About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

Guaidó y López suman errores

Todos los cálculos hechos por la oposición venezolana han fallado desde el mismo momento en que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se declaró presidente encargado con la misión específica de liquidar el régimen chavista mediante la celebración de unas elecciones. Ni la aparición en escena de Guaidó, ni la movilización en la calle, no siempre multitudinaria, ni la irrupción en la crisis de Leopoldo López, alojado en la Embajada de España en Caracas, ni la cadena de errores que siguieron a este episodio, incluida la aparición de algunos uniformados al lado de los líderes opositores, han debilitado a Nicolás Maduro, menos en la zozobra de lo que se presumía, y menos aún a Diosdado Cabello, líder del ala más dura –inspiración castrista– del régimen venezolano. Antes al contrario, a pesar de las penalidades que soporta la población y de la sensación de ocaso del experimento bolivariano, Maduro sigue contando con un contingente de adeptos suficiente para mantener unido el Ejército, controlar el Tribunal Supremo y utilizar la Asamblea Constituyente, una Cámara de fieles, para perseguir a los políticos más allegados a Guaidó (Edgar Zambrano, el primero de ellos).

Contra la presunción manejada por la Administración del presidente Donald Trump, los cuartos de banderas están lejos de ser el nido de conspiradores desafectos que se suponía, y aunque el papel del gran mudo se escribe todos los días sobre un folio en blanco –son numerosos los antecedentes en América Latina–, el grueso del generalato se mantiene al lado de Maduro. En aras del realismo, cabe considerar una excepción la liberación de Leopoldo López por oficiales del Ejército; es menos excepcional, en cambio, que los actos militares se conviertan en manifestaciones de complicidad de las Fuerzas Armadas con el frente de resistencia articulado por Nicolás Maduro.

Puede decirse que ha chocado con la realidad el propósito de Leopoldo López y de Juan Guaidó de precipitar los acontecimientos y acelerar la historia, y tal propósito de quemar etapas ha adquirido el perfil del fracaso en el peor de los casos o del empate entre enemigos en la mejor de las hipótesis. Así deben entenderse las consecuencias del paso en falso dado por López al convocar una conferencia de prensa en la Embajada de España –una iniciativa incompatible con su condición de acogido– para comprometer en su estrategia al Gobierno de Pedro Sánchez, y así debe aquilatarse el paso no menos en falso de Guaidó, que llamó a la oposición a movilizarse a las puertas de las bases militares, una iniciativa que cosechó resultados modestísimos. Es difícil dar con medidas menos apropiadas para desatascar la situación.

Cuenta el analista Andrés Oppenheimer en El Nuevo Herald, caja de resonancia del anticastrismo en Miami, que diplomáticos del Grupo de Lima, el más resuelto orfeón de voces contrarias al chavismo, han admitido oficiosamente que se equivocaron al sopesar la capacidad de resistencia del madurismo. “Puede que sea el momento de empezar a buscar otras formas de lograr el mismo objetivo”, piensan los limeños, una frase enigmática que vale tanto para poner en duda la pericia de Guaidó y López, jefe del primero en el partido Voluntad Popular, como para recordar sin hacerlo explícitamente que la Casa Blanca mantiene abiertas todas las opciones, incluida la intervención militar. Una posibilidad que parece rescatada del olvido, de la tradición intervencionista de Estados Unidos en América Latina; una alternativa que devolvería el reloj de la historia del continente al oprobioso pasado del matonismo en la resolución de conflictos.

Nada hay en el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela que induzca al optimismo o siquiera a la esperanza de un acortamiento de los quebrantos que sufre la población, pero la injerencia exterior permite pronosticar una tragedia, una prolongación de la excepcionalidad que se ha adueñado del país solo que con otros protagonistas, sometidos todos ellos al diktat de la Casa Blanca. En la preocupación y las declaraciones de los portavoces de la Administración de Donald Trump las alusiones a la degradación de las condiciones de vida de los venezolanos son una mera coartada. Aquello que realmente importa al presidente es liquidar un modelo fracasado, pero aun así incómodo y desafiante, y, de paso, neutralizar el oportunismo ruso y chino, que ha visto en las necesidades acuciantes del madurismo y en sus limitaciones una ocasión magnífica para desempeñar algún papel en el escenario latinoamericano.

La encuesta de Datanálisis, una empresa venezolana de sondeos, que otorgó en febrero una expectativa de voto del 61% a Juan Guaidó y de solo el 14% a Nicolás Maduro vale poco para sopesar cuál sería el coste social de un desenlace no negociado de la crisis. En primer lugar, porque las cifras se compaginan mal con la realidad en la calle –la igualdad permanente entre movilizados por el régimen y por la oposición–, donde ambos bandos han decidido medir la fuerza real de sus efectivos. En segundo lugar, porque los tres meses transcurridos han consolidado una situación de bloqueo de la es difícil escapar salvo que algún inesperado suceso otorgue una dinámica nueva al tira y afloja en curso.

Está justificado todo lo que se pueda decir y describir del desastre del experimento chavista, admitiendo incluso que el entorno dejó de serle favorable a partir de la caída del precio del petróleo, del retroceso de la izquierda en América Latina y de la victoria de Trump. Pero la impugnación a las bravas del régimen solo traerá nuevos padecimientos, injusticias y sectarismos, como es fácil deducir de declaraciones y proclamas. Que no fuese este el resultado constituiría una auténtica sorpresa porque los desastres históricos que acumula el continente a causa de desmanes propios y ajenos no permiten vislumbrar nada bueno si el espadón se impone a la negociación. Como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la técnica del cowboy no presagia nada positivo para una comunidad sumida en la peor de las crisis, condenada a malvivir sin fecha de caducidad.

Europa toma nota de los errores del PP

A tres semanas de que se inicien las elecciones al Parlamento Europeo adquiere especial importancia el alcance del desembarco de Vox en el Congreso, no por haber obtenido 24 diputados, sino por haber quedado muy lejos de los 60 que esperaba lograr. Frente al fatalismo que parece haberse adueñado del centroderecha convencional, aseado y democrático, el resultado de las legislativas en España demuestra que cabe contener el desafío si la participación es suficiente para conseguirlo, aunque quienes en primer lugar debieran neutralizar el auge ultra cometan los errores sin límite que llevaron al PP a tontear más allá de toda medida con el neofranquismo rampante. Es decir, no es misión específica  de la izquierda frenar a la ultraderecha en las urnas, pero fue la movilización electoral de la izquierda la que evitó que Vox sumara más escaños con 2,6 millones de votos.

Para calibrar en su justa medida el alcance del resultado obtenido por Vox basta prestar atención al cambio de eslóganes: durante la campaña fue la idea de la reconquista de España, desde Andalucía hacia todas partes; después del escrutinio, los redactores de mensajes del partido se refieren al inicio de la resistencia, una fórmula lo suficientemente ambigua como para no comprometer a nada ni fijar un objetivo concluyente. El cambio de mensajes es radical, aunque el volumen de los oradores siga siendo el mismo; la reconquista queda aplazada –nunca olvidada– y se impone concretar metas acordes con el resultado obtenido, muy bueno –24 diputados de golpe–, pero insuficiente para activar los resortes retardatarios enumerados por los líderes de Vox desde el resultado de las elecciones andaluzas.

Tal situación no mengua la inconsistencia de la disparatada campaña de Pablo Casado, inspirada en las orientaciones de la FAES de José María Aznar, que malbarató el papel tradicional del PP como hogar moderado de los ultras añorantes del pasado y puso en el disparadero a un segmento de electores que siempre se ha sentido incómodo en democracia, en la España de las autonomías y en la Unión Europea. La simplicidad política de Santiago Abascal y adláteres ganó audiencia mediante la explotación de la crisis catalana, los flujos migratorios, el empobrecimiento de las clases medias y otros factores de índole diversa, pero también merced al error infantil del PP de imitar las arengas ultras en la creencia de que ello retendría en el seno del partido a los herederos del franquismo sociológico. Como suele suceder, entre el original y la copia, a la hora de votar, los electores más ultraconservadores se decantaron por el primero y desdeñaron el segundo.

Puede decirse que esta oscilación del voto, unida a la huida de electores centristas en dirección a Ciudadanos, poco menos que en tropel, ha debilitado en tan gran medida a los populares que su apresurado viaje de vuelta al centro después del descalabro, repentino y sin mayores explicaciones, apenas emite señales de eficacia y, por el contrario, alimenta la velocidad de crucero de Vox con la vista puesta en el 26 de mayo: a escala interior, porque esperan los ultras asomar con holgura en ayuntamientos y comunidades autónomas; a escala europea, porque prevén sumar efectivos a la internacional eurófoba.

Si Pedro Sánchez se ha convertido en referencia ineludible de la socialdemocracia en Europa a raíz de su victoria del 26 de abril, cabe añadir también que el electorado español ha adquirido una relevancia especial porque ha limitado el parte de daños de la aparición de la extrema derecha en el Congreso, y ha acotado los temores de cuantos avizoran que el recuento de las votaciones previstas entre el 23 y el 26 de este mes otorgará a la extrema derecha una influencia desconocida en Europa desde el final de la segunda guerra mundial. Es seguro que el próximo Parlamento Europea tendrá un grupo ultraconservador muy numeroso que englobará diferentes versiones de una misma oferta ideológica, pero no lo es menos que el experimento de aprendiz de brujo realizado por Casado con resultados catastróficos debe servir de advertencia a otras centroderechas tentadas de cometer el mismo error: diseñar una campaña de contención de la extrema derecha consistente en incorporar partes esenciales de su programa.

La investigadora Julia Ebner, del Institute for Strategic Dialogue de Londres, ha recordado en las páginas del diario El País cuál es el principal objetivo de un conglomerado de partidos que acude a las instituciones europeas para minarlas: “Nuestros análisis muestran que la ultraderecha no se centra tanto en sacar adelante políticas propias, sino en bloquear o boicotear las políticas de otros”. Las declaraciones del británico Nigel Farage y del holandés Geert Wilders no disimulan en absoluto su voluntad de obstaculizar los trabajos del Parlamento Europeo; las de Marine Le Pen, Matteo Salvini y Viktor Orbán, sin ser tan explícitas, persiguen el mismo fin; las de Santiago Abascal son del mismo o parecido tenor.

Solo la movilización y participación de la izquierda, la concentración del voto centrista y la defensa de la identidad política de los partidos europeístas puede evitar un desaguisado –la consolidación de una minoría obstruccionista y vociferante hasta la afonía–, puede limitar la difusión de un nacionalismo populista y desabrido destinado a debilitar la UE. Las políticas de identidad son cada día más influyentes, como escribe Francis Fukuyama en su último libro, y la Kulturkampf, como explica Agnes Heller referido al programa de Viktor Orbán en Hungría, constituye un rasgo característico del repliegue desde una sociedad cosmopolita hacia otra en la que el marco de referencia principal es el Estado-nación. Las apelaciones de Santiago Abascal y Javier Ortega Smith a la caza, los toros, Don Pelayo y otras señas de identidad más o menos tópicas, pero fácilmente localizables en la memoria colectiva del conservadurismo español, confirman los diagnósticos de Fukuyama y Heller.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? En parte a causa de la decisión de las grandes familias políticas –la democristiana-liberal y la socialdemócrata– de promover una salida de la crisis que ha sembrado la alarma entre las clases medias, ha dañado el Estado del bienestar y se ha sometido a las exigencias del entramado financiero y de la economía global. En parte, asimismo, por la capacidad del pensamiento más conservador de divulgar un fundamentalismo nacionalista y de sacralizar la historia mitológica del Estado-nación; de resucitar la exaltación del individuo como depositario de unas señas de identidad colectivas en peligro de extinción mediante la mundialización. Frente al magisterio de Raymond Aron y tantos otros –“Es vano preguntarse si la historia tiene un fin, puesto que ya no se cree en una Providencia”–, se remiten al pasado los ideólogos o inspiradores de la extrema derecha renacida después de decenios de travesía del desierto; todos ellos creen en la nación inmutable y eterna.

Nada de todo esto es ajeno a la historia política de Europa y a las oprobiosas tragedias de siglo XX. Todos los movimientos de extrema derecha que nacieron y crecieron en el periodo de entreguerras constituyen precedentes de los que hoy preparan el asalto al Parlamento Europeo. Vox no es una excepción: no hace falta citar nombres, basta repasar el ideario ultranacionalista de los años treinta, el léxico utilizado, el valor otorgado a los símbolos, para concluir que la pretensión de los herederos es recuperar todo aquello. La misma fórmula es aplicable a la movilización ultra en otros países, con inquietudes sociales más o menos explícitas, más o menos destinadas a desposeer al Estado de algunas de las responsabilidades asumidas hace más de medio siglo para atenuar las desigualdades.

 

La campaña adultera el lenguaje

El lenguaje es la primera víctima de la precampaña, de la campaña y de cuanto se dijo y difundió antes de ambas. En la refriega que precede a la cita del 28 de abril las palabras han adquirido significados sobrevenidos, la confusión se ha instalado en el diccionario ad hoc para el combate y no hay forma de saber si cuanto se dice es anfibológico, polisémico o un rosario de falsedades engarzado por los estrategas de los partidos. Más que nunca son útiles y necesarios los fact-checking (comprobación de hechos) para un mayor esclarecimiento de las discusiones en curso, para desactivar las políticas de balcón, para poner al descubierto el vuelo rasante de la charcutería política y la manipulación de las emociones. Hoy es más urgente que nunca dejar en evidencia a los profesionales del pim-pam-pum preelectoral.

Los ejemplos a mano son ilimitados. Sale Pablo Casado y acusa a los medios de difundir una fake news (noticia falsa) a propósito de su anuncio –Onda Cero, el medio emisor– de que bajará el salario mínimo a 850 euros –el Gobierno de Pedro Sánchez lo puso en 900–, algo que no solo lo entendieron así los radioyentes, como se decía antes, sino los televidentes y aun los lectores de periódicos, muchos menos que antes, pero no tan pocos como para no estar en condiciones de confirmar a coro que dijo Casado lo que dijo. Hay, claro, algo no conocido: qué entiende el líder del PP por fake news, qué le contaron o explicaron en el famoso posgrado de Aravaca –cuatro días– acerca de qué cabe considerar una falsa noticia; cuál es, en fin, su apego a la realidad alternativa, tan puesta en boga por la Casa Blanca de Donald Trump. Esto es, Casado dijo lo que dijo, aunque quizá no quiso decirlo o pensaba decirlo en otro momento, o sus asistentes estimaban oportuno mantener oculto el dato para no alarmar a posibles votantes, pero el caso es que lo dijo. Un lío que ha puesto en un grito con sordina al PP centrista, descabalgado por el discípulo de José María Aznar.

Va luego o quizá antes Santiago Abascal y anuncia que mediado el siglo la mitad de los franceses serán musulmanes. Aparecen enseguida demógrafos y sociólogos prestigiosos que manejan estadísticas fiables y modelos matemáticos solventes, y aseguran que a lo sumo será el 18% de la población francesa la adscrita al islam. Un cálculo fruto del análisis, pero también un futurible para cuya confirmación hay que esperar treinta años y sujeto, como todo futurible, a variables imprevisibles e impredecibles que a la vuelta de tres décadas pueden haber convertido a los habitantes de Francia en descreídos contumaces o en feligreses de una religión de diseño o a la carta. En todo caso, el vaticinio de Abascal es un disparate sin fundamento cuya meta es fomentar una islamofobia zafia y cada día más difundida en Europa.

Está luego el conglomerado independentista catalán con sus presos políticos aplicado a los políticos presos y sus exiliados para referirse al huidizo Carles Puigdemont y demás instalados en Waterloo, periferia de Bruselas. Se trata de una apropiación del lenguaje muy anterior a la campaña, una acentuación o subrayado del drama político mediante la utilización de conceptos que adquirieron un valor muy preciso desde el final de la guerra civil y hasta la transición; un intento de equiparar el perfil vesánico de la dictadura con el presente. Es, en fin, un ejercicio permanente de historia comparada, como si los derrotados de 1939 y los enjuiciados de 2019 fuesen víctimas de lo mismo; como si el 1-O y fechas subsiguientes no hubiese sucedido nada o lo sucedido fuese perfectamente legítimo, ajustado a derecho y respetuoso con quienes transitan fuera del independentismo, y quien no lo vea así, insisten, no es demócrata.

La izquierda participa con parecido entusiasmo en la adulteración del lenguaje, necesitado Podemos de contener la sangría de votos que vaticinan las encuestas, urgido el PSOE por la captura de votantes de Podemos defraudados con Pablo Iglesias, con el galimatías morado que ha desgajado a una parte del partido, y aplicados en cuerpo y alma los socialistas en la tarea de dividir el voto de la derecha, en presentar a Vox como el contaminante del conservadurismo español. El experimento andaluz, con el tripartito de facto PP-Cs-Vox, el neofranquismo al acecho y las encuestas esperanzadoras justifican tal deriva en la campaña de la izquierda, pero la insistencia en anunciar que viene el lobo no hace otra cosa que agrandar la campaña de la extrema derecha. Según se ve, la izquierda no ha sacado ninguna enseñanza práctica del precedente de Estados Unidos, donde la insistencia en las acometidas contra Trump en 2016 fue un factor multiplicador de la campaña del acometido. Tampoco aquí se salva el lenguaje del falseamiento, la adulteración de los significados y el encubrimiento de la realidad mediante reiteradas exageraciones.

La maduración de una sociedad acostumbrada a votar, el hartazgo de muchos ciudadanos por el cruce de acusaciones indescifrables o deformantes, no cuenta, según se ve, para los seleccionadores de palabras encubridoras de la realidad. Cuando alguien se atreve a ocultar bajo la etiqueta de “policía patriótica” lo que no es más que una policía política o sectaria, pagada con los impuestos de todos los contribuyentes, queda abierta la veda para todo clase de despropósitos o desquiciamientos en la comunicación política. Nada hay más antidemocrático y antipatriótico que una policía que husmea fuera de lo establecido por las leyes –la policía es un cuerpo civil de funcionarios armados que deben ocuparse de la seguridad colectiva y debe ser exquisitamente neutral–, pero el poder de la palabra es enorme.

Dijo Mahatma Gandhi: “Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino”. Añadió Umberto Eco muchísimos años más tarde: “El populismo mediático significa apelar a las personas directamente a través de los medios. Un político que puede dominar los medios puede moldear los asuntos políticos fuera del Parlamento e incluso eliminar la mediación del Parlamento”. Así se adentra la campaña en el territorio de la desmesura y del exabrupto, sin que a los electores les quede más opción que el escepticismo o la incredulidad, estados de ánimo ambos que no hacen más que alejar a los ciudadanos del compromiso político y de las instituciones democráticas.

Lucha por el poder en Argelia

La dimisión del presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, acosado por la calle y por la lucha por el poder en la cima del Estado, ha abierto una etapa de transición plagada de incógnitas. Si se cumple el primer diagnóstico de la situación realizado por el diario francés Le Monde, la decisión del Ejército de precipitar la renuncia del presidente permite vaticinar una pelea encubierta entre los generales y el entorno de la familia Buteflika, encarnada en el previsible enfrentamiento entre el ministro de Defensa, el general Ahmed Gaid Salah, y Said y Nacer Buteflika, hermanos del mandatario depuesto y sometidos a residencia vigilada (no pueden abandonar su domicilio). Según la descripción del momento publicada por Le Monde, “la brutal aceleración de los acontecimientos ha revelado la existencia de un violento conflicto” por controlar el mecanismo sucesorio interino, ahora, y definitivo cuando se convoquen elecciones.

El papel del generalato argelino recuerda el comportamiento del Ejército egipcio durante el ocaso de Hosni Mubarak. Mientras el presidente tuvo posibilidades de salir airoso del desafío de la calle, los cuarteles se mantuvieron a su lado, cuando se puso de manifiesto que la oposición marcaba el tempo, el alto mando dejó caer a Mubarak como fruta madura y prefirió afrontar una transición tempestuosa, con los Hermanos Musulmanes al frente de las operaciones, a unir su suerte a la del comandante en jefe. La razón no fue otra que el riesgo cierto de que los acontecimientos de 2011 –las primaveras árabes– se llevaran por delante la trama de intereses económicos gestionados por los militares –un mínimo del 20% del PIB– y desposeyeran a los uniformados de su condición de columna vertebral del Estado.

La reacción de la red de intereses tejida por Buteflika tiene mucho que ver con el papel preminente desempeñado por el Frente de Liberación Nacional (FLN) desde la independencia como la otra columna vertebral del Estado, que alimenta de cuadros la Administración civil, la judicatura, la policía y los servicios secretos, y en general todos los ámbitos de poder que no son responsabilidad del Ejército. El prestigio del FLN ha decaído al mismo ritmo que el crecimiento de la corrupción, de las redes clientelares y de las estructuras de poder de facto, ajenas a la planta institucional del Estado, pero tiene en sus manos muchos de los resortes efectivos para controlar los asuntos públicos y proyectar una imagen respetable. Y no debe olvidarse la concordancia de intereses entre el Ejército y el partido, que ahora parece que se fracturó, mientras ambas instancias contaron con la cobertura presidencial a partir del mandato de Huari Bumedian, un histórico de la lucha por la independencia.

Frente a esa doble estructura de poder, consolidada durante decenios y especialmente eficaz para combatir a la oposición y aniquilar el desafío islamista durante la guerra civil de los años 90, la protesta en la calle da la impresión de que responde a una unidad de acción momentánea, pero en realidad carece de un liderazgo sólido para mantenerse cohesionada en la hora crucial de las elecciones. La variedad de personajes que se mueven entre bambalinas, empezando por dos exprimeros ministros –Ahmed Benbitur y Alí Benfis–, Rachid Nekaz, Sifian Yilali y los herederos del Frente Islámico de Salvación, ausentes de momento de la cabecera de las protestas, no hace más que anticipar futuras divisiones. Una tendencia a la fragmentación que ni siquiera parecen capaces de neutralizar los efectos de la crisis económica en la clase media urbana y el paro endémico entre los menores de 30 años, ingredientes esenciales de las manifestaciones.

Analistas como Georges Fahmi, de la institución Chatham House, identifican en cuanto sucede en Argelia los mismos componentes de hartazgo social que dieron lugar a las primaveras árabes, pero acaso en la crisis argelina sea menor la vulnerabilidad del establishment de lo que lo fue en Túnez y Egipto, al menos en un primer momento, y quizá también el retraimiento internacional de ahora prive a la calle de apoyos significativos en el exterior. El antecedente de Libia, convertida en un Estado fallido, la matanza siria, con Rusia instalada en Oriente Próximo, y problemas derivados del desenlace de las primaveras mantienen a Occidente más expectante que nunca y a los vecinos de Argelia, decididos a no inmiscuirse en el avispero bajo ningún concepto. Anádase al conjunto la dependencia del gas argelino del sur de Europa y se cerrará un marco de referencia en el que lo más importante para todo el mundo es garantizar la estabilidad y evitar que la crisis degenere en una revuelta incontrolable.

¿Significa esto que una reforma meramente cosmética del Estado puede encauzar la crisis? El diagnóstico del profesor Nadji Khaoua en el periódico argelino El Watan hace impensable que una componenda meramente superficial puede acallar el descontento. “La corrupción no es solo una excrecencia del poder de decisión, sino que es una consecuencia de la estructura misma del poder”, sostiene el analista, que ve inviable aniquilar la economía opaca a medio plazo y, en cambio, adelanta que quienes la controlan harán cuanto esté en su mano para mantenerla como una forma de poder paralela a las instituciones. En este punto la cercanía entre la situación en Argelia y la que precedió a las primaveras es muy parecida, pero el momentum en 2011 era bastante diferente al actual para vislumbrar como viable una reforma radical del Estado, aunque sea precisamente esto lo que reclama la calle.

Trump regala el Golán a Israel

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Israel en los altos del Golán subraya el propósito de la Casa Blanca de liquidar el statu quo internacional, de impugnar el papel de las Naciones Unidas y de acudir en apoyo del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para que siga en su puesto después de las elecciones del 9 de abril, sea cual sea la coalición de Gobierno que le permita mantenerse en el puente de mando. Investigado por la fiscalía y señalado por la policía como presunto responsable de varios casos de corrupción, el gesto de Trump permite a Netanyahu orientar su campaña electoral con un inesperado triunfo en la mano para convencer a sus electores y a los partidos de extrema derecha del vínculo especial que mantiene con Washington.

Con ser esto importante a menos de dos semanas de las legislativas en Israel, de las que surgirá presumiblemente un Kneset (Parlamento) muy dividido, lo es aún más la determinación de Trump de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967 y 1973, que establecen la obligación de Israel de retirarse de los territorios ocupados, entre los que figuran los altos del Golán, suelo sirio hasta la guerra de los seis días. La vigencia de ambas resoluciones ha sido un argumento político esencial para el mundo árabe en general y la causa palestina en particular, cuyos líderes temen, no sin fundamento, que la lógica de los halcones a la vera de Trump, para el caso John Bolton y Mike Pompeo, se haga extensiva a Cisjordania y se cierna sobre el futuro el final de la solución de los dos estados, tan reiterada como la única posible para un proceso de paz y para la reparación de los derechos de la comunidad palestina que, dicho sea de paso, hace años que duerme el sueño de los justos.

Durante la presidencia de Barack Obama, con John F. Kerry, primero, y Hillary Clinton, después, al frente del Departamento de Estado, la relación de Israel con Estados Unidos no fue siempre fácil, la Casa Blanca anduvo con frecuencia por detrás de los acontecimientos y no hubo ningún progreso para negociar una alternativa duradera que permitiese alumbrar un Estado palestino. A despecho de las exigencias estadounidenses, siguieron creciendo los asentamientos israelís en Cisjordania y se mantuvo la política del gran garrote en el asedio apenas encubierto de Gaza, pero, al mismo tiempo, Obama y sus colaboradores ni siquiera insinuaron la posibilidad de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338. Es más, el presidente dio orden de abstenerse en la votación de la resolución 2334 –16 de diciembre de 2016–, que reitera que los asentamientos en Cisjordania no tienen ningún fundamento legal y son “una flagrante violación” del derecho internacional.

La preocupación de la Liga Árabe por el cambio de paradigma es perfectamente descriptible: brilla por su ausencia. Nada hizo y apenas dijo la organización cuando Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel –también reclaman tal capitalidad los palestinos– a finales de 2017 y trasladó allí la embajada estadounidense, y menos se inquietará ahora por la mutilación de Siria, un país alrededor del cual los estados árabes con más peso han levantado un cordón sanitario. Es más, es una evidencia palmaria que la causa palestina cada día interesa menos a Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes, deseosos todos ellos de establecer un cauce de relación económica estable y fluido con Israel; cada día resulta más obstructiva la reivindicación palestina para cancelar la enemistad con Israel y aceptar de facto las anexiones territoriales sin más esfuerzo que dejar constancia por escrito de un disgusto genérico y sin mayores consecuencias.

Da la impresión de que la Liga Árabe, sometida a los intereses saudís, da por descontado el conflicto palestino-israelí, y se acomoda a un nuevo ciclo político que asume las reglas establecidas por Donald Trump. Al mismo tiempo que el analista Joshua Leifer ve en el paso dado por el presidente una “cínica jugada política”, que violenta el derecho internacional, particularmente la cuarta Convención de Ginebra –viven en el Golán 20.000 israelís–, los líderes del fundamentalismo mosaico ven más cerca que nunca la extensión de Israel del Mediterráneo al río Jordán y la prolongación de su alianza con Netanyahu sin fecha de caducidad. “Si el Likud de Netanyahu gana suficientes escaños el 9 de abril para formar un Gobierno, es muy verosímil que, como mínimo, la anexión estará sobre la mesa para discutirse”, escribe Leifer. Y recuerda que el comité central del Likud votó a favor de tal anexión de Cisjordania en 2017.

Las quejas chinas y rusas por el paso dado por Trump apenas son capaces de afectar a los acontecimientos en curso. Por el contrario, ponen de relieve la debilidad relativa de ambas potencias frente a la doctrina para la seguridad de la región sustentada por el Gobierno de Estados Unidos, en cuyo centro coloca a Israel, ese aliado incondicional al que con harta frecuencia se menciona como el estado 51 de la Unión. El dispositivo de seguridad en Oriente Próximo, que incluye el bloqueo o control de las organizaciones yihadistas que apuntan a Occidente, vale lo mismo hoy para justificar la anexión del Golán como en un pasado muy reciente sirvió para dejar que las primaveras árabes desembocaran en un gran fracaso. Para Israel y Estados Unidos es más fácil y práctico entenderse con autócratas ajenos a todo control democrático que con regímenes deliberativos, sometidos los gobiernos a instituciones de control.

La advertencia hecha por Henry Kissinger hacia 2011 de que Occidente –Estados Unidos– debía acostumbrarse a mantener relaciones con un mundo árabe cambiado por las primaveras, siempre que no dañara sus intereses, apenas tuvo razón de ser porque los levantamientos de la calle tuvieron un impacto final muy limitado salvo en Túnez. “El consenso que está implantándose es que Estados Unidos tiene la obligación moral de alinearse con los movimientos revolucionarios en Oriente Próximo como una especie de compensación por sus políticas durante la guerra fría”, escribió Kissinger en 2012, pero en la Casa Blanca de Obama prevaleció el principio de esperar y ver, y la espera no tuvo otro fruto que la liquidación de la protesta. Y con tal desenlace, el agravio palestino cayó en el olvido, si no en la calle árabe, sí al menos en los gobiernos, plegados a un realismo sin fisuras que incluye la aceptación del plan maestro de Israel.

Nada es demasiado nuevo en el embrollo. Desde hace décadas, el crucigrama de Oriente Próximo se resuelve todos los días en Estados Unidos y en Israel con el consentimiento de las petromonarquías, el silencio de Egipto y la incapacidad europea para dejarse oír. La diferencia ahora es que, salvo un improbable arrebato de prudencia de Trump, la política de hechos consumados puede acabar con las muy limitadas esperanzas de la comunidad palestina de disponer en el futuro de un Estado soberano, viable y seguro. O lo que es lo mismo, los hechos consumados pueden prender la mecha para que surjan nuevos focos de inestabilidad con los derechos palestinos como justificación última o coartada de cuanto pueda suceder.

 

El ‘brexit’ se adentra en el caos

La Unión Europea ha pasado a controlar sin reservas el calendario del brexit después de meses de idas y venidas sin más progresos que los fallidos intentos de la primera ministra Theresa May de lograr el apoyo de la mayoría en la Cámara de los Comunes a su acuerdo con los Veintisiete para consumar un divorcio civilizado. A una semana de confirmarse el brexit caótico, el Consejo Europeo de este jueves y viernes ha dejado establecido que la premier dispone hasta el 22 de mayo de una prórroga para una salida ordenada de la organización, siempre y cuando el Parlamento de Westminster se pliegue a la realidad: el único acuerdo posible de salida es aquel pactado por May en noviembre del año pasado. Si tal aproximación a la realidad no se produce, el aplazamiento de la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión se retrasará hasta el 12 de abril, calificado por un alto funcionario de la UE como “el nuevo 29 de marzo”.

Ninguna de las suposiciones manejadas por la primera ministra le ha permitido salir vencedora en su pugna con los brexiteers recalcitrantes. Se ha demostrada infundada la creencia de que conforme se acercaba la fecha límite decaería su arrojo y, en cambio, se ha espesado el ambiente entre dos posturas encontradas e irreconciliables: la de quienes en su día tomaron la palabra a May –“mejor un brexit sin acuerdo que con un mal acuerdo”– y la de cuantos abogan por un adelanto electoral o por un nuevo referéndum que neutralice el desastre que se avecina. La disputa por el poder en las filas conservadoras ha encontrado en el backstop –los requisitos para mantener una frontera blanda entre las dos Irlandas; una frontera inexistente en la práctica– la herramienta política para diferenciar a los brexiteers de los posibilistas, y para contar con el apoyo o complicidad de los unionistas norirlandeses.

Se antoja bastante más que verosímil el cálculo hecho por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acerca de las posibilidades de que May acuda por tercera vez a los Comunes para que voten el acuerdo con la UE y consiga una victoria: no cree que tenga más de un 5% de posibilidades de éxito. La razón no es el acuerdo en sí, su contenido específico, ni la insuficiencia de las aclaraciones sobre el pacto de noviembre hechas en diferentes momentos por Donald Tusk, Jean-Claude Juncker y Michel Barnier, sino que los promotores del divorcio aplican el eslogan “brexit means brexit” (brexit significa brexit) hasta sus últimas consecuencias. Es imposible apear del burro a personajes tan opuestos a la permanencia en la UE como Jacob Rees-Mogg y Boris Johnson, por citar dos de los más combativos, porque entienden que seguir en la UE o prolongar la discusión con Bruselas es más o menos una claudicación, un acatamiento de las reglas del juego dictadas por la UE y de las que ellos pretenden librarse.

Al mismo tiempo, la nave europea ni puede ni quiere quedar atrapada en un bajío mientras al otro lado del canal la discusión se llena de bizantinismos, con una opinión pública dividida y una crisis de liderazgo insólita en los dos grandes partidos (el papelón laborista merece capítulo aparte). De ahí que la UE se haya preocupado de fijar el tempo de la salida, aunque una separación sin acuerdo entraña riesgos de todo orden para ambas partes. “Los políticos británicos son incapaces de poner en práctica lo que su pueblo ha exigido. El pueblo votó por el brexit”, lamenta Macron. Hasta la fecha de vencimiento, todas las opciones siguen sobre la mesa, manifiesta Tusk. “Estamos en un momento crítico en la construcción de Europa”, declara Pedro Sánchez. Todo suena a lamento por el desaguisado que se avecina.

Solo Angela Merkel mantiene el comedimiento y la esperanza en un desenlace in extremis del brexit bajo control. Al mismo tiempo, Rafael Behr, un brillante analista del periódico progresista y proeuropeo The Guardian, afirma que la UE sabe que Theresa May está acabada, que gastó todo su crédito en el Reino Unido y que el país debe empezar a aceptar un nuevo trato en Bruselas: “Las conclusiones de la cumbre se transmitieron a la nación peticionaria mientras [May] se paseaba por una antecámara. Esta es la relación de poder entre un tercer país y la UE. Gran Bretaña debería acostumbrarse a ello”. La descripción resulta poco menos que patética para la líder de un socio de la UE con tribunos exaltados que prometen que, fuera del entramado europeo, la nación recuperará la grandeza, la soberanía y la autoestima presuntamente perdidas.

El discurso brexiteer soslaya esta imagen, arropado en titulares como el del Daily Telegraph, vocero de un conservadurismo con atributos rancios: “¿Cómo Emmanuel Macron tomó el control del destino del brexit de las manos de Theresa May, mientras la fachada de unidad de la UE comenzó a resquebrajarse?” Un resquebrajamiento imaginado o supuesto que tiene más que ver con el sostenella y no enmendalla que con el desarrollo de los acontecimientos en el Consejo Europeo, pero de una indudable eficacia para mantener cohesionado el campo secesionista, aunque varias encuestas detectan una pérdida permanente de efectivos y una creciente sensación de engaño entre los votantes que apoyaron la salida en junio de 2016.

En medio, una UE de ciudadanos desorientados, que acudirán a la cita electoral de mayo sin saber muy bien cómo les afectará la defección del Reino Unido, y unas instituciones sometidas a la presión permanente de una ruptura sin reglas con el Gobierno británico, coinciden en preguntarse si alguna vez, al otro lado del canal, se sintieron integrantes de una organización basada en el continente, o si aceptaron el paso dado por Edward Heath como un mal menor, un parche inevitable para suavizar la pérdida de influencia que siguió a la descolonización. Forma parte de la historia del periodismo el titular El continente, aislado, impreso en portada por un periódico británico a raíz de un episodio de niebla muy espesa en el canal de la Mancha. Y forma asimismo parte de las viejas leyendas urbanas la respuesta de Wiston Churchill a un ayudante de Franklin D. Roosevelt que acudió a recibirle y le preguntó por la situación en las islas en plena segunda guerra mundial: “El viejo corcho sigue flotando”, se dice que respondió el premier. A saber si aquel espíritu de resistencia en solitario sigue siendo hoy el que guía a unas élites que aún se emocionan con la letra de Rule Britannia! –“Los británicos nunca serán esclavos”– o se atienen al programa general de actos de la extrema derecha, enemiga declarada de una Europa fuerte con peso político (más parece esto último).

La campaña se cruza con el 8-M

Salvo que Pablo Casado y compañía acaben de leer Los fundamentos sociales de la cuestión femenina, de Alexandra Kollontai, comunista rusa para más señas, y tal lectura les haya alarmado, no se entiende el jardín en el que se metieron para desacreditar el manifiesto del 8-M y su decisión de darse de baja de la manifestación. Kollontai escribió: “Las feministas burguesas están luchando para conseguir derechos políticos: también aquí nuestros caminos se separan. Para las mujeres burguesas, los derechos políticos son simplemente un medio para conseguir sus objetivos más cómodamente y más seguramente en este mundo basado en la explotación de los trabajadores”. Pero esto lleva tanto tiempo impreso que no intranquiliza a nadie; es decir que no es de creer que esta sea la razón.

Puede ser que les parezca sospechoso el entusiasmo del PSOE y de Podemos al apoyar el manifiesto, la manifestación y lo que haga falta, pero tampoco debe mover a alarma o intranquilidad porque son partidos constitucionales, con mujeres inteligentes en puestos relevantes. Quiere decirse que no hay forma de imaginar a Carmen Calvo e Irene Montero al frente de una multitud enardecida, masculina y femenina, seguramente, dispuesta a tomar el Palacio de Invierno que quede más a mano.

Nada de esto se insinúa o deduce de los textos más acreditados –El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, tan alabado siempre, uno de ellos– ni de las declaraciones de relevantes feministas, respetadas por todo el mundo, así Simone Veil, Emma Bonino y otras ilustres difusoras de ideas innovadoras y liberalizadoras. Parece más bien que aprieta el zapato por donde no debiera, porque andar de la manita de Vox tiene un precio y hay que pagarlo so pena de caer en grave contradicción o, aún peor, poner en riesgo el acuerdo o pacto o colaboración parlamentaria con quienes creen que la violencia de género no existe, es una fantasía con un trasfondo ideológico y hay que someter a depuración o tamizado a los funcionarios que se ocupan de la cosa en Andalucía, no fuese a darse el caso de que sean de mentalidad peligrosamente progresista.

La escritora Montserrat Roig dejó dicho: “Que no me pidan que en mis novelas aparezcan mujeres maravillosas, mujeres de una pieza. Las mujeres no somos ni maravillosas ni de una pieza. ¡Estamos llenas de miedos, de angustias, igual que los hombres!” Tampoco aquí hay forma de dar con un asomo de riesgo, de asalto a palacio alguno o de sectarismo irredento, sino más bien un reconocimiento de la igualdad en la vulnerabilidad de hombres y mujeres.

Lo que no hay, no existe y probablemente no puede existir es un feminismo neutral, aséptico, en el que todo el mundo pueda sentirse a gusto. No hay forma de separar el feminismo de la ideología, aunque las proclamas en el momento de la defección del PP de la manifestación del viernes reclamaran un feminismo transversal, válido para cualquier opción política. La transversalidad es una excepción en la política, en la economía, en los proyectos sociales, y la pretensión conservadora de meter a todas en el mismo programa de futuro resulta ser entre pueril y prelógico; es un objetivo imposible de encajar en la historia del género humano.

Al menos los de Ciudadanos colocaron el adjetivo liberal al lado del sustantivo feminismo para subrayar que el suyo es diferente a otros feminismos, es de suponer que aquellos tributarios de la tradición de izquierdas. Esto es, no les gustó el manifiesto, lo pusieron bajo sospecha, pero entendieron que no era motivo suficiente para quedarse en casa o montar una marcha paralela, inevitablemente minoritaria (la foto en los periódicos y en los telediarios hubiese hecho un pésimo servicio a su campaña electoral, tan enconada). Otra cosa es dilucidar qué es o por dónde anda ese feminismo liberal enunciado por Albert Rivera en las vigilias del 8-M, no hay manera de saber si los vientres de alquiler forman parte de la etiqueta o son cada uno de ellos corpus separatum (la traducción es innecesaria por obvia).

Si las elecciones no estuvieran a la vuelta de la esquina quizá nos habríamos ahorrado esta macedonia de palabras, pero el voto de las mujeres –la mitad del censo– anda en juego, y eso son palabras mayores. Tal dato, la disputa por el voto femenino entre opciones ideológicas diferentes desmiente la posibilidad de un feminismo transversal que antes y después de la manifestación a nadie incomode y a todas las opciones complazca. De hecho, hubiese proyectado la imagen de una unidad forzada o artificial un 8-M de concordia transversal seguido de la reanudación de las hostilidades al acabar la manifestación, cada cual con sus convicciones a cuestas.

¿Acaso siguen incomodando entre la parroquia conservadora las palabras de Clara Campoamor: “El feminismo es una protesta valerosa de todo un sexo contra la positiva disminución de su personalidad”? Puede ser: nada ha cambiado tanto en menos de 90 años como para que las palabras de la insigne activista recluten efectivos en todas partes. Flota en el ambiente un desquiciamiento de los debates con la vista puesta en el 28 de abril, una fecha que impone gestos rotundos para subrayar la distinción entre izquierda y derecha, entre nosotros y ellos, entre españoles ensordecidos por el himno nacional, envueltos en la bandera, y aquellos otros dispuestos a desacralizar la política, entre fundamentalistas y relativistas. A todo eso no pudo escapar el 8-M porque el feminismo está en campaña, forma parte de los eslóganes y es un poderoso instrumento de movilización, aunque no haya forma de desvanecer la sospecha de que con demasiada frecuencia las palabras y los gestos son fruto de un impostado compromiso con las mujeres, inducidos gestos y palabras por los mensajes que llegan de la calle.

Cachemira, una crisis de 70 años

Cuando dos potencias nucleares, siquiera sea a escala regional, entran en conflicto, cunde la alarma y se activan los mecanismos para evitar la degradación de la crisis. Así ha sucedido en el enfrentamiento de India y Pakistán en Cachemira, uno más, desde que el 14 de febrero el grupo yihadista Jaish-e-Mohammed (El Ejército de Mahoma) causó 42 muertos en el ataque contra un convoy de policías indios, la aviación india respondió el martes pasado con un bombardeo sobre una supuesta base yihadista en territorio paquistaní  y el miércoles la defensa antiaérea de Pakistán derribó dos cazas indios. Los precedentes históricos movilizaron los circuitos diplomáticos para evitar una escalada en un contencioso con una antigüedad de más de 70 años y sin perspectivas de solución, sumergido el problema en una mezcla de nacionalismo exacerbado y conveniencias estratégicas.

El escenario de la crisis está viciado de origen a causa de la división de facto del territorio de Cachemira entre India, Pakistán y China desde que en 1948 el Reino Unido fue incapaz de descolonizar el Raj –el subcontinente indio y aledaños– sin dejar cabos sueltos. La división del territorio en dos estados por razones de competencia política y diferencias insalvables entre las comunidades musulmana e hindú, liquidó el sueño de Mahatma Gandhi de mantener a las dos sociedades unidas bajo una misma bandera y cimentó la primera guerra, que acabó con un compromiso en la ONU para celebrar en el futuro un plebiscito que estableciera las fronteras de las tres Cachemiras. Nunca se celebró tal consulta y la crisis se convirtió en un conflicto de baja intensidad.

En 1965 y 1971 volvieron a hablar las armas. La guerra de 1965 acabó con el acuerdo de Tashkent, con nulos efectos prácticos en la delimitación de fronteras, y la de 1971, asociada a la guerra de la independencia de Bangladesh (Pakistán Oriental hasta entonces), no mejoró la situación, sino que enardeció el nacionalismo paquistaní y procuró nuevas tribunas al islamismo suní deobandi, una facción fundamentalista surgida la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad que le da nombre, inspirado su programa o doctrina en la prédica del clérigo Shah Waliullah Dehlawi (siglo XVIII). En 1974 India se incorporó al club nuclear y en 1998 Pakistán se sumó al grupo de países con armamento atómico, momento a partir del cual los riesgos crecieron exponencialmente.

Entre ambos acontecimientos, Pakistán pasó por la experiencia de la dictadura del general Zia ul Haq (1977-1988), que favoreció la islamización del Estado, en especial del Ejército, la policía y los servicios secretos, de tal manera que el país se convirtió en un lugar relativamente acogedor para el yihadismo y, en términos generales, no lo ha dejado de ser desde entonces. Al mismo tiempo, la democracia india asistió al crecimiento del nacionalismo conservador, representado por el partido Bharatiya Janata, y al desarrollo de varias crisis en el Partido del Congreso, actor principal de la independencia y hogar ideológico de dos primeros ministros fundamentales en la construcción de la identidad política india: Jawaharlal Nehru (1947-1964) y su hija, Indira Gandhi (1966-1977 y 1980-1984). Con el paso del tiempo, decrecieron los afectos al sentido de una sentencia de Lal Bahadur Shastri, jefe de Gobierno entre 1964 y 1966: “El énfasis en la religión como base para definir mayorías y minorías en un Estado secular es bastante erróneo y una contradicción en términos”.

Desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán en 1996, la derrota de su régimen en 2001 y la reactivación del movimiento desde sus bases en Pakistán, nunca han decrecido las sospechas acerca de la complicidad de una parte del generalato paquistaní en la libertad de movimientos de este grupo y de Al Qaeda en varias provincias. Osama bin Laden estableció su residencia en la clandestinidad en Abbotabad, en una casa situada a unos centenares de metros de una academia militar, donde fue abatido por fuerzas especiales de Estados Unidos (mayo de 2011), es más que segura la eventual colaboración paquistaní con la insurgencia talibán en las provincias occidentales del país, de cultura pashtún, y es harto conocida la desconfianza que despiertan los servicios de información radicados en Islamabad cuando se trata de controlar las idas y venidas de unidades muyahidines. Todo ello favorecido por la tendencia de los gobiernos indios a considerar que el único futuro posible para el área en disputa es que la extensión de la provincia de Jamnu y Cachemira se mantenga tal cual está o incluso crezca.

Para ambas partes, cualquier solución que entrañe concesiones es una mala solución o una solución no asumible. Es una incógnita cuál sería el precio político que debería pagar el nacionalismo indio, que poco menos que ha santificado el territorio mediante un discurso hinduista a menudo destemplado y manifiestamente agresivo, dirigido a la minoría musulmana que vive en el país (150 millones de creyentes). Un editorial publicado en The Times of India apunta directamente a la complicidad paquistaní en los golpes de mano yihadistas: “India debe trabajar en estrecha colaboración con los EEUU, otras potencias occidentales y Rusia –significativa ausencia de China, cabe decir– para garantizar que Pakistán desista de ser refugio del terror”. El primer ministro Narendra Modi seguramente suscribe la frase.

No es menos compleja la situación para el primer ministro paquistaní, Imran Khan, una estrella del cricket, un personaje muy popular, pero sin conexiones personales e ideológicas con el Ejército. Ni su nacionalismo ni su islamismo templado le garantizan una relación fluida con los uniformados si rebrota la tensión después de devolver al piloto indio derribado el día 27. Dos ideas de Alí Jiná, padre de la patria, siguen siendo norma y guía para una opinión pública educada en la resistencia frente a la inmensidad de la India (más de 1.300 millones de habitantes): la primera es de naturaleza identitaria  –“Hindúes y musulmanes fundamentan su inspiración en diferentes fuentes de la historia”–; la segunda encierra un concepto sui géneris del poder –“No creo en tomar la decisión correcta, tomo una decisión y la hago correcta”–, acaso una idea muy particular de los gobernantes como sujetos predestinados.

Bernard Brodie, uno de los teóricos de la estrategia nuclear, definió así el papel reservado a los arsenales atómicos: “Las armas nucleares deben estar siempre listas, pero nunca se deben utilizar”. Todos los estudios dedicados al concepto de disuasión se basan en este principio, las pequeñas potencias nucleares –Israel, Corea del Norte– se han dotado de un equipamiento suficiente para ser poco menos que invulnerables salvo grave riesgo para la comunidad internacional y sin embargo, cuando el conflicto surge entre vecinos nuclearizados, surgen las dudas, aparecen los recelos sobre la eficacia real de los sistemas de alianzas respectivos para evitar que la contención del adversario degenere hacia la agresión al enemigo. Por eso la aldea global se ha llenado de llamamientos a la serenidad en búsqueda del mal menor: que el laberinto de Cachemira se mantenga como una dolencia crónica si eso evita una guerra caliente.

La Iglesia católica debate su peor crisis

La Iglesia católica afronta su más grave y escandalosa crisis desde el final de la segunda guerra mundial, y seguramente una de las más dañinas desde hace siglos para su prestigio de guía moral para creyentes y también no creyentes. En el encuentro titulado Protección de la Infancia en la Iglesia, convocado por el papa Francisco, los presidentes de 114 conferencias episcopales, representantes de las iglesias orientales, de los dicasterios y obispos sin diócesis, hasta sumar un total de 190 clérigos, tienen en sus manos y en las decisiones que adopten la paulatina restauración del prestigio de la institución, la preservación del perfil reformista del sumo pontífice y el saneamiento del vínculo entre los pastores y la grey. El mandato exigente del Papa –“El santo pueblo de Dios nos mira y no solo espera de nosotros simples y obvias condenas, sino todas las medidas concretas y eficaces que se requieran. Hace falta ser concretos”– debe llevar a los padres sinodales a ser ejecutivos; de no serlo, la desorientación de la feligresía irá en aumento y se multiplicarán las dudas en todas direcciones acerca de la capacidad de la Iglesia de regenerarse.

La fase de pedir perdón por los pecados cometidos ha quedado superada por la difusión de los casos de pederastia identificados en todos los ámbitos de la Iglesia, que afectan a decenas de miles de víctimas y a otros tantos miles de sacerdotes. La época de los actos de contrición en privado quedó atrás hace mucho tiempo, desbordada por las dimensiones de la epidemia y la mala conciencia de puertas para adentro. La sensación de que la ocultación, el encubrimiento y otras formas de silenciar los casos de pederastia revela un mal sistémico en el funcionamiento de la Iglesia, por lo menos desde los días de Juan XXIII, convierte en moralmente imposible cualquier vía de escape que no incluya el compromiso firme y tajante de las autoridades eclesiásticas de llevar a los culpables ante la justicia civil para que respondan de sus fechorías. Los menores sometidos al acoso de los pederastas con sotana tienen igual derecho de ver perseguidos y condenados a quienes los asaltaron que los que fueron víctimas de pederastas no consagrados.

Como ha argumentado Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y ha recogido L’Osservatore Romano, el silencio de las víctimas “es uno de los frutos más odiosos” de la pederastia. Abunda el prelado en la opinión de psicólogos y sociólogos acerca del abuso de autoridad como requisito indispensable para que se dé el abuso sexual, y añade el analista Marco Bellizi: “Una conciencia manipulada no es capaz de expresarse adecuadamente. A menudo pierde también la capacidad de comunicar lo que le está sucediendo”.

Puede decirse sin riesgo a exagerar que ese silencio inducido por una mezcla de miedo, vergüenza y soledad se ve agravado cuando renuncian a esclarecer los hechos ante la opinión pública quienes están en condiciones de atender a las víctimas y resarcirles su dignidad como parte de la etiquetada como acción pastoral. Lo entendió así Benedicto XVI antes de ocupar la silla de Pedro –cardenal Josef Ratzinger, entonces–, pero detuvo la iniciativa el papa Juan Pablo II, que toleró el secretismo y la componenda en las sacristías, y pretendió poner a salvo de la justicia civil a los pederastas. Todos los casos desvelados por los medios de información y las autoridades religiosas que se han negado a respetar un silencio ominoso permiten llegar a la conclusión de que la crisis de identidad de la Iglesia no habría alcanzado las cotas de hoy si la jerarquía hubiese intervenido con determinación hace decenios.

Cuando el cardenal Ratzinger dijo en 2005 que la Iglesia está “llena de suciedad” no hizo más que llamar la atención sobre un mal que erosionaba su solvencia como referencia moral. Claro que, al mismo tiempo, el teólogo Hans Küng, amigo de Ratzinger en su juventud, culpa al Papa emérito de ser el principal responsable de la ocultación de la pederastia en las entrañas de la Iglesia, y exige a este que entone un mea culpa. Cree Küng, y con él el grueso del sector más progresista del catolicismo, que Ratzinger se plegó a las presiones y exigencias de la Iglesia conservadora, instalada en la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la que el cardenal fue prefecto durante décadas, y así llegó al papado con las manos atadas.

Aquello que han deplorado los teólogos de orientación reformista es la aplicación a los casos de pederastia del llamado secreto pontificio, cuya vulneración por un ordenado es susceptible de sanción eclesiástica. Se diría que al exigir a la asamblea reunida en Roma la adopción de medidas concretas, Francisco ha liquidado para siempre el antedicho secreto para los episodios de abusos sexuales en menores. Otra cosa es que los convocados por el Papa se avengan a poner en marcha un mecanismo de denuncia sistemática de los pederastas, de castigo sin excusas en el seno de la Iglesia y de entrega a las autoridades civiles para que se les aplique el Código Penal y el castigo que les corresponda. Pareciera lo más adecuado dada la trascendencia del momento, pero en la tradición eclesial aún pesa mucho la vieja idea de que la ropa sucia se limpia en casa (si es que se limpia).

La omertà pervive en sectores muy importantes del catolicismo como una oscura tradición que pone a los sacerdotes e integrantes de congregaciones religiosas fuera del alcance sancionador del poder civil, que finalmente es la única garantía de igualdad ante la ley que tienen los ciudadanos. La estructura de poder piramidal de la Iglesia, una teocracia electiva, reducido el voto al colegio cardenalicio reunido en cónclave a la muerte o dimisión del Papa, permite que el secretismo sea la norma y la transparencia, la excepción. Pero al aplicarse el oscurantismo a los casos de menores que vieron vulnerados sus derechos por ministros de la Iglesia –los que cometieron los abusos y los que los encubrieron–, la ley del silencio pasa de ser una tradición a ser una enfermedad, un comportamiento indefendible y sin justificación posible.

Ni siquiera la consideración del celibato como desencadenante de conductas reprobables tiene el peso y la consistencia argumental que habitualmente se le atribuye. Hans Küng afirma en un artículo publicado en 2010: “Evidentemente, el celibato no es la única razón que explica estos errores. Pero es la expresión estructural más importante de una postura tensa de la Iglesia católica respecto a la sexualidad, que se refleja también en el tema de los anticonceptivos”. Y cabe añadir, en otros asuntos englobados en lo que cabe calificar como políticas del cuerpo, esto es todo aquello que atañe a la autonomía de los individuos para disponer de su cuerpo con libertad y responsabilidad. Ciertamente, sin el celibato obligatorio, los casos de pederastia serían menos numerosos, según sostienen los expertos, pero quien elige seguir la carrera eclesiástica en la Iglesia católica sabe de antemano que deberá mantenerse célibe de por vida, algo probablemente antinatural y contradictorio con el mensaje del cristianismo primigenio, como recuerda Küng al citar un pasaje del evangelio de Mateo: “El que pueda con esto, que lo haga”. Algo que en ningún caso debe inclinar a la comprensión de los asaltantes de menores (todos los ordenados son adultos).

El teólogo y antiguo fraile franciscano Leonardo Boff estimó en 2010 que la crisis en curso es la más grave desde la reforma protestante (siglo XVI). A la acumulación de poder de la Iglesia, al distanciamiento de las nuevas realidades sociales y a la neutralización de la teología de la liberación, con efectos devastadores para la cohesión de la comunidad católica en América Latina, se ha unido la pederastia a modo de termita que mina los cimientos de la institución. Es enorme el daño infligido a la versión más desprendida del catolicismo como refugio de los desheredados. De forma que mientras prevalece en amplísimas capas de la opinión pública el brillo del inmenso patrimonio acumulado por la Iglesia de Roma, la grandiosidad de su legado histórico, se multiplican las dudas acerca de su disposición a aplicar cirugía de hierro para combatir la lacra execrable de la pederastia. En este asunto no cabe aplicar la máxima agustiniana “Roma locuta, causa finita” (Roma ha hablado, caso cerrado).

 

El juicio entra en campaña

Al cruzarse las consignas de Waterloo en la tramitación del Presupuesto, tumbarlo y llevar sin remisión a las elecciones legislativas del 28 de abril el desarrollo de las sesiones en el Tribunal Supremo alimenta como nunca la política de las emociones, el entusiasmo del neofranquismo –Vox– en la cresta de la ola, la esperanza de la derecha desmelenada –el PP– de volver a pisar la Moncloa a la mayor brevedad y la vocación funámbula de Ciudadanos (pasar la maroma sin red de acuerdo con el modelo ensayado en Andalucía). El tono del manifiesto de la plaza de Colón, el último domingo en Madrid, el de la declaración de Oriol Junqueras ante los jueces y el del presidente Pedro Sánchez al anunciar la cita con las urnas enmarcan el libreto de la representación político- judicial durante más de dos meses. Antes de depositar la papeleta, los electores deberán soportar la acidez extrema de una campaña a cara de perro con abundancia de datos falsos al estilo del antedicho manifiesto, apelaciones a derechos inalienables articuladas por los agitprop del procés y el recordatorio permanente desde el Gobierno de las bondades de un Presupuesto neutralizado por varias derechas y el independentismo exaltado.

Todo ello simultaneado con la proliferación de tertulias en todas partes para analizar qué sucedió y qué no sucedió en Catalunya durante el otoño de 2017, divididas las opiniones entre quienes defienden que todo se hizo pacíficamente en nombre de una idea extrema e indiscutible de democracia y quienes estiman que se desencadenó poco menos que el Armagedón. Lo que lleva forzosamente a la intromisión de la campaña en el juicio mediante la diversificación de las declaraciones de los encausados, técnicas unas, políticas otras, de los acusadores y de los defensores. Se percibió el jueves en las respuestas de Junqueras y de Joaquim Forn y se dejará notar las próximas semanas, conforme avancen a un tiempo el juicio y la campaña, y cuanto se diga en la sala se interprete a la luz de los focos de la elección inminente.

También se personarán en la campaña la división en el PSOE y en el independentismo, que encubrirán los asesores de imagen con los consabidos mítines y discursos para los convencidos, porque el fundamentalismo nacionalista no es patrimonio exclusivo de uno de los bandos y mucho de ello habrá hasta el 28 de abril. Cuando la expresidenta andaluza Susana Díaz reconoció que en su campaña acaso debió hablar más de Catalunya y menos de Andalucía se atuvo a la verdad: los nacionalismos se alimentan mutuamente y así el catalán estimula al español, y este al catalán en igual o mayor medida hasta nadie sabe cuándo.

Que este panorama pueda alterar el pulso de los ciudadanos es harina de otro costal. En cierto sentido, la crisis catalana ha alcanzado un cierto grado de normalización y salvo episodios esporádicos y las apelaciones a los símbolos desde ambos lados de la divisoria, ha adquirido la naturaleza de las dolencias crónicas: hay que vivir con ellas y las pastillas no las curan, pero las hacen llevaderas. Puede haber alguna huelga llamada de país –sea cual sea el significado de tal etiqueta–, pueden llamar la atención algunos mensajes desaforados, puede que el Govern incremente su ineficacia y pasividad funcionales, pero nada sustancialmente diferente sentirá la calle de lo sentido hasta ahora. Este es el destino inevitable de las crisis que, a fuerza de prolongarse, pasan a formar del paisaje sin alterarlo en demasía hasta que por fin alguien se empeña en solucionarlas (lo intenta al menos).

Así ha sucedido durante los ocho meses transcurridos entre la moción de censura y la caída de los Presupuestos: pareció que sí, que era el momento del pacto, pero llegada la hora de la verdad Quim Torra esgrimió los 21 puntos de su programa para la autodeterminación, la tripleta derechista de Andalucía puso el grito en el cielo, el Gobierno presentó unos presupuestos indiscutiblemente atentos a las urgencias de los más vulnerables o desprotegidos, pero volvió la autodeterminación a ocupar el escenario y se acabó lo que se daba después de la concentración de Madrid, suficiente por ruidosa e insuficiente por poco numerosa. Vivido todo sin que la derecha haya pedido excusas por acusar reiteradamente al Gobierno de haber hecho concesiones al soberanismo movilizado, concesiones que el abrupto final de la legislatura ha demostrado que nunca existieron. A no ser que inducir el diálogo sea una peligrosa concesión (parece que no).

Para el independentismo en campaña será por lo menos complicado justificar su opción de llevarse por delante los presupuestos y la continuidad del Gobierno, deberá demostrar que ni en Waterloo ni en su delegación de la plaza de Sant Jaume todo se rige por el principio de cuanto peor, mejor. Como si poner en suerte la continuidad del PSOE en el Gobierno persiguiera quedarse sin interlocutor mediante una victoria de la derecha y el neofranquismo (extrema derecha) y, de esta forma, sembrar en parte de la sociedad catalana una dosis suplementaria de frustración para engordar las filas independentistas. ¿Quién sabe si todo es fruto de este arriesgado cálculo para alimentar el victimismo o resultado de un déficit crónico de realismo? ¿Quién sabe si en algún recodo del camino de Waterloo a Barcelona o viceversa dejó de analizar el independentismo las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas? Son dos conceptos fundamentales para decidir si es posible imponerse o es necesario el pacto, algo siempre preferible a empeorar la situación, porque es muy posible que cuanto peor, peor.