Francia, una república desgastada

El desenlace de la elección presidencial en Francia del pasado domingo ha dejado al descubierto una vez más las costuras del sistema, progresivamente alejado el entramado institucional del contexto social, una disfunción no específica de Francia, sino de muchos otros países europeos, con características propias en cada caso. La Quinta República respondió en su nacimiento a la impronta personal de su fundador, el general Charles de Gaulle, que rescató a Francia del oprobio de Vichy, liquidó el empantanamiento político de la Cuarta República nacida después de la guerra, acordó la descolonización de Argelia y diseñó un régimen a la medida de sus necesidades y convicciones, un conservadurismo con inquietudes sociales. Pero aquella operación de renacimiento de Francia se consolidó en el seno de una sociedad que hace tiempo dejó de existir y hoy transmite permanentemente señales de agotamiento, de inadecuación a la realidad, cuya máxima expresión es el hundimiento de Los Republicanos (LR), herederos últimos del gaullismo, y del Partido Socialista (PS).

Son demasiadas las voces autorizadas que alertan de la erosión irreversible de la Quinta República y son asimismo muchos los que vaticinan que las legislativas del 12 y del 19 de junio pueden sellar la tumba de las dos grandes fuerzas políticas que se turnaron en el Gobierno durante medio siglo. El comportamiento del electorado en la jornada del domingo pasado, la abstención, los votos en blanco y el ascenso pasmoso de la extrema derecha son síntomas inequívocos de desgaste; la fractura entre los estados mayores de los partidos en el ocaso y los cargos electos locales de estos mismos partidos, también es sintomática. Nadie duda de que Emmanuel Macron, reelegido con más margen del previsto por las encuestas, mantendrá la tradición de que el partido ganador de las legislativas que siguen a las presidenciales es aquel que apoya al presidente, incluso se da por razonablemente seguro que renovará la mayoría absoluta, pero es más improbable que iguale el éxito de 2017 (350 diputados de 577).

La  constitucionalista Marie-Anne Cohendet señala que “cuando en democracia la mitad de la opinión pública vota por partidos antisistema o se abstiene, la Constitución merece ser revisada”. No es esta una opinión excepcional, minoritaria o fruto de un pesimismo infundado, sino que se trata de un análisis compartido por muchos. “El viejo país asustado” al que se aludió en la campaña de la presidencial de 2002 ha dado paso al país hastiado, enfadado con el establishment y que cree haberse instalado en una decadencia irremediable. Todo ello fruto de una mezcla de sensaciones no siempre acordes con la realidad, pero presentes en el estado emocional de muchos votantes. “A veces hay un abismo entre lo que ocurre realmente y el sentirse despreciados. Porque es esa la respuesta generalizada que escucho en la próspera Francia que, sin embargo, insiste en proyectar la imagen de estar en caída libre, absorta en su eterna malaise”, ha escrito Mirian Martínez-Bascuñán en El País.

Ese estado de ánimo colectivo ha hecho posible que el bipartidismo imperfecto del Estado gaullista haya evolucionado hacia un sistema triangular de partidos o, más exactamente, de corrientes de opinión de dimensiones parecidas: el liberal conservador, que gira entorno a La República en Marcha (LREM) de Emmanuel Macron; la nueva izquierda de La Francia Insumisa (LFI), promovida por Jean-Luc Mélenchon; y la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional (RN), que encabeza Marine Le Pen. Ese es el mapa, que es forzoso completar con el arraigo local de los viejos partidos, con diputados en la Asamblea Nacional, alcaldes y consejeros regionales, y que en junio pueden obtener un resultado mejor al de abril al pesar bastante en el comportamiento de los votantes la cercanía de los candidatos. Un dato real aunque insuficiente para alterar sustancialmente el sistema triangular y que, en cambio, hace aconsejable que los partidos que precisan respiración asistida pacten candidaturas unitarias de supervivencia con sus adversarios ideológicamente más cercanos.

El caso es que esta posibilidad llena de lógica debe enfrentar no pocos obstáculos. Cargos electros de LR han instado a la dirección a llegar a un acuerdo con LREM, habida cuenta la proximidad programática de ambas formaciones, pero la dirigencia recela ante una operación que puede acabar en absorción. El expresidente François Hollande advierte de que el PS puede desaparecer si se asocia con LFI y desnaturaliza su mensaje, pero lo cierto es que Anne Hidalgo, alcaldesa de París y candidata socialista a la presidencia, obtuvo menos del 2% de los votos en la primera vuelta. Incluso la obstinación divisiva de Éric Zemmour resulta frustrante para la extrema derecha, aunque es improbable que el ego del polemista ultra dañe las expectativas de los candidatos lepenistas, que, por lo demás, afrontan un desafío francamente modesto: superar los ocho escaños obtenidos en 2017.

En esa transformación del espectro electoral y en las tensiones que genera en cada campo, el gran reto sobrevenido para los constitucionalistas y europeísta es activar un proyecto de futuro que contenga la progresión de la extrema derecha, que a lomos de la promesa identitaria ha pasado del 18% de Jean-Marie Le Pen en 2002 al 41,5% de su hija ahora. Los próximos cinco años se vislumbran decisivos para truncar la progresión de más de un punto por año del RN, para desactivar la inercia que lleva inexorablemente al desastre que sería para Francia y para Europa que quien suceda al presidente Macron sea una representante de esa derecha incontinente que crece sin parar con el santo y seña de exaltar la nación, desandar el camino de la globalización y regresar al proteccionismo, cerrar las fronteras y combatir al diferente, al extranjero, al ajeno a las esencias patrias, aunque tales cosas no sean más que una suma de tópicos y de historia ficción.

La reelección del presidente Macron admite un sinfín de conclusiones provisionales menos una muy extendida, pero también muy desgastada: cualquier candidato a ocupar El Eliseo que se enfrente a un representante de la extrema derecha tiene las de ganar. Si esto fue sociológicamente así hasta 2017, hoy ya no lo es, y dejar que progrese el desgaste de las convenciones de la Quinta República entraña el riesgo cierto de propiciar su deslegitimación ante una opinión pública cada vez más defraudada con los gobernantes. Es indudable que la interpretación del pacto republicano asociada a la historia de la Quinta Republicano ha caducado y que la erosión del pacto social no admite discusión. Nadie tiene hoy en Francia la influencia pública de la que disfrutaron los primeros presidentes del régimen diseñado por De Gaulle y, en consecuencia, es un requisito ineludible para reparar la fractura social, atenuar las desigualdades y neutralizar las proclamas de la extrema derecha que se concrete en hechos el doble principio de eficacia y reparación de daños, de sintonía con una sociedad que se siente desasistida.

 

Referéndum presidencial en Francia

La Europa democrática se tienta la ropa a la espera del desenlace de la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia, incluso después de que las encuestas posteriores al debate de la noche del miércoles dieran una ventaja de entre 10 y 12 puntos a Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen. Aunque se antoja muy improbable la victoria de la candidata de extrema derecha, portavoz de un populismo nacionalista y antieuropeo, la decepción de un electorado que ha fulminado el sistema tradicional de partidos de la Quinta República, por completo desprestigiado, justifica la incertidumbre y los temores hasta que el escrutinio proclame un vencedor o una vencedora. Un estado de intranquilidad emocional azora al establishment europeo, habida cuenta el efecto de contagio que podría tener en no pocos países de la Unión Europea el triunfo de Le Pen y la distorsión que provocaría en el consenso democrático de los Veintisiete.

Por eso está más que justificada la creencia de que la votación del domingo es en gran medida la celebración de varios referéndums en un uno: sobre el compromiso democrático, sobre el papel fundamental de Francia en Europa, sobre la respuesta europea a la guerra de Crimea, sobre el papel de la nueva izquierda, sobre la necesidad de sanear el pacto social y los resortes del Estado del bienestar, sobre, en suma, las reglas del juego que han pasado de generación en generación desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Está en juego cierta hegemonía de la cultura política que permite asimilar a la idea de Europa la de un espacio multicultural que comparte una serie de convenciones no divisivas. Pero también está en juego la imperiosa necesidad de revisar y corregir los desajustes derivados de la globalización, de los flujos migratorios, de la emergencia climática, del agravamiento de las desigualdades y de la sensación de que el futuro puede ser sustancialmente peor que el pasado inmediato.

“La reelección de Macron es un preliminar democrático indispensable”, dice el filósofo francés Michaël Foessel. Y esta síntesis necesariamente incompleta de lo que está en juego resume, al mismo tiempo, una verdad fundamental: del resultado dependen la continuidad del pacto republicano, consustancial a la tradición política francesa, y la solvencia de las instituciones. Foessel confiesa en el semanario progresista L’Obs que la historia le impide confundir neoliberalismo y nacionalismo, y que es “a quienes no disponen de esta memoria histórica a quienes es preciso convencer de la actualidad del No pasarán”.

Es ese un ejercicio de realismo. Basta fijarse en los datos para aquilatar las dimensiones de la progresión de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de los últimos 20 años. En 2002, Jean-Marie Le Pen obtuvo el 18% de sufragios frente a Jacques Chirac, llevado en volandas por la movilización general que cerró el paso al candidato del Frente Nacional. En 2017, Marine Le Pen consiguió el 34% de los votos frente a Emmanuel Macron, lo que representó una ganancia neta de más de un punto por año con relación al resultado cosechado por su padre. En la cita de este domingo, la encuesta que le es más favorable adjudica a Macron el 56% de los votos o, lo que es lo mismo, da a la candidata del Reagrupamiento Nacional el 44%, una ganancia neta de dos puntos por año a partir de 2017. Con el factor añadido de que se ha consolidado el apoyo transversal a Marine Le Pen, con caladeros de votos en los barrios burgueses de las grandes ciudades, en las banlieues zarandeadas por la crisis, en la Francia alejada de los centros de decisión y en los entornos sociales donde la tensión migratoria es innegable. Dicho con otras palabras, hay un progreso constante y constatable de la oferta ultraderechista, capaz incluso de captar votos en el zurrón de la izquierda que optó por Jean-Luc Mélenchon o de dejar en casa a una parte de sus seguidores, poseídos por reparos insalvables para acudir a votar por Macron.

Como ha escrito Yves Thréard en Le Figaro, la política francesa ha pasado en medio siglo de dividir al electorado en apoyo de programas políticos manifiestamente diferenciados a gestionar el grado de rechazo de los candidatos. “El desamor, por no decir la detestación, que inspiran los responsables políticos hoy es tal que se vota sobre todo para levantar un muro de contención antes que por convicción”, sostiene Thréard. En la memoria colectiva de los electores más veteranos pervive el recuerdo de la altura política del debate de 1974, que ganó Valéry Giscard d’Estaing –“usted no tiene el monopolio del corazón”– a François Mitterrand y del de 1981, en el que se intercambiaron los papeles de vencedor y vencido; en la memoria del electorado más joven prevalecen las arremetidas desbocadas de Marine Le Pen en el debate de 2017, y la determinación de Emmanuel Macron en el del miércoles para poner en evidencia las contradicciones irresolubles del programa de su adversaria, abanderada de un nacionalismo radicalmente excluyente.

Quizá sea cierta la opinión de Jean Daniel, recordada en El País el último domingo: “Emmanuel Macron es un fenómeno inclasificable. Cada vez que nos hacemos una idea de él, nos equivocamos”. Acaso sea un político líquido que se adapta al envase sin mayores reparos y prejuicios, pero es, sin duda y al mismo tiempo, quien transmite la sensación de que es el depositario de la Francia indispensable para el progreso del proyecto político europeo frente a la trasnochada idea de la Europa de las naciones invocada por Le Pen (de las patrias, podía haber dicho). No hay en el discurso de Macron un engarce ideológico concreto, pero sí un compromiso democrático reseñable, sea en el plano interno o en el europeo. De ahí que resulte más incomprensible en orden a preservar los valores democráticos el cuidado que se ha dado Mélenchon en no pedir específicamente el voto para la reelección del presidente, porque una vez el sistema clásico de partidos ha saltado por los aires, y mientras no se consolide otro, la ambigüedad de la nueva izquierda no hace más que alimentar las expectativas de la extrema derecha a lomos del sectarismo, de la simplificación de los problemas y del aprovechamiento sin escrúpulos de las líneas de fractura que descoyuntan la cohesión social. Como dijo el politólogo Maurice Duverger durante la campaña de unas elecciones europeas, la degeneración del sistema siempre es posible.

 

Encubiertos por la guerra

La gran obscenidad de nuestros días es la guerra de Ucrania. Pero hay otras obscenidades, algunas muy antiguas, otras no tanto, algunas muy recientes que parecen poco menos que haberse esfumado tras el parte de guerra diario. La matanza que no cesa corre el riesgo de ser útil como instrumento de encubrimiento, de olvido, de atenuación de la gravedad de los hechos que quieren deslizarse sin que nadie o muy pocos sean capaces de seguir su rastro. Frente a las atrocidades servidas por los noticiarios, el resto parece carecer de importancia, conmovida la opinión pública por la tragedia humana.

Ahora mismo hay un envalentonamiento de la ofensiva del neofranquismo en España que permite al diputado de Vox José María Sánchez llamar führer al presidente del Gobierno y equiparar al ministro Félix Bolaños con Joseph Goebbels sin que, por lo demás, pase nada especialmente relevante en orden a restablecer la decencia en los debates parlamentarios. Es decir, nadie con una tribuna a su disposición ha dicho que el diputado es un personaje peligroso, movido por pulsiones ajenas a la democracia, que, sin embargo, se sirve de ella para degradarla. De la misma manera que en un informativo de Tele5 apareció María Jamardo para distorsionar la historia a propósito de la referencia al bombardeo de Gernika hecha por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su videoconferencia en el Congreso. “Ni el que bombardeaba era malo ni los bombardeados, tan buenos”, dijo Jamardo, militante de un revisionismo histórico ad hoc muy del momento.

El riesgo cierto es que este tipo de mensajes pasen a formar parte de la hegemonía cultural, de esa amalgama que configura el pensamiento y las opiniones dominantes, tengan estas que ver o no con los datos históricos y el trabajo de los expertos. La recensión de la biografía de Antonio Gramsci, escrita por Jean-Yves Frétigné, que el profesor Thomas Meany ha publicado en el mensual estadounidense The New Republic resalta justamente el valor anticipatorio del intelectual comunista, analista riguroso de los ingredientes constitutivos de la hegemonía. “Nadie entendió mejor los frentes de la batalla política”, afirma Meany, y la brega diaria del campo ultraconservador europeo, inspirado casi siempre por el legado dejado por la presidencia de Donald Trump –la difusión de una realidad alternativa–, no hace más que darle la razón.

Resulta por lo menos inquietante que en medio del fragor por la hegemonía, por la relativización del pasado, cuando no distorsión o deformación de los hechos, aparezca Alberto Núñez Feijóo, recién elegido presidente del Partido Popular, y no vea mayor inconveniente en entenderse con Vox, habida cuenta de que ha llegado al Parlamento a través de las urnas y se ajusta a las formalidades democráticas. El argumento es de una pobreza manifiesta porque el mismo líder que sostiene tal principio denuesta el pacto de Gobierno del PSOE con Podemos, y la mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez, formada por diputados cuyo mecanismo de legitimación fue el mismo que el de Vox. Con una diferencia moral sustantiva: ninguno de los partidos de la investidura considera mejores a los gobiernos del franquismo que al que encabeza Pedro Sánchez; Vox, por el contrario, sí lo cree y manifiesta.

Todo esto pasa desapercibido, se diluye enseguida porque lo que urge y conturba las conciencias es la invasión de Ucrania. Con lo que, en última instancia, Vladimir Putin resulta doblemente útil para el populismo ultra: lo fue en el pasado, viva imagen del líder investido con los atributos del macho alfa, jefe de la manada, y lo es ahora mediante una guerra que convierte en peccata minuta cualquier otro asunto por grave que sea, y el envalentonamiento del neofranquismo lo es sin duda. Antonio Gramsci acuñó el término revolución pasiva para referirse, entre otros procesos, al ascenso del fascismo en Italia, y esa aparición de la extrema derecha para impugnar la cultura democrática reúne muchos de los ingredientes del análisis gramsciano (Steve Bannon seguramente leyó al pensador italiano en beneficio propio).

Surge así una corriente revisionista del statu quo social de la posguerra, concretado en el Estado del bienestar, en plena revisión forzosa del statu quo internacional a causa de la guerra de Ucrania. Aquello que desde los escaños de Vox se denomina pensamiento progre no es más que la mistificación de una realidad histórica,  el dinamismo de los cambios sociales, tan combatidos desde siempre por el conservadurismo recalcitrante. No hay que rascar mucho en la superficie para dar con las verdaderas razones de tal comportamiento, encaminado a salvaguardar situaciones de privilegio, disfrazado todo con una propuesta de nacionalismo agresivo para el que el gran adversario es el Estado dispensador de servicios y corrector de desigualdades. Claro que los desastres de la guerra todo lo encubren, y eso también; claro que el asalto al Congreso de Estados Unidos dejó al descubierto todas las vergüenzas del populismo ultra y es preciso recordarlo todos los días.

Mohamed VI entra en acción

El giro de la diplomacia española en el conflicto del Sáhara, por no decir bandazo, suma un nuevo dato a tener en cuenta: la aparición de Mohamed VI en la gestión final de la crisis de confianza –enfado mayúsculo marroquí, cabe decir– a raíz de la presencia en España, abril del año pasado, de Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, para ser tratado de covid. La invitación cursada por el rey de Marruecos a Pedro Sánchez para que acuda a Rabat en los próximos días y selle la reconciliación ha de servir para olvidar la provocación de palacio de enviar a la playa de Ceuta, mayo último, a miles de jóvenes e inducir una situación imposible, no resuelta del todo, con un flujo migratorio que fijó en la retina de la opinión pública imágenes ciertamente turbadoras. Pero ha de servir o debería servir –el modo potencial, tan necesario en estos casos– para dejar la seguridad de Ceuta y Melilla a salvo de manipulaciones desde el otro lado de sus respectivas fronteras, y para que los flujos migratorios con origen en Marruecos no sean terreno abonado para las mafias.

El caso es que el comportamiento de Mohamed VI y de su Gobierno es difícil de prever más allá de la gesticulación presente que ha permitido al rey asegurarse que es él quien fija el ritmo de los acontecimientos: enfado, crisis en Ceuta, retirada de la embajadora, visitas de enviados de Estados Unidos en Rabat, apoyo español al plan autonomista de Marruecos para el Sáhara, regreso a Madrid de la embajadora, visita de Pedro Sánchez a Rabat, y aquí paz y después gloria, con la brújula en manos de palacio. El caso es que la posición de Marruecos en el flanco sur de la OTAN se ha visto singularmente reforzada desde que Donald Trump reconoció la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas con Israel. El caso es que, de iure, el Sáhara Occidental es un territorio por descolonizar y que, al mismo tiempo, la ONU carece de los resortes mínimos necesarios para que tenga algún efecto la labor de intermediación de Staffan de Mistura, el enviado especial de la ONU para el Sáhara.

Ese marco de referencia se ha consolidado sin que nadie se haya preocupado en poner en antecedentes o prevenir al exilio saharaui en Tinduf, en ponerse en contacto con el Frente Polisario, que la Unión Africana considera el legítimo representante del pueblo saharaui. Atrás ha quedado la iniciativa de las Naciones Unidas para celebrar un referéndum de autodeterminación y la escandalosa negativa de Marruecos a aceptar la revisión del censo reclamada por la dirigencia saharaui a partir del hecho indiscutible de que la guerra y el exilio han falseado la composición del censo original de residentes en el Sáhara, sometido a una marroquinización intensiva a partir de la Marcha Verde y la subsiguiente evacuación española. Todo se ha olvidado, todo ha sido arrasado por la realpolitik y por las perentorias urgencias impuestas por la guerra de Ucrania y la necesidad de la OTAN de liberar el flanco sur, más allá de los límites de la Alianza, de situaciones potencialmente inestables, y eso incluye mantener a Argelia alejada del influjo ruso, históricamente importante desde los tiempos de la Unión Soviética.

Es más que discutible que ese zurcido apresurado sea útil y eficaz. En primer lugar, porque el Frente Polisario no se siente obligado por nada de lo acordado y seguirá reclamando el referéndum, aun a costa de prolongar la condena del exilio en el desierto y de depender del enfoque que Argelia haga del caso en cada momento. En segundo lugar, porque Estados Unidos, España, Francia, Alemania y algún otro Estado de los que apoyan la autonomía carecen de influencia para cambiar la posición saharaui a fin de dar con un atajo para liquidar la crisis. En tercer lugar, porque décadas de penalidades han establecido un vínculo emocional muy especial entre la opinión pública española y la comunidad de Tinduf, y es imposible que una resolución destemplada del conflicto, sea cual sea el Gobierno que la apoye, no entrañe un coste político con un gran potencial divisivo en el seno de una sociedad abonada a la división y a las polarizaciones extremas.

En la práctica, lo que ha sucedido estos días es que el rey de Marruecos se ha procurado un falso mecanismo de legitimación del plan de autonomía para el Sáhara, pero tal cosa no lo hace ni más viable, ni más aceptable ni más resolutivo. La única legitimación posible, al menos en términos morales, es aquella que tenga en cuenta a los representantes de la comunidad saharaui y cuente con el respaldo de la comunidad internacional; cualquier otra desviación para resolver el crucigrama tendrá un carácter superestructural, de imposición a la fuerza de una solución ajena al sentir mayoritario de los saharauis y a la percepción que la opinión pública tiene del caso. Es posible que más temprano que tarde saque el Gobierno de Marruecos de su chistera una ley de autonomía del Sáhara, y aun sea capaz de instalar un Gobierno ad hoc, pero tal cosa, de darse, no cambiará sustancialmente los enunciados del problema, es posible incluso que los empeore.

En un artículo publicado en 1994 por el escritor marroquí de expresión francesa Tahar Ben Jelloun, este recordaba, desde su convicción de que el Sáhara Occidental debe ser parte integrante de Marruecos, que Mohamed Boudiaf, el único presidente argelino que creyó factible llegar a un acuerdo con sus vecinos, incluido un pacto sobre el futuro del Sáhara, murió asesinado en circunstancias nunca esclarecidas al poco de regresar de su exilio en Rabat. Fuese o no la muerte de Boudiaf fruto de una conspiración urdida en el seno del Frente de Liberación Nacional, el partido que logró la independencia de Argelia, para mantener viva la política de confrontación con Marruecos, el recuerdo de aquel lejano episodio (29 de junio de 1992) ilustra hasta qué punto el emponzoñamiento del conflicto del Sáhara es una constante histórica, de parecida manera a cómo lo es en la arena de Tinduf el desencanto ante un futuro desesperanzado, tan incierto desde hace décadas.