About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

Erdogan impone sus normas a la UE

El espectáculo montado por Recep Tayyip Erdogan al entrevistarse en Ankara con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, concreta en una imagen más que elocuente la deriva del presidente turco, la incapacidad de Michel para salvaguardar la dignidad del cargo que ostenta y el trato despectivo dispensado a la Unión Europea en la persona de Von der Leyen. Víctima esta última, además, de un indisimulado machismo que Michel secundó, cuando menos por omisión. Nada de cuanto transmiten las imágenes de Ankara tiene que ver con el trato entre vecinos bien avenidos, sino más bien con las condiciones impuestas por el presidente turco para mantener a su país en el papel de contenedor de refugiados sirios previo pago de Bruselas por los servicios prestados; nada de lo hecho, dicho y explicado por Michel le libera de la imagen de cooperador necesario para que Erdogan saliera triunfante del desafío.

Resultan ridículas las confusas explicaciones sobre la disposición de los asientos establecida por el protocolo turco –Erdogan y Michel, el uno junto al otro; Von der Leyen, en la esquina de un sofá, a unos metros de Erdogan– y sin precedente alguno: el llamado sofagate se atuvo a la lógica de un islamista radical; el trato deferente dispensado al presidente del Consejo Europeo subrayó la opción de Ankara por los estados mediante el alejamiento de la representante por excelencia de las instituciones europeas colegiadas. Porque Michel no pasa de ser un a modo de coordinador de la conferencia intergubernamental, mientras Von der Leyen encabeza la institución más transversal de los Veintisiete.

Hace tiempo que el ingreso a largo plazo en la Unión Europea dejó de ser un objetivo prioritario para el régimen turco. En la tensión histórica de Turquía entre la vertiente europea y asiática, que se remonta a los días de mayor esplendor del Imperio Otomano, Erdogan ha dejado de mirar preferentemente a Occidente y ha dirigido sus ojos al Mediterráneo oriental y Oriente Próximo. El esfuerzo prometido hasta hace unos años para adecuar el funcionamiento de las instituciones a usos democráticos reconocibles ha sido suplantado por una islamización al galope del Estado mediante un alejamiento cada vez mayor de la herencia kemalista, especialmente después del oscuro golpe fallido del 15 de julio de 2016.

Si en el pasado inmediato parecían ineludibles las referencias de Ankara a la trama conspirativa animada desde Estados Unidos por Fethullah Gülen, el enemigo político al que de todo se culpaba, ahora lo que realmente importa es asentar la condición de Turquía como aspirante a cierta hegemonía regional, a una relación de privilegio con Rusia y a un control sin intermediarios del independentismo kurdo en Siria e Irak. Ganan los anatolios, pierden los estambulíes, dicen los europeístas turcos, defraudados por la falta de reacción de Michel e indirectamente de la UE como institución; renace la herencia otomana y se eclipsa el legado laico kemalista, lamenta una parte significativa del mundo cultural y académico.

La pasividad de Michel contribuyó a transmitir esa doble impresión. Ni siquiera se le ocurrió indicar –o se le ocurrió y no actuó en consecuencia–que la silla junto a Erdogan correspondía a Von der Layen, o que faltaba un asiento al lado del presidente turco. Quizá sea hora de revisar el comportamiento o la relación de la UE con Turquía porque, quizá también, la Realpolitik ha hecho caer de nuevo a la institución en una trampa para elefantes (la anterior ocasión fue el viaje de Josep Borrell a Moscú). Y acaso la marginación de Von der Leyen en la escena del sofá obligue a analizar los errores cometidos en su día por los dirigentes europeos, siempre recelosos de que un día Turquía se integrara en el club y en pocos años fuese el socio con más escaños en el Parlamento Europeo, con presencia relevante de musulmanes en la plantilla eurócrata.

Ese doble prejuicio apenas se encubrió con argumentos formales, jurídicos, de solvencia democrática, alentado por el europeísmo conservador, que se opone siempre con denuedo a la presencia normalizada del islam en Europa. A tal clase de reservas debe añadirse ahora lo que la eurodiputada liberal de los Países Bajos Sophie in ‘t Veld reprocha a Von der Leyen: haber degradado la Comisión a una especie de secretaría de los países integrantes de la UE. “Aparcó su propia institución en el sofá, por así decirlo”, escribe la parlamentaria en Politico.eu, una crítica acerada que, en cualquier caso, no es menor a la que dedica al papel desempeñado por Michel durante el sofagate.

A todo ello hay que añadir que los europeos han tendido a tratar el caso turco a partir de la convicción de que el republicanismo impuesto por Mustafá Kemal Atatürk hunde sus raíces en la tradición y el pensamiento republicanos en Occidente. De la lectura del libro The formation of Turkish republicanism, de la profesora Banu Turnaoğlu, se desprende que se trata de un punto de partida erróneo o, por lo menos, incompleto porque excluye el largo debate entre el nacionalismo otomano y el republicanismo liberal, que se remonta al siglo XIX. Pero la descripción del kemalismo como un precipitado del republicanismo europeo ha sido útil a Erdogan para combatirlo, para presentarlo como una forma de colonización ideológica.

Con ese y otros ingredientes, el progresivo autoritarismo de Erdogan ha impregnado por completo su política con la voluntad de convertirse en un interlocutor privilegiado e ineludible en Oriente Próximo. Como siempre, hay factores que pueden obligarle a la larga a rectificar, entre ellos la debilidad y los zarandeos de la lira turca, pero de momento la piedra en el zapato europeo ahí está, agravado el parte de daños por la desmadejada imagen que dejó el sofagate, lastrada la UE por su incapacidad para gestionar los flujos migratorios sin depender de terceros tan reactivos como el presidente de Turquía.

La pandemia se reactiva

A las puertas de la cuarta hola de la pandemia, si no es que ya estamos en ella, los europeos se preguntan por qué la exuberante campaña de vacunación en Estados Unidos no ha sido  posible hasta la fecha en la Unión Europea, donde cunde una mezcla de inseguridad, pesimismo y la sensación de que algo se ha hecho considerablemente mal para que el progreso para alcanzar la inmunidad de grupo se demore tanto. Mientras crecen una vez más las estadísticas de infectados y se cumplen con pasmosa puntualidad los vaticinios de los epidemiólogos, se asiste a un combate contra el mal no siempre coordinado –a veces, por desgracia, en orden disperso– en el que coinciden crisis políticas asociadas a la batalla contra el covid-19, el aumento de casos, la conversión de Madrid en capital europea del ocio etílico, discusiones bizantinas sobre dónde es y no es imprescindible usar la mascarilla y la certidumbre de que para que el 70% de la población quede inmunizada durante el próximo verano es preciso que cambien bastante las cosas.

Cuando todo haya pasado, quizá deban pedirse responsabilidades políticas a quienes negociaron los contratos de suministro con las farmacéuticas visto el grado de cumplimiento muy laxo de los mismos sin que, por lo demás, haya forma de esclarecer a cuánto obligan y a qué se debe de verdad que no se cumplan las previsiones. Pero, de momento, sería suficiente con que todo el mundo supiese en Europa, con un margen de error lo más pequeño posible, cuándo será citado para que le administren la vacuna. Y lo sería porque al mismo tiempo que el presidente Joe Biden anuncia que el próximo 4 de julio –fiesta nacional– será el día de la independencia de Estados Unidos frente al coronavirus, en Europa todo son aproximaciones inconcretas, poco tranquilizadoras, sobre el ansiado día en el que la población se encontrará a salvo y se acabará la pesadilla. Es decir, es posible hacer previsiones verosímiles si se tiene la seguridad de que las vacunas fluirán sin pausa, según lo anunciado por las autoridades y esperado por la población.

El diario Le Monde atribuye el retraso de Europa en neutralizar la enfermedad a la falta de audacia y de riesgo puestos de manifiesto en Estados Unidos –Donald Trump, en la Casa Blanca– al financiar el año pasado con 14.000 millones de dólares la operación Warp Speed, que llevó a los laboratorios a trabajar a toda máquina para desarrollar vacunas en el menor plazo de tiempo posible. La consecuencia es obvia: en un país con un más que desigual grado de cumplimiento de las medidas establecidas para frenar los contagios, la vacunación sin descanso ha desbordado muchas previsiones sobre la contención de la enfermedad. Por el contrario, un editorialista del periódico La Repubblica ha llegado a escribir que la compra masiva de vacunas decidida en Bruselas ha sido ineficaz porque “nunca fue posible un control efectivo de la producción y de la distribución”.

Si a todo ello se añaden las dudas suscitadas por la vacuna de AstraZeneca, la única conclusión posible es que el bloqueo emocional de una parte no pequeña de la opinión pública europea es por lo menos comprensible. Seguramente, los expertos están en lo cierto cuando declaran la idoneidad del fármaco, pero en la memoria de muchos potenciales receptores prevalece la impresión de que los riesgos son demasiados. Que sea infinitamente pequeño el porcentaje de los vacunados que han padecido efectos secundarios o han perdido la vida no evita que las dudas en la calle sean las que son. Lo realmente sorprendente en sociedades habituadas a una más que razonable seguridad sanitaria sería que el estado de ánimo fuese otro. Es evidente que estar vacunado es una liberación –desaparece el peligro de resultar contagiado–, pero si surge la sombra de un riesgo sobrevenido por el hecho de vacunarse, es posible que afloren la desconfianza y la zozobra.

Daniel Cohen, de la Escuela Normal Superior de París, afirma en el semanario L’Obs que el Gobierno de Francia, “al rehusar el confinamiento para ocultar su vergüenza al no haber podido vacunar rápidamente, ha perdido el rumbo en la gestión de la pandemia”. El profesor Cohen cree que las autoridades antepusieron a las advertencias del consejo científico su convicción de que los ciudadanos “estaban al borde de la crisis nerviosa y no soportarían la carga mental de un nuevo confinamiento”. El caso es que, finalmente, la fuerza de los hechos ha obligado al presidente Emmanuel Macron a confinar Francia durante un mes y a cerrar las escuelas un mínimo de tres semanas, un síntoma inquietante de que, como sostiene Cohen, el desarrollo de los acontecimientos marcha muy por delante de las decisiones del Gobierno a un año de que Macron opte a la reelección.

Son demasiados los países en los que la impresión es la misma. Cuando la OMS califica de inaceptable la lentitud de la vacunación en Europa lo hace atendiendo a criterios a salvo de la necesidad inmediata de fomentar corrientes de opinión favorables, pero también recogiendo la queja de cuantos creen que el ritmo actual es inadmisible. A nadie escapa la complejidad de la adquisición de las vacunas, la distribución y administración de las mismas, pero cabía esperar que, a la luz de los recursos humanos y materiales de que dispone la Unión Europea, todo fuera bastante menos premioso de lo que en realidad es. Si a ello se añaden juegos de manos políticos como los de Isabel Díaz Ayuso –los ambulatorios de Madrid cerrados durante cuatro días de la Semana Santa y las terrazas a rebosar–, solo puede añadirse que la queja de la OMS está más que justificada.

Cierto que nada escapa a la política, y la pandemia no es una excepción, pero como en este caso, al final de la discusión, lo único que importa es salvar vidas, la politización de la pandemia, de su gestión, debiera ser lo más atenuada, comedida y resolutiva posible. La pandemia ha hecho posibles pocas treguas, pero hay una que urge: la que contenga el parte diario de bajas y los estragos económicos imparables. En este desastre planetario no ha lugar para las medias tintas y el oportunismo político; lo único realmente decente es renunciar a los argumentos falaces y no escatimar recursos para vencer al mal cuanto antes.

Escalada verbal de Díaz Ayuso

La secuencia de acontecimientos en Madrid a partir de la sacudida en Murcia ha permitido contemplar la peor cara de la política en una de sus versiones más adecuadas para desacreditarla. Es insuficiente decir que ha habido una ausencia total de la “seriedad sublime” que Matthew Arnold reclamaba a los críticos literarios; es asimismo insuficiente recurrir a la expresión italiana manca finezza. Quizá la única fórmula adecuada para describir lo ocurrido es remitirse simplemente a la tradición de la derecha agreste, a ese convencimiento legado por sus antepasados de que el Estado es un terreno de juego exclusivamente suyo. Algo que, por lo demás, induce a la nueva izquierda a radicalizarse y contribuye a enturbiar el debate con una oratoria nada saludable.

Si en Murcia se ha podido respirar el aire viciado de una forma no demasiado novedosa de almoneda aplicada al reparto de cargos políticos, con la deserción de tres diputados de Ciudadanos que en un principio apoyaron la moción de censura, la presidenta de Madrid ha abierto la caja de los truenos con una escalada verbal concretada en eslóganes pergeñados por los fontaneros que la asesoran. El salto de Socialismo o libertad a Comunismo o libertad responde a una escalada verbal cuyo final no se adivina, pero hace temer lo peor a poco que las encuestas mejoren los pronósticos electorales de Pablo Iglesias para la convocatoria del 4 de mayo.

Ha adoptado Isabel Díaz Ayuso los aires apocalípticos que han solido llevar a España al despeñadero, arropada para tal empresa por los émulos del aparato de propaganda de la extrema derecha estadounidense desde los no muy lejanos días en los que aspiró a la vicepresidencia de Estados Unidos Sarah Palin, una candidata con un desconocimiento enciclopédico de cuanto estaba obligada a saber. Es complicado discernir a qué libertad se refiere la presidenta de Madrid o qué libertades echarán en falta los madrileños si no ganan los suyos, pero en esa simplificación, en ese o yo o el diluvio, descansa el toque a rebato de Díaz Ayuso para que de las urnas salga una libertad salvaguardada de naturaleza imprecisa. Aunque quizá sea un elemento indicativo o esclarecedor el perfil de los manifestantes enardecidos de la calle Núñez de Balboa, el año pasado, o el de los reunidos por Santiago Abascal en el centro de Murcia hace unos días sin mayor respeto por las reglas que impone la pandemia.

Los eslóganes puestos en circulación por el PP en Madrid y otros de similar carnadura y estilo –Patria o muerte (Fidel Castro), O Roma o morte (Giuseppe Garibaldi)– resultan siempre inquietantes. En el caso de Madrid, doblemente inquietantes porque aún no ha empezado la campaña y parecen y se antojan más adecuados como prolegómeno de un desenlace desgarrado que como llamamientos a un acontecimiento tan absolutamente civilizado y pacífico como una cita electoral. A saber si Díaz Ayuso ha leído a Charles de Gaulle y se aplica una de las normas de conducta que dejó escritas el general: “Cuando quiero saber qué piensa Francia, me remito a mí mismo”.

La conclusión de la periodista Soledad Gallego-Díaz en El País ensambla los eslóganes con lo que quizá se avecina: “En el mejor de los casos para ella [Díaz Ayuso], la victoria dependerá de un Vox también reforzado y todavía más normalizado, algo que debería ser una pésima noticia para el Partido Popular en otras zonas de España y terminar costando caro políticamente a Pablo Casado. Pero Patria o muerte suena bien”. Esa rotundidad del mensaje suele ganar adeptos enseguida, aunque las consecuencias ulteriores de tales soflamas son con frecuencia imprevisibles: ¿seguirá creciendo Vox?, ¿se consumará la extinción de Ciudadanos?, ¿podrá el PP renacer saneado después de los casos de corrupción o precisará las muletas de Vox?

Nada logra desvanecer la sensación de que lo que sucede en Madrid engarza con la tradición más rancia de la derecha española. La herencia de la demagogia trumpista no ha hecho más que suministrar nuevos instrumentos de combate a una pauta de conducta que se remonta a la noche de los tiempos. “No hay más alianzas que las que trazan los intereses, ni las habrá jamás”, sostenía Antonio Cánovas del Castillo. Lo alarmante es que los intereses que defiende Díaz Ayuso coincidan grosso modo con los que se atribuyen a Vox, de cuya genética neofranquista no reniega y que utiliza una Constitución y unas instituciones cuya existencia impugna –las comunidades autónomas– para alcanzar sus fines. Y aún resulta más alarmante que la presidenta suelte en medio de la refriega: “Cuando te llaman fascista es que lo estás haciendo bien”.

Son este y otros momentos de incontinencia verbal –“me han estado mareando entre unos y otros”, “Madrid es España dentro de España”, un trabalenguas– los que revelan, en el mejor de los casos, su desconocimiento del valor y el significado de las palabras, y de la repercusión que tienen. Resulta todo demasiado atrabiliario como para no temer que la escalada léxica irá a más y se producirá un emponzoñamiento de la campaña, de la política, del día siguiente a las elecciones. ¿Qué sucederá si gana la izquierda? ¿Qué sucederá si la movilización es tal que la realidad desmiente las encuestas, los cálculos que vaticinan una alianza de las derechas? ¿Se impondrá la decencia o cundirá el ejemplo trumpista que todo lo inspira: no aceptar la derrota, denostar el voto por correo, tachar el escrutinio de fraudulento?

Las escaladas verbales, como las armas, las carga el diablo. Seis semanas son tiempo suficiente para que, a partir de lo oído hasta ahora, el tono de los discursos no deje de agriarse, también desde la izquierda, como si este fuese el único instrumento posible de movilización electoral, como si el 4 de mayo estuviese destinado a ser el día clave en el que, más allá de los límites de la Comunidad de Madrid, toda la política española quedará condicionada por el resultado. Puede, incluso, que tal cosa suceda, pero será más fácil de gestionar el futuro si prevalece la sensatez, tan escasa ahora.

Brasil, a merced del duelo Lula-Bolsonaro

La repentina conversión de Jair Bolsonaro al uso de mascarilla y a la administración de la vacuna para combatir la pandemia ha sido la respuesta inmediata del presidente de Brasil a la rehabilitación de Luiz Inácio Lula da Silva, el presumible gran rival en las elecciones del próximo año. Que un negacionista irreductible deje de serlo en horas veinticuatro reúne todos los ingredientes de un sainete, pero las desoladoras estadísticas de muertos a causa del coronavirus –el miércoles y el jueves pasados los muertos superaron cada día los 2.000– en plena movilización de la izquierda han obrado la transformación milagrosa. Otra cosa es aquilatar qué efecto tendrá en las tendencias de voto a partir de ahora y hasta qué punto el cambio de orientación presidencial defraudará a la extrema derecha brasileña, empeñada en negar la evidencia.

Lo cierto es que la decisión de un magistrado del Tribunal Supremo Federal ha devuelto los derechos políticos a Lula y, en la práctica, obliga a Bolsonaro a mantener un pulso de muchos meses con su peor adversario salvo sorpresas, por lo demás nada descartables. Pocas dudas quedan de que más allá del contagio de la corrupción sufrido por el Partido de los Trabajadores (PT), la organización liderada por Lula, él fue víctima de una operación de acoso que se tradujo en la politización extrema del juicio que lo condenó por corrupción y blanqueo de dinero. El solo hecho de que el Supremo investigue el comportamiento de Sergio Moro, el juez que lo condenó, es suficientemente expresiva de la anormalidad del proceso seguido, de las fundadas sospechas de que Moro lo fue todo menos imparcial.

Como ha escrito un comentarista en Folha de Sao Paulo, la rehabilitación de Lula no se deriva de la decisión del poder judicial de hacer política, sino de que renunció a ello. Se puso a salvo, puede decirse, de cualquier interpretación política de la decisión tomada habida cuenta la debilidad de las pruebas aportadas a la causa y el hecho de que el juez que lo sentenció no tenía competencia para juzgarlo. A lo que hay que añadir, fuera del ámbito judicial, la cercanía de Moro a Bolsonaro, que lo incorporó a su primer Gobierno en el puesto de ministro de Justicia.

Lo singular del momento es que Lula y Bolsonaro son dos personajes que concitan tantos amores como odios, que tienen un poder de convicción y de reacción enormes en entornos sociales completamente diferentes. Las encuestas posteriores a la rehabilitación de Lula, le otorgan un índice de aprobación del 50%, mientras que el de Bolsonaro se queda en el 38%, pero faltan 19 meses para la elección presidencial y puede que, para entonces, la pandemia sea el recuerdo de una pesadilla superada. Aunque también es cierto que, aun así, los efectos económicos de la enfermedad serán muy visibles en el incremento de las desigualdades y en la destrucción de bolsas de trabajo precario características de una sociedad extremadamente dual.

La creencia de los más escépticos de que nunca se cumplió el lema Orden y progreso que figura en la bandera de Brasil, sin que tal circunstancia tuviera mayores efectos en el comportamiento ni siquiera cuando ganó Lula la presidencia, se contrarresta con la opinión de quienes estiman que nunca se dio en el país un caso de corrupción generalizada, con extensión a otros países de América Latina, como el Lava Jato, compendio de todos los males de la economía oculta que se aloja en las alcantarillas del Estado. De tal manera que resulta aventurado prever el futuro, que se vislumbra como un misterio envuelto en un enigma. Y que puede ofrecer alguna sorpresa como, por ejemplo, la revisión completa de todas las causas sentenciadas relacionadas con el caso Lava Jato, con fallos condenatorios que llevaron a prisión a personalidades políticas, incluidas varias encuadradas en el PT.

Un cierto grado de confusión y de olvido del pasado inmediato conviene a Bolsonaro; un recuerdo permanente de qué fue preciso para que el presidente ganara en 2018, conviene a Lula. En el expresidente actúa a su favor como un factor de movilización los años de cárcel que no debió cumplir; en Bolsonaro funciona ante los suyos como un factor de legitimación el haber cortado las alas al reformismo socializante que promovió Lula y heredó Dilma Rouseff. En medio se encuentran la devastación de la pandemia, el legado de Donald Trump y la realidad incontestable de que una división social muy característica, así en los días de prosperidad como en los de crisis, ha configurado una comunidad propensa a las grandes fracturas.

Bolsonaro nunca creyó que debería vérselas con Lula en plena crisis, pero acaso descartó demasiado pronto tal posibilidad. Tal cosa explica en parte la necesidad imperiosa del presidente de cambiar de caballo a mitad de carrera y sumarse ahora a la mascarilla y a la vacuna. Como recuerda un editorial del diario Estado de Sao Paulo, hace solo una semana que el Bolsonaro mandó en público a “casa de su madre” a alguien que tildó de idiota por preguntarle dónde podía encontrar vacunas. Sin embargo, hoy se desvive por disponer de ellas y contener el parte diario de bajas, pero es difícil medir la efectividad de ese cambio de comportamiento, forzado por las circunstancias. De ahí que el editorialista se incline a pensar que el verdadero Bolsonaro es el populista desabrido que llama idiota a un conciudadano, y no lo es “el personaje contrito que ahora proclama la necesidad urgente de una vacunación nacional”.

Basta buscar en las redes los puntos de vista de Olavo de Carbalho, ideólogo de cabecera de Bolsonaro, para comprender que la transformación obedece a una corrección meramente accidental y necesaria. “La presente generación tiene una misión histórica: la de realizar, sin extinguir una sola institución democrática, lo que los militares de 1964, extinguiendo varias, no hicieron: extirpar el comunismo de la vida política nacional, integralmente y para siempre”, declaró en cierta ocasión De Carvalho, para quien es comunismo todo aquello que figura a la izquierda del corto espacio que media entre la derecha y la extrema derecha brasileña, tan a menudo hermanadas y entrelazadas.

El riesgo para los próximos meses es que el enconamiento entre dos bloques irreconciliables desemboque en una simplificación de los problemas, en planteamientos binarios y en un recurso permanente al culto a la personalidad. Justo lo contrario de lo que precisa  un país inmenso, con posibilidades poco menos que ilimitadas de prosperidad y reequilibrio social que precisa tanto como cualquier otro que sus dirigentes se acojan  al pensamiento complejo, un concepto desarrollado por el filósofo francés Edgar Morin que requiere enlazar diferentes dimensiones de la realidad, incluida la moral. El objetivo de Lula en 2003 de garantizar tres comidas al día a todos sus compatriotas sigue ahí, incumplida y desafiante.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Venezuela, una sociedad afligida

La situación en Venezuela se ha instalado en la lógica según la cual cada día es peor que el anterior. Cuando a través de la senda de la decadencia se llegó a un territorio en el que la moneda dejó de tener valor, cinco millones de personas se ausentaron en busca de mejor vida fuera del país y los aliados tradicionales dieron la espalda, no es posible otro dictamen que el del desastre final, sin paliativos ni salvación posible. La última decisión del presidente Nicolás Maduro de tensar la cuerda con la Unión Europea, mediante la expulsión de la  embajadora Isabel Brilhante Pedrosa, declarada persona non grata, y con España a raíz de la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la región de Colombia fronteriza con Venezuela, es una forma como cualquier otra de minar puentes y agravar el momento.

Se ajusta solo parcialmente a la realidad la opinión bastante extendida de que el endurecimiento del chavismo se aceleró a partir de las elecciones de 2010, cuando perdió poder local y empezó a sentirse vulnerable, y de la muerte de Hugo Chávez (2013), que llevó al puente de mando a Maduro, sucesor designado por el fallecido, carente del gancho del líder absoluto del experimento venezolano. Hay factores de igual o mayor peso en el desastre en curso, empezando por el descenso del precio del petróleo, continuando por la incapacidad del régimen de aportar valor añadido a la economía de las misiones –programas sociales de viabilidad a menudo discutida– y acabando por la referencia permanente del modelo cubano, al que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se sienten muy apegados. A todo ello debe añadirse el progresivo distanciamiento de  una parte cada vez mayor de la población, incluidos segmentos sociales favorecidos en primera instancia por las misiones, para quienes no se posible vislumbrar más futuro que una existencia precaria.

Algunos datos justifican el pesimismo. Por ejemplo, el PIB venezolano del año 2020 equivalió a menos del 25% del que se registró en 2013, según datos del Fondo Monetario Internacional; no menos del 15% de la población del país ha emigrado en condiciones con frecuencia extremas; el bolívar ha dejado de tener valor y del petro, divisa virtual, solo se tiene noticia cierta del nombre; la inflación ha escalado el último año hasta el 6.000%, récord absoluto en la historia de América Latina.

Al mismo tiempo, la oposición, demasiadas veces dividida y enfrentada, ha carecido de la influencia determinante necesaria para negociar una salida con el Gobierno. Metida en el rompecabezas de ambiciones personales, ha malbaratado el momento dulce que para ella siguió a la declaración de Juan Guaidó como presidente encargado en tanto que presidente del Parlamento elegido en 2015, en el que la oposición obtuvo una mayoría de dos tercios. El reconocimiento en 2019 de Guaidó por unos sesenta países, incluidos Estados Unidos y los socios de la Unión Europea, no tuvo mayor efecto práctico y decayó al elegirse en diciembre pasado una nueva asamblea mediante una convocatoria electoral en la que no participaron candidatos de la oposición y cuyo resultado no fue reconocido por los aliados históricos de Venezuela.

Es una simplificación atribuir el extravío del país solo o principalmente a lo que bastantes economistas llaman la maldición del oro negro, esa tendencia al monocultivo de los grandes productores que obtienen con facilidad enormes beneficios, se instalan en la ilusión de la prosperidad ilimitada y se despeñan por la realidad cuando caen los precios y comprueban que no fueron capaces de diversificar sus ingresos en los tiempos de bonanza. El chavismo triunfó, promovido por un militar condenado por dirigir un golpe de Estado que no prosperó, porque se daba en el país una situación de desigualdad social extrema, una tasa de corrupción insufrible y la ausencia de mecanismos de corrección de históricos déficits estructurales. En algún momento, este marco de referencia decantó la balanza del lado de Hugo Chávez, de una oferta populista socializante en la que una parte muy importante de la opinión pública vio la ocasión de hacer efectiva la frase escrita por Rómulo Gallegos en la novela Doña Bárbara: “El mal es temporal; la verdad y la justicia imperan siempre”.

Al final del relato que Gabriel García Márquez dedicó a los últimos días de Simón Bolívar, el escritor puso en boca del general agonizante esta famosa exclamación: “¡Cómo voy a salir de este laberinto!” Es improbable que los gestores a ambos lados de la divisoria que separa a Gobierno y oposición en Venezuela se pregunten a sí mismos cómo saldrán del atolladero para reconstruir un país destruido. Más parece que dominan una mezcla de improvisación, encastillamiento y tendencia a soslayar la realidad. El Gobierno no tiene otra estrategia que resistir a toda costa, encomendarse a patrocinios como el chino y el ruso, y recurrir a las frases rotundas, con frecuencia amenazantes, de Maduro; la oposición se empecina en una competencia de egos a cuál más injustificable y, al mismo tiempo, se agranda la brecha entre el exilio y el interior.

En agosto de 2019, el diario El Espectador, de Bogotá, publicó un editorial que empezaba así: “La crítica situación en Venezuela continúa bajo la lógica según la cual pasa de todo, pero no termina de pasar nada concreto que logre solventarla”. Es una descripción sucinta, pero muy apegada al momento. La presidencia de Maduro es una suma de fracasos encadenados, pero la brega de la oposición no presenta mayores éxitos o logros si por tales se entiende lograr que las diferentes facciones remen en una misma dirección. En medio, una sociedad exhausta contempla cómo se degradan sin parar las condiciones de vida.

Los profesores de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela, y José Ramón Morales-Arilla sostienen que el régimen “le dio la espalda a la democracia electoral cuando perdió la capacidad de ganar elecciones”, y defienden que la única salida es “afligir a los cómodos y reconfortar a los afligidos”, algo que, dejan entrever, incluye abundar en las sanciones. Y ahí surge la gran duda para dar con la salida del laberinto porque, hasta la fecha, las sanciones no han hecho otra cosa que afligir más a los muy afligidos.

Arabia Saudí, un socio incómodo

La decisión de la Administración de Joe Biden de desclasificar el informe elaborado por la CIA sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul entraña una revisión escalonada de la relación de la Casa Blanca con el trono de Riad. La investigación del caso realizada por la agencia llega a la conclusión de que la muerte de Khashoggi fue autorizada por Mohamed bin Salman, hijo del rey y gobernante de facto, que quiso silenciar una voz crítica con la teocracia de los Saud, un respetado columnista de The Washington Post. Nada nuevo aporta el informe de la CIA, habida cuenta el convencimiento generalizado de que la desaparición del periodista fue decidida en los salones más exclusivos del poder; lo verdaderamente novedoso es que, al contrario de lo dispuesto en su día por Donald Trump, su sucesor ha hecho públicas las conclusiones.

Si durante décadas Arabia Saudí ha sido solo el aliado necesario, ahora es además el socio incómodo. Quizá debió haberlo sido antes, sobre todo a partir de las muy fundamentadas sospechas de que algunas ramas del árbol genealógico de la familia real saudí tuvieron comunicación, contacto, incluso información de los planes de Al Qaeda antes del 11-S, pero el Gobierno de George W. Bush optó por una aplicación extrema de la Realpolitik y dejó sin efecto la posibilidad de ahondar en algo que parecía más que probable. Quizá también hubiese sido saludable cierta voluntad anticipatoria para preservar el espíritu democratizador de las primaveras árabes, combatidas con denuedo por Arabia Saudí, pero de nuevo la Realpolitik se impuso a cualquier otra consideración.

Durante el mandato de Trump se hizo aún más evidente la inmunidad de los gobernantes saudís mientras se atuvieran a la política de acoso a Irán y a la necesidad de salvaguardar la seguridad de Israel. El príncipe Bin Salman se convirtió en el aliado necesario ideal: promovió cambios cosméticos en su país para pasar por un reformista y se sometió con entusiasmo a las directrices de Washington para Oriente Próximo. Fue así como la muerte de Khashoggi quedó por esclarecer o, por decirlo de forma más precisa, quedó pendiente la difusión de las conclusiones de la investigación de la CIA.

Lo cierto es que Arabia Saudí es, con Israel y Egipto, el ingrediente determinante en la estructura de seguridad y control político de Oriente Próximo diseñado por Estados Unidos. Es decir, es improbable que Joe Biden renuncie a este aliado, pero es posible que cambie el ADN de la relación (de momento, ha suspendido la ayuda militar destinada a la guerra de Yemen). Hay varias razones para que tal cosa suceda, entre ellas el deseo del presidente de resucitar, aunque sea en otros términos, el plan para contener el programa nuclear iraní mediante una rehabilitación más o menos oficial de la república de los ayatolás ante la comunidad internacional. Es algo necesario para diluir los efectos del disparate cometido por Trump al denunciar y salirse del acuerdo negociado en su día por Barack ObamaHasán Rohani.

Pero no es este el único factor trascendente en la repercusión que puede tener la nueva modulación del vínculo de Estados Unidos con Arabia Saudí. De producirse, lo será también para el reformismo político árabe, emparedado entre fracaso de las primaveras y la complicidad de Arabia Saudí en la restauración de la autocracia en Egipto –con influencia en toda la región–, y para el reformismo musulmán. Es esto último algo fundamental para que decrezca la presión del islamismo retardatario en sociedades como la tunecina, objetivamente secularizadas, y para que dispongan de nuevos medios de expresión los promotores de un islam puesto al día, que existen, aunque su voz deba vencer casi siempre enormes obstáculos.

El título de protector de los santos lugares de La Meca y de Medina ha conferido históricamente a los monarcas saudís un poder e influencia añadidos que han facilitado la labor a un islam anclado en el pasado, ajeno a inquietudes básicas para adecuarse al presente. Son muchas las voces que comparten la opinión expresada en 2018 por la eminente historiadora Karen Armstrong en una conferencia pronunciada en Madrid: “El apoyo que los gobiernos occidentales han dado a Arabia Saudí ha hecho mucho daño al mundo musulmán”. Armstrong señaló la expansión del wahabismo, favorecida por el régimen durante decenios, que ha cambiado a una generación de jóvenes musulmanes, como un factor determinante en la percepción que del islam se tiene en Occidente. Basta comparar la situación actual con la que se daba hace medio siglo en lugares tan diferentes del mundo árabe –en general en cualquier lugar del islam– como Marruecos, Egipto e Irak para concluir que el influjo saudí ha sido determinante.

En cierta ocasión, un imán marroquí cenó en Casablanca con cuatro periodistas españoles. Uno de ellos le preguntó cuál podía ser la repercusión de un cambio de régimen en Arabia Saudí o simplemente una apertura de la monarquía al concepto de modernidad (cultural, cabe añadir). El imán no hubo de meditar ni un segundo: “Sería una liberación”, respondió. Es poco menos que innecesario aclarar que probablemente no es mayoritaria esta opinión entre el establishment político y religioso del mundo árabe, pero resulta significativa siquiera sea porque cuanto procede de Riad es indisociable del mensaje religioso, de esa pretensión de palacio de ser una referencia siempre.

El príncipe Salman es una figura clásica del poder absoluto en todos los órdenes de la vida que encarna la monarquía saudí. Es invulnerable porque no está sujeto a ningún control externo a la institución de la que forma parte, y ha sido hasta la fecha un actor político necesario para Occidente –especialmente para Estados Unidos– para garantizar la sucesión a la corona sin sobresaltos. Pero acaso la utilidad saudí de hoy, pilotada por el príncipe, sea el obstáculo árabe de mañana para la revisión o adecuación del statu quo en el golfo Pérsico, para responder a la crisis social extrema en muchos países árabes y para evitar que la lógica del autoritarismo sin tregua dé alas a los promotores de soluciones extremas incontrolables. Nada es para siempre y la influencia saudí, gestionada por el príncipe Mohamed bin Salman, no tiene por qué ser una excepción.

What do you want to do ?

New mail

El ‘caso Hasél’, otro síntoma de crisis

Los disturbios que han seguido al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél ponen sobre la mesa por enésima vez la libertad de expresión como un ingrediente esencial de la democracia, pero también qué instrumentos son legítimos para defender tal derecho y, asimismo, cuáles son los límites reconocibles y aceptables de la libertad de expresión. Las imágenes de calles con barricadas en llamas, manifestantes enardecidos y cargas policiales que se suceden en diferentes ciudades españolas no hacen más que alimentar el debate con la pasión propia de cualquier crisis social, induce a los partidos o al menos a algunos de ellos a manejar versiones bastante alejadas de los consensos académicos básicos y causan estupor a una opinión pública alarmada por comportamientos iracundos cuando cae la noche.

Como ha escrito Rafael Jorba en las redes a propósito de la arremetida del jueves contra la sede de EL PERIÓDICO, es un oxímoron defender la libertad la libertad de expresión y apedrear  y pintarrajear un medio que, por definición, es un ingrediente esencial en la concreción práctica de la libertad de expresión. Está igualmente fundamentada la apreciación hecha por Ernesto Ekaizer en el programa Aquí amb Josep Cuní según la cual, a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no cabe aplicar sanciones penales a los delitos de opinión (“en España se está aplicando muy mal el derecho penal”, dice Ekaizer). Y tiene muy pocos adversarios el convencimiento generalizado de que la violencia deslegitima a quienes recurren a ella para defender o reivindicar un derecho.

Tales opiniones configuran un acuerdo básico, compartido por capas sociales e ideologías de muy variada procedencia, tradición y signo. Son instrumentos de cohesión social que tienen que ver con uno de los muchos principios enunciados por el politólogo Maurice Duverger en su libro Los partidos políticos (1951). Duverger se pregunta qué define la democracia; la libertad, responde sin dudarlo. Pero añade la siguiente precisión: “No solo la libertad de los privilegiados por el nacimiento, la fortuna, la función, la educación, sino la libertad real de todos, lo que supone cierto nivel de vida, cierta instrucción general, cierta igualdad social, cierto equilibrio político. La distinción marxista de libertades formales y libertades reales no es más que parcialmente exacta”.

¿Hay riesgo de que se rompa un “cierto equilibrio político”? Con tuits tan desafortunados, estridentes e inadecuados como el de Pablo Echenique, ideal para avivar las llamas en las barricadas, seguramente se suma un ingrediente más a los desequilibrios que zarandean una parte no menor de la sociedad, baqueteada por una vulnerabilidad cada vez mayor y cuyo horizonte de futuro no es otro que el de una borrasca permanente. El hecho de que los inductores de los disturbios de Barcelona, Madrid y otras ciudades sean una minoría exigua para la que cualquier pretexto vale para ponerse en acción no reduce los riesgos, porque son demasiados los elementos, reales o intuidos, que permitan allegar voluntades a su propósito de arremeter contra todo. De ahí la impresión de que el episodio en curso no será el último, que habrá en lo venidero nuevos escenarios de violencia en la vía pública, como los ha habido en el pasado con dramática intensidad.

Indagar el origen de la movilización de jóvenes exaltados –“estamos muy enfadados”, declaró una menor a una emisora de radio–, analizar el mar de contradicciones en el que se mueven y su potencial poder de atracción, no es sinónimo de justificar los destrozos, sino la única forma de poder explicar con solvencia qué está pasando y por qué. Es claramente insuficiente darse por satisfecho con explicaciones tan someras y caricaturescas como las de Isabel Díaz Ayuso –“unos niñatos” o algo así–, o reducirlo todo a jóvenes profesionales de la gresca, una versión actualizada de la kale borroka. Con toda seguridad, hay entre los agitadores algunos que se suman a las manifestaciones pacíficas para, antes o después, desencadenar la violencia por el simple gusto de desafiar a los antidisturbios y entregarse a toda clase desmanes, pero hay también desesperanza, amargura y desorientación en algunos otros que creen que el sistema, sea cual sea este, los ha abandonado a su suerte.

Walter Lippmann escribió en su libro La opinión pública (1922): “Todas las personas viven en el mismo mundo, pero piensan y sienten de forma diferente”. El gran ensayista adelantó hace un siglo que el comportamiento humano obedece a “un falso entorno que le induce a actuar en el mundo real” de una determinada manera. De lo que cabe deducir que un mismo entorno es percibido y sentido de diferente forma por diferentes personas que construyen una realidad a la medida de sus anhelos, necesidades y objetivos. Hoy esa construcción de la realidad está más diversificada que nunca y nada se entiende si no se admite tal variedad de versiones.

Una de estas versiones, llamadas ahora relatos, se presenta como una movilización en defensa de la libertad de expresión a propósito del caso Hasél, pero hay demasiadas contradicciones, demasiado ruido, demasiadas inconsistencias para que sea solo eso. La mera impugnación del statu quo por los manifestantes violentos transmite la imagen confusa de un colectivo tan harto del presente como desorientado. Es la imagen de un segmento muy minoritario, pero también muy activo, de una generación que ha pasado de las promesas del Estado del bienestar que conocieron sus padres y abuelos a los daños no reparados causados por varias crisis encadenadas.

Si del asalto al Capitolio de Washington, instigado por Donald Trump, se dijo que había dañado uno de los consensos sociales básicos –la inviolabilidad de los representantes electos de los ciudadanos–, lo menos que puede decirse de los sucesos de estos días en España es que la defensa de la libertad de expresión mediante la acción directa es solo un pretexto que remite a problemas sociales que la pandemia no ha hecho más que agudizar. Hay demasiadas señales de desapego con el entorno –aunque se trate del falso entorno del que habla Walter Lippmann o entorno irreal–, como para quedarse en lo obvio, la violencia es inaceptable y no merece otra reacción que la condena, y no buscar otras pistas explicativas de cuanto sucede. La salud de la democracia requiere realizar este ejercicio de introspección colectiva.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

La derecha agreste se enfrenta a la UE

El Gobierno de Hungría ha cerrado la emisora independiente Klubrádió con una serie de argumentos típicos de los censores, de los regímenes autoritarios, de los aspirantes a detentar un poder omnímodo. Una infracción administrativa que debe sancionarse con una multa ha sido pretexto suficiente para Viktor Orbán y sus secuaces para expulsar a Klubrádió de las ondas y consumar una pretensión nunca ocultada: silenciar a la oposición sin contemplaciones. Nada hay de nuevo en el comportamiento de un sistema político y un Gobierno que hace tiempo dejó de ser democrático, y nada hay tampoco de nuevo en la cuidadosa condescendencia de la Unión Europea para no molestar en demasía a quienes cometieron el atropello, triste confirmación de que la vigilancia para preservar derechos elementales escapa al control efectivo de Bruselas.

Klubrádió tenía medio millón de oyentes hasta el día de la desconexión, una cifra  equivalente al 5% de la población de Hungría, y era de largo el medio más significado en la crítica y rastreo del populismo ultraderechista de Orbán. ¿Qué revela su cierre?: que la inoperancia de las instituciones europeas para parar los pies al primer ministro y los regates en corto del Partido Popular Europeo para no condenarlo de forma categórica arriesgan una vez más la consistencia moral de una liga de estados que se caracterizan, entre otras muchas cosas, por ser los herederos del acervo democrático europeo. El caso de Polonia y la amenaza subyacente al auge de partidos ultras en Alemania, Francia, Italia, Holanda y España, por citar solo unos cuantos socios de la Unión Europea, entraña riesgos de naturaleza moral y política que no pueden soslayarse.

Un cierto relativismo se ha adueñado de los defensores necesarios de la cultura democrática, de cuanto se tiene por intrínsecamente unido a la idea de democracia, a la idea misma de Europa. Stefan Zweig caracterizó el nacionalismo como “la peor de todas las pestes”, la que “envenena la flor de nuestra cultura europea”. La opinión del gran escritor remite al primer tercio del siglo pasado, pero es de aplicación a nuestros días con harta frecuencia a causa de los silencios ominosos cada vez que se agrede la decencia. Y el mensaje difundido desde Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump ha contribuido de forma decisiva a avivar el nacionalismo rampante mediante la exaltación de una identidad histórica preexistente a la europea y con frecuencia en abierto conflicto con ella.

Lo cierto es que los precedentes inducen al pesimismo, a los riesgos que corre Europa al practicar la contención frente al desafío. Basta leer atentamente a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo para descubrir aquí y allá rasgos patógenos del pasado que asoman en el presente, que envenenan la atmósfera y se acogen a los sistemas democráticos con el único propósito de acabar con ellos o, por lo menos, degradarlos. La vieja discusión sobre el derecho que asiste a los partidos manifiestamente antidemocráticos a moverse sin cortapisas dentro del marco de las instituciones democráticas adopta así la forma de un laberinto sin salida. No hay en la conducta de Orbán y sus correligionarios El asalto a la razón, título de un libro del filósofo marxista György Lukács, sino que se atienen a una forma elemental de la razón para simplificar los problemas y encubrir sus propósitos. Hoy es insuficiente preguntarse solo por la “marea de tinieblas” (George Steiner en 1960) que permitió el alumbramiento de los grandes totalitarismo; es un requisito imprescindible indagar en las causas del renacimiento de la extrema derecha en todas partes.

Es preciso ceñirse a los hechos y rehuir las conclusiones apresuradas; es necesario ceñirse a los sucesos posteriores a la gran crisis financiera que se desencadenó en el bienio 2008-2009 –trienio si nos remontarse a la zozobra de las subprime en 2007– para llegar a la conclusión de que hay en Europa una multitud de decepcionados, de azotados por toda clase de ajustes que desconfían por principio, más que nunca, de las convenciones políticas, de las ofertas clásicas, del discurso de los grandes pilares de la reconstrucción europea de la posguerra. Parafraseando a José Ortega y Gasset, en Europa está el problema, pero solo en Europa es posible encontrar la solución mediante el saneamiento y actualización del pacto social y el blindaje de las normas básicas de la democracia representativa.

George Steiner declaró en su día, intentado vislumbrar el porvenir: “La verdad, creo, tiene futuro; que lo tenga también el hombre está mucho menos claro. Pero no puedo evitar un presentimiento en cuanto a cuál de los dos es más importante”. En las dudas del gran intelectual alientan la incertidumbre y las amenazas que se avizoran a lo lejos o no tan lejos. Es este un sentimiento compartido, agravado por la pandemia, por el coste social de la pandemia, que ha desbaratado todas las previsiones y ha hecho saltar por los aires todos los modelos matemáticos. Y esta inseguridad sobrevenida es el ambiente más propicio para que la excitación populista atraiga auditorios que recelan de que el futuro ansiado sea un razonable y confortable retorno al pasado.

Hay una vulnerabilidad a pie de calle, presente en todas partes, que propicia el mensaje nacionalista, la hostilidad frente al extranjero, frente a lo foráneo, frente a todo aquello que no forma parte de una identidad primaria y elemental. Justamente lo contrario de lo que el filósofo Daniel Innerarity plantea en La democracia en Europa, que resumió así en una entrevista con La Vanguardia en 2019: hace falta “una reconstrucción de la teoría de la democracia que la despoje de todo lo que se le ha ido vinculando como si fuera parte esencial de ella: soberanía, territorialidad, homogeneidad o estatalidad, por ejemplo”. Hace falta, quizá, reconstruir la teoría de la democracia para que dejen de tener sentido acartonadas teorías de la nación. Acaso tal operación no haga enmudecer a la derecha agreste, pero la privará de argumentos creíbles.

What do you want to do ?

New mail

El Partido Republicano, en la encrucijada

El paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha dejado al Partido Republicano en un estado en el que se mezclan la perplejidad y la desorientación, la división y la necesidad de recuperar espacios de influencia perdidos sin soliviantar a los partidarios del expresidente que aplaudieron el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero. El comportamiento de la minoría republicana en la Cámara de Representantes en la votación para expulsar de dos comisiones a Marjorie Taylor Greene, diputada por un distrito de Georgia y afecta al movimiento conspiranoico QAnon, ha retratado la situación: solo 11 congresistas del Grand Old Party (GOP) votaron a favor de la medida; 199 lo hicieron en contra. El a menudo melifluo Kevin McCarthy, líder de la minoría, definió en su día a Greene como un cáncer dentro del partido, pero a la hora de verdad fueron muy pocos los que se significaron en su contra, temerosos de perder votos en las filas del trumpismo exaltado.

Como dice la analista Michelle Cottle en The New York Times, McCarthy acaso carece “de valores discernibles más allá de sus propias ambiciones (…) es débil y se preocupa demasiado por agradar”,  pero “no tiene ni la visión ni el estómago para jugar a largo plazo”. Justo lo contrario que Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, un político profesional sin demasiados compromisos ideológicos, pero rocoso y sibilino en grado sumo que, sin embargo, tampoco ha logrado que el partido defienda una posición común en la Cámara sobre el proceso de impeachment contra Donald Trump activado por los legisladores del Partido Demócrata. Cottle llega a una conclusión transparente: esto puede mantener estable al electorado, “pero es un mal augurio para los esfuerzos de los republicanos serios por recuperar su partido”. Más o menos, pan para hoy y hambre para mañana.

La situación da la medida de la toxicidad del cuatrienio de Trump, que ha contaminado el partido hasta el tuétano de los huesos. El temor latente a que el expresidente decida fundar un movimiento político si se siente defraudado por el comportamiento republicano sobrevuela todos los días el establishment del GOP, y solo una minoría es capaz de sobreponerse a los peores presagios. Más allá de las interesadas reflexiones jurídicas relativas a la consistencia legal del impeachment después de vencer el mandato presidencial, alienta el deseo de dejar las cosas como están; más allá de las rectificaciones de Taylor Greene para desdecirse de algunas de sus más disparatadas declaraciones se esconde la necesidad del ala ultraconservadora del partido de mantener intacta su influencia y condicionar todas las decisiones.

El debate abierto por el segundo impeachment contra Trump remite la discusión a cuanto se dijo y defendió a partir de la dimisión de Richard Nixon el 9 de agosto de 1974 a raíz del escándalo Watergate y del perdón que le otorgó su sucesor, Gerald Ford, el 8 de septiembre del mismo año. La revista The Atlantic ha publicado estos días en su web un artículo encargado a finales del verano de 1974 por The New York Times Magazine al eminente jurista Harry Kalven, profesor de la Universidad de Chicago, sobre la posibilidad o no de perseguir penalmente a Nixon por los delitos cometidos en el ejercicio del cargo de presidente. La pieza nunca vio la luz porque el perdón de Ford modificó sustancialmente muchos de los parámetros del análisis hecho por Kalven, que murió a finales de otoño de aquel año, pero son perfectamente válidos hoy –Trump no se puede beneficiar de indulto preventivo alguno– de acuerdo con el siguiente principio general: los delitos eventualmente cometidos durante el mandato presidencial no quedan sin efecto al expirar este.

Según el elaborado trabajo de Kalven, la gravedad de los hechos conocidos como caso Watergate requería una sanción pública y formulaba la siguiente pregunta: ¿sería comprensible que los seis procesados pendientes de juicio por encubrimiento acabaran en la cárcel y a Nixon lo dejaran en paz? La pregunta era y es inquietante a la luz del principio de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución. Pero lo es aún más cuando la respuesta del autor es de orden moral: “Para mí –escribió Kalven– el factor decisivo para pedirle también a Nixon que comparezca en juicio  reside (…) en asegurar el consenso moral”. Y acababa: “El país debería mostrar el valor de su convicción moral redescubierta”. Es decir, la respuesta no se limita a considerar el asunto en términos estrictamente políticos y jurídicos, sino asimismo éticos (la probidad de quien ejerce el poder).

Los argumentos de Kalven, prolijos en detalles y consideraciones, son igualmente aplicables a la diputada Taylor Greene y a cuantos por acción o por omisión pusieron en el disparadero a la turba que asaltó la soberanía nacional. Si el impeachment no prospera, como así parece, y el Partido Republicano se da por satisfecho con las rectificaciones de la congresista, la herida no cicatrizará, sino que el republicanismo clásico dará otro paso atrás en beneficio del trumpismo. Como alguien dijo en un debate televisivo, el legado del fallecido senador John McCain, una referencia del conservadurismo ilustrado, se desvanece un poco más cada día en medio de cálculos electorales a corto y medio plazo.

No cabe duda de que la inhabilitación de Donald Trump mediante la aprobación del impeachment en el Senado no tendría un efecto cauterizador, puede que incluso exacerbara los ánimos de sus seguidores más radicales y dispuestos a ejercitarse en la acción directa, pero sería un instrumento efectivo para sanear la moral pública. El simple anuncio hecho por Trump de un pronto regreso a la palestra tiene el tono amenazante de los desafíos a las instituciones, a las convenciones democráticas y al Estado de derecho. El expresidente ha confirmado la precisión de Abraham Lincoln al opinar sobre la naturaleza humana: “Si queréis poner a prueba de verdad el carácter de un hombre, dadle poder”. Pero son demasiados los líderes republicanos que ven la amenaza de Trump como algo difuso y, al mismo tiempo, ven en él al único capaz de asegurar futuras victorias. Lo segundo es probablemente cierto; lo primero es negar la realidad y presentar los hechos del 6 de enero como un mero accidente. Y no lo fue.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Una crisis muy italiana

Cada día es más difícil dilucidar si el comportamiento de los partidos en Italia obedece a la herencia histórica de las sutileza florentinas o a la lógica de una partida de póker en la que no hay forma de prever los movimientos de los jugadores, competidores herméticos que no cambian el gesto vayan de farol o tengan una escalera de color. La crisis desencadenada por Matteo Renzi cabe inscribirla en la peor tradición de la política italiana desde los lejanos días de las coaliciones cambiantes, unida a la frustración en un líder condenado a desempeñar un papel marginal en una mayoría parlamentaria variopinta. Se siente Matteo Renzi forzado a ser un secundario en una representación en la que él cree, probablemente sin fundamento, que atesora méritos para ocupar con su Italia Viva (IA) un lugar relevante, acaso determinante.

La realidad es que el exprimer ministro cometió un error político clamoroso al embarcarse en una reforma constitucional que sometió a referéndum en 2016 y que fue rechazada por sus conciudadanos. Con independencia de la bondad de los cambios propuestos, la derrota llevó a Matteo Renzi, líder entonces del Partido Democrático (PD, centro izquierda), a presentar la dimisión al frente del Gobierno y abrió un periodo de incertidumbre que desembocó en las elecciones legislativas de 2018 que hicieron posible la formación de un Ejecutivo sostenido por los diputados de La Liga (LL, extrema derecha) y el Movimiento 5 Estrellas (M5E, populista arcoíris). El PD pasó a la oposición y el país se sumergió en un experimento sumamente inconsistente y volátil: el ultra Matteo Salvini del brazo de Luigi Di Maio; el radicalismo xenófobo y aurófobo y un conglomerado presuntamente antisistema aparecieron alineados en el mismo equipo.

La duración de aquel extraño ensamblaje se presumió desde el principio de vida breve y lo fue. Afloraron las contradicciones y la voluntad de Salvini de forzar situaciones extremas –el bloqueo en el sur de Italia a la acogida de embarcaciones con migrantes rescatados de la muerte por barcos de onegés, uno de los casos– llevó a una situación imposible con el M5E, aprisionado entre el pacto con LL y el cordón sanitario alrededor del PD. La quiebra del Gobierno fue inevitable, interesado Salvini en provocarla para seguir creciendo desde la oposición, al tiempo que se agrandó la figura de Giuseppe Conte, un profesor de Derecho de la Universidad de Florencia que hasta la fecha había ejercido como un jefe de Gobierno meramente instrumental. Y fue Conte quien se mostró capaz de articular una nueva alianza, esta vez con los estrellados y el PD más algunas aportaciones menores como la de IA, fundado por Renzi después de pasar por tres fases: la silenciosa, tras dimitir y anunciar que dejaba la política; la fundacional, que le llevó a crear IA, y la dinámica, encaminada a recuperar la relevancia perdida.

Entre tanto, el nuevo líder del PD, Nicola Zingaretti, emprendió un proceso de regeneración del partido, aún en curso, para consolidar las diferentes corrientes de izquierda que confluyeron en él a partir de la desaparición del Partido Comunista y la creación de formaciones que adoptaron un programa de perfil socialdemócrata, pero acusaron con demasiada frecuencia y de forma ostentosa falta de cohesión interna. Zingaretti puso en marcha un proceso de saneamiento del partido, a un tiempo realista y respetuoso con la herencia ideológica del socialismo y del comunismo democráticos para poner remedio al retroceso de la izquierda en orden disperso. Fruto del realismo fue la disposición a pactar con el M5E, a olvidar los agravios del pasado.

Al desencadenarse la pandemia, los dos políticos que consolidaron mejores índices de aceptación fueron Sergio Mattarella, presidente de la República, y Giuseppe Conte. Pareció así que Italia ponía los cimientos de un Gobierno de larga duración –las elecciones legislativas están previstas para el 2023– con el que afrontar los desastres de la enfermedad. Lo que ha sucedido en realidad es que mediante un pretexto sin recorrido –el desacuerdo con la gestión de la parte del fondo de reconstrucción de la UE que corresponde a Italia– Renzi ha provocado una crisis de Gobierno incomprensible (varios analistas han recurrido al adjetivo) sin que, por lo demás, parezca que el líder de IA mejora su imagen o influencia. Más parece que refuerza en sus convicciones y perspectivas a Mattarella y Conte para salir de la prueba reforzados y con un nuevo Gobierno que sea poco menos que un clon del caído, incluso con participación de ministros de IA a falta de otros mimbres que permitan reforzar la mayoría parlamentaria.

¿Frivolidad, oportunismo, insensibilidad de Renzi en medio de la tercera ola de la pandemia? Quizá un poco de todo eso más la fragmentación sin parar del arco parlamentario, algo que facilita ese juego de espejos deformantes que permite que los más pequeños, las facciones menos representativas, puedan disfrutar de un día de gloria. En la acometida de Renzi a la estabilidad del Gobierno italiano hay una dosis extrema de irresponsabilidad que degrada la política, descoloca a sus aliados potenciales y alarma a la UE porque sienta un precedente al convertir el programa de reconstrucción en una herramienta política útil para que salten por los aires gobiernos en apariencia sólidos.

“Creíamos haberlo visto todo en la política italiana, pero aún nos faltaba una crisis de Gobierno en plena emergencia sanitaria, sin un propósito, sin una estrategia creíble, sin un resultado que no sea peyorativo en comparación con el ya cuestionable status quo. Y lo bonito es que al final de esta crisis existe el riesgo de elecciones que todos, de palabra, están convencidos que hay que evitar”, escribe el analista Francesco Cancellato en fanpage.it. El riesgo que corre Renzi es enorme al oponerse obstinadamente –de momento– a que Conte sea de nuevo el primer ministro, porque si todos los dedos le señalan ahora como el responsable del desaguisado, un eventual adelanto electoral permitirá a todos sus adversarios sin excepción presentarlo como el malo de la película, como quien ha llevado al país a un callejón sin salida.

Es muy larga la nómina de políticos italianos a los que en algún momento se les ha presentado como escurridizos o peligrosos, pero en la mayoría de los casos han sobrevivido al estigma. Decía Giulio Andreotti, uno de los más sibilinos, que es cierto que el poder desgasta, “sobre todo cuando estás en la oposición”. Y aunque este no es el caso de Renzi, con ministros de su partido en el Gabinete, su posición no es muy diferente a la de personajes del pasado que entraban y salían del Gobierno con suma facilidad y sin mayor desdoro. Todo en medio de un baile de nombres y de azarosos pactos a oscuras. Sigue siendo vigente la opinión expresada por Giorgio Napolitano al asumir la presidencia (2006): “Debemos limpiar el subsuelo podrido y corrosivo de nuestra sociedad”. En caso contrario, cabe añadir, cualquier crisis es posible.

What do you want to do ?

New mail