About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

Los asesores estorban a Trump

Dos artículos publicados esta semana por reputados analistas estadounidenses centran su atención en la presunta capacidad del presidente Donald Trump de perjudicarse a sí mismo. David Axelrod, que asesoró a Barack Obama en las elecciones de 2008, sostiene en The New York Times que si los demócratas son inteligentes, deberán limitarse a dejar que Trump se destruya en el transcurso de la campaña para las presidenciales del año próximo. Elizabeth Drew, una veterana –83 años– del ensayo político radicada en Washington, reprocha en varios medios al Partido Republicano haberse puesto en manos de un líder “cada vez más desquiciado” cuya suerte electoral dependerá de la capacidad de resistencia que tenga en los próximos meses su ego inabarcable. En ambos casos, asoman las dudas si no rectifica acerca de la disposición del presidente de llegar a noviembre de 2020 con posibilidades indiscutibles de salir reelegido.

Al mismo tiempo, las encuestas indican que el colchón de votantes fieles apenas ha disminuido desde 2016 a pesar de que su índice de aceptación es bajo –menos del 40%– o muy bajo –alrededor del 30%– dependiendo de los sondeos. Entre los estrategas a los que acuden los dos grandes partidos para diseñar sus campañas está muy extendida la idea de que, por desconcertante que pueda resultar la tendencia a la improvisación y a las decisiones contradictorias, los seguidores de Trump se sienten confortados con su nacionalismo de campanario. Nada de cuanto alarma a los liberales clásicos, a los grandes medios, al mundo académico y a los veteranos del Congreso conmueve el universo trumpiano, ni siquiera la política de personal y la permanente reorganización de equipos en la Casa Blanca.

La destitución o dimisión de John Bolton, tercer consejero de seguridad nacional desde enero de 2017, no es una excepción. A pesar de la importancia tradicional del puesto, de la suposición de que era el halcón ideal para asesorar a Trump y de las muy prontas diferencias que surgieron entre ambos, la salida de Bolton por la puerta falsa no ha alterado el pulso a quienes están encantados con el comportamiento político del presidente. Antes al contrario: la rudeza de los métodos del Despacho Oval confirma a los votantes de Trump en sus más íntimas convicciones. Ese populismo grandilocuente y estruendoso, tan presente en los tuits presidenciales, lo entienden como muestra de una firmeza sin límites frente al léxico de los políticos convencionales.

Al mismo tiempo que los observadores más atentos a la línea de conducta de la Casa Blanca se preguntan por qué fue John Bolton el elegido sin prever que pronto sería desautorizado o desoído, mientras se buscan razones para entender cómo es posible que el presidente no supiese de antemano que su nuevo asesor iba a exigir mano dura con Irán, con Corea del Norte, con los talibanes y aun con China, el electorado más conservador y defraudado por los costes sociales de la salida de la crisis se mantiene inasequible al desaliento. Lo mismo jalea la amenaza de Trump de aniquilar a un adversario en una hecatombe de “furia y fuego” que aplaude el apretón de manos con Kim Jong-un; lo mismo puede apoyar sucesivamente una decisión y su contraria sin que por ello se hundan las columnas del templo.

Como persiguen las campañas de las grandes empresas para asegurarse la fidelidad de sus clientes, Trump ha logrado entre su masa de votantes lo que un editorialista llamó hace meses “lealtad absoluta al producto” que es él mismo. Un producto que ha logrado enardecer a sus rivales, retener a sus fieles y no empeorar demasiado las cosas con su unilateralismo sin fisuras a pesar de su tendencia a prodigarse en amenazas y frases rotundas que hacen temer lo peor. Si en política interior la Casa Blanca nunca habla a humo de pajas, en el plano exterior la vociferación es sometida luego a matices a la hora de actuar, con la excepción del conflicto palestino-israelí, donde Trump ha suscrito hasta la última coma el programa de Binyamin Netanyahu.

Afirma Elizabeth Drew que “quizá el mayor peligro político para Trump radica en la creciente evidencia de que ha utilizado la presidencia para enriquecerse”, y siendo cierto esto, también lo es que, hasta la fecha, ha sido mínima la capacidad de desgaste asociada a tal comportamiento. Como en el caso de la descontrolada política de nombramientos y destituciones del presidente, parece que es invulnerable al coste que entrañan las sospechas. Ni siquiera el prestigio y la solvencia moral del senador John McCain, fallecido hace un año, que reprochó con frecuencia al presidente su comportamiento desbocado, dañó su imagen en la llamada por el escritor Richard Ford “América silenciosa”, aquella que observa a Washington como algo lejano y ajeno a ella misma y que comparte con la cultura difundida por el universo neocon la idea de que el Gobierno es el problema, fuente de toda clase de excesos y resorte que limita la autonomía de los individuos.

En este espacio político, Trump ha dado con la tecla para no defraudar, pero está por ver si cuando arrecie la tormenta electoral, con un candidato demócrata dotado para el cuerpo a cuerpo, es capaz de mantener la casa en pie. De momento, le es útil disponer de asesores de los que espera solo opiniones que ratifiquen sus decisiones, tal como se describe en una información publicada por The Washington Post: “En la órbita del presidente Trump, hay reglas tácitas que espera que sigan sus asesores. Tolera un mínimo de disidencia, siempre que siga siendo privado, espera que los asesores se alineen y defiendan sus decisiones y exige absoluta fidelidad en todo momento”. Y le es aún más útil aparecer en auditorios favorables como alguien que se sale de todas las normas y no busca asesores, sino cómplices para aplicar su programa y alcanzar objetivos específicos.

Anthony Scaramucci, exasesor de Comunicación de la Casa Blanca, lo cuenta así en el Post: “Quiere una lealtad catatónica, y quiere que estés detrás de las luces de fondo. Hay un foco de atención en el escenario que brilla sobre Trump y tú eres un accesorio en la parte de atrás con la luz atenuada”. Se trata de una situación a menudo kafkiana, concluye el periódico, porque al final todo depende de la intuición del presidente en cada momento y no de la capacidad de análisis y previsión de los especialistas. Algo poco menos que insólito en una organización tan compleja como el Gobierno de una gran potencia, cuya eficacia depende tanto del gancho popular del líder como de la opinión de los expertos, especialmente cuando, en los prolegómenos de una campaña, el Partido Demócrata puede llegar a la conclusión de que Donald Trump es muy capaz de cocerse en su propia salsa, en sus propios errores, sin renegar de ellos.

El nacionalismo alienta el ‘brexit’

La convocatoria de unas elecciones anticipadas, presuntamente esclarecedoras del sentir de los británicos frente al brexit, es la última baza que juega Boris Johnson antes de cerrar el Parlamento durante cinco semanas. Ni la oposición ni los sublevados del Partido Conservador, que se oponen tajantemente a un divorcio a las bravas, quieren hacer más indescifrable el jeroglífico y dar al primer ministro más instrumentos políticos, de intoxicación o persuasión de la opinión pública, sometida a insólitos bandazos de la clase dirigente y al espectáculo transmitido en directo por las televisiones. Después de cuatro derrotas consecutivas del premier, con una sociedad dividida y desorientada, más allá de las encuestas aparentemente favorables a los tories brexiters, se acumulan los riesgos de que, llegado el 31 de octubre, con el Reino Unido en un callejón sin salida, se consume un brexit sin acuerdo y el proceso se adentre por un territorio más desconocido e imprevisible que el de ahora.

Si el clima no fuese el de una tormenta desbocada, cabría hablar de nuevo de la convocatoria de un segundo referéndum, con más y mejor información del significado de la salida de la UE en poder de los electores. Como la tempestad no mengua y la demagogia nacionalista no cesa, es poco menos que impensable una nueva consulta con la atmósfera serena que requiere el caso. Fue posible en cuanto se concretaron las dificultades que entraña la operación de salida y, aún más, cuando quedaron en evidencia las falsedades difundidas por Nigel Farage y sus secuaces, pero la tibieza de la dirección laborista –Jeremy Corbyn y los veteranos del partido– y de los conservadores disidentes lo hizo inviable. Esa inviabilidad ha ido en aumento, de forma que se antoja inevitable que el brexit se produzca, y ahora lo que importa es lograr que sea lo menos dañino posible para el Reino Unido y para los Veintisiete.

Al mismo tiempo, ha calado en la estrategia de los promotores del brexit a toda costa la convicción de que una parte sustancial del electorado británico ve en la salida de la UE la ocasión de realizar el viaje de vuelta a un pasado ideal o mitológico. La analista Lynsey Hanley lo desmiente en un artículo publicado en el periódico The Guardian, europeísta, y se remite para ello a las conclusiones del libro Me, Me, Me?, del profesor Jon Lawrence, un recorrido por los comportamientos de la gente corriente desde el final de la segunda guerra mundial. Según Hanley, la “guerra cultural” planteada por Boris Johnson “para ganar votos cruciales” entre los trabajadores es un error. Y añade: “La mayoría de los partidarios de la salida no ansían una comunidad mítica perdida. Solo quieren una mejor calidad de vida”.

La gran incógnita, aquella más presente en todos los debates, en las conversaciones a pie de calle, en las preocupaciones de la City, entre los británicos que residen en países de la UE y entre quienes anuncian toda suerte de perjuicios es si, en efecto, “una mejor calidad de vida” es posible sin el vínculo europeo. O si, por el contrario, el debilitamiento del engarce entre las islas y el continente, sustituido o alentado por una relación económica preferente con Estados Unidos, perjudicará a la libra, constreñirá las exportaciones, debilitará la bolsa y, en términos generales, empeorará las perspectivas de futuro de los ciudadanos. De momento, no hay un solo informe o estudio solvente que prevea una mejora objetiva con el brexit y, por el contrario, todos vaticinan descensos del PIB, desvalorización de la libra y dificultades de toda índole para mantener los flujos comerciales.

La determinación de la UE de no tocar una coma del pacto firmado con Theresa May en noviembre del año pasado abunda en la idea de que es el mejor de todos los acuerdos posibles, limita el parte de daños y pone a salvo la paz en Irlanda. Las alusiones a la plena soberanía hechas por Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg y un elenco muy extenso de brexiters para oponerse al mantenimiento de la frontera blanda entre las dos Irlandas (backstop) responde a un nacionalismo caduco, a la necesidad de mantener a los unionistas norirlandeses en el bando conservador y a la incomodidad manifiesta de los tories más retrógrados con los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que apaciguaron el Ulster. Esta falta de realismo no obedece a la incapacidad del Gobierno británico para analizar la situación, sino a la decisión de recurrir a la política de las emociones para mantener unido el bando brexiter.

Quizá la gran sorpresa para Boris Johnson ha sido la unidad y unanimidad de los Veintisiete en esta larga crisis, en ocasiones indescifrable. Lo cual no quiere decir que conforme se acerque el 31 de octubre y se radicalicen las posiciones en el Reino Unido no surjan disidentes partidarios de revisar algunos extremos del acuerdo de noviembre. Porque aunque es de forma indirecta, el conflicto provocado por la salida del Reino Unido ha reforzado el perfil político de la institución, algo combatido a menudo por la mayoría de los socios más recientes de la UE y aun por algunos veteranos que han abierto el Gobierno a partidos de extrema derecha –Italia y Austria, los casos más recientes–, siempre dispuestos a presentar Bruselas como el origen de todos los males nacionales.

He ahí un asunto capital en la crisis en curso: la preminencia de la idea de Europa frente a la de las naciones, el cosmopolitismo de los Veintiocho o Veintisiete frente a las políticas identitarias, al retorno al pasado, entendido este como un estado ideal de plenitud cultural y cohesión social. Un mito más que un programa político en un mundo globalizado, sumergido en el cambio tecnológico y en la emergencia medioambiental. Pero un eficaz canto de sirena que en Estados Unidos llevó a Donald Trump  a la presidencia y en el Reino Unido dio el triunfo al brexit en junio de 2016, de ahí la enorme dificultad de deshacer la madeja de los nacionalismos exaltados, incluido el británico, que quiere agrandar la anchura del Canal.

 

La investidura se pierde en reproches

El viaje hacia ninguna parte emprendido por el PSOE y Podemos culminó en el sonrojante intercambio de reproches de la fracasada investidura de Pedro Sánchez. En medio del estriptís integral salió a relucir el viejísimo debate de las diferentes izquierdas españolas acerca de cuál de ellas da cobijo a la verdadera alma de la izquierda, quién es de izquierdas y quién solo aparenta serlo. El empeño de Podemos de ser el guardián autoproclamado de las izquierdas y el del PSOE de consagrar su hegemonía en este territorio han empañado el debate y convertido la negociación en una lucha descarnada por el reparto del poder, en la pretensión de ambos partidos en neutralizar al otro, algo propio de adversarios encarnizados más que de presuntos aliados que busca de un Gobierno de coalición que primero había de ser de cooperación y que finalmente no fue nada.

El disenso no es ni nuevo ni diferente al vivido en muchas ocasiones anteriores desde la noche de los tiempos de la izquierda española, enfrascada en una interminable discusión sobre los méritos contraídos por cada parte para acreditar su condición de guía moral de la izquierda. La discusión, a menudo estéril y paralizante, se ha concretado en un exaltado cruce de descalificaciones, que han sumido en la decepción al electorado progresista, para el que los bizantinismos no hacen más que alimentar un compartido sentimiento de frustración así en el campo podemita como en el socialdemócrata. La pretensión de la dirección de Podemos de transformar el partido en el único legitimador posible de un programa de izquierdas, quizá mediante la formación de un Gobierno bis dentro del Gobierno, resulta tan fuera de lugar como la del PSOE de comportarse poco menos que como si hubiese cosechado la mayoría absoluta el 28 de abril.

Que los juegos de manos que han desembocado en un gran fiasco tengan una gravedad y consecuencias menores a la que tendrían si no existiese el paraguas cobijador de la UE no mejora el diagnóstico sobre la capacidad de liderazgo y compromiso de los estados mayores de los cuatro grandes partidos, presos de un ensimismamiento ciego y que apenas presta atención a los mensajes que llegan de la calle y de las urnas. En el caso de las fuerzas de izquierda, más incluso que en los dos grandes partidos de la derecha, la ocasión perdida es improbable que no tenga un elevado coste político, más para Podemos que para los socialistas a tenor de lo adelantado por las encuestas realizadas en pleno fragor de la batalla. El diagnóstico de Rubén Amón en El País es verosímil: “Iglesias creó Podemos e Iglesias ha decidido destruirlo”.

La afirmación de Antón Losada en eldiario.es es un recordatorio oportuno: “Cuando la izquierda no se entiende, la derecha gana. Es una ley inexorable de la política española. No admite excepciones y nunca deja de funcionar”. La demora en la formación de los gobiernos autonómicos de Murcia y de Madrid no ha pasado de ser una simulación provocada por Ciudadanos para que no parezca lo que realmente es el pacto de gobierno: un acuerdo a tres en el que Vox contamina cuanto toca. Sin mayor esfuerzo que los errores encadenados de la izquierda, los tres partidos de la derecha han transmitido una imagen –falsa, pero resultona– de capacidad de entendimiento que el PSOE y Podemos están lejos de poder exhibir frente a un electorado atónito que votó para que hubiese acuerdo, es decir, presupuesto, programas sociales, compromiso ecológico, feminismo, europeísmo sin reservas, gestión sosegada del caso catalán y otros ingredientes indispensables para no defraudar a una sociedad moderna que apenas sale de la crisis económica, pero necesita garantizar la pervivencia del Estado del bienestar.

En vez de discutir el programa largo y tendido, sin filtraciones ni codazos, sucedió lo que Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España, resume en muy pocas palabras: “No fue hasta cerca de 24 horas más tarde [de que PP y Ciudadanos reiteraran que no se abstendrían], en la víspera de la primera sesión de investidura, que las negociaciones entre el PSOE y Podemos empezaron seriamente. Apenas duraron una veintena de horas. Demasiado poco para dar con un acuerdo”. Reducir este fracaso en un suspenso en julio que cabe levantar en septiembre como intentan los malos estudiantes es una simplificación impropia: los resentimientos y las cuentas pendientes, la desconfianza mutua y la lucha por la hegemonía han aflorado con toda su crudeza.

“La posición de un hombre político se determina de esta manera: una tradición corregida por la razón”, declaró Manuel Azaña en las Cortes el 27 de mayo de 1932. Entre el 22 y el 25 de julio ha prevalecido la tradición –la capacidad infinita de la izquierda para no ponerse de acuerdo– y ha perecido la razón. La tradición indica que la pugna entre la herencia socialista y la herencia comunista han sido siempre dos realidades refractarias; la tradición reciente demuestra que en muchas ocasiones ha sido posible la alianza a escala local y autonómica, pero siempre se ha mantenido más o menos viva la disputa sobre a quién corresponde la guía espiritual de la izquierda; la tradición permitió, en fin, que sumara adeptos la prédica de Julio Anguita dedicada a la teoría de las dos orillas. Con gran éxito de crítica y público entre la derecha dirigida entonces por José María Aznar, cabe recordar.

Dicho todo lo cual es obligado subrayar que el espectáculo continúa y el único desenlace aceptable es que de aquí a finales de septiembre el único candidato posible para obtener la confianza del Congreso logre desatascar la situación. Otear el horizonte y fijar la mirada en otro objetivo –legislativas en noviembre– sería tanto como demostrar una incapacidad absoluta, poco menos que enfermiza, para asumir las reglas del juego propias de una coalición, según las cuales nadie pierde del todo y nadie sale vencedor absoluto: a lo máximo que puede aspirarse en estos casos es a un win-win limitado. Convocar elecciones podría tener consecuencias inesperadas en un ambiente de pesimismo o escepticismo generalizado, propenso a la abstención, a un resultado imprevisible. Demasiadas veces han sido requeridos los ciudadanos desde 2015 para que indiquen cómo y por quiénes quieren ser gobernados como para hacerlo de nuevo; el recurso a las urnas, de producirse, sería la confirmación de un fracaso clamoroso de los partidos, en general, y de la izquierda, en particular.

Trump envenena la atmósfera

La decisión de Donald Trump de adentrarse por la senda del racismo en la peor herencia histórica de la sociedad estadounidense lleva camino de enturbiar todo y cada uno de sus pasos hasta noviembre del próximo año, cuando optará a la reelección. Nada hay socialmente más divisivo y arriesgado que reabrir el debate racial más de medio siglo después de la firma por Lyndon B. Johnson de la ley de derechos civiles y menos de tres años después de que abandonara la Casa Blanca el primer presidente negro del país. Puede que para conservar el Despacho Oval sea útil a Trump estimular sentimientos primarios y excluyentes como el racismo, pero resultará catastrófico para la cohesión social y la construcción de una identidad colectiva sin referencias al color de la epidermis, las creencias religiosas y otros ingredientes propios de la diversidad cultural de una comunidad extremadamente compleja en la que la epopeya de los esclavos y sus descendientes pesa tanto como la de los pioneros europeos blancos.

Al mismo tiempo que el universo liberal se alarma y Fox News, el principal altavoz con que cuenta Trump en el entramado informativo estadounidense, afronta la situación con inusual prudencia, el presidente intenta alejarse del griterío-eslogan de los reunidos por él en una universidad de Carolina del Norte –“Envíala de vuelta”– como si no fuese suya una frase pronunciada en los jardines de la Casa Blanca: “Hasta yo estoy preocupado. Si odias nuestro país, si no eres feliz aquí, puedes irte”. Como subraya político.com, Trump ha recurrido a la táctica utilizada otras veces de saltarse los límites y después eludir responsabilidades.

Hay pocas dudas de que este ha sido de nuevo el comportamiento presidencial: fue Trump quien indujo a cuatro jóvenes congresistas demócratas a regresar a sus lugares de origen, aunque solo una de ellas, Ilhan Omar, nació fuera de Estados Unidos –en Somalia– y fue cosa suya perseverar en las descalificaciones a través de su cuenta de Twitter. Que ahora diga que “no fue feliz” con la cantinela de la vuelta a casa dedicada a Omar e intentó silenciarla, carece de valor y además se contradice con las imágenes del acto. Es más significativo de la gravedad del momento que varios republicanos clásicos muestren en privado su preocupación por la deriva xenófoba del presidente, conscientes acaso de que el partido se ha entregado con armas y bagajes a la estrategia sectaria de quien lo representa al frente de la nación. Es incluso más relevante la incomodidad de Melania Trump y de Ivanka, hija del presidente, que los lamentos a toro pasado del activador del degradante espectáculo.

A todos los efectos, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez (padres puertorriqueños), Rashida Tlaib (padres palestinos) y Ayanna Pressley (primera representante negra del estado de Massachusetts) son tan estadounidenses como el propio presidente. Nada hay en su comportamiento político y en sus circunstancias personales que las distingan de sus conciudadanos salvo que mantienen posiciones radicales frente a la prédica de la extrema derecha, tienen la piel oscura, son mujeres, dos de ellas –Omar y Tlaib– son musulmanas y no están dispuestas a claudicar. En cierto sentido, resultan incluso incómodas para la corriente centrista, mayoritaria en el staff del Partido Demócrata, pero probablemente minoritaria en los potenciales votantes jóvenes y en el electorado femenino y feminista del partido. Pero solo un sectarismo radical y un dogmatismo excluyente y agresivo explican la campaña en curso y la voluntad de Omar de responder sin paños calientes: se compromete a seguir siendo “la pesadilla de Trump”.

“El último grito en un acto de los partidarios de Trump reverbera en una nación cargada de tensión racial”, ha titulado el periódico liberal The Washington Post. “La frase se convierte en el mensaje de la presidencia de Donald Trump”, opina The New York Times, asimismo liberal. De nada valen las matizaciones compungidas de la Casa Blanca: se ha envenenado la precampaña de forma irreversible porque el electorado que lo llevó a la presidencia en noviembre de 2016 jalea los exabruptos, los insultos y los malos modos de su líder. No hay posibilidad de corrección en la orientación de la campaña; es incluso posible que se embrutezca aún más el tono en cuanto los demócratas limiten los aspirantes a la nominación a tres o cuatro, dispuestos todos ellos a enfrentarse a Trump sin tregua, a buscar el cuerpo a cuerpo y a desacreditar su presidencia, tan controvertida.

Al presidente le quedan muchas balas en la recámara para chapotear en el albañal y enrarecer el aire de ahora a la cita de noviembre de 2020: la crisis migratoria, las armas en manos privadas, la emergencia climática, la competencia de China, la obsesión iraní, la desafección de los aliados, la investigación de la Russian connection y muchas más. En cada uno de estos capítulos ha demostrado una habilidad sin límites para emponzoñar la discusión, despreciar a sus adversarios y desautorizar a los expertos. Nada indica que vaya a cambiar, a moderarse; nada permite vislumbrar otra cosa que no sea más de lo mismo, corregido y aumentado, le sonrían o no las encuestas. En lo que lleva de mandato ha demostrado que aunque su índice de aceptación es bajo, ha logrado fijar a un electorado fiel y satisfecho, alejado de los grandes núcleos urbanos, del mainstream de la academia y del pensamiento crítico, pero apegado a una suerte de tópicas constantes vitales que entiende definitorias de Estados Unidos.

Quizá el periodista Bob Woodward se precipitó al afirmar que Trump oculta “el simple hecho de que no sabe gobernar”. Sabe hacerlo para destruir el statu quo internacional, liquidar la herencia de Barack Obama y retener el poder para la facción social a la que representa, aquella que cree que el liberalismo, la globalización y el mestizaje imponen unas reglas que desdibujan el papel desempeñado hasta la fecha por la comunidad blanca de Estados Unidos, por cuantos piensan que mejor es el Estado cuanto menor es, que ven en el modelo europeo de bienestar y protección social algo así como un socialismo encubierto y que despotrican contra todo lo que impugna la exaltación del individuo y promueve soluciones colectivas. Puede que Trump sea un mal gobernante convencional, pero es bastante convincente para quienes desean que siga en el puente de mando, para quienes los horrorizan las digresiones, los pequeños detalles y las dudas, para quienes creen –casi 63 millones de votos en 2016– que cabe aplicar soluciones simples a problemas o desafíos de una complejidad poco menos que cósmica.

 

 

Grecia se entrega a la derecha

El revolcón electoral sufrido por el partido Syriza en las elecciones legislativas celebradas en Grecia el domingo último es el resultado de varios factores concatenados que llevaron a una parte importante de los votantes a confiar el futuro a quienes son en gran medida responsables de los quebrantos del presente. La victoria con mayoría absoluta de Nueva Democracia, el resorte político de las élites conservadoras, no es indicativo de un cambio sociológico, sino más bien consecuencia de la decepción sembrada por la izquierda radical, que en 2015 precisó solo medio año para pasar de prometer auxilio a los afligidos a aplicar el programa de austeridad más duro impuesto por la UE a uno de sus socios. Alexis Tsipras, a la sazón primer ministro, hizo un rápido viaje al realismo desde las promesas inalcanzables, presionado por Bruselas, por los acreedores, por el encarecimiento inasumible de los intereses de la deuda y por el riesgo de tener que sacar al país del euro y devastar su economía mucho más de lo que fue devastada en los años siguientes.

La aplicación de una cirugía de hierro al caso griego a pesar de no representar más que el 2% del PIB de la UE operó como un aviso para navegantes –especialmente meridionales– y desactivó uno de los frentes más dinámicos de la nueva izquierda europea. Al mismo tiempo, fijó un modelo de salida de la crisis –la UE, el BCE y el FMI, todas las siglas a una– que tuvo mucho de austericidio y puso al frente de las operaciones a gestores guiados por la ortodoxia económica germánica, mientras Paul Krugman publicaba un libro titulado ¡Acabad ya con esta crisis!, casi un grito desesperado Una especie de teoría de la redención soslayó el coste social que iba a tener el tratamiento prescrito a Grecia o, lo que es peor, hubo especial empeño en negar la toxicidad de la cura.

Que el presidente saliente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, diga ahora “no fuimos solidarios con Grecia, la insultamos”, de poco vale. En los peores momentos de la crisis, Tsipras y el ministro de Economía, Yanis Varoufakis, a menudo un provocador, fueron presentados ante la opinión pública europea como depositarios de todos los malos imaginables, como políticos que se negaban a aceptar la realidad: el país había quebrado. Tan cierto era que la situación de la economía griega era un caso clínico de libro como que los dos gobiernos que precedieron al de Syriza –de Nueva Democracia y del Pasok– eran los grandes responsables de la situación heredada por la nueva izquierda. Pero se impuso la idea del castigo ejemplar –la “austeridad irreflexiva”, dice Juncker– para evitar quizá que otras heterodoxias aquí y allí, en especial en el sur, siguieran los pasos de Syriza.

La gran paradoja hoy es que uno de los responsables del desastre, Nueva Democracia, que se dedicó a falsear el déficit y engañó a Bruselas mientras estuvo en el Gobierno, está de vuelta, dirigido por Kyriakos Mitsotakis, un apellido habitual en el conservadurismo griego. Al mismo tiempo, no deja ser lógico el retorno de la derecha habida cuenta de la decepción de los electores con la izquierda, el escepticismo creciente –la abstención superó el 40%– y la necesidad imperiosa de salir del agujero, sea cual sea la complejidad del problema y sea quien sea el ejecutante. Si los predicadores de la utopía se vieron forzados a aceptar el empobrecimiento sin límites, quizá los divulgadores del realismo, los líderes de la derecha, sean capaces de atenuar los efectos de una miseria invasiva que ha dejado al país en los huesos, piensan quienes con su voto hicieron posible el bandazo.

Cosa distinta es si es factible rescatar a Grecia de los rescates –un triste juego de palabras– con un programa que pone por delante la bajada de impuestos y de los tipos de interés, la paulatina recuperación de las pensiones y la dinamización de una economía que en 2018 creció el 1,8%, puede que un buen dato para un país encauzado, pero modestísimo en un entorno de pobreza extrema. El hecho de que las condiciones para los tres rescates que ha precisado Grecia se hayan traducido en una caída del PIB del 40%, un programa de privatizaciones a marchas forzadas y una caída permanente de la renta disponible inducen a pensar que aquello que ofrece Nueva Democracia a una población exhausta no se traducirá en la práctica en mucho más de lo ofertado los últimos cuatro años por un partido como Syriza, convertido en administrador ortodoxo de la crisis.

“Las ideologías llevan inevitablemente a la decepción, porque tienden a lo perfecto, que luego el contacto con la vida real hace imposible”, sostenía Enrique Tierno Galván. De tal manera que el mismo defensor de la utopía como una meta irrenunciable, entendía que la realidad, los datos de la realidad, son ineludibles. La gran lección griega es que, como temía el más heterodoxo de los alcaldes que ha tenido Madrid, si todo se fía en la utopía, lo más probable es que el despertar a la realidad, a la correlación de fuerzas, dé paso a una decepción desmovilizadora que alimente el pesimismo social, tan característico del pensamiento conservador y tan ajeno a la base electoral de la izquierda.

Un analista del diario conservador ateniense Kathimerini estima que la victoria de Nueva Democracia “confirma el regreso a la normalidad después de una larga década de crisis que dividió al país penosamente”. Lo que no detalla el articulista es qué entiende por normalidad, en qué se traducirá y a quién beneficiará. Acaso no puede hacerlo ni aventurar cifras porque, como en el hundimiento del Titanic, en la salida de la crisis griega, si la hay, coincidirán más náufragos que salvavidas y, en consecuencia, a muchas de las víctimas no les aguarda más futuro que el de ser víctimas crónicas. Alguien debía haber dicho esto durante la campaña y aportar cifras para un mayor esclarecimiento de la realidad; otra vez la realidad que no se puede eludir.

Sánchez e Iglesias se atascan

La complejidad o confusión que envuelve las gestiones de Pedro Sánchez para ahormar una mayoría que le respalde, la larguísima comedia de enredo –quizá un triste espectáculo– para concluir el reparto de cargos en la UE, la pelea más o menos soterrada en Italia entre los dos partidos que la gobiernan –la Liga y el Movimiento 5 Estrellas–, el procedente belga no tan lejano –año y medio de un Gobierno en funciones mientras flamencos y valones veían la mejor forma de repartirse el pastel– y el embrollo de la derecha española –Ciudadanos y Vox, en un grito–, estos casos y otros ponen de relieve la dificultad de encaje de proyectos políticos diferentes, de configurar alianzas o coaliciones con amplio respaldo popular. No hay referencias reseñables para una saludable cultura de la coalición, salvo en el caso de Alemania, donde con chirridos y tensiones frecuentes, pero también con eficacia, las grandes coaliciones han sacado partido de la prueba, a veces con un elevadísimo coste personal (Martin Schulz sabe bastante de ello).

En términos generales, el bipartidismo perfecto (Estados Unidos) o relativamente perfecto (Reino Unido) es más manejable y configura mayorías sin grandes dificultades. No hay en Estados Unidos necesidad de coaliciones y nunca ha tenido éxito la pretensión de formar Gobierno con una presencia significativa de políticos del partido rival del presidente: lo intentó Barack Obama al inicio de su primer mandato, y se remitió al proyecto de Abraham Lincoln durante la guerra civil de incorporar al Gabinete representantes de sus adversarios, sin mayores resultados reseñables. Tampoco es frecuente en el Reino Unido, donde la alternancia de conservadores y laboristas ha marginado a los liberales, salvo en el periodo 2010-2015, cuando David Cameron completó con ellos la mayoría en Westminster mediante un pacto con Nick Clegg.

Esta fue la fórmula o la referencia española desde la transición: un bipartidismo imperfecto, pero útil, en el que fueron posibles varias mayorías absolutas de la derecha y de la socialdemocracia, pero también muchos gobiernos en minoría, pero claramente por delante del segundo clasificado, que se ejercitaron en la geometría variable. Eso se acabó porque ahora hay cuatro partidos que aspiran a sentarse en el Consejo de Ministros, y aun hay un quinto, Vox, que perturba la complicidad entre el PP y Ciudadanos y, de momento, ha capturado el voto de una parte de los electores de extrema derecha que hasta la fecha optaban por las listas populares. Como escribe Alba Sidera en el digital CTXT, referido a los ultras italianos, seguramente las organizaciones de perfil progresista caen reiteradamente en el mismo error: “Considerar que en la extrema derecha y en el neofascismo no hay cabezas pensantes”. “Las hay –añade–, y saben detectar los puntos débiles de sus adversarios”.

Si así son las cosas en el campo de la derecha, ¿también lo son en el de la izquierda? ¿Ha descubierto Podemos el punto débil del PSOE, a pesar de que la última encuesta del CIS dice todo lo contrario? O bien, ¿el PSOE da por buenos los vaticinios y ve en Podemos un caballo perdedor, montado por un jinete que, sin proclamarlo, cree llegada la hora de resucitar la teoría de las dos orillas de la izquierda –Julio Anguita–, que tan útil fue a José María Aznar? La diferencia radica en que el mantra de Anguita era “programa, programa, programa” y el de Pablo Iglesias es “ministros, ministros, ministros”. Algo perfectamente legítimo, pero acaso poco realista habida cuenta del desgaste electoral sufrido por Unidas Podemos en las dos últimas convocatorias. Desde luego, el PSOE necesita a Podemos para salir del bloqueo, pero es aún más importante –ambos partidos lo olvidan–, que el país necesita un Gobierno.

Puede decirse que lo necesita de forma acuciante para disponer de un Presupuesto, para ocuparse del procès sin estridencias y para atender la variedad de problemas sociales que requieren tomar decisiones con una mayoría suficiente en el Congreso. Que la democracia española no ha desarrollado una cultura de la coalición es tan cierto como que llegó la hora de que pongan manos a la obra quienes se ven obligados a hacerlo. Apostar por celebrar elecciones de nuevo en noviembre significa prolongar la interinidad hasta final de año y, en cierta medida, desautorizar a un electorado que el 28 de abril dijo claramente: “Pónganse de acuerdo y pacten”.

El filósofo Lev Shestov (1866-1938) fue del todo categórico al firmar que “la necesidad, sea racional o irracional, sigue siendo necesidad”. El Gobierno de coalición o de cooperación, la aparición en el futuro equipo de Sánchez de nombres bendecidos por Iglesias o cualquier otro encaje de bolillos es preferible, por necesario, a abrir de nuevo la puerta de entrada al laberinto electoral. La añoranza de las mayorías absolutas y de las mayorías cualificadas es comprensible, pero es del todo estéril por no decir paralizante. Tampoco hay alternativa a la complicidad de las izquierdas: el revoltijo de las derechas, de ser mayoría, no garantizaría el andar sereno que requiere una sociedad moderna, desarrollada y, en consecuencia, tan llena de contradicciones, empeñado Vox en atrasar el reloj de la historia cuanto más mejor.

“El fracaso de la política es tratar de quedar bien siempre con todos”, opinaba François Mitterrand, que fue presidente de Francia durante 14 años (1981-1995). El pacto que se requiere para salir del atolladero no puede quedar bien con todo el mundo porque requiere aceptar dolorosas renuncias y asumir algunas exigencias ajenas por ambas partes, pero ese es uno de los significados de la máxima según la cual la política es el arte de lo posible. Si la sesión de investidura que empieza el 22 se cierra sin resultados, habrá que concluir que todo el mundo hizo mal su trabajo, que todo el mundo quiso quedar bien con todos o mejor, con los suyos, y careció de liderazgo moral para hacer de la necesidad virtud y desbloquear la situación.

Los demócratas empiezan la carrera

Al Partido Demócrata de Estados Unidos le urge aligerar cuanto antes la lista de aspirantes a participar en la carrera por la nominación para disputar la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump en noviembre del próximo año. Mucho antes de que se inicie la ronda de elecciones primarias en Iowa (febrero de 2020) precisa reducir en mucho el elenco de posibles contendientes y desbrozar el camino para que los debates no tengan el carácter extremadamente fragmentado de los dos celebrados esta semana y para que, al mismo tiempo, se consoliden dos o tres perfiles que lleguen a mediados de la próxima primavera con posibilidades ciertas de ganar la Casa Blanca.

Con 23 nombres en liza como sucede ahora, muy conocidos algunos, bastante desconocidos otros a escala federal, Trump contrarresta fácilmente las arremetidas de los precandidatos demócratas y estos, a su vez, se enzarzan en ataques cruzados de consecuencias inciertas. En especial, como es el caso, cuando hay una gran coincidencia en partes esenciales de los diferentes programas: acciones contra el cambio climático, protección sanitaria, humanización del control de los flujos migratorios, lucha contra la pobreza, saneamiento de las relaciones con los aliados y corrección de algunos de los descalabros promovidos por el populismo nacionalista de Trump y sus halcones. Es imposible llegar a las matizaciones a partir de estas ideas genéricas y compartidas cuando los rivales son poco menos que multitud.

Aun así, una analista del diario The Washington Post ha identificado una primera víctima del primer asalto, sin que tal cosa sea un factor decisivo y concluyente para excluirlo de la carrera: Joe Biden. El vicepresidente de Barack Obama estuvo siempre a la defensiva el jueves frente a la determinación y las acusaciones que le dirigió la senadora Kamala Harris. “¿Fue esto fatal para las posibilidades de Biden? –se pregunta Jennifer Rubin– No, pero sugirió que es un favorito muy, muy vulnerable. Al mismo tiempo, [Harris] tuvo suerte: [Bernie] Sanders también tuvo una mala noche”. La diferencia es que Biden representa al establishment demócrata, que engloba a las grandes familias del partido desde la victoria de Bill Clinton en 1992, y Sanders es una rara avis que vuela a la izquierda de Harris, atrae y moviliza el voto joven, pero es la extrema izquierda “al borde de la alarma” para el liberalismo clásico estadounidense que se cobija en The New York Times. Es decir, Biden sale tocado del primer asalto, pero puede ganar el combate, mientras Sanders empieza en el mismo lugar en el que acabó en 2016: arropado por el electorado que se sitúa en la nueva izquierda demócrata y que comparte con Kamala Harris muchos admiradores.

Salvo cambios de gran calado en la configuración de la precampaña, el triángulo Biden-Sanders-Harris más la senadora Elizabeth Warren y Pete Buttigieg, el alcalde de una pequeña ciudad de Indiana, veterano de guerra y gay, reúnen el grueso de las simpatías al empezar la competición. La pregunta que deberán responder las primarias es si pesa más en la configuración del electorado demócrata la herencia de Obama –léase Biden–, la socialdemocracia con acento estadounidense –Sanders y compañía– o el conservadurismo con rostro humano –entiéndase Buttigieg–, poco menos que expulsado del Partido Republicano por la extrema derecha de Trump. A juzgar por la relevancia ganada por figuras muy jóvenes como Alexandria Ocasio-Cortez, enaltecidas por un segmento de votantes muy dinámico, se diría que el reformismo parte en mejor situación que hace cuatro años; a tenor del universo electoral que en 2016 dio la victoria en votos a Hillary Clinton, cabe considerar el centrismo de Biden como la corriente mejor preparada para luchar con posibilidades por el Despacho Oval.

Para completar el acercamiento a los prolegómenos de la batalla debe añadirse la observación del semanario Time y otros medios: la victoria de las mujeres en los dos debates. Lo que es tanto como concluir que, más que nunca, el voto femenino será determinante en la decantación de las primarias. Más que nunca y sin que sea evidente hasta qué punto el voto de las mujeres demócratas se identifica mayoritariamente con el mainstream del partido o con opciones relativamente heterodoxas. El precedente de hace cuatro años es poco útil porque Hillary Clinton tuvo dificultades para sumar complicidades en el bando femenino y feminista, tan encuadrada y percibida como representante de un continuismo poco atento a los daños sufridos por la clase media a raíz de la crisis económica. “Ella es Wall Street”, gritaron en un mitin los jóvenes voluntarios que seguían a Bernie Sanders.

Las primarias se han convertido en un gran espectáculo político, con muchos ingredientes y ritos propios y una movilización desbocada de recursos económicos. Pero son, al mismo tiempo, un mecanismo de filtraje de las luchas en el seno de los partidos y de adecuación de los programas a una sociedad muy dividida, sometida hoy a los requerimientos de una Administración imprevisible. Y son, en última instancia, un acercamiento a la realidad que, en el caso del Partido Demócrata, debe subsanar su incapacidad manifiesta de hace cuatro años para ganar en alguno de los llamados swing states –estados oscilantes–, aquellos en los que ninguno de los dos grandes partidos tiene asegurada la victoria y todo depende de un puñado de papeletas para lograr el triunfo (hacerse con los votos electorales). De nada le valió a Hillary Clinton obtener grandes mayorías en las dos costas: en los swing states siempre ganó Donald Trump. Fue aquella una gran lección, una confirmación de la creencia muy extendida entre los estrategas electorales de que los candidatos a presidente deben disponer de un mínimo de tres discursos: para los estados con la victoria segura, para los estados con la derrota muy probable y para los estados con la victoria posible o en disputa.

¿Cuál puede ser el candidato de síntesis entre los cinco que parten más destacados? ¿Está preparado el partido para afrontar una campaña con un outsider frente a Trump? ¿La victoria demócrata requiere que el establishment controle el proceso? Desde Herbert Hoover (1929-1933), solo tres presidentes no han logrado la reelección: Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981) y George H. W. Bush (1989-1993). Quizá esta sea la primera variable que deba tener en cuenta el nominado demócrata que gane la carrera de fondo de las primarias con más de 20 corredores en la línea de salida.

 

Irán entra en la campaña de Trump

El incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán es una escalada de libro con riesgos ciertos para la estabilidad de la región, el alza del precio del petróleo y el enrarecimiento de las relaciones entre la Casa Blanca y sus aliados tradicionales. El primero de los riesgos implica de forma más o menos directa a Rusia y Chima, que se han manifestado como puntos de apoyo internacional del régimen de los ayatolás, la cotización del oro negro depende de la seguridad y libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la buena salud del vínculo atlántico está a expensas de que Donald Trump se atenga a la tradición y al legado histórico, que se remonta al final de la segunda guerra mundial.

Desde que Estados Unidos se desentendió del acuerdo nuclear concretado por su antecesor, Barack Obama, y por el presidente de Irán, Hasán Rohaní, hasta el derribo de un dron estadounidense por un misil disparado por la Guardia Revolucionaria la estrategia de la tensión ha sido el camino elegido por Trump para deteriorar la atmósfera política en el golfo Pérsico. Si el presidente George W. Bush y los neocon de principios del milenio creyeron que la seguridad en Oriente Próximo, en general, y en Israel, en particular, pasaba por liquidar el régimen de Sadam Husein, los halcones del presidente en ejercicio no dudan en creer que los mismos objetivos requieren un debilitamiento o claudicación de la república islámica. Los daños colaterales de la operación, incluida la pugna de iranís y saudís para asegurarse la hegemonía en la región, importan menos que el diagnóstico final hecho por la Administración de Trump: es preciso cambiar la relación de fuerzas en la zona.

Mientras el analista Fareed Zakaria escribe en Foreign Affairs que Estados Unidos “despilfarró el momento unipolar” entre 1989 (caída del muro de Berlín) y 2003 (inicio de la guerra de Irak) y parece haber perdido interés, acaso la fe, en preservar su papel en el escenario internacional durante los últimos tres cuartos de siglo, los “duros de Washington” –expresión de un editorialista– actúan como si al saltar por los aires el statu quo fuera posible recuperar cotas de poder perdido. Frente al realismo de la diplomacia de Obama –entendimiento con China, multilateralismo y coordinación con los aliados–, la de Trump aspira a zancadillear la consolidación de China como la otra gran potencia del siglo XXI, a desoír a las organizaciones internacionales y a desafiar el proyecto europeo mediante la estimulación de cuanto le es más adverso y hostil, empezando por el brexit.

No deja de estar exenta de cinismo o de soberbia la primera reacción del presidente después del derribo del dron: “Es un gran error”, ha dicho Trump. No por breve el mansaje es menos amenazante, lleno de malos presagios y ominosos sobrentendidos. Cabe incluso admitir, fuese cual fuese el punto del espacio aéreo en el que se encontraba el dron en el momento del impacto, que la decisión de destruirlo aumenta la temperatura de la crisis y otorga la iniciativa al sector radical del Gobierno iraní que no es, por cierto, el de Rohani. Pero si se repasa la secuencia de acontecimientos del último mes, se llega a la conclusión de que era más que previsible que en cualquier momento una de las partes diese un paso más hacia el abismo: misterioso incendio de cuatro petroleros en el área del Golfo, desplazamiento al teatro de operaciones del grupo de combate del portaviones Abraham Lincoln, incendio de dos buques-tanque a la salida del estrecho de Ormuz, anuncio por Irán de que en las dos próximas semanas superará la producción de uranio enriquecido acorada en 2015, envío de un millar de soldados estadounidenses a la región y, finalmente, el dron abatido.

Debe añadirse a la relación el inicio de la campaña de Trump para lograr la reelección en noviembre del próximo año, algo que no por esperado deja de ser significativo habida cuenta del momento elegido para hacer el anuncio. Es posible que a partir de ahora nada de lo que haga, diga o prometa el presidente pueda deslindarse de una estrategia electoral que precisa no solo retener a los fieles que le auparon a la presidencia en noviembre de 2016, sino corregir el deterioro de su índice de aceptación –alrededor del 30%– y evitar que la derrota sufrida el año pasado en la renovación de la Cámara de Representantes se convierta en el mapa electoral de referencia para noviembre de 2020. Los asesores de Trump juegan de momento con la ventaja que les otorga los prolegómenos de las primarias del Partido Demócrata, sin un líder claro a priori, pero son conscientes de que la elección del presidente fue posible gracias a un sistema que le fue extremadamente favorable –perdió claramente en votos populares frente a Hillary Clinton–, pero es improbable que la concatenación de factores se repita cuatro años después.

En el universo ultraconservador, arropado por un nacionalismo rotundo, pesa mucho el recuerdo de la invasión de Irak en 2003 y el efecto que tuvo en la reelección de George W. Bush en 2004, aunque la derrota de Sadam Husein no hizo más que abrir un periodo no cerrado de desajustes y crisis encadenadas. La diferencia en el ambiente entre hoy y hace 15 años es que la división ha ido en aumento en la sociedad estadounidense y la oposición de los aliados a seguir apretando las clavijas a Irán es poco menos que unánime. No se dan ahora las discrepancias que fracturaron profundamente a la Unión Europea, sino que la idea dominante es que hace falta atenuar las tensiones, alejarse del ambiente desquiciado provocado por la campaña electoral en Israel, donde Binyamin Netanyahu y sus potenciales aliados han hecho de la amenaza iraní, real o supuesta, uno de sus eslóganes predilectos.

Cas Mudde, un profesor de la Universidad de Georgia, recuerda en The Guardian que la elección presidencial de 2016 demostra que la victoria no se gana “con mayorías pasivas, sino con minorías movilizadas”, y ciertamente la causa de Irán, el tratamiento del caso como una ocasión ideal para una exhibición de poder militar y determinación patriótica, alimenta la política de las emociones, tan alejada de los análisis desapasionados. En ese campo, Trump tiene una gran experiencia; no tiene rival en el griterío, la amenaza y la frase corta. De ahí lo peligroso que se ha vuelto el acoso a Irán y lo imprevisible del desenlace a cada vuelta de tuerca que se decide en la Casa Blanca.

 

Algo podrido huele en Brasil

La más que presunta connivencia entre el fiscal Deltan Dallagnol y el juez, hoy ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro en el procesamiento y condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva culmina el proceso de degradación de la política y del sistema judicial en el mayor país de Latinoamérica. Si siempre sobrevoló la sombra de la sospecha en la persecución y destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la presidencia, y el encausamiento de este mediante una confusa vinculación de su figura en dos sonados casos de corrupción, Lava Jato y Petrobras, que en el fondo son solo uno, la información difundida por The Intercept pone al descubierto un mecanismo de adulteración de la política, instigado por la extrema derecha y aledaños, para neutralizar a las grandes figuras de la izquierda, supuesto que a través de las urnas tal objetivo era presumiblemente inalcanzable.

La asociación de la pesquisa emprendida por el medio que ha desvelado la trama con Glenn Greenwald, un periodista de investigación de referencia, confiere un plus de fiabilidad a cuanto se ha publicado y explica el terremoto que afronta el establishment político brasileño y la honorabilidad de los jueces. Las prisas de la fiscalía por esclarecer lo sucedido, la exigencia de los abogados de Lula para que se anule a la mayor brevedad el proceso que lo condenó y se ponga en libertad a su cliente, la bochornosa implicación del diario O Globo en el escándalo y el posible encausamiento de Moro, Dallagnol y algunos otros completa de momento las reales dimensiones del caso. La firma de Greenwald encabezando la información no hace más que reforzar el poder de convicción de cuanto se ha filtrado, porque el nombre del periodista remite a la trama por él descubierta en 2014 de espionaje a líderes políticos organizada por la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).

Aunque los asesores del presidente Jair Bolsonaro se han apresurado a subrayar la necesidad de esclarecer cómo obtuvo Greenwald las conversaciones entre Moro y Dallagnol, lo que realmente es preciso aclarar es si el presidente en ejercicio participó en la trama urdida para evitar la competencia en las urnas con Lula. Más aún: lo verdaderamente relevante es investigar cuál fue el alcance de la conspiración, hasta dónde llegan las responsabilidades, a quién salpican las irregularidades cometidas en la instrucción de la causa y hasta qué punto la gangrena ha dañado las instituciones. Si en el caso de la NSA lo realmente sustancial fue el espionaje y no quién y cómo llegó está información a la mesa del periodista, la relevancia del Morogate –así se ha bautizado el episodio– radica en los hechos suministrados a la opinión pública no en los prolegómenos –las fuentes primarias– para la difusión del escándalo. No hace falta haber ganado un Pulitzer para presumir que este tipo de  informaciones excepcionales requieren métodos excepcionales (recuérdense el caso Watergate y Garganta Profunda).

Conviene asimismo para la preservación de la higiene democrática rebobinar los hechos acaecidos desde la destitución de Dilma Rousseff y la llegada al poder de Michel Temer, en prisión provisional y a la espera de juicio como presunto implicado en la red de sobornos que forma parte del caso Lava Jato, el mismo que llevó a Lula a la cárcel. La necesidad de ahondar en el asunto es crucial para la regeneración de la política, habida cuenta de la suerte corrida por los tres antecesores de Bolsonaro y las dudas cada vez mayores que acompañan a este, convertido desde su toma de posesión en el liquidador del reformismo social activado por Lula y Rousseff  y apenas mellado por Temer. En última instancia es inaplazable certificar si Bolsonaro llegó limpiamente a la presidencia o mediante métodos poco presentables.

Tal proceder no impide perseguir los casos de corrupción y venalidad probados en el Partido de los Trabajadores (PT), abundantes y no menos reprobables que los atribuidos a políticos de la derecha. Acaso más lamentables si se piensa en los eslóganes regeneradores utilizados habitualmente por el partido de Lula para movilizar a la franja de población más vulnerable en una sociedad históricamente fracturada, teatro de desigualdades lacerantes y acostumbrada a sobrellevar unos índices de corrupción y violencia desbocados. Si en la etapa de Lula se detectaron en la estructura social de Brasil algunos progresos para rebajar la tensión –algo tuvo que ver el PT–, la corrupción en el partido y la suerte corrida por el expresidente y su sucesora sembraron la decepción y el escepticismo en una parte del electorado de izquierdas con una profundidad y efectos desconocidos hasta entonces. Y ganó adeptos la opinión profundamente reaccionaria según la cual todos los políticos son iguales.

“La verdad puede enfermar, pero no muere nunca”, dice Lula remedando a Teresa de Ávila: “La verdad padece, pero no perece”. De momento enturbiaron la verdad quienes convirtieron lo que a todas luces parece una persecución política de libro en causa penal. Por más escapatorias dialécticas que Jair Bolsonaro quiera dar al caso para salvar a Moro de la destitución fulminante y acaso de la acción de sus compañeros de toga, no hay una sola agarradera para que los señalados por The Intercept puedan salvaguardar su fama y mantener ante la opinión pública su perfil de ciudadanos dignos. Su integridad está en duda y la de la opción política que los acoge también lo está, no por lo hecho hasta ahora como gobernantes ni por sus bajísimos índices de aceptación, sino por los manejos que se trajeron para anular a un rival y hacerse con el poder sin contemplaciones.

 

Otra vez la sombra de Franco

La resolución del Tribunal Supremo que frena el traslado de los restos del general Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio-El Pardo es un abigarrado compendio o resumen de la incapacidad manifiesta del poder judicial para preservar la dignidad de las víctimas de la dictadura. “Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación”, se dice en una declaración de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. El párrafo es tan preciso y escueto que apenas deja margen para el disentimiento o la prestidigitación judicial y aporta, en cambio, suficientes argumentos morales como para mover a reflexión a los magistrados que por unanimidad han antepuesto los recursos presentados por la familia del dictador y varios particulares a cualquier otra consideración, y disfrutan del respaldo de las asociaciones conservadoras de jueces y magistrados.

Por si esto no fuera suficiente, la consideración de jefe del Estado atribuida a un militar golpista a partir del 1 de octubre de 1936 es poco menos que un atentado al principio de legalidad, habida cuenta de que el único poder legitimado en aquella fecha era la República, presidida por Manuel Azaña. Es decir, el tribunal antepone –de nuevo el mismo verbo– la conducta de los sublevados a los efectos de la degollina por ellos desencadenada. Algo verdaderamente sorprendente viniendo como viene de personas relevantes del Poder Judicial de un Estado democrático; algo inquietante, cabe añadir, sabido que demasiadas cunetas, campas y fosas comunes de cementerios siguen siendo las tumbas improvisadas de miles de víctimas de la felonía de 1936 y siguientes.

Resulta desconcertante que 44 años después de la muerte de Franco sigan tratándose los asuntos que le afectan post mortem como los de cualquier honrado ciudadano, protegido por toda clase de cautelas más allá del último aliento. Es asimismo desconcertante que sea tan extraordinariamente complejo separar la tumba del verdugo de la de sus víctimas. Mientras la basílica del Valle de los Caídos no deje de albergar los restos de Franco seguirá siendo un monumento descomunal al totalitarismo vesánico, no solo porque su construcción fue iniciativa del general, sino porque mediante él se enaltece su figura y se falsea la historia. Y si por fin los jueces entienden que el Gobierno está del todo legitimado para exhumar los restos del dictador, harán falta dosis enormes de imaginación, espíritu de concordia y saneamiento del lugar para que se desvanezca su impronta franquista y adquiera un carácter civil y democrático.

Primo Levi dejó dicho: “Los monstruos existen, pero son demasiado pocos en número para ser peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios preparados para creer y actuar sin hacerse preguntas”. No hacerse preguntas es extremadamente arriesgado y conformista, y en el caso de la instalación de Cuelgamuros, después de un silencio prolongado, es ineludible plantear un rosario de interrogantes dentro y fuera de las salas de justicia. Y de entre todos ellos, sobresale uno: ¿puede un Estado democrático mantener sin cambios un ámbito destinado a exaltar la figura de alguien que se levantó contra quienes había jurado lealtad –las autoridades de la República–, contó con la asistencia de la Alemania nazi –Adolf Hitler– y la Italia fascista –Benito Mussolini–, devastó el entero país y persiguió con saña a sus adversarios?

Responder a la pregunta con una remisión al procedimiento contencioso-administrativo en curso es, por lo menos, la burda simplificación de un asunto que atañe a la memoria colectiva del país, a la dignidad de los aniquilados por la dictadura, a los forzados a huir para salvar la vida y que murieron en el exilio, a la peripecia de tantos que aguardan un reconocimiento por lo menos moral por los padecimientos que debieron soportar. Al mismo tiempo, esa memoria colectiva incluye los enterados sin asomo de duda que enviaban a la otra España al paradón, la represión sin freno, los tribunales de excepción, las ejecuciones extrajudiciales y la institucionalización de la violencia como arma política contra los oponentes.

Al recordar los cuantiosos atropellos cometidos por el general Franco y sus secuaces y leer luego la resolución del Supremo es inevitable sentir que, en cierto sentido, los recurrentes juegan como locales y acaso disfrutan de cierta ventaja. Quizá sea solo eso, una sensación desaforada –ojalá sea únicamente eso–, pero que los tribunales dificulten en tan grande medida la aplicación de lo acordado por el Gobierno para la sepultura de un personaje de trayectoria reprobable no deja de contener una paradoja: quien hizo saltar por los aires un régimen democrático, la República, legitimado por las urnas, encuentra tantos años después, en el sistema judicial de otro régimen, asimismo democrático, una cobertura extrema de sus presuntos derechos mediante la acción en los tribunales de quienes quieren poner a salvo su memoria o recuerdo mediante su permanencia en el mausoleo que lo acoge.

En la introducción de la biografía de Franco publicada por Paul Preston se mencionan algunos rasgos característicos de la personalidad y el comportamiento del dictador: se veía a sí mismo “a través del prisma exagerado de su propia propaganda”; “las ansias de adulación, la fría crueldad y esa timidez que trababa su lengua eran manifestaciones de un agudo sentimiento de inadaptación”; la novela Raza, que firmó como Jaime de Andrade, fue “la manifestación más radical y autocomplaciente de los incansables esfuerzos de Franco por crear un pasado perfecto”. Tal pasado no existió como es harto sabido, sino que vulneró todos los límites que impone el respeto al género humano. Sin embargo, la necesidad imperiosa de salvaguardar tal certidumbre histórica se ha ido en parte por el sumidero de una resolución judicial tan exageradamente garantista que solo atiende a los derechos post mortem del dictador y su descendencia y transmite la impresión  de vulnerar o soslayar los de cuantos, vivos o muertos, siguen esperando una reparación.