About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

Viaje a lo desconocido de Venezuela

La carrera al galope hacia la fractura social y el enfrentamiento civil emprendida por Venezuela mediante la pugna entre Gobierno y oposición dispensa este fin de semana un nuevo marco de referencia: la elección de una llamada asamblea constituyente que pretende desactivar la Mesa de Unidad Democrática (MUD) mediante la creación de una nueva planta institucional que deje sin efecto la mayoría parlamentaria –112 escaños de 167–, obtenida por los adversarios del chavismo en las elecciones de 2015. Ninguna de las mediaciones, intermediaciones y misiones de buena voluntad que han viajado a Venezuela estos últimos meses han conseguido bajar las pulsaciones a una crisis que se desarrolla en medio de un descalabro económico asfixiante, y con el contador de muertos en la calle en marcha en esas manifestaciones y huelgas promovidas por la oposición y reprimidas sin contemplaciones.
El principio de acción y reacción se ha convertido en el único programa político que sobrevive a la pelea entre enemigos irreconciliables, entre un Parlamento legitimado por la victoria electoral y un Ejecutivo empecinado en seguir su camino aunque carece de mayoría para aplicar la receta bolivariana sin atenerse a los requerimientos de la MUD. Respaldado por los restos de la mayoría social que dio la victoria a Hugo Chávez en 1999 y en varias elecciones posteriores, el poschavismo nunca ha aceptado la exigencia democrática de que el Gobierno se someta al control del Parlamento y acepte la independencia del poder judicial; se ha creído con la autoridad moral o la legitimidad histórica de seguir con un programa impugnado en las urnas por la mayoría. El encarcelamiento de Leopoldo López, el estilo desafiante de Nicolás Maduro, el conflicto con la Fiscalía, la idea misma de abrir un proceso constituyente para liquidar al Parlamento, todo cuanto sucede hoy en el país ha agravado el desprestigio de un experimento sociopolítico que empezó a dar señales de agotamiento en cuanto el precio del petróleo cotizó a la baja. Frente a las teorías conspiratorias de Maduro y su círculo más cercano, que quizá contienen algo de verdad, prevalece la impresión de que la desastrosa gestión de la economía durante los años de bonanza ha condenado a Venezuela a la ruina y a la revolución bolivariana, al desprestigio.
Cuando el sociólogo francés Alain Touraine puso en duda en 2006 la capacidad transformadora del modelo chavista, abundaron las críticas. Pero el tiempo ha dado la razón a Touraine y se la ha quitado al coro encargado de exaltar la figura del líder desaparecido: “A pesar de los progresos logrados desde su elección –escribió–, el de Chávez sigue siendo un modelo débil de transformación social, si se consideran los inmensos recursos obtenidos por Venezuela por el aumento brutal del precio del petróleo”. Esto es, la aplicación de las misiones chavistas (programas sociales) fueron un ejemplo de políticas rentistas en una economía poco menos que de monocultivo, cuya viabilidad se desvaneció en cuanto el precio del barril dejó de ser el cuerno de la abundancia. Y el descenso del precio del petróleo coincidió en el tiempo con un retroceso de los abanderados del reformismo social en América Latina; se esfumó aquella atmósfera tan propicia a los ensayos socializantes.
Si a todo esto se añade la proliferación de errores de manual –expulsión de Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times, arremetidas contra Mariano Rajoy, recurso al populismo económico (subidas de dos dígitos del salario mínimo con una inflación de tres dígitos, invocación de líderes desprestigiados (Daniel Ortega) o crepusculares (Raúl Castro)–, se llega a esta estación de fin de semana que no es de llegada a ninguna parte, sino que abre una gran incógnita: ¿al día siguiente qué? ¿Será suficiente sacar todo el jugo a la incontinencia verbal de Mike Pompeo, director de la CIA, que el 20 de julio dijo en Aspen (Colorado) que trabajaba duro para restablecer la democracia en Venezuela? ¿Será suficiente con presentar a México y Colombia como el frente conspirador manipulado por Estados Unidos para hacerse con el petróleo venezolano, según repite Maduro? ¿Será necesario que el poschavismo aguce el ingenio para dar vida a nuevos fantasmas?
Sorprende a un analista tan situado en las antípodas de la causa bolivariana como Andrés Oppenheimer que los despachos de Caracas insistan en la codicia estadounidense para hacerse con las reservas de crudo cuando se dan al menos tres factores para dudar de ello: Estados Unidos está a un paso de consolidar su autonomía energética, los países más ricos de la OPEP trabajan en programas para desollar energías alternativas o invertir en ellas y muchos de los yacimientos descubiertos los últimos años entrañan un coste de explotación ruinoso. Al mismo tiempo, resulta indescifrable el diseño de las relaciones con la Unión Europea –a través de España principalmente–, tan al alcance del equipo de Maduro. Y aún resulta más incomprensible que los admiradores de la república bolivariana en el exterior –aquí Podemos y vecindarios próximos– se pongan de perfil, incapaces de distinguir entre lo que es y lo que pudo ser, entre una vía de agua más o menos controlable y el hundimiento del Titanic.
Venezuela puso rumbo a lo desconocido hace tiempo y la elección de una constituyente vislumbrada por los ideólogos del poschavismo no hace más que oscurecer el futuro y suministrar a la oposición argumentos definitivos para ganar la batalla de la opinión pública, no solo de fronteras afuera, sino en el interior del país. Pretender que una asamblea elegida a espaldas de la legitimada por la Constitución puede desposeer a esta de sus competencias, disolverla, soslayar sus funciones o condenarla a vivir en tierra de nadie, sin que se debilite la solvencia y la imagen del Estado, es tanto como pensar que no pasará mucho más de lo que ya pasa: más de cien muertos en las manifestaciones, desabastecimiento, inflación galopante –puede llegar al 700% al acabar el año–, degradación de la sanidad y un largo etcétera de miserias.
No hay nada peor que desentenderse de la realidad cuando esta es tan evidente como el caos de Venezuela de todos los días. En las crisis sociales, ninguno de los inductores suele ser completamente inocente -solo las víctimas que las padecen lo son-, pero sí hay quienes tienen más medios para acometerlas y paliarlas. Seguramente el Gobierno de Venezuela los tuvo en algún momento, pero hoy carece de ellos salvo que lograse llegar a un acuerdo de mínimos con la oposición, algo tantas veces intentado y no conseguido que hoy se antoja una quimera. O acaso la antesala de una pesadilla porque lo peor aún puede estar por llegar.

El ‘caso Villar’, otro síntoma

La lógica de las finanzas globales se adueñó del deporte de élite hace mucho tiempo. El caso de Ángel María Villar, su hijo Gorka, un vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y un ejecutivo de la federación canaria se enmarca en esa nuevo ámbito de actividad, o quizá no tan nuevo, en el que los asientos contables van por un lado y la realidad marcha por otro. Las cifras mareantes del deporte profesional, manejadas por gestores sometidos a controles poco contundentes, cuando los hay, hace posible que cada día sean más las áreas ensombrecidas por comisiones, contratos, prácticas dudosas y coleccionistas de estrellas dispuestos a destinar una ínfima parte de sus ingentes patrimonios para darse caprichos que rara vez no son de ocho cifras.
A todo esto, la televisión de pago ha abierto un nuevo frente en el que las federaciones, los clubes, los intermediarios, los organizadores de eventos y una legión de ejecutantes disponen de una fuente espectacular de ingresos. Por no hablar de los contratos de imagen de las grandes estrellas, con manifiesta propensión a cobijar sus cuentas corrientes en paraísos fiscales. Nada de lo desvelado estos días en el caso Villar escapa a este marco de referencia que envenena el espectáculo con dosis cada vez mayores de sospecha, de que algo profundamente insano mina el deporte de masas.
Después de los escándalos de la FIFA y de la UEFA, de la sorprendente elección de Catar para albergar el Mundial de Fútbol de 2022, del procesamiento de Sandro Rosell, del rompecabezas del fichaje de Neymar y de otros casos menores, pero no menos sintomáticos, el abrupto final del ciclo Villar –29 años en la presidencia– no hace más que subrayar la existencia de una trama de intereses, amiguismo y probables complicidades familiares que escapa a todo control hasta que un día interviene un juez. El economista José María Gay de Liébana insiste en cuanto tiene ocasión en la mala gestión económica de los clubs de fútbol españoles que disputan las ligas de Primera y de Segunda, la mayoría de ellos sociedades anónimas en situación delicada o en manos de empresarios geográficamente muy alejados de las pasiones que desata la competición. Y muchas de las cosas que suceden todos los días en los despachos tienen la apariencia de juegos de manos que se empeñan en dar la razón a Gay de Liébana.
Cuando aparece el propietario de un club dispuesto a pagar 80 millones de euros por Álvaro Morata, suplemente en el Real Madrid y en la selección española, no es que se distorsione el mercado, es que se esfuma en manos de un millonario ruso para quien desprenderse de tal cantidad no plantea mayores problemas, según se desprende de la cuantiosa operación. Cuando Cristiano Ronaldo se siente profundamente ofendido por habérsele reclamado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el país en el que se ha hecho millonario, es mayúscula la sorpresa para el resto de contribuyentes, modestos o no, que se personan todos los años en la ventanilla de Hacienda. Cuando por una localidad en la final de la última Champions se paga algún millar de euros, el disparate se consuma y todas las sospechas están fundamentadas. Cuando unos pocos futbolistas valen lo mismo para enardecer a multitudes que para anunciar cualquier cosa a cambio de contratos de imagen astronómicos, lo menos que puede decirse es que el río se ha salido de madre y lo de Villar y asociados está en consonancia con la incontrolada circulación de dinero que encubre un deporte cuya belleza e importancia social están sobradamente probadas.
“Pronto aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde se espera que venga. Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser siempre lo que se dice derecha”, escribió el nobel Albert Camus, un apasionado del deporte, en el artículo Lo que le debo al fútbol. Pier Paolo Pasolini vio en el fútbol un sistema de signos, un lenguaje, un mecanismo de comunicación. Manuel Vázquez Montalbán, entre la política y la ironía, describió el Barça como “el ejército desarmado de Catalunya”. Y Eduardo Galeano colgaba un letrerito a la puerta de su casa, “Cerrado por fútbol”, en cuanto empezaba un Mundial. Hoy muchos domicilios cierran por fútbol con frecuencia, pero el fútbol como valiosa herramienta de socialización corre riesgos ciertos de mutar en algo ajeno al deporte o disfrazado de deporte.
A decir verdad, la desnaturalización o falseamiento o adulteración del deporte, siquiera sea financiera, no es solo un peligro para el fútbol. En torno a otras especialidades o acontecimientos –el boxeo, el baloncesto y el fútbol americano en Estados Unidos, los Juegos Olímpicos, un espectáculo multideportivo de alcance universal– los desafíos no son menores. Hace unas fechas, Juan Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente del COI, explicó la procedencia de los ingresos de la organización y el destino de los mismos: todo perfectamente comprensible, pero evidentemente complicado por una red capilar de supervisión inevitablemente intrincada que se extiende por medios sociales, políticos y culturales muy diferentes, con un muy desigual sentido del rigor y la utilidad pública. Otras veces, por algún motivo especial, entidades gestores del deporte a gran escala han hecho lo mismo que Samaranch, pero siempre ha quedado en el aire la sombra de la duda sobre hasta qué punto lo que figura en los papeles se corresponde con la verdad o, por el contrario, siempre hay resquicios para que circule el dinero extraoficial, poco o mucho, al apagarse los focos.
¿Es posible afirmar que hay demasiado dinero en juego para que todo sea transparente y cristalino? ¿El deporte que moviliza multitudes solo puede funcionar con algún sistema paralelo de ganancias y prebendas? Volvamos a Camus: “Después de muchos años en los que el mundo me ha procurado variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Lo que aprendí con el RUA –su club–, no puede morir. Preservémoslo. Preservemos esta gran y digna imagen de nuestra juventud. También os vigilará a vosotros”. Sería reconfortante que el párrafo siguiera teniendo sentido.

Mosul, una victoria sin gloria

La ocupación de Mosul por el Ejército de Irak, la más que probable muerte de Abú Bakr al Bagdadi, fundador del Estado Islámico y transmutado en el califa Ibrahim, y el atisbo de colaboración entre Estados Unidos y Rusia en Siria, tregua mediante, han desatado la incontinencia de los propagandistas frente a la prudencia de los analistas. Dicen los primeros que si la ocupación de Mosul en 2014 sin apenas combates alarmó a la comunidad internacional, la recuperación de la ciudad por los iraquís, apoyados por Estados Unidos, debe ser tenida igualmente como un hecho relevante que cambia por completo la presión de los yihadistas en el laberinto de Oriente Próximo. Matizan los segundos que el episodio de Mosul conlleva una redistribución del poder en Irak y también en el islamismo radical, capacitado para llevar su desafío a otros lugares menos controlables –el Sahel, por ejemplo– o con una mayor capacidad de intimidación en la aldea global: las grandes áreas urbanas de Europa occidental.

Varias veces se ha puesto de manifiesto la falta de justificación del entusiasmo desencadenado por un éxito en concreto en el campo de batalla o en la neutralización de un líder político –así el apresamiento de Sadam Husein el 13 de diciembre de 2003–, porque las organizaciones muy centralizadas y con una sólida estructura militar suelen contar con mecanismos de sustitución inmediatos. El Estado Islámico o ISIS o Daesch no es una excepción y, aun debilitado, conserva una respetable fuerza de choque dentro y fuera del territorio que controla. En el plano interior, gracias a la logística aplicada por su Gobierno en las sombras o no tanto; en el ámbito internacional, gracias al dinamismo de sus afectos, cuyas filas seguramente engrosarán en el futuro cuantos logren huir de la derrota de Mosul y de otras previsibles en un futuro no muy lejano. El destino de estos últimos será, como se ha repetido hasta la saciedad, su lugar de origen –el Gobierno de Marruecos cree que los retornados del campo de batalla que salieron del país no bajarán de 1.800–, muchos de ellos con pasaporte europeo y larga experiencia en combate, cuyo cálculo es extremadamente difícil (puede que algunos miles).

Como explica con precisión el profesor Ignacio Álvarez-Ossorio en Siria. Revolución sectarismo y yihad, el doble frente del Estado Islámico contra el enemigo interior y contra el exterior es la esencia de su combate en todas direcciones, y tal planeamiento no decae por más que la pérdida de Mosul haya sido un duro golpe. Es más, tal como advierten los analistas, un hipotético final del Estado Islámico no significaría forzosamente la neutralización efectiva del yihadismo, sino que posiblemente sería el inicio de otra cosa, de otra planta organizativa con otro equipo dirigente, pero la idea de los dos frentes seguiría vigente.

Sigue en pie toda la fraseología de Abú Umar al Bagdadi, predecesor del fundador del califato sedicente, recogida por Álvarez-Ossorio. Nadie pone en duda en el conglomerado yihadista el siguiente enunciado: “Los gobernantes de los territorios islámicos son traidores, infieles, pecadores, mentirosos y criminales (…) La lucha contra ellos es más importante que la lucha contra los ocupantes cruzados”. Nadie disiente en el campo yihadista cuando se dice que los occidentales son “infieles a los que se debe atacar en su propio territorio”. Se trata en ambos casos de poco menos que dogmas de obligada observancia cuyo poder de convicción va más allá de la supervivencia del califato. Y esa fundamentación ideológica de la yihad, con estos términos u otros, la comparten Al Qaeda, sus numerosas franquicias y otras organizaciones terroristas surgidas en el orbe musulmán.

De hecho, al contemplar el paisaje desolado de Mosul después de la gran batalla –del 17 de octubre del año pasado al 9 de julio en curso–, es legítimo preguntarse: ¿es esta la imagen de la victoria o la de una derrota encubierta? Porque Mosul, como antes Palmira, como la mayoría de ciudades sirias sometidas a una doble guerra, por lo menos –la de Bashar al Asad y sus aliados y la del Estado Islamico–, no es más que una montaña de escombros, un paisaje en ruinas del que han tenido que huir cientos de miles de personas. Porque la capacidad de resistencia de los muyahidines ha puesto en duda el reparto del poder en Irak, de aquel poder surgido de la ensangrentada posguerra que nunca ha sido capaz de llevar su autoridad a todos los rincones del país.

Maria Fantappie, del International Crisis Group, distingue hasta tres cambios sustanciales en la estructura de poder iraquí, impuesta y tutelada por Estados Unidos. Primero, la difícil coexistencia entre los políticos que llegaron al poder a la caída de Sadam Husein y los que han encabezado la ofensiva de Mosul, que incluye a los combatientes kurdos. Segundo, el arraigo de redes de poder informal –dicho de otra forma, no institucional– que en muchos casos sustituyen al Estado. Tercero, una nueva relación entre el Estado central y el territorio que obliga a descifrar quién ejercerá en el futuro el poder real. No cuesta demasiado asociar estos tres puntos al perfil de un Estado fallido o camino de serlo, o quizá obligado a una transformación institucional que impone un nuevo esquema del poder por la fuerza de los hechos.

Sostiene Richard N. Haass, presidente del Council on Foreign Relations, que el presidente George W. Bush eligió en 2003 ir a la guerra porque le persuadieron de que “podían lograrse grandes cosas con un pequeño coste”. Si fue así, y ese es el punto de partida de su tesis en el libro que sobre las dos guerras de Irak publicó en 2009, tan error fue optar por las armas como carecer de un plan para gestionar la posguerra que evitara que esta se convirtiera, como sucedió, en una violenta continuación de la guerra misma. “Una pobre elección pobremente llevada a la práctica”, dice Haass. La aparición de Al Qaeda en suelo iraquí, donde nunca antes estuvo, y el nacimiento del ISIS son consecuencia directa de tales falta de previsión y pobreza de medios, porque todo Oriente Próximo sucumbió a la desestabilización, arraigó un sentimiento generalizado de agravio en el mundo árabe y acaso una parte del fracaso de las primaveras deba atribuirse también a aquella democracia controlada que Estados Unidos quiso imponer a cañonazos.

Si ya nadie niega que la captura de Mosul por el ISIS en junio de 2014 y la huida en desbandada del Ejército iraquí fueron la prueba fehaciente de que los yihadistas eran capaces de desafiar a un Estado sin atributos, ¿quién puede dudar de que es discutible que consiga hacerse con ellos sobre un océano de ruinas? Más parece que esta victoria sin gloria lo es todo menos un capítulo definitivo en la construcción del Irak vislumbrado por los neocon y en la neutralización de la yihad global, incluso si el Estado Islámico deja algún día de existir o se dice que dejó de existir.

 

Trump, en la hora de la ‘finezza’

Para alguien tan poco dado a las sutilezas de la política exterior como Donald Trump, el desafío norcoreano del 4 de julio resulta doblemente complejo porque se trata de una amenaza real a la seguridad de Estados Unidos y porque no puede afrontarse con una exuberante exhibición de fuerza. El lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong 14 ha cambiado por completo los términos de la ecuación coreana hasta el punto de que el presidente ha reconocido por primera vez que no afecta solo a la seguridad del noreste de Asia y a la de sus dos principales aliados, Corea del Sur y Japón, sino directamente a Estados Unidos: las islas Aleutianas y el territorio continental de Alaska. Y ha dado especial valor a la puntualización hecha por Philip Bump en The Washington Post: “Olvidamos a veces que la retórica del presidente Trump no se forjó durante años de análisis políticos o en discusiones con expertos en política exterior y asuntos internos, sino en la entrevista telefónica semanal con Fox and Friends (un talk show)”.

El recordatorio resulta pertinente porque es una forma simple y rápida de prever el acercamiento a la crisis que puede realizar el presidente más allá de los factores que objetivamente la delimitan:

-Corea del Norte ha dejado de ser una amenaza potencial para convertirse en real, gestionada además por un dirigente imprevisible, Kim Jong-un, necesitado de gestos contundentes para mantenerse al frente del régimen fundado por su abuelo.

-China y Rusia preservan el régimen de Corea del Norte y lo utilizan por razones diferentes, pero igualmente eficaces, en su competición a escala planetaria con Estados Unidos y más específicamente en el este de Asia.

-Cualquier recurso a la fuerza de Estados Unidos afectaría directamente a Corea del Sur y a Japón.

-La artillería pesada de Corea del Norte, situada a un tiro de piedra de la línea de armisticio, tiene a Seúl a su alcance, según le consta al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En fecha tan relativamente lejana como el 22 de junio del 2006, Ashton B. Carter, futuro secretario de Defensa de Barack Obama, y William J. Perry, uno de los secretarios de Defensa de Bill Clinton, firmaron un artículo en The Washington Post, recordado ahora por The New York Times, que contenía la siguiente afirmación: “Si Corea del Norte persiste en sus preparativos para el lanzamiento [de misiles], Estados Unidos debe dejar clara inmediatamente su intención de bombardear y destruir” las instalaciones en tierra. Eran los tiempos de George W. Bush, tan aguerridos, pero en el caso coreano prevaleció la creencia de que carecía el país de capacidad para dotarse de un pequeño arsenal nuclear que lo convirtiera en un territorio inatacable ante el riesgo de una respuesta con armas atómicas.

Hoy puede decirse que Estados Unidos renunció a limitar la capacidad de su adversario mediante la adaptación al caso de la doctrina de contención del enemigo, desarrollada por George F. Kennan en los albores de la guerra fría con la Unión Soviética, y en cambio ahora parece la única salida apropiada para un conflicto que ha crecido exponencialmente, aunque “esto no soluciona el problema; es solo una forma de vivir con él”, según el análisis de David E. Sanger en The New York Times. Pero esta contención del enemigo debe excluir un análisis meramente militar o especialmente militar de la situación por las antedichas implicaciones; debe, por el contrario, buscar la negociación y la complicidad internacional para evitar riesgos mayores, tal como ha transmitido a Trump el presidente surcoreano, Moon Jae-in. Un camino complejo, pero más seguro que el recurso a los generales, y al alcance de la mano de los tres tenores (en la reunión en Hamburgo del G20, el presidente de Estados Unidos tiene cita con Xi Jinping, presidente de China, y Vladimir Putin, presidente de Rusia).

En este enfoque con predominio de la diplomacia, respaldada por la potencia de fuego, la finezza es esencial. ¿La tiene Trump, exigido por los halcones del Partido Republicano, pero aconsejado por el general Herbert R. McMaster, un analista bastante respetado en Washington? Las dudas ensombrecen el cielo de la Casa Blanca. Philip Bump ha recordado esta semana, en un análisis que se remite a la cuenta de Twitter del presidente, algunos de sus mensajes más rotundos, como este del 8 de abril del 2013: “Pienso que China tiene un control total de la situación (…) [Corea del Norte] no podría existir ni un mes sin China. Y pienso francamente que (…) China no es nuestro amigo”. Ni absolutamente falso ni absolutamente cierto, sino más bien una simplificación de una realidad llena de matices no siempre evidentes, desaparecidos definitivamente en el fragor de la campaña –marzo del 2016–, cuando tachó al líder norcoreano de maníaco y reprochó a Obama no despachar una fuerza de choque al teatro de operaciones (él dijo haberlo hecho en abril del año en curso, pero en realidad nunca hubo barcos en ruta).

No es la primera vez que una Administración siente a su espalda el aliento de la amenaza nuclear. El presidente John F. Kennedy tuvo que afrontar en octubre de 1962 la crisis provocada por la instalación en Cuba de silos de misiles soviéticos de alcance medio, y en aquella ocasión, a pesar de las presiones de una parte del generalato, esa finezza de la que ahora se duda hizo posible una salida que conjuró el Armagedón y, de paso, sistematizó para siempre la guerra fría, la alejó de situaciones altamente peligrosas o ingobernables. Hoy no hay sistema o el sistema está poco asentado, depara sorpresas todos los días y, por esta razón, requiere más que nunca la intervención de gestores que rehúyan los planteamientos binarios, que no comulguen con la creencia de que es posible aplicar soluciones fáciles a problemas enrevesadamente complejos.

“Para un presidente casado con su propia versión de las fake news –pudiera decirse posverdad–, la manera más fácil de afrontar una verdad inconveniente puede ser redefinir o simplemente soslayar la línea roja original”, aquel presupuesto a partir del cual solo es posible una respuesta o reacción contundente, sostiene el analista John Nilsson-Wright, del think tank Chatham House. Pero, en el caso norcoreano, es poco menos que imposible no darse por enterado de que el lanzamiento del misil intercontinental ha ido más allá de cualquier previsible amenaza o línea roja, es imposible consagrar la improvisación para gestionar el problema sin tomar decisiones que blinden la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados sin agravar la situación, grave de por sí.

David Talbot recuerda en su libro La conspiración que el presidente Kennedy creía que la guerra en la era nuclear “constituía un asunto demasiado importante” como para que quedara en manos de los generales. Eran los tiempos de Curtis LeMay y otros uniformados de gatillo fácil, dispuestos a desencadenar una hecatombe planetaria con tal de barrer a la Unión Soviética de la faz de la Tierra. ¿En qué papel se siente más a gusto Trump: en el de Kennedy o en el de LeMay; en el de posibilista paciente o en el de comandante en jefe desbocado? A saber.

 

Europa aguarda a Macron

Los primeros pasos de Emmanuel Macron han hecho de él la nueva esperanza blanca de la Unión Europea, necesitada de iniciativa, unidad de acción y capacidad para competir con los grandes actores internacionales. Entre la espada del auge eurofóbico y la pared del brexit, la activación del eje franco-alemán, motor histórico de la construcción europea, vuelve a aparecer en todos los análisis como el núcleo realmente duro que puede rescatar a la UE de la atonía depresiva que con tanta frecuencia se adueña de la discusión. Pero esa presumible activación es poco más que un objetivo genérico lleno de incógnitas por despejar, especialmente en cuanto al alcance real que pueda tener: ¿reducirá sus efectos a los dos lados del Rin?, ¿será capaz de movilizar a los 27 en un programa común?, ¿alcanzará solo a unos pocos países y consagrará la Europa de dos velocidades?

Sobre la mesa están el papel futuro del Banco Central Europeo, el desarrollo de una estructura europea de defensa, las políticas de convergencia, el efecto del brexit sobre el presupuesto y una lista interminable de problemas propios de la complejidad del proyecto y también de las tensiones entre estados. Y por encima de todo está el debate sobre el papel de Alemania, su iniciativa política, especialmente reforzada a partir de la crisis económica y de la ineficacia de Nicolas Sarkozy y de François Hollande para equilibrar el renombrado eje, cada día más germánico y menos francés.

Poco se sabe del programa de Macron, de su concreción y de la respuesta social que pueden desencadenar actuaciones como la reforma del mercado de trabajo, tan contestado en la calle en la recta final del mandato de Hollande y uno de los resortes que movilizó a los insumisos de Jean-Luc Mélenchon. Menos se sabe aún del papel que puede desempeñar Francia como contrapeso de las políticas de estabilidad recetadas por Alemania, de su capacidad de corregir los excesos de la austeridad dictados por diferentes gobiernos de Angela Merkel desde 2010, con un coste social de sobra conocido. Como afirma Héctor Sánchez Margalef, investigador del Cidob, “la irrupción de Emmanuel Macron ha resucitado el euroentusiasmo, aunque no sabemos si por verdadero amor o como rechazo a las ideas de Marine Le Pen”.

Es preciso remitirse al resultado de las elecciones legislativas (18 de junio) y a las características de la mayoría absoluta obtenida por La República en Marcha, el partido de Macron, para sacar alguna conclusión acerca de si el euroentusiasmo es fruto de una cosa o de la otra o, quizá, de ambas al mismo tiempo. La mayoría aplastante lograda por el presidente en la Asamblea Nacional no debe distorsionar la realidad: se sustenta en el 16% del censo electoral, en una abstención que superó largamente el 50% y en el hundimiento del sistema tradicional de partidos de la Quinta República, especialmente en el campo de la izquierda (el adiós de la patria socialista, ha escrito Jean Daniel), aunque no solo en él, porque el tutti frutti ideológico macroniano ha dividido al conservadurismo francés clásico (la herencia del gaullismo).

“Mayoría absoluta, victoria relativa”, tituló Le Monde, progresista, para resumir el resultado de las legislativas. “Jamás un poder presidencial tan fuerte había descansado sobre una base tan exigua”, subrayó Le Figaro, conservador. “La nueva mayoría solo representa una pequeña parte de Francia”, dijo un analista en televisión la noche del escrutinio. Se trata de tres aproximaciones complementarias a un mismo fenómeno: la representatividad social de los diputados de Macron es débil y el triunfo de la abstención el 18 de junio presagia una posible reacción de la calle en cuanto el presidente pase de la palabra y las promesas a los hechos.

De tal manera de que quizá la consagración de Emmanuel Macron como líder europeo depende de la respuesta social que eventualmente desencadene la aplicación en Francia de grandes reformas estructurales. Significa que la activación del eje franco-alemán no podrá ser eficaz o útil si el presidente debe afrontar la impugnación de su programa en la vía pública o si las elecciones legislativas en Alemania (24 de septiembre) recortan la iniciativa de Angela Merkel, algo que hoy nadie prevé. La idea de que Macron puede ser un líder europeo, aunque no lo sea en su país, es poco realista y se contradice con la inmensa mayoría de precedentes en la historia del eje, esa estructura de facto que condiciona las políticas europeas desde la firma del Tratado de Roma.

Escribe Héctor Sánchez Margalef: “Desear que la UE funcione de otra manera no te convierte automáticamente en un fervoroso seguidor de Marine Le Pen. De la misma manera que el euroentusiasmo de Emmanuel Macron no garantiza por sí solo el regreso de la confianza en el proyecto europeo”. Porque la hiperactividad europeísta del presidente de Francia no se ha traducido por el momento en ninguna medida concreta; se ha limitado a ser una mezcla de declaraciones que aconseja practicar el viejo principio de esperar y ver a falta de elementos de juicio concretos.

Jean d’Ormesson, miembro de la Academia Francesa, hizo pública una carta de apoyo a Macron entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, no sin recordar al entonces candidato que disentía de él en muchos apartados y que su apoyo no era –no es– un cheque en blanco. Lo que el veterano conservador subrayaba era la necesidad de contener al Frente Nacional, pero, alcanzado este objetivo, prevalece la idea de que el voto de aluvión que ha llevado a Macron al Eliseo y la mayoría parlamentaria en que se apoya no es garantía de nada, sino un formidable desafío para un país a menudo ensimismado, asustado o desorientado, donde el escepticismo suma adeptos cada día. Y el dosier europeo no es inmune a la atmósfera de desconfianza en el futuro que aconseja esperar y ver.

 

Un ‘impeachment’ muy lejano

Se preguntaba Miguel Ángel Bastenier en uno de los últimos artículos que publicó en El País si Donald Trump tiene política exterior, y concluía que cuando más cómodo se siente es cuando actúa como “jefe de una tribu, más que de presidente”. Se diría que su papel favorito es el de macho alfa, mientras que las sutilezas de un mundo complejo, globalizado, escapan a su propensión a los planteamientos binarios de los problemas dentro y fuera de Estados Unidos. En esta forma atropellada de dirigirse a la opinión pública, en ese léxico exento de matices, como si mediante la simplificación de sus mensajes en Twitter simplificara asimismo el alcance de los desafíos, cree haber encontrado Trump la manera de contrarrestar la supuesta conspiración –caza de brujas, la llama– que arremete contra él.

Frente a la idea de un orden mundial 2.0 en el que todo está interconectado, sigue vendiendo Trump a sus seguidores el American first, aunque el 60% de los estadounidenses se declaran contrarios a la gestión del empresario solo cinco meses después de instalarse en la Casa Blanca, casi un asalto. Escribió Richard N. Haas, presidente del think tank Council on Foreign Relations, a poco de que Trump ocupara el Despacho Oval: “Las realidades de hoy exigen actualizar el sistema operativo –un orden mundial 2.0– basándose en la obligación soberana, la noción de que los estados soberanos no solo tienen derechos, sino también obligaciones hacia los demás”. Tal matiz no figura en el catálogo de preocupaciones del presidente a pesar de que las obligaciones –la lucha contra el cambio climático, una de ellas; la libertad de comercio, otra– son consustanciales a la globalización, a la noción última de que no hay compartimentos estancos, torres de marfil o jaulas de cristal a salvo de contingencias planetarias de efectos catastróficos, empobrecedores, al menos.

Detrás de todo ello, alienta un nacionalismo lleno de sonoros enunciados, pero de difícil concreción; un nacionalismo suficiente para captar el voto de las víctimas primeras de la crisis económica y de la desindustrialización, pero que con harta frecuencia se antoja destinado a encubrir un conflicto de intereses en el corazón del Estado. Salvo imperdonable ingenuidad, no hay forma de separar los objetivos empresariales de Donald Trump y su familia –la hija Ivanka, first daughter, acaso, y Jared Kushner, su marido– de los políticos del presidente en Estados Unidos y más allá. Algo que recuerda tanto el caso de Silvio Berlusconi, tan estudiado, que parece una nueva versión, puede que el plagio de una teleserie con muy parecidos actores y guionistas, rodada en inglés, por supuesto (un inglés bastante vulgar y poco trabajado, dicho sea de paso).

¿Es suficiente este populismo ultraconservador para salir al cruce de sospechas cada vez mayores acerca de los manejos poco escrupulosos de Trump? ¿Puede salvarle del impeachment, citado abusivamente, la posverdad ocultadora de la verdad, de los hechos empíricamente demostrables si es que existen tales hechos o embrollos o marañas? De momento, la deposición de James Comey, el director del FBI destituido por el presidente, ante el Comité de Inteligencia del Senado, deja a Trump aparentemente muy cerca de una futura acusación de obstrucción a la justicia, y el trabajo del fiscal especial Robert Mueller abunda en idéntica dirección a propósito de los intentos de la Casa Blanca de cercenar la investigación de la trama rusa durante la campaña electoral del presidente y en fechas posteriores. Para completar el cuadro, la relevancia que está adquiriendo la figura de Marc E. Kasowitz, abogado personal de Donald Trump, recuerda mucho la que en su día tuvo Herbert W. Kalmbach, abogado personal de Richard Nixon durante el escándalo Watergate.

Dicho esto, no puede soslayarse el hecho histórico de que solo en dos ocasiones la mecánica del impeachment ha llegado hasta el final y en ambas pararon el golpe los presidentes: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. El tercer caso, el más recordado y citado ahora, es el de Nixon, que presentó la dimisión el 8 de agosto de 1974 y evitó someterse a la preceptiva votación, fue perdonado por su sucesor, Gerald Ford, y tuvo tiempo de rehabilitar su figura ante el establishment de Washington o eso pareció al cabo de unos años. Y la historia pesa mucho, los precedentes son una referencia y los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, un dato fundamental por más que el republicanismo clásico reniegue de un presidente tan improbable como Trump, tan sujeto a un programa indescifrable no solo en política exterior, que sin duda lo es, sino en el resto de apartados que indican cuáles son los objetivos tangibles de una Administración.

Que el presidente dé muestras reiteradas de desconocer la división de poderes –al menos, lo aparenta–, el sistema de contrapesos institucionales diseñado por los padres de la nación y los límites de la presidencia a pesar de la amplitud de sus atribuciones no significa que se avizore un impeachment a la vuelta de la esquina. “Sobre Trump y sus intereses con Rusia hay muchas sospechas, pero a fecha de hoy es pronto para plantear su destitución. Hay que encontrar las pruebas y demostrarlas”, ha declarado a EL PERIÓDICO Bob Woodward, develador del caso Watergate junto con su compañero Carl Bernstein. “No se pueden establecer paralelismos. Nixon estaba dispuesto a romper la ley y no le importaba hacerlo de forma agresiva y constante (…) Esto no lo hemos visto aún en el actual presidente. A fecha de hoy, Trump es una incógnita”, dice Woodward, esto es, no hay pruebas para fundamentar una acusación, un requisito ineludible.

Todas las teorías para sustituir al presidente eluden o apenas insisten en el doble principio acusatorio, competencia de la fiscalía, y probatorio más allá de toda duda razonable. Los juegos recreativos que sitúan al vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca antes de las elecciones legislativas de noviembre del 2018 y a Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, en la vicepresidencia obedecen más al deseo de quienes fabulan que a la posibilidad cierta de que los acontecimientos se desarrollen de acuerdo con este guion. Ni siquiera se atreve a ir tan lejos alguien con opiniones tan contundentes contra Trump como Paul Krugman –“Su combinación de revanchismo mezquino y descarada indolencia, lo hace inepto para el cargo. Y eso es un enorme problema. Piensen por un minuto cuánto daño ha hecho este hombre en múltiples frentes en solo cinco meses”–; más bien teme que costará mucho moverle la silla por clamorosos que sean sus errores o desmanes.

Como explica el profesor Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, el populismo es la negación del pluralismo, sustituido por el concepto de pueblo unido; este es el gran éxito de Donald Trump en lo que lleva de mandato. Y añade: “Hasta hoy, ningún ala derecha del populismo ha alcanzado el poder en Europa Occidental o en Estados Unidos sin la colaboración de las élites conservadoras instaladas”. Quiere decirse que Trump llegó a la Casa Blanca con el apoyo más o menos entusiasta del 90% de los votantes que se declaran republicanos a pesar de que muchos albergaban dudas sobre la solvencia del candidato, y las encuestas indican que apenas ha decrecido el entusiasmo entre los electores de base, sin que les importen demasiado las flagrantes contradicciones presidenciales entre los eslóganes y la praxis, entre el interés general y los intereses de sus empresas. Carece de sentido insistir con la hipótesis del impeachment a corto plazo salvo que el fiscal especial levante el pico de la alfombra y dé con las pistolas humeantes (la prueba irrefutable) del Rusiagate o con la pista oculta de los negocios trumpianos (“siga la pista del dinero”, le dijo Garganta Profunda a Bob Woodward en mitad de la tormenta del Watergate). Todo lleva su tiempo.

Tiro por la culata de Theresa May

Si cabe asociar victoria a amargura, en pocos casos es tan palpable como en el resultado obtenido por el Partido Conservador en las elecciones celebradas el jueves en el Reino Unido, en la trampa para elefantes en la que ha caído Theresa May. En idéntico sentido, puede calificarse de dulce derrota el resultado cosechado por el Partido Laborista y la consolidación de Jeremy Corbyn, un líder denostado dentro y fuera de su partido de forma particularmente sañuda que, sin embargo, ha sabido sacar el mayor beneficio imaginable a la errática campaña conservadora, a la atonía de May, al impacto emocional de los atentados de Manchester y Londres y a la confusión alimentada por la negociación del Brexit, que debe empezar el día 19. Aspiraba la primera ministra a obtener una mayoría reforzada y lo que ha logrado es una “pérdida humillante de la mayoría” (The Times).

El desastre en escaños no es mayor para los conservadores porque el sistema británico –distritos unipersonales y elección a una vuelta– facilita que con un resultado del 42% para los tories y del 40% para el laborismo, la diferencia sea de 318 a 261 diputados. Pero más allá de este dato, lo realmente relevante es que Corbyn ha quedado a menos de un punto del porcentaje logrado por Tony Blair en 2001 (413 escaños). Nadie puede llamar exagerado a Owen Jones, del diario progresista The Guardian, cuando tira de ironía y llama a May “el peor primer ministro desde David Cameron”, su antecesor en Downing Street, que metió al Reino Unido en el galimatías del Brexit el año pasado mediante un referéndum que pudo haberse ahorrado a poco que hubiese sabido domeñar a los eurófobos del Partido Conservador. Como suele suceder a quienes se personan en las urnas para disponer de una mayoría excepcional –Artur Mas, un antecedente de aquí en 2012–, acaban con una minoría comprometedora que obliga a pactos forzados, cuando no indeseados, para cortar la hemorragia del tiro en el pie.

El recurso a los unionistas de Irlanda del Norte (10 escaños) para alcanzar la mayoría necesaria en el Parlamento –hung parliament, Parlamento colgado, de momento– debe entenderse como un juego de manos forzado por las circunstancias y discutido desde ahora mismo por personalidades conservadores como el excanciller del Exchequer, George Osborne, que entiende que la alianza crea “una situación insostenible”. Inestable, debe añadirse, porque la alianza debilita la de por sí debilitada figura de May, deja en el alero el enfoque del Brexit y aplaza la revisión de las políticas de seguridad, cuya ineficacia ha puesto en evidencia el último atentado de Londres. Dice Osborne que los conservadores retienen los despachos, pero no el poder, y no son pocas las personalidades del partido que, como él, temen que las decisiones que corresponden a Londres se tomen ahora en Belfast con demasiada frecuencia.

Se trate o no de una exageración interesada, lo cierto es que esta posible mayoría está lejos de poder garantizar “un buen Brexit”, como decía la primera ministra durante la campaña y que debía entenderse como un hard –duro– Brexit , al estilo del barruntado por el UKIP, el partido eurófobo por antonomasia, que se ha quedado sin representación en los Comunes. Pero tampoco da oportunidades a los posibilistas del Brexit: ya que inevitable, que sea al menos blando, que permita mantener los lazos del Reino Unido con el mercado único y con la unión aduanera. Puede, incluso, que tengan una oportunidad quienes ven en este Parlamento sin mayoría la ocasión de detener el proceso y regresar a la casilla de salida para conjurar el despropósito –¿otras elecciones, otro referéndum?–, como lamentaba Nigel Farage, ideólogo de la eurofobia, la madrugada del viernes.

¿Cambiaría mucho las cosas que Theresa May hubiese presentado la dimisión habida cuenta del fracaso personal cosechado? Probablemente, no demasiado, salvo que su sucesor formara un Gobierno de gestión, aletargara el Brexit y convocara otras elecciones para, esta vez sí, aclarar qué desean realmente los votantes. Una salida a la española considerada entre otros por John Carlin, cuyo diagnóstico de lo que aguarda a los británicos con la salida de la UE es rotundo y sin medias tintas: “El futuro del Reino Unido fuera de Europa es pobre, irrelevante y oscuro”. Pero ¿cambiaría algo los datos del problema si quien sustituyera a May fuese alguien como Boris Johnson, una mezcla extravagante de erudición y patanería?

En ningún caso sería verosímil la formación del Gobierno fuerte y estable que publicitaba el eslogan de campaña de los conservadores porque todos los análisis coinciden en que el tiro por la culata de la primera ministra ha dividido más al partido, alientan en él más que nunca dos puntos de partida históricamente incompatibles desde que Edward Heath sumo el Reino Unido a la UE: el de quienes estiman prioritario el vínculo europeo y el de aquellos que creen todavía que los atributos de soberanía son innegociables y a los británicos siempre les ha ido mejor inmiscuirse en los asuntos continentales desde la distancia. Y este clima de división queda muy lejos del periodo de estabilidad reclamado por May como condición primera para abordar ordenadamente el futuro. Tan lejos queda, quizá, que la deseada estabilidad no deja de ser una quimera (The Independent).

En esta atmósfera de inesperada densidad el peso de los atentados en el comportamiento de los electores tiene menos importancia que descifrar si el Brexit sigue siendo un deseo mayoritario. Porque incluso en el caso probable de que una parte de los votantes haya optado por castigar a May a raíz del doble zarpazo yihadista de los últimos días, las sutilezas y efectividad de la lucha antiterrorista escapan a la opinión pública mucho más que las incógnitas sin despejar de la desconexión de la UE. En última instancia, está muy extendida la convicción de que la seguridad absoluta no existe y siempre es posible que los iluminados de la bomba hallen un resquicio para consumar sus fechorías y, al mismo tiempo, está también muy extendida la idea de que quedarse o no en la UE depende en exclusiva de decisiones políticas perfectamente controlables. Como ha escrito Andrew Grice en The Independent, acaso los partidarios de quedarse en la Unión Europea y los jóvenes que no se molestaron en ir a votar en el referéndum del año pasado tendrán ahora la ocasión de tomarse la revancha, siquiera sea porque el jueves el hard Brexit pasó a mejor vida… Salvo sorpresas nada desdeñables en esa ceremonia de la confusión.

 

 

Seis días y medio siglo

Al cumplirse medio siglo de la Guerra de los Seis Días (5-1o de junio de 1967), lo menos que puede decirse es que la soberbia israelí, apoyada en la complacencia de Estados Unidos, y el agravio palestino dividen a la opinión pública, radicalizan las opiniones y alimentan los aspectos emocionales del conflicto por encima de otras consideraciones. Todas las consecuencias de aquella guerra han acentuado año tras año la postración palestina y la política de hechos consumados de Israel en los territorios ocupados de Gaza, condenada al asedio permanente, y de Cisjordania, sometida a la lógica humillante de la ocupación, el apartheid y la proliferación de asentamientos, una forma de colonización encaminada a hacer imposible la solución de los dos estados.

Los seis días de junio de 1967 en los que Israel se adueñó de la península del Sinaí, la franja de Gaza, Jerusalén oriental, Cisjordania y los altos del Golán cambió para siempre los datos esenciales del conflicto árabe-israelí y condenó a la comunidad palestina a la postración y al sometimiento. Ni la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que impone a Israel la devolución de la tierra conquistada, ni las que la siguieron hasta la fecha, redactadas todas en idéntico sentido, cambiaron la inercia política. La evolución de los acontecimientos que permitió llegar a los acuerdos de Oslo, y de allí a un desenlace de la crisis resumido en la máxima paz por territorios, en la idea de los dos estados, fue una gran esperanza marchitada por la Realpolitik, la libertad de acción de los colonos y la enérgica oposición de la derecha israelí, la extrema derecha religiosa y diferentes formas de nacionalismo bíblico de desalojar el espacio destinado al Estado palestino, un proyecto sumido hoy en la desesperanza.

“Nadie puede limitar nuestras fronteras”, dijo en 1948 David ben Gurión, padre del Estado de Israel, y a él se atribuye la frase más rotundas de cuantas resumen la línea de conducta seguida por sus sucesores: “Los límites de nuestro Estado está en la punta de nuestros fusiles”. ¿Qué integrante del Gobierno de Binyamin Netanyahu negaría la vigencia práctica de la sentencia? ¿Quién puede negar en nuestros días que la de 1967 fue una guerra de elección con un objetivo territorial? ¿Quién puede negar que la derrota árabe de los seis días fue una segunda naqba (catástrofe) porque convirtió a los palestinos en un pueblo sojuzgado, permitió a Israel fijar la agenda y condenó al olvido el ideal panarabista, predicado por Gamal Abdel Naser, sustituido por el pragmatismo financiero de las petromonarquías, encabezadas por Arabia Saudí?

Sucedió además que, más allá de la resolución 242, la guerra borró muchas de las preocupaciones de los aliados de Israel, y en primer lugar de Estados Unidos, que siempre vieron en el rais a un adversario, cuando no a un enemigo. Pero ese alivio hizo posible un futuro en el que con harta frecuencia el Departamento de Estado anduvo por detrás de los acontecimientos, inclinado demasiadas veces a justificar lo injustificable o a aceptarlo de facto en nombre de la seguridad en Oriente Próximo y de la influencia estadounidense en una región inclinada a la inestabilidad. Si en un primer momento cupo atribuir esta situación a la lógica de la guerra fría, superada esta no quedó otro argumento sobre la mesa que la necesidad de Estados Unidos de contar con un aliado fiable en el centro del mundo árabe, pertrechado de una superioridad tecnológico-militar sin comparación posible con sus vecinos.

El convencimiento de intelectuales palestinos tan relevantes como Edward W. Said de que los acuerdos de Oslo no fueron más que “un instrumento de la rendición palestina, un Versalles palestino” obedeció al hecho de que, analizada la situación desde 1967, el objetivo del acuerdo fue comprometer a los líderes Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en un proceso sujeto a las necesidades de Estados Unidos e Israel. Mientras Occidente y la OLP, dirigida por Yasir Arafat, saludaron la creación de la Autoridad Nacional Palestina como el paso definitivo para liquidar la ocupación y dar una oportunidad a la solución de los dos estados (paz a cambio de territorios), el frente crítico entendió que quedaba en manos de la disposición israelí a hacer concesiones el alumbramiento de un Estado en Cisjordania y Gaza. La historia les ha dado la razón.

También ha dado la razón a quienes vieron en el desplazamiento del eje árabe de Egipto a Arabia Saudí la progresiva mutación genética de la crisis: de un conflicto árabe-israelí a otro palestino-israelí (con el apoyo sentimental del mundo árabe). La derrota de Naser, un autócrata nacionalista con inquietudes socializantes, fue la ocasión propicia para cambiar el signo de los tiempos: los señores del petróleo se sintieron liberados para acercarse a Estados Unidos, condicionar el comportamiento de la Liga Árabe y explorar terceras vías para hacer negocios en Occidente. La muerte de Naser en 1970, la guerra árabe-israelí de 1973 y el subsiguiente embargo petrolífero fueron tres acontecimientos definitivos para el acuerdo que permitió a Egipto establecer relaciones con Israel sin que, por lo demás, se tuviera en cuenta el coste que la operación tuvo para los palestinos.

Puede decirse que la Guerra de los Seis Días y cuanto sucedió después de ella se hizo a costa de una alternativa política razonable para la comunidad sometida a ocupación. La multiplicación de proyectos radicales, tintados de yihadismo –Hamás, la Yihad Islámica y algún otro–, la división de las facciones palestinas y el desprestigio de la autonomía son la consecuencia directa de la manipulación del agravio palestino por todo el mundo, incluidos muchos de los dirigentes que acompañaron a Yasir Arafat en su larga peripecia personal y que ahora constituyen el entorno de Mahmud Abás.

Golda Meir dijo en 1969: “¿Cómo nos piden que nos retiremos de los territorios ocupados si allí no vive nadie?” Si alguien sostuviera hoy esto en público, le lloverían las descalificaciones. Y acaso sea este el mayor de todos los cambios habidos en esa larga crisis: la decantación de la opinión pública, el impacto moral de un conflicto asimétrico sin visos de que pueda evolucionar hacia un divorcio amistoso, ya que se antoja poco probable una vecindad cooperativa. Otros logros posibles son meros deseos que no hay forma de encauzar salvo que se den por lo menos dos cambios significativos: la implicación decidida de Estados Unidos en el conflicto, por un lado, y la unidad de la dirección palestina, por otro. Mientras esto no suceda, las penalidades palestinas remitirán siempre a la derrota de 1967, a aquellos seis días que cambiaron por tiempo indeterminado el mapa de Oriente Próximo; mientras prevalezca la lógica israelí de los hechos consumados, de los asentamientos, del muro de Cisjordania y de las operaciones de tierra quemada en Gaza, ganarán adeptos los predicadores del apocalipsis en el universo palestino.

Manchester, la tragedia de siempre

La atrocidad de este lunes en el Manchester Arena constituye un capítulo más del inconmensurable fracaso colectivo que lleva por nombre multiculturalidad, cada vez más desprestigiada. Cuando de nuevo un joven, Salman Abadi, nacido y criado en el seno de un determinado modelo sociocultural, arremete contra él con inusitada violencia, lo menos que puede decirse es que algo fundamental no funciona en los mecanismos de cohesión social. Cuando personas huidas de regímenes aborrecibles –el del coronel Gadafi para el caso– e instaladas en una sociedad de acogida desencadenan el horror parapetadas detrás de la religión, solo cabe concluir que vivimos inmersos en una doble crisis, de civilización y de identidad, promovida por una minoría suficientemente dinámica como para extender una angustiosa psicosis de inseguridad colectiva.

Nada hay en el episodio de Manchester especialmente diferente de lo ocurrido antes en tantos lugares de Europa y nada será demasiado diferente en los envites del terrorismo global que nos deparará el futuro porque se ha consolidado en el universo yihadista una mezcla de resentimiento, nihilismo, fanatismo ideológico y certidumbres esotéricas (el martirio) que demuestra tener un poder de captación y convicción de una eficacia enorme. Y esas constantes vitales no corren peligro en tanto Occidente no admita errores flagrantes y siga prevaleciendo en la opinión pública del mundo musulmán la  sensación de afrenta permanente. “Hemos cometido agresión armada contra pueblos soberanos que no nos han atacado a nosotros con el propósito de mantener el terror fuera de las calles de Gran Bretaña”, ha escrito Simon Jenkins en el periódico progresista The Guardian. Y esa actitud preventiva es la que lleva a Jenkins a relacionar con la tragedia última la política exterior de Tony Blair, David Brown y James Cameron, tan sometida a la de Estados Unidos. No se trata de una justificación de la canallada cometida por un fanático, sino de una explicación que intenta establecer una relación lógica entre causas y efectos.

De la misma manera que H. A. Hellyer, un analista del think tank Atlantic Council, abunda en el error occidental de exigir a los musulmanes que hagan más “para luchar contra el extremismo, soslayando que los musulmanes británicos también fueron atacados”. Observa Hellyer una asimetría evidente entre esa exigencia y otros sucesos dolorosos, provocados por occidentales de educación cristiana, que no llevaron a nadie a reclamar a Occidente mayor compromiso contra los apocalípticos. Así el caso de Anders Breivik, citado en el artículo, el supremacista blanco e islamófobo que el 2011 asesinó a 77 jóvenes noruegos, cuya acción no desencadenó ninguna forma de reproche o de exigencia de responsabilidades, como por lo demás es del todo lógico, a la comunidad blanca bautizada en iglesias protestantes a la que pertenecía Breivik.

La suma de dos lógicas perversas, la de los daños colaterales causados por armas presuntamente inteligentes y la del choque de civilizaciones, que lleva directamente al enfrentamiento entre Occidente y el islam, explica en gran parte la crispación de un presente inquietante. Los daños colaterales han causado tantas víctimas inocentes en comunidades musulmanas que se han convertido en uno de los combustibles más eficaces para mantener en funcionamiento la máquina del odio; la consideración del choque de civilizaciones como algo irremediable mantiene en pie de guerra a lo peor de cada parte y justifica toda clase de barbaridades, sectarismos y opiniones atropelladas. Basten como prueba de todo ello las explicaciones delirantes del Estado Islámico después de la matanza de Manchester o la reclamación de una “solución final” hecha a través de Twitter por Katie Hopkins, de la emisora británica LBC, que remite sin estaciones intermedias a la limpieza étnica, al genocidio planificado y, en definitiva, al Holocausto perpetrado por la Alemania nazi.

Son enormes las dificultades de inserción de la tradición musulmana en aquella heredera de las Luces, pero hay demasiados ejemplos de que no solo es posible, sino deseable y fructífera, como para seguir dando pábulo a los profetas del enfrentamiento inevitable. Y siguen sin respuesta desde hace demasiado tiempo varias de las siete preguntas formuladas en el 2012 por Tariq Ramadan, un intelectual musulmán difícil de clasificar y bastante discutido desde diferentes frentes ideológicos laicos europeos. Las preguntas son estas:

-¿Quién es musulmán y cuáles son los derechos de alguien que sea reconocido como tal?

-¿Está justificado el uso de la violencia?

-¿La sharia es un cuerpo legal cerrado o un cuerpo abierto de principios potencialmente compatibles con fuentes extranjeras como la democracia?

-¿Se debe crear un partido político islamista o es preferible mantener el estatus de organización religiosa y social?

-¿Cuál debe ser la función de las mujeres en la organización y en las sociedades mayoritariamente musulmanas?

-¿Cuáles deben ser las relaciones con personas de otras creencias –o sin creencia alguna– dentro de la sociedad?

-¿Hay otras opciones, además de la oposición en la relación con Occidente?

En cierta medida, se trata de interrogantes elementales, que debían haber obtenido respuesta hace decenios, mucho antes de que los formulara Ramadan, pero la dinámica histórica del colonialismo y del poscolonialismo quizá lo hizo imposible. Este quizá es ineludible porque algunos musulmanes respondieron a estas preguntas hace tiempo, convencidos de que la mejor defensa de los derechos del creyente es situar la práctica religiosa en el apartado de la vida privada de cada individuo, en el ámbito de su autonomía intransferible. Otros, por el contrario, se arrogan el derecho a hacer ostentación de sus convicciones religiosas, a parapetarse en el legado de sus ancestros para difundir una ideología congelada de inspiración religiosa, a entender cualquier otro credo como un adversario en el campo de batalla. Pero la islamofobia vociferante que prolifera en Europa no anda muy lejos de esa actitud aguerrida que lleva sin remedio a la confrontación. Y la gestión de todo ello solo como un problema de seguridad no hace más que aplazar la consideración de otros aspectos del desafío planteado por los muyahidines de la guerra santa.

El primero de todos ellos es la existencia de sociedades desarticuladas, cuando no excluyentes, que fomentan indirectamente la cultura del gueto. El segundo es la disfunción permanente del mercado de trabajo, que opera como un filtro y corta el paso al desarrollo de muchos jóvenes. El tercero es la aceptación de que los estados laicos no escapan a las contradicciones inherentes a sociedades mayoritariamente secularizadas, pero que cobijan importantes minorías cuya vida se articula a través de la religión (de diferentes religiones). No se trata de impugnar el Estado aconfesional; se trata de aplicar soluciones diferentes a sociedades diferentes que hace tiempo dejaron de ser homogéneas; se trata de actuar de forma inteligente y sin los prejuicios que exhiben todos los días los partidarios de la exclusión social.

La propensión de los gobiernos a creerse en posesión de la verdad lleva directamente al desastre. No hay otro responsable inmediato de la tragedia de Manchester que el suicida que se inmoló a la salida de un concierto, pero no pueden soslayarse los mecanismos que llevaron a un ciudadano británico a abrazar la versión más violenta y alejada del islam del siglo XXI. De hecho, se está cumpliendo algo que adelantó Jean-Pierre Filiu, el nacimiento de una nueva religión desgajada del mejor legado musulmán, un proceso degenerativo cuyo ecosistema ideal se encuentra en la periferia de muchas grandes ciudades de Europa. No está en discusión que el primer deber de los gobiernos es garantizar razonablemente la seguridad de los ciudadanos; sí lo está la incapacidad de los gobernantes para generar complicidades en el seno de comunidades vulnerables, desencantadas.

Trump ya tiene su Watergate

Los  vapores nauseabundos del caso Watergate empiezan a envolver la atmósfera viciada de la Casa Blanca a causa de las prácticas poco convencionales del presidente Donald Trump y su equipo. Los prolegómenos de este Rusiagate que todo lo contamina reúne demasiados ingredientes coincidentes o que recuerdan aquel otro escándalo que costó la presidencia a Richard Nixon en 1974. Como entonces, medios prestigiosos vituperados desde el Despacho Oval han puesto manos a la obra para, en este caso, desvelar el argumento no escrito del camino seguido por Trump para ganar las elecciones en noviembre con la ayuda de Vladimir Putin. Como ha escrito John Yoo en The New York Times, de momento no hay constancia de que el presidente haya obligado a mentir a algunos testigos, haya destruido pruebas o haya bloqueado el trabajo de agentes del FBI, pero se multiplican las sospechas de que todo esto ha podido suceder.

En una de sus informaciones del jueves, el mismo diario utiliza el verbo engulf (envolver) para referirse a la situación de Trump, origen de todas las dudas y envuelto en la investigación que dirigirá el fiscal especial Robert S. Mueller, exdirector del FBI (2001-2013), para esclarecer si en efecto el Kremlin intervino en la campaña del presidente. Pero engulf tiene otras acepciones o posibles traducciones más inquietantes –tragar, sepultar–, que presagian que se cierne sobre Washington una tempestad política y constitucional habida cuenta de que el foco de la investigación apunta a la cima del sistema. Y al enumerar las preguntas que de una u otra forma saldrán al paso del trabajo de Mueller se hace aún más evidente la inconmensurable dimensión del conflicto, desde la interferencia rusa en la campaña a la por lo menos sorprendente decisión del presidente de facilitar a Serguei Lavrov información en materia de seguridad obtenida por otra potencia –quizá Israel– y que puede poner en riesgo a quienes la obtuvieron.

Algunas de estas preguntas pueden formularse mediante enunciados muy simples, pero dan pie a respuestas eventualmente intranquilizadoras para los conciudadanos de Donald Trump, que pueden sentirse legítimamente defraudados por prácticas ajenas a la transparencia democrática exigible en cualquier proceso electoral. Al preguntar cuál fue el alcance de la intromisión rusa en la campaña, hasta dónde llegaron las presiones para que el FBI dejara de investigar la russian connection de Michael T. Flynn, efímero consejero de Seguridad Nacional, y qué información se llevó Lavrov a Moscú, facilitada por Trump, caben toda clase de respuestas alarmantes para el sistema, en general, para la continuidad en las tradiciones políticas de Estados Unidos y para la inconsistencia de un Ejecutivo que sigue creyendo que el Estado puede gestionarse como una empresa asociada a otras empresas. Sin sutilezas ajenas a la rentabilidad del momento, condicionado todo por la fijación de metas rentables y nada más.

Dice Donald Trump sentirse perseguido como no lo fue ningún otro presidente, una exageración sin duda. En todo caso, ninguno de sus predecesores empezó con tan mal pie, suscitando tantas dudas acerca de su capacidad para ocupar el puesto que ocupa y tan contestado en la calle. Pero hay más: desde que el republicano Kevin McCarthy le dijo a Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y asimismo republicano, que está convencido de que Putin paga a Trump (15 de junio de 2016) y James Comey, destituido por Trump como director del FBI, anotó en un memorándum que el presidente le exigía que dejara de investigar a Flynn (febrero de este año), puede decirse que se dispone de algo bastante cercano a pruebas documentales para colegir que algo huele a podrido en la Casa Blanca. Y es poco menos que imposible que el olfato de Mueller no lo detecte.

Es tan poco probable que el nombramiento de un fiscal especial, decidido por Rod J. Rosenstein, número dos del Departamento de Justicia, es un movimiento político lleno de riesgos para la estabilidad republicana. La CNN sostiene que los republicanos juegan al todo o nada, algo siempre peligroso, salvo que haya ganado adeptos la hipótesis desarrollada por uno de los analistas de Politico.com, insinuada varias veces las últimas semanas: que el establishment del partido daría por buena, impeachment mediante, una resolución de la crisis institucional con Mike Pence, vicepresidente ahora, en la presidencia, y Paul Ryan en la vicepresidencia. Un juego de manos, una componenda para serenar el republicanismo y apartar del puente de mando a la extrema derecha populista que lleva en él desde el 20 de enero.

Todo esto es algo más que una teoría de la conspiración ad hoc porque, salvo ingenuidad manifiesta, es imposible que Trump salga indemne del laberinto en el que se ha metido, rodeado de asesores inexpertos o poco rodados que son incapaces de ordenar la Administración, fijar prioridades y desarrollar un programa reconocible. Dana Milbank, un reputado analista de The Washington Post, sostiene que acaso el nombramiento de Mueller sirva para salvar al Partido Republicano y al presidente de sí mismos, pero es inimaginable que tal salvamento no deje algunas víctimas para preservar el sistema, respetar la división de poderes y salvaguardar el equilibrio entre Gobierno y Parlamento. Aquí no valen la posverdad, los hechos alternativos y otras zarandajas pensadas en el ala oeste de la Casa Blanca para construir una realidad virtual a gusto del presidente.

Por decirlo con palabras muy de cuando el escándalo Watergate: hay pistolas humeantes en el horizonte. En los días de Richard Nixon fueron las cintas grabadas en el Despacho Oval, que sumieron a la presidencia en el oprobio; hoy son las conversaciones de unos, las anotaciones de otros y esa transcripción del diálogo de Trump con Lavrov que reclaman los dos grandes partidos y que Putin dice estar dispuesto a entregar, aunque la fidelidad documental del presidente ruso sea más que discutible y la utilidad probatoria de lo que dé por escrito sea poco más que papel mojado. “Entonces como ahora el problema principal no es el delito en sí mismo, sino el intento de encubrirlo”, explica un analista de The Guardian al comparar las miserias del caso Watergate con esas otras miserias tan recientes, esa frase recogida por Comey de labios de Trump: “Espero que pueda dejarla” (la investigación sobre los contactos de Flynn en Rusia).

La mezcla explosiva de mentiras, encubrimientos y obstrucción a la justicia hace cada día más difícil que Trump pueda recuperar su imagen pública, incluso entre una parte de quienes lo votaron hace solo medio año. Al cumplir cuatro meses en el Despacho Oval, el desprestigio de la presidencia es de tal calibre que va más allá del simple desgaste personal del titular de la institución, alcanza al partido y agrava la fractura social en una sociedad profundamente dividida por dos visiones antagónicas, irreconciliables, del futuro de Estados Unidos. Como en los días del Watergate, lo excepcional se ha convertido en cotidiano, el presidente ha pasado a ser un sospechoso habitual y su equipo de colaboradores más cercanos ha quedado en evidencia, desacreditado por una política errática que incomoda a los aliados y carece de precedentes en la historia del país. Todos los hombres del presidente, la gran investigación periodística de Bob Woodward y Carl Bernstein, vuelve a ser de lectura imprescindible.