About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

La pandemia atenaza Europa

La segunda ola de la pandemia ha sumido a los europeos en una mezcla tóxica de desorientación y escepticismo por lo que puede deparar el futuro, ha dejado al desnudo la debilidad o la improvisación de muchos liderazgos y ha alentado la reacción disparatada de algunos políticos que creen haber encontrado en la extensión de la enfermedad el arma ideal para desbancar a sus adversarios (el caso español, uno de los más relevantes). Mientras se dispara la curva de contagio y la comunidad científica reclama que se limite la dinámica social a lo estrictamente necesario, hay quien se parapeta en la toga de los jueces para arremeter contra quienes, por lo menos, anteponen la salud de sus conciudadanos a otras consideraciones. Mientras todo esto sucede, opiniones públicas saturadas por informaciones cruzadas, a menudo contradictorias, y por redes sociales que difunden toda clase de teorías extravagantes, se preguntan ¿y ahora qué?

La oportunidad regenerativa que el filósofo Emilio Lledó vio en mayo en la lucha contra el virus se ha desvanecido en gran medida porque una realidad acuciante se ha adueñado del centro del escenario. Una forma insensata de desunión a la hora de afrontar la enfermedad ha sentado a los europeos ante sus propias limitaciones; ha hecho aflorar en España todas las carencias de un modelo descentralizado, pero sin instrumentos de coordinación efectiva de las autonomías; ha puesto en evidencia la estupidez economicista cometida en muchos países, no solo en España, al recortar los recursos de la sanidad pública; ha dejado al descubierto como una falacia la pretendida solidez de estructuras sociales que se desmoronan.

Cuando el profesor italiano Massimo Cacciari afirma que la pandemia “es un formidable acelerador de tendencias culturales y sociales que existían desde hace décadas” evita presentar la crisis desencadenada por la enfermedad como una puerta abierta a la regeneración. Más parece que lo que ahora se concreta de forma acelerada –“la organización general del trabajo, la hegemonía de los sectores económicos y financieros conectados a las nuevas tecnologías, la crisis de las formas tradicionales de democracia representativa”– no es más que un cambio inexorable que causa la quiebra del pacto social porque se da sobre la marcha y va por delante de las iniciativas políticas que pretenden gestionarlo.

El programa de reconstrucción impulsado por la Unión Europea pone el acento en la energía verde, la contención de la emergencia climática y la digitalización en todas direcciones. Al mismo tiempo, el aumento del paro derivado de la hibernación de la economía y la marcha atrás en muchos ámbitos a causa de los rebrotes, obliga necesariamente a retrasar los efectos beneficiosos que puede tener el plan promovido por Bruselas. Y aun en el caso de que tales efectos se pongan de manifiesto a medio plazo, no hay garantías de que sean suficientes para rescatar de la marginalidad a un número indeterminado, pero muy alto de familias europeas, cuyo modo de vida se ha llevado por delante el covid-19 y ha agudizado las desigualdades. La pregunta contenida en un editorial de The New York Times es perfectamente aplicable a Europa: “¿Cuánta gente se verá condenada a una prolongada marginalidad a causa de la crisis económica?”

El punto de interrogación es pertinente porque del precedente dejado por la salida de la crisis de 2007-2008 cabe sacar bastantes enseñanzas. Acaso la principal sea que doce años después de que se tambaleara la economía, aún son muchos los que han visto su estándar de vida disminuido y es un hecho que segmentos muy importantes de la clase media perdieron un poder adquisitivo que no han recuperado. Quizá la segunda lección relevante es el ascenso de la extrema derecha, de un populismo oportunista de inspiración neoliberal o iliberal que gana espacios de poder elección tras elección o bien obliga a los grandes partidos que construyeron la Europa de la posguerra a pergeñar apresuradas alianzas para afrontar el desafío (Alemania, el ejemplo más ilustrativo).

El empresario alemán Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, advierte: “Las reglas de comercio, tributación y competencia que reflejan décadas de influencia neoliberal ahora tendrán que ser revisadas. De lo contrario, el péndulo ideológico –ya en movimiento- podría oscilar de vuelta hacia el proteccionismo a gran escala y hacia otras estrategias económicas perjudiciales para todos”. Tal revisión es ineludible porque el proteccionismo se ha convertido en una de las señas de identidad de los eurófobos, los euroescépticos y otros especímenes ideológicos que no pretenden corregir los excesos de la globalización, sino herirla de muerte. Pero, de nuevo, los cantos de sirena proteccionistas en el seno de sociedades que están lejos de haber controlado la enfermedad cuentan con auditorios predispuestos a escucharlos.

La defensa de la salud opuesta a la preservación de la economía parte de un falso dilema porque sin proteger la salud no es posible proteger la economía. Cuanto más tiempo sean necesarias medidas excepcionales que limitan actividades económicas o simplemente las impiden, mayor será el impacto en la economía, que es tanto como decir en el mercado de trabajo, en la viabilidad de las empresas y en el sostenimiento de los amortiguadores sociales que atenúan la onda expansiva de la crisis. Es esta una opinión compartida por la mayoría de analistas, pero que el populismo negacionista se resiste aceptar, aunque las cadenas de contagio se disparan sistemáticamente allí donde prevalece una presunta protección de la economía. Si a ello se suma la brega para erosionar a los contrincantes  políticos –véase Madrid–, se provoca una situación moralmente reprobable y materialmente ruinosa.

“No habrá recuperación sostenible de la economía y del empleo mientras no logremos cicatrizar las heridas mentales y sociales que deja la pandemia”, ha escrito en EL PERIÓDICO el profesor Antón Costas. A los ciudadanos europeos, en general a los ciudadanos de Occidente, nos queda mucho camino por recorrer: de momento, nos hemos instalado en la fase depresiva, que no es incompatible con cierto hartazgo y una sensación colectiva de fracaso. Transitar a través de esa densa neblina requiere el concurso de dirigentes políticos dispuestos de antemano a no manipular las emociones, a olvidarse de los eslóganes y a no dar falsas esperanzas. El recuento de víctimas es demasiado alto como para que salgan indemnes quienes se entreguen a tales prácticas reprobables.

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Desafíos populistas a la democracia

Las democracias liberales afrontan por diferentes razones una impugnación cada vez más intensa y efectiva de su escala de valores, de su legado político y de su empeño histórico en garantizar el ejercicio de las libertades básicas. El auge de los populismos, el ascenso de la extrema derecha y la renuncia del establishment a contener la escalada de la desigualdad y a minimizar el coste social de la salida de la crisis económica del bienio 2007-2008 han dado alas a ofertas que parten de una burda simplificación de los problemas, pero atraen a una opinión pública desorientada por las incertidumbres que se ciernen sobre el futuro. La remisión a los grandes mitos nacionales ha sido de mucha ayuda en esa arremetida contra la democracia, aunque tales mitos, por razones intrínsecas a su naturaleza imaginaria, carezcan de consistencia histórica y, con harta frecuencia, no sean más que fabulaciones o manipulaciones interesadas del pasado.

En The Return of Traditionalism and the Rise of the Populist Right (El regreso del tradicionalismo y el ascenso de la derecha populista), Benjamin R. Teitelbaum destaca, entre otras características del momento, la vinculación de los estrategas del populismo ultraconservador con movimientos espirituales tradicionalistas que rechazan la modernidad y sus ideales. “Al repudiar la Ilustración –escribe Teitelbaum– los tradicionalistas exaltan lo que consideran valores atemporales” y ponen en duda la cultura democrática: la autonomía del individuo, la existencia de verdades universales aplicables a cualquier sociedad y otros rasgos característicos del orden social y político al que se oponen porque lo consideran superado o fracasado. Lo que en ningún caso consideran trasnochado es un nacionalismo conceptualmente agresivo y, a veces, físicamente violento.

Probablemente, ni Steve Bannon ni Alexander Dugin ni Olavo de Carvalho, figuras destacadas de la prédica populista de extrema derecha, se tienen por adversarios de la modernidad, sino más bien por activistas de una modernidad puesta al día, adaptada al presente. A decir verdad, se trata de una falsa actualización que, justamente por su carácter falsario, justifica la opinión del escritor estadounidense Richard Ford en un ensayado publicado en El País: “En América se respira el peligro”. Se trata de un peligro concreto y difuso a un tiempo que se desprende de la utilización por la extrema derecha de las reglas de la democracia, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa; se trata de un mecanismo de difusión en manos de personajes tan diversos como Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán y otros gobernantes menos citados, pero no menos militantes de la misma corriente.

El monográfico Gouverner (Gobernar), publicado por el periódico Le Monde, se refiere a la regla de las cuatro des, derivadas de “una dinámica de transformación a cuatro voces”, especialmente relevante a causa de la pandemia:

Primera d: descentramiento de lo político habida cuenta de que lo económico, lo religioso, lo cultural y lo social evolucionan más deprisa que la política.

Segunda d: demografía o cómo hacer posible una gobernanza mundial para más de 7.000 millones de seres humanos.

Tercera d: democracia en crisis o cómo reinventar el vínculo de confianza y legitimidad entre gobernantes y gobernados.

Cuarta d: dirigentes, percibidos estos como gestores incapaces de ver el mundo tal cual es.

En cada uno de esos campos cabe detectar la brega de un populismo entregado en presentar la respuesta a tales desafíos como algo al alcance de la mano mediante una oferta política que jamás entra en detalles, que funciona en las redes sociales como un resorte de convicción irrefutable mientras sus adversarios ideológicos, desde la derecha civilizada a la izquierda democrática, se manifiestan incapaces de contrarrestar el desafío, de defender programas atractivos y realistas a un tiempo, capaces de traducirse en resultados tangibles. Se diría que se trata de un marco de referencia ideal para que progrese la democradura, palabra mestiza surgida del cruce de democracia y dictadura, un deslizamiento hacia el autoritarismo y la resistencia de la extrema derecha que llega al poder a desprenderse de él si así lo deciden los electores (Trump no oculta sus intenciones). Dicho de otra forma: una democradura es una democracia adulterada, viciada, un sucedáneo, el primer paso hacia la extinción de la democracia.

Los atributos del hombre-pueblo que menciona Pierre Rosanvallon en El siglo populista son perfectamente detectables en líderes tributarios de diferentes culturas políticas, personajes más o menos carismáticos que se presentan como intérpretes esclarecidos de las necesidades más apremiantes de sus conciudadanos, una forma de culto a la personalidad que Donald Trump resumió en una frase durante la campaña electoral de 2016: “Yo soy vuestra voz”. A partir de una frase de este tenor no es arriesgado concluir que si las necesidades de los electores –de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes– se sintetizan en las inquietudes de un solo hombres, los programas detallados, el debate de ideas  y el criterio de los expertos corren el riesgo de quedar fuera de juego, siquiera sea de forma aparente.

“No sé mucho de autoritarismo protofascista –escribe Richard Ford–, solo lo que leo en los libros, pero las palabras me asustan un poco. A diferencia del excepcionalismo estadounidense, sé que el autoritarismo no es un mito, y que una de sus características iniciales más siniestras y destructivas es que no se anuncia como lo que es, sino como una solución directa, rápida, racional e inevitable para todo lo que aqueja a la gente y a su país”. Hay, en efecto, palabras que asustan un poco, voces atronadoras que ocupan el vacío dejado por cuantos han decepcionado a sus conciudadanos en muchos lugares, hipnotizados los decepcionantes por análisis macroeconómicos que dinamitaron en demasiados lugares el contrato social bastante antes de declararse la pandemia. Acallar tales voces no es solo políticamente necesario, sino socialmente indispensable para que prevalezca la decencia, que es tanto como decir para poner a salvo la democracia.

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Trump y “El cuento de la criada”

Después del primer debate de campaña entre Donald Trump y Joe Biden ha quedado meridianamente claro que el presidente no aceptará el 3 de noviembre otro resultado que no sea el de su victoria. Se trata de una situación insólita en la historia de Estados Unidos que da pie a los peores presagios o, como mínimo, hace temer que el escrutinio se prolongue lo indecible, se ponga en marcha una campaña de intoxicación informativa desde la Casa Blanca, se multipliquen los recursos ante los tribunales y quién sabe si, en caso de relevo, el presidente saliente obstaculizará finalmente el traspaso de poderes. Todo es posible porque, al tiempo que los analistas menos apasionados coinciden en que los grandes perdedores del debate del martes fueron los electores, las encuestas siguen dando una ventaja sustancial a Biden y pronostican que Trump tiene todas las de perder en alguno de los swing states que le dieron la victoria en 2016.

Hay tres factores desde la noche ominosa del 29 de septiembre que pueden agravar la situación de Trump: el positivo en coronavirus de él y su esposa, la negativa del equipo de la campaña presidencial a cambiar algunas reglas para el segundo debate a fin de evitar el espectáculo bochornoso del primero –Biden fue interrumpido más de 30 veces– y la inquietud de una parte seguramente minoritaria, pero significativa del establishment republicano. Al enfermar el matrimonio Trump han quedado más en evidencia que nunca los disparates y la estupidez presidencial al encarar la pandemia –“solo quiero decir que el final de la pandemia está a la vista y el próximo año será uno de los mejores en la historia de nuestro país”, declaró pocas horas antes de certificarse su contagio–; al no aceptar cambios en el formato de los debates propuesto por la comisión nacional ad hoc certifica que donde se siente más a gusto es en medio de un barrizal; al multiplicarse las opiniones de republicanos compungidos se manifiesta una alteración de efectos imprevisibles en el ecosistema electoral del partido.

Joe Scarborough, un exmiembro republicano de la Cámara de Representantes por el estado de Florida y respetado analista, sostiene en The Washington Post que el comportamiento de Trump en el primer debate “probablemente le costará la reelección” porque la reacción que suscitó fue “rápida y radical”. Scarborough recoge opiniones autorizadas como la del historidor Jon Meacham, premio Pulitzer –“fue el momento más bajo de la presidencia desde los informes racistas de Andrew Johnson”–, la del también historiador Michael Beschloss –“la democracia fue barrida”– y la del periodista Bob Woodward, que acusa a Trump de “asesinar la presidencia”. Todo remite en el fondo a la opinión tantas veces manifestada por el senador por Arizona John McCain, republicano, fallecido en 2018, que no dejó de deplorar hasta el último días la forma y los mensajes del presidente, siempre hirientes, siempre desaforados, siempre despectivos con sus adversarios.

Nada hay de extraordinariamente original en la vulgaridad del personaje, en su falta de principios, en la catadura moral de quienes le inspiran o en quienes se apoya para capturar la atención de un segmento muy importante de votantes conservadores que han encontrado en la propuesta política de Trump el antídoto a cuanto les molesta procedente de Washington, de los ambientes liberales, de quienes discuten la posesión de armas, de quienes recelan de la proliferación de predicadores retardatarios, afectos a una aplicación radical y zafia de las escrituras. Son los mismos electores que acogieron con angustia la elección de Barack Obama, los mismos que se reconocen como guardianes de las esencias en la llamada América profunda. Son electores que nada tienen que ver ni política ni culturalmente con los electores de estados industrializados, votantes asimismo de Trump, dañados por los efectos sociales de la salida de la crisis de 2008, que optaron por él en 2016 porque creyeron que sanaría sus heridas.

Lo cierto es que la pandemia ha trastocado todos los esquemas, y el endurecimiento del presidente tiene mucho que ver con la tragedia humana y la crisis económica que ha desencadenado. Todo cuanto dice, hace y prevé el presidente está íntimamente relacionado con esa realidad inesperada e insoslayable, desde la propuesta de que Amy Coney Barrett, una integrista católica, sea la sucesora en el Tribunal Supremo de la progresista Ruth Bader Ginsburg, hasta su mención positiva en el debate de los Pround Boys, una organización supremacista blanca (Trump renegó de sus palabras dos días después para remansar las aguas en el Partido Republicano, pero fue demasiado tarde).

No es de extrañar que lo que Donald Trump hace y representa se vea a menudo como una precuela de El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y de la subsiguiente teleserie; no debe sorprender que se perciba como el primer sillar de un universo que tiende a las ideas totalitarias, que discute las reglas básicas de la democracia liberal, que ve a la Administración federal como un mecanismo intrusivo. De momento, la Casa Blanca ha sido capaz en cuatro años de alterar la relación entre republicanos y demócratas de tal manera y con tal intensidad que ha agudizado sin freno la división social; ha convertido en norma el desprecio al adversario hasta hacer imposible las políticas bipartidistas, consustanciales al sistema.

Martin Luther King III dijo el mes de junio, a propósito de los disturbios raciales en varias ciudades, que el presidente “se mantenía sordo a la realidad” e “incitaba a la violencia”. Lo más probable es que no se trate de sordera, sino de la traducción práctica del eslogan Ley y orden, pasadas ambas exigencias por el tamiz de la extrema derecha, de igual manera a cómo en la obra de Atwood el fundamentalismo religioso da origen de una teocracia asfixiante y cruel. Hay algo de intrínsecamente dañino en el mundo de Trump porque atenta directamente contra la vigencia de la democracia; en el entorno de la Casa Blanca se esconde algo de profundamente peligroso para la solvencia moral del poder, para la diversidad cultural y la convivencia entre diferentes. Declarar que “la democracia está amenazada”, como han hecho un grupo de escritores estadounidenses, convocados por Paul Auster y Siri Hustvedt, no es resultado de un alarmismo extemporáneo, sino de una atmósfera irrespirable que envenena el futuro.

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La pandemia siembra la división

Los rebrotes de la pandemia en Europa amenazan con descoyuntar la recuperación económica y con desmoralizar a franjas amplísimas de una opinión pública en la que cunden las dudas, los agravios comparativos, la sensación de ineficacia y, al mismo tiempo, la tendencia a relativizar los riesgos asociados a un cumplimiento laxo de las medidas orientadas a limitar las redes de contagio. La segunda ola se ha convertido en un actor político invisible que lo mismo sirve agravar la división política –España, uno de los casos más reseñables– que para reforzar a un gobernante (Giuseppe Conte), que tanto vale para que alguien se vea obligado a sentarse ante el espejo de sus errores (Boris Johnson) como para que abunde en un sectarismo desbocado (Viktor Orbán). El covid-19 es una amenaza multifuncional que los gobernantes europeos creyeron tener bajo un relativo control a finales de la primavera, pero que se reactivó en verano con fuerza inusitada y amenaza con un otoño tóxico.

Las trifulcas políticas contribuyen de forma decisiva a la relajación de la disciplina social. El comportamiento errático de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es tan perjudicial para que los ciudadanos se atengan al cumplimiento de medidas restrictivas de diversa índole como lo son los profesionales del alarmismo, los negacionistas, los difusores de extravagantes teorías pseudicientíficas y personajes nefastos para afrontar la enfermedad como Donald Trump y Jair Bolsonaro. De tal manera que cada vez es mayor la desorientación ante la falta de resultados y el cruce de puntos de vista contradictorios, cuando muchas veces obedecen simplemente a un cálculo electoral, mientras se disparan las estadísticas, cada día se da un paso más hacia la tensión hospitalaria y toda esperanza se reduce al alumbramiento de una vacuna a la mayor brevedad.

El analista Alexander Friedman, cofundador de la Jackson Hole Economics, va más allá y sospecha que en Estados Unidos “la disparatada cifra de muertos de la pandemia”, por encima de los 200.000, puede contribuir a insensibilizar a una opinión pública capaz de asumir la observación de Stalin: “Un muerto es una tragedia; un millón de muertos es una estadística”. Lo que lleva a Friedman a temer que la insensibilización arraigue en amplias capas de población y que el Gobierno se sienta liberado de su obligación de actuar. Un peligro del que las sociedades europeas no están vacunadas; de hecho cada día son más frecuentes los opinantes que achacan la aparición de los rebrotes en todas partes a la indisciplina social, al comportamiento de los jóvenes y a otras causas ajenas a la actuación de los poderes públicos.

Lo cierto es que una simple aproximación a cifras comparativas, tal como hace Friedman en su análisis, es suficiente. Basta un solo ejemplo: el Ejército de Estados Unidos contabilizó en Europa 104.812 muertos entre el 6 de junio de 1944 (desembarco de Normandía) y el 8 de mayo de 1945 (rendición de Alemania). Las víctimas del coronavirus no son una mera estadística, son una tragedia que desautoriza a quienes la minimizan, a quienes rehúyen pechar con el coste social y político de tomar medidas radicalmente limitativas de la movilidad y creen que es posible salvar la situación con restricciones parciales o simples recomendaciones. Cuantos así encaran el problema dan por supuesto que ser más contundente dañará su futuro político, pero lo sucedido en Italia en las elecciones del domingo y el lunes pasado desarma esa presunción: los votantes de muchos lugares han entendido que el Gobierno ha actuado de forma útil y razonable en una situación endiablada.

La gestión de la pandemia ni admite medias tintas ni posponer medidas que ya son aconsejables hoy. Tampoco admite la descoordinación entre unidades territoriales y entidades políticas como sucede a escala española entre comunidades autónomas y a escala europea, entre estados. Hay bastante unanimidad entre los científicos acerca de qué hay que hacer y en que los trabajos para lograr la ansiada vacuna obligan a observar plazos y cautelas por razones evidentes de seguridad. El resto es una mezcla de ineficacia, propaganda política e incapacidad para fajarse con la realidad. El llamamiento a la coordinación entre gobiernos hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es perfectamente extensible a la realidad española, donde la descentralización sanitaria exige un altísimo grado de responsabilidad a los gobiernos de las autonomías para perseverar en la humildad y no dar lecciones a nadie.

Tampoco deben los gestores de la pandemia dejar de neutralizar la intoxicación informativa y los efectos de lo que la OMS llama infodemia, que define así: “Una sobreabundancia de informaciones –algunas ciertas, otras que no lo son– que complica la tarea de quienes tratan de dar con las fuentes y los consejos fiables que precisan”. Las redes sociales han hecho posible el crecimiento de un conglomerado de informaciones falsas, inexactas, imprecisas, a menudo descabelladas, que requieren de la respuesta autorizada y permanente de los expertos. No se trata de ejercer la censura o de silenciar, sino que es un deber cívico desautorizar aquello que nada tiene que ver con los datos que manejan los científicos. De no cumplirse con esa tarea, se contribuye a que se agrave la desorientación de la opinión pública, sometida a un bombardeo de datos y teorías sin mayor fundamento.

Las investigadoras Françoise Barré-Sinoussi, premio Nobel de Medicina en 2008, y Adeeba Kamarulzaman, especialista del sida, alertan de los riesgos asociados a las falsas informaciones referidas a la pandemia, de determinados tratamientos sin el aval de los epidemiólogos y de la utilización que de este material hacen líderes populistas, narcisistas sin escrúpulos y desaprensivos sin conocimientos. Y al llamar la atención sobre este fenómeno, que con frecuencia adquiere una naturaleza viral en las redes sociales, reclaman alguna forma de combate contra la confusión mientras no deja de crecer el parte de bajas.

Este desafío global no es un juego de estrategia que ganarán los más astutos, los más críticos o los más desacomplejados. La pandemia es un reto a escala universal que requiere un altísimo grado de complicidad entre administradores y administrados, y que no debe buscar en el tratamiento de la pandemia aplicado en otros lugares –China, Corea del Sur– la solución idónea para las sociedades europeas. Dicho de otra forma: el precio de vencer la enfermedad no debe ser que la cultura política europea salte por los aires, no únicamente por razones de estricta higiene democrática, sino porque no hay un solo especialista que defienda tal cosa. Tampoco debe ser el precio a pagar para frenar los contagios un agravamiento de la fractura social que, esta sí, ha erosionado el pacto social en las sociedades europeas y tiende a empeorar. La situación en Madrid es un ejemplo clamoroso.

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El PP, bajo sospecha

La rentrée política se ha emponzoñado a las primeras de cambio con demasiados ingredientes para enfrentar al Gobierno y al PP, para convertir en un crucigrama la formación de una mayoría suficiente capaz de aprobar el presupuesto. La estéril discusión en la que ha derivado la gestión de la pandemia y la secuela de rebrotes –quizá sea la segunda oleada, pronosticada para más tarde– corre el riesgo de quedar oscurecida por el contenido de la causa que se sigue contra responsables del Ministerio del Interior encabezado por Jorge Fernández Díaz, tiempos de Mariano Rajoy.

La pretensión de Pablo Casado de presentar el asunto como “investigaciones judiciales de tiempos muy pasados” apenas logra desvanecer la sensación de que algo huele a podrido y obliga a los populares a producir cortinas de humo. El problema es que el trabajo realizado por el juez José de la Mata y la pretensión de la fiscalía de que se investigue a Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP cuando sucedió todo, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro contienen suficiente información como para pensar que la dirección popular participó con plena advertencia en la operación policial destinada a entorpecer la investigación propiciada por los famosos papeles de Luis Bárcenas, tesorero en su día del partido. Lo realmente demoledor es la presunción de que la caja b del partido se nutrió de fondos reservados para espiar a Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias. Y aquí el término presunción es poco más que un formalismo léxico: se recurre a él porque el momento procesal impone utilizar esta palabra y no otra.

Dicho de otra forma: la impresión imposible de borrar es que el Gobierno que presidía Rajoy, o al menos una parte de él, echó mano de la llamada policía patriótica, organizada en los despachos de Interior, quiso emborronar las pesquisas encaminadas a establecer el alcance de los papeles de Bárcenas, quiso imposibilitar la aclaración de supuestos pagos encubiertos a líderes del partido. Todo lo demás es importante, pero no determinante; que el nombre de José Manuel Villarejo aparezca en medio del pastel es significativo, pero es del todo insuficiente para desviar la atención hacia quienes desde el poder ejecutivo pudieron hacer de su capa un sayo. Y todo eso no sucedió hace tanto tiempo, como pretende Casado, sino en el periodo 2013-2015.

Que haya una investigación abierta que afecta a Unidas Podemos no quita gravedad al caso que instruye el juez De la Mata. Basta recordar que Pablo Casado fue a partir de enero de 2015 portavoz del comité de campaña de las autonómicas y municipales de ese año y a partir de junio, vicesecretario de comunicación para deducir que se encontraba muy cerca del núcleo duro del partido. De tal manera que puede verse en el trance de comparecer en la comisión de investigación impulsada en el Congreso por el PSOE y por Unidas Podemos y en la lógica necesidad de establecer una distancia física y ética entre él y sus antiguos jefes, Rajoy y De Cospedal, a quienes los socialistas piensan citar a declarar. Un regate que entraña riesgos porque, según lo concrete, puede dar pie a aplicar la locución excusatio non petita, accusatio manifesta.

Para una población sometida a la doble presión de la pandemia y de un horizonte económico borrascoso, el enésimo caso de corrupción es desmoralizador, desprestigia la política y a los políticos, suministra material de primera calidad a los predicadores del populismo y alimenta a la extrema derecha. El olvido de la famosa frase de Bertrand Russell “no creas conveniente actuar ocultando pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz” arruina la confianza en las instituciones, en quienes figuran en ellas, y este último escándalo no hace más que contribuir a tal distorsión. Demasiadas veces el ejercicio del poder recuerda las últimas palabras de Kurtz en El corazón de las tinieblas: “El horror, el horror”. Con la consecuencia añadida de que cuantos ejercen sin tacha el poder, sea este grande o pequeño, resultan salpicados por quienes lo degradan.

Para la consistencia de la democracia, lo peor es la reiteración de los comportamientos irregulares o sometidos a sospecha o juzgados y sentenciados: desde los ERE de Andalucía a las cuentas del rey emérito, del caso Pujol al caso Palau. Todo conspira en contra de la confianza en la democracia cuando el veneno de la corrupción infecta la política con episodios como el del PP. Con el daño añadido de que mucho antes de que haya sentencia firme, la consistencia de las pruebas induce a la opinión pública a pasar de la presunción de inocencia a la de culpabilidad, una reacción inevitable si, además, se multiplican las explicaciones poco convincentes, forzadas, sesgadas y retóricas como es el caso.

Hay demasiados precedentes dentro y fuera de España de hasta qué punto crece la bola de la corrupción en cuanto empieza a deslizarse por la “pendiente ruinosa” (Enrico Berlinguer). ¿Qué dimensiones adquirirá al final el caso en curso? ¿Había dado Rajoy el visto bueno a la policía patriótica? ¿Qué operaciones, compromisos y salarios opacos se pagaban con la caja b? ¿De dónde salía el dinero? En realidad, estas son solo unas pocas preguntas de las muchas que pueden formularse y merecen tener cuanto antes una respuesta precisa. De no ser así, saldrá reforzada la idea muy extendida de que todo se oculta, todo se tapa para que nada trascienda y se ponga oficialmente en duda la solvencia del sistema, la probidad de quienes deben servirlo y no servirse de él con manejos inconfesables. Cuando a Richard Nixon le preguntó un periodista, años después de su dimisión, cómo lo hicieron él y sus colaboradores para desviar fondos de la campaña electoral de 1972 para financiar actividades encubiertas, el expresidente fue escueto y tajante: “Lo hicimos mal; actuamos mal”. El reconocimiento del atropello tardó en llegar, pero al final llegó. Veamos aquí.

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Trump saca partido al racismo

El deterioro del clima social en Estados Unidos ha llevado la campaña electoral al terreno en el que Donald Trump se siente más cómodo, aquel en el que no importan los datos y los programas, sino la explotación de sentimientos tan primarios como el miedo. El correlato de las convenciones demócrata y republicana ha sido en un primer momento el acercamiento de las expectativas de voto del presidente a las de Joe Biden, confirmando así la creencia de algunos asesores políticos de que quien más grita parece, de entrada, estar en lo cierto, llevar razón. Pero, al mismo tiempo, las baladronadas de Trump da la impresión de que desconciertan a una parte de su electorado sobrevenido de 2016, que buscó en él el antídoto a los efectos de la crisis económica y se encuentra hoy con el paro desbocado, la pandemia fuera de control y un aire irrespirable en las calles de demasiados lugares.

La comprensión del presidente con el joven ultraderechista que mató a dos personas en Kenosha (Wisconsin) y su defensa sin excepciones del comportamiento de la policía, inaceptable con preocupante frecuencia, devuelve la imagen de un racista cada día menos encubierto y más dispuesto a sacar partido de los disturbios que han desfigurado a veces la campaña Black lives matter. Al mismo tiempo, la reiteración de casos de violencia -el último, en Rochester (Nueva York)- induce a pensar que la peor tradición policial en Estados Unidos cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y que sus ejecutantes se sienten legitimados para perseverar en prácticas brutales. Es un hecho que hacía décadas que el problema racial en Estados Unidos no se manifestaba de forma tan lacerante, tan fuera de control y tan próximo a invocar todos los demonios familiares, todos los fantasmas de la historia del país.

En plena refriega, con la movilización de sectores con gran proyección social como el deporte profesional, el cine y el mundo académico, los sondeos intentan desentrañar hasta qué punto el paisaje favorece a Trump. Las cifras publicadas el jueves por Politico.com referidas a diferentes encuestas nacionales y estatales indican que la aproximación de Trump a Biden es menor a lo que pareció inmediatamente después de la convención republicana. Según la recopilación de datos hecha por el medio, Biden mantiene una ventaja sustancial sobre Trump, “aunque está lejos de ser segura”, un matiz importante porque faltan dos meses para las elecciones y las variables se suceden a velocidad de vértigo. Es decir que aunque ninguna encuesta da al candidato demócrata una intención de voto inferior al 49% ni al presidente una superior al 43%, nada está ni mucho menos decidido.

Alguien tan poco sospechoso de veleidades liberales como el muy conservador Bill Kristol estima que un segundo mandato de Trump es muy peligroso. Desde luego, lo puede ser para la cohesión social de una sociedad atravesada de parte a parte por varias fallas tectónicas, de las que la provocada por el problema racial es quizá la más preocupante en términos de estabilidad, equilibrio emocional e igualdad ante la ley. En la complejidad moral de una sociedad para la que, en términos históricos, la herencia de la esclavitud es algo presente en la vida cotidiana de muchos estados, es determinante el poso dejado por la guerra civil, la cultura de los prejuicios raciales, las movilizaciones por los derechos civiles y la respuesta del racismo organizado.

El analista Robert North Patterson formula una doble pregunta íntimamente relacionada con tal herencia: ¿cuánto tiempo preocupará a la comunidad blanca la violencia policial ejercida sobre la afroamericana y en qué momento se truncará su apoyo a causa de la violencia y el desorden en la calle? La pregunta no pretende generalizar –una parte de la sociedad blanca seguirá al lado de la negra y de sus reivindicaciones pase lo que pase–, pero sí alertar sobre un riesgo cierto de futuro. Seguramente, los estrategas de Trump cuentan con ello y las declaraciones a televisiones nacionales y extranjeras de ciudadanos blancos de Portland, Kenosha y otros lugares parecen dar la razón a Patterson: muchos se inquietan por las noches de saqueo y a regañadientes o convencidos se inclinan por la ley y el orden que predica la Casa Blanca.

No todo vale para captar votos durante una campaña electoral. Pero este fundamento de la democracia, que impone límites éticos al comportamiento de los candidatos, tiene un valor secundario para Trump y su entorno. Al manifestar el escritor Colson Whitehead en EL PERIÓDICO que “un gato muerto sería mejor presidente que Trump” no hace más que recoger el sentir liberal, el mayoritario en la sociedad afroamericana y en diferentes minorías, pero hay una comunidad realmente grande de votantes que han encontrado en el presidente el escudo de seguridad necesario para protegerse en tiempos de zozobra. Nada es más importante para ellos que mantenerse en una zona de relativo confort, sin que importe demasiado cuál es el precio a pagar. Para los acogidos a tal planteamiento, lo más importante es sentirse preservados de los efectos de las sacudidas sociales, y ese enfoque del futuro engrana sin dificultad con el discurso de Trump.

Cuando un presidente incita a sus seguidores de Carolina del Norte a votar por correo y luego de forma presencial en su circunscripción, algo que es un delito y no solo una infracción administrativa, no hace más que dar la razón a Kristol sobre los riesgos que entraña un segundo mandato. Si el jefe del Estado es capaz de invitar a los suyos a vulnerar la ley, ¿cuál puede ser el paso siguiente? Ni siquiera el propósito de Trump de deslegitimar el voto por correo justifica la maniobra porque, llegado el caso, podría provocar un bloqueo institucional sin precedentes si la victoria es para Biden el 3 de noviembre y la Casa Blanca pone en marcha una estrategia de impugnación general del resultado, algo que cada día temen más voces acreditadas. Pero tal posibilidad queda muy lejos de las preocupaciones inmediatas de muchos partidarios del presidente que, cuatro años después, ven en él al restaurador de las esencias después de la pesadilla de ocho años que para ellos fue la presidencia de Barack Obama. Por eso Trump tiene posibilidades y las encuestas pueden equivocarse.

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Irak, una crisis muy envenenada

El recuerdo de la invasión de Kuwait por Irak hace treinta años (2 de agosto de 1990) lleva inevitablemente a la conclusión de que aquella operación desencadenó un proceso de degradación del statu quo en Oriente Próximo que está lejos de haber sido contenido. Aunque quizá sea más adecuado remontarse a 1980, cuando Estados Unidos decidió inducir una guerra entre el régimen iraquí de Sadam Husein y el iraní de los ayatolás para contener la capacidad de contagio de este último en la región. Las administraciones de Jimmy Carter, muy brevemente, y de Ronald Reagan aceptaron sin decirlo que Sadam desempeñara el papel de aliado necesario en su operación para contener el potencial expansivo de la república islámica y así empezó a descoyuntarse todo el sistema desde el Mediterráneo oriental hasta el golfo Pérsico.

De esa guerra prefabricada surgieron dos realidades divergentes: la urgencia de Irak de sanear su imagen ante la calle árabe y la comunidad suní y la consolidación efectiva del régimen fundado por el ayatolá Jomeini. Así fue cómo el modelo iraní se despegó en lo que pudo de las tensiones en el seno del mundo árabe y, al mismo tiempo, cómo Sadam puso proa a Kuwait y multiplicó sus ataques verbales a Israel, dos enfoques que obedecieron a un mismo propósito: encabezar la disidencia en el orbe árabe por oposición al posibilismo de Egipto, Jordania, Arabia Saudí y, en general, de las monarquías petroleras.

La historia que siguió es de sobra conocida: Estados Unidos entendió que la seguridad de Israel pasaba por liquidar el régimen iraquí, este le proporcionó con la anexión de Kuwait un pretexto convincente para la primera guerra del Golfo y a partir de ahí Sadam pasó a ser el enemigo público número uno, una de las estrellas del eje del mal –Irán, Irak y Corea del Norte– y el líder condenado a la derrota y a la extinción para salvaguardar el equilibrio en la región. De la segunda guerra del Golfo, cuyo presunto objetivo era llevar la democracia a Mesopotamia, surgió un Irak nuevo, debilitado, habitualmente ensangrentado en una competición sectaria entre comunidades y sometido a la tutela de Estados Unidos. La opinión del general Wesley K. Clark de que el Ejército de Estados Unidos no era “de momento” un ejército imperialista quedó desmentida por los hechos; la incapacidad de Estados Unidos para construir estados se confirmó en todos sus extremos.

Tres décadas después de la invasión de Kuwait sigue vigente el análisis de Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations, sobre la naturaleza de las dos guerras del Golfo, su articulación y consecuencias. En su libro de 2009 War of necessity, war of choice (Guerra de necesidad, guerra de elección), Haass enmarca la de 1991 en la categoría de guerra justa, entendida esta como una operación militar que permitió restaurar el poder legítimo en el emirato de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas y, por el contrario, considera la segunda guerra una decisión adoptada por Estados Unidos y parte de sus aliados, fundamentada en informaciones falsas y sin base legal, se diría que poco menos que destinada a empeorar la situación.

Haass describe la primera guerra de Irak “como necesaria por una doble razón, simbólica y estratégica” y juzga que se vio coronada por el éxito al “alcanzar sus objetivos a un coste relativamente modesto”. En cambio, disiente de cuantos admiten que la segunda guerra no era necesaria, pero la creen justificada por la situación general posterior a la guerra de Afganistán (octubre-diciembre de 2001). Y concluye al criticar la invasión de Irak en marzo-abril de 2003: “El uso de la fuerza militar para expulsar regímenes y construir democracias es simplemente demasiado costoso y demasiado incierto en los resultados para constituir un enfoque sostenible”. Una opinión especialmente valiosa porque lo es de un experimentado analista que colaboró con las administraciones de los dos presidentes Bush.

La realidad es que Irak es hoy un Estado al que no se le puede aplicar el calificativo de fallido, pero que carece de la cohesión política y la estabilidad social mínima necesaria para prescindir de la custodia de Estados Unidos. No solo a causa de la fragmentación entre chiíes, suníes y kurdos, más otras minorías menos conocidas, sino por la capacidad de deterioro de cualquier situación a causa de contradicciones no resueltas y rivalidades históricas que se remontan a la creación del reino de Irak en 1932. Para precisar cuál es el alcance de la degradación del Estado basta comparar las cifras en sanidad, educación y otros apartados anteriores a la primera guerra, las que siguieron a esta y las posteriores a la segunda guerra: resulta que las de la dictadura vesánica de Sadam eran mejores, aun siendo modestas.

Nada en el presente supera al pasado, y para muchos autores ni siquiera la primera guerra debió ver la luz, convencidos como están de que el casus belli hubiese podido desarmarse mediante algún tipo de componenda regional en forma de créditos para Irak, que efectivamente salió muy endeudado de ocho años de guerra con Irán, y la subsiguiente restauración de la monarquía en Kuwait. El testimonio del periodista Robert Fisk resulta demoledor: “Bush habló de las decenas de miles de oponentes de Sadam Husein que habían sido arrestados, encarcelados, ejecutados sumariamente, torturados –‘todos estos horrores le fueron ocultados al mundo por el aparato de un Estado totalitario’–, pero no mencionó que esas mismas palizas, quemaduras, descargas eléctricas, mutilaciones y violaciones se perpetraban también sin ningún problema cuando Estados Unidos mantenía buenas relaciones con Irak, antes de 1990, cuando los servicios secretos del Pentágono enviaban información a Sadam para ayudarlo a matar más iranís”.

Puede decirse que Irak ha sido sacrificado varias veces en el altar de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y del pensamiento hegemónico en las cancillerías árabes. Nada hay en el rastro dejado por tres guerras en la historia reciente de Irak que permita tener confianza en el futuro. Antes al contrario, el país parece condenado a un sometimiento permanente, a soportar unas instituciones desprestigiadas y venales, con el riesgo permanente de verse utilizado en un entorno que tiende a la volatilidad. Esos han sido los frutos de la siembra de la democratización a cañonazos diseñada por los neocon incrustados en la Administración del presidente George W. Bush, de la que alguno de sus colaboradores, entre ellos el general Colin Powell, se arrepintieron en público cuando la situación era ya irreversible por demasiado envenenada.

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Punto de inflexión en la UE

El acuerdo alcanzado el martes por los estados miembros de la Unión Europea sobre la cuantía y distribución del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros tiene un carácter refundacional. Aunque suene a tópico, nada será igual a partir de ahora por un cúmulo de razones que van de la cuantía de la operación, más de la mitad en forma de transferencia no reembolsables, a la momentánea consolidación de un nuevo frente de prósperos socios recelosos –los frugales– que discuten al eje franco-alemán, a Italia y a España el enfoque dado a la salida de la crisis económica desencadenada por la pandemia. Con dos innovaciones especialmente relevantes: la mutualización por primera vez de deuda europea y el aumento del cheque compensatorio para los países que son contribuyentes netos.

No menos reseñable es el hecho de que Alemania ha sabido sacar provechosas enseñanzas del disparate cometido a partir de 2010 con los programas de austeridad puestos en marcha para afrontar la crisis financiera. Se trata de un cambio trascendental que insinúa una mayor convergencia de la primera economía europea con el enfoque de la crisis dado por el Banco Central Europeo en tiempos de Mario Draghi y mantenido por Christine Lagarde. Se trata de un salto cualitativo que lleva a Stephen S. Roach, de la Universidad de Yale, a “reexaminar el importante foso entre un dólar sobrevalorado y un euro infravalorado”. Dicho de forma sucinta, es previsible una revaloración de la divisa europea con respecto al dólar.

Lo que más destaca Roach es que, por fin, la unión económica y monetaria descansa sobre tres pilares: una moneda única, un banco central y, gran novedad, un compromiso creíble en la vía de una política presupuestaria unificada con objetivos comunes (la economía digital y la transición verde). En todo ello ve el profesor elementos de solvencia de los que carece la errática política puesta en marcha por el presidente Donald Trump, que siembra la confusión económica mientras avanza la enfermedad fuera de control en demasiados estados. Algo en lo que abunda Lucrezia Richlin, de la London Business School, que pronostica para el futuro inmediato de la UE un cambio de paradigma: la discusión dejará de centrarse en los riesgos de la mutualización de la deuda y las transferencias fiscales para ocuparse de un “progreso genuino” de la unión fiscal.

Estas opiniones, ajenas a la confrontación política dentro de cada Estado de la UE, hace aún más incomprensible la opinión del PP de que lo acordado en Bruselas después de largas y arduas negociaciones es un rescate. Lo dijo Pablo Casado en el Congreso, quizá para asimilar la situación al rescate bancario –60.000 millones– negociado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es por lo menos arriesgada tal comparación cuando más de la mitad de los 140.000 millones que corresponden a España del fondo de reconstrucción serán subvenciones y el resto, créditos a muy largo plazo –amortización a partir de 2027 y por un periodo de 30 años– a los que el país puede o no acogerse. Y resulta no menos sorprendente el disgusto del PP cuando la condicionalidad de las ayudas se refiere a la solvencia y oportunidad de los programas que cada Estado ponga en marcha y no a una exigencia precisa y concreta de reformas, eufemismo utilizado en el pasado para encubrir recortes en las políticas sociales.

Sería insensato deducir de todo esto que no habrán que adaptarse todos los estados a cierto grado de exigencias y directrices procedentes de Bruselas, pero hablar de rescate es faltar a la verdad, entre otras razones de índole meramente técnica porque es imposible tal cosa con los dos socios comunitarios más dañados por la pandemia –Italia y España–, porque son demasiado grandes y su interrelación con las grandes economías europeas es demasiado determinante para que un rescate fuera posible. Es este un dato esencial, algo que nadie pone en duda y que solo se hace entendible con la brega política a corto plazo.

Se ajusta bastante más a la realidad el análisis de Carlos Santamaría, del Eurasia Group: la UE ha llegado a un acuerdo para salvarse a sí misma. O lo que es lo mismo, hubiese sido ruinoso levantar las negociaciones en el Consejo Europeo sin haber llegado a un acuerdo. No solo por los efectos inmediatos que habría tenido, sino porque, en la práctica, habría dejado a Europa en caída libre en un agujero sin fondo. Con el pacto, seguramente los frugales se han enfundado el uniforme que durante años fue privativo del Reino Unido, pero ese era un precio inevitable y, además, el holandés Mark Rutte y compañía pueden asumir el papel de guardianes de la ortodoxia, pero carecen del poder de impugnación que tuvieron Margaret Thatcher y sus sucesores.

Como se ha repetido con bastante frecuencia estos días, más temprano que tarde se deberá abrir en el marco europeo el debate sobre la necesidad de cancelar los paraísos fiscales –Holanda, Irlanda y Luxemburgo–, de acabar con el dumping fiscal que perjudica a la mayoría y solivianta a los escrupulosos gestores de sistemas tributarios tan rigurosos como los de Austria, Dinamarca y Suecia. Puede decirse que en esta discusión demasiado tiempo aplazada, el frente frugal tendrá graves problemas de cohesión interna.

En última instancia, al sumar y restar lo acordado es difícil rehuir la sensación de que el 21 de julio marcó un punto de inflexión trascendental en la UE y que, aunque toda comparación es odiosa, el new deal establecido en Bruselas puede asemejarse, sin entrar en detalles, con el programa de Franklin D. Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la ruina causada por la gran depresión. Ni las condiciones son las mismas ni lo son tampoco las herramientas puestas a disposición de los estados ni los desafíos de futuro, pero en todo lo discutido y decidido cabe detectar, siquiera sea en pequeñas dosis, una suerte de rescate moral de las conciencias ante la gigantesca crisis social provocada por el covid-19. Perseverar en la austeridad hubiese sido para la Unión Europea una forma de suicidio colectivo.

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Trump acumula malas noticias

Una sobrina del presidente de Estados Unidos vendió el jueves casi un millón de ejemplares de su libro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo). El título del trabajo de Mary Trump es poco menos que una declaración de principios o de propósitos, muy en la línea de otros libros que tratan de desentrañar, con más o menos rigor expositivo, el perfil psicológico y los impulsos que mueven al inquilino de la Casa Blanca. Es un libro más dentro de un subgénero, los ensayos de consumo –usar y tirar–, dedicados a Donald Trump, que seguramente dará más de qué hablar que otros por la proximidad siquiera genealógica de la autora con el personaje sujeto a escrutinio.

Un artículo del nobel Paul Krugman en The New York Times vaticina un cataclismo social inminente a causa de la errática gestión de la pandemia, la ligereza con la que la presidencia ha impuesto y levantado los confinamientos y la expansión de la enfermedad en todas direcciones. Teme con cifras el economista que la debilidad de los mecanismos de protección social y las ayudas a los desempleados sean insuficientes, y temen muchos de sus colegas de profesión que la lluvia de dólares decidida por Trump para evitar el colapso de la economía sea insuficiente o se malbarate a causa justamente de una expansión incontrolada de la enfermedad causante de la crisis económica. Krugman aporta, en este sentido, un dato perturbador: el estado de Florida suma una media diaria de muertos superior a la de toda Europa a pesar de tener una población equivalente a la vigésima parte de la europea.

Las encuestas se han desplomado desde que la enfermedad se manifestó en toda su crudeza. La media de todos los sondeos atribuye al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, entre 11 y 13 puntos de ventaja sobre Trump, que ha despedido a su jefe de campaña, soslayando el hecho de que ni el mejor y más experto de los estrategas tiene en sus manos neutralizar el impacto emocional diario del recuento de fallecidos y de nuevos contagios. Según varios estudios del Pew Center, cambia progresivamente la opinión de una parte importante del electorado republicano acerca de la gestión de la pandemia, algo que subrayan los análisis demoscópicos en todos los swing states (estados indecisos u oscilantes), en los Biden gana a Trump. Es solo una tendencia, pero muy relevante, porque en 2016 el candidato republicano ganó en todos ellos.

A estos datos que configuran la actualidad debe añadirse el ruido de fondo de una parte del Partido Republicano, que teme encarar la cita del 3 de noviembre en una situación de debilidad extrema, sobre todo si se da el caso de que un medio disponga de los documentos que acrediten el comportamiento fiscal de Trump. Aunque en principio este material solo puede ponerse a disposición del Congreso, pero no hacerlo público, y posiblemente su difusión desencadenaría una batalla legal, hay suficientes precedentes en la historia de Estados Unidos para pensar que incluso es posible su publicación con respaldo judicial. Algunos acreditados analistas sostienen que en nombre de la transparencia y del derecho del contribuyente a estar informado, acaso puedan revelarse las cuentas particulares del ciudadano y empresario Donald Trump.

Es decir que no solo el coronavirus puede costarle el puesto al presidente, sino que otros factores coincidentes con la pandemia –las opacas relaciones con Rusia siempre están ahí– son potenciales elementos desestabilizadores de una campaña que hasta ahora transita en el filo de la navaja. Pero de ahí a dar por políticamente amortizado a Trump media un mundo. Hace cuatro años era bastante habitual preguntarse si podía ganar Trump, como si el candidato elegido por los republicanos no pudiese derrotar a Hillary Clinton, representante del establishment político estadounidense, y no solo del Partido Demócrata. La derrota entonces de la favorita probó que todo es posible cuando vota una sociedad muy dividida, una clase media dañada por los costes sociales de la salida de la crisis financiera y un universo político muy conservador en las entrañas de la nación que vivió la presidencia de Barack Obama como una vulneración de su forma de vida.

¿Qué tiene Trump a su favor? La fidelidad de la llamada América profunda a su apostolado ultraconservador, la sensación para muchos de que uno de los suyos ha llegado a la Casa Blanca y no caerá en experimentos políticos importados –la sanidad universal, el control de armas y otros apartados– ni “se meterá en sus casas”, como dijo un joven ciudadano de Montana en un reportaje de la CNN. Trump tiene a su favor todo aquello que adopta el aspecto de una rectificación del reformismo moderado de Obama. Puede que no sea mucho, pero ninguno de los disparates cometidos por la Casa Blanca, de los errores encadenados y del desorden en el Gobierno empaña esta sensación entre los seguidores de la senda trumpiana. El alto grado de disciplina electoral que se atribuye a los votantes del presidente parte de este fundamento: él ha cumplido con la promesa de hacer exactamente lo contrario de cuanto guió los pasos de Obama.

El problema está en más allá de los adeptos, de aquellos que en 2016 vieron en Trump a alguien que les podía rescatar de la decadencia, del altísimo precio pagado por algunos estados a causa del auge de las nuevas tecnologías y del ocaso de las industrias tradicionales. El problema para el presidente reside en retener a sus votantes accidentales, a aquellos que no han visto mejorada sustancialmente su situación a pesar del auge económico y hoy forma parte de los sectores sociales golpeados por los efectos demoledores de la pandemia en la economía, a aquellos defraudados por la gesticulación de un presidente incapaz de afrontar con realismo y compromiso social el combate contra la enfermedad.

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La monarquía, en la encrucijada

Nunca la Corona había pasado por una situación de desgaste y vulnerabilidad tan manifiesta desde la restauración de la monarquía en 1975. Las comisiones o regalos, o quizá ambas cosas al mismo tiempo, percibidos por el rey emérito y de nuevo regalados o transferidos o adjudicados a Corinna Larsen, “amiga íntima” de Juan Carlos I en palabras de la interesada, sitúan a la institución en el centro de toda clase de sospechas, alimentadas por la reacción de las justicias suiza y española y por las diferentes informaciones de una consistencia poco discutible difundidas por medios de comunicación, dentro y fuera de España. Las teorías conspiratorias carecen de sentido una vez más, cuando los hechos son de una elocuencia sin fisuras.

Las monarquías de los países democráticos han encomendado a la transparencia y a la neutralidad de la institución el anacronismo de un sistema que fía en los caprichos de la genética la máxima representación del Estado. Pero, incluso así, muchas de las monarquías más asentadas han tenido su annus horribilis, como dijo en una ocasión la reina Isabel II, facilitado en muchos casos por cierta sensación de impunidad y por la distancia manifiesta entre los usos de palacio, de todos los palacios, y la vida cotidiana. España no es una excepción a lo que se ve, y además la restauración de la monarquía arrastra el dato inalterable de que fue una decisión del general Franco establecer la sucesión a la jefatura del Estado a título de rey en la persona de Juan Carlos de Borbón y Borbón (decreto del 22 de julio de 1969).

Detener en tal fecha el reloj de la historia resultaría tan capcioso como injusto. Es decir que el Rey, ahora emérito, se desenganchó del Movimiento Nacional y del legado institucional de la dictadura a igual velocidad que los reformistas del tardofranquismo y desempeñó un papel aparentemente crucial en el desenlace del 23-F. Pero transcurridas las décadas e instalada la Corona en la rutina y la inercia como representación máxima del Estado, surgieron las sospechas sotto voce, el caso Urdangarín causó grave daño a la imagen de La Zarzuela, lo mismo sucedió con el episodio del elefante en Botsuana, llegó la abdicación en 2014 y se supo por último la vinculación de Juan Carlos I con la concesión a compañías españolas del AVE a La Meca, propinas mediante. A partir de ahí la tormenta ha arreciado con fuerza inusitada.

Poco queda de aquella idea según la cual España era una república coronada. Es humanamente imposible separar a Felipe VI de la crisis institucional en la medida en que la monarquía se asienta en el vínculo familiar, en la norma sucesoria, en algo tan objetivo como que el hijo de Juan Carlos I era una persona adulta cuando se desarrollaron los acontecimientos, que cabe concretar en una mezcla de tres presunciones: tráfico de influencias, evasión de capitales e impago de impuestos por una cuantía sencillamente mareante. Incluso después de renunciar a la eventual herencia del dinero asociado a la operación en Arabia Saudí, parece vulnerable el perímetro de seguridad armado por el Gobierno, el PP y Vox alrededor de Felipe VI, expuesto a una dinámica judicial y política que está lejos de controlar.

Ese es un precio consustancial a la naturaleza de las monarquías. Si los partidos salen indefectiblemente dañados de los dislates de sus militantes, especialmente si ostentan alguna cuota de poder, las familias reales pagan siempre algún precio por las irregularidades de uno de sus miembros, especialmente si este fue en algún momento el cabeza de familia, con una autoridad y administración absolutas de los asuntos de palacio. En las familias reinantes solo es aplicable una cierta realidad imaginada mientras nada irregular o reprobable trasciende; cuando algo llega a la opinión pública, la imagen idílica se desmorona con estrépito. Así sucedió, por ejemplo, en Holanda cuando se supo en 1976 que el príncipe Bernardo, esposo de la reina Juliana, cobró de la empresa aeronáutica Lockheed una comisión de 1.100.000 dólares por promover ante el Gobierno de su país la compra de un determinado modelo de avión.

Si la investigación en curso no se sustancia en conclusiones concretas, el desgaste de la institución puede ser aún mayor. Por eso resulta sorprendente que un partido declaradamente monárquico como el PP vea intereses electorales en algunas reacciones y que no entienda que el saneamiento de la monarquía solo es posible si nada se oculta bajo la alfombra. Sobre todo porque la actitud protectora de Felipe VI adoptada por el PSOE, cuyo ADN republicano forma parte de su historia, solo se sostiene –ante la militancia, ante sus votantes y ante la opinión pública– si nada se guarda bajo siete llaves. Si tal cosa sucediese, la iniciativa de Podemos de crear en el Congreso una comisión de investigación estaría doblemente justificada: por la magnitud del hecho sujeto a investigación y por la obligación de exigir responsabilidades a quien supuestamente transgredió la ley.

A la densidad del momento solo se puede hacer frente con dosis ilimitadas de transparencia. No será a causa de ella que la institución monárquica saldrá más debilitada; al parecer, Juan Carlos I hizo cuanto estuvo en su mano para erosionar una institución que durante la transición apenas nadie impugnó, conscientes la mayoría de actores políticos de que la alternativa entrañaba demasiados riesgos. Fue aquel un gesto de realismo ineludible para asentar la democracia, pero más de cuarenta años más tarde, en nombre de ese mismo realismo, es insoslayable el esclarecimiento de los hechos. Cuantas más trabas se pongan a las pesquisas en curso, más alto será el precio político a pagar, porque mayores serán las sospechas que, con pruebas o sin ellas, se pondrán en circulación y más ruidoso será sin duda otro debate, el de la forma de Estado, siempre aplazado.

 

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