Uvalde, la pesadilla de siempre

El estupor por la muerte de 19 niños y dos maestras en la escuela elemental Robb de Uvalde (Texas), abatidos por un joven de 18 años armado con un fusil de asalto no parece ser suficiente para que algo cambie en la nociva permisividad para la posesión de armas en Estados Unidos. Cada vez que se produce una carnicería vuelve a ser objeto de debate la necesidad de acotar tal derecho, pero el poderoso lobi de fabricantes de armas y de la Asociación Nacional del Rifle saca del archivo la Segunda Enmienda, que data de 1791. Como si se tratara de un dogma de fe, el país más conservador y retardatario moviliza a los cargos electos del Partido Republicano para impedir que todo siga como hasta ahora y, contra el más elemental sentido común, los voceros dispuestos a hacer lo que sea para dejar las cosas como están tienen la desfachatez de asegurar que las armas en manos de particulares aumentan la seguridad de las familias.

Ni siquiera la proximidad de dos matanzas de las dimensiones de las habidas en un supermercado de Buffalo (Nueva York), hace menos de dos semanas, desencadenada por un supremacista blanco, ni la de Uvalde sirve para que el frente de rechazo de cualquier modificación acepte reflexionar. Todo es fruto, sin duda, de la división tajante de la Unión, enfrentada consigo mismo y con la historia a causa de los cambios en el tejido social y de la multiculturalidad, que no hace más que reafirmar en sus más íntimas y añejas convicciones a cuantos en el centro y el sur del país creen llegada la hora de volver a los orígenes. Mientras el reputado analista de The New York Times Nicholas Kristof se pregunta de qué forma es posible reducir los tiroteos, al mismo tiempo que los editorialistas de The Washington Post abren un interrogante enorme sobre cuál es la razón de que después de tantos tiroteos masivos se sigan formulando las mismas preguntas, al fiscal general del estado de Texas no se le ocurre otra estupidez que reclamar que se adiestre a los docentes en el uso de las armas para proteger a sus alumnos.

En ese ambiente viciado que soslaya la realidad de los dramas encadenados por una sociedad dolorida, resulta especialmente venenoso que la Asociación Nacional del Rifle mantenga la convocatoria de este fin de semana en Houston (Texas), a solo cuatro horas en coche de Uvalde, y que a ella asistan el expresidente Donald Trump, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y Ted Cruz, senador por el mismo estado del Partido Republicano. Hay en su participación en la conferencia algo de intrínsecamente perverso y dañino, de menosprecio de lo sucedido, de desafío a la decencia y a la moral colectiva. El resumen de ese estado de cosas lo ha resumido el diario francés Le Monde en una sola frase: “Las familias de las víctimas deben contentarse con las plegarias de los cargos electos, que no las escatiman”. Y esa utilización de los sentimientos religiosos en medio de la tragedia, sin otro propósito que no entrar en el fondo del asunto o desvirtuarlo, hace aún más indecente el comportamiento republicano.

La periodista Charlotte Kilpatrick ha publicado en el semanario británico The New Statesman un análisis cuyo título es por demás ilustrativo: El tóxico simbolismo emocional de las armas en América. En él hace una primera constatación: “Quienes se sienten más dotados de poder por las armas son los hombres blancos aislados, temerosos de perder su lugar en la sociedad”. Muchos de estos hombres viven en condiciones de precariedad económica, según recoge de un estudio elaborado en 2017 por la Universidad de Baylor, y cabe incluirlos en la minoría del 3% de la población, propietaria del 50% de todas las armas en manos privadas -casi 400 millones-, de acuerdo con un trabajo conjunto de 2016 de las universidades de Harvard y de Northwestern. Con una particularidad muy reseñable: mientras en 1994 el 46% justificaba la necesidad de poseer armas en razones de seguridad, en 2016 lo hacía el 76%, una subida de 30 puntos en 22 años.

Es así como Estados Unidos sufre una epidemia de efectos a menudo mortales, atrapado en la herencia de una enmienda de hace más de dos siglos, pensada por aquel entonces para que los pioneros que se adentraban en tierras desconocidas pudieran disponer de medios de defensa propios y, de paso, aligerar el gasto federal en material militar mediante la existencia de milicias populares. Nada hay menos cierto que presentar la adopción de mecanismos de control de las armas como el recorte de un derecho fundamental: la sociedad del presente es tan diferente a la del siglo XVIII que si quizá entonces pudo ser el derecho a la autodefensa un atributo necesario para ciudadanos desprotegidos, hoy es con sangrante frecuencia una amenaza para la comunidad. Lo que hay en realidad detrás de ese debate sin desenlace sobre la posesión de armas es la protección de un gran negocio que cuenta con la complicidad republicana por las sustanciosas donaciones de los fabricantes a los candidatos del partido.

De tal manera que, como escribe Kilpatrick, el bloqueo “se percibe como si Estados Unidos estuviera atrapado en un bucle, una pesadilla surrealista de dolor, indignación e impotencia en la que nada cambiará jamás”. Las armas han dejado de ser simples objetos y han adquirido “un simbolismo casi religioso que muchos sectores de la derecha creen que es todo lo que los protege de la victimización a manos de una élite liberal decidida a que los hombres blancos pierdan su lugar dominante en la sociedad”, explica la articulista. Ocurre, sin embargo, que esa percepción quizá es dominante o está muy extendida en la llamada América profunda, pero es poco perceptible en los grandes núcleos urbanos, en los centros financieros y tecnológicos, en el mundo académico y en la industria cultural y del ocio.

En ese bucle en el que se suceden las muertes y las iniciativas condenadas al fracaso para controlar la venta y uso de las armas se concreta, como en otros muchos campos, la realidad de una sociedad irremediablemente dividida en dos bloques más o menos iguales como los dos hemisferios de un mismo cerebro. Con la particularidad de que los integrantes de ambos bandos corren los mismos riesgos frente a la proliferación de las armas y la permisividad intocable. Estados Unidos es un “país atrapado en esa locura”, como afirma Le Monde, en esa vulnerabilidad consentida por quienes, pudiendo atenuarla, prefieren escudarse en la defensa irrestricta de un derecho individual y, en cambio, corren a cancelar o limitar otros (el del aborto, el último de ellos en riesgo). Algo típico de la extrema derecha, en auge en todas partes.

 

Palestina, en el olvido

Nada realmente novedoso sucede en Cisjordania, pero la muerte de la periodista de Al Jazira Shireen Abu Akleh el día 11 de este mes y la carga de la policía israelí contra el séquito que portaba el ataúd con sus restos, dos días después, rescató del olvido, aunque solo fuese momentáneamente, un problema histórico desalojado de la atención pública como tantos otros por la guerra en Ucrania. Pero ni siquiera la aceptación inicial de un portavoz del Ejército israelí de que es posible que el disparo de uno de los tiradores presentes en Yenin fuera el que segó la vida de Abu Akleh ni la injustificable decisión posterior del Gobierno de no abrir una investigación han activado los resortes de la opinión pública, que en otras circunstancias habrían dado pie a una movilización significativa para exigir explicaciones.

La realidad es esta: aunque la periodista iba perfectamente identificada, murió mientras hacía su trabajo, el Ejército quiso dar una versión inicial mediante el recurso a unas imágenes que no se correspondían con el lugar donde todo sucedió y, conforme pasan los días, se atenúa el eco de esa muerte. Todo ello debido a la progresiva sensación de que en demasiadas cancillerías se da por amortizado el conflicto palestino-israelí y de que el Gobierno zozobrante de Naftalí Bennett, al igual que cuantos lo precedieron desde hace dos décadas se sienten liberados de responsabilidades para aplicar en Cisjordania la lógica del apartheid y en la franja de Gaza, la del aislamiento permanente.

Lo cierto es que el llamado proceso de paz es solo una etiqueta sin contenido, herido de muerte por la política seguida por Donald Trump y la docilidad de los países árabes requeridos por la Casa Blanca para establecer relaciones diplomáticas con Israel a cambio de alguna forma de compensación, siempre sustanciosa -para Marruecos fue el reconocimiento de su soberanía en el Sáhara Occidental-, facilitar los negocios y dejar sin efecto o casi la implicación del mundo árabe en defensa de la causa palestina. Mientras los propagandistas de Trump vendieron ese nuevo orden, más la consagración de Jerusalén como capital “única e indivisible” de Israel y la anexión israelí de los altos del Golán, como la base a partir de la cual se encauzaría la resolución de la crisis, lo cierto es que ningún actor político relevante, realmente influyente, ha empleado un solo minuto en buscar una forma de concretar el viejo principio paz por territorios. Puede decirse que la solución de los dos estados duerme el sueño de los justos y nadie parece dispuesto a despertarla.

Bien es verdad que la Autoridad Palestina es una entidad desprestigiada, superada por los acontecimientos y demasiado a menudo minada por la corrupción. Pero cuando su inoperancia se complementa con la agresividad del Gobierno y del Ejército israelí, la proliferación imparable de asentamientos y la frustración permanente de una población sojuzgada, en nada puede extrañar que las opciones radicales y el nihilismo yihadista ganen adeptos; a nadie puede extrañar que con investigación oficial o sin ella, Shireen Abu Akleh se haya convertido en una referencia heroica para la población palestina, un mito, escribe el periodista Jack Khoury en el periódico progresista israelí Haaretz. Si para la franje de Gaza se dice que cuanto mayores sean los efectos del sitio, mayor será el apoyo a Hamás, en Cisjordania cabe aplicar la regla según la cual cuanto mayor sea la sensación de apartheid, mayor será asimismo el apoyo a las facciones palestinas más expeditivas, partidarias de la acción directa y, llegado el caso, de poner los cimientos para una tercera intifada.

En cierta ocasión, hace de esto más de veinte años, un mando importante del Tsahal sostuvo que la intifada que acababa de estallar a causa de la visita del general Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas, ciudad de Jerusalén, iba a tener una duración y efectos limitados. Lo cierto es que fue larga y mortífera y que, de una forma u otra, facilitó que el discurso islamista colonizara a una parte de la opinión pública de los territorios ocupados. De forma que, a partir de entonces, el carácter secular y al mismo tiempo multiconfesional de la resistencia palestina, mayoritariamente unida en la OLP, se ha deslizado progresivamente hacia una confesionalidad militante, si no mayoritaria, sí significativa, cuyo crecimiento alimentan episodios como la muerte de la periodista y el desentendimiento de la Administración israelí sobre cuanto sucedió en Yenin.

En la misma edición de Haaretz en la que se alude a la mitificación de Abu Akleh, otro analista, Yossi Verter, presenta el Gobierno de Naftalí Bennett como un equipo especializado en “fallar espectacularmente” en la política interna. El diagnóstico es transferible al tratamiento del problema palestino o, más adecuadamente, de las reivindicaciones palestinas. Es incluso posible suponer que tal carencia es fruto de la tradición desde que el primer Gobierno de Binyamin Netanyahu (1996-1999) demoró el desarrollo de los acuerdos de Oslo y las negociaciones de Camp David de 2000, promovidas por el presidente BIll Clinton, desembocaron en un sonoro fracaso. Pero esa tradición solo se sostiene porque Estados Unidos no la impugna o exige que se rectifique, sino que la apoya porque Israel es la piedra angular sobre la que descansa el dispositivo de seguridad diseñado en Washington para Oriente Próximo. Ese es un dato inamovible.

Dicho de otra forma: desde que la Administración de Barack Obama decidió que lo mejor para Estados Unidos era replegarse de la región y confiar a terceros la gestión del día a día, mayor ha sido la libertad decisoria de Israel en el tratamiento de los asuntos palestinos, complementada con los papeles desempeñados por Egipto y Arabia Saudí como guardianes del orden árabe. De lo que se deduce que la comunidad palestina, salvo casos contados y siempre bajo sospecha, no tiene en Oriente Próximo aliados determinantes para aliviar su postración; acabar con ella es poco menos que impensable a medio plazo. Se cumple así la tesis de Edward W. Said, fallecido en 2003, que siempre presentó los acuerdos de Oslo como la institucionalización de la lógica israelí en el conflicto, dejando para un futuro incierto los pasos decisivos para alumbrar un Estado palestino en los territorios ocupados; tan incierto que para nadie es un secreto el riesgo de que Cisjordania adopte el perfil ominoso de un bantustán.

Ucrania, una guerra mundializada

Si alguna duda quedaba del poder transformador del status quo internacional que tiene la guerra de Ucrania, la voluntad manifestada por el presidente y la primera ministra de Finlandia de acelerar el ingreso de su país en la OTAN, a la que más temprano que tarde seguirá una declaración similar de Suecia, certifica que el cambio de ciclo en los equilibrios geoestratégicos es un hecho. Porque a pesar de que era esperada la decisión de Helsinki y de Estocolmo de abandonar la neutralidad, un rasgo característico de la historia contemporánea de ambos países, las prisas por concretarla, seguramente en la conferencia de Madrid del mes próximo, no deja de incorporar un factor de desafío a Rusia mientras la suerte de la guerra pasa por una fase de estancamiento, cuando no de retroceso de la potencia invasora. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, lo ha resumido en una frase: “La ampliación de sus fronteras [las de la OTAN] no hacen el mundo y nuestro continente más estable y más seguro”.

Esa mutación genética, que Rusia interpreta como una amenaza efectiva para su seguridad, no hace más que acentuar el argumento fundamental que llevó al presidente Vladimir Putin a dar la orden de ataque el 24 de febrero. Pero hay en la sociedad ucraniana quienes no creen que esta sea la razón fundamental de la invasión, sino más bien “afirmar la identidad rusa”, como explica en Le Monde el académico Mykola Riabchuk. Sin soslayar las razones de índole militar, de respuesta preventiva frente a la expansión del dispositivo de defensa occidental, cree Riabchuk que la desconfianza de Rusia frente a una Ucrania independiente, democrática e inclinada hacia Occidente obedece al convencimiento de Putin y de su entorno de que puede ser una amenaza futura para la supervivencia de su régimen, basado en un autoritarismo sin concesiones y en el enclaustramiento de la oposición en la cárcel o en el exilio.

El hecho mismo de que Putin presente Ucrania como un ingrediente inseparable de la historia rusa o no diferenciado de ella tiene algo más que un valor simbólico: forma parte de la tradición imperialista rusa por lo menos desde el siglo XVIII, alentada con frecuencia por Occidente hasta que en 1991 la descomposición de la URSS dio pie a la aparición de nuevos estados, entre ellos Ucrania, reconocidos por la comunidad internacional. Solo desde entonces Ucrania habita en el espíritu de Occidente, dice Riabchuk, y solo a partir de 1991 presta atención al choque de identidades, agravado con la determinación ucraniana de los últimos años de desgajarse del poder tutelar ejercido por Rusia, que interpreta tal cambio de orientación como un debilitamiento de su dispositivo de seguridad, primero con la pretensión de Kiev de sumarse a la OTAN, algo a lo que ya ha renunciado, después con la movilización de Estados Unidos y sus aliados para ayudar al régimen del presidente Volodimir Zelenski a contener el ataque ruso.

Una vez más la identidad rusa y el territorio que le corresponde, la discusión inacabable sobre la materia, vuelve a la casilla de salida o se blinda con un viejo argumento: los límites del universo ruso son aquellos más allá de los cuales deja de hablarse ruso. Tal argumento es, por cierto, una falacia porque dentro de la lógica imperial no se pone nunca límites a la capacidad expansiva del imperio. El nacimiento de la Unión Soviética, la rusificación a marchas forzadas emprendida por Stalin y las características de la superpotencia comunista cancelaron momentáneamente el debate sobre los límites, pero hoy regresa con Ucrania, con Moldavia, con Georgia y con Bielorrusia, un artificio político sostenido por una dictadura sometida a los designios del Kremlin.

Sucede, sin embargo, que ese discurso sobre el alcance del orbe ruso tributa en lo que Bertrand Badie, profesor emérito del Instituto de Ciencias Políticas de París, y otros analistas consideran un vocabulario anticuado, que incluye referencias constantes a un regreso a la guerra fría, lo que en la práctica no se compadece con la realidad, sino que es una ilusión, la búsqueda de una equivalencia en el pasado de concreción imposible porque los elementos del presente son radicalmente diferentes y no explican, desde luego, a qué se debe que una gran potencia no alcance sus objetivos después de más de dos meses y medio de guerra. Hay que preguntarse, sostiene Badie, por qué “la potencia se convierte en impotencia”.

La respuesta a tal pregunta la dio él mismo en un seminario organizado esta semana en Barcelona: se trata del fracaso de los instrumentos militares clásicos por la resistencia social. Con un elemento genuinamente nuevo en la guerra moderna: el propósito de los aliados del Estado agredido de excluir al agresor de todo –de dejarlo al margen del resto del mundo, puede decirse– si continúa la guerra, una circunstancia que se da por primera vez mediante la imposición de sanciones económicas destinadas a bloquear las finanzas rusas en el seno de la economía global. En ese contexto poco importa dilucidar cuál es el limes ruso legítimo porque no tiene cabida la discusión identitaria de orden emocional, sino que pasa al campo del cálculo de riesgos –un agravamiento de la escala– y a la capacidad de resistir a la marginación de una potencia venida a menos, empeñada en recuperar el rango y la influencia de la Unión Soviética.

El canciller alemán Olaf Scholz considera la guerra de Ucrania un suceso que cambia una época (Zeitenwende). Lo dijo por primera vez el 27 de febrero en el Bundestag y ciertamente el poder transformador del conflicto es más evidente conforme se prolonga la guerra. Se asiste a una mundialización de la guerra que modifica el papel de los estados –el final de la neutralidad de Finlandia y Suecia–, decenios de cultura pacifista –Alemania se ha implicado en el conflicto con el envío a Ucrania de ayuda militar– y los esquemas de seguridad en entornos muy alejados del campo de batalla –el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, estima que el ataque ruso “sacude el orden mundial, incluida Asia”–, de tal manera que ningún actor político puede sustraerse a factores condicionantes, consecuencia de la guerra, que operan en todas direcciones.

¿La mundialización de la guerra aleja el riesgo de que el conflicto degenere en una guerra mundial? La conclusión a la que ha llegado el filósofo Jürgen Habermas no es especialmente tranquilizadora porque entiende que depende del criterio de Vladimir Putin decidir en qué momento la ayuda a Ucrania deja de ser tal cosa y se convierte en participación en la guerra. Es decir, depende de las necesidades estratégicas del presidente ruso determinar en qué momento la OTAN es un actor directamente implicado en la guerra, una situación fácilmente equiparable a una escalada del conflicto. Una incertidumbre que suma inestabilidad a un sistema de por sí inestable, imprevisible y de alto riesgo en una guerra convencional que según las estimaciones a priori del Estado Mayor ruso debió terminar a los pocos días del primer disparo.

 

Otra vez ‘El cuento de la criada’

El largo proceso de fractura social en Estados Unidos se verá agravado en grado sumo si el borrador de opinión mayoritaria del Tribunal Supremo se aprueba con la versión filtrada por Politico o cualquier otra similar que cancele la vigencia del derecho al aborto a escala federal. Si los jueces remiten la aprobación del derecho al aborto a lo que cada estado decida, más de la mitad de ellos adoptarán legislaciones extremadamente restringidas o pura y simplemente prohibirán la interrupción del embarazo 49 años después de que el Tribunal Supremo la aprobase y de que en 1992 lo ratificase con levísimos retoques de matiz. En las 98 páginas redactadas por el juez Samuel Alito, católico muy conservador nombrado por el presidente George W. Bush en 2005, abundan las argumentaciones inconsistentes y las razones peregrinas para dejar sin efecto medio siglo de jurisprudencia y negar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, mutilada su autonomía personal en cuanto atañe a los derechos reproductivos.

El episodio confirma lo que es evidente a ojos vista: la larga y persistente radicalización del choque cultural entre dos universos incompatibles: el liberal y el que encontró en la presidencia de Donald Trump al líder capaz de hacer efectiva la restauración de un puritanismo blanco, de devolver la Unión a la situación anterior a la Ley de Derechos Civiles firmada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1964. La mutación genética del Tribunal Supremo facilitada por Trump, que durante su mandato nombró a tres magistrados de un conservadurismo sin fisuras y dejó reducido a tres el número de liberales, es un reflejo más del repliegue a los orígenes de una sociedad descoyuntada por el cambio de costumbres del último medio siglo, agravada la división durante el mandato de Barack Obama.

La elección de adjetivos infrecuentes en medios liberales como The Washington Post (“terrible y repugnante”) y Los Angeles Time (“mordaz y desdeñosa”) para describir el borrador, o la aseveración de The Guardian según la cual Samuel Alito pretende retrotraer Estados Unidos al siglo XVII, es una muestra elocuente del clima alentado por el borrador, apoyado por la extrema derecha política, por los predicadores fundamentalistas desde los púlpitos de diferentes confesiones y por un sinfín de organizaciones y medios que creen que las elecciones de noviembre deben ser la ocasión para el segundo asalto al Congreso, ahora a través de las urnas. Todo ello mientras se multiplican las movilizaciones de las mujeres, que sienten que quieren mutilarles sus derechos, y aumentan los temores de que los capítulos siguientes que escribirá el Tribunal Supremo afectarán a las pastillas abortivas del día después, a los matrimonios entre personas del mismo sexo y a los derechos de la comunidad LGTBI.

Lynn Vavreck, profesora de la UCLA, sostiene que “las actitudes sobre el cambio cultural y la identidad estadounidense ya han surgido como el principal punto de separación entre las partes”, y añade en el mensual The Atlantic: “Una decisión que revoque a Roe [la sentencia del Supremo de 1973] mantendrá el aborto y otros temas sociales en el centro del escenario y consolidará la transición hacia una política polarizada, centrada en las diferencias culturales”. Es decir, se ampliará la brecha entre las dos corrientes políticas mayoritarias del país y se consagrará la desfiguración del Partido Republicano, consumada su abducción por la extrema derecha desde que el Tea Party y los neocons pusieron las primeras piedras para colonizarlo.

Los términos en los que ambos bandos plantean las elecciones de mitad de mandato en noviembre reúnen todos los ingredientes para escenificar esa división tajante. Puede decirse que el borrador de Samuel Alito ya ha activado los resortes de la campaña y la ha agriado medio año antes del día D. Lo que las encuestas aún no han vislumbrado es a qué bando puede favorecer más lo desvelado por Politico: ¿movilizará más el voto conservador para hacer frente a la reacción demócrata-feminista o la sociedad liberal se pondrá en marcha como nunca para preservar la mayoría en la Cámara de Representantes y luchar por obtenerla en el Senado? Diferentes analistas creen que nadie saldrá especialmente beneficiado por lo que finalmente apruebe el Tribunal Supremo y, en cambio, será muy importante la repercusión que tenga la posible ausencia de votantes de las minorías en aquellos estados que han reformado las leyes electorales para complicar su inscripción.

De momento, cada parte alienta el temor de que la victoria del otro desencadene una catástrofe de efectos imprevisibles. El tono de los mensajes en las redes sociales así lo da a entender; las suspicacias liberales a raíz de compra de Twitter por Elon Musk obedecen al temor de que Donald Trump aparezca de nuevo para difundir a todas horas la llamada posverdad; los discípulos de Steve Bannon ahí están para alentar las pulsiones de la América profunda. Las argumentaciones del borrador han suministrado a estos últimos material de propaganda muy efectivo: el juez Alito considera que el derecho al aborto a escala federal no es admisible porque no se menciona en la Constitución –se remonta al siglo XVIII– y porque no ha arraigado en la tradición y en la historia de Estados Unidos.

Son dos fundamentaciones chocantes, pero ahí están. O acaso no lo sean tanto después de leer El cuento de la criada o de ver la serie de televisión inspirada en el libro de Margaret Atwood. De hecho, una usuaria de Twitter difundió el miércoles un mensaje consistente en una fotografía de la Estatua de la Libertad vestida con la cofia blanca y la túnica encarnada de las criadas del cuento. En la alegoría quizá haya un punto de exageración, pero también una dosis comprensible de incertidumbre ante un futuro oscurecido por la voluntad retardataria de una parte muy importante de Estados Unidos, cada vez más apegada al pasado y más dispuesta a no aceptar otro futuro que no suponga la rectificación en profundidad de cambios sociales que estima hostiles, ajenos a lo que entiende imperecedero.