About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

La rebelión polaca se envenena

El encaje de Polonia en la Unión Europea se complica y lleva camino de abrir un choque institucional entre Comisión y Parlamento, no por la primacía del derecho comunitario sobre los derechos nacionales, que no discute ninguna de las dos instancias, sino por los términos de la reacción frente a  la rebeldía o revisionismo polaco. La demanda que prepara la Eurocámara contra la Comisión por la no aplicación del principo de condicionalidad incluido en el reglamento para la ejecución del presupuesto en el periodo 2021-2027, que prevé la suspensión de los pagos debidos a los países que amenazan el Estado de derecho, enrarece la atmósfera política en Bruselas y otorga un margen de maniobra a Varsovia del que no debería haber disfrutado. Porque la lentitud en el salto del apercibimiento a Polonia, hecho por la presidenta Ursula von del Leyen, a la concreción de medidas entraña demasiados riesgos innecesarios y puede dañar la cohesión de la Unión Europea en un asunto capital: la igualdad de los ciudadanos ante la ley sin excepciones.

Un artículo publicado en el periódico Le Monde por el profesor Thierry Chopin, de la Universidad Católica de Lille, se ve en la necesidad de recordar que la UE “no es una simple alianza entre estados soberanos que se consideran con libertad para sustraerse a los compromisos suscritos con sus socios”. Pareciera que el recordatorio es innecesario, pero lo hace preciso la posición polaca y la contención extrema de la Comisión a la hora de gestionar la crisis. Al igual que esa otra referencia al contenido de los tratados: “Los estados miembros de la UE se hallan en el seno de una unión de derecho y están obligados a respetar los compromisos jurídicos que han suscrito, sea en el marco de los tratados o de la producción o la aplicación del derecho derivado”. Una aplicación que garantizan los mecanismos jurisdiccionales, como recuerda el profesor Chopin.

El artículo está en sintonía con la inmensa mayoría de juristas: la UE se apoya en “un orden jurídico propio cuya autonomía con relación al derecho nacional ha sido sólidamente establecida”. No solo eso, sino que las resoluciones y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han hecho uso de su autonomía para proteger los derechos fundamentales, distintivos de las democracias y erosionados con cierta regularidad por el Gobierno polaco, secundado en su disenso por el de Hungría.

No hay mucho más que discutir y, si lo hay o acepta Bruselas que lo haya, se correrá grave riesgo porque equivaldrá a aceptar que es posible relativizar el cumplimiento de los compromisos emanados del tratado de adhesión suscrito en su idea por Polonia. O quizá si haya que ampliar el análisis de fondo de la crisis si se atiende a la conclusión a la que llega Sławomir Sierakowski, fundador y director de la publicación polaca de talante progresista Krytika Polityczna: “Es difícil decir qué hará el Gobierno ahora. Se ha atrincherado en la sentencia del Tribunal Constitucional, privándose del dinero que necesita para apuntalar sus posibilidades en las elecciones de 2023. Es cada vez más posible que el PiS [Ley y Justicia] esté dispuesto a sacrificar no solo los fondos de la UE, sino incluso la pertenencia de Polonia a la UE solo para aferrarse al poder”.

Hasta ahora, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha descartado el Polexit, pero nadie se atreve a desechar por completo esa posibilidad. Hay varios factores que inducen a pensar que el anclaje de Polonia en la UE no tiene vuelta de hoja: el 90% de la población es partidaria de seguir en el club; las arcas del Estado han recibido desde 2004 más de 200.000 millones de euros de los fondos de cohesión y tienen pendientes otros 160.000 millones de aquí a 2027 si el Gobierno deja de hacer juegos de manos con las atribuciones de la justicia europea. Pero ha quedado en el aire la opinión emitida por Adam Glapinski, presidente del Banco Nacional de Polonia: “Nos las arreglaremos muy bien sin los fondos de la UE”. Si se trata solo de un desplante, malo; si es una opinión con sólidos apoyos políticos, peor.

Lo cierto es que la UE está obligada a hacer compatibles dos objetivos esenciales: preservar el Estado de derecho y evitar que el Brexit sume imitadores. ¿Es una versión de la cuadratura del círculo a escala política? Qué duda cabe de que cualquier asomo de concesión de la UE abrirá las puertas a futuras presiones de otros estados en los que flaqueen las convicciones europeístas y ocasionalmente se puedan sentir perjudicados en el ámbito jurídico o competencial, pero no es menos cierto que resulta harto difícil imaginar una rectificación conciliadora procedente de Varsovia. La parte que transija en corregir su comportamiento emitirá inevitablemente señales de debilidad ante la opinión pública, algo especialmente dañino para el Gobierno polaco que teme las elecciones de 2023 y la competencia de Donald Tusk, un europeísta sin reservas que fue presidente del Consejo.

Cualquiera que sea la solución del crucigrama, alguien exhibirá heridas visibles porque no existe una salida win-win y es imposible preservar la cohesión europea si de la proliferación de líderes iliberales resulta también una multiplicación futura de vínculos a la carta en el seno de la UE. El funcionamiento de los Veintisiete como estados comprometidos en una doble construcción económica y política de la Europa del futuro no puede sustentarse en una revisión permanente de las obligaciones y deberes derivados de los tratados de adhesión. Y desde luego, es inasumible la delimitación a gusto del consumidor del Estado de derecho, de la autonomía de los ciudadanos, de las competencias de los tribunales y de los límites del poder político. Hay demasiado en juego para que la rebelión polaca siente un precedente, pero el tiempo discurre a favor de los rebeldes a cada día que pasa sin desenlace.

Violencia ‘escuadrista’ en Italia

El asalto por militantes de Forza Nuova (FN) a la sede del sindicato CGIL, el mayor de Italia, el pasado sábado en Roma ha abierto por enésima vez el debate sobre hasta qué punto debe el Estado democrático consentir la existencia de organizaciones neofascistas cuyo objetivo último es justamente liquidar las libertades democráticas. La discusión va mucho más allá de la conveniencia o no de levantar un cordón sanitario que aísle a la extrema derecha del resto de partidos porque aspira a dilucidar si puede tener cabida una organización que hace un uso oportunista de las reglas del juego en el ámbito democrático para subvertirlo. La controversia no es nueva, en ella tienen enorme peso las referencias históricas –años 20 y 30 del siglo pasado–, pero es evidente que en Europa el auge de los partidos ultras, difusores de una mezcla de nacionalismo atronador, de populismo desgarrado y de voluntad recuperadora de figuras determinantes en un pasado ominoso y no tan lejano, confiere a los sucesos de Roma una trascendencia europea.

El escritor Carlo Bonini  ha publicado en el diario progresista La Repubblica un artículo en el que afirma: “El tiempo se acabó. Y el límite impuesto por nuestra Constitución republicana ha sido ampliamente superado”. La dirección del medio pide al Gobierno la abolición de las siglas del partido neofascista con independencia del trámite parlamentario de la moción del Partido Democrático, que persigue la ilegalización de FN. Y en términos más o menos parecidos se expresan los grandes medios italianos, que recogen sin excepción el significado profundo de la descripción que del asalto ha hecho el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini: “Acto de escuadrismo”, una referencia explícita a la violencia fascista que caracterizó la dictadura de Benito Mussolini.

La pregunta que las instituciones democráticas deben formular y responder es si el Estado democrático tiene derecho a defenderse de sus adversarios o debe tolerar que pongan en riesgo su supervivencia en nombre de la libertad de pensamiento. Porque si una manifestación contra el pasaporte verde en Roma puede derivar en el asalto a la sede de un sindicato, un instrumento de la democracia, cabe pensar en qué puede degenerar con el tiempo el desafío al Estado de derecho, sobre todo si se prolongan situaciones de gran volatilidad como la vulnerabilidad de capas sociales cada vez mayores.

El profesor Daniel Innerarity da algunas pistas en su libro Una teoría de la democracia compleja: “La democracia, por su propia definición, será siempre un sistema de gobierno frágil y vulnerable. Y tenemos que aprender a gestionar esa vulnerabilidad”. Esa gestión debe hacer frente, por así decirlo, a una vulnerabilidad intrínseca –la derivada de la creciente complejidad de un sistema que garantiza las libertades– y otra extrínseca –la causada por las agresiones de actores ajenos al sistema, FN uno de ellos–, que utiliza el marco democrático para arremeter contra el sistema.

En el paisaje europeo, no solo italiano, abundan los ejemplos. De Polonia a España, de Alemania a Italia, de Hungría a los Países Bajos, proliferan los partidos que impugnan la esencia del Estado democrático, sin que, por lo demás, vean seriamente amenazada su libertad de movimientos, que persigue retrotraer las sociedades democráticas a otras con las libertades recortadas y sometidas a diferentes formas de sectarismo. Es una simplificación asociar tal auge a la presidencia de Donald Trump, porque mucho antes de su victoria en 2016, la familia Le Pen había consolidado un espacio político muy grande para la extrema derecha en Francia y en Austria llegó a gobernar un partido de extrema derecha en coalición con los conservadores. La demagogia de Trump fue sin duda un factor de aceleración del crecimiento de la oferta ultra europea, pero de antemano se dieron en el continente todos los ingredientes para que echara raíces.

Dice Carlo Bonini que FN luce de “manera ostentosa su matriz neofascista”, pero tal cosa no es privativa de ese partido. Detrás de cada reaparición de símbolos y eslóganes en otros partidos europeos es fácil encontrar anclajes en el pasado. Las referencias a la nación, a un pasado glorioso, a la soberanía mellada, a una identidad cultural uniforme y a la libertad coartada por el Estado intervencionista aparecen en todos los discursos; el asentamiento de realidades reconocidas y reconocibles de nuestro tiempo –el feminismo, la violencia de género, los diferentes modelos de familia, los movimientos migratorios masivos y tantas otras– dan pie a una propaganda encaminada a presentar tales realidades como una adulteración del legado histórico transmitido a través de generaciones.

Quizá el asalto a la CGIL tenga menos importancia de la intuida ahora, pero no deja de ser inquietante y anunciador de posibles riesgos futuros. Las dos grandes crisis sociales encadenadas desde 2008 –la financiera y la provocada por la pandemia– han armado el andamiaje en el que la extrema derecha escala puestos y puede seguir escalándolos si los gestores de la democracia no afrontan con determinación la salvaguarda del Estado de bienestar y la actualización del pacto social a él vinculado. “Hoy tenemos muchos traficantes de verdades. Gente que te vende su verdad como una verdad universal”, avisa el profesor Nuccio Ordine, y la mayoría de ellos recurren en algún momento a la violencia para imponer su verdad. Y visto así, acaso resulta más fácil explicar qué resortes desencadenaron el ataque a la CGIL.

Polonia desafía a la UE

La resolución del Tribunal Constitucional de Polonia que niega la primacía de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el derecho polaco abre una crisis institucional de grandes dimensiones. Al declarar inconstitucionales varios artículos del Tratado de la Unión impugna también la validez de varios apartados del tratado de adhesión firmado en su día por Polonia al ingresar en la organización. Llegados a este punto se abre la puerta a la aplicación de varios factores de corrección a instancias de Bruselas, algo del todo improbable, o a que el país se dé de baja del club, lo que ya se conoce como Polexit, una opción asimismo improbable a pesar del nacionalismo rampante y la deriva ultra del partido Ley y Justicia (PiS, sus siglas originales), que sostiene al Gobierno.

El recurso presentado ante el Constitucional por el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ya prefiguraba de por sí un choque institucional habida cuenta la naturaleza del disenso entre Varsovia y Bruselas en tres materias sensibles sobre las que se pronunció en contra el TJUE: la reforma de la justicia por violar el principio de independencia judicial, la erosión de la libertad de expresión y la limitación de los derechos de la comunidad LGTBI. En los tres casos, las leyes que el PiS sacó adelante supusieron, en última instancia, que el Ejecutivo polaco sufriese un revolcón judicial. Y de paso, quedó bloqueado el plan de recuperación polaco que asciende a 36.000 millones de euros.

¿Cómo salvar la situación sin un dramático parte de daños? De entrada, ni la Unión Europea puede revisar o matizar lo dictaminado por los magistrados del TJUE ni el Gobierno polaco está dispuesto a retocar las leyes que motivan la crisis, sino que pretende que se revisen los tratados. Cuando Didier Reynders, comisario de Justicia, compromete la palabra de la UE para poner al servicio de la causa cuanto sea preciso para que se respeten los tratados fundacionales, cierra el paso a una componenda más o menos presentable –o impresentable–, pero cuando el presidente del PiS, Jaroslaw Kaczynski, excluye dos posibilidades, el Polexit y la rectificación de las leyes aprobadas por el Parlamento de su país, no hace más que llevar el debate a un callejón sin salida.

Al mismo tiempo, la decisión de los jueces polacos ha entusiasmado a la extrema derecha europea, que se debate entre el euroescepticismo y el empequeñecimiento de las instituciones de la UE hasta reducir la organización a un área de libre comercio gestionada por la conferencia intergubernamental. Basta un somero repaso en las hemerotecas para encontrar declaraciones de una variada colección de líderes adscritos al populismo ultra que predican la recuperación para los estados de la mayoría de los atributos de soberanía cedidos a las instituciones europeas –ya no, quizá, el regreso a las divisas nacionales y la cancelación del euro–, opuestos siempre a someter las leyes propias a la doctrina del TJUE. Una forma de exigir manos libres para violentar, si es preciso, la división de poderes y limitar las libertades consagradas por las constituciones democráticas.

Es decir que el desafío polaco va más allá del conflicto entre un Estado socio de la UE y la organización; tiene un poder de contagio no menor para que los demagogos de la nación por encima de todo dispongan de un altavoz bastante ruidoso. Si nos remitimos a la historia reciente, la difusión de este nacionalismo altisonante empezó en la Hungría de Viktor Orbán, de quien Jaroslaw Kaczynski se ha declarado rendido imitador. Pero según Adam Michnik, fundador y director del diario de Varsovia Gazeta Wiborcza, la fuente de inspiración de ambos, más lejana en el tiempo, pero no menos eficaz en los resultados, es Mátyás Rákosi, el político comunista húngaro que al final de la Segunda Guerra Mundial se empleó en una metódica labor de vaciado de las instituciones libres “rebanada a rebanada, hasta que no quedó más que la cáscara”.

Hay en todo ello una impugnación del proyecto europeo que quizá debió preverse cuando es acordó una ampliación en masa en dirección este de la UE mientras se discutía una Constitución europea que nunca vio la luz, cuya discusión y fracaso dejó al descubierto debilidades e incoherencias. De forma que mientras varios nuevos socios se adaptaban a las exigencias de la pertenencia  a la UE, otros se sintieron progresivamente incómodos por el desarrollo político e institucional; sintieron que por otros caminos se consagraban principios que formaban parte del proyecto constitucional.

Ahora, claro, no hay marcha atrás porque el coste de salirse de la UE es inasumible por economías en construcción y por Bruselas, que apenas empieza a metabolizar el Brexit y ha entendido que alguna otra defección sería desastrosa para el futuro europeo, casi tanto como consentir a los socios o a algunos de ellos una especie de adhesión generalizada a la carta, con cláusulas de desenganche y otras fórmulas para que cada Estado ajustara a su gusto el vínculo de pertenencia a la UE. Sería esa una Europa inviable, condenada al fracaso o en extremo inestable, tan alejada del espíritu fundacional y de la consolidación de una ciudadanía europea que apenas sería capaz de reconocerse como tal.

Plantea el caso polaco demasiadas incógnitas de futuro como para que el desenlace no sea claro y preciso. Porque sigue siendo primordial el objetivo fijado por Jacques Delors a comienzos de los años 90: definir la Europa política que se quiere. De no hacerlo se asentará en el fondo de todos los debates un factor de vulnerabilidad aprovechable por los adversarios reconocidos o no del proyecto europeo, aquellos que, como Rusia, están dispuestos a sacar partido de lo que los Veintisiete no son capaces de resolver de forma concertada y expeditiva. Recuérdese que una de las reglas de oro menos discutida en el seno de la comunidad internacional es que cuanto menor es tu cohesión interna menor es tu influencia externa. Este es el juego.

‘Ñamérica’, una versión de América Latina

Medio siglo después de la publicación de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, Ñamérica, de Martín Caparrós, emite una imagen de la región y de los anhelos de quienes la habitan que difiere en parte y coincide en parte con uno de los libros de referencia de las izquierdas. Al principio de su obra, Galeano recogió una frase inquietante de Josué de Castro, un médico y destacado activista brasileño de mediados del siglo XX: “Yo, que he recibido un premio internacional de la paz, pienso que, infelizmente, no hay otra solución que la violencia para América Latina”. Al final de su trabajo, Caparrós arma una opinión concluyente sobre las protestas sociales en el continente: “Esos estallidos son el resultado de la pérdida de confianza en la democracia de delegación (…) Pero esos movimientos no parecen pedir cambio de sistema. De nuevo: no tienen otro sistema al que apuntar; quieren, sí, mejorar este, su situación en este”.

Entre ambos enunciados discurren cincuenta años de historia, de la proliferación de las dictaduras a las democracias deficientes, de la ensoñación revolucionaria alimentada por el experimento cubano a las proclamas insurreccionales abatidas por las desventuras de la revolución y el falseamiento de los mensajes –Venezuela, Nicaragua y alguna otra vecindad–, de la guerra fría y el intervencionismo sin disimulo a la globalización y una creciente sensación de caos en el orden internacional. Y de acuerdo con la estructura de Ñamérica, el cambio poco menos que cósmico del predominio de la ciudad sobre las sociedades rurales, de esas megalópolis a menudo ingobernables donde han ido a cobijarse con desigual fortuna los excedentes de mano de obra del sector primario, que han pasado de habitar economías de subsistencia a soportar todos los males de la pobreza.

“La ciudad junta en un espacio reducido –escribe Caparrós–, la masa crítica necesaria para que pueda suceder esa explosión; también concentra lo mejor de las fuerzas del Estado, que puede reprimir con rapidez, con eficacia”. Las ciudades se convierten así en las cajas de resonancia de las crisis sociales porque son el escenario de dos procesos imparables: la concentración de la riqueza y la progresión geométrica de las desigualdades. A la que se añade la concreción de una clase media estancada que reclama a los poderes públicos mejores asistencia y servicios como contrapartida a su contribución a la sostenibilidad del sistema. En los días del joven Galeano, algo de todo eso había, pero a tenor del análisis compartido entonces por los análisis de izquierdas, la masa crítica para alcanzar una redistribución razonablemente equilibrada de las rentas se encontraba en el campo.

Muchos años más tarde de la publicación de Las venas…, en 2014, el propio Galeano confesó que no volvería a leer su libro, que quiso escribir una obra de economía política, “solo que yo no tenía la formación necesaria”. Aun así, la argumentación seminal de Galeano y de otros autores justificó la creencia de Edward W. Said en Cultura e imperialismo: “Los escritores y eruditos provenientes del mundo antes colonizado han impuesto sus historias diversas o han trazado  sus geografías locales sobre los grandes textos centrales y canónicos europeos” (más tarde, también estadounidenses). Es decir, que la narración de los hechos y las causas que los motivaron dejaron de proceder solo o principalmente de las metrópolis.

El profesor Arcadi Oliveres dejó dicho que globalización y regionalización en América Latina están obligadas a entenderse. Al concluir la travesía por las grandes urbes que realiza Caparrós parece que esa necesidad perentoria debe cubrirse. No solo porque a escala macroeconómica no se adivinan alternativas, sino porque, de no darse, será imposible reducir los espacios de pobreza, donde anidan las crisis sociales antes de los grandes estallidos. Los sucesos de este año en Colombia, la situación asfixiante de la economía argentina, la degradación del legado sandinista en Nicaragua, la enfermedad crónica venezolano y el último episodio de movilización en la calle de Cuba, entre otros datos, hacen inevitable la coexistencia de lo global con lo regional –añádase lo nacional o lo local–, salvo que sean mayoría los gestores que siguen creyendo, como en los días ya tan lejanos de la Alianza para el Progreso, que el concepto de precio justo es poco menos que medieval (Covey T. Oliver), es un sinsentido en las autopistas del libre comercio.

A principios de los años 90, un exfuncionario del Gobierno de Víctor Paz Estensoro sostenía que la mejor forma de que bajaran los precios de la carne de res en Bolivia era importarla de Estados Unidos. Claro que la solución, de ser cierta, condenaba a los ganaderos locales que criaban un pequeño número de cabezas –la mayoría– y sobrevivían en una precaria economía de mera subsistencia. Llevado a la práctica, significó que las comunidades rurales que, bien que mal, salían adelante con sus modestas explotaciones, se vieron obligadas a la larga a buscar refugio en la capital o en Santa Cruz, al sur del país, obligada a crecer por flujos migratorios causados por una descabellada política de precios nada medieval, muy rentable para los importadores, pero ruinosa para los campesinos.

A esos ganaderos expulsados de los circuitos locales cabe atribuír la condición de redundantes, a los que se refiere Caparrós, trabajadores de todos los sectores amortizados por la mecanización del sector primario. El fenómeno se repite en América Latina y está detrás de la expansión de las ciudades, de un cambio en la estructura social que propicia el crecimiento de economías urbanas precarias. Se trata de un rasgo compartido por todos los países de Ñamérica, así bautizada por Caparrós porque alberga un rasgo común indiscutible en el espacio que va de la frontera de río Grande a la Tierra del Fuego: el uso de la ñ, esa letra que nació con el castellano cuyo sonido representan con un dígrafo las otras lenguas latinas.

Se dan así en un espacio cultural bien delimitado tres realidades simultáneas y a saber si por mucho tiempo compatibles: los beneficiados por la globalización y la exportación de materias primas, las clases medias estancadas y las comunidades crecientemente vulnerables, crecientemente condenadas a soportar el aumento de las desigualdades, que transitan por la periferia de un modelo en el que no encuentran acomodo. De todo ello dan testimonios las ciudades inabarcables, donde se configura un futuro asimétrico que justifica el vaticinio de tensiones de todo tipo y un alejamiento cada vez mayor de las convenciones políticas de sectores sociales sin expectativas de futuro.

Merkel o la fuerza tranquila

Alemania cierra este domingo una historia de 16 años al no concurrir a las elecciones Angela Merkel, varias veces presentada por los medios de comunicación como la mujer con más poder de la comunidad internacional. Sea quien sea el ganador de las elecciones legislativas y se prolonguen lo que se prolonguen las negociaciones para formar un Gobierno de coalición, la cancillera dejará de llevar el timón y el universo democristiano (CDU-CSU) deberá habituarse a no contar con el valor seguro de la líder que se retira. O, si se confirman algunos pronósticos, se verá obligado incluso a actualizar y quizá a refrescar un establishment acomodaticio que en las encuestas da señales de fatiga, quizá de desconexión con una parte del electorado, votante de Merkel más que de los conservadores.

De ser así, como tantas veces ha sucedido en la historia de los partidos, una figura ganadora con una larga trayectoria habrá dificultado la consolidación de figuras solventes que en el futuro la puedan suceder. Los democristianos no escapan a esta impresión, a las tensiones internas que afloraron cuando se abrió el proceso para elegir un candidato a la cancillería y que solo se atenuaron cuando unas primarias dieron la victoria a Armin Laschet, presidente del land de Renania del Norte-Westfalia. Pero esa atenuación puede que sea solo provisional o momentánea si, como presagian los sondeos, cosecha un mal resultado y, como aventuró el semanario Der Spiegel después del primer debate televisado, los conservadores deben afrontar “una debacle histórica en las urnas”.

Son numerosos los analistas que resaltan la incapacidad de Laschet de seguir la estela de Merkel, de emular su estilo de hacer política sin sobresaltos, algo que genera confianza. Y Der Spiegel va más lejos: “Armin Laschet lo ha sido todo menos inspirador y sus tropiezos pueden tener profundas consecuencias para la estabilidad de la política alemana”. Se refiere el analista de la publicación a la consistencia de las grandes coaliciones armadas por la cancillera y a las incógnitas que se abren si la próxima fórmula de Gobierno descansa en un tripartito multicolor con socialdemócratas, verdes y liberales o con los dos primeros más Die Linke (izquierda poscomunista y disidentes de la socialdemocracia).

El caso de Olaf Scholz es justamente el contrario. El aspirante a canciller del SPD ha dado con la tecla para adoptar las maneras de Angela Merkel, ha sabido sacar partido al prestigio ganado al frente del Ministerio de Finanzas durante la pandemia y ha renunciado a una revisión in extenso del hilo argumental de la gran coalición. No es Scholz un candidato especialmente carismático, pero transmite fiabilidad, y las encuestas le dan la razón: el SPD comparecerá en las urnas con una ventaja estimada de entre tres y cinco puntos sobre la CDU-CSU. Si alcanza el 25% de los votos, Scholz no podrá decir que ha logrado un gran resultado, pero sí podrá presumir de haber desatascado al partido, que en mayo llegó a caer al tercer lugar, por detrás de conservadores y verdes, con unas expectativas de voto que en el menos malo de los casos se quedaban en el 17%.

Los frutos cosechados con esa imitación o acercamiento al estilo de Merkel han salido reforzados por el descenso de la candidata de Los Verdes, Annalena Baerbock, salpicada por algunas irregularidades que han dañado su imagen de líder ajena a las debilidades éticas de los dos grandes partidos. Baerbock mantiene su léxico lo más alejado posible de la terminología manejada durante años por la gran coalición, que le permitió ser durante unos meses la candidata con más posibilidades de victoria, pero a nadie se le oculta que los ecologistas hace tiempo que forman parte del sistema en igualdad de condiciones o poco menos que la CDU y el SPD. “Las soluciones deben estar basadas en compromisos”, dijo Joschka Fischer, líder histórico de Alianza 90-Los Verdes, cuando ocupó el puesto de ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller en el Gobierno de Gerhard Schröder (socialdemócrta).

Como ha escrito Héctor Sánchez Margalef, investigador del Cidob, “Olaf Scholz ha conseguido ser reconocido como el candidato más merkeliano de todos” y ha quedado a salvo de errores o precipitaciones, ha salido vencedor de los tres debates electorales y ha asociado su figura a la idea de continuidad, aunque se presente por un partido diferente al de la cancillera. En Armin Laschet se ha cumplido el viejo aserto de Willy Brandt: “Una situación se convierte en desesperada cuando empiezas a pensar que es desesperada”. Quizá se trata de una desesperación precipitada la que posee a los democristianos, pero solo ese estado de ánimo explica la implicación militante de Angela Merkel en la recta final de la campaña.

Willis Sparks, integrante del Eurasia Group, se pregunta por qué la cancillera ha renunciado a presentarse por quinta vez y a renovar su mandato si atesora un índice de aceptación del 80% (el de su Gobierno es muchísimo menor). La única razón que se le ocurre es que Merkel ha puesto su firma a “un período de expansión económica y prosperidad en Alemania que pocos líderes mundiales pueden igualar”, pero teme o intuye que el mundo pospandémico planteara dificultades que acaso podrían emborronar su legado. Es casi una explicación de índole doméstica, sin vínculos con las grandes estrategias políticas y la dinámica de los partidos, pero no deja de ser una explicación verosímil. Y añade Sparks que la continuidad ha permitido a Merkel hacer realidad la máxima según la cual “no es el más inteligente ni el más fuerte el que sobrevive, sino el más adaptable al cambio”. Una flexibilidad o adaptabilidad que sin duda obliga a un fatigoso esfuerzo todos los días.

Sean estas u otras las razones, el legado de Merkel a escala alemana y europea no deja de ser un lastre para quien la suceda, para quienes busquen en el próximo inquilino de la Cancillería el índice de eficacia de su predecesora. Un lastre que tendrá asimismo efectos sobre el comportamiento y percepción de los electores, acostumbrados a una especie de fuerza tranquila que sin duda buscarán en quien ocupe el puente de mando. Un joven dijo hace unas semanas en un programa de televisión: “Frau Merkel ha cometido muchos errores, como todo el mundo, pero ha conseguido que parezcan menos graves que los de los demás”. Se trata, sin duda, de una simplificación, pero algo de eso puede haber en ese éxito universal de la cancillera y en el empeño de Scholz en adoptar su manual de estilo con la esperanza de, con él, alcanzar la victoria.

Puigdemont, en plena escapada

La última salida de pata de banco de Junts ha consolidado una situación paradójica: una parte de la oposición del Govern de la Generalitat forma parte del susodicho Govern, y no hay remedio ni factor de corrección a la vista que acabe con tal anormalidad política. Cualquier otra coalición en cualquier otro lugar no superaría la prueba. Esto es, después de la delegación propuesta el martes por Junts y de la reunión de la mesa de diálogo habida el miércoles, la coalición se rompería y cada parte acudiría en busca de nuevos aliados para gobernar o para perseverar en su oposición, pero en el caso catalán tal cosa no sucede: el president Pere Aragonés informó el jueves al vicepresidente ausente de la mesa, Jordi Puigneró, de Junts, mientras Elsa Artadi y Jordi Turull, asimismo de Junts, desacreditaban cuanto podían la reunión del día anterior, en la que no comparecieron porque el mismo Aragonés informante no aceptó la representación que propuso el partido.

Decir que la mano de Waterloo es muy larga es decir poco. Es insuficiente decir que Carles Puigdemont cree a pies juntillas que cuanto peor, mejor. Decir que el gusto por la extravagancia se ha adueñado del escenario es simplificar la realidad. Decir, como lo hace Ferran Pedret (PSC) que a la coalición no le queda “otro remedio que continuar porque es muy elevado el coste de explicar a sus votantes que la independencia no es posible”, recoge solo una parte de las razones que han llevado a esa inusual pelea en la que los contendientes no aspiran a derrotar al adversario, sino a debilitarlo para tenerlo a merced de sus designios. Desde el bando de ERC, para seguir por la senda posibilista de la Realpolitik sin tener siempre el moscón detrás de la oreja; desde el universo enardecido de Junts, para recuperar la presidencia que, creen, es de su exclusiva propiedad y disfrute desde los días del pujolismo gobernante.

Es fácil descubrir en todo eso una disputa sin cuartel por la hegemonía política y cultural, por mantener la primacía en el reparto del poder y consagrar la idea de que el camino hacia la independencia solo puede ser de naturaleza insurreccional –unilateral, se dice– mientras sean otros quienes fijen el rumbo (ese es el punto de partida de Junts). Luego, cuando se restablezca la normalidad –disponer de la presidencia– ya se verá si no queda otra que instalarse en el posibilismo, habida cuenta las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas, tan útiles y a tener en cuenta para no estrellarse contra el muro infranqueable de la realidad.

En plena escapada, que no al final de la escapada, y a mayor abundamiento en la huida hacia adelante, al orbe puigdemontiano le vale cualquier cosa para seguir en la brecha, menos que la mesa de diálogo se traduzca en algo efectivo, constatable y contable, que saque la cuestión catalana de la vía muerta, de esa tierra yerma que lo mismo vale para que las empresas catalanas de referencia lleven sus sedes sociales a plazas seguras que para que la inversión en el aeropuerto de Barcelona quede para quién sabe cuándo. Cualquier pretexto es útil para exaltar la confrontación, para alentarla y ampliarla, aunque lo cierto sea que la mitad del censo, por lo menos, no experimenta tal enconamiento en la vida cotidiana, en la relación con su entorno inmediato. Laura Borràs, presidenta del Parlament, exhibe gran maestría para dar con motivos para encadenar arremetidas.

Decía Josep Tarradellas que todo es admisible en política menos hacer el ridículo. La frase se recuerda con frecuencia, especialmente en estos días de comportamientos tan poco convencionales. Presentar la mesa del miércoles como una reunión de partidos –PSOE y ERC– y no de gobiernos bordea el ridículo; considerar como sobrevenida la legitimidad de Aragonés y auténtica la de Puigdemont, también lo es; es desmesurado creer que todo sacrificio futuro será poco si se alcanza la independencia. Esta última convicción es un rasgo específico de los nacionalismos: si hay que elegir entre la nación y la gente, no hay duda, la nación es lo que realmente importe. Por el contrario, mentes esclarecidas como la de George Steiner desvelaron en su día que la preferencia por la nación no es más que una añagaza: “La muerte de Sócrates pesa más que la supervivencia de Atenas”, escribió.

En las soflamas independentistas exaltadas hay mucho de este poso nacionalista, de la tendencia a soslayar el cálculo de costes. Hay en ello un riesgo grande porque siempre es peligroso tirarse a la piscina sin comprobar si en ella hay agua y si esta es suficiente. Es peligroso agarrase a la bandera y entrañan cierto peligro cuantos están dispuestos a hacerlo, a poner en marcha operaciones divisivas, ajenas a los grandes consensos, que ni son clara y específicamente mayoritarias en Catalunya ni cuentan con el menor respaldo en Europa. Hay poca agua en la piscina para tocar a rebato; hay demasiado en juego para no salir del laberinto y adentrarse por la senda del pacto. Ni siquiera es necesario reconocer en público que se acabó el procés; basta con ajustar los comportamientos al hecho de que efectivamente dio sus últimas bocanadas al dictar el Gobierno los indultos.

Decía el egipcio Butros Butros Ghali que lo más reseñable de los pactos es su existencia. Por encima incluso de su cumplimiento, porque comprometen siempre a dos o más partes en situaciones que, por lo común, son de complejidad extrema para los implicados. El pacto es el compromiso, el punto de encuentro que a nadie satisface del todo, pero permite dar con una salida honorable. Para llegar a un pacto, las partes deben renunciar de antemano a ejercer el enojoso y pueril papel de Pepito Grillo, de guardián de las esencias, de depositario de la verdad y la justicia universales, de guardaespaldas del programa máximo.

Una soleada mañana de la primavera de 2015 desayunaba Alfredo Pérez Rubalcaba en la terracita de la cafetería del Centro de Cultura Contemporània de Barcelona antes de participar en un debate sobre una alternativa federalista para España. Había dejado el veterano político socialista los salones del poder y había vuelto a la docencia universitaria; nada le obligaba a emitir diagnósticos políticamente correctos. El periodista Carles Pastor y yo mismo le preguntamos por la atmósfera que se respiraba en Catalunya, y él fue categórico: “La salida está en Europa, cada vez con menos fronteras y más integrada”. Luego se explayó en consideraciones sobre el porqué de la utilidad de la idea europea para salir del atolladero. Seis años después cabe añadir que fuera de Europa y de los estados europeos hace un frío polar; dentro, hay días de todo –bonancibles unos, tormentosos otros–, pero se mantiene la aspiración de la cesión de soberanías o de las soberanías compartidas, de la construcción de una identidad cultural mestiza. No es la Arcadia feliz, pero es más atrayente que los viejos mitos de la nación irredenta que son solo eso, mitos.

El 11-S, una línea de fractura histórica

Transcurridos veinte años desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, los hechos ratifican que fue aquel momento trágico en Nueva York y Washington una línea de fractura histórica y política en los albores del nuevo siglo. No porque la temperatura de las disfunciones en el seno de la comunidad internacional no hubiese enviado señales elocuentes antes de los atentados, sino porque estas se tradujeron en una sacudida inabarcable en el corazón de la supuesta hiperpotencia –la etiqueta se la colgó Hubert Védrine–, consagrada por el desmembramiento de la URSS solo diez años antes. Todo cambió después de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono porque la sensación de vulnerabilidad que invadió a los ciudadanos de Estados Unidos se propagó en todas direcciones y los gobiernos se sintieron legitimados para adoptar con pequeños matices formales las doctrinas de seguridad impulsadas por la Casa Blanca.

En un artículo incluido en una recopilación de opiniones publicada por el Council on Foreign Relations a las pocas semanas de los atentados, el analista Michael Mandelbaum escribió: “Pocas de las grandes enfermedades letales de la historia se han erradicado por completo, pero muchas se han puesto bajo control y solo se cobran unas pocas víctimas cada año. Eso es lo que ocurrirá si la guerra contra el terrorismo triunfa. Y no se abandonarán las medidas puestas en práctica para impedir el terrorismo. Igual que no se suspenden las vacunaciones y otras medidas sanitarias incluso después de que una enfermedad mortal haya sido controlada”, El doble vaticinio de Mandelbaum se ha cumplido en todos sus extremos: los zarpazos terroristas se asemejan a los brotes repentinos típicos de un mal endémico –algunos pronósticos sobre el desenlace de la pandemia van por ahí– y nada de cuanto modificó el 11-S en la relación entre gobernantes y gobernados ha caducado, incluso ha aumentado con los sistemas de control que incorporan las nuevas tecnologías.

En estos últimos veinte años, la evolución del léxico ha contribuido a asentar estas nuevas formas limitativas de la autonomía individual y de la privacidad, acaso de las reglas propias de sistemas democráticos. La reiteración de golpes de mano del terrorismo global de inspiración islamista ha llevado a los gobiernos a utilizar en diferentes momentos la palabra guerra para referirse a la lucha antiterrorista, y tal fractura semántica ha hecho posible normalizar una especie de excepcionalidad permanente: si la guerra da pie a un estado moral excepcional, toda excepción en nombre de la seguridad –real o presunta– también lo está. Al mismo tiempo, las referencias a la guerra provocan una forma de inseguridad sobrevenida que hace menos traumática la aceptación de diferentes medidas restrictivas como un inevitable mal menor.

El caso es que tal aceptación no ha evitado que empeore en términos generales la confianza en los gobiernos. En Estados Unidos, el índice se mantiene en torno al 30% desde 2007 –otra cosa es la confianza en el presidente de turno–, y hay un desapego siempre en aumento por cuanto dicen y hacen los políticos. “Haríamos bien en reflexionar este sábado no solo sobre las vidas perdidas ese brillante día de finales de verano hace 20 años, sino también sobre los excesos, errores y flagrante falta de franqueza que siguieron. Sin una seria introspección por parte de los políticos, los encargados de la política exterior y la prensa, nos resultará difícil recuperar la confianza en nuestra democracia necesaria para el autogobierno”, escribe Jennifer Rubin en The Washington Post. La reflexión es aplicable a otras muchas sociedades, sometidas a un falseamiento permanente de la realidad.

Si alguna vez tuvo sentido la opinión de Michael Scott Doran según la cual Estados Unidos se vio enzarzado “en la guerra civil de otras personas” –el desafío yihadista en el seno de la comunidad musulmana–, hoy apenas se sostiene. Es más adecuado fijarse en los resortes emocionales activados por el islamismo radical para modificar sin pausa el paisaje social y ganar en el seno del islam adeptos a su causa o, al menos, dispuestos a justificar el recurso a la acción directa. “Los excesos, errores y flagrante falta de franqueza” que cita Rubin han hecho posible que junto a la contención de Al Qaeda y la derrota del Estado Islámico en Siria e Irak haya arraigado en sectores no precisamente pequeños de la umma –comunidad de los creyentes– un anhelo permanente de reparación. No solo frente a Occidente, sino también frente a gobiernos musulmanes venales que los islamistas tildan de apóstatas.

Dos décadas después del 11-S, alarmada Europa por los atentados en Madrid, Londres, París, Berlín, Bruselas, Barcelona y tantos otros lugares; fracasadas las primaveras árabes, donde se enterraron muchas esperanzas; regresados los talibanes al poder del que fueron desplazados hace también 20 años; sometido Oriente Próximo a los designios concertados de Israel y la Liga Árabe; convertido Irak en un enfermo crónico, todo induce a pensar que la inestabilidad es la enfermedad endémica de nuestro tiempo. El principio de incertidumbre, desarrollado por la mecánica cuántica, desbarata las previsiones de los gobernantes y de las organizaciones internacionales. Daniel Kurtzer, exembajador de Estados Unidos en Israel, sostiene que su país “está dividido más profunda y abiertamente en cuanto a su identidad fundamental, es decir, en cuanto a quiénes somos y a qué aspiramos”; en Francia, el politólogo Julien Fragnon asegura en Le Monde que la unión nacional es cada vez más precaria. Algo sumamente perturbador e inquietante ha contaminado las sociedades democráticas en los veinte años que van del 11-S a hoy; el mundo occidental ve con desconfianza, cuando no con temor, cuanto viene del orbe musulmán.

El 11-S sigue siendo un legado desasosegante para cuantos se sintieron golpeados, afectados o concernidos por la tragedia, dentro y fuera de Estados Unidos. Alain Gresh aventura que en los últimos veinte años Occidente  “perdió la batalla de la legitimidad y del derecho”, y añade: “La guerra contra el terrorismo ha sido la ilusión final de un Occidente que no admite el nuevo estado del mundo y quiere torcer el curso de la historia. Se trata de una tarea quimérica, por supuesto, pero intentar llevarla a cabo solo agrava el desorden mundial, alimenta el choque de civilizaciones y desestabiliza a muchas sociedades, incluso las occidentales, al dividirlas en función de criterios religiosos”. ¿Un diagnóstico radical? Diríase que la confusión es extrema porque desde el 11-S todo es más endiabladamente confuso e insondable, también en el orbe musulmán.

Crisis de certidumbres a causa de Afganistán

El estado anímico de la identidad colectiva se tambalea cuando se dan desenlaces tan imprevistos o indeseados como el de Afganistán. La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de atenerse a lo acordado en su día con los talibanes por su antecesor, Donald Trump, ha dado pie a reproches de todo tipo, algunos o bastantes de ellos oportunistas. El “desastre de proporciones épicas” al que alude en The New York Times el congresista demócrata por Massachusetts Seth Multon y la definición de la retirada a toda prisa como “una decisión política” a despecho del consejo de los generales de mayor rango y de la comunidad de inteligencia, recogida en las mismas páginas de boca del congresista republicano por Texas Michael McCaul, orientan a ambos lados de la divisoria el sentimiento de frustración de la opinión pública estadounidense, harta de guerras lejanas, costosas y a menudo desprestigiadas, y, al mismo tiempo, golpeada por el espectáculo ominoso del aeropuerto de Kabul. Un sentimiento extensible a la opinión pública occidental, que ha observado el desarrollo de los acontecimientos como una claudicación sin reservas frente a los yihadistas victoriosos.

El hecho de que Biden haya llevado a la práctica lo que tantas veces defendió sin éxito como vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama, salir de Afganistán cuanto antes mejor, no atenúa la sensación de que son imprevisibles las repercusiones de la derrota después de 20 años de guerra y de articulación fallida de un nuevo régimen. Para empezar, porque será ineludible alguna vía de comunicación estable con el régimen talibán; para continuar, porque la segunda entrada de los mujahidines en Kabul –la primera fue en 1996– y el desafío del Estado Islámico puede desembocar en una paradoja: el alineamiento en un mismo bando contra el terrorismo global de Estados Unidos y sus aliados –el Pentágono lo ve posible– y de los nuevos gobernantes afganos. A despecho incluso del restablecimiento de la sharia como fuente principal del orden social y de la previsible mutilación de derechos (los de las mujeres y niñas, en primera instancia).

Como afirman muchos conocedores del ethos talibán, el peligro inmediato de alimentar el terrorismo sin fronteras está en la capacidad de movilización de las franquicias del ISIS. El profesor Olivier Roy entiende que los talibanes sacaron provechosas lecciones del error cometido al acoger y asociar su futuro al de Al Qaeda, cuando en la práctica nunca quisieron el mulá Omar y sus secuaces salirse de los límites afganos, al tiempo que la yihad de Osama bin Laden siempre fue a escala mundial, quizá como fórmula o adecuación del combate a la globalización. Y esa posible cohabitación en pos de un mismo objetivo contra un adversario compartido –el universo del ISIS– puede erosionar el estado anímico, emocional de cuantos, fiados en la justificación propagandística que siguió al ataque del 11-S, creyeron que, efectivamente, la intervención en Afganistán y el desalojo del poder de los talibanes eran la última frontera para evitar la consolidación de una teocracia medieval.

Cuanto ha sucedido en Afganistán hasta el 31 de agosto y sucederá en el futuro inmediato acrecienta un sentimiento de vulnerabilidad generalizada y es combustible de primera calidad para activar el discurso ultraconservador en todas partes. “El negocio del populismo que vemos crecer cada día es hacer que la gente tenga miedo”, sostiene la economista Deirdre N. McCloskey. Si sale derrotado todo aquello que parecía asentado en los sólidos pilares de la democracia y la defensa de la autonomía de los individuos, si todo se tambalea, con las redes sociales y la televisión como grandes difusores de la debacle, se abre una ventana de oportunidad para alentar el miedo o, por lo menos, para poner en duda la competencia e intenciones de cuantos gestionaron el descalabro. Se da opción, asimismo, a la proliferación de campañas dirigidas a desacreditar apresuradas justificaciones morales para dejar en la estacada a las víctimas inmediatas de la catástrofe, a la cifra incalculable de afganos que desean salir del país.

Más allá o más acá, según se mire, del rompecabezas geoestratégico, profusamente analizado por las cancillerías, el regreso de los talibanes al puente de mando contribuye a alimentar la sensación de que cuanto se dice y hace procede de un mundo extinto o poco menos. A la acumulación de incertidumbres provocadas por la emergencia climática –véase el último informe (IPCC) auspiciado por la ONU– y por la pandemia, que sigue su marcha sin desenlace inmediato, se suma el estado de excepción emocional provocado por Afganistán. La crisis de identidad no es un estado de ánimo pasajero cuando se acumulan tantas situaciones fuera de control, cuya corrección obliga a escalar muros cuya altura se desconoce. En la evacuación de Kabul por Estados Unidos y sus aliados abundan las imágenes equiparables a las de la salida a toda prisa de Saigón en 1975, pero estaban en vigor entonces una serie de convenciones internacionales, la mayoría no escritas, pero sólidamente arraigadas, características de la guerra fría, que hace decenios saltaron por los aires. Hoy la imprevisibilidad se ha adueñado de los teatros de operaciones no solo en Afganistán.

El semanario The Economist ha invitado, entre otros, a Henry Kissinger para analizar la retirada estadounidense. En su artículo sostiene que no fue posible convertir Afganistán en una democracia moderna, “pero la diplomacia creativa y la fuerza podrían haber vencido al terrorismo”. Ambas aseveraciones son fruto de las convicciones de uno de los grandes actores de la guerra fría, pero los cambios en el ecosistema político del presente son demasiado profundos para que resulte eficaz la mezcla de diplomacia creativa y fuerza. De hecho, tampoco lo fue en Vietnam, aunque quiso aparentarse lo contrario hasta que se produjo la derrota. Puede decirse que, al menos en el plano teórico, el índice de incertidumbre aumenta todos los días y el de desorientación, también, con China como única superpotencia dispuesta a batirse por la hegemonía sin necesidad de plantearse enojosas preguntas porque no hay a las puertas de la Ciudad Prohibida una opinión pública entregada al libre examen crítico de los hechos, sino instalada en una euforia colectiva irrefrenable. Quizá es esta la foto fija de nuestros días.

 

La extrema derecha asalta el lenguaje

El sabio George Steiner recogió en 1959, en el ensayo El milagro hueco, una cita de Thomas Mann que empieza así: “Grande es el misterio del lenguaje; la responsabilidad ante un idioma y su pureza es de cualidad simbólica y espiritual; responsabilidad que no lo es meramente en sentido estético. La responsabilidad es, en esencia, responsabilidad humana”. Se refería Mann, y lo secundaba Steiner, a la adulteración de los significados, a la degradación de las palabras, a la pretensión de superar la barrera de lo inefable o lo indefinible mediante la apropiación del idioma por los propagandistas nazis a partir de 1933. Nada es hoy equiparable a la atmósfera podrida de la Alemania hitleriana, pero hay en Europa una masa crítica de ciudadanos dispuesta a dejarse convencer por los nuevos manipuladores del lenguaje, de los expertos en construir una realidad alternativa o paralela –otra versión de la realidad, dijo una colaboradora de Donald Trump a poco de la toma de posesión– que va mucho más allá de las ocasionales fake news o de la tarea de los agitprop, muy requeridos en las instancias de poder públicas y privadas.

Hay en ese clima propicio a la mutación de significados ejemplos numerosos y aplastantes. El más reciente, la acusación de promarroquíes hecha a todos los partidos representados en la Asamblea de la ciudad autónoma de Ceuta por Carlos Verdejo, de Vox, un orador bociferante sin mayor mérito que disparar contra cuanto se mueve. Otro muy reseñable es el caso de Ignacio Camuñas, que niega que los sucesos del 18 de julio de 1936 fuesen un golpe de Estado –Pablo Casado guardó silencio al oír tal disparate–, con lo que se cargó –con fortuna o no está por ver– todas las teorías asentadas sobre qué es y qué no es un golpe de Estado. Y otro episodio muy llamativo es la pretensión conservadora de cambiar el concepto reparador de Ley de Memoria Democrática por el de Ley de Concordia, una mistificación flagrante de los significados que pretende liquidar o por lo menos neutralizar el legado ominoso aún presente de la guerra civil.

¿Por qué suceden tales cosas? Porque la constante histórica del combate por la hegemonía cultural ha adquirido la virulencia desasosegante que caracteriza a la extrema derecha desde tiempo inmemorial o no tan inmemorial como pueda parecer. A la sucesión de crisis de orden moral y material que caracterizan los dos primeros decenios del siglo XXI, con la emergencia y concreción de nuevos actores políticos –el feminismo, las nuevas izquierdas, el ecologismo, las oenegés y otros–, ha seguido la respuesta de aquellos sectores que impugnan el Estado del bienestar, se apropian de conceptos clásicos de la cultura democrática para adulterarlos o subvertirlos, niegan la gravedad de los grandes desafíos –la emergencia climática, el aumento de las desigualdades– y plantean otros –los ataques a la división de poderes, el nacionalismo y el populismo como expresión de la identidad colectiva, las cortapisas a la ciudadanía europea– con el objetivo de consagrar nuevas formas de sometimiento e intoxicación de la opinión pública.

El nobel Paul Krugman se pregunta esta semana en The New York Times si debe ser solo “la gente pequeña” la que pague impuestos. El interrogante abierto por Krugman es meramente retórico, pero hay una corriente de opinión animada por Trump y sus émulos que es partidaria de que, en efecto, la contribución al erario de las clases opulentas, incluidas las grandes empresas, sea simbólica o muy limitada. Mientras tanto, la multiplicación de la pobreza o de los pobres con empleo es una realidad que la cultura hegemónica en Estados Unidos soslaya o encubre con datos macroeconómicos sin ninguna conexión con los padecimientos de quienes asisten a una degradación imparable de sus condiciones de vida. Sigue pendiente la operación de rescate de la clase media vapuleada.

Lo que Krugman plantea de forma implícita es si el discurso cotidiano de los políticos de la extrema derecha –confesos o encubiertos– obliga a disponer de un descodificador para descubrir con él el nuevo significado de las palabras. Cuando Iván Espinosa de los Monteros se refiere a los progres, al pensamiento pogre y a otros conceptos parecidos no hay una delimitación específica de a quiénes alude, sino más bien una referencia genérica a cuanto queda fuera del universo de Vox, incluida el ala menos afecta al discurso dominante en el PP. Dicho de otra forma: Espinosa de los Monteros participa de una técnica de adulteración del lenguaje que violenta la “responsabilidad humana”, según la entendió Thomas Mann.

Este juego de las palabras violentadas lo practican personajes ideológicamente tan próximos como Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders y tantos otros, entregados a la empresa de construir una realidad paralela, compatible con un conservadurismo radical y retardatario que pretende restaurar espacios de privilegio –una fiscalidad a la medida–, de exclusión –la Europa fortaleza cerrada a los flujos migratorios– y de neutralización de las dinámicas sociales, según la ocasión, el momento y los vaticinios de las encuestas. La extrema derecha vulnera el significado de las palabras para dotar a su mensaje de una aparente coherencia y compromiso con la realidad.

La economista estadounidense Deirdre N. McCloskey sostuvo el 9 de mayo en El País que “el negocio del populismo que vemos crecer cada día es hacer que la gente tenga miedo”. ¿Acaso al violentar los significados se alimenta el miedo? Seguramente sí, seguramente se compone un mosaico lleno de amenazas que configura un futuro caótico o inviable, desposeído de las referencias aportadas por la cultura dominante, hegemónica, la que algunos autores llaman cultura espontánea, entendida tal espontaneidad como efecto sobrevenido de la hegemonía. Pero, como afirma el filósofo Edgar Morin, “la política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre generalizada”, de lo que se colige que debiera carecer de efectividad la siembra del miedo mediante la desfiguración de las palabras porque el futuro es una puerta permanentemente abierta a la incertidumbre; ninguna mutación puede corregir la naturaleza incierta del porvenir.

 

Torbellino de crisis en Cuba

Al prender la chispa de la protesta social en Cuba y enfrentar el Gobierno de Miguel Díaz-Canel una crisis solo equiparable al maleconazo de 1994 asoman por las costuras del régimen las contradicciones, limitaciones y falta de horizontes de futuro de un modelo que desde hace décadas emite señales de agotamiento. Tan cierto es que la presión permanente de Estados Unidos sobre la isla ha desempeñado y desempeña un papel fundamental en cuanto sucede como que el régimen se ha revelado incapaz de buscar vías para renovarse, para buscar la forma de salir de algo similar a un ensimismamiento revolucionario, envuelto en la vieja retórica de los barbudos de Sierra Maestra que entraron victoriosos en La Habana el 1 de enero de 1959. Cada vez son menos los testigos presenciales de aquel momento histórico que alineó a toda la izquierda detrás de la peripecia castrista y cada día son más los que perciben los eslóganes –Patria o muerte, Hasta la victoria siempre– como algo ajeno a ellos, como un eco demasiado lejano para tenerlo como referencia o estímulo.

Con el correr de los decenios, el Partido Comunista de Cuba (PCC) se ha convertido en un gigantesco engranaje omnipresente de poder con todos los reflejos conservadores que distinguen a las organizaciones políticas sin competidores. El PCC es el alma del Estado, la columna vertebral de cuanto tiene que ver con la organización de la sociedad, la economía, el funcionamiento de los ascensores sociales, la seguridad y la defensa y la relación con el resto del mundo. Conservar ese poder ilimitado es hoy uno de los objetivos irrenunciables del partido, lo que en la práctica se traduce en una incapacidad crónica para encarar reformas capitales para salir del marasmo presente. Mientras la protesta en la calle grita Patria y vida, el PCC sigue apegado a la herencia del famoso O Roma o morte de Giuseppe Garibaldi.

El 18 de julio de 1991, un mes antes del golpe de Moscú que aceleró la desaparición de la Unión Soviética, Fidel Castro no se anduvo por las ramas: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”. El reproche fue dirigido a su entorno más cercano en plena decadencia de la URSS, encubridora permanente de las limitaciones de la economía cubana mientras pudo sufragar sus carencias, pero no tuvo –quizá no podía tenerlo– el efecto transformador que parecía inspirarlo; grosso modo, el PCC siguió por la senda continuista.

El segundo mandato de Barack Obama dio pie a un reformismo contenido, eternamente aplazado cuando no denostado, pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca restableció la versión más dura del embargo a la isla y funcionó como un instrumento de ratificación de las opiniones y advertencias del núcleo duro de la nomenklatura del partido. Cayó en el olvido el ya entonces lejano reconocimiento del Fidel Castro de que la dirigencia había fracasado para alcanzar los objetivos que ella misma había fijado y hoy, en mitad de la tormenta, resucitan las proclamas de antaño en las portadas de Granma y Juventud Rebelde, voceros respectivos del PCC y de su rama juvenil: “No estamos dispuestos a entregar la obra, ni la independencia, ni la soberanía conquistadas con la revolución”, dice Díaz-Canel, como si el monopolio del partido fuese la única forma de preservar la identidad cubana.

Lo cierto es que de las tres grandes crisis que castigan a la población –la de subsistencias, la económica y la sanitaria–, solo la referida a la pandemia tiene remedio a corto plazo si, como parece, llegan a la isla varios millones de jeringuillas enviadas por oenegés para acelerar la campaña de vacunación (el regreso del turismo depende de ello). La de artículos y alimentos de primera necesidad requiere una revisión en profundidad de la estructura productiva y de los cauces para facilitar la iniciativa privada; la económica depende en gran medida de que la Administración de Joe Biden permita que fluyan en dirección a la isla las remesas de dólares que alivian el día a día de miles de familias. Es esa última una realidad insoslayable, una debilidad estructural del régimen cubano que no tiene un remedio ni inmediato ni a medio plazo porque no genera el sistema la riqueza suficiente para atender las necesidades materiales de muchos ciudadanos.

No cabe la menor duda de que en este marco de referencia es posible toda manipulación y utilización política del hartazgo porque son demasiados los condicionantes que facilitan la intromisión de terceros, quienes, dicho sea de paso, tienen a su disposición las violaciones de los derechos humanos, las agresiones a la libertad de prensa, la desconexión de internet y la represión de los manifestantes para estimular la movilización con la sola remisión al carácter dictatorial del régimen. Puede decirse que el anquilosamiento del modelo cubano ha facilitado las cosas en grado sumo a sus adversarios históricos y ha defraudado con igual intensidad a cuantos lo defendieron durante años y lo presentaron como la gran esperanza liberadora de América Latina. El castrismo y sus continuadores han facilitado la tarea a sus enemigos y han ido perdiendo, decepcionados, a la mayoría de sus amigos.

Realidades tan obvias como el influjo de las redes sociales en los usos, costumbres y metas de los jóvenes han sido despreciadas por la propaganda y por la praxis diaria, como si asistiera a la cima del Estado una razón última e indiscutible, un imperativo categórico inmune a toda crítica. Lo cierto es que primero el turismo y después internet han abierto ventanas a realidades diferentes, muchas de ellas meros espejismos de una sociedad de consumo fundamentada en grandes desigualdades, pero que posee un brillo imposible de contrarrestar con el léxico legado por los padres fundadores de la revolución.

Que aún mantenga el PCC un colchón importante de seguidores dispuesto a la movilización no hace más que abundar en la impresión de que la sociedad cubana corre el riesgo de sumergirse en una profunda y larga fractura. “Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están henchidos de sacrificio”, dejó dicho Ernesto Che Guevara, reciente aún la victoria, pero tantos años después carece de sentido y oportunidad que el presidente Díaz-Canel, en plena crisis, anuncie que “la orden de combate está dada: revolucionarios a las calles”. En este llamamiento intempestivo hay demasiados ingredientes para el pesimismo, para no temer un agravamiento en un texto de por sí inquietante.