiento de los mensajes –Venezuela, Nicaragua y alguna otra vecindad–, de la guerra fría y el intervencionismo sin disimulo a la globalización y una creciente sensación de caos en el orden internacional. Y de acuerdo con la estructura de Ñamérica, el cambio poco menos que cósmico del predominio de la ciudad sobre las sociedades rurales, de esas megalópolis a menudo ingobernables donde han ido a cobijarse con desigual fortuna los excedentes de mano de obra del sector primario, que han pasado de habitar economías de subsistencia a soportar todos los males de la pobreza.

“La ciudad junta en un espacio reducido –escribe Caparrós–, la masa crítica necesaria para que pueda suceder esa explosión; también concentra lo mejor de las fuerzas del Estado, que puede reprimir con rapidez, con eficacia”. Las ciudades se convierten así en las cajas de resonancia de las crisis sociales porque son el escenario de dos procesos imparables: la concentración de la riqueza y la progresión geométrica de las desigualdades. A la que se añade la concreción de una clase media estancada que reclama a los poderes públicos mejores asistencia y servicios como contrapartida a su contribución a la sostenibilidad del sistema. En los días del joven Galeano, algo de todo eso había, pero a tenor del análisis compartido entonces por los análisis de izquierdas, la masa crítica para alcanzar una redistribución razonablemente equilibrada de las rentas se encontraba en el campo.

Muchos años más tarde de la publicación de Las venas…, en 2014, el propio Galeano confesó que no volvería a leer su libro, que quiso escribir una obra de economía política, “solo que yo no tenía la formación necesaria”. Aun así, la argumentación seminal de Galeano y de otros autores justificó la creencia de Edward W. Said en Cultura e imperialismo: “Los escritores y eruditos provenientes del mundo antes colonizado han impuesto sus historias diversas o han trazado  sus geografías locales sobre los grandes textos centrales y canónicos europeos” (más tarde, también estadounidenses). Es decir, que la narración de los hechos y las causas que los motivaron dejaron de proceder solo o principalmente de las metrópolis.

El profesor Arcadi Oliveres dejó dicho que globalización y regionalización en América Latina están obligadas a entenderse. Al concluir la travesía por las grandes urbes que realiza Caparrós parece que esa necesidad perentoria debe cubrirse. No solo porque a escala macroeconómica no se adivinan alternativas, sino porque, de no darse, será imposible reducir los espacios de pobreza, donde anidan las crisis sociales antes de los grandes estallidos. Los sucesos de este año en Colombia, la situación asfixiante de la economía argentina, la degradación del legado sandinista en Nicaragua, la enfermedad crónica venezolano y el último episodio de movilización en la calle de Cuba, entre otros datos, hacen inevitable la coexistencia de lo global con lo regional –añádase lo nacional o lo local–, salvo que sean mayoría los gestores que siguen creyendo, como en los días ya tan lejanos de la Alianza para el Progreso, que el concepto de precio justo es poco menos que medieval (Covey T. Oliver), es un sinsentido en las autopistas del libre comercio.

A principios de los años 90, un exfuncionario del Gobierno de Víctor Paz Estensoro sostenía que la mejor forma de que bajaran los precios de la carne de res en Bolivia era importarla de Estados Unidos. Claro que la solución, de ser cierta, condenaba a los ganaderos locales que criaban un pequeño número de cabezas –la mayoría– y sobrevivían en una precaria economía de mera subsistencia. Llevado a la práctica, significó que las comunidades rurales que, bien que mal, salían adelante con sus modestas explotaciones, se vieron obligadas a la larga a buscar refugio en la capital o en Santa Cruz, al sur del país, obligada a crecer por flujos migratorios causados por una descabellada política de precios nada medieval, muy rentable para los importadores, pero ruinosa para los campesinos.

A esos ganaderos expulsados de los circuitos locales cabe atribuír la condición de redundantes, a los que se refiere Caparrós, trabajadores de todos los sectores amortizados por la mecanización del sector primario. El fenómeno se repite en América Latina y está detrás de la expansión de las ciudades, de un cambio en la estructura social que propicia el crecimiento de economías urbanas precarias. Se trata de un rasgo compartido por todos los países de Ñamérica, así bautizada por Caparrós porque alberga un rasgo común indiscutible en el espacio que va de la frontera de río Grande a la Tierra del Fuego: el uso de la ñ, esa letra que nació con el castellano cuyo sonido representan con un dígrafo las otras lenguas latinas.

Se dan así en un espacio cultural bien delimitado tres realidades simultáneas y a saber si por mucho tiempo compatibles: los beneficiados por la globalización y la exportación de materias primas, las clases medias estancadas y las comunidades crecientemente vulnerables, crecientemente condenadas a soportar el aumento de las desigualdades, que transitan por la periferia de un modelo en el que no encuentran acomodo. De todo ello dan testimonios las ciudades inabarcables, donde se configura un futuro asimétrico que justifica el vaticinio de tensiones de todo tipo y un alejamiento cada vez mayor de las convenciones políticas de sectores sociales sin expectativas de futuro.