Mar embravecido en Ucrania

Llegada la crisis de Ucrania al territorio de los aspavientos en público, podría ser sumamente revelador conocer cómo se desarrollan los acontecimientos bajo la superficie de un mar encrespado. Se llame a esto diplomacia secreta o labor de inteligencia, o ambas cosas al mismo tiempo, importa saber siempre quiénes mueven los hilos para lograr un desenlace no traumático en una crisis que reúne todos los ingredientes de la exasperación. Tal estado de ánimo es detectable en el campo euroatlántico y en el ruso más allá de la propaganda y de la versión oficial que suministran los portavoces del Kremlin y de la Casa Blanca. En su empeño por transmitir una determinación ilimitada, tales voceros contribuyen a alterar el pulso a opiniones públicas más inclinadas a temer lo peor que a confiar en que, en última instancia, se imponga la razón.

Los precedentes de acuerdos logrados entre bambalinas son demasiado abundantes como para descartar que esta vez, vencido el plazo de la retórica apocalíptica, sea posible una salida honorable y defendible por todas las partes, aunque cada una se presente como vencedora de la crisis para consumo interno. Los perjuicios asociados a una salida no equilibrada resultan demasiado evidentes y predecibles; los factores de vulnerabilidad de unos y otros ahí están, con la repercusión económica negativa en primer plano de las predicciones. Porque la Unión Europea y Estados Unidos ya han amenazado a Rusia con sanciones de un alcance desconocido hasta la fecha si desencadena alguna forma de ataque o injerencia en la política interna ucraniana y porque, sin duda alguna, un corte del suministro de gas ruso a Europa, incluso siendo remediable mediante el recurso a nuevos proveedores, dispararía los precios de la energía y, en cascada, de casi todo, y la recuperación prevista para 2022 quedaría tan hipotecada como poner coto a la inflación.

En un largo comentario firmado por Tom McTague en el mensual progresista estadounidense The Atlantic, se subrayan las contradicciones que debe afrontar el bloque occidental, englobado en la OTAN, tanto desde la perspectiva europea como desde el punto de vista de Estados Unidos. Defiende McTague que las tres grandes potencias europeas –el Reino Unido, Alemania y Francia– afrontan la crisis desde posiciones y objetivos no coincidentes. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden quiere proyectar una imagen de fuerza, pero es consciente de que el premio inherente al desenlace de la crisis puede ser para Rusia acabar o por lo menos reducir el papel determinante desempeñado en Europa por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con el análisis de McTague, Boris Johnson quiere aprovechar el momento para reforzar el papel británico en el seno de la OTAN; para el premier, “lo más importante en la política mundial es el zeitgeist, sean o no sólidas las ideas que lo sustentan”. Alemania se empeña en mantener un perfil relativamente bajo para preservar sus vínculos económicos con Rusia a pesar de ser de largo la primera potencia europea. Y Francia intenta conservar su status de medidora indispensable a través de la pervivencia del Cuarteto de Normandia –Francia, Alemania, Ucrania y Rusia–, cuyo mayor logro fue establecer un alto el fuego en el Donbáss, aunque luego se impuso la realidad en el campo de batalla y hoy suman más de 14.000 los muertos habidos en una guerra inconclusa.

“La ironía es que cada posición adoptada por los tres grandes de Europa socava a los otros dos. Estados Unidos sigue siendo el señor paternal de Europa, al igual que lo fue cuando los Balcanes se derrumbaron a principios de la década de 1990, solo que esta vez es un protector envejecido y algo más desaliñado, con enemigos que parecen más fuertes de lo que eran. El resultado, en otras palabras, es la inmovilidad, que, si se es cínico, conviene a todos en Europa: Estados Unidos sigue pagando y no hay que enfrentarse a decisiones difíciles”, escribe McTague. Claro que este esquema de trabajo no es para toda la vida: si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en 2025, volverán los reproches de Washington a los europeos, poco dados a incrementar las partidas destinadas a defensa.

Al final, es de aplicación a la atmósfera europea, por encima de las declaraciones de unidad que prodigan las cancillerías, la primera frase de la novela Ana Karenina: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. La ausencia de desavenencias públicas no puede soslayar esa realidad: en cada capital influyente hay un fondo de insatisfacción, de infelicidad por cómo se gestiona la crisis, por el daño potencial que puede hacer mella en sus intereses inmediatos. Cierto es que la cohesión europea se ha conseguido asentar de una forma razonablemente segura a golpe de sucesivas crisis resueltas sin que nadie pudiese declararse por completo vencedor, pero en esta ocasión, como en los 90 durante la crisis de los Balcanes, los resortes de la tensión interna tienen un origen externo.

Al acudir al criterio de los analistas rusos, también cabe detectar el silencio sobre uno de los grandes temores de Vladimir Putin: que un gesto de fuerza sin paliativos dé como resultado una Ucrania permanentemente antirrusa, hostil, semillero de un conflicto interno que afecte a su poder omnímodo. Aunque a la opinión pública rusa le parece remota la posibilidad de una guerra, y atribuye los vaticinios en este sentido a los medios informativos de Estados Unidos y el Reino Unido, lo cierto es que es cada vez menor el margen de seguridad para evitar que se acelere la escalada. Esto es, nadie quiere que la crisis ucraniana derive en una guerra, pero hay demasiada agitación en ese mar embravecido, tan alejado de las sutilezas del ajedrez y tan cercano a una confrontación sin las reglas no escritas que en el pasado acotaron la guerra fría.

Ucrania bien vale un acuerdo

Ucrania bien vale un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, puede decirse parafraseando al rey Enrique IV de Francia, pero hasta que ambas partes lleguen a esta conclusión se expone Europa a una crisis malcarada. Porque la diplomacia de las amenazas y de las exigencias desaforadas se ha adueñado del escenario y ni una parte ni la otra quieren dar la impresión de que abandonan la disputa y se pliegan a los requerimientos de su rival. Sumergidos en la lógica de una guerra fría con reglas nuevas que hace falta explicitar y entregados Vladimir Putin y Joe Biden a ejercitarse en el lenguaje del desafío, el futuro se llena de incógnitas y la Unión Europea se antoja una vez un actor débil a escala internacional incluso cuando el disenso la afecta directamente.

La operación emprendida por Putin para recuperar el orgullo nacional mediante una reconstrucción sui géneris del espacio de poder que fue la Unión Soviética y, de paso, afianzarse en el papel de líder de una autocracia, no tiene marcha atrás. La euforia desmedida de Occidente durante los acontecimientos que se desarrollaron entre la caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989) y la extinción de la URSS (25 de diciembre de 1991) están en el origen del agravio ruso, que se concretó durante la presidencia de Boris Yeltsin, viva imagen de la implosión de una gran potencia. Mientras tal cosa sucedió se afianzó la imagen de hiperpotencia de Estados Unidos, único actor a escala planetaria teóricamente capaz de organizar la posguerra fría sin competidores con medios para discutirle su papel. China era una mera hipótesis de futuro, un universo que necesitaba transformar su economía para disponer de una voz propia determinante.

El tránsito de Boris Yeltsin a Vladimir Putin significó una reordenación de la capacidad del Estado para recuperar la identidad perdida y culminar el cambio de la economía hacia un capitalismo sin rostro humano salvo el de los oligarcas, piedras sillares en el afianzamiento del presidente. Pero cuando Rusia estuvo en condiciones de llamar de nuevo la atención a la OTAN, se habían consumado tres realidades nuevas: la ampliación de la UE en dirección al este, el ingreso en la OTAN de los antiguos integrantes del Pacto de Varsovia y aun de territorios tan tenidos como propios por Rusia como las repúblicas bálticas y la conversión de China en gran potencia económica en condiciones de disputar la hegemonía a Estados Unidos –por lo menos, igualarla– y aspirante a liderar la revolución tecnológica.

Todo esto significó para Rusia verse abocada a disputar una competición por encima de su peso, como ha dicho el profesor Fernando Vallespín. No puede hoy Rusia jugar la misma liga que Estados Unidos y China, pero sigue siendo una gran potencia militar con intereses específicos y la sensación de que, de Bielorrusia a Kazajistán, es posible recuperar el espacio perdido, o por lo menos una parte de él, aunque sea con otras reglas. A nadie puede extrañar, entonces, que Rusia reclame garantías a la OTAN de que no se aproximará a sus fronteras más de lo que ya lo está, de que ni Ucrania ni Georgia ingresarán en ella y de que el Estado-continente que es Rusia será un actor principal y reconocido en los acontecimientos que se desarrollan en su periferia.

Las exigencias son desmesuradas, pero no están desvinculadas de la realidad: la OTAN aprobó en 2008 la posible entrada de Ucrania y Georgia, pero desde aquel año no ha dado un solo paso en esa dirección. Es más, cuando el presidente georgiano Mijail Saakashvili, el mismo 2008, creyó que tendría de su parte a la OTAN en su enfrentamiento con Moscú, cometió un error de cálculo histórico: la Alianza no hizo ningún gesto significativo en su favor y Georgia acabó perdiendo Abjasia y Osetia del Sur, reconocidas por Rusia como estados independientes (en realidad, territorios sometidos a vasallaje). Como dice Javier Solana, la adhesión de Ucrania a la OTAN no es algo que, hasta la fecha, figure en la agenda de Occidente, una situación que no cambió ni con la anexión rusa de la península de Crimea ni con la crisis del Donbass, aún hoy una guerra de baja intensidad.

Todo lo cual lleva a la conclusión de que el calentamiento de la crisis en Ucrania presagia un juego de suma cero en el que cualquier modificación del statu quo entraña muchos riesgos y pocos o ningún beneficio. La determinación de Estados Unidos de dopar al Ejército de Ucrania con una ayuda de 600 millones de dólares, unido a las amenazas de Joe Biden y a la reconocida incontinencia verbal de Vladimir Putin, apoyada en el despliegue militar en la frontera oriental de Ucrania, no es la mejor preparación para dar con la tecla que desactive los peligros latentes. La ausencia de la Unión Europea abunda en esa percepción de que un actor adscrito al soft power, que podría serenar la discusión, persevera una vez más en el viejo esquema de apoyo a Estados Unidos cuando probablemente la Casa Blanca es parte del problema y lo que se precisa en estos cosas es una voz que se manifieste desde una posición menos comprometida.

Algunos análisis desapasionados han llegado a la conclusión de que el primer paso que debe dar Estados Unidos para disputar con posibilidades la carrera con China es debilitar el matrimonio de conveniencia establecido por Vladimir Putin con Xi Jinping. En caso contrario, esa alianza será un elemento de presión permanente como lo es la tutela china de Corea del Norte frente a la otra Corea y a Japón. Por decirlo con palabras escritas por un editorialista de Global China, “la cooperación con Rusia es algo deseable y necesario”, una frase con un significado preciso y elocuente. No hay en la crisis ucraniana nada que pueda debilitar su significado salvo que una tercera voz sea capaz de realzar las contradicciones inherentes a la asimetría entre una gran potencia en ascenso (China) y otra en aparatosa reconstrucción (Rusia). Si esta voz fuese la europea –con el gas ruso y la nueva Ruta de la Seda sobre la mesa–, todo quizá sería más fácil, pero hay un encanallamiento de la crisis que bloquea de momento cualquier salida razonable.

En cierta ocasión, un periodista preguntó a Jacques Delors, a la sazón presidente de la Comisión, qué papel debían desempeñar los socios europeos en el ordenamiento de Europa Oriental después de la desaparición de la URSS. La respuesta de Delors es tan válida ahora como lo fue entonces: “Si no sabemos defender nuestros intereses, nadie los defenderá”. Esa es la cuestión mientras Anthony Blinken y Sergei Lavrov intercambian frases amenazantes por orden de sus jefes.

Con Andrés llegó el escándalo

El día antes de que la reina Isabel II desposeyera al príncipe Andrés de sus títulos militares y patronatos reales, David McClure daba en el diario The Guardian con la expresión precisa para resumir el sentido de la decisión tomada en el palacio de Buckingham: limitar los daños derivado del juicio que el hijo de la soberana deberá afrontar en Nueva York. La acusación de abuso sexual a menores es lo suficientemente grave y explícita en el seno del escándalo Epstein-Maxwell como para poner el parche antes que la herida y para que, al mismo tiempo, cunda en la opinión pública la sensación de que la impunidad forma parte del estatus social de un exclusivo grupo de personajes radicados en la vecindad de la corona.

En la reacción de la reina se detecta el rastro de a un aprendizaje a la fuerza. Desde la entrevista con Diana de Gales en la BBC, confesionario público que sirvió para desvelar su extraño matrimonio con el príncipe Carlos, la casa de Windsor se ha especializado en dar pábulo a toda clase de rumores, insinuaciones y rarezas, por lo general confirmadas y enseguida engrandecidas, exageradas por el griterío de los tabloides. Si a alguien le pudo parecer desmesurada –algo improbable– la foto fija de la familia real a la muerte de la princesa Diana en la película The Queen o la crónica del reinado de Isabel II en The Crown, las sospechas que arrostra Andrés, presunto compinche de Jeffrey Epstein, le habrá llevado a concluir que la realidad es la que es y no hay forma de esconderla permanentemente en el seno de la aldea global.

Si las monarquías lograron blindarse durante siglos del escrutinio pública, hoy tal cosa es del todo imposible. La ejemplaridad otorgada a las familias reinantes, la legitimación sin concurso de los ciudadanos, su condición de encarnación del Estado son atributos que hoy no dejan de ser un legado del pasado que las monarquías de países democráticos sobrellevan gracias al viejo principio resumido en la frase “el rey reina, pero no gobierno”. El problema surge -un verdadero choque en entornos conservadores- cuando el halo de misterio y opacidad de palacio se rompe con el estruendo de una tormenta persistente.

De la misma manera que muchos escritores sostienen que, de hecho, siempre escriben sobre el mismo tema –tienen “un único terreno”, sostuvo Joan Didion en una celebrada conferencia–, las monarquías europeas se asientan también en la legitimación a través de la ejemplaridad (su único terreno). Cuando aparecen fallas en el terreno, entra en discusión el carácter reservado, exclusivo, impenetrable de palacio y su entorno. Cuando, además, se expande la sensación de que dentro de la torre de marfil cabe la impunidad, se desmorona la ficción de la familia ejemplar, de la referencia moral, aunque la mayoría o muchos de sus miembros se atengan a la decencia y a la ley que rige para el resto de ciudadanos.

En el caso del príncipe Andrés concurren datos inasumibles en una sociedad especialmente sensible ante los delitos que tienen como víctimas a menores, al tráfico sexual, a la violencia extrema que entraña vulnerar las reglas más elementales de la moral pública y privada. Como escribe Sean O’Grady en Independent, los hábitos añejos no tienen acomodo en este asunto: “Palacio solía tener una costumbre desafortunada de ignorar las críticas y los problemas, esperando que desaparecieran. Realmente ya no puede hacerlo, al menos en este caso”. Quizá en ninguno; quizá “la victoria de las mujeres” –otra vez O’Grady– que significa el procesamiento del príncipe es un camino sin retorno posible, y acaso la única salida honorable que le queda al encausado es llegar a un acuerdo de conciliación –un reconocimiento implícito de culpabilidad al fin– si es que la demandante, Virginia Giuffre, se aviene al arreglo, algo cuando menos dudoso porque da la impresión es que está más interesada en que se reconozca el delito que en una compensación económica.

Precisamente ahí radica la parte más espinosa del asunto: que el procedimiento civil no acabe en conciliación. Incluso para una monarquía asentada e indiscutida como la británica, resulta perturbadora la posibilidad de ver al príncipe, al hijo de la reina, al duque de York, perejil durante años de todas las salsas, sentado en una sala de justicia y con el riesgo evidente de ser condenado. Pero ha pasado demasiada agua bajo los puentes de Londres desde que hubo noticia de las primeras sospechas como para creer que un atajo legal resultaría menos dañino para la imagen de la institución. Este es incluso el parecer de muchos constitucionalistas, que creen que la única forma de salvaguardar la corona es actuar en el sentido que lo ha hecho Isabel II.

Un editorialista ha escrito que “el principio de ocultación” puede ser tanto o más lesivo que el desenlace judicial. Ingrid Seward subraya en The New Statesman que el duque de York “ha llevado a la familia real a una pesadilla de relaciones públicas: sus abogados han usado tantas lagunas legales para escapar del tribunal que la percepción de que es culpable ha aumentado”. Y no hay manera de que, como por ensalmo, la atmósfera viciada se desvanezca; no hay táctica posible para contrarrestar en las redes sociales, en los grandes medios, en las conversaciones a pie de calle la percepción de que del príncipe abusó de su posición privilegiada para tener un comportamiento por completo inaceptable.

Puede que el coste institucional de todo ello debiera tener advertidos a otros entornos reales -el de España, entre ellos-, porque el índice de tolerancia de la opinión pública no es hoy el que fue en el pasado. La existencia de un papel representativo heredado, cerrado, garantizado de generación en generación no cosecha las unanimidades de ayer, siquiera sea porque la igualdad ante la ley es bastante más que una frase para un número creciente de ciudadanos. Dicho de otra forma: nada ni nadie está a salvo del desgaste causado por el paso del tiempo.

Fractura agravada en Estados Unidos

La multiplicación de voces que otean el horizonte electoral de Estados Unidos y ven en peligro la democracia constituyen un indicio cierto de los riesgos a los que se enfrenta un país dividido y a expensas de nuevas sacudidas si los resultados del próximo 8 de noviembre no casan con las expectativas del trumpismo. Basta atenerse al precedente de la elección presidencial de 2020 para llegar a la conclusión de que el grueso del Partido Republicano, y aún más el electorado conservador de la llamada América profunda, dan por descontada la victoria y ningún resultado que difiera de tal convencimiento a priori será considerado fruto de un escrutinio limpio. Donald Trump indicó el camino a seguir al no aceptar el triunfo de Joe Biden y su estrategia de intoxicación de la opinión pública se ha visto coronada con el éxito: dos tercios de los votantes republicanos siguen creyendo que a Trump le robaron las elecciones.

¿Estamos encarando una segunda guerra civil? Este es el inquietante titular del último artículo publicado en The New York Times por la respetada columnista Michelle Goldberg. Más allá de la intencionalidad provocativa –ella encuentra “la idea de un colapso total difícil de entender”–, se remite a autores como la profesora Barbara F. Walter, de la Universidad de California, una especialista en la guerra civil (1861-1865), para quienes “una ruptura estadounidense ha dejado de ser improbable”. Una corriente de fondo enormemente compleja, donde encuentran cobijo todos los demonios familiares –la tensión racial, la desconfianza permanente ante el poder de Washington, la dualidad sociedades urbanas-sociedades rurales, el ensimismamiento nacionalista, una cierta convicción mesiánica sobre cuál es la misión histórica de Estados Unidos– y que lleva a vislumbrar un futuro borrascoso donde puede encontrar acomodo la prédica autocrática hasta degenerar el sistema en una democracia mutilada.

El discurso de Biden del 6 enero, primer aniversario del ominoso asalto al Congreso, es significativo en el sentido de advertir sobre los peligros que acechan al sistema más que por la andanada dirigida a Trump, por lo demás muy fácil de compartir por cualquier defensor de la democracia representativa, el Estado de derecho y la normalidad institucional. La llamada de atención del presidente concuerda a grandes rasgos con las alertas difundidas por entidades como International IDEA, cuyo último informe destaca que por quinto año consecutivo los países que enfilan la senda del autoritarismo supera a la de los que enfilan la de la democratización. Y por primera vez incluye a Estados Unidos en el grupo de países con la democracia en retroceso.

La estética en la que se apoya la inercia reactiva del Partido Republicano hasta resultar irreconocible y las multitudes que jalean cada ocurrencia de Trump es un prolegómeno ilustrativo de lo que se avecina si el próximo noviembre consagran las urnas el populismo movilizado que tomó el edificio del Capitolio. Hay demasiados datos que indican que la mitad del país que vota no se reconoce en la progresiva transformación de una sociedad blanca, anglosajona y protestante (wasp) en otra infinitamente más diversificada, fundida en un crisol que tiene poco que ver con el heredado de los padres fundadores. Desde por lo menos la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), la transversalidad ha espoleado la reacción de un conservadurismo anclado en la añoranza de cierta forma inmutable de equilibrio social, cuya primera manifestación fue el Tea Party, tan contenido y limitado en su influencia visto lo que le ha seguido.

Un suceso como el asalto al Congreso solo es posible si detrás de la multitud airada se encuentra un largo proceso de impugnación de la democracia, aunque los impugnadores llamen al activismo radical en defensa de la democracia. Donald Trump y su círculo de asesores no han dado un solo paso para ocupar a codazos espacios de poder sin remitirse a la defensa del sistema democrático, de la transparencia electoral y de la nación frente a sus adversarios interiores y exteriores, pero en la cronología de la presidencia de Trump y en su primer año de líder de facto de la oposición no hay un solo gesto que quepa considerar encaminado a salvaguardar el sistema democrático.

El último artículo de Barton Gellman en el mensual progresista The Atlantic empieza con un párrafo de una rotundidad que hubiese resultado inconcebible hace no demasiados años: “Técnicamente, el próximo intento de derrocar una elección nacional puede no considerarse un golpe. Dependerá de la subversión más que de la violencia, aunque cada una tendrá su espacio. Si el complot tiene éxito, los votos emitidos por los votantes estadounidenses no decidirán la presidencia en 2024. Se desperdiciarán miles de votos, o millones, para producir el efecto requerido. El ganador será declarado perdedor. El perdedor será certificado como presidente electo”. Es deseable que tal cosa no suceda y que los hechos quiten la razón a Gellman, pero es una posibilidad que todo se tuerza a la vista de las modificaciones efectuadas en las leyes electorales de varios estados que autorizan a las autoridades locales  a decidir, llegado el caso, si un determinado tipo o número de votos deben o no contarse, algo que ya intentó Trump en noviembre de 2020 con los votos por correo y los votos anticipados en diferentes estados.

El senador John McCain, un conservador lúcido, consagró el final de su vida a desacreditar la demagogia incendiaria de Trump y sus émulos. “Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todos los rincones del mundo”, declaró poco antes de morir en agosto de 2018. Ahí se halla hoy Estados Unidos, viva imagen de una comunidad dividida hasta el paroxismo, con dos proyectos de futuro sin punto de encuentro posible salvo que a un lado y otro de la divisoria se opte por una fórmula híbrida entre coexistencia y convivencia. Pero hay un encanallamiento en el debate político, un falseamiento sistemático de los datos desde que Joe Biden ganó la Casa Blanca, que hace muy difícil que tal apaciguamiento se produzca a diez meses de unas elecciones que todo el mundo estima determinantes, y con el índice de aceptación del presidente en el 43%. Y sin apaciguamiento, la fractura tenderá a agravarse hasta límites impredecibles.