About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

Putin cogió su fusil

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha optado por la estrategia del gran garrote para rescatar del baúl de la historia el papel desempeñado por la Unión Soviética desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mitad de los años 80 del siglo pasado. Es esta una operación cargada de riesgos, que modifica por completo el statu quo heredado de la guerra fría y que abre una gran incógnita: ¿entra Europa en un periodo de inestabilidad sistémica o se configura una nueva guerra fría con reglas diferentes a la anterior, como ha escrito el editorialista de The New York Times? Es demasiado pronto para aventurar una respuesta, hay que ver cómo afectan a la economía rusa las sanciones aprobadas por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros aliados occidentales, a las que quizá se añadan algunas más en los próximos días o semanas si el panorama es aún más sombrío de lo que ya lo es ahora.

De lo que no hay duda es de que las reglas del juego han cambiado y nada será en el futuro como hasta ayer. Putin ha reescrito de golpe los códigos de conducta en su relación con la Unión Europea, cuya existencia le molesta en grado sumo –no deja de sembrar cizaña en su seno–, y con la OTAN, cuya ampliación en dirección este es la justificación final para la escalada en curso y la invasión de Ucrania a sangre y fuego. Y con ser esto importante, no lo es menos la posibilidad de que China siga en Taiwan los pasos de Rusia en Ucrania a poco que los aliados occidentales den muestras de debilidad, lo que sería tanto como limitar en gran medida la capacidad de Estados Unidos de influir en la cuenca del Pacífico. “La voluntad compartida por rusos y chinos de revisar el orden existente se ha transformado en una convergencia ideológica”, ha escrito en Le Monde el sinólogo Laurent Malvezin.

En el seno de los gabinetes de crisis de los aliados de la OTAN tienen sentido una vez más las apreciaciones de Henry Kissinger en el ensayo Orden mundial acerca del comportamiento de Rusia frente a sus vecinos del oeste por “un cuestionamiento implícito al tradicional concepto europeo de orden internacional, basado en el equilibrio y la restricción”. Si el poder de la razón y la lógica forma parte de la herencia cultural europea, que se remonta a la Ilustración, los datos históricos demuestran a ojos de Kissinger que el binomio razón-lógica ha contribuido con mucha frecuencia a desgarrar Europa. Si hoy la razón y la lógica llevaban a suponer que Putin no iba a coger el fusil, pero finalmente lo ha cogido, acaso haya que dar la razón a Kissinger cuando reclama “una especie de intuición” para gestionar la realidad de un mundo extremadamente complejo.

Dentro de tal complejidad, el analista David Ignatius comparte en The Washington Post una impresión compartida por una opinión pública en plena crisis de ansiedad: “El ataque de Putin despierta los fantasmas de la guerra que han atenazado Europa durante siglos”. Pero, al mismo tiempo, subraya la soledad que lleva a los agredidos a la derrota: “Decenas de naciones han condenado la invasión. Pero el hecho desgarrador es que Ucrania está luchando sola contra Putin”. O lo que es lo mismo, la implicación en la crisis de cuatro potencias nucleares –Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Francia– ha dejado las manos libres al Ejército ruso para llegar hasta Kiev; el poder disuasorio de los arsenales nucleares ha disuadido a los potenciales aliados de Ucrania a acudir en su ayuda, persuadidos de que una escalada sin freno es inasumible.

Ese dato insoslayable es evidente en el discurso de Putin para justificar el ataque, en el del presidente Joe Biden para condenarlo y en el de todos los gobernantes europeos. Toda comparación con el pasado es fundamentalmente inconsistente porque nunca antes se dio en el solar europeo un choque de intereses con los arsenales en disposición de asegurar la destrucción mutua, un concepto asociado a este otro: el equilibrio del terror. La idea de la paz armada –principios del siglo XX– mutó en coexistencia pacífica forzosa cuando las superpotencias llevaron el paroxismo bélico al borde del abismo (la crisis de los misiles cubanos, octubre de 1962).

Por lo demás, las guerras híbridas pueden causar tanto daño o más del provocado en el pasado por las divisiones acorazadas. Basta imaginar cuál sería el daño causado a la economía rusa si en una tercera tanda de sanciones decidiese la Unión Europea sacar a Rusia del sistema Swift de transacciones financieras. De momento, Alemania se opone a tomar tal medida, pero en ningún lugar está escrito que sea esta una posición inamovible, de tal manera que ahí está la posibilidad de aislar por completo una economía extremadamente vulnerable, poco diversificada, que se traduce en un PIB a medio camino entre el de España y el de Italia. No digamos si a esto se suma la guerra cibernética, que Rusia practica con desparpajo desde hace años y que puede paralizar el funcionamiento ordinario de un Estado.

Lo más realista es decir que esto no ha hecho más que empezar, que no hay forma de prever la profundidad de los cambios derivados de la invasión de Ucrania. No porque la suerte de la guerra no esté decidida, que lo está, sino porque ha saltado por los aires el diseño de la seguridad en Europa, cambiará por completo la relación de Occidente con Rusia, está por desvelar cuál será la vinculación de China con la estrategia de Putin y lo está también saber cuál será el impacto de las sanciones en la vida cotidiana de los rusos, de cuya capacidad de resistencia y adaptación a las privaciones nadie puede dudar (léase el libro Cinco inviernos, de Olga Merino).

Eso último es asimismo aplicable a la sociedad ucraniana. Cuando Pilar Bonet definió en El País a Ucrania como “una sociedad bipolar” –la influencia rusa en el este, la europea en el oeste–, añadió algo sustantivo: ambas experimentaron la represión soviética. Lo que hoy, en plena guerra, es tanto como decir que la derrota de las armas ucranianas en el campo de batalla está asegurada, pero la capacidad de resistencia y hostigamiento de los vencidos nadie lo conoce. Y ese dato, sea cual sea su dimensión real, también contará en el futuro tanto como este otro: la determinación de la OTAN para que Putin desista de acosar a las repúblicas bálticas, miembros de la Alianza, protegidas, por lo tanto, por el artículo 5 de la Carta Atlántica: el ataque a un socio de la OTAN es un ataque a toda la organización. El futuro ha quedado envuelto en una niebla venenosa.

 

Un tiro en cada pie del PP

La insólita pelea que amenaza con despedazar al Partido Popular está lejos de ser una adaptación posmoderna de una tragedia shakespeariana y anda muy cerca del goyesco Duelo a garrotazos, el famoso cuadro en el que dos hombres, con las piernas hundidas en la tierra, es imposible que salgan indemnes de la disputa que los enfrenta. La insensatez se ha adueñado del primer partido de la oposición, embarcado en una lucha fratricida que deja sin efecto cuanto hasta el jueves parecía ser el asunto inmediato a debatir por la derecha española: ¿debe el PP compartir el poder con Vox allí donde le haga falta para disponer de la mayoría para gobernar o debe sumarse al cordón sanitario para aislar al partido ultra y proteger la cultura democrática de las arremetidas de sus adversarios?

Habita la semilla de la división irremediable en el paso dado por Isabel Díaz Ayuso para ocultar detrás de una cortina de humo el posible caso de corrupción que alienta en la compra de mascarillas por la Comunidad de Madrid, en abril de 2020, por valor de 1,5 millones de euros, con el hermano de la presidenta como privilegiado comisionista de la operación –286.000 euros, según parece–, un entramado típico de mordida, especialmente sórdido por el momento en que se produjo, en plena pandemia, con cientos de muertos todos los días. La misma semilla germina en forma de división en las explicaciones dadas por José Luis Martínez-Almeida en su condición de alcalde de Madrid, que no de portavoz nacional del PP, una diferenciación imposible en pleno paroxismo, y también se detecta el germen de la división en la comparecencia de Teodoro García Egea, tan agresiva como la crisis misma. Por no hablar de la decisión de Pablo Casado de dar explicaciones en el estudio de la COPE en vez de hacerlo en una conferencia de prensa abierta a todos los medios.

Hay demasiados estrategas de la guerra sucia en la división del partido como para que quepa suturar la herida, aunque quede a la vista de todo el mundo la cicatriz de la refriega (una más, una de tantas). No es posible vaticinar quién puede ganar el envite –nadie, seguramente– y quién deberá retirarse del campo de batalla sin poder gritar siquiera, como Ricardo III lo hace en todos los escenarios del mundo, “mi reino por un caballo”. Solo es posible intuir que planea sobre el futuro la sombra de la escisión, la eficacia del populismo practicado por Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez mediante, para movilizar a los afectos a su causa; planea también el beneficio inmediato que puede sacar Vox del lamentable espectáculo; planea, en fin, la zozobra en las áreas de poder de las que dispone el PP en diferentes comunidades autónomas, coligado con Ciudadanos o sustentado en el apoyo parlamentario de la extrema derecha.

Del deleznable espíritu cainita que se manifiesta en la crisis, nadie puede salir indemne. Todos los cortafuegos son ineficaces cuando el incendio ha penetrado en el bosque; nada sanea la atmósfera emponzoñada el apartamiento de subalternos –Ángel Carromero, uno de ellos–, sino que alimenta la sospecha de que, de una forma u otra, hubo una trama en el interior del PP para contener la ambición de Díaz Ayuso (el recurso al espionaje, el detective privado que no quiso enfangarse en la operación). Incluso es posible prever en los despachos de la calle Génova, con el expediente informativo sobre la mesa, que la presidenta de Madrid líe el petate y vaya en busca del apoyo de Vox para crispar más la situación y poner al PP entre la espada y la pared más de lo que ya lo está.

Las encuestas que a buen seguro aparecerán a no tardar arrojarán luz sobre cuánto puede costarle al PP la pelea interna por el poder en la que se ha enzarzado. Como es sabido, cabe atraer a toda la opinión pública durante algún tiempo y a una parte de la opinión pública durante todo el tiempo, pero es imposible atraer a toda la opinión pública durante todo el tiempo, incluso en sistemas totalitarios de largo recorrido. Esto es, hay que ver cuál es el grado de fidelidad de los votantes del PP y cuál es la parte de estos que prefieren acomodarse a otras ofertas, existentes ahora o que puedan aparecer en el futuro, fruto de una eventual escisión del PP. De hecho, como ha subrayado Enric Juliana en La Vanguardia, los populares ya han pasado por una experiencia similar con la transferencia de votantes a Vox, un conglomerado desgajado del conservadurismo templado y dirigido por Santiago Abascal, un antiguo militante del PP.

Todo adquiere así un aire de provisionalidad, de incertidumbre irremediable, mientras se multiplican las declaraciones rotundas a ambos lados de la divisoria sin la posibilidad de dilucidar lo enunciado por Walter Lippmann en el clásico La opinión pública: ¿propenderá el universo conservador a guiarse por imágenes preexistentes –el PP como única alternativa potencial al gobierno de la izquierda– o reaccionará de forma diferente a partir de un juicio crítico de los acontecimientos en curso? Puesto que no hay antecedentes de una crisis similar en el sistema de partidos en España, solo cabe esperar y ver; carece de sentido buscar referencias apropiadas en crisis como la muy viva en el Partido Conservador británico o en el desfondamiento de Forza Italia hace unos años.

Es más aleccionadora, aunque mucho más antigua, la atención que en su día prestó Maurice Duverger al “círculo interior” de los partidos políticos. Se encuentra en este núcleo el poder real de un partido de puertas adentro y, como consecuencia, de puertas afuera, pero si este espacio exclusivo no controla todos los frentes y se cuartea en facciones, pierde progresivamente la iniciativa. Si este es el caso del PP, y parece que algo hay de eso en su crisis a voces, el futuro se presiente borrascoso y el liderazgo se pone en discusión. Ignacio Escolar lo resume en Eldiario en muy pocas palabras: “Esta nueva guerra en el PP no es comparable, ni siquiera, a la que se vivió entre Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Porque en aquella época el presidente del PP era más fuerte de lo que lo es Pablo Casado hoy. Entonces tampoco existía Vox”.

Decir que el PP se ha descerrajado un tiro en un pie es más que insuficiente. Los tiros han sido por lo menos dos, uno en cada pie, y eso hace harto difícil mantener el equilibrio.

Portugal reprueba el oportunismo

El resultado de las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo en Portugal contiene una inestimable lección para cuantos se entregan al oportunismo político. La mayoría absoluta obtenida por el Partido Socialista (PS) y el descalabro de las otras dos patas de la geringonça –el Bloque de Izquierdas y el Partido Comunista–, la mayoría parlamentaria armada por el primer ministro António Costa para gobernar desde 2015 hasta finales de 2021, demuestra que el cuerpo electoral, ante juegos de manos indescifrables, cuando no indefendibles, opta por la estabilidad, la eficacia en la gestión y la claridad de ideas. Creyeron el Bloque y los comunistas que la no aprobación del presupuesto y la consiguiente caída del Gobierno les ponía en franquicia una mayor influencia, acaso les permitiría forzar un Ejecutivo de coalición después de las elecciones; lo que sucedió en la práctica fue que gran parte de su electorado se fue en busca de la seguridad y la continuidad y votó a los candidatos socialistas. He aquí la lección.

En tiempos inciertos como los de la pandemia y la reconstrucción de economías muy dañadas por la hibernación forzosa de 2020, los comportamientos aventurados suelen estrellarse en el muro de la realidad. Que un Gobierno enfrentado al desafío de gestionar la pandemia y atender necesidades perentorias salga de las urnas con mayoría absoluta debería alertar a los prestidigitadores de la charcutería política. Es tan infrecuente en el paisaje europeo que un partido obtenga la mayoría absoluta después de someterse al desgaste que supone gobernar en condiciones excepcionalmente complejas, que el éxito de Costa resulta especialmente relevante.

No es menos significativo que los sondeos, que llegaron a otorgar la victoria al Partido Social Demócrata (PSD), conservador, equivocaran estrepitosamente los vaticinios. Los cálculos se hicieron en la creencia de una distribución más o menos equilibrada de los votantes indecisos, pero estos, en última instancia, no hicieron más que buscar cobijo en las garantías exhibidas por el Gobierno saliente y rechazaron las razones manejadas por los aliados del PS para descarrilar el proyecto de presupuesto para 2022. Como ha explicado en Dário de Notícias el especialista en demoscopia Almeida Ribeiro, “los sondeos nos dicen con certidumbre razonable cuál es la intención del 90% de los electores, pero no nos dicen con el mismo grado de certidumbre la intención del 10% de votantes que llamamos normalmente indecisos”. Un margen de error acrecentado en el caso de las legislativas portuguesas por el aumento de la participación y la erosión del voto conservador, una parte del cual se decantó por Chega, la extrema derecha encabezada por André Ventura.

Así sucede que mientras un editorialista del periódico lisboeta Público se pregunta “hacia dónde va António Costa”, un interrogante retórico, la reacción de los votantes parece responder en primera instancia a la sensación de disenso sin fundamento dejado por los aliados hasta entonces del primer ministro. O lo que quizá haya sido aún peor para el Bloque y los comunistas: transmitieron la impresión de que la decisión de no apoyar el presupuesto fue un movimiento oportunista, sin razones de peso para poner la geringonça patas arriba.

Durante un curso de verano, finales de los años 90, Mário Soares explicó que cuando los electores no aciertan a comprender a qué obedece el comportamiento de un dirigente político, este acaba siendo víctima de su falta de claridad o de un exceso de osadía. El propio Soares pasó por alguna experiencia de este tipo, pero el fenómeno no se circunscribe a Portugal, a los usos y costumbres de un sistema con dos grandes partidos y un pelotón de pequeños aspirantes a ser aliados de los dos grandes. Es lo que con alguna frecuencia se ha llamado bipartidismo imperfecto, que es capaz de procurar episodios de estabilidad emocional cuando uno de los dos grandes logra la mayoría absoluta con la holgura que lo ha hecho Costa (ganó en 19 de las 20 circunscripciones).

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa, un conservador con gancho y buen olfato político, entendió que, efectivamente, quienes iban a pagar por el atrevimiento de tumbar un Gobierno notablemente popular serían quienes no quisieron apoyar el presupuesto. De forma que coligió que cuanto menor fuese el tiempo empleado en la interinidad de un proceso electoral, más pronto se encauzaría aquello que en Portugal y en todas partes importa por encima de cualquier otra consideración: salir del periodo de excepción provocado por la pandemia con el menor parte de daños posible. Así lo entendió también el centro político y el universo económico, que apenas se movilizó para que Rui Rio, el líder del PSD, pudiera presumir de ser su candidato.

El filósofo alemán Peter Sloterdijk sostiene que los europeos se han refugiado en el privatism, la prioridad de la vida privada. Puede decirse que son muchos los que han renunciado a ser actores políticos más allá del vínculo periódico con el sistema a través de las elecciones, convencidos de que prevalece “la democracia sin el pueblo” –título de un ensayo de Maurice Duverger– y no hay forma de modificar el rumbo de los acontecimientos. Visto lo sucedido en Portugal, parece que las cosas no tienen por qué ser siempre así y de hecho no lo son: la reacción de los votantes ha corregido a una parte de las élites, empeñadas en adentrarse en territorios que tienen poco o nada que ver con la percepción de la calle acerca de la naturaleza de lo que sucede en cada momento.

 

Mar embravecido en Ucrania

Llegada la crisis de Ucrania al territorio de los aspavientos en público, podría ser sumamente revelador conocer cómo se desarrollan los acontecimientos bajo la superficie de un mar encrespado. Se llame a esto diplomacia secreta o labor de inteligencia, o ambas cosas al mismo tiempo, importa saber siempre quiénes mueven los hilos para lograr un desenlace no traumático en una crisis que reúne todos los ingredientes de la exasperación. Tal estado de ánimo es detectable en el campo euroatlántico y en el ruso más allá de la propaganda y de la versión oficial que suministran los portavoces del Kremlin y de la Casa Blanca. En su empeño por transmitir una determinación ilimitada, tales voceros contribuyen a alterar el pulso a opiniones públicas más inclinadas a temer lo peor que a confiar en que, en última instancia, se imponga la razón.

Los precedentes de acuerdos logrados entre bambalinas son demasiado abundantes como para descartar que esta vez, vencido el plazo de la retórica apocalíptica, sea posible una salida honorable y defendible por todas las partes, aunque cada una se presente como vencedora de la crisis para consumo interno. Los perjuicios asociados a una salida no equilibrada resultan demasiado evidentes y predecibles; los factores de vulnerabilidad de unos y otros ahí están, con la repercusión económica negativa en primer plano de las predicciones. Porque la Unión Europea y Estados Unidos ya han amenazado a Rusia con sanciones de un alcance desconocido hasta la fecha si desencadena alguna forma de ataque o injerencia en la política interna ucraniana y porque, sin duda alguna, un corte del suministro de gas ruso a Europa, incluso siendo remediable mediante el recurso a nuevos proveedores, dispararía los precios de la energía y, en cascada, de casi todo, y la recuperación prevista para 2022 quedaría tan hipotecada como poner coto a la inflación.

En un largo comentario firmado por Tom McTague en el mensual progresista estadounidense The Atlantic, se subrayan las contradicciones que debe afrontar el bloque occidental, englobado en la OTAN, tanto desde la perspectiva europea como desde el punto de vista de Estados Unidos. Defiende McTague que las tres grandes potencias europeas –el Reino Unido, Alemania y Francia– afrontan la crisis desde posiciones y objetivos no coincidentes. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden quiere proyectar una imagen de fuerza, pero es consciente de que el premio inherente al desenlace de la crisis puede ser para Rusia acabar o por lo menos reducir el papel determinante desempeñado en Europa por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con el análisis de McTague, Boris Johnson quiere aprovechar el momento para reforzar el papel británico en el seno de la OTAN; para el premier, “lo más importante en la política mundial es el zeitgeist, sean o no sólidas las ideas que lo sustentan”. Alemania se empeña en mantener un perfil relativamente bajo para preservar sus vínculos económicos con Rusia a pesar de ser de largo la primera potencia europea. Y Francia intenta conservar su status de medidora indispensable a través de la pervivencia del Cuarteto de Normandia –Francia, Alemania, Ucrania y Rusia–, cuyo mayor logro fue establecer un alto el fuego en el Donbáss, aunque luego se impuso la realidad en el campo de batalla y hoy suman más de 14.000 los muertos habidos en una guerra inconclusa.

“La ironía es que cada posición adoptada por los tres grandes de Europa socava a los otros dos. Estados Unidos sigue siendo el señor paternal de Europa, al igual que lo fue cuando los Balcanes se derrumbaron a principios de la década de 1990, solo que esta vez es un protector envejecido y algo más desaliñado, con enemigos que parecen más fuertes de lo que eran. El resultado, en otras palabras, es la inmovilidad, que, si se es cínico, conviene a todos en Europa: Estados Unidos sigue pagando y no hay que enfrentarse a decisiones difíciles”, escribe McTague. Claro que este esquema de trabajo no es para toda la vida: si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en 2025, volverán los reproches de Washington a los europeos, poco dados a incrementar las partidas destinadas a defensa.

Al final, es de aplicación a la atmósfera europea, por encima de las declaraciones de unidad que prodigan las cancillerías, la primera frase de la novela Ana Karenina: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. La ausencia de desavenencias públicas no puede soslayar esa realidad: en cada capital influyente hay un fondo de insatisfacción, de infelicidad por cómo se gestiona la crisis, por el daño potencial que puede hacer mella en sus intereses inmediatos. Cierto es que la cohesión europea se ha conseguido asentar de una forma razonablemente segura a golpe de sucesivas crisis resueltas sin que nadie pudiese declararse por completo vencedor, pero en esta ocasión, como en los 90 durante la crisis de los Balcanes, los resortes de la tensión interna tienen un origen externo.

Al acudir al criterio de los analistas rusos, también cabe detectar el silencio sobre uno de los grandes temores de Vladimir Putin: que un gesto de fuerza sin paliativos dé como resultado una Ucrania permanentemente antirrusa, hostil, semillero de un conflicto interno que afecte a su poder omnímodo. Aunque a la opinión pública rusa le parece remota la posibilidad de una guerra, y atribuye los vaticinios en este sentido a los medios informativos de Estados Unidos y el Reino Unido, lo cierto es que es cada vez menor el margen de seguridad para evitar que se acelere la escalada. Esto es, nadie quiere que la crisis ucraniana derive en una guerra, pero hay demasiada agitación en ese mar embravecido, tan alejado de las sutilezas del ajedrez y tan cercano a una confrontación sin las reglas no escritas que en el pasado acotaron la guerra fría.

Ucrania bien vale un acuerdo

Ucrania bien vale un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, puede decirse parafraseando al rey Enrique IV de Francia, pero hasta que ambas partes lleguen a esta conclusión se expone Europa a una crisis malcarada. Porque la diplomacia de las amenazas y de las exigencias desaforadas se ha adueñado del escenario y ni una parte ni la otra quieren dar la impresión de que abandonan la disputa y se pliegan a los requerimientos de su rival. Sumergidos en la lógica de una guerra fría con reglas nuevas que hace falta explicitar y entregados Vladimir Putin y Joe Biden a ejercitarse en el lenguaje del desafío, el futuro se llena de incógnitas y la Unión Europea se antoja una vez un actor débil a escala internacional incluso cuando el disenso la afecta directamente.

La operación emprendida por Putin para recuperar el orgullo nacional mediante una reconstrucción sui géneris del espacio de poder que fue la Unión Soviética y, de paso, afianzarse en el papel de líder de una autocracia, no tiene marcha atrás. La euforia desmedida de Occidente durante los acontecimientos que se desarrollaron entre la caída del Muro de Berlín (9 de noviembre de 1989) y la extinción de la URSS (25 de diciembre de 1991) están en el origen del agravio ruso, que se concretó durante la presidencia de Boris Yeltsin, viva imagen de la implosión de una gran potencia. Mientras tal cosa sucedió se afianzó la imagen de hiperpotencia de Estados Unidos, único actor a escala planetaria teóricamente capaz de organizar la posguerra fría sin competidores con medios para discutirle su papel. China era una mera hipótesis de futuro, un universo que necesitaba transformar su economía para disponer de una voz propia determinante.

El tránsito de Boris Yeltsin a Vladimir Putin significó una reordenación de la capacidad del Estado para recuperar la identidad perdida y culminar el cambio de la economía hacia un capitalismo sin rostro humano salvo el de los oligarcas, piedras sillares en el afianzamiento del presidente. Pero cuando Rusia estuvo en condiciones de llamar de nuevo la atención a la OTAN, se habían consumado tres realidades nuevas: la ampliación de la UE en dirección al este, el ingreso en la OTAN de los antiguos integrantes del Pacto de Varsovia y aun de territorios tan tenidos como propios por Rusia como las repúblicas bálticas y la conversión de China en gran potencia económica en condiciones de disputar la hegemonía a Estados Unidos –por lo menos, igualarla– y aspirante a liderar la revolución tecnológica.

Todo esto significó para Rusia verse abocada a disputar una competición por encima de su peso, como ha dicho el profesor Fernando Vallespín. No puede hoy Rusia jugar la misma liga que Estados Unidos y China, pero sigue siendo una gran potencia militar con intereses específicos y la sensación de que, de Bielorrusia a Kazajistán, es posible recuperar el espacio perdido, o por lo menos una parte de él, aunque sea con otras reglas. A nadie puede extrañar, entonces, que Rusia reclame garantías a la OTAN de que no se aproximará a sus fronteras más de lo que ya lo está, de que ni Ucrania ni Georgia ingresarán en ella y de que el Estado-continente que es Rusia será un actor principal y reconocido en los acontecimientos que se desarrollan en su periferia.

Las exigencias son desmesuradas, pero no están desvinculadas de la realidad: la OTAN aprobó en 2008 la posible entrada de Ucrania y Georgia, pero desde aquel año no ha dado un solo paso en esa dirección. Es más, cuando el presidente georgiano Mijail Saakashvili, el mismo 2008, creyó que tendría de su parte a la OTAN en su enfrentamiento con Moscú, cometió un error de cálculo histórico: la Alianza no hizo ningún gesto significativo en su favor y Georgia acabó perdiendo Abjasia y Osetia del Sur, reconocidas por Rusia como estados independientes (en realidad, territorios sometidos a vasallaje). Como dice Javier Solana, la adhesión de Ucrania a la OTAN no es algo que, hasta la fecha, figure en la agenda de Occidente, una situación que no cambió ni con la anexión rusa de la península de Crimea ni con la crisis del Donbass, aún hoy una guerra de baja intensidad.

Todo lo cual lleva a la conclusión de que el calentamiento de la crisis en Ucrania presagia un juego de suma cero en el que cualquier modificación del statu quo entraña muchos riesgos y pocos o ningún beneficio. La determinación de Estados Unidos de dopar al Ejército de Ucrania con una ayuda de 600 millones de dólares, unido a las amenazas de Joe Biden y a la reconocida incontinencia verbal de Vladimir Putin, apoyada en el despliegue militar en la frontera oriental de Ucrania, no es la mejor preparación para dar con la tecla que desactive los peligros latentes. La ausencia de la Unión Europea abunda en esa percepción de que un actor adscrito al soft power, que podría serenar la discusión, persevera una vez más en el viejo esquema de apoyo a Estados Unidos cuando probablemente la Casa Blanca es parte del problema y lo que se precisa en estos cosas es una voz que se manifieste desde una posición menos comprometida.

Algunos análisis desapasionados han llegado a la conclusión de que el primer paso que debe dar Estados Unidos para disputar con posibilidades la carrera con China es debilitar el matrimonio de conveniencia establecido por Vladimir Putin con Xi Jinping. En caso contrario, esa alianza será un elemento de presión permanente como lo es la tutela china de Corea del Norte frente a la otra Corea y a Japón. Por decirlo con palabras escritas por un editorialista de Global China, “la cooperación con Rusia es algo deseable y necesario”, una frase con un significado preciso y elocuente. No hay en la crisis ucraniana nada que pueda debilitar su significado salvo que una tercera voz sea capaz de realzar las contradicciones inherentes a la asimetría entre una gran potencia en ascenso (China) y otra en aparatosa reconstrucción (Rusia). Si esta voz fuese la europea –con el gas ruso y la nueva Ruta de la Seda sobre la mesa–, todo quizá sería más fácil, pero hay un encanallamiento de la crisis que bloquea de momento cualquier salida razonable.

En cierta ocasión, un periodista preguntó a Jacques Delors, a la sazón presidente de la Comisión, qué papel debían desempeñar los socios europeos en el ordenamiento de Europa Oriental después de la desaparición de la URSS. La respuesta de Delors es tan válida ahora como lo fue entonces: “Si no sabemos defender nuestros intereses, nadie los defenderá”. Esa es la cuestión mientras Anthony Blinken y Sergei Lavrov intercambian frases amenazantes por orden de sus jefes.

Con Andrés llegó el escándalo

El día antes de que la reina Isabel II desposeyera al príncipe Andrés de sus títulos militares y patronatos reales, David McClure daba en el diario The Guardian con la expresión precisa para resumir el sentido de la decisión tomada en el palacio de Buckingham: limitar los daños derivado del juicio que el hijo de la soberana deberá afrontar en Nueva York. La acusación de abuso sexual a menores es lo suficientemente grave y explícita en el seno del escándalo Epstein-Maxwell como para poner el parche antes que la herida y para que, al mismo tiempo, cunda en la opinión pública la sensación de que la impunidad forma parte del estatus social de un exclusivo grupo de personajes radicados en la vecindad de la corona.

En la reacción de la reina se detecta el rastro de a un aprendizaje a la fuerza. Desde la entrevista con Diana de Gales en la BBC, confesionario público que sirvió para desvelar su extraño matrimonio con el príncipe Carlos, la casa de Windsor se ha especializado en dar pábulo a toda clase de rumores, insinuaciones y rarezas, por lo general confirmadas y enseguida engrandecidas, exageradas por el griterío de los tabloides. Si a alguien le pudo parecer desmesurada –algo improbable– la foto fija de la familia real a la muerte de la princesa Diana en la película The Queen o la crónica del reinado de Isabel II en The Crown, las sospechas que arrostra Andrés, presunto compinche de Jeffrey Epstein, le habrá llevado a concluir que la realidad es la que es y no hay forma de esconderla permanentemente en el seno de la aldea global.

Si las monarquías lograron blindarse durante siglos del escrutinio pública, hoy tal cosa es del todo imposible. La ejemplaridad otorgada a las familias reinantes, la legitimación sin concurso de los ciudadanos, su condición de encarnación del Estado son atributos que hoy no dejan de ser un legado del pasado que las monarquías de países democráticos sobrellevan gracias al viejo principio resumido en la frase “el rey reina, pero no gobierno”. El problema surge -un verdadero choque en entornos conservadores- cuando el halo de misterio y opacidad de palacio se rompe con el estruendo de una tormenta persistente.

De la misma manera que muchos escritores sostienen que, de hecho, siempre escriben sobre el mismo tema –tienen “un único terreno”, sostuvo Joan Didion en una celebrada conferencia–, las monarquías europeas se asientan también en la legitimación a través de la ejemplaridad (su único terreno). Cuando aparecen fallas en el terreno, entra en discusión el carácter reservado, exclusivo, impenetrable de palacio y su entorno. Cuando, además, se expande la sensación de que dentro de la torre de marfil cabe la impunidad, se desmorona la ficción de la familia ejemplar, de la referencia moral, aunque la mayoría o muchos de sus miembros se atengan a la decencia y a la ley que rige para el resto de ciudadanos.

En el caso del príncipe Andrés concurren datos inasumibles en una sociedad especialmente sensible ante los delitos que tienen como víctimas a menores, al tráfico sexual, a la violencia extrema que entraña vulnerar las reglas más elementales de la moral pública y privada. Como escribe Sean O’Grady en Independent, los hábitos añejos no tienen acomodo en este asunto: “Palacio solía tener una costumbre desafortunada de ignorar las críticas y los problemas, esperando que desaparecieran. Realmente ya no puede hacerlo, al menos en este caso”. Quizá en ninguno; quizá “la victoria de las mujeres” –otra vez O’Grady– que significa el procesamiento del príncipe es un camino sin retorno posible, y acaso la única salida honorable que le queda al encausado es llegar a un acuerdo de conciliación –un reconocimiento implícito de culpabilidad al fin– si es que la demandante, Virginia Giuffre, se aviene al arreglo, algo cuando menos dudoso porque da la impresión es que está más interesada en que se reconozca el delito que en una compensación económica.

Precisamente ahí radica la parte más espinosa del asunto: que el procedimiento civil no acabe en conciliación. Incluso para una monarquía asentada e indiscutida como la británica, resulta perturbadora la posibilidad de ver al príncipe, al hijo de la reina, al duque de York, perejil durante años de todas las salsas, sentado en una sala de justicia y con el riesgo evidente de ser condenado. Pero ha pasado demasiada agua bajo los puentes de Londres desde que hubo noticia de las primeras sospechas como para creer que un atajo legal resultaría menos dañino para la imagen de la institución. Este es incluso el parecer de muchos constitucionalistas, que creen que la única forma de salvaguardar la corona es actuar en el sentido que lo ha hecho Isabel II.

Un editorialista ha escrito que “el principio de ocultación” puede ser tanto o más lesivo que el desenlace judicial. Ingrid Seward subraya en The New Statesman que el duque de York “ha llevado a la familia real a una pesadilla de relaciones públicas: sus abogados han usado tantas lagunas legales para escapar del tribunal que la percepción de que es culpable ha aumentado”. Y no hay manera de que, como por ensalmo, la atmósfera viciada se desvanezca; no hay táctica posible para contrarrestar en las redes sociales, en los grandes medios, en las conversaciones a pie de calle la percepción de que del príncipe abusó de su posición privilegiada para tener un comportamiento por completo inaceptable.

Puede que el coste institucional de todo ello debiera tener advertidos a otros entornos reales -el de España, entre ellos-, porque el índice de tolerancia de la opinión pública no es hoy el que fue en el pasado. La existencia de un papel representativo heredado, cerrado, garantizado de generación en generación no cosecha las unanimidades de ayer, siquiera sea porque la igualdad ante la ley es bastante más que una frase para un número creciente de ciudadanos. Dicho de otra forma: nada ni nadie está a salvo del desgaste causado por el paso del tiempo.

Fractura agravada en Estados Unidos

La multiplicación de voces que otean el horizonte electoral de Estados Unidos y ven en peligro la democracia constituyen un indicio cierto de los riesgos a los que se enfrenta un país dividido y a expensas de nuevas sacudidas si los resultados del próximo 8 de noviembre no casan con las expectativas del trumpismo. Basta atenerse al precedente de la elección presidencial de 2020 para llegar a la conclusión de que el grueso del Partido Republicano, y aún más el electorado conservador de la llamada América profunda, dan por descontada la victoria y ningún resultado que difiera de tal convencimiento a priori será considerado fruto de un escrutinio limpio. Donald Trump indicó el camino a seguir al no aceptar el triunfo de Joe Biden y su estrategia de intoxicación de la opinión pública se ha visto coronada con el éxito: dos tercios de los votantes republicanos siguen creyendo que a Trump le robaron las elecciones.

¿Estamos encarando una segunda guerra civil? Este es el inquietante titular del último artículo publicado en The New York Times por la respetada columnista Michelle Goldberg. Más allá de la intencionalidad provocativa –ella encuentra “la idea de un colapso total difícil de entender”–, se remite a autores como la profesora Barbara F. Walter, de la Universidad de California, una especialista en la guerra civil (1861-1865), para quienes “una ruptura estadounidense ha dejado de ser improbable”. Una corriente de fondo enormemente compleja, donde encuentran cobijo todos los demonios familiares –la tensión racial, la desconfianza permanente ante el poder de Washington, la dualidad sociedades urbanas-sociedades rurales, el ensimismamiento nacionalista, una cierta convicción mesiánica sobre cuál es la misión histórica de Estados Unidos– y que lleva a vislumbrar un futuro borrascoso donde puede encontrar acomodo la prédica autocrática hasta degenerar el sistema en una democracia mutilada.

El discurso de Biden del 6 enero, primer aniversario del ominoso asalto al Congreso, es significativo en el sentido de advertir sobre los peligros que acechan al sistema más que por la andanada dirigida a Trump, por lo demás muy fácil de compartir por cualquier defensor de la democracia representativa, el Estado de derecho y la normalidad institucional. La llamada de atención del presidente concuerda a grandes rasgos con las alertas difundidas por entidades como International IDEA, cuyo último informe destaca que por quinto año consecutivo los países que enfilan la senda del autoritarismo supera a la de los que enfilan la de la democratización. Y por primera vez incluye a Estados Unidos en el grupo de países con la democracia en retroceso.

La estética en la que se apoya la inercia reactiva del Partido Republicano hasta resultar irreconocible y las multitudes que jalean cada ocurrencia de Trump es un prolegómeno ilustrativo de lo que se avecina si el próximo noviembre consagran las urnas el populismo movilizado que tomó el edificio del Capitolio. Hay demasiados datos que indican que la mitad del país que vota no se reconoce en la progresiva transformación de una sociedad blanca, anglosajona y protestante (wasp) en otra infinitamente más diversificada, fundida en un crisol que tiene poco que ver con el heredado de los padres fundadores. Desde por lo menos la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), la transversalidad ha espoleado la reacción de un conservadurismo anclado en la añoranza de cierta forma inmutable de equilibrio social, cuya primera manifestación fue el Tea Party, tan contenido y limitado en su influencia visto lo que le ha seguido.

Un suceso como el asalto al Congreso solo es posible si detrás de la multitud airada se encuentra un largo proceso de impugnación de la democracia, aunque los impugnadores llamen al activismo radical en defensa de la democracia. Donald Trump y su círculo de asesores no han dado un solo paso para ocupar a codazos espacios de poder sin remitirse a la defensa del sistema democrático, de la transparencia electoral y de la nación frente a sus adversarios interiores y exteriores, pero en la cronología de la presidencia de Trump y en su primer año de líder de facto de la oposición no hay un solo gesto que quepa considerar encaminado a salvaguardar el sistema democrático.

El último artículo de Barton Gellman en el mensual progresista The Atlantic empieza con un párrafo de una rotundidad que hubiese resultado inconcebible hace no demasiados años: “Técnicamente, el próximo intento de derrocar una elección nacional puede no considerarse un golpe. Dependerá de la subversión más que de la violencia, aunque cada una tendrá su espacio. Si el complot tiene éxito, los votos emitidos por los votantes estadounidenses no decidirán la presidencia en 2024. Se desperdiciarán miles de votos, o millones, para producir el efecto requerido. El ganador será declarado perdedor. El perdedor será certificado como presidente electo”. Es deseable que tal cosa no suceda y que los hechos quiten la razón a Gellman, pero es una posibilidad que todo se tuerza a la vista de las modificaciones efectuadas en las leyes electorales de varios estados que autorizan a las autoridades locales  a decidir, llegado el caso, si un determinado tipo o número de votos deben o no contarse, algo que ya intentó Trump en noviembre de 2020 con los votos por correo y los votos anticipados en diferentes estados.

El senador John McCain, un conservador lúcido, consagró el final de su vida a desacreditar la demagogia incendiaria de Trump y sus émulos. “Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todos los rincones del mundo”, declaró poco antes de morir en agosto de 2018. Ahí se halla hoy Estados Unidos, viva imagen de una comunidad dividida hasta el paroxismo, con dos proyectos de futuro sin punto de encuentro posible salvo que a un lado y otro de la divisoria se opte por una fórmula híbrida entre coexistencia y convivencia. Pero hay un encanallamiento en el debate político, un falseamiento sistemático de los datos desde que Joe Biden ganó la Casa Blanca, que hace muy difícil que tal apaciguamiento se produzca a diez meses de unas elecciones que todo el mundo estima determinantes, y con el índice de aceptación del presidente en el 43%. Y sin apaciguamiento, la fractura tenderá a agravarse hasta límites impredecibles.

Boris Johnson, contra las cuerdas

Quizá sea Boris Johnson el político británico que más partido supo sacar al Brexit, pero quizá sea también el que peor ha administrado la salida de la Unión Europea en términos de resultados tangibles y de capacidad para hacerse con la complicidad de la mayoría de cuantos le otorgaron la victoria en las últimas elecciones y lo instalaron en el 10 de Downing Street. Las encuestas coinciden en que Johnson ha malbaratado el capital de popularidad acumulado con el divorcio y hoy no cuenta con el apoyo de más del 30% de los votantes, los laboristas le sacarían diez puntos de ventaja según los sondeos si hoy se convocara a las urnas y la sensación de desbarajuste gana la calle entre escándalos grandes y pequeños. Por si fuera poco, la prensa conservadora ha tirado la toalla en su estrategia justificativa del proceder de Johnson, al que ve como seguro caballo perdedor.

Es posible que Johnson sea más convencional de lo que parece y que aún esté bien considerada en ciertos ambientes la calculado excentricidad atribuida de antiguo a un determinado arquetipo británico, pero en tiempos de penalidades a causa de la pandemia rinde pocos intereses salirse de lo esperado, previsible y necesario. El resultado de la elección en el distrito de North Shropshire, donde ha ganado la candidata liberal demócrata con el 34% de los votos, ha sido descrita por el copresidente del Partido Conservador, Oliver Dowden, como una patada propinada por los votantes, hartos a su entender de un proceder injustificable. Pudiera pensarse que perder un escaño con una participación que no alcanzó el 50% no da para muchos análisis, pero ese no es el caso: en los últimos 189, solo dos veces los conservadores han salido derrotados de North Shropshire.

Peter Walker, analista político del periódico progresista The Guardian, llega a una conclusión que, con otras palabras, comparten incluso algunos editorialistas de medios conservadores: “Si es una especie de cliché que los conservadores pueden ser brutales por la forma que tratan a los líderes que ya no sienten como activos electorales –escribe Walker–, podría decirse que esto es aún más así en el caso de Boris Johnson, cuya principal virtud para muchos de sus parlamentarios fue su atractivo para los votantes. Si eso se ha esfumado, debería estar preocupado”. El recurso al condicional es meramente retórico, porque la pregunta sin respuesta que subyace es la que se formulan muchos pesos pesados del conservadurismo: ¿qué significado hay que dar a la pérdida de un escaño seguro en mitad del fragor de la batalla política desencadenada por las fiestas en Downing Street en los días previos a la Navidad de 2020? Y ya puestos, ¿cuánto daño han causado a la imagen conservadora los gastos suntuarios en el Número 10, cargados por Johnson al presupuesto?

De la misma manera que la campaña destemplada de Johnson para consumar el Brexit y suplir a Theresa May logró alcanzar los objetivos fijados, la destemplanza asociada al desgobierno que transmite el primer ministro reúne muchos de los ingredientes de una crisis política de la que es difícil salir ileso. Edward Heath publicó en 1975 un artículo en el que dejó explicado la que, a su entender, es la misión que compete a los conservadores: “Utilizar la influencia de sus habilidades políticas y diplomáticas para crear un nuevo equilibrio entre los diferentes elementos dentro del Estado en aquellos momentos en que, por una razón u otra, su desequilibrio amenaza con perturbar el desarrollo ordenado de la sociedad”. No es exagerado decir que, a la luz de los acontecimientos, Johnson contribuye a acentuar los desequilibrios.

A demasiados escaparon los antecedentes de Johnson en la alcaldía de Londres cuando se puso al frente de las operaciones para aprovechar la debilidad laborista, ganar las elecciones y culminar el Brexit. Los brexiters se movilizaron y vieron en él alguien parecido al defensor de la exclusividad británica que hace aconsejable no formar parte del club europeo. Sin embargo, el último año ha llevado a ver en el rumbo fijado por Johnson síntomas de inconsistencia en la gestión de los grandes asuntos, de falta de criterio, incluso de caótica improvisación, contrario todo ello a la vieja advertencia de lord Palmerston hace siglo y medio: “En el concierto de las naciones, la debilidad nunca será la base de la seguridad”. Una atmósfera de debilitamiento agravada en el presente por las incertidumbres de futuro, de las consecuencias del Brexit al desafío de la pandemia, de la emergencia climática al papel del Reino Unido en la economía global, que el premier no es capaz de afrontar de una forma razonablemente entendible.

Dos opiniones relevantes en el prestigioso semanario The New Statesman abordan el estado de la cuestión. Para una de sus analistas políticas, Annette Dittert, el problema no se circunscribe a la conducta del primer ministro, sino que el verdadero problema del Reino Unido “son los propios conservadores”, que en gran número se han desmarcado de una de las pocas decisiones sensatas que ha tomado Johnson: “Fijar nuevas medidas contra el covid para proteger a la población”. Que la decisión obedezca a la repercusión que ha tenido en la opinión pública el escándalo de las fiestas le parece a Dittert un pobre argumento para justificarla; más se le antoja que pone en riesgo los cimientos de la democracia al procurar argumentos a los grupos antivacunas y, en general, a los adversarios de la democracia liberal. En las mismas páginas, va más allá David Gauke, exsecretario de Estado de Justicia con Theresa May, que sostiene que lo que realmente importa “no es si el primer ministro está reaccionando de forma exagerada a la variante Ómicron, sino si está reaccionando de forma insuficiente”, una andanada contra los 96 diputados que no apoyaron las medidas llevadas por Johnson a la Cámara de los Comunes.

No hace demasiado, un editorial del diario conservador francés Le Figaro argumentó que al soslayar la realidad inexorable de cuál es la verdadera capacidad de influir del Reino Unido, la política británica había adquirido aires de tragedia shakespeariana. Lo cierto es que este final de año parece más cercano a una caricatura apresurada, huérfana tal política del pragmatismo que cada vez con más frecuencia echa en falta una opinión pública desorientada. Hay algo de permanentemente destemplado e inconsistente en el comportamiento de Johnson que acaso sea la causa primera y última de su desmoronamiento, de ese presagio que cada vez le acerca más a una situación imposible ante la rebelión de un ala de la mayoría conservadora en el Parlamento. Se diría que los enormes desafíos que debe enfrentar Boris Johnson han dado la medida de su incapacidad manifiesta para gobernar con solvencia.

Biden convoca a los aliados

La Cumbre por la Democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha emitido señales precisamente tranquilizadoras los pasados jueves y viernes. No dejó de ser chocante que más de un centenar de países fueran invitados a participar en un tótum revolutum en el que lo mismo cabían las viejas democracias europeas que Pakistán, Filipinas e Irak, con credenciales democráticas más que exiguas, y no, en cambio, China y Rusia, que también tienen poco que decir en orden a preservar y desarrollar la democracia, pero que son actores internacionales de primera magnitud. No pasó en absoluto inadvertido que estuviese Brasil, cuyo presidente muestra un compromiso limitadísimo con la democracia, y faltase Bolivia, que remedió mediante un proceso democrático perfectamente pautado los efectos del golpe de Estado que echó a Evo Morales de la presidencia.

Más que una Cumbre por la Democracia, pareció una asamblea de aliados de Estados Unidos y un reconocimiento más –no será el último– de que las vías de comunicación y coexistencia entre Washington, Pekín y Moscú funcionan cada vez peor. El corresponsal de The Washington Post en Taiwan, Christian Shepherd, fue más sangrante al analizar la composición del cónclave: Biden ha abrazado, escribió, “la creencia de que la democracia es como una cadena de comida rápida en la que Estados Unidos suministra los ingredientes”. Algo que llevó al mismo autor a preguntarse si la democracia estadounidense “realiza sueños o crea pesadillas”.

Sería una simplificación considerar que Biden actuó con un criterio maniqueo, dividir el mundo en buenos y malos. Es más probable que la estrategia seguida por la Casa Blanca obedeciera a la necesidad de agrupar efectivos a causa de la distancia cada vez mayor entre potencias con intereses enfrentados. Porque si bien es cierto que la impugnación de la democracia por China y Rusia no hace más que explotar la sensación de crisis en los fundamentos históricos del Estado de derecho, el ejercicio de las libertades y el respeto por los derechos humanos, es improbable que el saneamiento de la democracia pueda hacerse a espaldas de una parte de la comunidad internacional que ocupa un enorme espacio de poder.

Como explica el profesor Daniel Innerarity en Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI, las democracias han sufrido un desgaste y las instituciones deben afrontar una realidad nueva: la necesidad del aprendizaje permanente en un mundo cambiante. En una entrevista en El País, Innerarity sostiene que “resetear la democracia” debe “estar presidido por cómo conseguir realizar (no adaptar) los ideales irrenunciables de la democracia en contextos y situaciones que van cambiando con el paso del tiempo”. No es precisamente eso lo que hace Biden, sino que se adapta a dos datos objetivos: la sintonía con China se mantiene dentro de los parámetros de confrontación establecidos por Donald Trump y la relación con Rusia transita por el sendero de la degradación.

Desde la trinchera de los grandes excluidos se da la coincidencia de que tanto Xi Jinping como Vladimir Putin desean legitimar su poder. Charles Parton, miembro del think tank británico Council on Geoestrategy, dice que por primera vez China “quiere cambiar el mundo en el ámbito ideológico”.  En el enfado chino con Biden ve la confirmación de que la gran potencia asiática está dispuesta “a disminuir el poder ideológico de Estados Unidos porque al hacerlo aumenta el suyo”. Acaso no sea el mismo caso de Rusia, que mantiene la ficción democrática a través de una autocracia encubierta donde la oposición suele acabar en la cárcel o en el exilio. En ambos casos, la naturaleza política de sus aliados carece de significado, pero eso no es una gran novedad; demasiadas veces sigue vigente en Occidente –para muestra, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas– la frase que Franklin Delano Roosevelt dedicó a Anastasio Somoza, dictador nicaragüense: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Otra vez surge la pregunta: ¿estamos ante una nueva guerra fría? Y aun esta otra: ¿la guerra híbrida es una nueva versión de la guerra fría? Porque la confrontación mediante herramientas que no son ingenios militares, sino intromisiones en la política interior de los estados o crisis inducidas entre bloques da la sensación de que proliferarán en igual medida que se tensarán las relaciones entre contrincantes, adversarios o competidores. Algo que inevitablemente lleva a formular esa otra pregunta: ¿hasta qué punto entraña riesgos la escalada en curso?

El analista estadounidense Jeffrey Bristol parte de la hipótesis de que su país ya no es la potencia hegemónica que fue, y se ve obligado a operar “en un entorno global de naciones emergentes cuyos intereses solo a veces se alinean con los de Estados Unidos”. Y a partir de ahí entiende que fue un error que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 fiase la preservación de la paz “a través de la fuerza”. Quizá en el contexto de los conflictos híbridos haya sido un error dejar fuera de la Cumbre por la Democracia a China, Rusia y algún otro actor de peso si es que esta debía servir para relajar las tensiones además de para mejorar la democracia, que sin duda precisa una puesta al día y debe protegerse de las arremetidas de sus adversarios.

Las nuevas tecnologías, la red, la manipulación extrema de los conflictos sociales, la tendencia al proteccionismo económico, el mercado de la energía y un sinfín de recursos de última generación, incluido el auge de la extrema derecha, proporcionan toda suerte de herramientas a los instigadores de las guerras híbridas, muchas, por no decir todas, lesivas para la democracia. Esta es vulnerable por definición y es dudoso que la cumbre convocada por Biden haya servido para fortalecerla en tiempos inciertos.

El aborto divide Estados Unidos

La discusión sobre si el derecho al aborto forma o no parte de los derechos humanos ha llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos a través de la causa Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, nombre de la única clínica que practica abortos en el estado de Misisipi, de mayoría republicana. El conglomerado de organizaciones políticas, religiosas y de todo tipo que vieron en Donald Trump el ejecutor capaz de hacer realidad sus ensoñaciones, sostiene que el derecho al aborto es inexistente y atenta contra los derechos del no nacido. Los defensores del derecho de la mujer a abortar, y con ellos las democracias avanzadas, que han aprobado regulaciones liberales del aborto, se cogen a la doctrina de las Naciones Unidas que estima que la revocación por los jueces estadounidenses de la sentencia Roe contra Wade, año 1973, sería irreconciliable con el derecho internacional, que considera un derecho humano el de las mujeres a abortar.

En la práctica, afrontar el asunto desde esta doble perspectiva no es más que un falseamiento de la realidad y de la repercusión que puede tener que el Tribunal Supremo deje sin efecto la sentencia que emitió hace casi medio siglo. Porque como ha explicado de forma convincente en las páginas de The New York Times Mary Fitzgerald, responsable de comunicación de Open Society Foundations, los argumentos que manejan los recurrentes ante el Supremo “nos dicen cosas preocupantes tanto sobre la salud de la democracia estadounidense como sobre lo que podría suceder si el tribunal revoca Roe contra Wade el próximo año”. Y dichos argumentos quizá constituyen una amenaza futura en manos de los agitadores de todas las formas y mensajes de la extrema derecha a escala planetaria, que ha encontrado en la herencia del trumpismo aquello que durante décadas anduvo buscando.

La composición del Tribunal Supremo hace temer lo peor: seis conservadores y tres progresistas; tres mujeres y seis hombres. Pero eso no es todo: Trump nombró a jueces rematadamente conservadores –Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Barrett– con la promesa de que ayudarán a revocar la sentencia que garantiza el aborto en todos los estados. Es poco menos que innecesario añadir que los argumentos morales del expresidente son una mera cortina de humo o pretexto habida cuenta su trayectoria manifiestamente amoral; lo que importa es mantener unida a la extrema derecha con la inestimable ayuda de diferentes facciones fundamentalistas cristianas.

El debate abierto se prolongará durante meses, probablemente hasta bien entrada la primavera de 2022, pero la impresión es que los seis jueces conservadores están lejos de compartir la opinión de la británica Helena Kennedy, una respetada defensora de los derechos humanos: obligar a una mujer a soportar nueve meses de embarazo es “un trato cruel e inhumano”. Porque si el Tribunal Supremo revoca la sentencia que reconoce el aborto como un derecho a escala federal, cada estado podrá legislar según su conveniencia, prejuicios o necesidades electorales, y en algunos de ellos puede quedar el aborto prohibido casi por completo.

La columnista de The Guardian Moira Donegan cree que a lo máximo que cabe aspirar que salga del Supremo es “un derecho disminuido al aborto” que dejará a criterio de los estados fijar límites que, cabe suponer, imitarán en muchos casos leyes restrictivas como las de Polonia, Hungría y Brasil. Por no hablar de la extravagancia de la doctrina del primer latido –estado de Texas–, que limitaría la posibilidad de abortar a seis semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Todo lo cual abunda en la idea de que hay un riesgo cierto de dañar la calidad de la democracia en Estados Unidos y de revisar algo consustancial a la autonomía de las mujeres: decidir sobre su cuerpo, algo que incomoda por no decir que enerva a los profetas de la tradición, de una configuración patriarcal y sectaria de la sociedad.

No deja de ser paradójico que todo esto suceda al mismo tiempo que México y Argentina, dos países con una larga y consolidada militancia católica, autorizan el aborto. Pues si no se trata de estados confesionales, como tampoco lo es Estados Unidos, no cabe imponer en el siglo XXI aquello que, en gran medida, se sustenta en convicciones morales de raíz religiosa, respetables, pero que solo obligan a quienes las profesan. Las leyes que regulan el aborto pautan un derecho al que se pueden acoger las mujeres, pero no establece ninguna obligación ineludible: depende solo de la decisión autónoma e intransferible de cada mujer. De la misma manera que la maternidad es una posibilidad, pero no una obligación, llevar adelante un embarazo no deseado tampoco lo es; ese es el criterio inmensamente mayoritario en el feminismo se le den las vueltas que se le den.

No deja de ser chocante que las autodenominadas organizaciones provida de todas partes presenten el aborto como algo que no tiene la trascendencia que en realidad tiene para cuantas mujeres deciden acogerse a él. Lo cierto es que todos los especialistas coinciden en señalar que repercute en el doble plano físico y emocional. Pero los adversarios de la ley del aborto en Estados Unidos lo desconocen o lo soslayan y esperan que el Supremo les dé la razón; esperan que criterios de orden religioso se impongan al laicismo consagrado en la Constitución.

Finalmente, todo emite una señal más de la tajante división de una sociedad que parece empeñada en afilar un poco más cada día las aristas de la confrontación. Los espacios para la tregua y la coexistencia se reducen al mismo tiempo que la sociedad liberal y la conservadora tienen enormes dificultades para reconocerse mutuamente como parte de una misma comunidad. En el caso del aborto, además, la arremetida de sus adversarios en las redes sociales ha adquirido la naturaleza de un gran desafío, un anticipo de lo que puede ser la campaña de las elecciones de noviembre en términos de violencia, confiemos en que solo verbal. El problema es que con los agitadores del trumpismo nunca se sabe cómo puede acabar la fiesta.