About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

La política tóxica alienta el racismo en Estados Unidos

Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes de los que cerca del 14% son afroamericanos mientras que la población blanca representa el 60%. Pero la población reclusa de piel negra es el 33% y la blanca, el 36%, según un informe difundido por la cadena Univisión. El desequilibrio es evidente y los factores que explican tal desfase son por lo menos tres, según un estudio de Ryan D. King y Michael T. Light: las diferencias raciales en la comisión de delitos, leyes aparentemente imparciales, pero con efectos raciales dispares y el trato desigual en el sistema de justicia. Veredictos como el del miércoles de un jurado de Brunsbick (Georgia) –once blancos y un negro–, que declaró culpables de asesinato a tres hombres blancos que persiguieron y mataron al joven de 20 años Ahmaud Arbery en febrero de 2020, tienen el valor que se les quiera dar, pero tienen un poder limitado de transformación en una sociedad en la que el problema racial, legado por la esclavitud, sigue presente en todas partes.

Basta con atender al hecho de que pocos días antes del desenlace del caso Arbery, un jurado de Kenosha (Wisconsin) absolvió al joven Kyle Rittenhouse, que mató a dos personas e hirió a una tercera durante un episodio de disturbios raciales. El principio de legítima defensa, que en Estados Unidos se extiende a una serie de leyes respaldadas por la segunda enmienda de la Constitución –derecho a la posesión de armas–, fue suficiente para poner al procesado en libertad. La fiscalía adujo que no cabía alegar legítima defensa contra un peligro “que tú mismo creaste” –salir a la calle armado y acosar a manifestantes–, pero prevalecieron en el criterio del jurado viejos preceptos, que fueron respaldados por el expresidente Donald Trump, a quien Rittenhouse visitó en Mar-a-Lago. Trump declaró que el fiscal nunca debió presentar cargos contra el joven y en una entrevista en la ultraconservadora Fox News, el presentador Tucker Carlson definió a Rittenhouse como “un chico dulce”.

Con independencia de las particularidades de cada caso, es enorme la distancia moral en el desarrollo de uno y otro. Algo que no hace más que subrayar la pervivencia del problema racial, quizá agravado y aumentado en los últimos años por la atmósfera tóxica que se respira en la política estadounidense y que mantiene de plena actualidad la opinión emitida por Barack Obama en 2007, cuando, siendo senador, visitó la Asociación Nacional para la Promoción de las Personas de Color: “A pesar de todo el progreso que se ha logrado, aún nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos más trabajo que hacer cuando hay más jóvenes negros que languidecen en la cárcel que los que van a universidades y facultades en el país”.

En realidad, queda tanto por hacer que en el estado de Georgia aún era vigente la llamada ley de arresto civil, a la que se acogió la defensa de los tres condenados, que databa de 1863 y que autorizaba a los ciudadanos a arrestar a personas “razonablemente sospechosas”. El gobernador del estado, Brian Kemp (republicano), la abolió después de la muerte de Arbery e hizo bien: en Georgia, un estado esclavista, se aprobó en plena guerra civil para facilitar la persecución de esclavos huidos. Pero que tal ley siguiera en vigor en 2020 no deja de ser un síntoma inquietante de hasta qué punto la cultura de la división racial sigue ahí con el indecente vigor de que goza desde que los primeros africanos llegaron a Nueva Inglaterra hace cuatro siglos.

Hay una cultura supremacista blanca tan arraigada que siguen siendo excepción los entornos sociales en los que la convivencia interétnica está por completo normalizada. Contra lo que cabía esperar, la presidencia de Barack Obama agravó las tendencias divisivas: una facción muy grande de la opinión pública de Estados Unidos no aceptó que un negro viviera en la Casa Blanca durante ocho años, y en la victoria de Trump en 2016 fue este uno de los factores determinantes: su ambigüedad a la hora de abordar el problema racial satisfizo a quienes piensan que se ha ido demasiado lejos en rescatar de la marginación y el sometimiento a la comunidad negra. Quizá no sea el clima social de hoy el mismo que desafía la decencia de Atticus Finch en la novela Matar un ruiseñor, o quizá sí lo sea si nos atenemos a lo que aún sucede en demasiados lugares, encubierta la impunidad blanca por un racismo consolidado que alcanza al trabajo de los jueces.

El hecho es que sigue vigente el alegato de John Quincy Adams, año 1840, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del barco esclavista Amistad, presentado en principio por los demandantes como una disputa por la propiedad de los africanos transportados en la nave y que luchaban por recobrar la libertad: “No es una simple cuestión de propiedad, es el caso más importante que se ha presentado ante este tribunal, porque a lo que en realidad concierne es a la naturaleza misma del hombre”. Adams fue presidente entre 1825 y 1829, pero cerca de 200 años después sus palabras explican mucho de cuanto sucede hoy, de la misma manera que lo hacen la alocución de Abraham Lincoln en Gettysburg, el sueño de Martin Luther King y otras voces esclarecidas: el problema racial es el mayor demonio familiar de una sociedad que no lo ahuyentó con la victoria unionista en el campo de batalla.

Basta una travesía por el sur profundo para calibrar la naturaleza del desafío. La proliferación de banderas de la Confederación vencida en 1865, los monumentos al general Lee, la división religiosa, con congregaciones separadas para negros y blancos, toda la gazmoñería paternalista de comunidades blancas frente a la discriminación indiscutible que soportan comunidades negras, parece dar la razón a quienes sostienen que las guerras civiles nunca se acaban, dejan un poso de amargor histórico, de litigio sin resolver. Mientras sea noticia que un jurado de mayoría blanca absuelve a un acusado afroamericano, el ominoso problema racial seguirá vivo en Estados Unidos.

Cuba, la revolución congelada

Todos los vaticinios conocidos sobre cuál sería el proceso de revisión y reforma del régimen cubano a partir del desvanecimiento de la Unión Soviética se han quedado en nada. Ni Fidel Castro optó por imitar el proceso que siguió a la liquidación de la superpotencia comunista ni su hermano Raúl afrontó el ocaso con la capacidad transformadora del modelo chino en la cabeza. Frente a esas dos posibilidades desechadas se afianzó la voluntad de la nomenklatura de perpetuarse en el poder y no transigir en cambios fundamentales para rescatar a la isla de las penalidades encadenadas desde la primera mitad de los años noventa. La hipótesis manejada por algunos think tank de Estados Unidos, que interpretaron el final de la URSS y de su tutela de la isla como el primer capítulo de una evolución con altibajos hacia un modelo mixto de economía público-privada y pluripartidismo bajo control, erraron tanto el tiro como el disidente Carlos Franqui, militante de primera hora de la revolución y amigo de Camilo Cienfuegos, que en 2001 pronosticó una “apertura económica con represión política” a imagen y semejanza del modelo chino.

Nada de esto sucedió porque Raúl Castro fue un presidente que se limitó a hacer retoques cosméticos en la economía –antepuso la pervivencia del legado recibido de manos de Fidel y del partido– y su sucesor, Miguel Díaz-Canel, no hace más de lo que cabía esperar de un apparatchik, aun a riesgo de agravar el hartazgo social a causa del desabastecimiento y la progresiva desvinculación de la élite gobernante del sentir de la calle, de los padecimientos de una población a la que le falta de todo. Aunque un articulista del diario habanero Juventud Rebelde presenta las movilizaciones de julio y la manifestación convocada el día 15 por el colectivo Archipiélago como una operación orquestada desde Estados Unidos para movilizar a “nuevos guerrilleros del imperio neocolonial”, lo cierto es que hay un desapego progresivo de la generación de menos de 40 años, sin vínculos sentimentales con la epopeya de los barbudos de Sierra Maestra.

Escribe Martín Caparrós en Ñamérica, referido a La Habana: “Una ciudad detenida en el tiempo. Una ciudad –que parece– detenida en el tiempo. Una ciudad donde aquellos que prometieron un gran cambio detienen todo cambio –en nombre de aquellos cambios que siguen prometiendo. Una ciudad que se parece a un trabalenguas, cuyo nombre es el nombre de un veneno: los habanos”. Tal descripción es poco menos que un retrato de la decadencia de un proyecto que ha hecho de la bellísima ciudad de las columnas glosada por Alejo Carpentier un escenario de piedra con cicatrices en cada fachada. Esa detención del tiempo, esa congelación del tiempo con el propósito de resistir cueste lo que cueste es definitoria y al mismo explicativa de cuanto está sucediendo en la isla.

Es evidente que las sanciones de Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump, que canceló la apertura posibilista promovida por Barack Obama, y la parsimonia de Joe Biden tienen mucho que ver con las penurias cubanas, con el ahogo económico. Es igualmente evidente que una parte importante de la población cubana se identifica con la peripecia revolucionaria. Pero ambas realidades no restan valor al lamento de Fidel Castro en julio de 1991, cinco meses antes de esfumarse la URSS: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”. Porque lo que sucedió en verdad en los 35 años que siguieron al fracaso de la expedición anticastrista en Playa Girón (1961) fue el encubrimiento de las carencias del régimen mediante la asistencia de Moscú a La Habana, fruto de la guerra fría.

La progresiva disolución de las reglas del juego de la guerra fría en una nueva realidad multipolar que está lejos de constituir un sistema, un marco internacional con comportamientos previsibles, ha perjudicado la viabilidad del experimento cubano. Pero sus gestores no se han acogido al análisis gramsciano de la correlación de fuerzas, sino que han optado por un numantinismo sobrevenido con el conocido coste para los ciudadanos; para los gestores del momento ha pesado más garantizar la supervivencia del sistema que poner remedio a sus limitaciones endémicas. Puede decirse que la élite dirigente del Partido Comunista y del  Ejército se ha atenido a un acto reflejo común a todas las élites: perpetuarse en el puente de mando.

Para el núcleo dirigente, sin embargo, el mayor problema es la progresiva desconexión de la mitología revolucionaria de una parte cada vez mayor de la sociedad cubana. La propaganda política permanente surte efecto en la fase expansiva de los procesos de cambio, pero activa el escepticismo e inmuniza de sus efectos a los receptores de tal propaganda si finalmente llegan a la conclusión de que el rey estaba desnudo. Los iconos de los 60, los eslóganes rotundos y las transformaciones en la isla de aquel entonces son historia, quedan demasiado lejos para que puedan generar complicidades políticas y mecanismos emocionales de adhesión. Cuando un dramaturgo como Yunior García es de repente motivo de preocupación del sistema o los Latin Grammy dan un premio a la canción Patria y vida –el eslogan de los movilizados en julio–, la sensación que se trasmite es que la hegemonía cultural de la revolusión presenta muchas brechas.

Hay dos futuribles probables: que la tensión social no decrezca –quizá la fractura vaya a más– y que el enroque del régimen en el inmovilismo se mantenga. La suma de ambos comportamientos solo da pie a malos presagios. Porque en un régimen de opinión pública, con pareceres diferentes expuestos a la luz del día, la fabricación del consentimiento, un concepto desarrollado por Walter Lippmann, está sujeto al debate entre iguales, pero en un entorno sin libertad de información, el disenso entre el poder, que manufactura el consentimiento a su antojo, y los discrepantes lleva directamente a la protesta cuando no al enfrentamiento. Tal cosa sucede en Cuba, aunque la propaganda echa la culpa de todo a los viejos demonios familiares.

Bielorrusia chantajea a la UE

La situación provocada por el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, en la frontera con Polonia no solo refleja la catadura moral del inductor de la crisis y de su protector, Vladimir Putin, sino que afecta a la cohesión interna de la Unión Europea, atrapada entre la necesidad de actuar en defensa de uno de sus socios, que, a su vez, mantiene vivo un disenso fundamental en la aplicación de los tratados al no reconocer la primacía de la legislación europea sobre la nacional. Hay en la acción emprendida por Lukashenko el propósito de responder a las bravas a las sanciones impuestas por Bruselas al régimen bielorruso y en el acompañamiento de Putin se manifiesta la decisión de presionar a los Veintisiete cuanto más, mejor. Y hay también la necesidad del Kremlin de mantener el estatus de gran potencia mediante su capacidad de dañar a quienes tiene por adversarios –aunque al mismo tiempo son sus clientes, consumen gas ruso–, una necesidad perentoria para encubrir una doble realidad: la desastrosa situación económica del país y la no menos desastrosa lucha contra la pandemia.

En la crisis humanitaria provocada por el tándem Lukashenko-Putin o viceversa, las consideraciones morales no tienen cabida. Las condiciones en las que sobreviven al borde de la frontera con Polonia varios miles de personas en el gélido noviembre de la región no forman parte de las preocupaciones de quienes han decidido manipular en beneficio propio a comunidades extremadamente vulnerables. El recurso al tráfico de seres humanos, un saneado negocio para mafias de todo el mundo, resulta doblemente abyecto cuando detrás de él se hallan gobernantes dispuestos a cualquier cosa.

Tales consideraciones no deben ocultar el hecho de que la Unión Europea ha sido poco diligente en la previsión de la crisis en curso. El politólogo polaco Slawomir Sierakowski advirtió el pasado agosto que a raíz de la caótica evacuación de Afganistán por Estados Unidos y sus aliados, Lukashenko había encontrado una forma de presionar a la UE con la exportación de refugiados a la frontera con Polonia. “Desde principios de año, más de 4.000 refugiados han llegado a Lituania, 50 veces más que en 2020, afectando a las comunidades locales y molestando a la opinión pública nacional –escribió Sierakowski el 31 de agosto–. Ante tal afluencia, Lituania y Letonia han declarado el estado de emergencia. Ahora Polonia, donde ya ha habido varios cientos de intentos de obligar a los refugiados a cruzar la frontera, se une a ellos. Los refugiados, confundidos, perdidos y hambrientos, están siendo capturados en ciudades fronterizas y devueltos por la fuerza al lado bielorruso. Aunque estas devoluciones van en contra de la Convención de Ginebra, los países de la UE se han acogido cada vez más a esa práctica”.

La paradoja es que la impericia europea para afrontar el problema a las primeras de cambio puede, a la larga, rescatar al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, de un laberinto sin salida a causa de su disenso con las autoridades de la UE. Puesto que el problema ftonterizo urge más que la resolución que finalmente redacte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la prevalencia del derecho comunitario, el Gobierno de Varsovia puede pensar, no sin fundamento, que el desenlace del conflicto jurisdiccional quedará en agua de borrajas, aunque en un principio la opinión más difundida en la UE fuese que Bruselas no podía ceder y, llegado el caso, debía bloquear los fondos destinados a Polonia. De momento, los socios europeos se ven en la obligación ineludible de salir en defensa de uno de ellos ante el desafío bielorruso, que puede hacerse extensivo a las fronteras de Lituania y de Letonia.

Al mismo tiempo, los grandes medios ponen el parche antes que la herida y avisan del error que supondría, a raíz de la crisis fronteriza, dar por amortizada la rebelión polaca en materia judicial. En teoría, es lógico pensar que tanto daña la cohesión comunitaria la posición polaca cuando no acata las resoluciones del TJUE como la dañaría la inacción ante el propósito bielorruso de enviar contingentes de refugiados al otro lado de la frontera. En la práctica, todo es más complejo porque hay demasiados socios, empezando por Hungría, que apoyan la rebelión jurídica de Polonia, siquiera sea con la boca pequeña, y en cambio no se ha alzado una sola voz en busca de una alternativa a las devoluciones en caliente.

Sucede así que la crisis fronteriza en Polonia sienta de nuevo a la UE ante el espejo de sus dudas y debilidades, con Lukashenko y Putin como grandes instigadores. Quizá sea demasiado aventurado colegir de todo ello que Morawiecki saldrá reforzado del envite, pero resulta menos arriesgado pensar que en todo caso no saldrá debilitado. Es asimismo exagerado pensar que los europeos han caído en una trampa para elefantes, pero no parece desmesurado advertir en la situación lo más parecido a una calle sin salida honorable. Entre otras razones porque de las tres medidas sugeridas por el periódico Le Monde para parar los pies al dictador bielorruso, solo la imposición de nuevas sanciones depende en exclusiva de la voluntad de los Veintisiete, Las otras dos, llevar la crisis a la ONU y visitar a los gobernantes de los países de origen para que dejen de ser cómplices de ese tráfico humano, son poco menos que inviables: jamás consentirá Rusia en el Consejo de Seguridad una resolución condenatoria de Bielorrusia y resulta inimaginable que se presten a algo semejante a un diálogo con fines de estricta decencia humanitaria las autoridades sirias o afganas, por citar solo dos de las concernidas.

En el emponzoñamiento del caso, como en tantos otros del pasado, se cumple la máxima según la cual un contrincante no es débil hasta que consigues debilitarlo. Pero Aleksandr Lukashenko no está solo y, además, dispone de un arma política de última generación con el invierno a las puertas: la espita del gas que llega de Rusia. La amenaza de cortar el suministro ya ha sido cursada, Vladimir Putin ha remitido a Angela Merkel a su aliado para que trate con él el asunto, y la poco convencional gestión de la poco convencional economía rusa autoriza a temer comportamientos abruptos. A esa llamada guerra híbrida le cuadra más el calificativo de chantaje a la luz del día.

Cita crucial por el clima

La conferencia COP 26 que empieza este domingo en Glasgow es una de esas ocasiones en las que será un sonoro fracaso todo lo que no sea levantarse de la mesa con acuerdos concretos y aplicables a la mayor brevedad. En este caso, cabe añadir que, además de sonoro, el fracaso, de darse, puede resultar dramático porque la degradación del clima avanza y se manifiesta con mayor rotundidad a cada día que pasa. Todos los trabajos producidos por los científicos coinciden en que en que los plazos se agotan para que muchos efectos de la emergencia climática no sean irreversibles y el precio a pagar por el género humano, inabarcable. Desde el informe IPCC, apoyado por las Naciones Unidas, al del Centro Euromediterráneo para el Cambio Climático, dado a conocer esta misma semana, hay coincidencia generalizada y expresa de que todo lo que no sea limitar el aumento de la temperatura media de la Tierra en 1,5 grados condenará al planeta a un calentamiento inasumible con la generalización de fenómenos atmosféricos extremos, aumento del nivel de los mares, desaparición de tierras emergentes, degradación de la calidad del aire y crisis sanitarias constantes.

Ese es el panorama de futuro y no otro si no se actúa, y es suficiente para resaltar la irresponsabilidad de cuantos niegan los riesgos inherentes al cambio climático con argumentos tan peregrinos y puede que cínicos como que no es ninguna novedad para la Tierra que el clima mute. La influencia de la verborrea de Donald Trump durante cuatro años ha sido en este sentido desastrosa porque ha envalentonado a la extrema derecha de todo el mundo, por lo general negacionista, y ha procurado un gran aliado a sectores económicos de influencia universal que anteponen la cuenta de resultados a cualquier otra consideración. Pero no solo la demagogia de Trump ha dañado la aplicación de los acuerdos de París mediante medidas concretas, sino que la necesidad de afrontar un cambio radical de modelo energético, que implica un cambio sustancial de los sistemas de producción y consumo, ha aplazado sin fecha precisa la adopción de medidas que, al menos momentáneamente, afectarán la tasa de beneficios.

Puede parecer exagerado el convencimiento del nobel Paul Krugman de que la pasividad ante el cambio climático “amenaza el futuro de la civilización”, pero le dan la razón las proyecciones nada improvisadas que manejan para 2100 la hipótesis de un incremento de tres grados de la temperatura media de la Tierra. Estos presagios derivan de las previsiones de inversión y crecimiento de las industrias extractivas de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y China, entre otros países, por un monto total de 1,4 billones de dólares, dadas a conocer antes de la COP25, celebrada en Madrid en 2019, que están lejos de haberse cancelado o revisado de forma sustancial.

El estallido de la pandemia y la momentánea congelación de la economía hicieron creer que la progresiva recuperación de la normalidad se haría teniendo en cuenta la leve mejoría experimentada por la calidad del aire y otros parámetros esenciales. Nada de esto ha sucedido: en cuanto ha mejorado la situación sanitaria en el mundo desarrollado han reaparecido los mismos problemas, quizá corregidos y aumentados por el crecimiento, se han disparado de nuevo las tasas de contaminación del aire y una vez más se han manifestados las resistencias a afrontar a escala global un problema de dimensiones globales. Esto es, las soluciones parciales, regionales o locales, sin duda cargadas de buenas intenciones, carecen de eficacia porque la humanidad enfrenta una crisis que no entiende de fronteras.

Pocos gobernantes abordan con determinación práctica el hecho de que si la economía se ha globalizado, los daños causados por el modelo productivo deben remediarse de forma global con medidas concretas, recogidas en un calendario preciso y sometidas al control de instituciones independientes. En caso contrario, los daños colaterales están garantizados en el espacio –la totalidad de la Tierra– y en el tiempo –el avance de la degradación– así para los cumplidores de lo acordado como para los remisos a hacerlo. Pero esa idea de globalidad, que ni siquiera ha prevalecido a la hora de procurar vacunas a todo el mundo para combatir la pandemia, es inasumible para demasiados gestores económicos, que ven en ello una limitación o aplazamiento de beneficios, de la amortización de costosas inversiones correspondientes a modalidades de negocio con un componente contaminante.

Ese es el fondo de la cuestión: ¿cabe imaginar un crecimiento ilimitado de la economía en un espacio limitado o solo la limitación del crecimiento puede evitar el desastre? Es imperiosa la respuesta a esa pregunta y a otras relativas al crecimiento de la población, al aumento de las desigualdades, al crecimiento del consumo, a la frivolidad suntuaria de segmentos sociales minoritarios, pero muy influyentes en la difusión de la cultura del lujo. Y es asimismo imperiosa la concreción de compromisos para rescatar del sometimiento los países que carecen de recursos propios para afrontar el cambio hacia la sostenibilidad y la preservación del medio natural.

Ninguno de los grandes problemas logísticos que enfrentan los mercados a la salida de la pandemia, si es que en tal momento nos encontramos, son del calibre suficiente como para anteponerlos al combate contra la emergencia climática. Ni el desbarajuste del mercado eléctrico causado por el aumento de la demanda y el encarecimiento del gas ni la crisis de suministros y el encarecimiento del transporte desde Extremo Oriente a Europa y Estados Unidos son razones suficientes para no avanzar, para salir del COP26 con un programa de buenas intenciones y poco más. El nobel Joseph Stiglitz lo resume en una idea: la sociedad pospandémica debe perseverar en la igualdad y en la economía verde para proteger el medioambiente. El objetivo parece simple, pero en Glasgow se levantarán seguramente muros defensivos y frentes agresivos que pretenderán convencer a la opinión pública de que nada de lo que está pasando es de una gravedad extrema, aunque lo es y mucho.

 

La rebelión polaca se envenena

El encaje de Polonia en la Unión Europea se complica y lleva camino de abrir un choque institucional entre Comisión y Parlamento, no por la primacía del derecho comunitario sobre los derechos nacionales, que no discute ninguna de las dos instancias, sino por los términos de la reacción frente a  la rebeldía o revisionismo polaco. La demanda que prepara la Eurocámara contra la Comisión por la no aplicación del principo de condicionalidad incluido en el reglamento para la ejecución del presupuesto en el periodo 2021-2027, que prevé la suspensión de los pagos debidos a los países que amenazan el Estado de derecho, enrarece la atmósfera política en Bruselas y otorga un margen de maniobra a Varsovia del que no debería haber disfrutado. Porque la lentitud en el salto del apercibimiento a Polonia, hecho por la presidenta Ursula von del Leyen, a la concreción de medidas entraña demasiados riesgos innecesarios y puede dañar la cohesión de la Unión Europea en un asunto capital: la igualdad de los ciudadanos ante la ley sin excepciones.

Un artículo publicado en el periódico Le Monde por el profesor Thierry Chopin, de la Universidad Católica de Lille, se ve en la necesidad de recordar que la UE “no es una simple alianza entre estados soberanos que se consideran con libertad para sustraerse a los compromisos suscritos con sus socios”. Pareciera que el recordatorio es innecesario, pero lo hace preciso la posición polaca y la contención extrema de la Comisión a la hora de gestionar la crisis. Al igual que esa otra referencia al contenido de los tratados: “Los estados miembros de la UE se hallan en el seno de una unión de derecho y están obligados a respetar los compromisos jurídicos que han suscrito, sea en el marco de los tratados o de la producción o la aplicación del derecho derivado”. Una aplicación que garantizan los mecanismos jurisdiccionales, como recuerda el profesor Chopin.

El artículo está en sintonía con la inmensa mayoría de juristas: la UE se apoya en “un orden jurídico propio cuya autonomía con relación al derecho nacional ha sido sólidamente establecida”. No solo eso, sino que las resoluciones y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han hecho uso de su autonomía para proteger los derechos fundamentales, distintivos de las democracias y erosionados con cierta regularidad por el Gobierno polaco, secundado en su disenso por el de Hungría.

No hay mucho más que discutir y, si lo hay o acepta Bruselas que lo haya, se correrá grave riesgo porque equivaldrá a aceptar que es posible relativizar el cumplimiento de los compromisos emanados del tratado de adhesión suscrito en su idea por Polonia. O quizá si haya que ampliar el análisis de fondo de la crisis si se atiende a la conclusión a la que llega Sławomir Sierakowski, fundador y director de la publicación polaca de talante progresista Krytika Polityczna: “Es difícil decir qué hará el Gobierno ahora. Se ha atrincherado en la sentencia del Tribunal Constitucional, privándose del dinero que necesita para apuntalar sus posibilidades en las elecciones de 2023. Es cada vez más posible que el PiS [Ley y Justicia] esté dispuesto a sacrificar no solo los fondos de la UE, sino incluso la pertenencia de Polonia a la UE solo para aferrarse al poder”.

Hasta ahora, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha descartado el Polexit, pero nadie se atreve a desechar por completo esa posibilidad. Hay varios factores que inducen a pensar que el anclaje de Polonia en la UE no tiene vuelta de hoja: el 90% de la población es partidaria de seguir en el club; las arcas del Estado han recibido desde 2004 más de 200.000 millones de euros de los fondos de cohesión y tienen pendientes otros 160.000 millones de aquí a 2027 si el Gobierno deja de hacer juegos de manos con las atribuciones de la justicia europea. Pero ha quedado en el aire la opinión emitida por Adam Glapinski, presidente del Banco Nacional de Polonia: “Nos las arreglaremos muy bien sin los fondos de la UE”. Si se trata solo de un desplante, malo; si es una opinión con sólidos apoyos políticos, peor.

Lo cierto es que la UE está obligada a hacer compatibles dos objetivos esenciales: preservar el Estado de derecho y evitar que el Brexit sume imitadores. ¿Es una versión de la cuadratura del círculo a escala política? Qué duda cabe de que cualquier asomo de concesión de la UE abrirá las puertas a futuras presiones de otros estados en los que flaqueen las convicciones europeístas y ocasionalmente se puedan sentir perjudicados en el ámbito jurídico o competencial, pero no es menos cierto que resulta harto difícil imaginar una rectificación conciliadora procedente de Varsovia. La parte que transija en corregir su comportamiento emitirá inevitablemente señales de debilidad ante la opinión pública, algo especialmente dañino para el Gobierno polaco que teme las elecciones de 2023 y la competencia de Donald Tusk, un europeísta sin reservas que fue presidente del Consejo.

Cualquiera que sea la solución del crucigrama, alguien exhibirá heridas visibles porque no existe una salida win-win y es imposible preservar la cohesión europea si de la proliferación de líderes iliberales resulta también una multiplicación futura de vínculos a la carta en el seno de la UE. El funcionamiento de los Veintisiete como estados comprometidos en una doble construcción económica y política de la Europa del futuro no puede sustentarse en una revisión permanente de las obligaciones y deberes derivados de los tratados de adhesión. Y desde luego, es inasumible la delimitación a gusto del consumidor del Estado de derecho, de la autonomía de los ciudadanos, de las competencias de los tribunales y de los límites del poder político. Hay demasiado en juego para que la rebelión polaca siente un precedente, pero el tiempo discurre a favor de los rebeldes a cada día que pasa sin desenlace.

Violencia ‘escuadrista’ en Italia

El asalto por militantes de Forza Nuova (FN) a la sede del sindicato CGIL, el mayor de Italia, el pasado sábado en Roma ha abierto por enésima vez el debate sobre hasta qué punto debe el Estado democrático consentir la existencia de organizaciones neofascistas cuyo objetivo último es justamente liquidar las libertades democráticas. La discusión va mucho más allá de la conveniencia o no de levantar un cordón sanitario que aísle a la extrema derecha del resto de partidos porque aspira a dilucidar si puede tener cabida una organización que hace un uso oportunista de las reglas del juego en el ámbito democrático para subvertirlo. La controversia no es nueva, en ella tienen enorme peso las referencias históricas –años 20 y 30 del siglo pasado–, pero es evidente que en Europa el auge de los partidos ultras, difusores de una mezcla de nacionalismo atronador, de populismo desgarrado y de voluntad recuperadora de figuras determinantes en un pasado ominoso y no tan lejano, confiere a los sucesos de Roma una trascendencia europea.

El escritor Carlo Bonini  ha publicado en el diario progresista La Repubblica un artículo en el que afirma: “El tiempo se acabó. Y el límite impuesto por nuestra Constitución republicana ha sido ampliamente superado”. La dirección del medio pide al Gobierno la abolición de las siglas del partido neofascista con independencia del trámite parlamentario de la moción del Partido Democrático, que persigue la ilegalización de FN. Y en términos más o menos parecidos se expresan los grandes medios italianos, que recogen sin excepción el significado profundo de la descripción que del asalto ha hecho el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini: “Acto de escuadrismo”, una referencia explícita a la violencia fascista que caracterizó la dictadura de Benito Mussolini.

La pregunta que las instituciones democráticas deben formular y responder es si el Estado democrático tiene derecho a defenderse de sus adversarios o debe tolerar que pongan en riesgo su supervivencia en nombre de la libertad de pensamiento. Porque si una manifestación contra el pasaporte verde en Roma puede derivar en el asalto a la sede de un sindicato, un instrumento de la democracia, cabe pensar en qué puede degenerar con el tiempo el desafío al Estado de derecho, sobre todo si se prolongan situaciones de gran volatilidad como la vulnerabilidad de capas sociales cada vez mayores.

El profesor Daniel Innerarity da algunas pistas en su libro Una teoría de la democracia compleja: “La democracia, por su propia definición, será siempre un sistema de gobierno frágil y vulnerable. Y tenemos que aprender a gestionar esa vulnerabilidad”. Esa gestión debe hacer frente, por así decirlo, a una vulnerabilidad intrínseca –la derivada de la creciente complejidad de un sistema que garantiza las libertades– y otra extrínseca –la causada por las agresiones de actores ajenos al sistema, FN uno de ellos–, que utiliza el marco democrático para arremeter contra el sistema.

En el paisaje europeo, no solo italiano, abundan los ejemplos. De Polonia a España, de Alemania a Italia, de Hungría a los Países Bajos, proliferan los partidos que impugnan la esencia del Estado democrático, sin que, por lo demás, vean seriamente amenazada su libertad de movimientos, que persigue retrotraer las sociedades democráticas a otras con las libertades recortadas y sometidas a diferentes formas de sectarismo. Es una simplificación asociar tal auge a la presidencia de Donald Trump, porque mucho antes de su victoria en 2016, la familia Le Pen había consolidado un espacio político muy grande para la extrema derecha en Francia y en Austria llegó a gobernar un partido de extrema derecha en coalición con los conservadores. La demagogia de Trump fue sin duda un factor de aceleración del crecimiento de la oferta ultra europea, pero de antemano se dieron en el continente todos los ingredientes para que echara raíces.

Dice Carlo Bonini que FN luce de “manera ostentosa su matriz neofascista”, pero tal cosa no es privativa de ese partido. Detrás de cada reaparición de símbolos y eslóganes en otros partidos europeos es fácil encontrar anclajes en el pasado. Las referencias a la nación, a un pasado glorioso, a la soberanía mellada, a una identidad cultural uniforme y a la libertad coartada por el Estado intervencionista aparecen en todos los discursos; el asentamiento de realidades reconocidas y reconocibles de nuestro tiempo –el feminismo, la violencia de género, los diferentes modelos de familia, los movimientos migratorios masivos y tantas otras– dan pie a una propaganda encaminada a presentar tales realidades como una adulteración del legado histórico transmitido a través de generaciones.

Quizá el asalto a la CGIL tenga menos importancia de la intuida ahora, pero no deja de ser inquietante y anunciador de posibles riesgos futuros. Las dos grandes crisis sociales encadenadas desde 2008 –la financiera y la provocada por la pandemia– han armado el andamiaje en el que la extrema derecha escala puestos y puede seguir escalándolos si los gestores de la democracia no afrontan con determinación la salvaguarda del Estado de bienestar y la actualización del pacto social a él vinculado. “Hoy tenemos muchos traficantes de verdades. Gente que te vende su verdad como una verdad universal”, avisa el profesor Nuccio Ordine, y la mayoría de ellos recurren en algún momento a la violencia para imponer su verdad. Y visto así, acaso resulta más fácil explicar qué resortes desencadenaron el ataque a la CGIL.

Polonia desafía a la UE

La resolución del Tribunal Constitucional de Polonia que niega la primacía de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el derecho polaco abre una crisis institucional de grandes dimensiones. Al declarar inconstitucionales varios artículos del Tratado de la Unión impugna también la validez de varios apartados del tratado de adhesión firmado en su día por Polonia al ingresar en la organización. Llegados a este punto se abre la puerta a la aplicación de varios factores de corrección a instancias de Bruselas, algo del todo improbable, o a que el país se dé de baja del club, lo que ya se conoce como Polexit, una opción asimismo improbable a pesar del nacionalismo rampante y la deriva ultra del partido Ley y Justicia (PiS, sus siglas originales), que sostiene al Gobierno.

El recurso presentado ante el Constitucional por el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ya prefiguraba de por sí un choque institucional habida cuenta la naturaleza del disenso entre Varsovia y Bruselas en tres materias sensibles sobre las que se pronunció en contra el TJUE: la reforma de la justicia por violar el principio de independencia judicial, la erosión de la libertad de expresión y la limitación de los derechos de la comunidad LGTBI. En los tres casos, las leyes que el PiS sacó adelante supusieron, en última instancia, que el Ejecutivo polaco sufriese un revolcón judicial. Y de paso, quedó bloqueado el plan de recuperación polaco que asciende a 36.000 millones de euros.

¿Cómo salvar la situación sin un dramático parte de daños? De entrada, ni la Unión Europea puede revisar o matizar lo dictaminado por los magistrados del TJUE ni el Gobierno polaco está dispuesto a retocar las leyes que motivan la crisis, sino que pretende que se revisen los tratados. Cuando Didier Reynders, comisario de Justicia, compromete la palabra de la UE para poner al servicio de la causa cuanto sea preciso para que se respeten los tratados fundacionales, cierra el paso a una componenda más o menos presentable –o impresentable–, pero cuando el presidente del PiS, Jaroslaw Kaczynski, excluye dos posibilidades, el Polexit y la rectificación de las leyes aprobadas por el Parlamento de su país, no hace más que llevar el debate a un callejón sin salida.

Al mismo tiempo, la decisión de los jueces polacos ha entusiasmado a la extrema derecha europea, que se debate entre el euroescepticismo y el empequeñecimiento de las instituciones de la UE hasta reducir la organización a un área de libre comercio gestionada por la conferencia intergubernamental. Basta un somero repaso en las hemerotecas para encontrar declaraciones de una variada colección de líderes adscritos al populismo ultra que predican la recuperación para los estados de la mayoría de los atributos de soberanía cedidos a las instituciones europeas –ya no, quizá, el regreso a las divisas nacionales y la cancelación del euro–, opuestos siempre a someter las leyes propias a la doctrina del TJUE. Una forma de exigir manos libres para violentar, si es preciso, la división de poderes y limitar las libertades consagradas por las constituciones democráticas.

Es decir que el desafío polaco va más allá del conflicto entre un Estado socio de la UE y la organización; tiene un poder de contagio no menor para que los demagogos de la nación por encima de todo dispongan de un altavoz bastante ruidoso. Si nos remitimos a la historia reciente, la difusión de este nacionalismo altisonante empezó en la Hungría de Viktor Orbán, de quien Jaroslaw Kaczynski se ha declarado rendido imitador. Pero según Adam Michnik, fundador y director del diario de Varsovia Gazeta Wiborcza, la fuente de inspiración de ambos, más lejana en el tiempo, pero no menos eficaz en los resultados, es Mátyás Rákosi, el político comunista húngaro que al final de la Segunda Guerra Mundial se empleó en una metódica labor de vaciado de las instituciones libres “rebanada a rebanada, hasta que no quedó más que la cáscara”.

Hay en todo ello una impugnación del proyecto europeo que quizá debió preverse cuando es acordó una ampliación en masa en dirección este de la UE mientras se discutía una Constitución europea que nunca vio la luz, cuya discusión y fracaso dejó al descubierto debilidades e incoherencias. De forma que mientras varios nuevos socios se adaptaban a las exigencias de la pertenencia  a la UE, otros se sintieron progresivamente incómodos por el desarrollo político e institucional; sintieron que por otros caminos se consagraban principios que formaban parte del proyecto constitucional.

Ahora, claro, no hay marcha atrás porque el coste de salirse de la UE es inasumible por economías en construcción y por Bruselas, que apenas empieza a metabolizar el Brexit y ha entendido que alguna otra defección sería desastrosa para el futuro europeo, casi tanto como consentir a los socios o a algunos de ellos una especie de adhesión generalizada a la carta, con cláusulas de desenganche y otras fórmulas para que cada Estado ajustara a su gusto el vínculo de pertenencia a la UE. Sería esa una Europa inviable, condenada al fracaso o en extremo inestable, tan alejada del espíritu fundacional y de la consolidación de una ciudadanía europea que apenas sería capaz de reconocerse como tal.

Plantea el caso polaco demasiadas incógnitas de futuro como para que el desenlace no sea claro y preciso. Porque sigue siendo primordial el objetivo fijado por Jacques Delors a comienzos de los años 90: definir la Europa política que se quiere. De no hacerlo se asentará en el fondo de todos los debates un factor de vulnerabilidad aprovechable por los adversarios reconocidos o no del proyecto europeo, aquellos que, como Rusia, están dispuestos a sacar partido de lo que los Veintisiete no son capaces de resolver de forma concertada y expeditiva. Recuérdese que una de las reglas de oro menos discutida en el seno de la comunidad internacional es que cuanto menor es tu cohesión interna menor es tu influencia externa. Este es el juego.

‘Ñamérica’, una versión de América Latina

Medio siglo después de la publicación de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, Ñamérica, de Martín Caparrós, emite una imagen de la región y de los anhelos de quienes la habitan que difiere en parte y coincide en parte con uno de los libros de referencia de las izquierdas. Al principio de su obra, Galeano recogió una frase inquietante de Josué de Castro, un médico y destacado activista brasileño de mediados del siglo XX: “Yo, que he recibido un premio internacional de la paz, pienso que, infelizmente, no hay otra solución que la violencia para América Latina”. Al final de su trabajo, Caparrós arma una opinión concluyente sobre las protestas sociales en el continente: “Esos estallidos son el resultado de la pérdida de confianza en la democracia de delegación (…) Pero esos movimientos no parecen pedir cambio de sistema. De nuevo: no tienen otro sistema al que apuntar; quieren, sí, mejorar este, su situación en este”.

Entre ambos enunciados discurren cincuenta años de historia, de la proliferación de las dictaduras a las democracias deficientes, de la ensoñación revolucionaria alimentada por el experimento cubano a las proclamas insurreccionales abatidas por las desventuras de la revolución y el falseamiento de los mensajes –Venezuela, Nicaragua y alguna otra vecindad–, de la guerra fría y el intervencionismo sin disimulo a la globalización y una creciente sensación de caos en el orden internacional. Y de acuerdo con la estructura de Ñamérica, el cambio poco menos que cósmico del predominio de la ciudad sobre las sociedades rurales, de esas megalópolis a menudo ingobernables donde han ido a cobijarse con desigual fortuna los excedentes de mano de obra del sector primario, que han pasado de habitar economías de subsistencia a soportar todos los males de la pobreza.

“La ciudad junta en un espacio reducido –escribe Caparrós–, la masa crítica necesaria para que pueda suceder esa explosión; también concentra lo mejor de las fuerzas del Estado, que puede reprimir con rapidez, con eficacia”. Las ciudades se convierten así en las cajas de resonancia de las crisis sociales porque son el escenario de dos procesos imparables: la concentración de la riqueza y la progresión geométrica de las desigualdades. A la que se añade la concreción de una clase media estancada que reclama a los poderes públicos mejores asistencia y servicios como contrapartida a su contribución a la sostenibilidad del sistema. En los días del joven Galeano, algo de todo eso había, pero a tenor del análisis compartido entonces por los análisis de izquierdas, la masa crítica para alcanzar una redistribución razonablemente equilibrada de las rentas se encontraba en el campo.

Muchos años más tarde de la publicación de Las venas…, en 2014, el propio Galeano confesó que no volvería a leer su libro, que quiso escribir una obra de economía política, “solo que yo no tenía la formación necesaria”. Aun así, la argumentación seminal de Galeano y de otros autores justificó la creencia de Edward W. Said en Cultura e imperialismo: “Los escritores y eruditos provenientes del mundo antes colonizado han impuesto sus historias diversas o han trazado  sus geografías locales sobre los grandes textos centrales y canónicos europeos” (más tarde, también estadounidenses). Es decir, que la narración de los hechos y las causas que los motivaron dejaron de proceder solo o principalmente de las metrópolis.

El profesor Arcadi Oliveres dejó dicho que globalización y regionalización en América Latina están obligadas a entenderse. Al concluir la travesía por las grandes urbes que realiza Caparrós parece que esa necesidad perentoria debe cubrirse. No solo porque a escala macroeconómica no se adivinan alternativas, sino porque, de no darse, será imposible reducir los espacios de pobreza, donde anidan las crisis sociales antes de los grandes estallidos. Los sucesos de este año en Colombia, la situación asfixiante de la economía argentina, la degradación del legado sandinista en Nicaragua, la enfermedad crónica venezolano y el último episodio de movilización en la calle de Cuba, entre otros datos, hacen inevitable la coexistencia de lo global con lo regional –añádase lo nacional o lo local–, salvo que sean mayoría los gestores que siguen creyendo, como en los días ya tan lejanos de la Alianza para el Progreso, que el concepto de precio justo es poco menos que medieval (Covey T. Oliver), es un sinsentido en las autopistas del libre comercio.

A principios de los años 90, un exfuncionario del Gobierno de Víctor Paz Estensoro sostenía que la mejor forma de que bajaran los precios de la carne de res en Bolivia era importarla de Estados Unidos. Claro que la solución, de ser cierta, condenaba a los ganaderos locales que criaban un pequeño número de cabezas –la mayoría– y sobrevivían en una precaria economía de mera subsistencia. Llevado a la práctica, significó que las comunidades rurales que, bien que mal, salían adelante con sus modestas explotaciones, se vieron obligadas a la larga a buscar refugio en la capital o en Santa Cruz, al sur del país, obligada a crecer por flujos migratorios causados por una descabellada política de precios nada medieval, muy rentable para los importadores, pero ruinosa para los campesinos.

A esos ganaderos expulsados de los circuitos locales cabe atribuír la condición de redundantes, a los que se refiere Caparrós, trabajadores de todos los sectores amortizados por la mecanización del sector primario. El fenómeno se repite en América Latina y está detrás de la expansión de las ciudades, de un cambio en la estructura social que propicia el crecimiento de economías urbanas precarias. Se trata de un rasgo compartido por todos los países de Ñamérica, así bautizada por Caparrós porque alberga un rasgo común indiscutible en el espacio que va de la frontera de río Grande a la Tierra del Fuego: el uso de la ñ, esa letra que nació con el castellano cuyo sonido representan con un dígrafo las otras lenguas latinas.

Se dan así en un espacio cultural bien delimitado tres realidades simultáneas y a saber si por mucho tiempo compatibles: los beneficiados por la globalización y la exportación de materias primas, las clases medias estancadas y las comunidades crecientemente vulnerables, crecientemente condenadas a soportar el aumento de las desigualdades, que transitan por la periferia de un modelo en el que no encuentran acomodo. De todo ello dan testimonios las ciudades inabarcables, donde se configura un futuro asimétrico que justifica el vaticinio de tensiones de todo tipo y un alejamiento cada vez mayor de las convenciones políticas de sectores sociales sin expectativas de futuro.

Merkel o la fuerza tranquila

Alemania cierra este domingo una historia de 16 años al no concurrir a las elecciones Angela Merkel, varias veces presentada por los medios de comunicación como la mujer con más poder de la comunidad internacional. Sea quien sea el ganador de las elecciones legislativas y se prolonguen lo que se prolonguen las negociaciones para formar un Gobierno de coalición, la cancillera dejará de llevar el timón y el universo democristiano (CDU-CSU) deberá habituarse a no contar con el valor seguro de la líder que se retira. O, si se confirman algunos pronósticos, se verá obligado incluso a actualizar y quizá a refrescar un establishment acomodaticio que en las encuestas da señales de fatiga, quizá de desconexión con una parte del electorado, votante de Merkel más que de los conservadores.

De ser así, como tantas veces ha sucedido en la historia de los partidos, una figura ganadora con una larga trayectoria habrá dificultado la consolidación de figuras solventes que en el futuro la puedan suceder. Los democristianos no escapan a esta impresión, a las tensiones internas que afloraron cuando se abrió el proceso para elegir un candidato a la cancillería y que solo se atenuaron cuando unas primarias dieron la victoria a Armin Laschet, presidente del land de Renania del Norte-Westfalia. Pero esa atenuación puede que sea solo provisional o momentánea si, como presagian los sondeos, cosecha un mal resultado y, como aventuró el semanario Der Spiegel después del primer debate televisado, los conservadores deben afrontar “una debacle histórica en las urnas”.

Son numerosos los analistas que resaltan la incapacidad de Laschet de seguir la estela de Merkel, de emular su estilo de hacer política sin sobresaltos, algo que genera confianza. Y Der Spiegel va más lejos: “Armin Laschet lo ha sido todo menos inspirador y sus tropiezos pueden tener profundas consecuencias para la estabilidad de la política alemana”. Se refiere el analista de la publicación a la consistencia de las grandes coaliciones armadas por la cancillera y a las incógnitas que se abren si la próxima fórmula de Gobierno descansa en un tripartito multicolor con socialdemócratas, verdes y liberales o con los dos primeros más Die Linke (izquierda poscomunista y disidentes de la socialdemocracia).

El caso de Olaf Scholz es justamente el contrario. El aspirante a canciller del SPD ha dado con la tecla para adoptar las maneras de Angela Merkel, ha sabido sacar partido al prestigio ganado al frente del Ministerio de Finanzas durante la pandemia y ha renunciado a una revisión in extenso del hilo argumental de la gran coalición. No es Scholz un candidato especialmente carismático, pero transmite fiabilidad, y las encuestas le dan la razón: el SPD comparecerá en las urnas con una ventaja estimada de entre tres y cinco puntos sobre la CDU-CSU. Si alcanza el 25% de los votos, Scholz no podrá decir que ha logrado un gran resultado, pero sí podrá presumir de haber desatascado al partido, que en mayo llegó a caer al tercer lugar, por detrás de conservadores y verdes, con unas expectativas de voto que en el menos malo de los casos se quedaban en el 17%.

Los frutos cosechados con esa imitación o acercamiento al estilo de Merkel han salido reforzados por el descenso de la candidata de Los Verdes, Annalena Baerbock, salpicada por algunas irregularidades que han dañado su imagen de líder ajena a las debilidades éticas de los dos grandes partidos. Baerbock mantiene su léxico lo más alejado posible de la terminología manejada durante años por la gran coalición, que le permitió ser durante unos meses la candidata con más posibilidades de victoria, pero a nadie se le oculta que los ecologistas hace tiempo que forman parte del sistema en igualdad de condiciones o poco menos que la CDU y el SPD. “Las soluciones deben estar basadas en compromisos”, dijo Joschka Fischer, líder histórico de Alianza 90-Los Verdes, cuando ocupó el puesto de ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller en el Gobierno de Gerhard Schröder (socialdemócrta).

Como ha escrito Héctor Sánchez Margalef, investigador del Cidob, “Olaf Scholz ha conseguido ser reconocido como el candidato más merkeliano de todos” y ha quedado a salvo de errores o precipitaciones, ha salido vencedor de los tres debates electorales y ha asociado su figura a la idea de continuidad, aunque se presente por un partido diferente al de la cancillera. En Armin Laschet se ha cumplido el viejo aserto de Willy Brandt: “Una situación se convierte en desesperada cuando empiezas a pensar que es desesperada”. Quizá se trata de una desesperación precipitada la que posee a los democristianos, pero solo ese estado de ánimo explica la implicación militante de Angela Merkel en la recta final de la campaña.

Willis Sparks, integrante del Eurasia Group, se pregunta por qué la cancillera ha renunciado a presentarse por quinta vez y a renovar su mandato si atesora un índice de aceptación del 80% (el de su Gobierno es muchísimo menor). La única razón que se le ocurre es que Merkel ha puesto su firma a “un período de expansión económica y prosperidad en Alemania que pocos líderes mundiales pueden igualar”, pero teme o intuye que el mundo pospandémico planteara dificultades que acaso podrían emborronar su legado. Es casi una explicación de índole doméstica, sin vínculos con las grandes estrategias políticas y la dinámica de los partidos, pero no deja de ser una explicación verosímil. Y añade Sparks que la continuidad ha permitido a Merkel hacer realidad la máxima según la cual “no es el más inteligente ni el más fuerte el que sobrevive, sino el más adaptable al cambio”. Una flexibilidad o adaptabilidad que sin duda obliga a un fatigoso esfuerzo todos los días.

Sean estas u otras las razones, el legado de Merkel a escala alemana y europea no deja de ser un lastre para quien la suceda, para quienes busquen en el próximo inquilino de la Cancillería el índice de eficacia de su predecesora. Un lastre que tendrá asimismo efectos sobre el comportamiento y percepción de los electores, acostumbrados a una especie de fuerza tranquila que sin duda buscarán en quien ocupe el puente de mando. Un joven dijo hace unas semanas en un programa de televisión: “Frau Merkel ha cometido muchos errores, como todo el mundo, pero ha conseguido que parezcan menos graves que los de los demás”. Se trata, sin duda, de una simplificación, pero algo de eso puede haber en ese éxito universal de la cancillera y en el empeño de Scholz en adoptar su manual de estilo con la esperanza de, con él, alcanzar la victoria.

Puigdemont, en plena escapada

La última salida de pata de banco de Junts ha consolidado una situación paradójica: una parte de la oposición del Govern de la Generalitat forma parte del susodicho Govern, y no hay remedio ni factor de corrección a la vista que acabe con tal anormalidad política. Cualquier otra coalición en cualquier otro lugar no superaría la prueba. Esto es, después de la delegación propuesta el martes por Junts y de la reunión de la mesa de diálogo habida el miércoles, la coalición se rompería y cada parte acudiría en busca de nuevos aliados para gobernar o para perseverar en su oposición, pero en el caso catalán tal cosa no sucede: el president Pere Aragonés informó el jueves al vicepresidente ausente de la mesa, Jordi Puigneró, de Junts, mientras Elsa Artadi y Jordi Turull, asimismo de Junts, desacreditaban cuanto podían la reunión del día anterior, en la que no comparecieron porque el mismo Aragonés informante no aceptó la representación que propuso el partido.

Decir que la mano de Waterloo es muy larga es decir poco. Es insuficiente decir que Carles Puigdemont cree a pies juntillas que cuanto peor, mejor. Decir que el gusto por la extravagancia se ha adueñado del escenario es simplificar la realidad. Decir, como lo hace Ferran Pedret (PSC) que a la coalición no le queda “otro remedio que continuar porque es muy elevado el coste de explicar a sus votantes que la independencia no es posible”, recoge solo una parte de las razones que han llevado a esa inusual pelea en la que los contendientes no aspiran a derrotar al adversario, sino a debilitarlo para tenerlo a merced de sus designios. Desde el bando de ERC, para seguir por la senda posibilista de la Realpolitik sin tener siempre el moscón detrás de la oreja; desde el universo enardecido de Junts, para recuperar la presidencia que, creen, es de su exclusiva propiedad y disfrute desde los días del pujolismo gobernante.

Es fácil descubrir en todo eso una disputa sin cuartel por la hegemonía política y cultural, por mantener la primacía en el reparto del poder y consagrar la idea de que el camino hacia la independencia solo puede ser de naturaleza insurreccional –unilateral, se dice– mientras sean otros quienes fijen el rumbo (ese es el punto de partida de Junts). Luego, cuando se restablezca la normalidad –disponer de la presidencia– ya se verá si no queda otra que instalarse en el posibilismo, habida cuenta las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas, tan útiles y a tener en cuenta para no estrellarse contra el muro infranqueable de la realidad.

En plena escapada, que no al final de la escapada, y a mayor abundamiento en la huida hacia adelante, al orbe puigdemontiano le vale cualquier cosa para seguir en la brecha, menos que la mesa de diálogo se traduzca en algo efectivo, constatable y contable, que saque la cuestión catalana de la vía muerta, de esa tierra yerma que lo mismo vale para que las empresas catalanas de referencia lleven sus sedes sociales a plazas seguras que para que la inversión en el aeropuerto de Barcelona quede para quién sabe cuándo. Cualquier pretexto es útil para exaltar la confrontación, para alentarla y ampliarla, aunque lo cierto sea que la mitad del censo, por lo menos, no experimenta tal enconamiento en la vida cotidiana, en la relación con su entorno inmediato. Laura Borràs, presidenta del Parlament, exhibe gran maestría para dar con motivos para encadenar arremetidas.

Decía Josep Tarradellas que todo es admisible en política menos hacer el ridículo. La frase se recuerda con frecuencia, especialmente en estos días de comportamientos tan poco convencionales. Presentar la mesa del miércoles como una reunión de partidos –PSOE y ERC– y no de gobiernos bordea el ridículo; considerar como sobrevenida la legitimidad de Aragonés y auténtica la de Puigdemont, también lo es; es desmesurado creer que todo sacrificio futuro será poco si se alcanza la independencia. Esta última convicción es un rasgo específico de los nacionalismos: si hay que elegir entre la nación y la gente, no hay duda, la nación es lo que realmente importe. Por el contrario, mentes esclarecidas como la de George Steiner desvelaron en su día que la preferencia por la nación no es más que una añagaza: “La muerte de Sócrates pesa más que la supervivencia de Atenas”, escribió.

En las soflamas independentistas exaltadas hay mucho de este poso nacionalista, de la tendencia a soslayar el cálculo de costes. Hay en ello un riesgo grande porque siempre es peligroso tirarse a la piscina sin comprobar si en ella hay agua y si esta es suficiente. Es peligroso agarrase a la bandera y entrañan cierto peligro cuantos están dispuestos a hacerlo, a poner en marcha operaciones divisivas, ajenas a los grandes consensos, que ni son clara y específicamente mayoritarias en Catalunya ni cuentan con el menor respaldo en Europa. Hay poca agua en la piscina para tocar a rebato; hay demasiado en juego para no salir del laberinto y adentrarse por la senda del pacto. Ni siquiera es necesario reconocer en público que se acabó el procés; basta con ajustar los comportamientos al hecho de que efectivamente dio sus últimas bocanadas al dictar el Gobierno los indultos.

Decía el egipcio Butros Butros Ghali que lo más reseñable de los pactos es su existencia. Por encima incluso de su cumplimiento, porque comprometen siempre a dos o más partes en situaciones que, por lo común, son de complejidad extrema para los implicados. El pacto es el compromiso, el punto de encuentro que a nadie satisface del todo, pero permite dar con una salida honorable. Para llegar a un pacto, las partes deben renunciar de antemano a ejercer el enojoso y pueril papel de Pepito Grillo, de guardián de las esencias, de depositario de la verdad y la justicia universales, de guardaespaldas del programa máximo.

Una soleada mañana de la primavera de 2015 desayunaba Alfredo Pérez Rubalcaba en la terracita de la cafetería del Centro de Cultura Contemporània de Barcelona antes de participar en un debate sobre una alternativa federalista para España. Había dejado el veterano político socialista los salones del poder y había vuelto a la docencia universitaria; nada le obligaba a emitir diagnósticos políticamente correctos. El periodista Carles Pastor y yo mismo le preguntamos por la atmósfera que se respiraba en Catalunya, y él fue categórico: “La salida está en Europa, cada vez con menos fronteras y más integrada”. Luego se explayó en consideraciones sobre el porqué de la utilidad de la idea europea para salir del atolladero. Seis años después cabe añadir que fuera de Europa y de los estados europeos hace un frío polar; dentro, hay días de todo –bonancibles unos, tormentosos otros–, pero se mantiene la aspiración de la cesión de soberanías o de las soberanías compartidas, de la construcción de una identidad cultural mestiza. No es la Arcadia feliz, pero es más atrayente que los viejos mitos de la nación irredenta que son solo eso, mitos.