About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

Después de noches en llamas

Después de la sentencia del procés (durísima), de las manifestaciones pacíficas (las más) y de las noches en llamas (muy alarmantes) no parecía que el momentum fuese el mejor para las grandes proclamas, sino para las grandes prudencias. Por una elemental norma de supervivencia, se antojaba llegado el momento de desinflamar –el verbo lo eligió Pablo Iglesias después de entrevistarse con Pedro Sánchez– mediante un doble ejercicio de responsabilidad: garantizar el derecho de manifestación de quienes a él se acogen para protestar contra lo que les desagrada y negar desde el primer minuto toda legitimidad a quienes echan mano de los manuales para la insurrección y la guerrilla urbana. No lo entendió así el president Quim Torra, que soslayó las responsabilidades propias de un cargo institucional y se enfundó el traje del activista, del agitador o del predestinado, una figura arquetípica cargada de nihilismo.

Como sucede con los clubs deportivos que se entregan a las ensoñaciones de un hooligan para que los dirija y acaban en triste desastre, así sucede con quien confunde o suplanta las responsabilidades del gobernante con un fundamentalismo innegociable. Condenar a regañadientes la violencia de madrugada mientras ardían los contenedores en el centro de Barcelona y acudir al día siguiente al Parlament para comprometerse a abundar en el unilateralismo antes de que acabe la legislatura son manifestaciones de un perfil fundamentalista, incapaz de atenerse a la realidad. En el caso de un líder político, adentrarse por esta senda entraña el peligro de erosionar la institución que representa o a la que pertenece, de deslegitimarse en tanto que titular de un cargo público y de comprometer a cuantos le mantienen en su puesto, desconocedores de sus planes de futuro (eso sucedió el jueves).

La legitimidad del poder es un delicado atributo que se obtiene en democracia mediante el dictamen de las urnas. Al mismo tiempo, puede perderse con suma facilidad cuando el legitimado se comporta o actúa como si fuera poseedor de un cheque en blanco, de forma que la deslegitimación de quien es depositario del poder es consecuencia en parte de comportamientos objetivables y en parte de aquello que percibe un segmento significativo, representativo e informado de la opinión pública. Como explica Max Weber con detalle, hay quienes buscan la legitimidad en un poder carismático, y pueden obtenerla de forma momentánea o episódica, pero esta clase de poder se desgasta rápidamente –Carles Puigdemont, quizá– y rara vez encuentra continuidad en su legatario (puede que el president en ejercicio); se extingue con el titular y al fin, resulta estéril. Así están las cosas ahora mismo.

La reclamación insistente de que Torra someta el presente al dictamen de los electores obedece en gran medida al agotamiento de la vía unilateral, la desencadenante de cuanto ha sucedido desde el 6 y 7 de septiembre de 2017, más la gestión descabellada de la crisis que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en su momento y la degradación de la vía posibilista abierta por el de Pedro Sánchez, enturbiado todo por unas elecciones legislativas en las que el caso catalán aparece en el centro de todas las discusiones. El Govern es un cadáver político, un equipo dividido hasta lo indecible y apoyado por una mayoría parlamentaria que se sostiene con pinzas. No es ya un Ejecutivo sin futuro, sino un conglomerado sin presente. Disolver el Parlament y convocar elecciones cuanto antes es la forma más honorable de renovar la legitimidad institucional y acabar con la modalidad del presidente vicario.

Optar por la continuidad y seguir enredando la madeja, encarecerá el coste político elevadísimo que ya tienen ahora las noches con hogueras. Porque la discusión, el debate, la negociación del futuro de Catalunya en España quedará bajo una capa estratigráfica superior: el problema de orden público y de seguridad aparecido a partir de la noche del día 14 en el aeropuerto de Barcelona. Esa debiera ser una perspectiva indeseable e indeseada por el independentismo catalán en sus diferentes versiones porque alimenta las proclamas de cuantos desde diferentes frentes invocan la aplicación de la ley de seguridad nacional, la activación del artículo 116.1 de la Constitución (estado de alarma) y el recurso al artículo 155 de la Constitución (intervención de la autonomía). Que los partidos con vaticinios francamente ruinosos (Ciudadanos) o depositarios de un nacionalismo trasnochado (el PP) tomen este camino resulta intranquilizador, pero que alguien crea hoy en Catalunya que cuanto peor, mejor, cabe considerarlo directamente inexplicable. Toda solución es susceptible de empeorar, pero a cada empeoramiento más difícil se hace la salida, el desenlace ordenado de la crisis, que en cualquier caso será largo y lleno de episodios críticos si es que se da con la tecla adecuada.

La suma de fracasos o de despropósitos nunca se corona con el éxito. Los eslóganes de resistencia tienen el valor que se les quiera conferir, son útiles para alimentar la política de las emociones, pero no sirven para avanzar y para conseguir aliados consistentes más allá de los límites del conflicto en sí mismo. De momento, las noches calientes han internacionalizado el problema, pero en el sentido contrario al que persigue la Generalitat con escasos resultados. Las algaradas incontroladas en una ciudad repleta de turistas, la ausencia (en sentido no tan figurado) de la primera autoridad de Catalunya, la habilidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,  para dar explicaciones a todas horas y subrayar la cooperación de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil al mismo tiempo que se impugnaba la continuidad de Miquel Buch, conseller de Interior, las imágenes de la televisión y un sinfín de elementos han operado en contra de lo esperado y deseado por los estrategas de la Generalitat.

Gran parte de la imagen sembrada por la revolución de las sonrisas se ha venido abajo en horas veinticuatro a causa de las fechorías cometidas por una minoría en Barcelona y otras ciudades catalanas. Cuando una sociedad culta y desarrollada de la Unión Europa cae en manos de pandillas de incendiarios embozados, debe reaccionar de forma rápida, eficaz y concluyente, sin saltarse el principio de proporcionalidad y garantizando la seguridad a los ciudadanos, un derecho inviolable consagrado por las leyes. Si no lo hace o se enquista el problema, corre graves riesgos de orden moral, pero también social y económico, por eso es preciso que acabe cuanto antes en la programación nocturna de las cadenas de televisión el corte de calles, los contenedores incendiados, los periodistas importunados por energúmenos y el ulular de las sirenas. De paso, liquidada esta fase preocupante de la crisis, será posible (al menos, posible) abordar lo que realmente importa: qué futuro es factible construir desde la razón, el realismo y en beneficio de la mayoría.

Cruce de crisis en la UE

La derrota de tres candidatos a comisarios en los trámites de confirmación que preceden a la formación de la nueva Comisión Europea suma un nuevo problema a los muchos que tiene planteados la UE, especialmente el rompecabezas del brexit y los efectos del proteccionismo estadounidense en los flujos comerciales entre las dos orillas del Atlántico después de la última tanda de aranceles impuestos a productos europeos. Se mire por donde se mire, cuando concluya la constitución del colegio de comisarios que presidirá Ursula von der Leyen, este nacerá doblemente debilitado: por la escueta mayoría de nueve diputados que cosechó en el Parlamento Europeo quien lo presidirá y por el hecho de que los candidatos a comisarios presentados por Hungría, Rumanía y Francia no pasaron las pruebas de idoneidad. Una situación que conspira contra el deseo expresado por Josep Borrell en su audición de que los miembros de la UE compartan “una cultura estratégica común”.

De momento, es harto improbable que el Parlamento pueda cumplir con los plazos y pueda aprobar en bloque la nueva Comisión el día 23 para que tome posesión el 1 de noviembre, lo que en la práctica significa que ese día seguirá en funciones el equipo de Jean-Claude Juncker, que solo unas fechas antes habrá sabido si se consuma un brexit a las bravas, si hay una prórroga en las negociaciones con el Reino Unido hasta el 31 de enero o si Boris Johnson se ha sacado de la manga una nueva argucia. En cualquier caso, incluso admitiendo que la madeja británica ha cohesionado a los Veintisiete, no es la mejor situación para encarar el galimatías tener una Comisión en funciones a causa de la crisis que se ha abierto en la tramitación del nombramiento de hasta tres comisarios, entre ellos Sylvie Goulard, la candidata presentada por Francia. Un desaire hacia Emmanuel Macron que este no olvidará y que acaso enrarezca sus relaciones con Von der Leyen antes de que tome posesión y con quienes no han olvidado que el presidente forzó la situación para saltarse el proceso de designación del presidente de la Comisión entre los spitzenkandidaten que concurrieron a las elecciones europeas de mayo.

Dicho de otra forma: ni por el peso de Francia en el funcionamiento de Europa ni por las razones del rechazo de Goulart, íntimamente relacionados con la presunta utilización irregular de fondos comunitarios cuando era eurodiputada y una asesoría externa, cabe equiparar su caso al de los candidatos húngaro y rumano rechazados por la Comisión de Asuntos Jurídicos por conflicto de intereses. La única comparación posible es el efecto paralizador que tienen, de forma especial por la situación que se da en Rumanía, donde una moción de censura ha dejado el Gobierno en funciones y es improbable que pueda presentar otro candidato en pocos días.

Puede decirse que todo son complicaciones en torno a la gran complicación del brexit, acerca de cuyo posible desenlace nadie se atreve a emitir un pronóstico. Que Boris Johnson y Leo Varadkar, primeros ministros del Reino Unido y de Irlanda, salieran razonablemente relajados de su entrevista del jueves –¿dieron con una solución para mantener una frontera blanda entre las dos Irlandas?–, tiene un valor inconcreto, es un dato sujeto a toda suerte de interpretaciones que en nada garantiza que se desatasque el proceso. En concreto, nadie sabe si durante los próximos 18 días Johnson enviará una carta a Bruselas para pedir con desgana una prórroga en las negociaciones –para acto seguido disolver los Comunes y convocar elecciones–, si abrirá una crisis constitucional con el Parlamento y se mantendrá en la senda de la salida a toda costa, o si un cambio no previsto en la correlación de fuerzas entre brexiters y remainers modificará los datos esenciales del problema.

La UE se enfrenta así a un futuro incierto, provocado por el comportamiento de un líder imprevisible que sabe que se juega su futuro político a una sola y arriesgada carta, pero que tiene presente que la provisionalidad del entramado comunitario le da quizá alguna pequeña ventaja. Quizá, también, Johnson percibe que ha sido capaz de llevar la negociación con Bruselas al terreno deseado, ha desorientado a sus adversarios y tiene enfrente a una UE enzarzada en acabar cuanto antes con el traspaso de poderes a la Comisión de Von der Leyen. Otros, por el contrario, estiman que Johnson se niega a admitir que, salvo una salida ordenada, reglada y pausada de la UE, las consecuencias pueden ser catastróficas en términos económicos, de cohesión social y de seguridad para los ciudadanos británicos que residen al otro lado del canal y para los europeos instalados en las islas. La opinión del conservador italiano Antonio Tajani de que “Europa no entiende lo que pasa en el mundo” es probablemente extensible al premier, aparentemente incapacitado para comprender las dimensiones del zarzal en el que se ha metido.

Mientras el brexit se mantiene como el mecanismo cohesionador de una UE que tiende a hacer de las crisis internas una seña de identidad política, se ha revelado también como un factor divisorio de la sociedad británica sin comparación posible en el pasado reciente del país. Al mismo tiempo que el europeísmo alaba la unidad de los Veintisiete en un momento tan complejo, los europeístas de las islas arremeten contra el nacionalismo populista que ha llevado al Reino Unido a una situación imposible. Medios de orientación tan diferente como The Guardian y Financial Times multiplican sus análisis para llevar al ánimo de sus lectores los perjuicios que se avecinan, los mundos académico y de la cultura se alarman y la City ve cada día más cerca la tormenta. La analista Polly Toynbee resume así la situación del primer ministro: “Se acaba de encerrar en un rincón donde su política es confusa, engañosa y de la que desconfían las dos facciones de su partido, dividido a causa del brexit”.

En otras circunstancias, los obstáculos para cumplir con los plazos para formar la Comisión tendrían una importancia menor. Pero de lo que se trata en estas próximas semanas es de delimitar el parte de daños, sea cual sea el desenlace final del brexit, y sean los que sean los efectos del choque comercial con Estados Unidos. Porque es indudable que daños los habrá, algunos de enorme calado, y más que nunca conviene que acometan su gestión las instituciones europeas en igual o mayor medida que los gobiernos, convocados por el presidente del Consejo Europeo, más expuestos a las rivalidades entre países que la Comisión, al menos en teoría.

 

Trump ya tiene su ‘impeachment’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado reunir en muy pocos días todos los ingredientes de un verdadero Watergate bis. Primero, parece haber transgredido una ley federal en no menos de tres ocasiones al solicitar a gobiernos extranjeros que investiguen a los BidenJoe, posible candidato demócrata a la presidencia, y su hijo Hunter– para desgastar al patriarca de la familia. Segundo, los republicanos más afectos a la figura de Trump han dicho en público no ver mayor problema en la petición del presidente. Tercero, la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, ha instado la apertura del procedimiento de impeachment después de que durante meses se resistiera a dar el paso el establishment del partido, convencido de que es imposible la destitución del presidente a causa de la mayoría republicana en el Senado. Cuarto, un o una garganta profunda adscrita la CIA se dice que ha sido la que ha filtrado la información básica del affaire. Cinco, Trump ha contraatacado pidiendo que la CIA desvele la identidad del informante y ha hablado de caza de brujas (dijo lo mismo del Rusiagate, que sigue ahí).

Para el consejo editorial de The New York Times, el presidente poco menos que se ha disparado un tiro en el pie al pedir a China, en presencia de varios periodistas, que investigue a los Biden, porque se trata de una transgresión en público y con testigos de la ley federal que considera ilegal que una persona “conectada con una elección en Estados Unidos” solicite, acepte o reciba algo de valor de un extranjero. Si hasta la fecha las sospechas que recaían sobre Trump se remitían a dos conversaciones telefónicas –con Volodimir Kelenski, presidente de Ucrania, y con Scott Morrison, primer ministro de Australia–, la declaración pública de Trump debilita su línea de defensa frente a un electorado radicalmente dividido.

Para el periódico, “esto puede parecer autodestructivo”, algo así como alimentar el proceso de impeachment por quien es investigado por el Congreso; incluso puede entenderse como una “violación flagrante (…) de las noción estadounidense de juego limpio y decencia”. Pero este tiro al pie con testigos está lejos de asegurar un empeoramiento de la situación para Trump porque, como reconoce The New York Times, siempre hay detrás de sus actuaciones una operación de márketing político para que sus partidarios cierren filas y para que el Partido Republicano, entre distanciarse del presidente y arroparlo, se decida por el mal menor: blindarlo para no arriesgarse a perder la Casa Blanca.

El fiscal general, Richard Barr, y Rudolph Giuliani, abogado personal de Trump, actúan de acuerdo con esta doble lógica: cohesionar la franja de electores que dio el triunfo al presidente en 2016 y mantener cautiva de esta estrategia a la dirección republicana. De hecho, ambos personajes son dos figuras centrales en el ritual del impeachment, con el añadido de que Giuliani es un político avezado –fue alcalde de Nueva York– que conoce muy bien la letra menuda del oficio y desempeña en ocasiones el papel de enviado oficioso de Trump en gestiones más o menos irregulares.

Si de algo sirven los precedentes históricos, la utilización que Richard Nixon hizo del entramado judicial es harto ilustrativa de hasta qué punto la presidencia tiene a su disposición resortes para neutralizar o enmarañar la investigación. Nixon pudo prolongar su agonía política dos años, y si el 8 de agosto de 1974 presentó la dimisión fue porque la pestilencia del caso llevó al Partido Republicano a abandonarlo a su suerte. Algo bien distinto a lo que sucedió con el impeachment de Bill Clinton, que logró mantener a los demócratas a su lado, ganó la votación en el Senado y facilitó al partido argumentos para salir bien parado de las elecciones legislativas de 1998.

En la práctica, Trump se mira en el espejo de Clinton, en su capacidad para movilizar a los suyos y salir airoso del empeño, con la diferencia enorme de que en 1998 no estuvo en juego la presidencia y en 2020 sí lo estará. Una circunstancia que lleva al presidente a echar mano de una de sus armas preferidas: el lenguaje desabrido. Una forma de enfrentarse a los adversarios que destacó en las páginas de The Times Literary Supplement, durante la campaña de 2016, el escritor Richard Ford, crítico permanente y acerado del trumpismo: “Donald Trump no parece escuchar a las personas, especialmente a las personas que no corroboran lo que defiende (aunque parece escuchar insultos y le gusta burlarse y amenazar e incluso herir a los que considera que le insultan)”.

La posibilidad de que la personalidad del presidente y la trascendencia de la elección enturbien y desnaturalicen la campaña es tan cierta como que el Partido Demócrata, una vez ha dado el paso de buscar la destitución de Trump, fuerce la máquina para promover a Joe Biden como el candidato idóneo para conquistar la Casa Blanca frente a otros aspirantes con proyectos más radicales, pero menos vendible a las clases medias y que incluso desagradan a la facción demócrata más conservadora. Porque ambas partes saben que, con el impeachment de por medio, la victoria ya no dependerá solo de la capacidad de Trump de defenderse atacando y de la de Biden de hacer lo mismo, sino de la habilidad de los respectivos equipos para no alarmar a la opinión pública, con frecuencia incrédula y escéptica en medio del griterío de los políticos. Trump ya tiene su impeachment y su Watergate, pero eso no significa que estén cerca su destitución o su derrota.

Otra tumba para Franco

“Las guerras civiles no terminan nunca” es una frase de Sebastià Juan Arbó que hace unos días recogía en EL PERIÓDICO Care Santos a propósito de la última película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Pero resulta tan actual que es perfectamente aplicable al aproximar el objetivo a las reacciones posteriores a la decisión del Tribunal Supremo de dar por buena la exhumación de los restos del general Franco y su inhumación en el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio. No hay paz en las guerras civiles, lo sucedido en ellas se transmite de generación en generación, en el bando de los vencedores y en el de los vencidos, mientras sobre el terreno abundan las muestras de enfrentamiento entre los herederos de los vencedores, que pretenden prolongar ad infinitum los efectos de victoria, y de los vencidos, que quieren dignificar la derrota y honrar a sus muertos: a los que perdieron la vida en combate, a los represaliados, a los que fueron víctimas de la venganza en la posguerra, a aquellos que fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes.

La profusión de declaraciones del neofranquismo posteriores al fallo del Supremo abunda en la pretensión de imponer la lógica de los vencedores, de quienes se alzaron contra la legalidad republicana, sepultaron la democracia y sostuvieron una dictadura vesánica durante casi cuatro décadas. Hablar de profanación de tumbas (Santiago Abascal, líder de Vox), declarar que les “da igual que sea legal o no” (Vox de nuevo), manifestar que el único afán es dividir a los españoles (Alfonso Serrano, del PP) no son más que reacciones procedentes del mismo propósito: salvaguardar la memoria de la dictadura. Referirse a la vulneración de los derechos de la familia (Rocío Monasterio, diputada de Vox) es desconocer o manipular la historia habida cuenta de que el general Franco nunca manifestó su deseo de ser enterrado en Cuelgamuros, el Valle de los Caídos es patrimonio del Estado y, en consecuencia, es potestad suya decidir quién puede hacer uso de un bien de titularidad pública.

Es igualmente preocupante que el centroderecha presente el asunto como una herencia del pasado amortizada por el presente, por la vigencia de un régimen democrático. Es tanto como sostener que la ley de memoria histórica carece de sentido o es una concesión a los aficionados a contar batallitas. Si el general tiene derecho a una sepultura digna, según reconoce el Gobierno, no menos derecho tienen aquellos que fueron víctimas de su dictadura y fueron enterrados en fosas comunes, en cunetas y en los osarios del Valle de los Caídos, todos aquellos a quienes aún hoy sus descendientes buscan sin haber tenido siempre de su lado el presupuesto y los medios de los poderes públicos.

De la misma manera que una de las peores herencias del nazismo fue la nazificación de la sociedad alemana y uno de los grandes desafíos de la posguerra, al menos durante dos generaciones, fue la desnazificación, la peor herencia del franquismo fue la franquificación de una parte de los españoles para quienes es un dato irrelevante el hecho de que los tres poderes del Estado coincidan en el deber de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Es la franquificación la que procura argumentos para sostener que el cambio de lugar de los restos de Franco es un acto divisorio, como si la dictadura que siguió a la degollina no lo hubiese sido por definición durante décadas.

Escribe Stanley G. Payne en El régimen de Franco: “No sirve sugerir, como lo han hecho algunos, que se puede atribuir a Franco el mérito de haber creado la España democrática y tolerante de los años ochenta. Una dictadura no es una escuela de democracia y Franco no fue el responsable de la democratización de España”. No por evidente, la puntualización es innecesaria. El dictador dejó una herencia de sectarismo e intolerancia y es un hecho que la evolución del régimen democrático hubo de afrontar la resistencia permanente del franquismo sociológico, y aún hoy se dan episodios de resistencia en el Congreso, en las comunidades autónomas, en general en todas las instituciones del Estado, cuya única explicación se halla en el legado franquista.

El cambio de sepultura de Franco es un gesto de saneamiento democrático y es, al mismo tiempo, un caso insólito en Occidente. La dignificación de Cuelgamuros como cobijo de víctimas de la guerra civil y de la dictadura cumple con el deber de separar a los muertos de quien les arrebató la vida; la singularidad del caso es que ningún dictador coetáneo de Franco ha disfrutado de una exaltación post mortem como la a él dispensada. Antes al contrario, se ha procurado rodear de discreción y silencio el lugar donde los dictadores fueron enterrados, se ha evitado convertir las tumbas en santuarios de los añorantes de las dictaduras y se han borrado de todas partes los nombres de los secuaces de regímenes felones que liquidaron la libertad.

La guerra civil no es un capítulo amortizado de la historia porque a cada poco surge el recuerdo del pasado en las discusiones de ahora. Los descendientes de los agraviados, los perseguidos, los sometidos a la arbitrariedad tienen tan presente lo que sucedió que se sienten parte de la tragedia sin haberla vivido o habiéndola vivido durante sus primeros años de vida, y aspiran solo a saber dónde murieron sus antepasados para honrar su memoria. No es el caso de los Franco, movilizados para impedir la aplicación de una medida aprobada por el Parlamento, incluida en el programa del Gobierno y sancionada por el Tribunal Supremo. Es imposible dar con una mayor unanimidad democrática.

 

El Pérsico se calienta

La paulatina tendencia a la baja del precio del barril de Brent, que el lunes rozó los 68 dólares, es un buen indicio de hasta qué punto se han serenado los ánimos después del ataque con drones del día 14 contra dos refinerías saudís. Pero este no es el único parámetro válido para medir la volatilidad del momento en la pugna histórica entre Irán y Arabia Saudí, alimentada por Estados Unidos e Israel, para hacerse con la hegemonía en el golfo Pérsico, para controlar las rutas de suministro desde los yacimientos de Oriente Próximo hacia el océano Índico, y a través de este, hacia Extremo Oriente y hacia Europa a través del estrecho de Bab el Mandeb. Y puesto que de esta disputa histórica depende en gran medida la estabilidad de precios del crudo, una mejora de la estabilidad política y militar en la región y el comportamiento de la Liga Árabe, debe concluirse que se multiplican las incógnitas y es harto arriesgado hacer vaticinios.

Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limite sus amenazas a un aumento de las sanciones económicas impuestas a Irán y evite recurrir a las armas –esta prudencia relativa fue una de las razones de la destitución de John Bolton, aguerrido consejero de Seguridad Nacional– tiene mucho que ver con el hecho de que dentro de poco más de un año se someterá a reelección. Una razón de peso para evitar que el comandante en jefe dé la orden de ataque, pero una posición frecuentemente contestada desde el entorno presidencial, que ve en la república de los ayatolás el gran adversario del dispositivo de seguridad en Oriente Próximo. Un punto de vista compartido por el príncipe Mohamed bin Salmán, hombre fuerte de Arabia Saudí y heredero de la corona, muy bien relacionado con Trump y su entorno, cuyos planes de diversificación e internacionalización de la economía de su país incluyen acabar con la competencia iraní.

Al mismo tiempo, el régimen iraní recurre directa o indirectamente a provocar fluctuaciones en el precio del petróleo para dañar la economía de quienes se benefician de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Mediante las acciones de algún aliado –la rebelión hutí en Yemen– o con iniciativas que perturban el tránsito de buques tanque por el estrecho de Ormuz. En el primer caso, la responsabilidad iraní queda difuminada –el ataque a las refinerías saudís–, pero no caben demasiadas dudas acerca de la asistencia tecnológica de Irán –el suministro de drones, probablemente– en el golpe de mano, perpetrado, según ellos lo reclaman, por quienes desde 2015 están condenados a la política de tierra quemada aplicada en Yemen por los saudís y apoyada con más o menos entusiasmo por la mayoría de capitales árabes.

Nada escapa a esta lógica, ni siquiera el nombramiento de Robert C. O’Brien para ocupar el puesto de John Bolton. Más allá de la frivolidad subyacente al hecho de que Trump vaya por el cuarto asesor de Seguridad Nacional desde que llegó a la Casa Blanca (20 de enero de 2017), la elección de O’Brien obedece a la necesidad de contar con un analista moderado que sintonice con la necesidad de llegar a las elecciones del 3 de noviembre de 2020 sin más compromisos militares que los actuales. Que esto complazca más o menos a saudís e israelís es harina de otro costal, pero es improbable que en ambos casos radicalicen el enfrentamiento con Irán sin contar con el visto bueno y la complicidad de Estados Unidos, algo improbable.

Por lo demás, la confusión política que enmaraña a los partidos israelís después de las elecciones legislativas de este último martes, que han dejado las cosas más o menos igual que después de la convocatoria de abril, y la debilidad o incapacidad demostrada por el Ejército saudí para neutralizar el ataque con drones, facilita la pretensión de Trump de prolongar esta situación de ni paz ni guerra, un conflicto crónico de baja intensidad que daña la economía iraní, pero que no incendia la región ni lleva inexorablemente a contabilizar bajas. La “furia y el fuego” deben ser sobre todo alegóricos –véase la evolución de los acontecimientos en Corea del Norte–, pero resulta determinante el convencimiento de que la opinión pública de Estados Unidos es del todo reacia a nuevas aventuras en el exterior; abunda la radicalidad en las redes sociales sin que se den pasos irreversibles sobre el terreno.

Ahora mismo es imposible prever cuál será la solución del crucigrama israelí, que por primera vez en mucho tiempo puede disponer de un Gobierno de concentración nacionalista laico, con los partidos religiosos en la oposición y la Lista Conjunta –coalición de partidos árabes– como el primer grupo de la oposición. Un dato esencial para saber si la hostilidad permanente hacia Irán se mantendrá tal cual en el futuro, se moderará o adquirirá un perfil más o menos imprevisible. Algo asimismo esencial es saber si el resultado de las elecciones consagra a Benny Gantz y señala el final de la carrera política de Binyamin Netanyahu o puede prolongarla, y en tal caso, mantenerse inmutable la consideración de Irán como un enemigo estratégico y de Arabia Saudí como un aliado necesario, Estados Unidos mediante.

Las incógnitas son igualmente llamativas en el futuro inmediato de la monarquía saudí, sometida de tiempo en tiempo a los vaivenes de las peleas en el seno de la familia reinante. Si se repasa la historia de las disputas de palacio durante el último medio siglo, se comprueba fácilmente que en cada situación excepcional o cada vez que Arabia Saudí ha emitido señales de debilidad, algún movimiento telúrico ha propiciado cambios significativos en la corte. Sin duda, los daños causados por un ataque con drones, procediera de donde procediera –Washington y Riad dicen que de suelo iraní–, cabe incluirlo en el capítulo de los episodios capaces de desencadenar una sacudida en las inmediaciones del trono.

Aunque toda situación es susceptible de empeorar, las variables a tener en cuenta en Oriente Próximo son tantas y están tan llenas de riesgos que la mejor opción hoy es dejar las cosas tal como están, piensan los asesores electorales. Porque cualquier forma de empeoramiento posible seguramente tendría reflejo en las encuestas, en la tendencia de voto, facilitaría la campaña del candidato demócrata, sea quien sea este, y llevaría a Donald Trump a una encrucijada altamente peligrosa para la reelección, contando incluso con la fidelidad de la mayoría de sus electores, para quienes la política exterior es un asunto menor salvo, quizá, cuando se trata de ir a la guerra.

Los asesores estorban a Trump

Dos artículos publicados esta semana por reputados analistas estadounidenses centran su atención en la presunta capacidad del presidente Donald Trump de perjudicarse a sí mismo. David Axelrod, que asesoró a Barack Obama en las elecciones de 2008, sostiene en The New York Times que si los demócratas son inteligentes, deberán limitarse a dejar que Trump se destruya en el transcurso de la campaña para las presidenciales del año próximo. Elizabeth Drew, una veterana –83 años– del ensayo político radicada en Washington, reprocha en varios medios al Partido Republicano haberse puesto en manos de un líder “cada vez más desquiciado” cuya suerte electoral dependerá de la capacidad de resistencia que tenga en los próximos meses su ego inabarcable. En ambos casos, asoman las dudas si no rectifica acerca de la disposición del presidente de llegar a noviembre de 2020 con posibilidades indiscutibles de salir reelegido.

Al mismo tiempo, las encuestas indican que el colchón de votantes fieles apenas ha disminuido desde 2016 a pesar de que su índice de aceptación es bajo –menos del 40%– o muy bajo –alrededor del 30%– dependiendo de los sondeos. Entre los estrategas a los que acuden los dos grandes partidos para diseñar sus campañas está muy extendida la idea de que, por desconcertante que pueda resultar la tendencia a la improvisación y a las decisiones contradictorias, los seguidores de Trump se sienten confortados con su nacionalismo de campanario. Nada de cuanto alarma a los liberales clásicos, a los grandes medios, al mundo académico y a los veteranos del Congreso conmueve el universo trumpiano, ni siquiera la política de personal y la permanente reorganización de equipos en la Casa Blanca.

La destitución o dimisión de John Bolton, tercer consejero de seguridad nacional desde enero de 2017, no es una excepción. A pesar de la importancia tradicional del puesto, de la suposición de que era el halcón ideal para asesorar a Trump y de las muy prontas diferencias que surgieron entre ambos, la salida de Bolton por la puerta falsa no ha alterado el pulso a quienes están encantados con el comportamiento político del presidente. Antes al contrario: la rudeza de los métodos del Despacho Oval confirma a los votantes de Trump en sus más íntimas convicciones. Ese populismo grandilocuente y estruendoso, tan presente en los tuits presidenciales, lo entienden como muestra de una firmeza sin límites frente al léxico de los políticos convencionales.

Al mismo tiempo que los observadores más atentos a la línea de conducta de la Casa Blanca se preguntan por qué fue John Bolton el elegido sin prever que pronto sería desautorizado o desoído, mientras se buscan razones para entender cómo es posible que el presidente no supiese de antemano que su nuevo asesor iba a exigir mano dura con Irán, con Corea del Norte, con los talibanes y aun con China, el electorado más conservador y defraudado por los costes sociales de la salida de la crisis se mantiene inasequible al desaliento. Lo mismo jalea la amenaza de Trump de aniquilar a un adversario en una hecatombe de “furia y fuego” que aplaude el apretón de manos con Kim Jong-un; lo mismo puede apoyar sucesivamente una decisión y su contraria sin que por ello se hundan las columnas del templo.

Como persiguen las campañas de las grandes empresas para asegurarse la fidelidad de sus clientes, Trump ha logrado entre su masa de votantes lo que un editorialista llamó hace meses “lealtad absoluta al producto” que es él mismo. Un producto que ha logrado enardecer a sus rivales, retener a sus fieles y no empeorar demasiado las cosas con su unilateralismo sin fisuras a pesar de su tendencia a prodigarse en amenazas y frases rotundas que hacen temer lo peor. Si en política interior la Casa Blanca nunca habla a humo de pajas, en el plano exterior la vociferación es sometida luego a matices a la hora de actuar, con la excepción del conflicto palestino-israelí, donde Trump ha suscrito hasta la última coma el programa de Binyamin Netanyahu.

Afirma Elizabeth Drew que “quizá el mayor peligro político para Trump radica en la creciente evidencia de que ha utilizado la presidencia para enriquecerse”, y siendo cierto esto, también lo es que, hasta la fecha, ha sido mínima la capacidad de desgaste asociada a tal comportamiento. Como en el caso de la descontrolada política de nombramientos y destituciones del presidente, parece que es invulnerable al coste que entrañan las sospechas. Ni siquiera el prestigio y la solvencia moral del senador John McCain, fallecido hace un año, que reprochó con frecuencia al presidente su comportamiento desbocado, dañó su imagen en la llamada por el escritor Richard Ford “América silenciosa”, aquella que observa a Washington como algo lejano y ajeno a ella misma y que comparte con la cultura difundida por el universo neocon la idea de que el Gobierno es el problema, fuente de toda clase de excesos y resorte que limita la autonomía de los individuos.

En este espacio político, Trump ha dado con la tecla para no defraudar, pero está por ver si cuando arrecie la tormenta electoral, con un candidato demócrata dotado para el cuerpo a cuerpo, es capaz de mantener la casa en pie. De momento, le es útil disponer de asesores de los que espera solo opiniones que ratifiquen sus decisiones, tal como se describe en una información publicada por The Washington Post: “En la órbita del presidente Trump, hay reglas tácitas que espera que sigan sus asesores. Tolera un mínimo de disidencia, siempre que siga siendo privado, espera que los asesores se alineen y defiendan sus decisiones y exige absoluta fidelidad en todo momento”. Y le es aún más útil aparecer en auditorios favorables como alguien que se sale de todas las normas y no busca asesores, sino cómplices para aplicar su programa y alcanzar objetivos específicos.

Anthony Scaramucci, exasesor de Comunicación de la Casa Blanca, lo cuenta así en el Post: “Quiere una lealtad catatónica, y quiere que estés detrás de las luces de fondo. Hay un foco de atención en el escenario que brilla sobre Trump y tú eres un accesorio en la parte de atrás con la luz atenuada”. Se trata de una situación a menudo kafkiana, concluye el periódico, porque al final todo depende de la intuición del presidente en cada momento y no de la capacidad de análisis y previsión de los especialistas. Algo poco menos que insólito en una organización tan compleja como el Gobierno de una gran potencia, cuya eficacia depende tanto del gancho popular del líder como de la opinión de los expertos, especialmente cuando, en los prolegómenos de una campaña, el Partido Demócrata puede llegar a la conclusión de que Donald Trump es muy capaz de cocerse en su propia salsa, en sus propios errores, sin renegar de ellos.

El nacionalismo alienta el ‘brexit’

La convocatoria de unas elecciones anticipadas, presuntamente esclarecedoras del sentir de los británicos frente al brexit, es la última baza que juega Boris Johnson antes de cerrar el Parlamento durante cinco semanas. Ni la oposición ni los sublevados del Partido Conservador, que se oponen tajantemente a un divorcio a las bravas, quieren hacer más indescifrable el jeroglífico y dar al primer ministro más instrumentos políticos, de intoxicación o persuasión de la opinión pública, sometida a insólitos bandazos de la clase dirigente y al espectáculo transmitido en directo por las televisiones. Después de cuatro derrotas consecutivas del premier, con una sociedad dividida y desorientada, más allá de las encuestas aparentemente favorables a los tories brexiters, se acumulan los riesgos de que, llegado el 31 de octubre, con el Reino Unido en un callejón sin salida, se consume un brexit sin acuerdo y el proceso se adentre por un territorio más desconocido e imprevisible que el de ahora.

Si el clima no fuese el de una tormenta desbocada, cabría hablar de nuevo de la convocatoria de un segundo referéndum, con más y mejor información del significado de la salida de la UE en poder de los electores. Como la tempestad no mengua y la demagogia nacionalista no cesa, es poco menos que impensable una nueva consulta con la atmósfera serena que requiere el caso. Fue posible en cuanto se concretaron las dificultades que entraña la operación de salida y, aún más, cuando quedaron en evidencia las falsedades difundidas por Nigel Farage y sus secuaces, pero la tibieza de la dirección laborista –Jeremy Corbyn y los veteranos del partido– y de los conservadores disidentes lo hizo inviable. Esa inviabilidad ha ido en aumento, de forma que se antoja inevitable que el brexit se produzca, y ahora lo que importa es lograr que sea lo menos dañino posible para el Reino Unido y para los Veintisiete.

Al mismo tiempo, ha calado en la estrategia de los promotores del brexit a toda costa la convicción de que una parte sustancial del electorado británico ve en la salida de la UE la ocasión de realizar el viaje de vuelta a un pasado ideal o mitológico. La analista Lynsey Hanley lo desmiente en un artículo publicado en el periódico The Guardian, europeísta, y se remite para ello a las conclusiones del libro Me, Me, Me?, del profesor Jon Lawrence, un recorrido por los comportamientos de la gente corriente desde el final de la segunda guerra mundial. Según Hanley, la “guerra cultural” planteada por Boris Johnson “para ganar votos cruciales” entre los trabajadores es un error. Y añade: “La mayoría de los partidarios de la salida no ansían una comunidad mítica perdida. Solo quieren una mejor calidad de vida”.

La gran incógnita, aquella más presente en todos los debates, en las conversaciones a pie de calle, en las preocupaciones de la City, entre los británicos que residen en países de la UE y entre quienes anuncian toda suerte de perjuicios es si, en efecto, “una mejor calidad de vida” es posible sin el vínculo europeo. O si, por el contrario, el debilitamiento del engarce entre las islas y el continente, sustituido o alentado por una relación económica preferente con Estados Unidos, perjudicará a la libra, constreñirá las exportaciones, debilitará la bolsa y, en términos generales, empeorará las perspectivas de futuro de los ciudadanos. De momento, no hay un solo informe o estudio solvente que prevea una mejora objetiva con el brexit y, por el contrario, todos vaticinan descensos del PIB, desvalorización de la libra y dificultades de toda índole para mantener los flujos comerciales.

La determinación de la UE de no tocar una coma del pacto firmado con Theresa May en noviembre del año pasado abunda en la idea de que es el mejor de todos los acuerdos posibles, limita el parte de daños y pone a salvo la paz en Irlanda. Las alusiones a la plena soberanía hechas por Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg y un elenco muy extenso de brexiters para oponerse al mantenimiento de la frontera blanda entre las dos Irlandas (backstop) responde a un nacionalismo caduco, a la necesidad de mantener a los unionistas norirlandeses en el bando conservador y a la incomodidad manifiesta de los tories más retrógrados con los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que apaciguaron el Ulster. Esta falta de realismo no obedece a la incapacidad del Gobierno británico para analizar la situación, sino a la decisión de recurrir a la política de las emociones para mantener unido el bando brexiter.

Quizá la gran sorpresa para Boris Johnson ha sido la unidad y unanimidad de los Veintisiete en esta larga crisis, en ocasiones indescifrable. Lo cual no quiere decir que conforme se acerque el 31 de octubre y se radicalicen las posiciones en el Reino Unido no surjan disidentes partidarios de revisar algunos extremos del acuerdo de noviembre. Porque aunque es de forma indirecta, el conflicto provocado por la salida del Reino Unido ha reforzado el perfil político de la institución, algo combatido a menudo por la mayoría de los socios más recientes de la UE y aun por algunos veteranos que han abierto el Gobierno a partidos de extrema derecha –Italia y Austria, los casos más recientes–, siempre dispuestos a presentar Bruselas como el origen de todos los males nacionales.

He ahí un asunto capital en la crisis en curso: la preminencia de la idea de Europa frente a la de las naciones, el cosmopolitismo de los Veintiocho o Veintisiete frente a las políticas identitarias, al retorno al pasado, entendido este como un estado ideal de plenitud cultural y cohesión social. Un mito más que un programa político en un mundo globalizado, sumergido en el cambio tecnológico y en la emergencia medioambiental. Pero un eficaz canto de sirena que en Estados Unidos llevó a Donald Trump  a la presidencia y en el Reino Unido dio el triunfo al brexit en junio de 2016, de ahí la enorme dificultad de deshacer la madeja de los nacionalismos exaltados, incluido el británico, que quiere agrandar la anchura del Canal.

 

La investidura se pierde en reproches

El viaje hacia ninguna parte emprendido por el PSOE y Podemos culminó en el sonrojante intercambio de reproches de la fracasada investidura de Pedro Sánchez. En medio del estriptís integral salió a relucir el viejísimo debate de las diferentes izquierdas españolas acerca de cuál de ellas da cobijo a la verdadera alma de la izquierda, quién es de izquierdas y quién solo aparenta serlo. El empeño de Podemos de ser el guardián autoproclamado de las izquierdas y el del PSOE de consagrar su hegemonía en este territorio han empañado el debate y convertido la negociación en una lucha descarnada por el reparto del poder, en la pretensión de ambos partidos en neutralizar al otro, algo propio de adversarios encarnizados más que de presuntos aliados que busca de un Gobierno de coalición que primero había de ser de cooperación y que finalmente no fue nada.

El disenso no es ni nuevo ni diferente al vivido en muchas ocasiones anteriores desde la noche de los tiempos de la izquierda española, enfrascada en una interminable discusión sobre los méritos contraídos por cada parte para acreditar su condición de guía moral de la izquierda. La discusión, a menudo estéril y paralizante, se ha concretado en un exaltado cruce de descalificaciones, que han sumido en la decepción al electorado progresista, para el que los bizantinismos no hacen más que alimentar un compartido sentimiento de frustración así en el campo podemita como en el socialdemócrata. La pretensión de la dirección de Podemos de transformar el partido en el único legitimador posible de un programa de izquierdas, quizá mediante la formación de un Gobierno bis dentro del Gobierno, resulta tan fuera de lugar como la del PSOE de comportarse poco menos que como si hubiese cosechado la mayoría absoluta el 28 de abril.

Que los juegos de manos que han desembocado en un gran fiasco tengan una gravedad y consecuencias menores a la que tendrían si no existiese el paraguas cobijador de la UE no mejora el diagnóstico sobre la capacidad de liderazgo y compromiso de los estados mayores de los cuatro grandes partidos, presos de un ensimismamiento ciego y que apenas presta atención a los mensajes que llegan de la calle y de las urnas. En el caso de las fuerzas de izquierda, más incluso que en los dos grandes partidos de la derecha, la ocasión perdida es improbable que no tenga un elevado coste político, más para Podemos que para los socialistas a tenor de lo adelantado por las encuestas realizadas en pleno fragor de la batalla. El diagnóstico de Rubén Amón en El País es verosímil: “Iglesias creó Podemos e Iglesias ha decidido destruirlo”.

La afirmación de Antón Losada en eldiario.es es un recordatorio oportuno: “Cuando la izquierda no se entiende, la derecha gana. Es una ley inexorable de la política española. No admite excepciones y nunca deja de funcionar”. La demora en la formación de los gobiernos autonómicos de Murcia y de Madrid no ha pasado de ser una simulación provocada por Ciudadanos para que no parezca lo que realmente es el pacto de gobierno: un acuerdo a tres en el que Vox contamina cuanto toca. Sin mayor esfuerzo que los errores encadenados de la izquierda, los tres partidos de la derecha han transmitido una imagen –falsa, pero resultona– de capacidad de entendimiento que el PSOE y Podemos están lejos de poder exhibir frente a un electorado atónito que votó para que hubiese acuerdo, es decir, presupuesto, programas sociales, compromiso ecológico, feminismo, europeísmo sin reservas, gestión sosegada del caso catalán y otros ingredientes indispensables para no defraudar a una sociedad moderna que apenas sale de la crisis económica, pero necesita garantizar la pervivencia del Estado del bienestar.

En vez de discutir el programa largo y tendido, sin filtraciones ni codazos, sucedió lo que Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España, resume en muy pocas palabras: “No fue hasta cerca de 24 horas más tarde [de que PP y Ciudadanos reiteraran que no se abstendrían], en la víspera de la primera sesión de investidura, que las negociaciones entre el PSOE y Podemos empezaron seriamente. Apenas duraron una veintena de horas. Demasiado poco para dar con un acuerdo”. Reducir este fracaso en un suspenso en julio que cabe levantar en septiembre como intentan los malos estudiantes es una simplificación impropia: los resentimientos y las cuentas pendientes, la desconfianza mutua y la lucha por la hegemonía han aflorado con toda su crudeza.

“La posición de un hombre político se determina de esta manera: una tradición corregida por la razón”, declaró Manuel Azaña en las Cortes el 27 de mayo de 1932. Entre el 22 y el 25 de julio ha prevalecido la tradición –la capacidad infinita de la izquierda para no ponerse de acuerdo– y ha perecido la razón. La tradición indica que la pugna entre la herencia socialista y la herencia comunista han sido siempre dos realidades refractarias; la tradición reciente demuestra que en muchas ocasiones ha sido posible la alianza a escala local y autonómica, pero siempre se ha mantenido más o menos viva la disputa sobre a quién corresponde la guía espiritual de la izquierda; la tradición permitió, en fin, que sumara adeptos la prédica de Julio Anguita dedicada a la teoría de las dos orillas. Con gran éxito de crítica y público entre la derecha dirigida entonces por José María Aznar, cabe recordar.

Dicho todo lo cual es obligado subrayar que el espectáculo continúa y el único desenlace aceptable es que de aquí a finales de septiembre el único candidato posible para obtener la confianza del Congreso logre desatascar la situación. Otear el horizonte y fijar la mirada en otro objetivo –legislativas en noviembre– sería tanto como demostrar una incapacidad absoluta, poco menos que enfermiza, para asumir las reglas del juego propias de una coalición, según las cuales nadie pierde del todo y nadie sale vencedor absoluto: a lo máximo que puede aspirarse en estos casos es a un win-win limitado. Convocar elecciones podría tener consecuencias inesperadas en un ambiente de pesimismo o escepticismo generalizado, propenso a la abstención, a un resultado imprevisible. Demasiadas veces han sido requeridos los ciudadanos desde 2015 para que indiquen cómo y por quiénes quieren ser gobernados como para hacerlo de nuevo; el recurso a las urnas, de producirse, sería la confirmación de un fracaso clamoroso de los partidos, en general, y de la izquierda, en particular.

Trump envenena la atmósfera

La decisión de Donald Trump de adentrarse por la senda del racismo en la peor herencia histórica de la sociedad estadounidense lleva camino de enturbiar todo y cada uno de sus pasos hasta noviembre del próximo año, cuando optará a la reelección. Nada hay socialmente más divisivo y arriesgado que reabrir el debate racial más de medio siglo después de la firma por Lyndon B. Johnson de la ley de derechos civiles y menos de tres años después de que abandonara la Casa Blanca el primer presidente negro del país. Puede que para conservar el Despacho Oval sea útil a Trump estimular sentimientos primarios y excluyentes como el racismo, pero resultará catastrófico para la cohesión social y la construcción de una identidad colectiva sin referencias al color de la epidermis, las creencias religiosas y otros ingredientes propios de la diversidad cultural de una comunidad extremadamente compleja en la que la epopeya de los esclavos y sus descendientes pesa tanto como la de los pioneros europeos blancos.

Al mismo tiempo que el universo liberal se alarma y Fox News, el principal altavoz con que cuenta Trump en el entramado informativo estadounidense, afronta la situación con inusual prudencia, el presidente intenta alejarse del griterío-eslogan de los reunidos por él en una universidad de Carolina del Norte –“Envíala de vuelta”– como si no fuese suya una frase pronunciada en los jardines de la Casa Blanca: “Hasta yo estoy preocupado. Si odias nuestro país, si no eres feliz aquí, puedes irte”. Como subraya político.com, Trump ha recurrido a la táctica utilizada otras veces de saltarse los límites y después eludir responsabilidades.

Hay pocas dudas de que este ha sido de nuevo el comportamiento presidencial: fue Trump quien indujo a cuatro jóvenes congresistas demócratas a regresar a sus lugares de origen, aunque solo una de ellas, Ilhan Omar, nació fuera de Estados Unidos –en Somalia– y fue cosa suya perseverar en las descalificaciones a través de su cuenta de Twitter. Que ahora diga que “no fue feliz” con la cantinela de la vuelta a casa dedicada a Omar e intentó silenciarla, carece de valor y además se contradice con las imágenes del acto. Es más significativo de la gravedad del momento que varios republicanos clásicos muestren en privado su preocupación por la deriva xenófoba del presidente, conscientes acaso de que el partido se ha entregado con armas y bagajes a la estrategia sectaria de quien lo representa al frente de la nación. Es incluso más relevante la incomodidad de Melania Trump y de Ivanka, hija del presidente, que los lamentos a toro pasado del activador del degradante espectáculo.

A todos los efectos, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez (padres puertorriqueños), Rashida Tlaib (padres palestinos) y Ayanna Pressley (primera representante negra del estado de Massachusetts) son tan estadounidenses como el propio presidente. Nada hay en su comportamiento político y en sus circunstancias personales que las distingan de sus conciudadanos salvo que mantienen posiciones radicales frente a la prédica de la extrema derecha, tienen la piel oscura, son mujeres, dos de ellas –Omar y Tlaib– son musulmanas y no están dispuestas a claudicar. En cierto sentido, resultan incluso incómodas para la corriente centrista, mayoritaria en el staff del Partido Demócrata, pero probablemente minoritaria en los potenciales votantes jóvenes y en el electorado femenino y feminista del partido. Pero solo un sectarismo radical y un dogmatismo excluyente y agresivo explican la campaña en curso y la voluntad de Omar de responder sin paños calientes: se compromete a seguir siendo “la pesadilla de Trump”.

“El último grito en un acto de los partidarios de Trump reverbera en una nación cargada de tensión racial”, ha titulado el periódico liberal The Washington Post. “La frase se convierte en el mensaje de la presidencia de Donald Trump”, opina The New York Times, asimismo liberal. De nada valen las matizaciones compungidas de la Casa Blanca: se ha envenenado la precampaña de forma irreversible porque el electorado que lo llevó a la presidencia en noviembre de 2016 jalea los exabruptos, los insultos y los malos modos de su líder. No hay posibilidad de corrección en la orientación de la campaña; es incluso posible que se embrutezca aún más el tono en cuanto los demócratas limiten los aspirantes a la nominación a tres o cuatro, dispuestos todos ellos a enfrentarse a Trump sin tregua, a buscar el cuerpo a cuerpo y a desacreditar su presidencia, tan controvertida.

Al presidente le quedan muchas balas en la recámara para chapotear en el albañal y enrarecer el aire de ahora a la cita de noviembre de 2020: la crisis migratoria, las armas en manos privadas, la emergencia climática, la competencia de China, la obsesión iraní, la desafección de los aliados, la investigación de la Russian connection y muchas más. En cada uno de estos capítulos ha demostrado una habilidad sin límites para emponzoñar la discusión, despreciar a sus adversarios y desautorizar a los expertos. Nada indica que vaya a cambiar, a moderarse; nada permite vislumbrar otra cosa que no sea más de lo mismo, corregido y aumentado, le sonrían o no las encuestas. En lo que lleva de mandato ha demostrado que aunque su índice de aceptación es bajo, ha logrado fijar a un electorado fiel y satisfecho, alejado de los grandes núcleos urbanos, del mainstream de la academia y del pensamiento crítico, pero apegado a una suerte de tópicas constantes vitales que entiende definitorias de Estados Unidos.

Quizá el periodista Bob Woodward se precipitó al afirmar que Trump oculta “el simple hecho de que no sabe gobernar”. Sabe hacerlo para destruir el statu quo internacional, liquidar la herencia de Barack Obama y retener el poder para la facción social a la que representa, aquella que cree que el liberalismo, la globalización y el mestizaje imponen unas reglas que desdibujan el papel desempeñado hasta la fecha por la comunidad blanca de Estados Unidos, por cuantos piensan que mejor es el Estado cuanto menor es, que ven en el modelo europeo de bienestar y protección social algo así como un socialismo encubierto y que despotrican contra todo lo que impugna la exaltación del individuo y promueve soluciones colectivas. Puede que Trump sea un mal gobernante convencional, pero es bastante convincente para quienes desean que siga en el puente de mando, para quienes los horrorizan las digresiones, los pequeños detalles y las dudas, para quienes creen –casi 63 millones de votos en 2016– que cabe aplicar soluciones simples a problemas o desafíos de una complejidad poco menos que cósmica.

 

 

Grecia se entrega a la derecha

El revolcón electoral sufrido por el partido Syriza en las elecciones legislativas celebradas en Grecia el domingo último es el resultado de varios factores concatenados que llevaron a una parte importante de los votantes a confiar el futuro a quienes son en gran medida responsables de los quebrantos del presente. La victoria con mayoría absoluta de Nueva Democracia, el resorte político de las élites conservadoras, no es indicativo de un cambio sociológico, sino más bien consecuencia de la decepción sembrada por la izquierda radical, que en 2015 precisó solo medio año para pasar de prometer auxilio a los afligidos a aplicar el programa de austeridad más duro impuesto por la UE a uno de sus socios. Alexis Tsipras, a la sazón primer ministro, hizo un rápido viaje al realismo desde las promesas inalcanzables, presionado por Bruselas, por los acreedores, por el encarecimiento inasumible de los intereses de la deuda y por el riesgo de tener que sacar al país del euro y devastar su economía mucho más de lo que fue devastada en los años siguientes.

La aplicación de una cirugía de hierro al caso griego a pesar de no representar más que el 2% del PIB de la UE operó como un aviso para navegantes –especialmente meridionales– y desactivó uno de los frentes más dinámicos de la nueva izquierda europea. Al mismo tiempo, fijó un modelo de salida de la crisis –la UE, el BCE y el FMI, todas las siglas a una– que tuvo mucho de austericidio y puso al frente de las operaciones a gestores guiados por la ortodoxia económica germánica, mientras Paul Krugman publicaba un libro titulado ¡Acabad ya con esta crisis!, casi un grito desesperado Una especie de teoría de la redención soslayó el coste social que iba a tener el tratamiento prescrito a Grecia o, lo que es peor, hubo especial empeño en negar la toxicidad de la cura.

Que el presidente saliente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, diga ahora “no fuimos solidarios con Grecia, la insultamos”, de poco vale. En los peores momentos de la crisis, Tsipras y el ministro de Economía, Yanis Varoufakis, a menudo un provocador, fueron presentados ante la opinión pública europea como depositarios de todos los malos imaginables, como políticos que se negaban a aceptar la realidad: el país había quebrado. Tan cierto era que la situación de la economía griega era un caso clínico de libro como que los dos gobiernos que precedieron al de Syriza –de Nueva Democracia y del Pasok– eran los grandes responsables de la situación heredada por la nueva izquierda. Pero se impuso la idea del castigo ejemplar –la “austeridad irreflexiva”, dice Juncker– para evitar quizá que otras heterodoxias aquí y allí, en especial en el sur, siguieran los pasos de Syriza.

La gran paradoja hoy es que uno de los responsables del desastre, Nueva Democracia, que se dedicó a falsear el déficit y engañó a Bruselas mientras estuvo en el Gobierno, está de vuelta, dirigido por Kyriakos Mitsotakis, un apellido habitual en el conservadurismo griego. Al mismo tiempo, no deja ser lógico el retorno de la derecha habida cuenta de la decepción de los electores con la izquierda, el escepticismo creciente –la abstención superó el 40%– y la necesidad imperiosa de salir del agujero, sea cual sea la complejidad del problema y sea quien sea el ejecutante. Si los predicadores de la utopía se vieron forzados a aceptar el empobrecimiento sin límites, quizá los divulgadores del realismo, los líderes de la derecha, sean capaces de atenuar los efectos de una miseria invasiva que ha dejado al país en los huesos, piensan quienes con su voto hicieron posible el bandazo.

Cosa distinta es si es factible rescatar a Grecia de los rescates –un triste juego de palabras– con un programa que pone por delante la bajada de impuestos y de los tipos de interés, la paulatina recuperación de las pensiones y la dinamización de una economía que en 2018 creció el 1,8%, puede que un buen dato para un país encauzado, pero modestísimo en un entorno de pobreza extrema. El hecho de que las condiciones para los tres rescates que ha precisado Grecia se hayan traducido en una caída del PIB del 40%, un programa de privatizaciones a marchas forzadas y una caída permanente de la renta disponible inducen a pensar que aquello que ofrece Nueva Democracia a una población exhausta no se traducirá en la práctica en mucho más de lo ofertado los últimos cuatro años por un partido como Syriza, convertido en administrador ortodoxo de la crisis.

“Las ideologías llevan inevitablemente a la decepción, porque tienden a lo perfecto, que luego el contacto con la vida real hace imposible”, sostenía Enrique Tierno Galván. De tal manera que el mismo defensor de la utopía como una meta irrenunciable, entendía que la realidad, los datos de la realidad, son ineludibles. La gran lección griega es que, como temía el más heterodoxo de los alcaldes que ha tenido Madrid, si todo se fía en la utopía, lo más probable es que el despertar a la realidad, a la correlación de fuerzas, dé paso a una decepción desmovilizadora que alimente el pesimismo social, tan característico del pensamiento conservador y tan ajeno a la base electoral de la izquierda.

Un analista del diario conservador ateniense Kathimerini estima que la victoria de Nueva Democracia “confirma el regreso a la normalidad después de una larga década de crisis que dividió al país penosamente”. Lo que no detalla el articulista es qué entiende por normalidad, en qué se traducirá y a quién beneficiará. Acaso no puede hacerlo ni aventurar cifras porque, como en el hundimiento del Titanic, en la salida de la crisis griega, si la hay, coincidirán más náufragos que salvavidas y, en consecuencia, a muchas de las víctimas no les aguarda más futuro que el de ser víctimas crónicas. Alguien debía haber dicho esto durante la campaña y aportar cifras para un mayor esclarecimiento de la realidad; otra vez la realidad que no se puede eludir.