Boris Johnson, contra las cuerdas

Quizá sea Boris Johnson el político británico que más partido supo sacar al Brexit, pero quizá sea también el que peor ha administrado la salida de la Unión Europea en términos de resultados tangibles y de capacidad para hacerse con la complicidad de la mayoría de cuantos le otorgaron la victoria en las últimas elecciones y lo instalaron en el 10 de Downing Street. Las encuestas coinciden en que Johnson ha malbaratado el capital de popularidad acumulado con el divorcio y hoy no cuenta con el apoyo de más del 30% de los votantes, los laboristas le sacarían diez puntos de ventaja según los sondeos si hoy se convocara a las urnas y la sensación de desbarajuste gana la calle entre escándalos grandes y pequeños. Por si fuera poco, la prensa conservadora ha tirado la toalla en su estrategia justificativa del proceder de Johnson, al que ve como seguro caballo perdedor.

Es posible que Johnson sea más convencional de lo que parece y que aún esté bien considerada en ciertos ambientes la calculado excentricidad atribuida de antiguo a un determinado arquetipo británico, pero en tiempos de penalidades a causa de la pandemia rinde pocos intereses salirse de lo esperado, previsible y necesario. El resultado de la elección en el distrito de North Shropshire, donde ha ganado la candidata liberal demócrata con el 34% de los votos, ha sido descrita por el copresidente del Partido Conservador, Oliver Dowden, como una patada propinada por los votantes, hartos a su entender de un proceder injustificable. Pudiera pensarse que perder un escaño con una participación que no alcanzó el 50% no da para muchos análisis, pero ese no es el caso: en los últimos 189, solo dos veces los conservadores han salido derrotados de North Shropshire.

Peter Walker, analista político del periódico progresista The Guardian, llega a una conclusión que, con otras palabras, comparten incluso algunos editorialistas de medios conservadores: “Si es una especie de cliché que los conservadores pueden ser brutales por la forma que tratan a los líderes que ya no sienten como activos electorales –escribe Walker–, podría decirse que esto es aún más así en el caso de Boris Johnson, cuya principal virtud para muchos de sus parlamentarios fue su atractivo para los votantes. Si eso se ha esfumado, debería estar preocupado”. El recurso al condicional es meramente retórico, porque la pregunta sin respuesta que subyace es la que se formulan muchos pesos pesados del conservadurismo: ¿qué significado hay que dar a la pérdida de un escaño seguro en mitad del fragor de la batalla política desencadenada por las fiestas en Downing Street en los días previos a la Navidad de 2020? Y ya puestos, ¿cuánto daño han causado a la imagen conservadora los gastos suntuarios en el Número 10, cargados por Johnson al presupuesto?

De la misma manera que la campaña destemplada de Johnson para consumar el Brexit y suplir a Theresa May logró alcanzar los objetivos fijados, la destemplanza asociada al desgobierno que transmite el primer ministro reúne muchos de los ingredientes de una crisis política de la que es difícil salir ileso. Edward Heath publicó en 1975 un artículo en el que dejó explicado la que, a su entender, es la misión que compete a los conservadores: “Utilizar la influencia de sus habilidades políticas y diplomáticas para crear un nuevo equilibrio entre los diferentes elementos dentro del Estado en aquellos momentos en que, por una razón u otra, su desequilibrio amenaza con perturbar el desarrollo ordenado de la sociedad”. No es exagerado decir que, a la luz de los acontecimientos, Johnson contribuye a acentuar los desequilibrios.

A demasiados escaparon los antecedentes de Johnson en la alcaldía de Londres cuando se puso al frente de las operaciones para aprovechar la debilidad laborista, ganar las elecciones y culminar el Brexit. Los brexiters se movilizaron y vieron en él alguien parecido al defensor de la exclusividad británica que hace aconsejable no formar parte del club europeo. Sin embargo, el último año ha llevado a ver en el rumbo fijado por Johnson síntomas de inconsistencia en la gestión de los grandes asuntos, de falta de criterio, incluso de caótica improvisación, contrario todo ello a la vieja advertencia de lord Palmerston hace siglo y medio: “En el concierto de las naciones, la debilidad nunca será la base de la seguridad”. Una atmósfera de debilitamiento agravada en el presente por las incertidumbres de futuro, de las consecuencias del Brexit al desafío de la pandemia, de la emergencia climática al papel del Reino Unido en la economía global, que el premier no es capaz de afrontar de una forma razonablemente entendible.

Dos opiniones relevantes en el prestigioso semanario The New Statesman abordan el estado de la cuestión. Para una de sus analistas políticas, Annette Dittert, el problema no se circunscribe a la conducta del primer ministro, sino que el verdadero problema del Reino Unido “son los propios conservadores”, que en gran número se han desmarcado de una de las pocas decisiones sensatas que ha tomado Johnson: “Fijar nuevas medidas contra el covid para proteger a la población”. Que la decisión obedezca a la repercusión que ha tenido en la opinión pública el escándalo de las fiestas le parece a Dittert un pobre argumento para justificarla; más se le antoja que pone en riesgo los cimientos de la democracia al procurar argumentos a los grupos antivacunas y, en general, a los adversarios de la democracia liberal. En las mismas páginas, va más allá David Gauke, exsecretario de Estado de Justicia con Theresa May, que sostiene que lo que realmente importa “no es si el primer ministro está reaccionando de forma exagerada a la variante Ómicron, sino si está reaccionando de forma insuficiente”, una andanada contra los 96 diputados que no apoyaron las medidas llevadas por Johnson a la Cámara de los Comunes.

No hace demasiado, un editorial del diario conservador francés Le Figaro argumentó que al soslayar la realidad inexorable de cuál es la verdadera capacidad de influir del Reino Unido, la política británica había adquirido aires de tragedia shakespeariana. Lo cierto es que este final de año parece más cercano a una caricatura apresurada, huérfana tal política del pragmatismo que cada vez con más frecuencia echa en falta una opinión pública desorientada. Hay algo de permanentemente destemplado e inconsistente en el comportamiento de Johnson que acaso sea la causa primera y última de su desmoronamiento, de ese presagio que cada vez le acerca más a una situación imposible ante la rebelión de un ala de la mayoría conservadora en el Parlamento. Se diría que los enormes desafíos que debe enfrentar Boris Johnson han dado la medida de su incapacidad manifiesta para gobernar con solvencia.

Biden convoca a los aliados

La Cumbre por la Democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha emitido señales precisamente tranquilizadoras los pasados jueves y viernes. No dejó de ser chocante que más de un centenar de países fueran invitados a participar en un tótum revolutum en el que lo mismo cabían las viejas democracias europeas que Pakistán, Filipinas e Irak, con credenciales democráticas más que exiguas, y no, en cambio, China y Rusia, que también tienen poco que decir en orden a preservar y desarrollar la democracia, pero que son actores internacionales de primera magnitud. No pasó en absoluto inadvertido que estuviese Brasil, cuyo presidente muestra un compromiso limitadísimo con la democracia, y faltase Bolivia, que remedió mediante un proceso democrático perfectamente pautado los efectos del golpe de Estado que echó a Evo Morales de la presidencia.

Más que una Cumbre por la Democracia, pareció una asamblea de aliados de Estados Unidos y un reconocimiento más –no será el último– de que las vías de comunicación y coexistencia entre Washington, Pekín y Moscú funcionan cada vez peor. El corresponsal de The Washington Post en Taiwan, Christian Shepherd, fue más sangrante al analizar la composición del cónclave: Biden ha abrazado, escribió, “la creencia de que la democracia es como una cadena de comida rápida en la que Estados Unidos suministra los ingredientes”. Algo que llevó al mismo autor a preguntarse si la democracia estadounidense “realiza sueños o crea pesadillas”.

Sería una simplificación considerar que Biden actuó con un criterio maniqueo, dividir el mundo en buenos y malos. Es más probable que la estrategia seguida por la Casa Blanca obedeciera a la necesidad de agrupar efectivos a causa de la distancia cada vez mayor entre potencias con intereses enfrentados. Porque si bien es cierto que la impugnación de la democracia por China y Rusia no hace más que explotar la sensación de crisis en los fundamentos históricos del Estado de derecho, el ejercicio de las libertades y el respeto por los derechos humanos, es improbable que el saneamiento de la democracia pueda hacerse a espaldas de una parte de la comunidad internacional que ocupa un enorme espacio de poder.

Como explica el profesor Daniel Innerarity en Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI, las democracias han sufrido un desgaste y las instituciones deben afrontar una realidad nueva: la necesidad del aprendizaje permanente en un mundo cambiante. En una entrevista en El País, Innerarity sostiene que “resetear la democracia” debe “estar presidido por cómo conseguir realizar (no adaptar) los ideales irrenunciables de la democracia en contextos y situaciones que van cambiando con el paso del tiempo”. No es precisamente eso lo que hace Biden, sino que se adapta a dos datos objetivos: la sintonía con China se mantiene dentro de los parámetros de confrontación establecidos por Donald Trump y la relación con Rusia transita por el sendero de la degradación.

Desde la trinchera de los grandes excluidos se da la coincidencia de que tanto Xi Jinping como Vladimir Putin desean legitimar su poder. Charles Parton, miembro del think tank británico Council on Geoestrategy, dice que por primera vez China “quiere cambiar el mundo en el ámbito ideológico”.  En el enfado chino con Biden ve la confirmación de que la gran potencia asiática está dispuesta “a disminuir el poder ideológico de Estados Unidos porque al hacerlo aumenta el suyo”. Acaso no sea el mismo caso de Rusia, que mantiene la ficción democrática a través de una autocracia encubierta donde la oposición suele acabar en la cárcel o en el exilio. En ambos casos, la naturaleza política de sus aliados carece de significado, pero eso no es una gran novedad; demasiadas veces sigue vigente en Occidente –para muestra, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas– la frase que Franklin Delano Roosevelt dedicó a Anastasio Somoza, dictador nicaragüense: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Otra vez surge la pregunta: ¿estamos ante una nueva guerra fría? Y aun esta otra: ¿la guerra híbrida es una nueva versión de la guerra fría? Porque la confrontación mediante herramientas que no son ingenios militares, sino intromisiones en la política interior de los estados o crisis inducidas entre bloques da la sensación de que proliferarán en igual medida que se tensarán las relaciones entre contrincantes, adversarios o competidores. Algo que inevitablemente lleva a formular esa otra pregunta: ¿hasta qué punto entraña riesgos la escalada en curso?

El analista estadounidense Jeffrey Bristol parte de la hipótesis de que su país ya no es la potencia hegemónica que fue, y se ve obligado a operar “en un entorno global de naciones emergentes cuyos intereses solo a veces se alinean con los de Estados Unidos”. Y a partir de ahí entiende que fue un error que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 fiase la preservación de la paz “a través de la fuerza”. Quizá en el contexto de los conflictos híbridos haya sido un error dejar fuera de la Cumbre por la Democracia a China, Rusia y algún otro actor de peso si es que esta debía servir para relajar las tensiones además de para mejorar la democracia, que sin duda precisa una puesta al día y debe protegerse de las arremetidas de sus adversarios.

Las nuevas tecnologías, la red, la manipulación extrema de los conflictos sociales, la tendencia al proteccionismo económico, el mercado de la energía y un sinfín de recursos de última generación, incluido el auge de la extrema derecha, proporcionan toda suerte de herramientas a los instigadores de las guerras híbridas, muchas, por no decir todas, lesivas para la democracia. Esta es vulnerable por definición y es dudoso que la cumbre convocada por Biden haya servido para fortalecerla en tiempos inciertos.

El aborto divide Estados Unidos

La discusión sobre si el derecho al aborto forma o no parte de los derechos humanos ha llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos a través de la causa Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, nombre de la única clínica que practica abortos en el estado de Misisipi, de mayoría republicana. El conglomerado de organizaciones políticas, religiosas y de todo tipo que vieron en Donald Trump el ejecutor capaz de hacer realidad sus ensoñaciones, sostiene que el derecho al aborto es inexistente y atenta contra los derechos del no nacido. Los defensores del derecho de la mujer a abortar, y con ellos las democracias avanzadas, que han aprobado regulaciones liberales del aborto, se cogen a la doctrina de las Naciones Unidas que estima que la revocación por los jueces estadounidenses de la sentencia Roe contra Wade, año 1973, sería irreconciliable con el derecho internacional, que considera un derecho humano el de las mujeres a abortar.

En la práctica, afrontar el asunto desde esta doble perspectiva no es más que un falseamiento de la realidad y de la repercusión que puede tener que el Tribunal Supremo deje sin efecto la sentencia que emitió hace casi medio siglo. Porque como ha explicado de forma convincente en las páginas de The New York Times Mary Fitzgerald, responsable de comunicación de Open Society Foundations, los argumentos que manejan los recurrentes ante el Supremo “nos dicen cosas preocupantes tanto sobre la salud de la democracia estadounidense como sobre lo que podría suceder si el tribunal revoca Roe contra Wade el próximo año”. Y dichos argumentos quizá constituyen una amenaza futura en manos de los agitadores de todas las formas y mensajes de la extrema derecha a escala planetaria, que ha encontrado en la herencia del trumpismo aquello que durante décadas anduvo buscando.

La composición del Tribunal Supremo hace temer lo peor: seis conservadores y tres progresistas; tres mujeres y seis hombres. Pero eso no es todo: Trump nombró a jueces rematadamente conservadores –Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Barrett– con la promesa de que ayudarán a revocar la sentencia que garantiza el aborto en todos los estados. Es poco menos que innecesario añadir que los argumentos morales del expresidente son una mera cortina de humo o pretexto habida cuenta su trayectoria manifiestamente amoral; lo que importa es mantener unida a la extrema derecha con la inestimable ayuda de diferentes facciones fundamentalistas cristianas.

El debate abierto se prolongará durante meses, probablemente hasta bien entrada la primavera de 2022, pero la impresión es que los seis jueces conservadores están lejos de compartir la opinión de la británica Helena Kennedy, una respetada defensora de los derechos humanos: obligar a una mujer a soportar nueve meses de embarazo es “un trato cruel e inhumano”. Porque si el Tribunal Supremo revoca la sentencia que reconoce el aborto como un derecho a escala federal, cada estado podrá legislar según su conveniencia, prejuicios o necesidades electorales, y en algunos de ellos puede quedar el aborto prohibido casi por completo.

La columnista de The Guardian Moira Donegan cree que a lo máximo que cabe aspirar que salga del Supremo es “un derecho disminuido al aborto” que dejará a criterio de los estados fijar límites que, cabe suponer, imitarán en muchos casos leyes restrictivas como las de Polonia, Hungría y Brasil. Por no hablar de la extravagancia de la doctrina del primer latido –estado de Texas–, que limitaría la posibilidad de abortar a seis semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Todo lo cual abunda en la idea de que hay un riesgo cierto de dañar la calidad de la democracia en Estados Unidos y de revisar algo consustancial a la autonomía de las mujeres: decidir sobre su cuerpo, algo que incomoda por no decir que enerva a los profetas de la tradición, de una configuración patriarcal y sectaria de la sociedad.

No deja de ser paradójico que todo esto suceda al mismo tiempo que México y Argentina, dos países con una larga y consolidada militancia católica, autorizan el aborto. Pues si no se trata de estados confesionales, como tampoco lo es Estados Unidos, no cabe imponer en el siglo XXI aquello que, en gran medida, se sustenta en convicciones morales de raíz religiosa, respetables, pero que solo obligan a quienes las profesan. Las leyes que regulan el aborto pautan un derecho al que se pueden acoger las mujeres, pero no establece ninguna obligación ineludible: depende solo de la decisión autónoma e intransferible de cada mujer. De la misma manera que la maternidad es una posibilidad, pero no una obligación, llevar adelante un embarazo no deseado tampoco lo es; ese es el criterio inmensamente mayoritario en el feminismo se le den las vueltas que se le den.

No deja de ser chocante que las autodenominadas organizaciones provida de todas partes presenten el aborto como algo que no tiene la trascendencia que en realidad tiene para cuantas mujeres deciden acogerse a él. Lo cierto es que todos los especialistas coinciden en señalar que repercute en el doble plano físico y emocional. Pero los adversarios de la ley del aborto en Estados Unidos lo desconocen o lo soslayan y esperan que el Supremo les dé la razón; esperan que criterios de orden religioso se impongan al laicismo consagrado en la Constitución.

Finalmente, todo emite una señal más de la tajante división de una sociedad que parece empeñada en afilar un poco más cada día las aristas de la confrontación. Los espacios para la tregua y la coexistencia se reducen al mismo tiempo que la sociedad liberal y la conservadora tienen enormes dificultades para reconocerse mutuamente como parte de una misma comunidad. En el caso del aborto, además, la arremetida de sus adversarios en las redes sociales ha adquirido la naturaleza de un gran desafío, un anticipo de lo que puede ser la campaña de las elecciones de noviembre en términos de violencia, confiemos en que solo verbal. El problema es que con los agitadores del trumpismo nunca se sabe cómo puede acabar la fiesta.