About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

Ucrania bien vale un acuerdo

Ucrania bien vale un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, puede decirse parafraseando al rey Enrique IV de Francia, pero hasta que ambas partes lleguen a esta conclusión se expone Europa a una crisis malcarada. Porque la diplomacia de las amenazas y de las exigencias desaforadas se ha adueñado del escenario y ni una parte ni la otra quieren dar la impresión de que abandonan la disputa y se pliegan a los requerimientos de su rival. Sumergidos en la lógica de una guerra fría con reglas nuevas que hace falta explicitar y entregados Vladimir Putin y Joe Biden a ejercitarse en el lenguaje del desafío, el futuro se llena de incógnitas y la Unión Europea se antoja una vez un actor débil a escala internacional incluso cuando el disenso la afecta directamente.

La operación emprendida por Putin para recuperar el orgullo nacional mediante una reconstrucción sui géneris del espacio de poder que fue la Unión Soviética y, de paso, afianzarse en el papel de líder de una autocracia, no tiene marcha atrás. La euforia desmedida de Occidente durante los acontecimientos que se desarrollaron entre la caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989) y la extinción de la URSS (25 de diciembre de 1991) están en el origen del agravio ruso, que se concretó durante la presidencia de Boris Yeltsin, viva imagen de la implosión de una gran potencia. Mientras tal cosa sucedió se afianzó la imagen de hiperpotencia de Estados Unidos, único actor a escala planetaria teóricamente capaz de organizar la posguerra fría sin competidores con medios para discutirle su papel. China era una mera hipótesis de futuro, un universo que necesitaba transformar su economía para disponer de una voz propia determinante.

El tránsito de Boris Yeltsin a Vladimir Putin significó una reordenación de la capacidad del Estado para recuperar la identidad perdida y culminar el cambio de la economía hacia un capitalismo sin rostro humano salvo el de los oligarcas, piedras sillares en el afianzamiento del presidente. Pero cuando Rusia estuvo en condiciones de llamar de nuevo la atención a la OTAN, se habían consumado tres realidades nuevas: la ampliación de la UE en dirección al este, el ingreso en la OTAN de los antiguos integrantes del Pacto de Varsovia y aun de territorios tan tenidos como propios por Rusia como las repúblicas bálticas y la conversión de China en gran potencia económica en condiciones de disputar la hegemonía a Estados Unidos –por lo menos, igualarla– y aspirante a liderar la revolución tecnológica.

Todo esto significó para Rusia verse abocada a disputar una competición por encima de su peso, como ha dicho el profesor Fernando Vallespín. No puede hoy Rusia jugar la misma liga que Estados Unidos y China, pero sigue siendo una gran potencia militar con intereses específicos y la sensación de que, de Bielorrusia a Kazajistán, es posible recuperar el espacio perdido, o por lo menos una parte de él, aunque sea con otras reglas. A nadie puede extrañar, entonces, que Rusia reclame garantías a la OTAN de que no se aproximará a sus fronteras más de lo que ya lo está, de que ni Ucrania ni Georgia ingresarán en ella y de que el Estado-continente que es Rusia será un actor principal y reconocido en los acontecimientos que se desarrollan en su periferia.

Las exigencias son desmesuradas, pero no están desvinculadas de la realidad: la OTAN aprobó en 2008 la posible entrada de Ucrania y Georgia, pero desde aquel año no ha dado un solo paso en esa dirección. Es más, cuando el presidente georgiano Mijail Saakashvili, el mismo 2008, creyó que tendría de su parte a la OTAN en su enfrentamiento con Moscú, cometió un error de cálculo histórico: la Alianza no hizo ningún gesto significativo en su favor y Georgia acabó perdiendo Abjasia y Osetia del Sur, reconocidas por Rusia como estados independientes (en realidad, territorios sometidos a vasallaje). Como dice Javier Solana, la adhesión de Ucrania a la OTAN no es algo que, hasta la fecha, figure en la agenda de Occidente, una situación que no cambió ni con la anexión rusa de la península de Crimea ni con la crisis del Donbass, aún hoy una guerra de baja intensidad.

Todo lo cual lleva a la conclusión de que el calentamiento de la crisis en Ucrania presagia un juego de suma cero en el que cualquier modificación del statu quo entraña muchos riesgos y pocos o ningún beneficio. La determinación de Estados Unidos de dopar al Ejército de Ucrania con una ayuda de 600 millones de dólares, unido a las amenazas de Joe Biden y a la reconocida incontinencia verbal de Vladimir Putin, apoyada en el despliegue militar en la frontera oriental de Ucrania, no es la mejor preparación para dar con la tecla que desactive los peligros latentes. La ausencia de la Unión Europea abunda en esa percepción de que un actor adscrito al soft power, que podría serenar la discusión, persevera una vez más en el viejo esquema de apoyo a Estados Unidos cuando probablemente la Casa Blanca es parte del problema y lo que se precisa en estos cosas es una voz que se manifieste desde una posición menos comprometida.

Algunos análisis desapasionados han llegado a la conclusión de que el primer paso que debe dar Estados Unidos para disputar con posibilidades la carrera con China es debilitar el matrimonio de conveniencia establecido por Vladimir Putin con Xi Jinping. En caso contrario, esa alianza será un elemento de presión permanente como lo es la tutela china de Corea del Norte frente a la otra Corea y a Japón. Por decirlo con palabras escritas por un editorialista de Global China, “la cooperación con Rusia es algo deseable y necesario”, una frase con un significado preciso y elocuente. No hay en la crisis ucraniana nada que pueda debilitar su significado salvo que una tercera voz sea capaz de realzar las contradicciones inherentes a la asimetría entre una gran potencia en ascenso (China) y otra en aparatosa reconstrucción (Rusia). Si esta voz fuese la europea –con el gas ruso y la nueva Ruta de la Seda sobre la mesa–, todo quizá sería más fácil, pero hay un encanallamiento de la crisis que bloquea de momento cualquier salida razonable.

En cierta ocasión, un periodista preguntó a Jacques Delors, a la sazón presidente de la Comisión, qué papel debían desempeñar los socios europeos en el ordenamiento de Europa Oriental después de la desaparición de la URSS. La respuesta de Delors es tan válida ahora como lo fue entonces: “Si no sabemos defender nuestros intereses, nadie los defenderá”. Esa es la cuestión mientras Anthony Blinken y Sergei Lavrov intercambian frases amenazantes por orden de sus jefes.

Con Andrés llegó el escándalo

El día antes de que la reina Isabel II desposeyera al príncipe Andrés de sus títulos militares y patronatos reales, David McClure daba en el diario The Guardian con la expresión precisa para resumir el sentido de la decisión tomada en el palacio de Buckingham: limitar los daños derivado del juicio que el hijo de la soberana deberá afrontar en Nueva York. La acusación de abuso sexual a menores es lo suficientemente grave y explícita en el seno del escándalo Epstein-Maxwell como para poner el parche antes que la herida y para que, al mismo tiempo, cunda en la opinión pública la sensación de que la impunidad forma parte del estatus social de un exclusivo grupo de personajes radicados en la vecindad de la corona.

En la reacción de la reina se detecta el rastro de a un aprendizaje a la fuerza. Desde la entrevista con Diana de Gales en la BBC, confesionario público que sirvió para desvelar su extraño matrimonio con el príncipe Carlos, la casa de Windsor se ha especializado en dar pábulo a toda clase de rumores, insinuaciones y rarezas, por lo general confirmadas y enseguida engrandecidas, exageradas por el griterío de los tabloides. Si a alguien le pudo parecer desmesurada –algo improbable– la foto fija de la familia real a la muerte de la princesa Diana en la película The Queen o la crónica del reinado de Isabel II en The Crown, las sospechas que arrostra Andrés, presunto compinche de Jeffrey Epstein, le habrá llevado a concluir que la realidad es la que es y no hay forma de esconderla permanentemente en el seno de la aldea global.

Si las monarquías lograron blindarse durante siglos del escrutinio pública, hoy tal cosa es del todo imposible. La ejemplaridad otorgada a las familias reinantes, la legitimación sin concurso de los ciudadanos, su condición de encarnación del Estado son atributos que hoy no dejan de ser un legado del pasado que las monarquías de países democráticos sobrellevan gracias al viejo principio resumido en la frase “el rey reina, pero no gobierno”. El problema surge -un verdadero choque en entornos conservadores- cuando el halo de misterio y opacidad de palacio se rompe con el estruendo de una tormenta persistente.

De la misma manera que muchos escritores sostienen que, de hecho, siempre escriben sobre el mismo tema –tienen “un único terreno”, sostuvo Joan Didion en una celebrada conferencia–, las monarquías europeas se asientan también en la legitimación a través de la ejemplaridad (su único terreno). Cuando aparecen fallas en el terreno, entra en discusión el carácter reservado, exclusivo, impenetrable de palacio y su entorno. Cuando, además, se expande la sensación de que dentro de la torre de marfil cabe la impunidad, se desmorona la ficción de la familia ejemplar, de la referencia moral, aunque la mayoría o muchos de sus miembros se atengan a la decencia y a la ley que rige para el resto de ciudadanos.

En el caso del príncipe Andrés concurren datos inasumibles en una sociedad especialmente sensible ante los delitos que tienen como víctimas a menores, al tráfico sexual, a la violencia extrema que entraña vulnerar las reglas más elementales de la moral pública y privada. Como escribe Sean O’Grady en Independent, los hábitos añejos no tienen acomodo en este asunto: “Palacio solía tener una costumbre desafortunada de ignorar las críticas y los problemas, esperando que desaparecieran. Realmente ya no puede hacerlo, al menos en este caso”. Quizá en ninguno; quizá “la victoria de las mujeres” –otra vez O’Grady– que significa el procesamiento del príncipe es un camino sin retorno posible, y acaso la única salida honorable que le queda al encausado es llegar a un acuerdo de conciliación –un reconocimiento implícito de culpabilidad al fin– si es que la demandante, Virginia Giuffre, se aviene al arreglo, algo cuando menos dudoso porque da la impresión es que está más interesada en que se reconozca el delito que en una compensación económica.

Precisamente ahí radica la parte más espinosa del asunto: que el procedimiento civil no acabe en conciliación. Incluso para una monarquía asentada e indiscutida como la británica, resulta perturbadora la posibilidad de ver al príncipe, al hijo de la reina, al duque de York, perejil durante años de todas las salsas, sentado en una sala de justicia y con el riesgo evidente de ser condenado. Pero ha pasado demasiada agua bajo los puentes de Londres desde que hubo noticia de las primeras sospechas como para creer que un atajo legal resultaría menos dañino para la imagen de la institución. Este es incluso el parecer de muchos constitucionalistas, que creen que la única forma de salvaguardar la corona es actuar en el sentido que lo ha hecho Isabel II.

Un editorialista ha escrito que “el principio de ocultación” puede ser tanto o más lesivo que el desenlace judicial. Ingrid Seward subraya en The New Statesman que el duque de York “ha llevado a la familia real a una pesadilla de relaciones públicas: sus abogados han usado tantas lagunas legales para escapar del tribunal que la percepción de que es culpable ha aumentado”. Y no hay manera de que, como por ensalmo, la atmósfera viciada se desvanezca; no hay táctica posible para contrarrestar en las redes sociales, en los grandes medios, en las conversaciones a pie de calle la percepción de que del príncipe abusó de su posición privilegiada para tener un comportamiento por completo inaceptable.

Puede que el coste institucional de todo ello debiera tener advertidos a otros entornos reales -el de España, entre ellos-, porque el índice de tolerancia de la opinión pública no es hoy el que fue en el pasado. La existencia de un papel representativo heredado, cerrado, garantizado de generación en generación no cosecha las unanimidades de ayer, siquiera sea porque la igualdad ante la ley es bastante más que una frase para un número creciente de ciudadanos. Dicho de otra forma: nada ni nadie está a salvo del desgaste causado por el paso del tiempo.

Fractura agravada en Estados Unidos

La multiplicación de voces que otean el horizonte electoral de Estados Unidos y ven en peligro la democracia constituyen un indicio cierto de los riesgos a los que se enfrenta un país dividido y a expensas de nuevas sacudidas si los resultados del próximo 8 de noviembre no casan con las expectativas del trumpismo. Basta atenerse al precedente de la elección presidencial de 2020 para llegar a la conclusión de que el grueso del Partido Republicano, y aún más el electorado conservador de la llamada América profunda, dan por descontada la victoria y ningún resultado que difiera de tal convencimiento a priori será considerado fruto de un escrutinio limpio. Donald Trump indicó el camino a seguir al no aceptar el triunfo de Joe Biden y su estrategia de intoxicación de la opinión pública se ha visto coronada con el éxito: dos tercios de los votantes republicanos siguen creyendo que a Trump le robaron las elecciones.

¿Estamos encarando una segunda guerra civil? Este es el inquietante titular del último artículo publicado en The New York Times por la respetada columnista Michelle Goldberg. Más allá de la intencionalidad provocativa –ella encuentra “la idea de un colapso total difícil de entender”–, se remite a autores como la profesora Barbara F. Walter, de la Universidad de California, una especialista en la guerra civil (1861-1865), para quienes “una ruptura estadounidense ha dejado de ser improbable”. Una corriente de fondo enormemente compleja, donde encuentran cobijo todos los demonios familiares –la tensión racial, la desconfianza permanente ante el poder de Washington, la dualidad sociedades urbanas-sociedades rurales, el ensimismamiento nacionalista, una cierta convicción mesiánica sobre cuál es la misión histórica de Estados Unidos– y que lleva a vislumbrar un futuro borrascoso donde puede encontrar acomodo la prédica autocrática hasta degenerar el sistema en una democracia mutilada.

El discurso de Biden del 6 enero, primer aniversario del ominoso asalto al Congreso, es significativo en el sentido de advertir sobre los peligros que acechan al sistema más que por la andanada dirigida a Trump, por lo demás muy fácil de compartir por cualquier defensor de la democracia representativa, el Estado de derecho y la normalidad institucional. La llamada de atención del presidente concuerda a grandes rasgos con las alertas difundidas por entidades como International IDEA, cuyo último informe destaca que por quinto año consecutivo los países que enfilan la senda del autoritarismo supera a la de los que enfilan la de la democratización. Y por primera vez incluye a Estados Unidos en el grupo de países con la democracia en retroceso.

La estética en la que se apoya la inercia reactiva del Partido Republicano hasta resultar irreconocible y las multitudes que jalean cada ocurrencia de Trump es un prolegómeno ilustrativo de lo que se avecina si el próximo noviembre consagran las urnas el populismo movilizado que tomó el edificio del Capitolio. Hay demasiados datos que indican que la mitad del país que vota no se reconoce en la progresiva transformación de una sociedad blanca, anglosajona y protestante (wasp) en otra infinitamente más diversificada, fundida en un crisol que tiene poco que ver con el heredado de los padres fundadores. Desde por lo menos la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), la transversalidad ha espoleado la reacción de un conservadurismo anclado en la añoranza de cierta forma inmutable de equilibrio social, cuya primera manifestación fue el Tea Party, tan contenido y limitado en su influencia visto lo que le ha seguido.

Un suceso como el asalto al Congreso solo es posible si detrás de la multitud airada se encuentra un largo proceso de impugnación de la democracia, aunque los impugnadores llamen al activismo radical en defensa de la democracia. Donald Trump y su círculo de asesores no han dado un solo paso para ocupar a codazos espacios de poder sin remitirse a la defensa del sistema democrático, de la transparencia electoral y de la nación frente a sus adversarios interiores y exteriores, pero en la cronología de la presidencia de Trump y en su primer año de líder de facto de la oposición no hay un solo gesto que quepa considerar encaminado a salvaguardar el sistema democrático.

El último artículo de Barton Gellman en el mensual progresista The Atlantic empieza con un párrafo de una rotundidad que hubiese resultado inconcebible hace no demasiados años: “Técnicamente, el próximo intento de derrocar una elección nacional puede no considerarse un golpe. Dependerá de la subversión más que de la violencia, aunque cada una tendrá su espacio. Si el complot tiene éxito, los votos emitidos por los votantes estadounidenses no decidirán la presidencia en 2024. Se desperdiciarán miles de votos, o millones, para producir el efecto requerido. El ganador será declarado perdedor. El perdedor será certificado como presidente electo”. Es deseable que tal cosa no suceda y que los hechos quiten la razón a Gellman, pero es una posibilidad que todo se tuerza a la vista de las modificaciones efectuadas en las leyes electorales de varios estados que autorizan a las autoridades locales  a decidir, llegado el caso, si un determinado tipo o número de votos deben o no contarse, algo que ya intentó Trump en noviembre de 2020 con los votos por correo y los votos anticipados en diferentes estados.

El senador John McCain, un conservador lúcido, consagró el final de su vida a desacreditar la demagogia incendiaria de Trump y sus émulos. “Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todos los rincones del mundo”, declaró poco antes de morir en agosto de 2018. Ahí se halla hoy Estados Unidos, viva imagen de una comunidad dividida hasta el paroxismo, con dos proyectos de futuro sin punto de encuentro posible salvo que a un lado y otro de la divisoria se opte por una fórmula híbrida entre coexistencia y convivencia. Pero hay un encanallamiento en el debate político, un falseamiento sistemático de los datos desde que Joe Biden ganó la Casa Blanca, que hace muy difícil que tal apaciguamiento se produzca a diez meses de unas elecciones que todo el mundo estima determinantes, y con el índice de aceptación del presidente en el 43%. Y sin apaciguamiento, la fractura tenderá a agravarse hasta límites impredecibles.

Boris Johnson, contra las cuerdas

Quizá sea Boris Johnson el político británico que más partido supo sacar al Brexit, pero quizá sea también el que peor ha administrado la salida de la Unión Europea en términos de resultados tangibles y de capacidad para hacerse con la complicidad de la mayoría de cuantos le otorgaron la victoria en las últimas elecciones y lo instalaron en el 10 de Downing Street. Las encuestas coinciden en que Johnson ha malbaratado el capital de popularidad acumulado con el divorcio y hoy no cuenta con el apoyo de más del 30% de los votantes, los laboristas le sacarían diez puntos de ventaja según los sondeos si hoy se convocara a las urnas y la sensación de desbarajuste gana la calle entre escándalos grandes y pequeños. Por si fuera poco, la prensa conservadora ha tirado la toalla en su estrategia justificativa del proceder de Johnson, al que ve como seguro caballo perdedor.

Es posible que Johnson sea más convencional de lo que parece y que aún esté bien considerada en ciertos ambientes la calculado excentricidad atribuida de antiguo a un determinado arquetipo británico, pero en tiempos de penalidades a causa de la pandemia rinde pocos intereses salirse de lo esperado, previsible y necesario. El resultado de la elección en el distrito de North Shropshire, donde ha ganado la candidata liberal demócrata con el 34% de los votos, ha sido descrita por el copresidente del Partido Conservador, Oliver Dowden, como una patada propinada por los votantes, hartos a su entender de un proceder injustificable. Pudiera pensarse que perder un escaño con una participación que no alcanzó el 50% no da para muchos análisis, pero ese no es el caso: en los últimos 189, solo dos veces los conservadores han salido derrotados de North Shropshire.

Peter Walker, analista político del periódico progresista The Guardian, llega a una conclusión que, con otras palabras, comparten incluso algunos editorialistas de medios conservadores: “Si es una especie de cliché que los conservadores pueden ser brutales por la forma que tratan a los líderes que ya no sienten como activos electorales –escribe Walker–, podría decirse que esto es aún más así en el caso de Boris Johnson, cuya principal virtud para muchos de sus parlamentarios fue su atractivo para los votantes. Si eso se ha esfumado, debería estar preocupado”. El recurso al condicional es meramente retórico, porque la pregunta sin respuesta que subyace es la que se formulan muchos pesos pesados del conservadurismo: ¿qué significado hay que dar a la pérdida de un escaño seguro en mitad del fragor de la batalla política desencadenada por las fiestas en Downing Street en los días previos a la Navidad de 2020? Y ya puestos, ¿cuánto daño han causado a la imagen conservadora los gastos suntuarios en el Número 10, cargados por Johnson al presupuesto?

De la misma manera que la campaña destemplada de Johnson para consumar el Brexit y suplir a Theresa May logró alcanzar los objetivos fijados, la destemplanza asociada al desgobierno que transmite el primer ministro reúne muchos de los ingredientes de una crisis política de la que es difícil salir ileso. Edward Heath publicó en 1975 un artículo en el que dejó explicado la que, a su entender, es la misión que compete a los conservadores: “Utilizar la influencia de sus habilidades políticas y diplomáticas para crear un nuevo equilibrio entre los diferentes elementos dentro del Estado en aquellos momentos en que, por una razón u otra, su desequilibrio amenaza con perturbar el desarrollo ordenado de la sociedad”. No es exagerado decir que, a la luz de los acontecimientos, Johnson contribuye a acentuar los desequilibrios.

A demasiados escaparon los antecedentes de Johnson en la alcaldía de Londres cuando se puso al frente de las operaciones para aprovechar la debilidad laborista, ganar las elecciones y culminar el Brexit. Los brexiters se movilizaron y vieron en él alguien parecido al defensor de la exclusividad británica que hace aconsejable no formar parte del club europeo. Sin embargo, el último año ha llevado a ver en el rumbo fijado por Johnson síntomas de inconsistencia en la gestión de los grandes asuntos, de falta de criterio, incluso de caótica improvisación, contrario todo ello a la vieja advertencia de lord Palmerston hace siglo y medio: “En el concierto de las naciones, la debilidad nunca será la base de la seguridad”. Una atmósfera de debilitamiento agravada en el presente por las incertidumbres de futuro, de las consecuencias del Brexit al desafío de la pandemia, de la emergencia climática al papel del Reino Unido en la economía global, que el premier no es capaz de afrontar de una forma razonablemente entendible.

Dos opiniones relevantes en el prestigioso semanario The New Statesman abordan el estado de la cuestión. Para una de sus analistas políticas, Annette Dittert, el problema no se circunscribe a la conducta del primer ministro, sino que el verdadero problema del Reino Unido “son los propios conservadores”, que en gran número se han desmarcado de una de las pocas decisiones sensatas que ha tomado Johnson: “Fijar nuevas medidas contra el covid para proteger a la población”. Que la decisión obedezca a la repercusión que ha tenido en la opinión pública el escándalo de las fiestas le parece a Dittert un pobre argumento para justificarla; más se le antoja que pone en riesgo los cimientos de la democracia al procurar argumentos a los grupos antivacunas y, en general, a los adversarios de la democracia liberal. En las mismas páginas, va más allá David Gauke, exsecretario de Estado de Justicia con Theresa May, que sostiene que lo que realmente importa “no es si el primer ministro está reaccionando de forma exagerada a la variante Ómicron, sino si está reaccionando de forma insuficiente”, una andanada contra los 96 diputados que no apoyaron las medidas llevadas por Johnson a la Cámara de los Comunes.

No hace demasiado, un editorial del diario conservador francés Le Figaro argumentó que al soslayar la realidad inexorable de cuál es la verdadera capacidad de influir del Reino Unido, la política británica había adquirido aires de tragedia shakespeariana. Lo cierto es que este final de año parece más cercano a una caricatura apresurada, huérfana tal política del pragmatismo que cada vez con más frecuencia echa en falta una opinión pública desorientada. Hay algo de permanentemente destemplado e inconsistente en el comportamiento de Johnson que acaso sea la causa primera y última de su desmoronamiento, de ese presagio que cada vez le acerca más a una situación imposible ante la rebelión de un ala de la mayoría conservadora en el Parlamento. Se diría que los enormes desafíos que debe enfrentar Boris Johnson han dado la medida de su incapacidad manifiesta para gobernar con solvencia.

Biden convoca a los aliados

La Cumbre por la Democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha emitido señales precisamente tranquilizadoras los pasados jueves y viernes. No dejó de ser chocante que más de un centenar de países fueran invitados a participar en un tótum revolutum en el que lo mismo cabían las viejas democracias europeas que Pakistán, Filipinas e Irak, con credenciales democráticas más que exiguas, y no, en cambio, China y Rusia, que también tienen poco que decir en orden a preservar y desarrollar la democracia, pero que son actores internacionales de primera magnitud. No pasó en absoluto inadvertido que estuviese Brasil, cuyo presidente muestra un compromiso limitadísimo con la democracia, y faltase Bolivia, que remedió mediante un proceso democrático perfectamente pautado los efectos del golpe de Estado que echó a Evo Morales de la presidencia.

Más que una Cumbre por la Democracia, pareció una asamblea de aliados de Estados Unidos y un reconocimiento más –no será el último– de que las vías de comunicación y coexistencia entre Washington, Pekín y Moscú funcionan cada vez peor. El corresponsal de The Washington Post en Taiwan, Christian Shepherd, fue más sangrante al analizar la composición del cónclave: Biden ha abrazado, escribió, “la creencia de que la democracia es como una cadena de comida rápida en la que Estados Unidos suministra los ingredientes”. Algo que llevó al mismo autor a preguntarse si la democracia estadounidense “realiza sueños o crea pesadillas”.

Sería una simplificación considerar que Biden actuó con un criterio maniqueo, dividir el mundo en buenos y malos. Es más probable que la estrategia seguida por la Casa Blanca obedeciera a la necesidad de agrupar efectivos a causa de la distancia cada vez mayor entre potencias con intereses enfrentados. Porque si bien es cierto que la impugnación de la democracia por China y Rusia no hace más que explotar la sensación de crisis en los fundamentos históricos del Estado de derecho, el ejercicio de las libertades y el respeto por los derechos humanos, es improbable que el saneamiento de la democracia pueda hacerse a espaldas de una parte de la comunidad internacional que ocupa un enorme espacio de poder.

Como explica el profesor Daniel Innerarity en Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI, las democracias han sufrido un desgaste y las instituciones deben afrontar una realidad nueva: la necesidad del aprendizaje permanente en un mundo cambiante. En una entrevista en El País, Innerarity sostiene que “resetear la democracia” debe “estar presidido por cómo conseguir realizar (no adaptar) los ideales irrenunciables de la democracia en contextos y situaciones que van cambiando con el paso del tiempo”. No es precisamente eso lo que hace Biden, sino que se adapta a dos datos objetivos: la sintonía con China se mantiene dentro de los parámetros de confrontación establecidos por Donald Trump y la relación con Rusia transita por el sendero de la degradación.

Desde la trinchera de los grandes excluidos se da la coincidencia de que tanto Xi Jinping como Vladimir Putin desean legitimar su poder. Charles Parton, miembro del think tank británico Council on Geoestrategy, dice que por primera vez China “quiere cambiar el mundo en el ámbito ideológico”.  En el enfado chino con Biden ve la confirmación de que la gran potencia asiática está dispuesta “a disminuir el poder ideológico de Estados Unidos porque al hacerlo aumenta el suyo”. Acaso no sea el mismo caso de Rusia, que mantiene la ficción democrática a través de una autocracia encubierta donde la oposición suele acabar en la cárcel o en el exilio. En ambos casos, la naturaleza política de sus aliados carece de significado, pero eso no es una gran novedad; demasiadas veces sigue vigente en Occidente –para muestra, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas– la frase que Franklin Delano Roosevelt dedicó a Anastasio Somoza, dictador nicaragüense: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Otra vez surge la pregunta: ¿estamos ante una nueva guerra fría? Y aun esta otra: ¿la guerra híbrida es una nueva versión de la guerra fría? Porque la confrontación mediante herramientas que no son ingenios militares, sino intromisiones en la política interior de los estados o crisis inducidas entre bloques da la sensación de que proliferarán en igual medida que se tensarán las relaciones entre contrincantes, adversarios o competidores. Algo que inevitablemente lleva a formular esa otra pregunta: ¿hasta qué punto entraña riesgos la escalada en curso?

El analista estadounidense Jeffrey Bristol parte de la hipótesis de que su país ya no es la potencia hegemónica que fue, y se ve obligado a operar “en un entorno global de naciones emergentes cuyos intereses solo a veces se alinean con los de Estados Unidos”. Y a partir de ahí entiende que fue un error que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 fiase la preservación de la paz “a través de la fuerza”. Quizá en el contexto de los conflictos híbridos haya sido un error dejar fuera de la Cumbre por la Democracia a China, Rusia y algún otro actor de peso si es que esta debía servir para relajar las tensiones además de para mejorar la democracia, que sin duda precisa una puesta al día y debe protegerse de las arremetidas de sus adversarios.

Las nuevas tecnologías, la red, la manipulación extrema de los conflictos sociales, la tendencia al proteccionismo económico, el mercado de la energía y un sinfín de recursos de última generación, incluido el auge de la extrema derecha, proporcionan toda suerte de herramientas a los instigadores de las guerras híbridas, muchas, por no decir todas, lesivas para la democracia. Esta es vulnerable por definición y es dudoso que la cumbre convocada por Biden haya servido para fortalecerla en tiempos inciertos.

El aborto divide Estados Unidos

La discusión sobre si el derecho al aborto forma o no parte de los derechos humanos ha llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos a través de la causa Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, nombre de la única clínica que practica abortos en el estado de Misisipi, de mayoría republicana. El conglomerado de organizaciones políticas, religiosas y de todo tipo que vieron en Donald Trump el ejecutor capaz de hacer realidad sus ensoñaciones, sostiene que el derecho al aborto es inexistente y atenta contra los derechos del no nacido. Los defensores del derecho de la mujer a abortar, y con ellos las democracias avanzadas, que han aprobado regulaciones liberales del aborto, se cogen a la doctrina de las Naciones Unidas que estima que la revocación por los jueces estadounidenses de la sentencia Roe contra Wade, año 1973, sería irreconciliable con el derecho internacional, que considera un derecho humano el de las mujeres a abortar.

En la práctica, afrontar el asunto desde esta doble perspectiva no es más que un falseamiento de la realidad y de la repercusión que puede tener que el Tribunal Supremo deje sin efecto la sentencia que emitió hace casi medio siglo. Porque como ha explicado de forma convincente en las páginas de The New York Times Mary Fitzgerald, responsable de comunicación de Open Society Foundations, los argumentos que manejan los recurrentes ante el Supremo “nos dicen cosas preocupantes tanto sobre la salud de la democracia estadounidense como sobre lo que podría suceder si el tribunal revoca Roe contra Wade el próximo año”. Y dichos argumentos quizá constituyen una amenaza futura en manos de los agitadores de todas las formas y mensajes de la extrema derecha a escala planetaria, que ha encontrado en la herencia del trumpismo aquello que durante décadas anduvo buscando.

La composición del Tribunal Supremo hace temer lo peor: seis conservadores y tres progresistas; tres mujeres y seis hombres. Pero eso no es todo: Trump nombró a jueces rematadamente conservadores –Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Barrett– con la promesa de que ayudarán a revocar la sentencia que garantiza el aborto en todos los estados. Es poco menos que innecesario añadir que los argumentos morales del expresidente son una mera cortina de humo o pretexto habida cuenta su trayectoria manifiestamente amoral; lo que importa es mantener unida a la extrema derecha con la inestimable ayuda de diferentes facciones fundamentalistas cristianas.

El debate abierto se prolongará durante meses, probablemente hasta bien entrada la primavera de 2022, pero la impresión es que los seis jueces conservadores están lejos de compartir la opinión de la británica Helena Kennedy, una respetada defensora de los derechos humanos: obligar a una mujer a soportar nueve meses de embarazo es “un trato cruel e inhumano”. Porque si el Tribunal Supremo revoca la sentencia que reconoce el aborto como un derecho a escala federal, cada estado podrá legislar según su conveniencia, prejuicios o necesidades electorales, y en algunos de ellos puede quedar el aborto prohibido casi por completo.

La columnista de The Guardian Moira Donegan cree que a lo máximo que cabe aspirar que salga del Supremo es “un derecho disminuido al aborto” que dejará a criterio de los estados fijar límites que, cabe suponer, imitarán en muchos casos leyes restrictivas como las de Polonia, Hungría y Brasil. Por no hablar de la extravagancia de la doctrina del primer latido –estado de Texas–, que limitaría la posibilidad de abortar a seis semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Todo lo cual abunda en la idea de que hay un riesgo cierto de dañar la calidad de la democracia en Estados Unidos y de revisar algo consustancial a la autonomía de las mujeres: decidir sobre su cuerpo, algo que incomoda por no decir que enerva a los profetas de la tradición, de una configuración patriarcal y sectaria de la sociedad.

No deja de ser paradójico que todo esto suceda al mismo tiempo que México y Argentina, dos países con una larga y consolidada militancia católica, autorizan el aborto. Pues si no se trata de estados confesionales, como tampoco lo es Estados Unidos, no cabe imponer en el siglo XXI aquello que, en gran medida, se sustenta en convicciones morales de raíz religiosa, respetables, pero que solo obligan a quienes las profesan. Las leyes que regulan el aborto pautan un derecho al que se pueden acoger las mujeres, pero no establece ninguna obligación ineludible: depende solo de la decisión autónoma e intransferible de cada mujer. De la misma manera que la maternidad es una posibilidad, pero no una obligación, llevar adelante un embarazo no deseado tampoco lo es; ese es el criterio inmensamente mayoritario en el feminismo se le den las vueltas que se le den.

No deja de ser chocante que las autodenominadas organizaciones provida de todas partes presenten el aborto como algo que no tiene la trascendencia que en realidad tiene para cuantas mujeres deciden acogerse a él. Lo cierto es que todos los especialistas coinciden en señalar que repercute en el doble plano físico y emocional. Pero los adversarios de la ley del aborto en Estados Unidos lo desconocen o lo soslayan y esperan que el Supremo les dé la razón; esperan que criterios de orden religioso se impongan al laicismo consagrado en la Constitución.

Finalmente, todo emite una señal más de la tajante división de una sociedad que parece empeñada en afilar un poco más cada día las aristas de la confrontación. Los espacios para la tregua y la coexistencia se reducen al mismo tiempo que la sociedad liberal y la conservadora tienen enormes dificultades para reconocerse mutuamente como parte de una misma comunidad. En el caso del aborto, además, la arremetida de sus adversarios en las redes sociales ha adquirido la naturaleza de un gran desafío, un anticipo de lo que puede ser la campaña de las elecciones de noviembre en términos de violencia, confiemos en que solo verbal. El problema es que con los agitadores del trumpismo nunca se sabe cómo puede acabar la fiesta.

La política tóxica alienta el racismo en Estados Unidos

Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes de los que cerca del 14% son afroamericanos mientras que la población blanca representa el 60%. Pero la población reclusa de piel negra es el 33% y la blanca, el 36%, según un informe difundido por la cadena Univisión. El desequilibrio es evidente y los factores que explican tal desfase son por lo menos tres, según un estudio de Ryan D. King y Michael T. Light: las diferencias raciales en la comisión de delitos, leyes aparentemente imparciales, pero con efectos raciales dispares y el trato desigual en el sistema de justicia. Veredictos como el del miércoles de un jurado de Brunsbick (Georgia) –once blancos y un negro–, que declaró culpables de asesinato a tres hombres blancos que persiguieron y mataron al joven de 20 años Ahmaud Arbery en febrero de 2020, tienen el valor que se les quiera dar, pero tienen un poder limitado de transformación en una sociedad en la que el problema racial, legado por la esclavitud, sigue presente en todas partes.

Basta con atender al hecho de que pocos días antes del desenlace del caso Arbery, un jurado de Kenosha (Wisconsin) absolvió al joven Kyle Rittenhouse, que mató a dos personas e hirió a una tercera durante un episodio de disturbios raciales. El principio de legítima defensa, que en Estados Unidos se extiende a una serie de leyes respaldadas por la segunda enmienda de la Constitución –derecho a la posesión de armas–, fue suficiente para poner al procesado en libertad. La fiscalía adujo que no cabía alegar legítima defensa contra un peligro “que tú mismo creaste” –salir a la calle armado y acosar a manifestantes–, pero prevalecieron en el criterio del jurado viejos preceptos, que fueron respaldados por el expresidente Donald Trump, a quien Rittenhouse visitó en Mar-a-Lago. Trump declaró que el fiscal nunca debió presentar cargos contra el joven y en una entrevista en la ultraconservadora Fox News, el presentador Tucker Carlson definió a Rittenhouse como “un chico dulce”.

Con independencia de las particularidades de cada caso, es enorme la distancia moral en el desarrollo de uno y otro. Algo que no hace más que subrayar la pervivencia del problema racial, quizá agravado y aumentado en los últimos años por la atmósfera tóxica que se respira en la política estadounidense y que mantiene de plena actualidad la opinión emitida por Barack Obama en 2007, cuando, siendo senador, visitó la Asociación Nacional para la Promoción de las Personas de Color: “A pesar de todo el progreso que se ha logrado, aún nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos más trabajo que hacer cuando hay más jóvenes negros que languidecen en la cárcel que los que van a universidades y facultades en el país”.

En realidad, queda tanto por hacer que en el estado de Georgia aún era vigente la llamada ley de arresto civil, a la que se acogió la defensa de los tres condenados, que databa de 1863 y que autorizaba a los ciudadanos a arrestar a personas “razonablemente sospechosas”. El gobernador del estado, Brian Kemp (republicano), la abolió después de la muerte de Arbery e hizo bien: en Georgia, un estado esclavista, se aprobó en plena guerra civil para facilitar la persecución de esclavos huidos. Pero que tal ley siguiera en vigor en 2020 no deja de ser un síntoma inquietante de hasta qué punto la cultura de la división racial sigue ahí con el indecente vigor de que goza desde que los primeros africanos llegaron a Nueva Inglaterra hace cuatro siglos.

Hay una cultura supremacista blanca tan arraigada que siguen siendo excepción los entornos sociales en los que la convivencia interétnica está por completo normalizada. Contra lo que cabía esperar, la presidencia de Barack Obama agravó las tendencias divisivas: una facción muy grande de la opinión pública de Estados Unidos no aceptó que un negro viviera en la Casa Blanca durante ocho años, y en la victoria de Trump en 2016 fue este uno de los factores determinantes: su ambigüedad a la hora de abordar el problema racial satisfizo a quienes piensan que se ha ido demasiado lejos en rescatar de la marginación y el sometimiento a la comunidad negra. Quizá no sea el clima social de hoy el mismo que desafía la decencia de Atticus Finch en la novela Matar un ruiseñor, o quizá sí lo sea si nos atenemos a lo que aún sucede en demasiados lugares, encubierta la impunidad blanca por un racismo consolidado que alcanza al trabajo de los jueces.

El hecho es que sigue vigente el alegato de John Quincy Adams, año 1840, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del barco esclavista Amistad, presentado en principio por los demandantes como una disputa por la propiedad de los africanos transportados en la nave y que luchaban por recobrar la libertad: “No es una simple cuestión de propiedad, es el caso más importante que se ha presentado ante este tribunal, porque a lo que en realidad concierne es a la naturaleza misma del hombre”. Adams fue presidente entre 1825 y 1829, pero cerca de 200 años después sus palabras explican mucho de cuanto sucede hoy, de la misma manera que lo hacen la alocución de Abraham Lincoln en Gettysburg, el sueño de Martin Luther King y otras voces esclarecidas: el problema racial es el mayor demonio familiar de una sociedad que no lo ahuyentó con la victoria unionista en el campo de batalla.

Basta una travesía por el sur profundo para calibrar la naturaleza del desafío. La proliferación de banderas de la Confederación vencida en 1865, los monumentos al general Lee, la división religiosa, con congregaciones separadas para negros y blancos, toda la gazmoñería paternalista de comunidades blancas frente a la discriminación indiscutible que soportan comunidades negras, parece dar la razón a quienes sostienen que las guerras civiles nunca se acaban, dejan un poso de amargor histórico, de litigio sin resolver. Mientras sea noticia que un jurado de mayoría blanca absuelve a un acusado afroamericano, el ominoso problema racial seguirá vivo en Estados Unidos.

Cuba, la revolución congelada

Todos los vaticinios conocidos sobre cuál sería el proceso de revisión y reforma del régimen cubano a partir del desvanecimiento de la Unión Soviética se han quedado en nada. Ni Fidel Castro optó por imitar el proceso que siguió a la liquidación de la superpotencia comunista ni su hermano Raúl afrontó el ocaso con la capacidad transformadora del modelo chino en la cabeza. Frente a esas dos posibilidades desechadas se afianzó la voluntad de la nomenklatura de perpetuarse en el poder y no transigir en cambios fundamentales para rescatar a la isla de las penalidades encadenadas desde la primera mitad de los años noventa. La hipótesis manejada por algunos think tank de Estados Unidos, que interpretaron el final de la URSS y de su tutela de la isla como el primer capítulo de una evolución con altibajos hacia un modelo mixto de economía público-privada y pluripartidismo bajo control, erraron tanto el tiro como el disidente Carlos Franqui, militante de primera hora de la revolución y amigo de Camilo Cienfuegos, que en 2001 pronosticó una “apertura económica con represión política” a imagen y semejanza del modelo chino.

Nada de esto sucedió porque Raúl Castro fue un presidente que se limitó a hacer retoques cosméticos en la economía –antepuso la pervivencia del legado recibido de manos de Fidel y del partido– y su sucesor, Miguel Díaz-Canel, no hace más de lo que cabía esperar de un apparatchik, aun a riesgo de agravar el hartazgo social a causa del desabastecimiento y la progresiva desvinculación de la élite gobernante del sentir de la calle, de los padecimientos de una población a la que le falta de todo. Aunque un articulista del diario habanero Juventud Rebelde presenta las movilizaciones de julio y la manifestación convocada el día 15 por el colectivo Archipiélago como una operación orquestada desde Estados Unidos para movilizar a “nuevos guerrilleros del imperio neocolonial”, lo cierto es que hay un desapego progresivo de la generación de menos de 40 años, sin vínculos sentimentales con la epopeya de los barbudos de Sierra Maestra.

Escribe Martín Caparrós en Ñamérica, referido a La Habana: “Una ciudad detenida en el tiempo. Una ciudad –que parece– detenida en el tiempo. Una ciudad donde aquellos que prometieron un gran cambio detienen todo cambio –en nombre de aquellos cambios que siguen prometiendo. Una ciudad que se parece a un trabalenguas, cuyo nombre es el nombre de un veneno: los habanos”. Tal descripción es poco menos que un retrato de la decadencia de un proyecto que ha hecho de la bellísima ciudad de las columnas glosada por Alejo Carpentier un escenario de piedra con cicatrices en cada fachada. Esa detención del tiempo, esa congelación del tiempo con el propósito de resistir cueste lo que cueste es definitoria y al mismo explicativa de cuanto está sucediendo en la isla.

Es evidente que las sanciones de Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump, que canceló la apertura posibilista promovida por Barack Obama, y la parsimonia de Joe Biden tienen mucho que ver con las penurias cubanas, con el ahogo económico. Es igualmente evidente que una parte importante de la población cubana se identifica con la peripecia revolucionaria. Pero ambas realidades no restan valor al lamento de Fidel Castro en julio de 1991, cinco meses antes de esfumarse la URSS: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”. Porque lo que sucedió en verdad en los 35 años que siguieron al fracaso de la expedición anticastrista en Playa Girón (1961) fue el encubrimiento de las carencias del régimen mediante la asistencia de Moscú a La Habana, fruto de la guerra fría.

La progresiva disolución de las reglas del juego de la guerra fría en una nueva realidad multipolar que está lejos de constituir un sistema, un marco internacional con comportamientos previsibles, ha perjudicado la viabilidad del experimento cubano. Pero sus gestores no se han acogido al análisis gramsciano de la correlación de fuerzas, sino que han optado por un numantinismo sobrevenido con el conocido coste para los ciudadanos; para los gestores del momento ha pesado más garantizar la supervivencia del sistema que poner remedio a sus limitaciones endémicas. Puede decirse que la élite dirigente del Partido Comunista y del  Ejército se ha atenido a un acto reflejo común a todas las élites: perpetuarse en el puente de mando.

Para el núcleo dirigente, sin embargo, el mayor problema es la progresiva desconexión de la mitología revolucionaria de una parte cada vez mayor de la sociedad cubana. La propaganda política permanente surte efecto en la fase expansiva de los procesos de cambio, pero activa el escepticismo e inmuniza de sus efectos a los receptores de tal propaganda si finalmente llegan a la conclusión de que el rey estaba desnudo. Los iconos de los 60, los eslóganes rotundos y las transformaciones en la isla de aquel entonces son historia, quedan demasiado lejos para que puedan generar complicidades políticas y mecanismos emocionales de adhesión. Cuando un dramaturgo como Yunior García es de repente motivo de preocupación del sistema o los Latin Grammy dan un premio a la canción Patria y vida –el eslogan de los movilizados en julio–, la sensación que se trasmite es que la hegemonía cultural de la revolusión presenta muchas brechas.

Hay dos futuribles probables: que la tensión social no decrezca –quizá la fractura vaya a más– y que el enroque del régimen en el inmovilismo se mantenga. La suma de ambos comportamientos solo da pie a malos presagios. Porque en un régimen de opinión pública, con pareceres diferentes expuestos a la luz del día, la fabricación del consentimiento, un concepto desarrollado por Walter Lippmann, está sujeto al debate entre iguales, pero en un entorno sin libertad de información, el disenso entre el poder, que manufactura el consentimiento a su antojo, y los discrepantes lleva directamente a la protesta cuando no al enfrentamiento. Tal cosa sucede en Cuba, aunque la propaganda echa la culpa de todo a los viejos demonios familiares.

Bielorrusia chantajea a la UE

La situación provocada por el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, en la frontera con Polonia no solo refleja la catadura moral del inductor de la crisis y de su protector, Vladimir Putin, sino que afecta a la cohesión interna de la Unión Europea, atrapada entre la necesidad de actuar en defensa de uno de sus socios, que, a su vez, mantiene vivo un disenso fundamental en la aplicación de los tratados al no reconocer la primacía de la legislación europea sobre la nacional. Hay en la acción emprendida por Lukashenko el propósito de responder a las bravas a las sanciones impuestas por Bruselas al régimen bielorruso y en el acompañamiento de Putin se manifiesta la decisión de presionar a los Veintisiete cuanto más, mejor. Y hay también la necesidad del Kremlin de mantener el estatus de gran potencia mediante su capacidad de dañar a quienes tiene por adversarios –aunque al mismo tiempo son sus clientes, consumen gas ruso–, una necesidad perentoria para encubrir una doble realidad: la desastrosa situación económica del país y la no menos desastrosa lucha contra la pandemia.

En la crisis humanitaria provocada por el tándem Lukashenko-Putin o viceversa, las consideraciones morales no tienen cabida. Las condiciones en las que sobreviven al borde de la frontera con Polonia varios miles de personas en el gélido noviembre de la región no forman parte de las preocupaciones de quienes han decidido manipular en beneficio propio a comunidades extremadamente vulnerables. El recurso al tráfico de seres humanos, un saneado negocio para mafias de todo el mundo, resulta doblemente abyecto cuando detrás de él se hallan gobernantes dispuestos a cualquier cosa.

Tales consideraciones no deben ocultar el hecho de que la Unión Europea ha sido poco diligente en la previsión de la crisis en curso. El politólogo polaco Slawomir Sierakowski advirtió el pasado agosto que a raíz de la caótica evacuación de Afganistán por Estados Unidos y sus aliados, Lukashenko había encontrado una forma de presionar a la UE con la exportación de refugiados a la frontera con Polonia. “Desde principios de año, más de 4.000 refugiados han llegado a Lituania, 50 veces más que en 2020, afectando a las comunidades locales y molestando a la opinión pública nacional –escribió Sierakowski el 31 de agosto–. Ante tal afluencia, Lituania y Letonia han declarado el estado de emergencia. Ahora Polonia, donde ya ha habido varios cientos de intentos de obligar a los refugiados a cruzar la frontera, se une a ellos. Los refugiados, confundidos, perdidos y hambrientos, están siendo capturados en ciudades fronterizas y devueltos por la fuerza al lado bielorruso. Aunque estas devoluciones van en contra de la Convención de Ginebra, los países de la UE se han acogido cada vez más a esa práctica”.

La paradoja es que la impericia europea para afrontar el problema a las primeras de cambio puede, a la larga, rescatar al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, de un laberinto sin salida a causa de su disenso con las autoridades de la UE. Puesto que el problema ftonterizo urge más que la resolución que finalmente redacte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la prevalencia del derecho comunitario, el Gobierno de Varsovia puede pensar, no sin fundamento, que el desenlace del conflicto jurisdiccional quedará en agua de borrajas, aunque en un principio la opinión más difundida en la UE fuese que Bruselas no podía ceder y, llegado el caso, debía bloquear los fondos destinados a Polonia. De momento, los socios europeos se ven en la obligación ineludible de salir en defensa de uno de ellos ante el desafío bielorruso, que puede hacerse extensivo a las fronteras de Lituania y de Letonia.

Al mismo tiempo, los grandes medios ponen el parche antes que la herida y avisan del error que supondría, a raíz de la crisis fronteriza, dar por amortizada la rebelión polaca en materia judicial. En teoría, es lógico pensar que tanto daña la cohesión comunitaria la posición polaca cuando no acata las resoluciones del TJUE como la dañaría la inacción ante el propósito bielorruso de enviar contingentes de refugiados al otro lado de la frontera. En la práctica, todo es más complejo porque hay demasiados socios, empezando por Hungría, que apoyan la rebelión jurídica de Polonia, siquiera sea con la boca pequeña, y en cambio no se ha alzado una sola voz en busca de una alternativa a las devoluciones en caliente.

Sucede así que la crisis fronteriza en Polonia sienta de nuevo a la UE ante el espejo de sus dudas y debilidades, con Lukashenko y Putin como grandes instigadores. Quizá sea demasiado aventurado colegir de todo ello que Morawiecki saldrá reforzado del envite, pero resulta menos arriesgado pensar que en todo caso no saldrá debilitado. Es asimismo exagerado pensar que los europeos han caído en una trampa para elefantes, pero no parece desmesurado advertir en la situación lo más parecido a una calle sin salida honorable. Entre otras razones porque de las tres medidas sugeridas por el periódico Le Monde para parar los pies al dictador bielorruso, solo la imposición de nuevas sanciones depende en exclusiva de la voluntad de los Veintisiete, Las otras dos, llevar la crisis a la ONU y visitar a los gobernantes de los países de origen para que dejen de ser cómplices de ese tráfico humano, son poco menos que inviables: jamás consentirá Rusia en el Consejo de Seguridad una resolución condenatoria de Bielorrusia y resulta inimaginable que se presten a algo semejante a un diálogo con fines de estricta decencia humanitaria las autoridades sirias o afganas, por citar solo dos de las concernidas.

En el emponzoñamiento del caso, como en tantos otros del pasado, se cumple la máxima según la cual un contrincante no es débil hasta que consigues debilitarlo. Pero Aleksandr Lukashenko no está solo y, además, dispone de un arma política de última generación con el invierno a las puertas: la espita del gas que llega de Rusia. La amenaza de cortar el suministro ya ha sido cursada, Vladimir Putin ha remitido a Angela Merkel a su aliado para que trate con él el asunto, y la poco convencional gestión de la poco convencional economía rusa autoriza a temer comportamientos abruptos. A esa llamada guerra híbrida le cuadra más el calificativo de chantaje a la luz del día.

Cita crucial por el clima

La conferencia COP 26 que empieza este domingo en Glasgow es una de esas ocasiones en las que será un sonoro fracaso todo lo que no sea levantarse de la mesa con acuerdos concretos y aplicables a la mayor brevedad. En este caso, cabe añadir que, además de sonoro, el fracaso, de darse, puede resultar dramático porque la degradación del clima avanza y se manifiesta con mayor rotundidad a cada día que pasa. Todos los trabajos producidos por los científicos coinciden en que en que los plazos se agotan para que muchos efectos de la emergencia climática no sean irreversibles y el precio a pagar por el género humano, inabarcable. Desde el informe IPCC, apoyado por las Naciones Unidas, al del Centro Euromediterráneo para el Cambio Climático, dado a conocer esta misma semana, hay coincidencia generalizada y expresa de que todo lo que no sea limitar el aumento de la temperatura media de la Tierra en 1,5 grados condenará al planeta a un calentamiento inasumible con la generalización de fenómenos atmosféricos extremos, aumento del nivel de los mares, desaparición de tierras emergentes, degradación de la calidad del aire y crisis sanitarias constantes.

Ese es el panorama de futuro y no otro si no se actúa, y es suficiente para resaltar la irresponsabilidad de cuantos niegan los riesgos inherentes al cambio climático con argumentos tan peregrinos y puede que cínicos como que no es ninguna novedad para la Tierra que el clima mute. La influencia de la verborrea de Donald Trump durante cuatro años ha sido en este sentido desastrosa porque ha envalentonado a la extrema derecha de todo el mundo, por lo general negacionista, y ha procurado un gran aliado a sectores económicos de influencia universal que anteponen la cuenta de resultados a cualquier otra consideración. Pero no solo la demagogia de Trump ha dañado la aplicación de los acuerdos de París mediante medidas concretas, sino que la necesidad de afrontar un cambio radical de modelo energético, que implica un cambio sustancial de los sistemas de producción y consumo, ha aplazado sin fecha precisa la adopción de medidas que, al menos momentáneamente, afectarán la tasa de beneficios.

Puede parecer exagerado el convencimiento del nobel Paul Krugman de que la pasividad ante el cambio climático “amenaza el futuro de la civilización”, pero le dan la razón las proyecciones nada improvisadas que manejan para 2100 la hipótesis de un incremento de tres grados de la temperatura media de la Tierra. Estos presagios derivan de las previsiones de inversión y crecimiento de las industrias extractivas de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y China, entre otros países, por un monto total de 1,4 billones de dólares, dadas a conocer antes de la COP25, celebrada en Madrid en 2019, que están lejos de haberse cancelado o revisado de forma sustancial.

El estallido de la pandemia y la momentánea congelación de la economía hicieron creer que la progresiva recuperación de la normalidad se haría teniendo en cuenta la leve mejoría experimentada por la calidad del aire y otros parámetros esenciales. Nada de esto ha sucedido: en cuanto ha mejorado la situación sanitaria en el mundo desarrollado han reaparecido los mismos problemas, quizá corregidos y aumentados por el crecimiento, se han disparado de nuevo las tasas de contaminación del aire y una vez más se han manifestados las resistencias a afrontar a escala global un problema de dimensiones globales. Esto es, las soluciones parciales, regionales o locales, sin duda cargadas de buenas intenciones, carecen de eficacia porque la humanidad enfrenta una crisis que no entiende de fronteras.

Pocos gobernantes abordan con determinación práctica el hecho de que si la economía se ha globalizado, los daños causados por el modelo productivo deben remediarse de forma global con medidas concretas, recogidas en un calendario preciso y sometidas al control de instituciones independientes. En caso contrario, los daños colaterales están garantizados en el espacio –la totalidad de la Tierra– y en el tiempo –el avance de la degradación– así para los cumplidores de lo acordado como para los remisos a hacerlo. Pero esa idea de globalidad, que ni siquiera ha prevalecido a la hora de procurar vacunas a todo el mundo para combatir la pandemia, es inasumible para demasiados gestores económicos, que ven en ello una limitación o aplazamiento de beneficios, de la amortización de costosas inversiones correspondientes a modalidades de negocio con un componente contaminante.

Ese es el fondo de la cuestión: ¿cabe imaginar un crecimiento ilimitado de la economía en un espacio limitado o solo la limitación del crecimiento puede evitar el desastre? Es imperiosa la respuesta a esa pregunta y a otras relativas al crecimiento de la población, al aumento de las desigualdades, al crecimiento del consumo, a la frivolidad suntuaria de segmentos sociales minoritarios, pero muy influyentes en la difusión de la cultura del lujo. Y es asimismo imperiosa la concreción de compromisos para rescatar del sometimiento los países que carecen de recursos propios para afrontar el cambio hacia la sostenibilidad y la preservación del medio natural.

Ninguno de los grandes problemas logísticos que enfrentan los mercados a la salida de la pandemia, si es que en tal momento nos encontramos, son del calibre suficiente como para anteponerlos al combate contra la emergencia climática. Ni el desbarajuste del mercado eléctrico causado por el aumento de la demanda y el encarecimiento del gas ni la crisis de suministros y el encarecimiento del transporte desde Extremo Oriente a Europa y Estados Unidos son razones suficientes para no avanzar, para salir del COP26 con un programa de buenas intenciones y poco más. El nobel Joseph Stiglitz lo resume en una idea: la sociedad pospandémica debe perseverar en la igualdad y en la economía verde para proteger el medioambiente. El objetivo parece simple, pero en Glasgow se levantarán seguramente muros defensivos y frentes agresivos que pretenderán convencer a la opinión pública de que nada de lo que está pasando es de una gravedad extrema, aunque lo es y mucho.