About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

La campaña se cruza con el 8-M

Salvo que Pablo Casado y compañía acaben de leer Los fundamentos sociales de la cuestión femenina, de Alexandra Kollontai, comunista rusa para más señas, y tal lectura les haya alarmado, no se entiende el jardín en el que se metieron para desacreditar el manifiesto del 8-M y su decisión de darse de baja de la manifestación. Kollontai escribió: “Las feministas burguesas están luchando para conseguir derechos políticos: también aquí nuestros caminos se separan. Para las mujeres burguesas, los derechos políticos son simplemente un medio para conseguir sus objetivos más cómodamente y más seguramente en este mundo basado en la explotación de los trabajadores”. Pero esto lleva tanto tiempo impreso que no intranquiliza a nadie; es decir que no es de creer que esta sea la razón.

Puede ser que les parezca sospechoso el entusiasmo del PSOE y de Podemos al apoyar el manifiesto, la manifestación y lo que haga falta, pero tampoco debe mover a alarma o intranquilidad porque son partidos constitucionales, con mujeres inteligentes en puestos relevantes. Quiere decirse que no hay forma de imaginar a Carmen Calvo e Irene Montero al frente de una multitud enardecida, masculina y femenina, seguramente, dispuesta a tomar el Palacio de Invierno que quede más a mano.

Nada de esto se insinúa o deduce de los textos más acreditados –El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, tan alabado siempre, uno de ellos– ni de las declaraciones de relevantes feministas, respetadas por todo el mundo, así Simone Veil, Emma Bonino y otras ilustres difusoras de ideas innovadoras y liberalizadoras. Parece más bien que aprieta el zapato por donde no debiera, porque andar de la manita de Vox tiene un precio y hay que pagarlo so pena de caer en grave contradicción o, aún peor, poner en riesgo el acuerdo o pacto o colaboración parlamentaria con quienes creen que la violencia de género no existe, es una fantasía con un trasfondo ideológico y hay que someter a depuración o tamizado a los funcionarios que se ocupan de la cosa en Andalucía, no fuese a darse el caso de que sean de mentalidad peligrosamente progresista.

La escritora Montserrat Roig dejó dicho: “Que no me pidan que en mis novelas aparezcan mujeres maravillosas, mujeres de una pieza. Las mujeres no somos ni maravillosas ni de una pieza. ¡Estamos llenas de miedos, de angustias, igual que los hombres!” Tampoco aquí hay forma de dar con un asomo de riesgo, de asalto a palacio alguno o de sectarismo irredento, sino más bien un reconocimiento de la igualdad en la vulnerabilidad de hombres y mujeres.

Lo que no hay, no existe y probablemente no puede existir es un feminismo neutral, aséptico, en el que todo el mundo pueda sentirse a gusto. No hay forma de separar el feminismo de la ideología, aunque las proclamas en el momento de la defección del PP de la manifestación del viernes reclamaran un feminismo transversal, válido para cualquier opción política. La transversalidad es una excepción en la política, en la economía, en los proyectos sociales, y la pretensión conservadora de meter a todas en el mismo programa de futuro resulta ser entre pueril y prelógico; es un objetivo imposible de encajar en la historia del género humano.

Al menos los de Ciudadanos colocaron el adjetivo liberal al lado del sustantivo feminismo para subrayar que el suyo es diferente a otros feminismos, es de suponer que aquellos tributarios de la tradición de izquierdas. Esto es, no les gustó el manifiesto, lo pusieron bajo sospecha, pero entendieron que no era motivo suficiente para quedarse en casa o montar una marcha paralela, inevitablemente minoritaria (la foto en los periódicos y en los telediarios hubiese hecho un pésimo servicio a su campaña electoral, tan enconada). Otra cosa es dilucidar qué es o por dónde anda ese feminismo liberal enunciado por Albert Rivera en las vigilias del 8-M, no hay manera de saber si los vientres de alquiler forman parte de la etiqueta o son cada uno de ellos corpus separatum (la traducción es innecesaria por obvia).

Si las elecciones no estuvieran a la vuelta de la esquina quizá nos habríamos ahorrado esta macedonia de palabras, pero el voto de las mujeres –la mitad del censo– anda en juego, y eso son palabras mayores. Tal dato, la disputa por el voto femenino entre opciones ideológicas diferentes desmiente la posibilidad de un feminismo transversal que antes y después de la manifestación a nadie incomode y a todas las opciones complazca. De hecho, hubiese proyectado la imagen de una unidad forzada o artificial un 8-M de concordia transversal seguido de la reanudación de las hostilidades al acabar la manifestación, cada cual con sus convicciones a cuestas.

¿Acaso siguen incomodando entre la parroquia conservadora las palabras de Clara Campoamor: “El feminismo es una protesta valerosa de todo un sexo contra la positiva disminución de su personalidad”? Puede ser: nada ha cambiado tanto en menos de 90 años como para que las palabras de la insigne activista recluten efectivos en todas partes. Flota en el ambiente un desquiciamiento de los debates con la vista puesta en el 28 de abril, una fecha que impone gestos rotundos para subrayar la distinción entre izquierda y derecha, entre nosotros y ellos, entre españoles ensordecidos por el himno nacional, envueltos en la bandera, y aquellos otros dispuestos a desacralizar la política, entre fundamentalistas y relativistas. A todo eso no pudo escapar el 8-M porque el feminismo está en campaña, forma parte de los eslóganes y es un poderoso instrumento de movilización, aunque no haya forma de desvanecer la sospecha de que con demasiada frecuencia las palabras y los gestos son fruto de un impostado compromiso con las mujeres, inducidos gestos y palabras por los mensajes que llegan de la calle.

Cachemira, una crisis de 70 años

Cuando dos potencias nucleares, siquiera sea a escala regional, entran en conflicto, cunde la alarma y se activan los mecanismos para evitar la degradación de la crisis. Así ha sucedido en el enfrentamiento de India y Pakistán en Cachemira, uno más, desde que el 14 de febrero el grupo yihadista Jaish-e-Mohammed (El Ejército de Mahoma) causó 42 muertos en el ataque contra un convoy de policías indios, la aviación india respondió el martes pasado con un bombardeo sobre una supuesta base yihadista en territorio paquistaní  y el miércoles la defensa antiaérea de Pakistán derribó dos cazas indios. Los precedentes históricos movilizaron los circuitos diplomáticos para evitar una escalada en un contencioso con una antigüedad de más de 70 años y sin perspectivas de solución, sumergido el problema en una mezcla de nacionalismo exacerbado y conveniencias estratégicas.

El escenario de la crisis está viciado de origen a causa de la división de facto del territorio de Cachemira entre India, Pakistán y China desde que en 1948 el Reino Unido fue incapaz de descolonizar el Raj –el subcontinente indio y aledaños– sin dejar cabos sueltos. La división del territorio en dos estados por razones de competencia política y diferencias insalvables entre las comunidades musulmana e hindú, liquidó el sueño de Mahatma Gandhi de mantener a las dos sociedades unidas bajo una misma bandera y cimentó la primera guerra, que acabó con un compromiso en la ONU para celebrar en el futuro un plebiscito que estableciera las fronteras de las tres Cachemiras. Nunca se celebró tal consulta y la crisis se convirtió en un conflicto de baja intensidad.

En 1965 y 1971 volvieron a hablar las armas. La guerra de 1965 acabó con el acuerdo de Tashkent, con nulos efectos prácticos en la delimitación de fronteras, y la de 1971, asociada a la guerra de la independencia de Bangladesh (Pakistán Oriental hasta entonces), no mejoró la situación, sino que enardeció el nacionalismo paquistaní y procuró nuevas tribunas al islamismo suní deobandi, una facción fundamentalista surgida la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad que le da nombre, inspirado su programa o doctrina en la prédica del clérigo Shah Waliullah Dehlawi (siglo XVIII). En 1974 India se incorporó al club nuclear y en 1998 Pakistán se sumó al grupo de países con armamento atómico, momento a partir del cual los riesgos crecieron exponencialmente.

Entre ambos acontecimientos, Pakistán pasó por la experiencia de la dictadura del general Zia ul Haq (1977-1988), que favoreció la islamización del Estado, en especial del Ejército, la policía y los servicios secretos, de tal manera que el país se convirtió en un lugar relativamente acogedor para el yihadismo y, en términos generales, no lo ha dejado de ser desde entonces. Al mismo tiempo, la democracia india asistió al crecimiento del nacionalismo conservador, representado por el partido Bharatiya Janata, y al desarrollo de varias crisis en el Partido del Congreso, actor principal de la independencia y hogar ideológico de dos primeros ministros fundamentales en la construcción de la identidad política india: Jawaharlal Nehru (1947-1964) y su hija, Indira Gandhi (1966-1977 y 1980-1984). Con el paso del tiempo, decrecieron los afectos al sentido de una sentencia de Lal Bahadur Shastri, jefe de Gobierno entre 1964 y 1966: “El énfasis en la religión como base para definir mayorías y minorías en un Estado secular es bastante erróneo y una contradicción en términos”.

Desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán en 1996, la derrota de su régimen en 2001 y la reactivación del movimiento desde sus bases en Pakistán, nunca han decrecido las sospechas acerca de la complicidad de una parte del generalato paquistaní en la libertad de movimientos de este grupo y de Al Qaeda en varias provincias. Osama bin Laden estableció su residencia en la clandestinidad en Abbotabad, en una casa situada a unos centenares de metros de una academia militar, donde fue abatido por fuerzas especiales de Estados Unidos (mayo de 2011), es más que segura la eventual colaboración paquistaní con la insurgencia talibán en las provincias occidentales del país, de cultura pashtún, y es harto conocida la desconfianza que despiertan los servicios de información radicados en Islamabad cuando se trata de controlar las idas y venidas de unidades muyahidines. Todo ello favorecido por la tendencia de los gobiernos indios a considerar que el único futuro posible para el área en disputa es que la extensión de la provincia de Jamnu y Cachemira se mantenga tal cual está o incluso crezca.

Para ambas partes, cualquier solución que entrañe concesiones es una mala solución o una solución no asumible. Es una incógnita cuál sería el precio político que debería pagar el nacionalismo indio, que poco menos que ha santificado el territorio mediante un discurso hinduista a menudo destemplado y manifiestamente agresivo, dirigido a la minoría musulmana que vive en el país (150 millones de creyentes). Un editorial publicado en The Times of India apunta directamente a la complicidad paquistaní en los golpes de mano yihadistas: “India debe trabajar en estrecha colaboración con los EEUU, otras potencias occidentales y Rusia –significativa ausencia de China, cabe decir– para garantizar que Pakistán desista de ser refugio del terror”. El primer ministro Narendra Modi seguramente suscribe la frase.

No es menos compleja la situación para el primer ministro paquistaní, Imran Khan, una estrella del cricket, un personaje muy popular, pero sin conexiones personales e ideológicas con el Ejército. Ni su nacionalismo ni su islamismo templado le garantizan una relación fluida con los uniformados si rebrota la tensión después de devolver al piloto indio derribado el día 27. Dos ideas de Alí Jiná, padre de la patria, siguen siendo norma y guía para una opinión pública educada en la resistencia frente a la inmensidad de la India (más de 1.300 millones de habitantes): la primera es de naturaleza identitaria  –“Hindúes y musulmanes fundamentan su inspiración en diferentes fuentes de la historia”–; la segunda encierra un concepto sui géneris del poder –“No creo en tomar la decisión correcta, tomo una decisión y la hago correcta”–, acaso una idea muy particular de los gobernantes como sujetos predestinados.

Bernard Brodie, uno de los teóricos de la estrategia nuclear, definió así el papel reservado a los arsenales atómicos: “Las armas nucleares deben estar siempre listas, pero nunca se deben utilizar”. Todos los estudios dedicados al concepto de disuasión se basan en este principio, las pequeñas potencias nucleares –Israel, Corea del Norte– se han dotado de un equipamiento suficiente para ser poco menos que invulnerables salvo grave riesgo para la comunidad internacional y sin embargo, cuando el conflicto surge entre vecinos nuclearizados, surgen las dudas, aparecen los recelos sobre la eficacia real de los sistemas de alianzas respectivos para evitar que la contención del adversario degenere hacia la agresión al enemigo. Por eso la aldea global se ha llenado de llamamientos a la serenidad en búsqueda del mal menor: que el laberinto de Cachemira se mantenga como una dolencia crónica si eso evita una guerra caliente.

La Iglesia católica debate su peor crisis

La Iglesia católica afronta su más grave y escandalosa crisis desde el final de la segunda guerra mundial, y seguramente una de las más dañinas desde hace siglos para su prestigio de guía moral para creyentes y también no creyentes. En el encuentro titulado Protección de la Infancia en la Iglesia, convocado por el papa Francisco, los presidentes de 114 conferencias episcopales, representantes de las iglesias orientales, de los dicasterios y obispos sin diócesis, hasta sumar un total de 190 clérigos, tienen en sus manos y en las decisiones que adopten la paulatina restauración del prestigio de la institución, la preservación del perfil reformista del sumo pontífice y el saneamiento del vínculo entre los pastores y la grey. El mandato exigente del Papa –“El santo pueblo de Dios nos mira y no solo espera de nosotros simples y obvias condenas, sino todas las medidas concretas y eficaces que se requieran. Hace falta ser concretos”– debe llevar a los padres sinodales a ser ejecutivos; de no serlo, la desorientación de la feligresía irá en aumento y se multiplicarán las dudas en todas direcciones acerca de la capacidad de la Iglesia de regenerarse.

La fase de pedir perdón por los pecados cometidos ha quedado superada por la difusión de los casos de pederastia identificados en todos los ámbitos de la Iglesia, que afectan a decenas de miles de víctimas y a otros tantos miles de sacerdotes. La época de los actos de contrición en privado quedó atrás hace mucho tiempo, desbordada por las dimensiones de la epidemia y la mala conciencia de puertas para adentro. La sensación de que la ocultación, el encubrimiento y otras formas de silenciar los casos de pederastia revela un mal sistémico en el funcionamiento de la Iglesia, por lo menos desde los días de Juan XXIII, convierte en moralmente imposible cualquier vía de escape que no incluya el compromiso firme y tajante de las autoridades eclesiásticas de llevar a los culpables ante la justicia civil para que respondan de sus fechorías. Los menores sometidos al acoso de los pederastas con sotana tienen igual derecho de ver perseguidos y condenados a quienes los asaltaron que los que fueron víctimas de pederastas no consagrados.

Como ha argumentado Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y ha recogido L’Osservatore Romano, el silencio de las víctimas “es uno de los frutos más odiosos” de la pederastia. Abunda el prelado en la opinión de psicólogos y sociólogos acerca del abuso de autoridad como requisito indispensable para que se dé el abuso sexual, y añade el analista Marco Bellizi: “Una conciencia manipulada no es capaz de expresarse adecuadamente. A menudo pierde también la capacidad de comunicar lo que le está sucediendo”.

Puede decirse sin riesgo a exagerar que ese silencio inducido por una mezcla de miedo, vergüenza y soledad se ve agravado cuando renuncian a esclarecer los hechos ante la opinión pública quienes están en condiciones de atender a las víctimas y resarcirles su dignidad como parte de la etiquetada como acción pastoral. Lo entendió así Benedicto XVI antes de ocupar la silla de Pedro –cardenal Josef Ratzinger, entonces–, pero detuvo la iniciativa el papa Juan Pablo II, que toleró el secretismo y la componenda en las sacristías, y pretendió poner a salvo de la justicia civil a los pederastas. Todos los casos desvelados por los medios de información y las autoridades religiosas que se han negado a respetar un silencio ominoso permiten llegar a la conclusión de que la crisis de identidad de la Iglesia no habría alcanzado las cotas de hoy si la jerarquía hubiese intervenido con determinación hace decenios.

Cuando el cardenal Ratzinger dijo en 2005 que la Iglesia está “llena de suciedad” no hizo más que llamar la atención sobre un mal que erosionaba su solvencia como referencia moral. Claro que, al mismo tiempo, el teólogo Hans Küng, amigo de Ratzinger en su juventud, culpa al Papa emérito de ser el principal responsable de la ocultación de la pederastia en las entrañas de la Iglesia, y exige a este que entone un mea culpa. Cree Küng, y con él el grueso del sector más progresista del catolicismo, que Ratzinger se plegó a las presiones y exigencias de la Iglesia conservadora, instalada en la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la que el cardenal fue prefecto durante décadas, y así llegó al papado con las manos atadas.

Aquello que han deplorado los teólogos de orientación reformista es la aplicación a los casos de pederastia del llamado secreto pontificio, cuya vulneración por un ordenado es susceptible de sanción eclesiástica. Se diría que al exigir a la asamblea reunida en Roma la adopción de medidas concretas, Francisco ha liquidado para siempre el antedicho secreto para los episodios de abusos sexuales en menores. Otra cosa es que los convocados por el Papa se avengan a poner en marcha un mecanismo de denuncia sistemática de los pederastas, de castigo sin excusas en el seno de la Iglesia y de entrega a las autoridades civiles para que se les aplique el Código Penal y el castigo que les corresponda. Pareciera lo más adecuado dada la trascendencia del momento, pero en la tradición eclesial aún pesa mucho la vieja idea de que la ropa sucia se limpia en casa (si es que se limpia).

La omertà pervive en sectores muy importantes del catolicismo como una oscura tradición que pone a los sacerdotes e integrantes de congregaciones religiosas fuera del alcance sancionador del poder civil, que finalmente es la única garantía de igualdad ante la ley que tienen los ciudadanos. La estructura de poder piramidal de la Iglesia, una teocracia electiva, reducido el voto al colegio cardenalicio reunido en cónclave a la muerte o dimisión del Papa, permite que el secretismo sea la norma y la transparencia, la excepción. Pero al aplicarse el oscurantismo a los casos de menores que vieron vulnerados sus derechos por ministros de la Iglesia –los que cometieron los abusos y los que los encubrieron–, la ley del silencio pasa de ser una tradición a ser una enfermedad, un comportamiento indefendible y sin justificación posible.

Ni siquiera la consideración del celibato como desencadenante de conductas reprobables tiene el peso y la consistencia argumental que habitualmente se le atribuye. Hans Küng afirma en un artículo publicado en 2010: “Evidentemente, el celibato no es la única razón que explica estos errores. Pero es la expresión estructural más importante de una postura tensa de la Iglesia católica respecto a la sexualidad, que se refleja también en el tema de los anticonceptivos”. Y cabe añadir, en otros asuntos englobados en lo que cabe calificar como políticas del cuerpo, esto es todo aquello que atañe a la autonomía de los individuos para disponer de su cuerpo con libertad y responsabilidad. Ciertamente, sin el celibato obligatorio, los casos de pederastia serían menos numerosos, según sostienen los expertos, pero quien elige seguir la carrera eclesiástica en la Iglesia católica sabe de antemano que deberá mantenerse célibe de por vida, algo probablemente antinatural y contradictorio con el mensaje del cristianismo primigenio, como recuerda Küng al citar un pasaje del evangelio de Mateo: “El que pueda con esto, que lo haga”. Algo que en ningún caso debe inclinar a la comprensión de los asaltantes de menores (todos los ordenados son adultos).

El teólogo y antiguo fraile franciscano Leonardo Boff estimó en 2010 que la crisis en curso es la más grave desde la reforma protestante (siglo XVI). A la acumulación de poder de la Iglesia, al distanciamiento de las nuevas realidades sociales y a la neutralización de la teología de la liberación, con efectos devastadores para la cohesión de la comunidad católica en América Latina, se ha unido la pederastia a modo de termita que mina los cimientos de la institución. Es enorme el daño infligido a la versión más desprendida del catolicismo como refugio de los desheredados. De forma que mientras prevalece en amplísimas capas de la opinión pública el brillo del inmenso patrimonio acumulado por la Iglesia de Roma, la grandiosidad de su legado histórico, se multiplican las dudas acerca de su disposición a aplicar cirugía de hierro para combatir la lacra execrable de la pederastia. En este asunto no cabe aplicar la máxima agustiniana “Roma locuta, causa finita” (Roma ha hablado, caso cerrado).

 

El juicio entra en campaña

Al cruzarse las consignas de Waterloo en la tramitación del Presupuesto, tumbarlo y llevar sin remisión a las elecciones legislativas del 28 de abril el desarrollo de las sesiones en el Tribunal Supremo alimenta como nunca la política de las emociones, el entusiasmo del neofranquismo –Vox– en la cresta de la ola, la esperanza de la derecha desmelenada –el PP– de volver a pisar la Moncloa a la mayor brevedad y la vocación funámbula de Ciudadanos (pasar la maroma sin red de acuerdo con el modelo ensayado en Andalucía). El tono del manifiesto de la plaza de Colón, el último domingo en Madrid, el de la declaración de Oriol Junqueras ante los jueces y el del presidente Pedro Sánchez al anunciar la cita con las urnas enmarcan el libreto de la representación político- judicial durante más de dos meses. Antes de depositar la papeleta, los electores deberán soportar la acidez extrema de una campaña a cara de perro con abundancia de datos falsos al estilo del antedicho manifiesto, apelaciones a derechos inalienables articuladas por los agitprop del procés y el recordatorio permanente desde el Gobierno de las bondades de un Presupuesto neutralizado por varias derechas y el independentismo exaltado.

Todo ello simultaneado con la proliferación de tertulias en todas partes para analizar qué sucedió y qué no sucedió en Catalunya durante el otoño de 2017, divididas las opiniones entre quienes defienden que todo se hizo pacíficamente en nombre de una idea extrema e indiscutible de democracia y quienes estiman que se desencadenó poco menos que el Armagedón. Lo que lleva forzosamente a la intromisión de la campaña en el juicio mediante la diversificación de las declaraciones de los encausados, técnicas unas, políticas otras, de los acusadores y de los defensores. Se percibió el jueves en las respuestas de Junqueras y de Joaquim Forn y se dejará notar las próximas semanas, conforme avancen a un tiempo el juicio y la campaña, y cuanto se diga en la sala se interprete a la luz de los focos de la elección inminente.

También se personarán en la campaña la división en el PSOE y en el independentismo, que encubrirán los asesores de imagen con los consabidos mítines y discursos para los convencidos, porque el fundamentalismo nacionalista no es patrimonio exclusivo de uno de los bandos y mucho de ello habrá hasta el 28 de abril. Cuando la expresidenta andaluza Susana Díaz reconoció que en su campaña acaso debió hablar más de Catalunya y menos de Andalucía se atuvo a la verdad: los nacionalismos se alimentan mutuamente y así el catalán estimula al español, y este al catalán en igual o mayor medida hasta nadie sabe cuándo.

Que este panorama pueda alterar el pulso de los ciudadanos es harina de otro costal. En cierto sentido, la crisis catalana ha alcanzado un cierto grado de normalización y salvo episodios esporádicos y las apelaciones a los símbolos desde ambos lados de la divisoria, ha adquirido la naturaleza de las dolencias crónicas: hay que vivir con ellas y las pastillas no las curan, pero las hacen llevaderas. Puede haber alguna huelga llamada de país –sea cual sea el significado de tal etiqueta–, pueden llamar la atención algunos mensajes desaforados, puede que el Govern incremente su ineficacia y pasividad funcionales, pero nada sustancialmente diferente sentirá la calle de lo sentido hasta ahora. Este es el destino inevitable de las crisis que, a fuerza de prolongarse, pasan a formar del paisaje sin alterarlo en demasía hasta que por fin alguien se empeña en solucionarlas (lo intenta al menos).

Así ha sucedido durante los ocho meses transcurridos entre la moción de censura y la caída de los Presupuestos: pareció que sí, que era el momento del pacto, pero llegada la hora de la verdad Quim Torra esgrimió los 21 puntos de su programa para la autodeterminación, la tripleta derechista de Andalucía puso el grito en el cielo, el Gobierno presentó unos presupuestos indiscutiblemente atentos a las urgencias de los más vulnerables o desprotegidos, pero volvió la autodeterminación a ocupar el escenario y se acabó lo que se daba después de la concentración de Madrid, suficiente por ruidosa e insuficiente por poco numerosa. Vivido todo sin que la derecha haya pedido excusas por acusar reiteradamente al Gobierno de haber hecho concesiones al soberanismo movilizado, concesiones que el abrupto final de la legislatura ha demostrado que nunca existieron. A no ser que inducir el diálogo sea una peligrosa concesión (parece que no).

Para el independentismo en campaña será por lo menos complicado justificar su opción de llevarse por delante los presupuestos y la continuidad del Gobierno, deberá demostrar que ni en Waterloo ni en su delegación de la plaza de Sant Jaume todo se rige por el principio de cuanto peor, mejor. Como si poner en suerte la continuidad del PSOE en el Gobierno persiguiera quedarse sin interlocutor mediante una victoria de la derecha y el neofranquismo (extrema derecha) y, de esta forma, sembrar en parte de la sociedad catalana una dosis suplementaria de frustración para engordar las filas independentistas. ¿Quién sabe si todo es fruto de este arriesgado cálculo para alimentar el victimismo o resultado de un déficit crónico de realismo? ¿Quién sabe si en algún recodo del camino de Waterloo a Barcelona o viceversa dejó de analizar el independentismo las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas? Son dos conceptos fundamentales para decidir si es posible imponerse o es necesario el pacto, algo siempre preferible a empeorar la situación, porque es muy posible que cuanto peor, peor.

 

Otra vez la guerra fría

La decisión de Estados Unidos y Rusia de abandonar el tratado INF, que liberó a Europa de los misiles nucleares de alcance intermedio –entre 500 y 5.500 kilómetros–, pone seguramente el punto final a la posguerra fría y escribe el primer capítulo de una nueva guerra fría, diferente a la anterior, menos exacerbada quizá, pero no exenta de riesgo. Al presentar Rusia en sociedad un nuevo misil de rango intermedio, con un alcance inferior a los 500 kilómetros, según la información facilitada por el Kremlin –poco creíble, dicho sea de paso–, le faltó tiempo a Estados Unidos para dejar en suspenso los términos del documento firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987 por el presidente Ronald Reagan y por Mijail Gorbachov, primer secretario del PCUS. Pero sucedió algo más: arrastró a los socios europeos de la OTAN a apoyar una estrategia de confrontación que no los seduce, puede decirse incluso que los incomoda.

Para la mayoría de analistas, la determinación rusa no enlaza solo con la herencia dejada por la Unión Soviética en su pulso permanente con Estados Unidos, sino que remite a la tradición zarista, a su forma de contar en la política europea mediante la presión sobre Occidente. Al mismo tiempo, la retirada estadounidense del tratado INF pone de manifiesto de nuevo la incomodidad del republicanismo más conservador con los límites impuestos al Pentágono a partir de la firma de los acuerdos para la reducción mutua y equilibrada de los arsenales nucleares, que fueron la piedra sillar de la guerra fría.

Tanto los ideólogos de la defensa fuerte, lectores asiduos muchos de ellos de Leo Strauss, como los trashumantes que han viajado desde el universo neocon al Tea Party, y más tarde a la extrema derecha, encarnada en Donald Trump, entienden que Estados Unidos perdió una ocasión de oro para adquirir una ventaja estratégica insalvable durante la presidencia en Rusia de Boris Yeltsin (1991-1999), y ahora el Gobierno debe reaccionar con prontitud y energía. Esto es, debe descartar definitivamente la opción cero de Reagan y neutralizar el rearme ruso con el propio. Un enfoque que Rusia comparte desde que el presidente Barack Obama decidió poner en marcha el escudo antimisiles en el corazón de Europa, que confirió a la Alianza Atlántica una superioridad estratégica indiscutible, aunque Estados Unidos siempre lo negó e incluso llegó a ofrecer a Rusia la posibilidad de cobijarse bajo el mismo paraguas para protegerse de un ataque nuclear.

El analista Keir Giles, del think tank británico Chatham House, sostiene en su último libro, Moscow rules (reglas de Moscú), que Rusia no tiene otra opción que desafiar a Occidente, e insiste en que reconocer y aceptar que esto no cambiará en el futuro inmediato ayudará a la OTAN a encontrar “un camino para el pacto sin riesgo de un conflicto más profundo”. Una opinión semejante a la del Atlantic Council, estadounidense, cuando, aun admitiendo que puede haber algún ingrediente divisivo, advierte que el pulso con Rusia, encabezado por Estados Unidos, no debe debilitar a la OTAN. Sucede, no obstante, que la verborrea del presidente Trump ha fomentado con demasiada frecuencia las divergencias entre la Casa Blanca y sus aliados a pesar de los consejos de los entendidos en la materia, el exsecretario de Defensa James Mattis, el último de ellos.

La institución francesa Fondation pour la Recherche Stratégique apenas desdramatiza el alcance de lo que en otro tiempo se hubiese considerado una escalada. “El tratado INF fue el fruto de su época –dice el informe elaborado por varios investigadores–. Su desaparición de hecho también es el producto de un contexto radicalmente nuevo: política rusa de recuperación como potencia militar a despecho de los compromisos adquiridos por Moscú; desprecio en la Casa Blanca de los tratados, percibidos como grilletes; pero también transformación radical del paisaje estratégico (Asia). Para Europa, el asunto de los misiles de alcance intermedio no es tan central como lo fue hace treinta o cuarenta años, pero el final del tratado no dejará de tener consecuencias para el continente”.

El precedente histórico de 1979, cuando la Unión Soviética desplegó los misiles SS-20 en su frontera occidental y la OTAN respondió con una siembra de misiles Pershing y Cruise en su área de influencia, da la razón a la percepción francesa de que la prórroga de seis meses hasta la liquidación definitiva del tratado INF, un gesto meramente protocolario, dará paso a un periodo de rearme. Es de prever que se multipliquen las interferencias en las líneas de comunicación entre Rusia y Estados Unidos, y la política de defensa se revestirá de la gravedad amenazante que la caracterizó en el pasado. Poco puede esperarse de este medio año que se han dado las dos potencias para negociar a fin de poner a salvo el acuerdo de 1987 porque ambos contrincantes prefieren enterrarlo.

Para quienes tantas veces han lamentado la pérdida de identidad de la OTAN una vez liquidada la guerra fría y muy debilitada la amenaza rusa, la situación no deja de tener el valor de la identidad recuperada. Pero para los espíritus menos apasionados, la mutación del ecosistema tiene consecuencias no deseadas en materia de seguridad y presupuestarias. Si hasta la fecha Trump no ha dejado de exigir a los europeos una mayor contribución a los recursos de la OTAN, cuando venza en agosto el plazo para dejar sin efecto el INF, se multiplicarán las exigencias en términos bastante más contundentes.

Desposeída Rusia del glacis de seguridad que la Unión Soviética de Josef Stalin exigió a las aliados a partir de la conferencia de Yalta (febrero de 1945) y fracasada la opción wilsoniana de construir un sistema de seguridad colectivo, el retorno a la guerra fría cabe incluirlo en el capítulo de los acontecimientos inevitables. Con el añadido de un tercer actor, China, que hace imposible una vuelta a la bipolaridad de antaño y que, por el contrario, lleva a intuir en el horizonte futuro una tripolaridad de nuevo cuño, con dos grandes potencias militares con economías muy diversificadas, y Rusia, uncida al yugo de los mercados del gas y del petróleo, con tendencia a una inestabilidad cíclica.

¿Habrá que rescatar de los anaqueles el viejo diccionario de la guerra fría precedente: escalada, distensión, coexistencia pacífica, equilibrio del terror, área de influencia, etcétera? ¿O acaso el final de la guerra fría fue poco más que un espejismo o un paréntesis no demasiado largo en la historia moderna de la confrontación por ostentar la mayor cantidad de poder a escala planetaria? ¿Hay riesgo de que el paso siguiente sea impugnar los tratados que afectan a los misiles de largo alcance? El diagnóstico de Henry Kissinger, hace un año, es a la vez preciso e inquietante: “A falta de un concepto compartido entre las principales potencias expansivas para acomodar perspectivas divergentes de nuestros intereses nacionales, parcialmente derivadas de nuestras diferentes experiencias históricas, están regresando los patrones tradicionales de una gran rivalidad de poder (…) La pregunta subyacente es si se puede evitar que una rivalidad renovada entre las principales potencias culmine en un conflicto ”. Los acontecimientos de estas últimas semanas refuerzan tal punto de vista.

La poltrona de Maduro se tambalea

La degradación a marchas forzadas del clima social, la economía y el funcionamiento de las instituciones en Venezuela permite afirmar que lo peor está por llegar porque es imposible que la salida de la crisis se produzca en un ambiente razonablemente sereno si es que se produce. Dos legitimidades discutibles se enfrentan en el espacio público con aliados poderosos a sus espaldas, impregnado el proceso en curso de todas las reacciones emotivas imaginables y por imaginar. El alineamiento del lado de Nicolás Maduro o de Juan Guaidó tiene mucho de batalla ideológica –el establishment, al lado del autoproclamado presidente interino; el mundo situado a la izquierda de la socialdemocracia, al lado del sucesor de Hugo Chávez–, contaminada desde el comienzo la decantación por el apoyo inmediato de Donald Trump a la oposición movilizada y de Rusia y China a la causa bolivariana.

Las apelaciones al derecho internacional y al principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, destinadas a desacreditar el reconocimiento de Guaidó y a apoyar a Maduro, son tan discutibles como las remisiones a la injerencia humanitaria de quienes apoyan al nuevo líder de la oposición. En las desventuras de Venezuela todos los papeles están repartidos, y mientras tanto los padecimientos de la población no paran de crecer a la espera de un desenlace que es de temer largo, confuso y acaso inadecuado para salir del cenagal. Nada hay en la crisis que no responda a intereses concretos dentro y fuera del país: el objetivo conservador de reconquistar el poder, el propósito de quienes ahora lo ocupan de perpetuarse en él, la disputa por el control futuro de PDVSA, la petrolera estatal con las reservas de crudo más grandes del mundo, el exilio enardecido en Estados Unidos y Europa y otros muchos factores que aconsejan analizar el problema con los anteojos del realismo.

Un comentarista del diario caraqueño El Universal otorga a Guaidó y su toque a rebato la condición de cisne negro –algo cuya existencia nadie previó–, como lo fueron las primaveras árabes, pero en ambos casos estaban a la vista de la comunidad internacional los ingredientes para que se desencadenara el levantamiento en la calle y surgieran líderes más o menos espontáneos para encabezar la protesta. Nadie puede sorprenderse de la situación creada, ni siquiera el equipo de Maduro, cuando la moneda dejó de tener valor a causa de una hiperinflación frenética, el PIB se despeñó, la crisis de subsistencias se generalizó y el Estado respondió con una mezcla de populismo ruidoso, ineficacia y bloqueo de las instituciones, singularmente la Asamblea Nacional. Simplemente, la presunta revolución chavista se hundió estrepitosamente sin haber sabido aprovechar ninguno de los momentos favorables: los altísimos precios del petróleo hace una década, el entusiasmo primigenio de los rescatados de la miseria, el rompecabezas de una oposición sin líderes sólidos y, en última instancia, la presidencia de Barack Obama.

A diferencia de otros precedentes históricos, con la revolución cubana en primer lugar, el prestigio de la aventura bolivariana pronto sembró el mundo académico y los medios de comunicación de defraudados que creyeron ver en el programa chavista de 1999 un proyecto ilusionante de redención de los desheredados, pero pronto cayeron en la cuenta de que el universo de Chávez era poco más que un nacionalismo populista grandilocuente, con la figura de Simón Bolívar como profeta del cambio. Nunca logró la dirección bolivariana atraer suficientes voluntades fuera de Venezuela para convertirse en el gran compromiso ético de la izquierda en todas partes, y cuando empezó a duplicar las instituciones para controlarlas, mediatizó el pluralismo, persiguió a la oposición y controló casi en su totalidad los periódicos y la televisión dejó de atraer a los teóricos de la innovación social, a los alentadores de la redención de los oprimidos y a los defensores de los derechos de los más vulnerables.

Es indudable que ahora se asiste a la coreografía poco menos que insultante de unas clases pudientes que se rasgan las vestiduras por los desastres presentes, pero no movieron un dedo para remediar las miserias pasadas, la corrupción galopante, el monocultivo del petróleo y la fractura social irremediable. Pero no es menos cierto que Maduro más que Chávez ha hecho cuanto ha estado en su mano para facilitar las cosas a sus adversarios políticos y sociales, incapaz de aceptar que a la larga la correlación de fuerzas operaría en su contra. Una ceguera política que quizá no es más que su incapacidad manifiesta para gobernar, ceñirse a los hechos y distanciarse de los profetas de la presunta ortodoxia de izquierdas, empezando por Diosdado Cabello, de nefasta influencia en el desarrollo de los acontecimientos.

Que la clase dirigente del turno de partidos –un rato para la Alianza Democrática y un rato para el Copei– cerrara los ojos ante los desequilibrios sociales, con la complicidad de Estados Unidos y Europa, que jamás levantaron la voz, no sirve para contrarrestar el descalabro presente. En realidad, lo agrava porque Chávez ganó la presidencia apoyado por actores políticos y sociales de todos los colores –los empresarios y la Iglesia entre ellos–, pero todo se fue por el desagüe a partir de 2002, con el golpe de Estado fracasado, cuyos actores últimos siguen envueltos en una espesa niebla, y mucho más cuando el precio del petróleo empezó a bajar y las llamadas misiones (programas sociales) dejaron de ser viables. De tal manera que cada día fueron más los adversarios dentro y fuera de Venezuela, y muchos menos los adictos.

Hoy la resistencia numantina de Maduro entraña riesgos de una gravedad y profundidad evidentes. Al aparecer el Ejército como el gran bastión tras el que se parapeta el régimen saltan las alarmas y surge el temor de que las armas suplanten a la política. Porque si el Ejército se mantiene unido y del lado de Maduro, la deriva totalitaria del proceso, siquiera sea por poco tiempo, es una posibilidad cierta; si los generales optan por abandonar a Maduro, se multiplican las incertidumbres de futuro con los uniformados al frente de las operaciones; si el Ejército se divide, no debe descartarse un enfrentamiento armado. Dicho de otra forma: la única salida sin lágrimas es aquella que se produzca de forma ordenada, que permita convocar elecciones inmediatas bajo tutela internacional y que atienda las necesidades más perentorias de una población exhausta.

“La libertad es siempre la libertad de los disidentes”, escribió Rosa Luxemburgo, tan recordada en el centenario de su asesinato. Los teóricos de la república bolivariana y quienes en ella gobiernan olvidaron esta frase hace tiempo si es que alguna vez tuvieron noticia de ella. El precio de tal olvido resultará seguramente altísimo porque quienes han alentado el levantamiento desde fuera –es ingenuo creer que no hay financiación exterior de la protesta–, salvo honrosas excepciones, no aspiran más que a poner a Venezuela en el pasillo central deseado para Latinoamérica por personajes tan bajo sospecha como Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Iván Duque y algún otro, cobijados todos ellos bajo el paraguas protector de la extrema derecha que tiene en Donald Trump su primera referencia. Respetar a la disidencia, escucharla y acaso atender sus reclamaciones es un instrumento indispensable para evitar que los episodios de aceleración de la historia desemboquen en pesadillas y den alas a cuantos se oponen al cambio social. Maduro ni respetó ni escuchó ni atendió a los discrepantes, anduvo a vueltas con el enemigo exterior culpable de todos los malos y ahora su poltrona se tambalea.

El ‘brexit’, más y más indescifrable

La concreción de la debilidad de Theresa May en el seno de su propio partido ha superado todas las previsiones habidas y por haber: se trata de la mayor derrota de un primer ministro en la Cámara de los Comunes durante el último siglo. Nadie dudaba de que la premier quedaría en minoría, pero los 432 votos contrarios al acuerdo con la Unión Europea –entre ellos los de más de 100 diputados conservadores– provocó una situación de verdadero asombro, alimentó todos los vaticinios para un futuro imprevisible y transmitió corregida y aumentada la imagen de una sociedad irremediablemente fracturada. El empeño de May de allegar fuerzas mediante una carta de última hora remitida desde Bruselas, sin valor jurídico alguno, asentó la convicción de que, más que nunca, los Veintisiete se mantienen en la idea de que puesto que fue el Reino Unido el que desencadenó la crisis es el Reino Unido el que debe pechar con el grueso del precio económico y político del divorcio.

El recurso a las palabras y a los gestos teatrales propios de la tradición shakespeariana poco sirven para encubrir la cadena de errores cometidos por los dirigentes conservadores desde que David Cameron, un remainer, puso en marcha el mecanismo perverso del referéndum para suturar la división en las filas tories y silenciar a los brexiteers. Durante la campaña de junio de 2016, fueron estos últimos, estimulados por Nigel Farage, líder del UKIP, un demagogo de carnadura ultranacionalista, los que llevaron la iniciativa –lo que ahora se llama la construcción del relato–, y después de obtener la victoria fue May, tan remainer como Cameron, la encargada de negociar con la UE un acuerdo que evitara un desastre mayor del pronosticado por la mayoría de los analistas. Fue así como se instaló en el imaginario colectivo la mayor de las estupefacciones: un partidario de seguir en la UE provocó indirectamente la salida y una partidaria de mantener al Reino Unido en la UE se vio en el trance de dirigir la negociación de un futuro en el que no cree, que queda bastante lejos de su punto de vista de siempre.

La invocación de un texto de John F. Kennedy hecha por dos diputadas laboristas en las páginas del diario progresista The Guardian abunda en la vertiente más trágica del brexit, pero no hace más que encubrir o por lo menos difuminar la naturaleza de lo sucedido, mezcla heterogénea de nacionalismo, añoranzas de un pasado sin billete de vuelta, charcutería política, ambiciones personales y falta de liderazgo o determinación en los dos grandes partidos. Que el presidente asesinado escribiera en Profiles in courage que “rara vez sucede que toda la verdad, y toda la razón, y todos los ángeles están en el mismo bando” tiene una solemnidad que casa mal con la realidad: la salida de la UE, por más apoyos que obtuviera en la consulta de junio de 2016, es un disparate sin paliativos que dañará gravemente la economía y la proyección exterior del Reino Unido salvo arreglo de última hora, por lo demás harto difícil.

El aterrizaje en la realidad de los ciudadanos británicos se presagia lleno de riesgos y de decepciones. Las proclamas de Theresa May para “identificar qué podría requerirse –se supone que en Bruselas– para asegurar el apoyo de la Cámara” al acuerdo para la salida tienen todas las trazas de un deseo que difícilmente se puede convertir en algo concreto. Su derrota tampoco cambia los datos esenciales que ensombrecen el panorama porque del fracaso de la premier no se deduce que habrá “un cambio en este estado de cosas”, según uno de los muchos analistas que teme lo peor.

En condiciones normales, después del revolcón del martes, May debería presentar la dimisión. Pero es todo tan anormal en esta historia que los mismos que un día votaron en contra suya prometen ahora mantenerla en el puesto, sea frente a los laboristas, siempre tan indecisos, o frente a cualquier artimaña que pretenda provocar un adelanto electoral o lo que resulta aún más indeseado por los brexiteers: la convocatoria de un nuevo referéndum. Citarse en las urnas entraña demasiados riesgos tanto si se trata de unas elecciones generales, con la posibilidad cierta para conservadores y unionistas del Ulster de pasar a la oposición, como si –del todo improbable por el momento– una conjunción astral permite abrir la caja de los truenos de una nueva consulta que dé la victoria a los partidarios de la permanencia.

A falta de la dimisión de la premier se instala en los espíritus un sentimiento de provisionalidad, así en Londres como en Bruselas, donde no salen de su desconcierto los funcionarios más próximos a Michel Barnier, el responsable de negociar el brexit con los enviados de Theresa May. Mientras Erik Jones y Anand Menon, analistas del think tank británico Chatham House, se preguntan si la unidad de Europa fue “siempre un sueño al tiempo que la división se mantiene como una realidad”, lo cierto es que la unidad de acción de los Veintisiete se mantiene porque todos saben que, sea cual sea el desenlace final, los socios de la UE no saldrán indemnes de la prueba, sometidos los vínculos económicos y políticos con el Reino Unido a un stress test que ninguno de ellos deseó.

La disposición bruselense a prolongar el plazo fijado por el artículo 50 del Tratado de Lisboa para que se consume el divorcio tiene mucho que ver con el temor de los Veintisiete a que una separación sin acuerdo degeneré en un caos o galimatías a ambos lados del canal de la Mancha, con un precio del desaguisado cada vez más difícil de calcular. El caso es que el alargamiento del calendario, con el problema añadido de las elecciones al Parlamento Europeo sin participación británica, no garantiza que cambien sustancialmente los datos esenciales de la crisis. Pueden incluso adquirir una complejidad superior a la que ya tienen si el último cartucho de May para “hablar con todo el mundo”, David Lidington, secretario del Cabinet Office (equivalente a un ministro de la Presidencia o viceprimer ministro), choca contra dos muros: la intransigencia de los conservadores a favor del brexit duro y la negativa de los laboristas a negociar nada que no garantice la unión aduanera y probablemente el mantenimiento provisional en los términos actuales de la frontera blanda entre las dos Irlandas.

Theresa May quizá se daría por satisfecha con lograr la unificación tory mediante la gestión de Lidington, pero ¿es esto posible y suficiente? Seguramente, no si el restablecimiento de la unión perdida exige la renegociación con la UE, a lo que los Veintisiete se oponen, o si la facción brexiteer, muy crecida desde el martes, le recuerda a la primera ministra, esclava de sus palabras, que es preferible una salida sin acuerdo que con un mal acuerdo, o lo que ellos consideran que lo es. Y así, vuelta a empezar metidos en un bucle doblemente demoledor, para el futuro del Reino Unidos y de la UE, indisolublemente unidos en la desventura.

Amenazas ultra en aumento

El documento de 19 puntos presentado por Vox al Partido Popular durante las negociaciones de su alianza en Andalucía resume con palmaria claridad hacia dónde apunta el acelerado resurgir de la extrema derecha en Europa: la restauración de un pasado indeseable, la impugnación de la cultura política liberal puesta a salvo por la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y, en el caso de España, la recuperación del legado franquista. Los ademanes y la fraseología rescatados del sumidero ideológico ultra por Santiago Abascal, Javier Ortega Smith y otros portavoces no desmerecen ni en una coma las andanadas de Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders y demás adversarios declarados del régimen de libertades trabajosamente construido durante décadas. Nada hay en las exigencias de Vox para sumergir en un lodazal a la Junta de Andalucía que se desvíe de la línea argumental desarrollada por las fuerzas europeas más retardatarias y, por esta razón, más empeñadas en anteponer la nación al europeísmo, los mitos de la historia a las complejidades del presente y la negación de una sociedad en rápida transformación mediante el recurso a un tradicionalismo profundamente reaccionario.

Las facilidades dadas por el PP a Vox para convertirse en actor político de primer orden resultan sorprendentes. Con la vista puesta únicamente en lograr la presidencia de Andalucía para Juanma Moreno, se ha adaptado a un léxico y unos objetivos que son los de la extrema derecha de siempre. Es una falacia el mensaje de Pablo Casado según el cual los populares han probado en Andalucía –negociando en Madrid, no se olvide– que son el único partido capacitado para negociar con quienes desfilan a su derecha y a su izquierda. En realidad solo ha quedado demostrada su disposición a entenderse con la extrema derecha sin necesidad de ponerse una pinza en la nariz; en la práctica ha confirmado que responde a una pregunta inquietante: ¿vale todo para alcanzar el poder?

El dontancredismo de Ciudadanos no resulta menos perturbador. Al ponerse de perfil y no darse por enterado de en qué condiciones compartirá el Gobierno andaluz con el PP, bendice la componenda y alarma a la familia liberal europea, singularmente a Manuel Valls, que persigue la alcaldía de Barcelona con el apoyo de los de Albert Rivera, y a Emmanuel Macron, presidente de Francia. Ambos entienden que no cabe pacto alguno con los partidos extramuros del sistema que pretenden desdibujar las libertades mediante demagógicas apelaciones a la seguridad, a la desnaturalización de la identidad nacional y a una tópica serie de emociones primarias.

Todo ello invita a recordar las advertencias de dos grandes pensadores europeos, Edgar Morin y Stéphane Hessel, que advirtieron reiteradamente en el pasado de los peligros que se ciernen sobre Europa, sometida a inacabables reivindicaciones nacionalistas, a los efectos sociales de la salida de la crisis y al desparpajo de la extrema derecha para arremeter contra el proyecto de integración a través de una mezcla heterogénea de promesas sociales y contracción de las libertades. Al mismo tiempo, la situación que se da en los prolegómenos de la campaña para las elecciones europeas de mayo permite a autores como la profesora Paola Subacchi, de la Universidad de Bolonia, referirse al “viejo nuevo populismo de Italia”, y a Barry Eichengreen, de la Universidad de California, mencionar la necesidad que tiene Europa de “avanzar para evitar retroceder”, puesto que si no se encamina hacia nuevas metas, la presión de la extrema derecha puede llevarla a dar marcha atrás en muchos ámbitos.

Desde que Morin y Hessel publicaron en 2012 El camino de la esperanza hasta el presente, bastantes cosas en el mosaico político europeo han cambiado a peor, y la más preocupante es justamente la recomposición de la extrema derecha y la disposición de un segmento muy importante de las clases medias defraudadas a dejarse seducir. Con dos momentos excepcionalmente importantes en el desarrollo de los acontecimientos: el éxito del nacionalismo británico más rancio en el referéndum del brexit (junio de 2016) y la victoria de Donald Trump (noviembre del mismo año). En ambos casos, la extrema derecha se ha sentido reconfortada con una andanada contra la línea de flotación de la Unión Europea y con la consagración del presidente de Estados Unidos como referencia ineludible de la nueva internacional retrógrada que aspira a todo.

Al mismo tiempo, las advertencias reiteradas dirigidas a los partidos conservadores para que aíslen la oferta ultra han caído en saco roto con demasiada frecuencia. Cada vez que el conservadurismo clásico pacta con los extremistas no hace otra cosa que alimentar las expectativas de crecimiento de estos últimos de acuerdo con el viejo axioma según el cual las copias salen perdedoras –siempre juegan en campo contrario– cuando imitan a los originales a fin de neutralizarlos. Pero ni siquiera los precedentes históricos inducen a rectificar a los conservadores partidarios del posibilismo a ultranza.

En palabras de Edgar Morin, “la política del día a día alienta a la extrema derecha” por varias razones que se retroalimentan: el coste social de la salida de la crisis, el desprestigio de los políticos, sometido a los rigores de las tecnofinanzas, la corrupción allí donde es rampante y ostentosa y la certidumbre cada vez más extendida de que los hijos de la generación que ha padecido y gestionado la última crisis vivirán peor que sus padres. Poco importa que los programas ultraconservadores pretendan retrasar el reloj de la historia en apartados tan relevantes y variados como los anotados por Vox –violencia de género, memoria histórica, colectivos con diferentes orientaciones sexuales, atención de los flujos migratorios, etcétera–, lo que cuenta para una franja del electorado es salir como sea del laberinto en el que se siente abandonado por el establishment. Se ha dicho ad nauseam y no está de más repetirlo: la mayoría de los electores que han otorgado su favor a la extrema derecha en Andalucía y en otros lugares no son representantes de un posfacismo renacido, sino integrantes de una minoría en crecimiento entre harta y desilusionada

Buscar la complicidad de la extrema derecha para alcanzar el poder o caricaturizarla no hace más que alimentar sus expectativas y difundir su discurso en todas direcciones. Diríase incluso que reconforta a sus votantes si en algún momento han dudado del acierto de su elección porque en la medida en que políticos ultras entran en las instituciones, su oferta pasa a ser, al menos teóricamente, la de una fuerza convencional y deja de ser, asimismo teóricamente, la de un grupo antisistema, aunque su programa sea netamente anticonstitucional, como sucede en el caso de Vox. De lo que se desprende que el cordón sanitario en torno a la extrema derecha no es una opción más, sino una necesidad imperiosa para preservar la vigencia de la cultura democrática.

Guerra sin cuartel entre ‘tories’

Después de cuarenta años de guerra civil en el seno del Partido Conservador del Reino Unido, la batalla del brexit lleva camino de convertirse en el episodio que debe dilucidar si el partido puede seguir unido o si la unidad es imposible. La victoria de Theresa May en la votación de confianza a la que hubo de someterse el miércoles ha debilitado extraordinariamente a la primera ministra ante sus correligionarios y ha robustecido el frente brexiter. Los 117 votos obtenidos por los adversarios de May frente a los 200 de apoyo a la premier han permitido conocer a cuánto equivale el descontento en las filas conservadoras: más de un tercio del grupo parlamentario es contrario a que May siga al frente de las operaciones.

Por lo demás, la victoria no tiene efectos sobre el asunto principal: aprobar el pacto con Bruselas para el periodo transitorio comprendido entre el 29 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Los diputados díscolos no se sienten obligados a apoyar lo que en primera instancia rechazaron, sino que se mantienen en sus trece, secundados por los unionistas norirlandeses y quién se sabe si, llegado el momento, fortalecidos –algo más que posible– por el voto laborista contra el texto que May llevará en enero a la Cámara de los Comunes. Tampoco tiene mayor trascendencia en plena tempestad que la primera ministra haya renunciado a presentarse en unas próximas elecciones: el ala brexiter coincide con todos los analistas en que se trata de un lame duck (pato cojo) sin futuro político. En Estados Unidos, de donde procede el apelativo, referido al presidente durante sus dos últimos años de mandato, la cojera ha sido en ocasiones un resorte liberador que ha dado pie a decisiones inesperadas o atrevidas –Barack Obama, el último precedente–, pero en el Reino Unido no es más que sinónimo de pura y simple debilidad.

Por encima del asunto concreto que de forma divisiva alarma a los partidarios de la salida de la UE sin contemplaciones –la frontera blanda entre las dos Irlandas, un apartado con enormes implicaciones políticas–, lo que realmente importa a la facción disidente es hacerse con las riendas del poder. Si el propósito de acabar con la guerra civil tory indujo a David Cameron a convocar el referéndum de junio de 2016, el resultado de la consulta no hizo más que avivar el fuego del desacuerdo entre los europeístas y los deseosos de cortar el vínculo con Bruselas, herederos de quienes no dejaron de denostar la adhesión a las instituciones comunitarias desde el ingreso en 1973. La incomodidad de una franja muy importante del conservadurismo para insertarse en el entramado europeo nunca se moderó, coincidiendo demasiado a menudo con similar incomodidad en el Partido Laborista, tan desaparecido o poco resolutivo en la crisis en curso.

La analista Gaby Hinsliff sostiene en el progresista The Guardian que el dinamismo de “los tigres de papel de Jacob Rees-Mogg aún pueden dividir la fiesta tory” de forma poco menos que irreconciliable. Rees-Mogg es con Boris Johnson, Sajid Javid, Jeremy Hunt, Amber Rudd, Dominic Raab, David Davis y algún otro profeta del brexit menos activo la voz que clama en los Comunes contra el acuerdo con Bruselas. Sus intervenciones, escritos y proclamas apelan a una supuesta recuperación de la soberanía plena, liberado el Reino Unido de la intromisión bruselense, y soslaya o silencia el parecer de los expertos, que vaticinan un desaguisado económico. Y su beligerancia tiene una capacidad manifiesta de fracturar el partido de forma irremediable al final de más de cuarenta años de peleas cainitas que el referéndum de 1975 –67% de votos a favor de la integración en Europa– apenas sirvió para mucho más que para oficializarlas y el de 2016 ha llevado al paroxismo.

¿Qué opciones le quedan a May en medio de la escalada? Solo tres: convocar elecciones, algo que seguramente llevaría a los conservadores a la oposición y a los laboristas al Gobierno (se desconoce cuál es su propuesta para sacar al país del atolladero); dejar las cosas como están y exponerse a una derrota sonora en Westminster cuando someta a votación el compromiso negociado con la UE o amenazar a la congregación brexiter con convocar un nuevo referéndum y paralizar el proceso de salida hasta conocer el resultado. Nadie puede decir ahora, en medio de la confusión, si tal camino es o no transitable, pero el analista Thomas Wright lo presenta en Politico.com como aquel que más puede alterar el pulso a los brexiters y en cierta medida puede convertir a los remainers en aliados ocasionales de la premier. May “puede hacer el siguiente cálculo –escribe Wright–: aunque detestan el acuerdo, los rebeldes lo respaldarán para evitar el riesgo de una reversión (que ganaran los partidarios de quedarse en la UE)” si una segunda consulta se celebrara y se cumplieran los vaticinios de los sondeos.

Incertidumbre sobre incertidumbre, la City se agita ante la imposibilidad de adivinar siquiera remotamente qué deparará el futuro. Los think tanks, el Banco de Inglaterra, los gabinetes de análisis de riesgo de las multinacionales y el mundo académico solo se atreven a aventurar que el brexit equivaldrá en su caso a una contracción de la economía que, si se consuma a las buenas, recortará el PIB el 4% y si se hace a las bravas, caerá no menos del 8%. Por no hablar de los aspectos más directamente relacionados con el futuro que aguarda a los jóvenes británicos en sus expectativas profesionales si su país no tiene con la UE un vínculo sólido y estable. Porque las garantías para los ciudadanos del Reino Unido que viven al otro lado del canal y para los europeos en territorio británico se limitarán al censo actual de residentes, pero nada aseguran en el futuro.

Solo los promotores entusiastas del divorcio han salido enaltecidos de este enésimo asalto del disparate. Mientras, el fuego amigo a discreción y el paso de los días acucian a May para encontrar una vía de escape, pacto o compromiso con la UE que no lleve directamente el proceso a una separación dura; confía May en sacar un conejo de la chistera en el tiempo de descuento y se arrepiente todos los días de haber dicho que es preferible una salida sin acuerdo que un mal acuerdo. Pero este coup de magie que la primera ministra busca a todas horas pretende comprometer a los Veintisiete, unidos como nunca en la gestión del brexit con una sola voz como quedó patente el jueves. Jean-Claude Juncker y Donald Tusk han advertido que queda fuera de sus cálculos toquetear lo aprobado: caben aclaraciones sobre aquello que se antoje más oscuro o impreciso a ambas partes, pero no se revisará una coma de un documento reputado el único posible. Esto es, cualquier modificación solo puede empeorarlo sin que con ello se apacigüe la belicosidad de cuantos defienden la ruptura.

 

 

Vox marca el paso en Andalucía

La eclosión del huevo de la serpiente en las elecciones andaluzas –el resultado de Vox– ha colocado a la derecha constitucionalista ante el dilema de seguir siéndolo o buscar atajos para legitimar a los ultras y buscar formas de colaboración que descabalguen del poder a Susana Díaz. La presidenta en funciones simplifica el significado de los resultados del último domingo y se da por vencedora –una amarga victoria, se diría– a pesar del descalabro sufrido, se siente con títulos suficientes para aspirar a gobernar o para encabezar la oposición en el peor de los casos, presumiblemente el que cuenta con más números para concretarse en las próximas semanas. En medio, una sociedad cada vez más distanciada del quehacer de los políticos se siente más inclinada a abstenerse, aunque haya sido la abstención la herramienta más útil de Vox para conseguir 12 escaños con 400.000 votos.

La charcutería política poselectoral ha hecho un regate en corto al realismo necesario para inducir tres conclusiones. La primera certifica que un pacto del PP y C’s con Vox lleva inexorablemente a un estado de complicidad permanente entre la derecha convencional y la extrema derecha que, dicho sea de paso, no pierde ocasión para arremeter contra la Constitución, con el Estado de las autonomías como obsesión permanente. La segunda es que la única medida proporcional al retroceso experimentado por los socialistas solo deja una puerta de salida a quien encabezó el cartel electoral: presentar la dimisión. La tercera es que la disminución de votantes está íntimamente relacionada con la desnaturalización de la campaña, con demasiados asuntos ajenos a la sociedad andaluza o que solo la afectan tangencialmente: la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, la situación en Catalunya –con una gran comunidad de ascendencia andaluza–, los presupuestos empantanados en Madrid y otros horizontes lejanos.

La cuarta conclusión, aquella que más debería preocupar, es la europeización del resultado de las elecciones por el peor camino posible: la comparecencia de Vox, un partido que compendia el regreso al centralismo, la homofobia, la eurofobia, la islamofobia, un racismo encubierto, diferentes formas de machismo disimulado y otros ingredientes compartidos por partidos ultras de toda Europa que se han hecho un hueco en los parlamentos para arremeter contra la democracia liberal, la UE, una gestión decente de los flujos migratorios y otros ingredientes de la tradición política europea. La alegría mostrada por la ultraderechista francesa Marine Le Pen al conocer los resultados de Andalucía acredita cuál es el enfoque de Vox, hacia qué dianas apunta; la disposición de Pablo Casado y Albert Rivera a hablar con Santiago Abascal para ocupar el palacio de San Telmo revela que ambos estiman más importante hacerse con el poder que entrar a analizar enojosos detalles del programa ultra.

Nada es nuevo bajo el sol y la consolidación del desafío neofascista, posfascista o ultranacionalista en Europa avanza sin obstáculos relevantes. Como si del recuerdo de los años 30 no cupiese sacar conclusiones para el presente, las alianzas entre conservadores demócratas y ultras llevan camino de convertirse en un modelo a seguir, mientras son pocos los partidarios de la técnica del cordón sanitario para aislar a la extrema derecha. En el caso de Andalucía, en minoría manifiesta el PSOE y sin posibilidad de lograr la mayoría a través de la marca andaluza de Podemos, todo vale para llevar a la derecha al poder (ya nadie en el PP recurre al mantra de que la lista más votada es la que debe encabezar el Gobierno). Importa poco que Vox llegue a las elecciones de mayo robustecido, que el saludo romano asome de vez en cuanto en la vía pública sobre un fondo de banderas o que el infortunio de los inmigrantes que huyen de la miseria y de la guerra se haya convertido en un resorte eficacísimo para sumar votos en electorados fácilmente manipulables.

Escribió Manuel Vázquez Montalbán en La aznaridad (2003): “Para mí que ese rictus constantemente tenso de Aznar es porque está conteniendo el Aznar que lleva dentro”. Hoy se multiplican las opiniones que dan a José María Aznar como ganador sobrevenido de las elecciones andaluces, aquel Aznar que criticó sin freno en las páginas de La Nueva Rioja (23 de febrero de 1979) la Constitución aprobada en referéndum menos de tres meses antes, y que cuenta por fin con uno de sus herederos ideológicos al frente del PP para relajar el rictus y soñar, quién sabe, con una operación de altos vuelos a imagen y semejanza de la CEDA, tiempos de la República. ¿Es este Aznar el que Aznar lleva dentro?

Hay en marcha una operación destinada a someter a revisión por la vía de los hechos la estructura territorial, el engarce con Europa y el régimen de libertades. Mientras unos hablan de que la Constitución precisa ser reformada para ponerla al día, otros quieren sacralizarla como si se tratara de un texto intocable y, al mismo tiempo, persiguen darle la interpretación más restrictiva y retardataria posible para afrontar los desafíos que plantea el presente. No es de extrañar que con tal deriva o proyecto se alarme el republicano Manuel Valls –la tradición de las Luces– cuando los líderes de C’s, sus presuntos compañeros de andadura en las municipales de Barcelona, se prestan a escuchar a Vox sin mayores incomodidad y desasosiego.