About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

Facebook pone en evidencia la red

El escándalo en el que se ven envueltas la red social Facebook y la empresa británica Cambridge Analytica confirma la muy difundida sospecha de que las grandes compañías que operan en internet –al menos algunas de ellas– utilizan de forma indiscriminada y voraz los datos de los usuarios, sin estar sujetos a ningún control efectivo, una competencia de los estados, obligados a salvaguardar la vida privada de los ciudadanos. El manejo espurio de 50 millones de perfiles para contaminar la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos –Donald Trump, el presunto beneficiado–, la facilidad para asentar y difundir noticias falsas ante la pasividad de los gestores de las redes sociales y otras lacras relacionadas con la omnipresencia de tales herramientas para distorsionar el juego político dejan indefensa a la opinión pública de los países democráticos. Sometida a un bombardeo de informaciones fragmentadas, imprecisas, de azarosa paternidad o difícilmente comprobable, los ciudadanos carecen de mecanismos de neutralización eficaces y los poderes públicos dan la impresión de estar faltos de útiles a la altura del desafío.

Al mismo tiempo que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se remite con frecuencia a su propósito de crear no solo una empresa, sino de “construir algo que realmente genere un gran cambio en el mundo” –la naturaleza del cambio no se especifica o precisa–, una comitiva de censores se ocupa de velar por el cumplimiento de normas de un puritanismo ridículo y ágrafo –la censura durante un rato de los senos de la Libertad en el famoso cuadro de Delacroix, el último caso–, como si la herencia de las Luces resultara demasiado atrevida para las epidermis sensibles del siglo XXI. Mientras los afiliados a Facebook, un ejército desarmado de decenas de millones de personas, entran en el universo comunicativo diseñado por el joven Zuckenberg, este difunde sorprendentes ideas personales como esta: “La pregunta no es qué queremos saber de la gente, sino qué quieren saber las personas de ellas mismas”. Un eslogan simplista salvo que los usuarios de Facebook, al entrar en la aplicación, acometan sin saberlo la improbable empresa de sustituir el diván del doctor Freud por otra cosa no especificada o identificada.

Todo resulta ser francamente preocupante. Las invocaciones del gran hermano pueden parecer desenfocadas, fruto de espíritus alarmados y propensos a la exageración, pero quizá no lo sean tanto. Un análisis transversal del funcionamiento de las redes sociales –un negocio, al fin– presenta tantas sombras que es una urgencia manifiesta someterlas a las reglas de los estados democráticos para preservar la autonomía de los individuos y fijar pautas precisas que garanticen la confidencialidad de la información personal en poder de Facebook y de otras marcas. Reconocer los errores cometidos, como ha hecho Zuckerberg –¡qué remedio!– no mengua en nada los efectos de la más que probable manipulación de la opinión pública durante la campaña electoral de Estados Unidos en 2016; sus disculpas para nada sirven más de un año después de cerrarse las urnas y entregar la Casa Blanca a Trump.

El castigo de los inversores a Facebook, con una pérdida del valor en la bolsa por encima del 10%, es un acto reflejo del mundo financiero que no suaviza en absoluto la necesidad perentoria de que los estados pongan manos a la obra para cambiar la situación. No es suficiente que los gobiernos se doten de instrumentos para evitar en lo posible los ciberataques e identificar a sus promotores, es preciso también que las grandes marcas en el universo de las nuevas tecnologías se atengan a un código ético y a unas obligaciones sin los que la libertad en las redes sociales, en las plataformas de compra on line y en otros ámbitos de la revolución digital es solo una fachada utilizada por unos pocos para acumular mayores cuotas de poder a través de la información. Que Paul Grewal, asesor general adjunto de Facebook, declare que la compañía se ha comprometido a reforzar sus políticas “para proteger la información de la gente” apenas es un consuelo si los mecanismos de protección son solo internos y no los guía una norma externa dictada por las instituciones políticas que ostentan la representación de los ciudadanos. En este caso, la autorregulación de las empresas no es una cualidad, sino una muestra de debilidad de los estados.

La mutación cultural producida por internet y el enaltecimiento constante de sus insignes promotores ha cambiado de tal manera las relaciones de poder y la capacidad de influir en la opinión pública que es imposible toda comparación con el pasado. Frente a la creencia clásica de que los periódicos, primero, y más tarde la radio y la televisión eran resortes de poder –del cuarto poder se hablaba y aún se habla con suspiros de nostalgia–, asoma una nueva realidad: la red es fuente de poder, de un poder de facto alentado, servido y alimentado por los foros sociales mediante el intercambio incesante de informaciones personales y datos genéricos, mediante el cruce de perfiles a todas horas, las técnicas del big data y otras especialidades recién nacidas.

“La transformación de la comunicación ha ampliado las posibilidades de acción autónoma de los movimientos sociales, los sujetos de la transformación social”, afirma Manuel Castells en un largo artículo escrito en 2011. Ciertamente, las experiencias de aquel momento en los países árabes (las primaveras), Grecia, España, Italia, Estados Unidos y otros lugares permitían llegar a esta conclusión optimista. Hoy hay espacio para la duda, al menos para admitir la posibilidad de que es tan factible fortalecer los movimientos sociales mediante un uso inteligente y libérrimo de la red, como neutralizarlos o condicionarlos a través del mismo instrumento. De ahí que el diario liberal estadounidense The Washington Post resuma el desafío planteado con un enunciado tan simple como preciso: “Necesitamos abordar los conflictos entre el interés público y de qué forma las compañías de medios sociales obtienen sus ganancias”.

Es impensable que en sistemas políticos como el chino y el ruso, en las antípodas de la tradición liberal, el manejo de la red por las instituciones obedezca a parámetros liberales. Pero tal obviedad no debe ocultar esa otra: en los países occidentales, la acumulación de perfiles –millones, cientos de millones– constituye un capital político y de poder de primer orden en manos privadas que nada tiene que ver con la libre ejecutoria de cada uno de nosotros cada vez que se conecta a la red. Si en vez de tratarse del estatus del que disfrutan los grandes operadores se tratara de un edificio con problemas estructurales, se diría que hace falta sanearlo para mejorar la seguridad de quienes lo habitan. Y ese es también el caso de la red global.

 

Trump o el desbarajuste como sistema

La destitución de Rex Tillerson refuerza la sensación de desbarajuste o improvisación en la Casa Blanca y subraya al mismo tiempo la inconsistencia de los nombramientos hechos por Donald Trump al ocupar la presidencia. Los medios liberales o simplemente ecuánimes entienden que el final de la carrera política de Tillerson obedece a la determinación presidencial de apoyarse solo en el círculo de leales que comparten con él el eslogan América primero por encima de cualquier otra consideración (The New York Times) y, al mismo tiempo o como resultado inmediato, pone en riesgo algunos de los pilares de la estabilidad internacional: el acuerdo nuclear con Irán (Politico.com), el precario sistema de equilibrios en Oriente Próximo y la colaboración con los aliados. Mientras los analistas, las publicaciones y las televisiones que arropan a Trump transpiran entusiasmo, una parte del Partido Republicano teme que en noviembre las elecciones castiguen la ejecutoria del presidente, no exenta de frivolidad.

Se dice que los nombramientos posteriores al 20 de enero del año pasado pretendieron satisfacer las expectativas de los diferentes sectores del republicanismo, desde la extrema derecha surgida del caldo de cultivo del Tea Party al ala conservadora más convencional e influyente durante décadas. Acaso fue una operación de maquillaje para poner en marcha la maquinaria, pero enseguida afloró la incomodidad de Trump con cuantos discreparon de su pensamiento. En poco más de un año, el presidente ha prescindido de una veintena de colaboradores de primer orden, sometidos a un enfoque enteramente personalista e imprevisible de los asuntos públicos, donde siempre han pesado más las opiniones de su hija Ivanka, una especie de primera dama bis al lado de Melania, y de Jared Kushner, marido de Ivanka y tanto o más conservador que el presidente. A pesar de su inexperiencia política, de los escándalos reales o supuestos que le persiguen desde el principio, Trump se ha rodeado de un limitadísimo equipo de fieles, dispuestos a poner en práctica un programa sin conexión argumental con sus predecesores.

Quizá sea cierto que nunca pensó el candidato republicano que ganaría las elecciones de noviembre del 2016, como afirma Michael Wolff en Fuego y furia, pero una vez lograda la victoria adecuó la tarea a su perfil egocéntrico, propio de un empresario acostumbrado a tambalearse en la cima, rehacerse y volver a empezar, y así varias veces en el transcurso de su dilatada biografía. Todas las reorganizaciones, destituciones, controversias con sus asesores y colaboradores se deben a la propensión presidencial a cambiar el paso sobre la marcha cuantas veces haga falta con tal de que prevalezca su propósito de desarmar parte sustancial de la herencia recibida de los últimos presidentes, especialmente de Barack Obama, obsesión permanente de la ultraderecha estadounidense.

Cuando un semanario tan conservador como The Weekly Standard describe el despido de Tillerson de forma especialmente rotunda, cabe suponer que el modus operandi del presidente incomoda incluso a sus alentadores de primera hora: “El despido del secretario de Estado, Rex Tillerson, fue un ejemplo de libro de texto sobre el enfoque de Donald Trump respecto a las decisiones de personal: abrupto, humillante y ejecutado desde una distancia segura”. Esta distancia de seguridad fue la cuenta personal de Trump en Twitter, el mismo canal por el que avanzó el nombre del sustituto, Mike Pompeo, un halcón obsesionado con Irán, y de la sucesora de este al frente de la CIA, Gina Haspel, una exagente de la casa partidaria de la tortura, tan parecida en sus rasgos esenciales a alguno de los personajes de la película La noche más oscura; personajes entregados a aplicar los llamados eufemísticamente “interrogatorios reforzados”, promovidos por la Administración de George W. Bush después del 11-S.

Una vez más, los acontecimientos dan la razón al escritor Richard Ford. Para él, la mayor diferencia entre Obama y Trump es que el primero se tomó la presidencia en serio, en actitud reflexiva, y el segundo cree poder manejarla según sus designios, sin utilizar el gran angular que requiere una ocupación tan compleja. Frente al compromiso internacional de combatir el cambio climático, con China y la Unión Europea al frente, el presidente invoca la necesidad de reactivar la industria para encubrir que sus inquietudes medioambientales tienden a cero; frente a la libertad de comercio promovida por la OMC, se remite a la necesidad de proteger a los productores estadounidenses de la competencia exterior; frente al compromiso iraní de aparcar el programa nuclear, se remite a una idea preconcebida: que el acuerdo de Obama con los ayatolás es el peor de todos los tratos posibles, aunque la información recogida sobre el terreno desmiente el aserto. Y así con todo: de la posesión de armas a la efervescencia supremacista; de la reforma sanitaria, denostada todos los días, a la construcción de una muralla en la frontera con México.

Aunque le echaron de la Casa Blanca hace unos meses, las decisiones que toma Trump revelan que sigue en vigor una de las máximas más conocidas de Steve Bannon, publicista de extrema derecha y estratega de cabecera del presidente hasta que decidió prescindir de él. La lucha hoy no es entre derecha e izquierda, sino entre nacionalistas y globalizadores, dice Bannon en cuanto tiene ocasión, y esta idea tan simple, propia de un populismo esquemático, impregna todas las decisiones del Despacho Oval, incluso cuando los versados en diferentes materias avisan de que se perpetrará un disparate, así sea reconociendo la capitalidad de Jerusalén mediante el traslado allí de la Embajada de Estados Unidos en Israel o imponiendo gravámenes a las importaciones de acero y aluminio. Es poco menos que imposible encontrar en la historia de la presidencia del país un primer año más desconcertante y errático, incluso entre aquellos inquilinos de la Casa Blanca que han pasado a los anales como ejemplos de lo que nunca debió suceder (Herbert Hoover, Richard Nixon y George W. Bush, tres de ellos).

Gary Younge, uno de los editores del periódico progresista británico The Guardian, no se ha andado por las ramas al describir la línea de conducta seguida por Trump y sus allegados: “La venalidad es tan barroca, la vulgaridad tan ostentosa, las inconsistencias tan severas, la incompetencia tan épica y las mentiras tan descaradas, que te deja sin palabras”. Cree Young que la presidencia se desmorona, pero junto a esta impresión de naturaleza política se manifiesta todos los días otra realidad: la mayoría de los votantes de Trump están encantados con los alardes presidenciales, y movilizaciones como las de los estudiantes contra la permisividad en la tenencia de armas les parecen inspiradas por un espíritu radical o, peor aún, por el contagio de socialistas europeos (no se citan nombres ni procedencia).

Puede que sea verdad que se asiste a un desmoronamiento de la presidencia, es cierto que el índice de popularidad de Trump al cumplir su primer año de mandato era insólitamente bajo, pero mientras siga disfrutando del colchón de adeptos detectado por las encuestas, tiene muchas posibilidades de salir airoso de la prueba electoral de noviembre. En una sociedad tan radicalmente dividida como la estadounidense, más importa conservar los votantes captados que andar a la trabajosa búsqueda del consenso nacional, siempre tan indeterminado y volátil, que Obama persiguió con escasa fortuna. Y Trump, carente de otras virtudes, tiene la de resistir a los adversarios detrás de un muro infranqueable de seguidores que juzgan necesario demoler las convenciones políticas que se olvidaron de ellos. En este tablero juega el presidente la partida.

 

Italia, en el laberinto de la derecha

Los italianos acuden este domingo a las urnas en un clima enrarecido por la demagogia populista, la desorientación de la izquierda y los pronósticos de los sondeos, que permiten vislumbrar un periodo poselectoral hecho a la medida de los prestidigitadores de la política. La elección de la Cámara de Diputados y del Senado se realiza por primera vez con una ley que mezcla las circunscripciones unipersonales con el voto proporcional, de forma que las encuestas incluyen un margen de error considerable, abierto a toda suerte de interpretaciones antes del gran día. Un elemento añadido a la crisis del sistema de partidos y al reparto de papeles en Italia, tantas veces analizado y vuelto a analizar y del que Silvio Berlusconi ha sido el beneficiado más frecuente desde su primera victoria en 1994.

Este enrarecimiento o radicalización del debate político durante la campaña, lleno de ideas generales y bastante pobre en ideas concretas, ha resultado ser la atmósfera ideal para que, además de la reaparición de Berlusconi, se manifiesten las pulsiones neofascistas y la incompetencia vociferante. Mario Calabresi, director del diario progresista La Repubblica, lo ha resumido en un artículo cargado de amargura: “Apenas podemos creerlo, y sin embargo es cierto, y el cansancio y la sensación de náusea son tan fuertes que estamos paralizados, casi parecemos rendirnos a algo que vivimos como inevitable. O como un castigo por los fracasos, errores y oportunidades fallidas de la izquierda que nos ha gobernado en los últimos años”.

Parece que resulta irremediable aguardar la derrota de la izquierda, condenada por su falta de iniciativa en la campaña y por su tendencia a adaptar su discurso al de los partidos ultraconservadores, genuinamente xenófobos, que han colocado el debate de la crisis migratoria como el motivo principal de la crisis italiana. Frente a la tradición heredada de la izquierda clásica italiana a partir del final de la segunda guerra mundial, y especialmente a partir de los años sesenta, el Partido Democrático, que dirige Matteo Renzi, ha aceptado como una maldición bíblica que la hegemonía cultural y política en Italia está en poder de sus adversarios. De tal manera que después de episodios como el ataque de un militante ultra contra un grupo de inmigrantes en Macerata, Renzi se acogió al discurso securitario en vez de condenar la acción y señalar a los culpables de tal villanía. “Ante todo, está Italia, la defensa de Italia y de los italianos. Y aquellos que los defienden son las fuerzas de seguridad, no pistoleros locos”, dijo el exprimer ministro, unas palabras que podrían ser perfectamente de Berlusconi o de Matteo Salvini, líder de la Liga Norte, sin que a nadie sorprendieran en boca de tales personajes.

Recuerda el profesor Francesco Pisatti, investigador del Cidob, que ha triunfado en esta campaña la máxima si no puedes vencerlos, únete a ellos. Una unión, en el ámbito del lenguaje, que está lejos de mejorar las expectativas del centro izquierda y en cambio alimenta la máquina de propaganda de todas las derechas, que han logrado situar y simplificar la crisis migratoria hasta presentarla como un desafío a la identidad italiana, algo que requiere acciones imperiosas en “defensa de la raza blanca”, un disparate esto último acuñado por Attilio Fontana, el candidato de la coalición berlusconiana –Forza Italia, Liga Norte y Hermanos de Italia– a la presidencia de Lombardía. Un debate artificial, cargado de demagogia y prejuicios, que evita otros debates más próximos a la realidad: ni los efectos de la crisis económica sobre el entramado social ni la deuda pública –130% del PIB– ni los desequilibrios crónicos entre norte y sur llenan las discusiones más que tangencialmente; en cambio, se ha adueñado del escenario la transformación del problema migratorio en una crisis de seguridad.

Por este tortuoso camino pena la izquierda los errores cometidos, que culminaron con el referéndum de la reforma constitucional que Renzi convocó en 2016, perdió y le llevó a retirarse a sus cuarteles de invierno, confiado el Gobierno al discreto Paolo Gentiloni. Un laberinto en el que la extrema derecha se orienta mejor, encuentra atajos y siente que tiene el viento de popa, aunque sabe que no obtendrá la mayoría y harán falta juegos de manos poselectorales para regresar al poder. Pero tiene la certidumbre prepartido de que es el equipo favorito y está en condiciones de anunciar qué futuro se avecina: un Gobierno de composición multicolor dirigido por Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, tal como ha confirmado Berlusconi después de semanas de rumores.

“Es peligrosísimo cuando se abandona, más que la verdad, un principio de realidad”, dice el profesor Massimo Cacciari, exalcalde de Venecia. “Nos tratan como animales privados de memoria”, añade, y se refiere a la condición de inhabilitado de Berlusconi, quien, a pesar de eso, dirige la estrategia política de su coalición y prepara el terreno para su regreso en 2019, cuando la inhabilitación haya expirado. Una situación poco menos que insólita para un veterano de 82 años, sospechoso habitual en toda clase de trapicheos políticos y perseguido por el escándalo desde tiempo inmemorial. Pero también un síntoma inequívoco del desgaste de una urdimbre política en la que los estándares de calidad, competencia e integridad han dejado de afectar al comportamiento de una parte significativa del electorado conservador.

La popularidad del Movimiento 5 Estrellas, con un perfil ideológico difuso y una capacidad para gobernar por lo menos discutible, abunda en este fenómeno de desapego de la realidad o de construcción de una realidad alternativa para forzar el encaje de soluciones originales, por no decir fantasiosas. La ocurrencia de Luigi Di Maio, su candidato a primer ministro, de enviar al presidente de la República, Sergio Mattarella, la lista del próximo gobierno estrellado antes de que se celebren las elecciones, no hace más que subrayar la orientación de un movimiento ajeno a todas las convenciones que, al darse de bruces con la compleja realidad de la crisis italiana, ha fracasado, por ejemplo, en la alcaldía de Roma –Virginia Raggi, la titular–, algo sin mayor trascendencia en términos electorales, según se desprende de los sondeos. Y que convive con un discurso del todo confuso cuando se trata de abordar el gran asunto de la campaña que no del país: ¿cómo gestionar la crisis migratoria?

Es así cómo mientras el centroizquierda se siente desvalido y añorante del pasado, cuando en la estela de la tradición del PCI contaba con una organización sólida, culturalmente influyente y socialmente respetada, la derecha y todas las siglas ultras imaginables se afanan en exaltar la caricatura a brochazos del italiano medio, del individuo capaz de sobrevivir en los intersticios del sistema mediante una mezcla de artimañas, astucia y pequeñas trampas. Y los estrellados hacen burla de los convencionalismos que, al correr de los años, han articulado una sociedad escéptica que recela de la política tradicional en igual o mayor medida que voces críticas como la de Cacciari, que ven en los partidos en liza una propensión permanente a alejarse de la realidad. Algo que, por lo demás, no es privativo de Italia.

Otra huida hacia adelante de Maduro

La decisión de la oposición venezolana de ausentarse de la elección presidencial fijada para el próximo 22 de abril es motivo de controversia dentro del bloque enfrentado al régimen chavista y en las filas de su electorado potencial. Si no cambian las cosas de aquí al próximo jueves, fecha límite para la presentación de candidatos, Nicolás Maduro prolongará su mandato sin mayores esfuerzos y competencia, reelegido por los suyos sin adversario con el que medirse, mientras los ciudadanos sin candidato se quedarán en sus casas con la frustración de no haber podido siquiera forzar al chavismo a echar toda la carne en el asador y sin necesidad alguna de manipular el recuento.

Frente a la idea de que es mejor presentarse, perder y, en última instancia, provocar el fraude, ha prevalecido la suposición de que el amaño está asegurado de antemano y no merece la pena desgastar a nadie en una batalla de costes políticos impredecibles. Con el candidato presidencial de las últimas convocatorias, Henrique Capriles, inhabilitado, la Asamblea Constituyente neutralizando al Parlamento elegido en 2015 y todo el sistema orbitando alrededor del núcleo duro del PSUV, la decisión tomada por los líderes de la oposición –los encarcelados, los vigilados y los exiliados– resulta comprensible, pero políticamente es más estéril que presentarse y perder, porque desaparece la posibilidad de medir la capacidad de movilización de los rivales de Maduro. Y condena a la frustración a una parte importante del electorado, desorientada y sin espacio político en el que encontrar cobijo.

La degradación del experimento venezolano ha convertido la apuesta populista en una pesadilla: ha destruido la economía, ha ahondado en la fractura social y ha adulterado la planta institucional mediante una exuberante proliferación de organismos paralelos a los oficiales o convencionales cuyo único fin es neutralizarlos. Cuando el cambio oficial del dólar ronda los 240.000 bolívares, nada es posible: la crisis de subsistencias se agrava todos los días, el petróleo ha dejado de ser el bálsamo de Fierabrás que cura todos los males y el régimen se escuda en su propaganda, en las proclamas grotescas de su presidente y en las referencias constante al padre fundador. Por eso resulta especialmente chocante la decisión de la oposición de dejar el campo libre a Maduro para consagrarse en el poder, incluso admitiendo que han sido muchas las ocasiones en las que el Gobierno se ha saltado todas las reglas y demasiadas las ocasiones en las que el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral han actuado como simples correas de transmisión de las necesidades del chavismo.

“O enfrentamos el fraude con el apoyo de la comunidad internacional y evitamos que esa elección ilegal se realice, o participamos con un candidato de consenso que sea capaz de convertir el descontento de la mayoría en una verdadera rebelión de votos que saque a Maduro de Miraflores”, reclama el editorialista de Tal Cual, el periódico fundado por Teodoro Petkoff, prestigioso líder de la izquierda y fundador del Movimiento al Socialismo. Puesto que evitar la elección resulta harto improbable por no decir imposible, la única vía es participar mediante una acción concertada de toda la oposición, subraya el diario, sean más o menos buenas las relaciones en el variopinto conglomerado de siglas que reúne la Mesa de la Unidad Democrática.

En los artículos de Andrés Oppenheimer, columnista del Miami Herald, resuena el punto de vista de la Administración de Trump, que es partidaria de utilizar la campaña como altavoz de los males presentes y resorte para una gran movilización popular, aunque al final, si las circunstancias lo exigen, no quede más remedio que retirarse de la contienda. Todos los think tank acreditados descartan la posibilidad, siquiera sea remota, de una intervención militar, según se molesta en subrayar Oppenheimer. No se trata de una renuncia ética, sino que es resultado de un análisis aplastantemente realista: una intervención encabezada por Estados Unidos silenciaría las voces latinoamericanas críticas con el régimen venezolano y reforzaría a sus últimos aliados, con Cuba en cabeza.

Se dice que la Casa Blanca espera que la presión de la calle, unida a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, acabe por desestabilizar al régimen y provocar su implosión. Pero es este un esquema que contradicen experiencias anteriores en las que regímenes dictatoriales monolíticos, apoyados en la movilización de sus afectos, han dado pruebas de una resistencia casi ilimitada a pesar de las hambrunas, las enfermedades y otras lacras fruto del aislamiento. Cierto que el ambiente en Latinoamérica ha dejado de ser propicio a los herederos de Hugo Chávez, pero ellos confían en que una conjunción de fenómenos favorables les permita salir del pozo. Confían, por ejemplo, en un ascenso del precio del petróleo; confían también en una victoria de Andrés Manuel López Obrador en México, que proporcionaría a la causa un aliado de peso; confían, en fin, en que se aligere la protesta en la calle mediante el incesante flujo migratorio de descontentos en todas direcciones.

Puede que tales esperanzas no sean más que un remedo del cuento de la lechera, pero son las que hace creer al grupo de Maduro que el tiempo corre a su favor. Más aún, en la vecindad de Maduro son varios los que piensan –Diosdado Cabello, el primero de ellos– que permanece viva en la memoria de los sectores sociales más vulnerables el recuerdo de la pobreza en los años de abundancia, cuando se turnaban en el palacio de Miraflores presidentes del Copei y de Acción Democrática. No cree Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas exiliado en Madrid, que la rememoración del pasado consuele o justifique a nadie en el presente, tampoco lo cree el círculo de Leopoldo López, en arresto domiciliario, a pesar de que el aparato de propaganda del chavismo ha dado muestras de una eficacia y poder de convicción nada desdeñables a partir del momento en que la revolución bolivariana emitió las primeras señales de agotamiento.

Si fueron ciertas las estadísticas referidas a la situación social en Venezuela antes de 1999 (elección de Chávez), en aquel entonces el 65% de la población vivía en el umbral de la pobreza o en sus aledaños, y en este caso el tiempo transcurrido para olvidar el pasado es insuficiente y la base argumental de la arenga revolucionaria sigue plenamente vigente. Si es cierto que los ascensores sociales apenas funcionaban en Venezuela al producirse el caracazo (27 de febrero de 1989), entonces es más que factible que el chavismo disfrute todavía de un importante y dinámico apoyo popular. Y si es así, el empeño de la oposición en negar las debilidades del pasado como causa primera de los problemas del presente es del todo preocupante.

Nada justifica el viaje a ninguna parte o, aún peor, hacia el gran desastre, emprendido por el régimen, pero su permanente huida hacia adelante no sería posible sin que desigualdades lacerantes hicieran posible hace casi 20 años que los electores llevaran en volandas a Chávez hasta la presidencia a pesar de su pasado golpista. Por aquel entonces, con un sistema de partidos minado por la corrupción y una economía descoyuntada, movimientos políticos de todos los colores, los empresarios, la Iglesia y organizaciones civiles de todos los ámbitos creyeron que la única forma de salir del atolladero era ventilar los salones del poder. Y aunque la atmósfera hoy está tanto o más emponzoñada que entonces, el recuerdo de aquel oscuro pasado sigue siendo útil para la legitimación propagandística de las directrices chavistas, presentadas como el instrumento para la redención de los oprimidos.

Una gran coalición a la fuerza

El acuerdo para dar continuidad a la gran coalición de democristianos y socialdemócratas, pendiente de que lo ratifiquen los 400.000 militantes del SPD, coloca a los dos grandes partidos de Alemania frente a una incógnita inquietante: ¿cuál será en el futuro el coste político y electoral de la operación? Por más que la cancillera Angela Merkel se esfuerce en presentar el logro como una muestra de su capacidad de liderazgo, difícilmente convencerá a la parte más conservadora de su electorado, que quién sabe con qué intensidad puede sentirse tentada a pasarse al campo de la ultraconservadora y xenófoba Alternativa para Alemania. Por mucho que Martin Schulz se afane en subrayar los compromisos sociales apalabrados, incluido un impreciso final de la austeridad como regla de oro de la economía europea, no menguará el descontento en el campo de la socialdemocracia clásica, de aquella que cree que bastante hubo con el desastroso precio pagado en votos por la última gran coalición.

La presión sobre Merkel de la CSU, el ingrediente bávaro de la democracia cristiana, es solo equiparable al que ejercen las juventudes socialdemócratas –los jusos– y cuantos creen que la única forma de recuperar el favor del electorado es un periodo de retiro en la oposición, lejos de las exigencias y el dogmatismo económico de los conservadores. Por no hablar de la creencia, abonada por las encuestas, de que el futuro electoral puede ser aún peor a ambos lados de la gran coalición y de que el desgaste sufrido en las negociaciones hace temer que el Gobierno se instale en una falta de cohesión permanente, más ocupados los aliados en someterse a vigilancia mutua que a compartir el coste de las decisiones menos populares, que inevitablemente las habrá.

Los “compromisos dolorosos” a los que se ha referido Merkel no hacen más que reforzar esta impresión y la opinión de quienes ven en la líder de la CDU una figura amortizada, desgastada y débil para resistirse a las exigencias de Schulz para formar Gobierno y para retener carteras que finalmente han sido para sus aliados. Al mismo tiempo, el “gesto de responsabilidad” evocado por Schulz aparece como una derrota a ojos de los críticos de su partido, que han visto cómo se difumina la imagen del SPD en compañía de una democracia cristiana cada día más acosada por la extrema derecha, a partir de ahora la primera fuerza de la oposición en el Bundestag, con barra casi libre desde la tribuna para desenterrar algunos de los peores tics de la peor Alemania del pasado.

El carácter irremediable de la gran coalición como única fórmula capaz de evitar unas nuevas elecciones no ablanda el ánimo a cuantos, en ambos bandos, despotrican a todas horas. Todas las encuestas culpan a Schulz de ser el responsable de la larga interinidad que ha seguido a las legislativas del pasado 25 de septiembre, pero también recogen los denuestos dirigidos a Merkel por someterse a los requisitos socialdemócratas. Poco importa que la gran coalición sea una solución impuesta por la Realpolitik, por la necesidad de salir del atolladero, atender las urgencias alemanas y acordar con Francia un programa para la UE. En el horizonte poselectoral de la facción más conservadora de la CDU se sigue reprochando a Angela Merkel haber perdido el tiempo persiguiendo una coalición tripartita imposible con liberales y verdes –no dice cuál era su opción en cuanto el SPD anunció que pasaba a la oposición–; entre los socialdemócratas más inquietos se da a entender que Schulz, al desdecirse de su anuncio de retirar el partido a los cuarteles de invierno, pone a la organización frente a las patas de los caballos sin margen de justificación posible, ni siquiera al presentar la operación como un sacrificio para garantizar la gobernabilidad.

Ni siquiera atempera los ánimos el anuncio de que el líder socialdemócrata dejará la presidencia del partido –la líder del grupo parlamentario, Andrea Nahles, le sucederá– para que sean otros quienes dirijan la renovación. Hay en la operación en marcha una mar de fondo, de desapego por lo acordado, que no contrarresta las contrapartidas logradas por Schulz en forma de ministerios capitales, un resultado que está muy por encima de las expectativas iniciales de acuerdo con el resultado electoral de septiembre. Pero a nadie escapa que este puede ser un regalo envenenado porque el grado de responsabilidad en la marcha del Gobierno será proporcional a su peso en él.

“Una situación se convierte en desesperada cuando empiezas a pensar que es desesperada”, una afirmación de Willy Brandt, se hizo realidad en cuanto Alemania se vio condenada a nuevas elecciones ante la ausencia de acuerdo para disponer de un Gobierno con mayoría en el Parlamento. Una perspectiva insólita en la tradición política alemana desde la posguerra, excluida de entrada la posibilidad de constituir un Gobierno en minoría o de geometría variable, algo aún más impensable en un país  habituado a una estabilidad poco menos que pétrea. Cierto es que ni a Alemania ni a Europa le sentaría bien una interinidad prolongada, pero el desagrado de la propia Merkel con algunas de las concesiones que ha debido hacer en política social y economía presagian días complejos, inadecuados por lo menos para una Europa que tiende a navegar siempre en un mar de dudas.

“Angela Merkel ha cambiado la política alemana más de lo que puede parecer a primera vista”, escribe un analista del semanario Der Spiegel. “La generación más joven no puede recordar –sigue el comentarista– cuándo hubo otro canciller”, y añade que, sin embargo, solo la supera en popularidad el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Sigmar Gabriel, socialdemócrata. Datos del todo relevantes que atestiguan la acomodación de la sociedad a un liderazgo prolongado, fruto puede de cierta desconfianza con la nómina de aspirantes a sucederla, así sean de la CDU o del SPD. ¿Sirven estos ingredientes para desvanecer la sensación de que la gran coalición es resultado exclusivo de la necesidad, sin mayores afectos y complicidades? Las repetidas justificaciones en público de Merkel y Schulz para consumo de sus militantes y electores apuntan en sentido justamente contrario.

La crisis de la política desfigura Europa

Dice el profesor Daniel Innerarity que “la democracia está bastante bien” y que “lo que está mal es la política”, una forma concisa, provocativa si se quiere, de describir dentro de qué laberinto transita Europa –Occidente en general– después de una crisis que ha desfigurado su rostro. Esto es, siguiendo con el razonamiento de Innerarity, la tradición democrática salvaguarda los derechos a protestar, a votar, a opinar, a ir de un sitio a otro, a mandar un twit, en general a expresarse y a vigilar los poderes públicos, a veces de una forma radical e innovadora, pero falla la política, “la capacidad de recoger todas esas reivindicaciones caóticas, a veces contradictorias e incluso incompatibles, y darles un formato positivo”, según manifestó el último lunes en el programa Millennium de La 2, emitido en horario solo apto para insomnes.

La mezcla de escepticismo, desconfianza y auge de la extrema derecha, tan visible en las elecciones celebradas en Europa durante el 2017, le dan en gran parte la razón: las referencias clásicas de la política han dejado de producir ideas nuevas y en su lugar se han dedicado a gestionar miedos colectivos –los flujos migratorios, el desafío islamista, la degradación del mercado de trabajo, etcétera– y a someterse a las exigencias de la economía global. Mientras, los movimientos sociales surgidos durante el desenlace de la crisis –el 15-M en España, fenómenos de similar naturaleza en otros lugares– han quedado como “una indignación un poco improductiva, como un gesto desesperado o desesperanzado porque lo que no está bien es la política” (otra vez Innerarity). La política no funciona para encauzar inquietudes y situaciones nuevas.

La crisis del sistema de partidos en varios países se atiene a la doble lógica de desgaste e ineficacia de organizaciones incapaces de interpretar los mensajes que envían los movimientos sociales, las oenegés, la comunidad académica y los medios de comunicación. En Francia dispone de mayoría absoluta un partido creado deprisa y corriendo por el presidente Emmanuel Macron al tiempo que los instrumentos clásicos de la derecha y de la izquierda languidecen o se enfrascan en estériles batallas internas. En Alemania, la formación de Gobierno es un calvario para regocijo de Alternativa para Alemania, un grupo de extrema derecha tan cercano a los peores momentos de la historia del país que causa desasosiego imaginarlo como primer partido de oposición subido a la tribuna de oradores del Bundestag. En España, el salto de un bipartidismo imperfecto a un tetrapartidismo no menos imperfecto resulta escasamente productivo o atractivo para una sociedad decepcionada, con las heridas de la crisis sin curar. En Austria y Holanda, el populismo ultra lleva a los partidos que no lo son o no lo fueron a abrazar el canon ultraconservador; en Polonia, Hungría y otros lugares la prédica ultranacionalista gana adeptos sin cesar.

La democracia funciona, pero la política se ensimisma y desoye las voces que creen indispensable una mise à jour. Jean Daniel recogió el año pasado, en uno de sus comentarios en el semanario L’Obs, párrafos como el que sigue de la introducción de Pierre Rusch para el libro La idea del socialismo, del alemán Axel Honneth: “Hace menos de cien años, el socialismo era un movimiento tan pujante en el seno de la sociedad moderna que no había ningún gran representante de las teorías sociales que no estimara necesario consagrarle un estudio profundo”. Para John Stuart Mill, Emile Durkheim y Max Weber, explica el prologuista, el socialismo era “un desafío intelectual que sin duda acompañaría de forma duradera al capitalismo”. “Hoy las cosas dejaron de ser así”, añade.

En parecidos términos se expresa Fareed Zakaria desde el campo liberal en un artículo publicado en The Washington Post: Estados Unidos ha decidido dejar de ser el instrumento que da forma al mundo mediante un multilateralismo de amplio espectro. Si para el pensamiento liberal y conservador europeo, la inspiración vino de Estados Unidos en muchas ocasiones desde el final de la segunda guerra mundial, con Donald Trump en la Casa Blanca todo es completamente diferente. Zakaria se refiere a esta nueva situación como un problema “casi existencial” para dirigentes como el socialdemócrata alemán Sigmar Gabriel, y aporta un dato determinante para entender el alcance del repliegue estadounidense, su ausencia de la política exterior salvo cuando es estrictamente necesario: Donald Trump es “el primer presidente en cerca de un siglo en cumplir su primer año en el cargo sin haber celebrado una cena de Estado con un líder extranjero”.

Norberto Bobbio explicó a principios de siglo la quiebra del modelo liberal, antiperfeccionista, porque “cree que la historia de la libertad es una historia de continuos pasos del bien al mal, de intentos logrados y fallidos”, en favor de las utopías reaccionarias, que persiguen un fin último predeterminado y, en este sentido cabe calificarlas de perfeccionistas. En estas utopías, acaso distopías, “de transformación radical de la sociedad está implícita una idea antiliberal”, sostuvo Bobbio. Y no hay duda de que en el seno de este pretendido perfeccionismo ultraconservador, donde los equilibrios sociales deben funcionar como un mecanismo de relojería, sucumbe el dinamismo social, esa característica de las sociedades abiertas en las que nada está escrito de antemano, ni siquiera los rasgos de identidad que el nacionalismo de última generación ha resucitado para reconstruir comunidades homogéneas y contener el mestizaje a medio y largo plazo, fruto de los flujos migratorios que tienen como destino Europa.

En un seminario celebrado en noviembre en Madrid por el Comité Económico y Social de la Unión Europea se debatió largamente cuál debería ser el papel de los movimientos sociales frente al auge populista ultraconservador y a la crisis de la política, un factor siempre implícito en las discusiones. De aquellas reflexiones en voz alta surgió una conclusión bastante repetida: Europa arriesga su identidad política si las instituciones, los resortes políticos de que dispone, no dan con la tecla que permita poner a salvo, con errores y aciertos, su condición de sociedad acierta, antiperfeccionista puede decirse. “No nos engañemos –afirma Daniel Innerarity en una entrevista en La Vanguardia–: en última instancia son los Estados y sus democracias quienes están en cuestión en este proceso. La integración europea comenzó después de la segunda guerra mundial como un instrumento para salvar al Estado de los excesos del nacionalismo. El desafío actual es continuar esta misión en un mundo muy diferente”. Una empresa urgente y al mismo tiempo compleja en pleno cambio del modelo productivo, condicionado todo por la primacía de las finanzas globales sobre cualquier otra consideración.

Puigdemont, una estrategia encubridora

La nueva entrega del circo de Puigdemont, expresión manejada por la profesora danesa Marlene Wind, tan poco sometida a los encantamientos del procés y de la internacionalización de la crisis pretendida por el soberanismo, ha certificado el error táctico cometido por el expresident en su pretensión de situar en el centro del conflicto la restauración de una presunta legitimidad democrática y no el cumplimiento de la ley. Las preguntas de la docente, tan precisas y concluyentes, se han vuelto contra los objetivos perseguidos por Puigdemont, acaso también por una parte del independentismo al galope, al aparecer las leyes vigentes, aprobadas por dos parlamentos democráticos, el español y el catalán, como una línea infranqueable que separa lo ilegítimo de lo que no lo es. Las leyes no son inmutables, ni siquiera perfectas y a gusto de todos, deben reformarse cuando son inadecuadas o quedan superadas por la realidad, pero no pueden soslayarse o incumplirse en nombre de principios genéricos tan traídos por los pelos como el derecho a decidir, en nombre de la abusiva creencia de que hay un mandato popular que legitima transgredir la Constitución y cuanto de ella se deriva.

El enfado con la Unión Europea del huidizo Puigdemont es perfectamente lógico y comprensible: esperaba que fuese la caja de resonancia que ampliara las exigencias independentistas frente a la cerrazón, asimismo abusiva y, sin duda, paralizante del Gobierno español. Pero se ha dado de bruces con la realidad, tan tozuda, con la solidaridad interestatal y con la opinión mayoritaria en la comunidad académica de que la ley puede y debe cambiarse mediante mayorías indiscutibles y de acuerdo con los mecanismos que la propia ley prevé, empezando por la Constitución misma. Dicho en corto: si una ley no funciona, es ineficaz o queda superada por los acontecimientos, hay que cambiarla a la mayor brevedad siempre y cuando sea mayoritaria la percepción de dicha urgencia en las instituciones –los parlamentos– encargadas de hacerlo. Si se suplanta el camino fijado por la ley misma por una simple maniobra de transgresión, el disparate o el despropósito están servidos.

Los argumentos de los encarcelados posteriormente liberados y de quienes siguen en prisión y han pedido al juez Pablo Llarena salir de ella han esgrimido por activa y por pasiva, sea de forma implícita o explícita, este principio de acatamiento de la ley –añadir por imperativo legal es una redundancia–, y a nadie puede sorprender que lo hayan hecho porque es consecuencia de la estrategia de sus defensas, del todo coherente con el acervo europeo en cuanto atañe al respeto por la ley. La reacción de los gobernantes europeos no es ni una excepción ni una sorpresa, sino todo lo contrario: era impensable que dudaran y transmitieran la impresión de que pasaban la maroma sin red tendida a medio camino de la defensa del Estado de derecho y de la comprensión con los arrebatos soberanistas registrados en Catalunya entre primeros de septiembre y finales de octubre. Y tal actitud ha continuado después del 21 de diciembre, habida cuenta de que la convocatoria electoral, el resultado de las urnas y la formación del nuevo Parlament es inseparable de los requisitos establecidos por las mismas leyes que el núcleo bruselense quiere dejar sin efecto mediante alguna alternativa, más chocante siempre que imaginativa (la proclamación de Puigdemont plasma mediante, por ejemplo).

El viaje a Bruselas del presidente del Parlament, Roger Torrent, para despachar o auscultar al expresident tiene el valor que se le quiera dar, pero pudiera ser el último acto necesario para certificar que con su eventual elección en el puente de mando del Gobierno catalán sería inalcanzable el objetivo fijado por el propio Torrent: que el Ejecutivo sea eficaz y útil desde el primer día, dicho con estas u otras palabras. Forzar el reglamento de la Cámara y consagrar a Puigdemont lleva indefectiblemente a perpetuar la aplicación del artículo 155 , la división social y la permanencia de la autonomía en la UVI. No hace falta echar mano de los argumentos del bloque constitucionalista para llegar a esta conclusión: los comuns, tan contemporizadores con el soberanismo, descartan apoyar la investidura de un president virtual, cuya primera herramienta de trabajo debería ser Skype.

Quizá la jornada bruselense de Torrent sea un paso obligado, profesional, quizá se trata del último acto de sometimiento de la mayoría parlamentaria a los planes pergeñados por Puigdemont y no tiene más objetivo que demostrar la inviabilidad del propósito. Quizá todo se deba a la necesidad de demostrar que es indispensable la aparición de un candidato alternativo, capaz de formar un Govern en activo desde el primer día, que pueda acudir al despacho todas las mañanas, que haga de la aplicación del artículo 155 un enojoso paréntesis del pasado y que esté en condiciones de pilotar el independentismo sin saltarse la Constitución, el Estatut, los dictámenes de los letrados del Parlament y el reglamento a las primeras de cambio. Quizá el relato vaya de eso o de algo parecido a eso; si, por el contrario, va de insistir en el vértigo de 2017, el propósito último de los rectores del independentismo es volver a la casilla de salida, y salga el sol por Antequera.

En la espera, en el descanso antes de que empiece la segunda parte, el soberanismo desvía la atención de asuntos acuciantes para medir la solvencia de sus gobernantes del pasado, imbuidos la mayoría de un pétreo sentimiento de posesión de la verdad, de una verdad absoluta e indiscutible, depositaria de una superioridad moral sin parangón posible. Así sucede con la sentencia del caso Palau, tan esclarecedora de los manejos del universo convergente y de algunos de sus sucesores, y así sucede con esa revelación reciente, no menos esclarecedora, referida al propósito del mando de los Mossos de incinerar las pruebas del aviso procedente de Estados Unidos (mayo de 2017) acerca del riesgo que corría Barcelona de sufrir un atentado. En ambos casos, no se ha dejado oír una sola voz pidiendo disculpas por la pestilencia del 3% y por la arremetida contra EL PERIÓDICO, dentro y fuera de las redes sociales, en cuanto reveló la existencia de la comunicación estadounidense.

En tradiciones democráticas y periodísticas de otras latitudes, la conclusión del caso Palau y ocultar las falsedades sostenidas por el Govern con posterioridad al atentado del 17 de agosto –no hubo aviso desde Estados Unidos, aseguró– hubiesen desencadenado una crisis de confianza en todas direcciones, seguido de dimisiones, mea culpas y otros daños colaterales. El simple encabezamiento de la información publicada el lunes por EL PERIÓDICO habría zarandeado las columnas del templo (ilustra mucho leer cada cierto tiempo Todos los hombres del presidente, el caso Watergate  propiamente dicho, el precio que retrospectivamente tiene mentir). Aquí no ha pasado nada, o casi nada, o muy poco, porque el circo de Puigdemont lo encubre todo, pasa por encima de cualquier acontecimiento relevante, mantiene a una parte considerable de la opinión pública absorta en el viaje a Ítaca con parada y fonda en Bruselas por tiempo indeterminado, como un atasco en hora punta.

La gran coalición divide al SPD

Alemania tiene un Gobierno en funciones desde las elecciones legislativas del 24 de septiembre del año pasado, cuando el desgaste de los dos grandes partidos, el SPD (socialdemócrata) y la CDU (democristiano), y el ascenso de la extrema derecha –Alternativa para Alemenia (AfD) – dieron como resultado una enrevesada aritmética parlamentaria. La decisión inicial de los socialdemócratas, muy castigados en las urnas, de abandonar la gran coalición y pasar a la oposición, y la de Angela Merkel de armar una coalición de Gobierno con liberales y ecologistas pareció dar una salida relativamente rápida a la complejidad del momento y cubrir dos objetivos: condenar a la AfD a ser el segundo partido de la oposición, por detrás de la socialdemocracia, y atender a la mayor brevedad las urgencias europeas y los requerimientos del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Nada de esto vio la luz. La retirada de los liberales de las negociaciones sentenció la posibilidad de un tripartito –la coalición Jamaica– y la negativa de la dirección del SPD de resucitar la gran coalición condenó el Gobierno a la provisionalidad, a ser solo un Ejecutivo de gestión y a prolongar la crisis salvo que Martin Schulz accediese a cambiar el paso y a comprometer a los socialdemócratas con un nuevo Gobierno encabezado por Merkel. No había más piezas sobre el tablero y en la tradición política alemana no tiene sitió la idea de formar un Gobierno en minoría; no había otra forma de salir del laberinto que resucitar la Grosse Koalition o convocar nuevas elecciones, algo totalmente ajeno a los usos políticos alemanes, tan arraigado en los salones del poder y en la calle el convencimiento de que la estabilidad lo es todo. Puede decirse incluso que para muchos electores la obligación primera de los diputados electos es garantizar la estabilidad.

La decisión de Schulz de aceptar finalmente la coalición salvadora de la estabilidad responde a esa tradición, a la evitación a toda costa de un Gobierno obligado a pactar todos los días con sus adversarios políticos –la geometría variable no gusta en el Bundestag–, incluso cuando se tratara de asuntos relacionados con el liderazgo europeo, hasta llegar a algún cruce de caminos, cualquier día por cualquier asunto más o menos importante, y tener que adelantar las elecciones. Pero la búsqueda de la estabilidad ha hecho que se alzaran voces discrepantes en el campo socialdemócrata con la consiguiente crisis de dirección, la crítica lógica a un pragmatismo acaso excesivo y el temor a que, de nuevo, el SPD sea el partido más perjudicado en las urnas venideras por la operación en marcha. De hecho, alguna encuesta ya refleja la decepción de una parte del electorado socialdemócrata, tan menguado desde septiembre.

Este domingo un congreso extraordinario del SPD decidirá en Bonn si se inician las negociaciones con Merkel o se entierra el proyecto de la gran coalición. Será un episodio fratricida en la historia del partido porque los primeros aliados con los que contó Schulz cuando decidió disputar la carrera por la cancillería son hoy sus más acerados críticos: las juventudes socialdemócratas, 70.000 militantes –los Jusos–, encabezadas por el estudiante Kevin Kühnert, un orador electrizante. En realidad, la militancia joven no es la única alarmada por el paso dado por Schulz, pero sí la más activa en oponerse al proyecto, en parte porque se siente traicionada y en parte porque siempre se sintió incómoda al lado de los democracia cristiana, cuyo apéndice bávaro –la CSU– es extremadamente conservador. Como escribió hace años un editorialista del semanario Der Spiegel, tiempos de Franz Josef Strauss, “la CDU no puede dejar de cumplir todos los días un gran servicio: moderar a la CSU”.

Cuantos se oponen al acuerdo coinciden en un temor o vaticinio partidista: si se concreta la gran coalición, el SPD puede quedar reducido a una representación muy disminuida en las siguientes elecciones. Y se inquietan, además, ante un hecho incontrovertible: la extrema derecha xenófoba y vociferante pasará a ser la primera fuerza de la oposición; la extrema derecha, coloreada de azul en su actividad pública y vestida de “color pardo de puertas para adentro, como el uniforme nazi” (Heribert Prantl en el Süddeutsche Zeitung), será el primer partido en impugnar el trabajo del Gobierno. Sin ningún coste político, la AfD podrá utilizar la tribuna del Bundestag para difundir su mensaje, obligado el SPD a moderar siempre el tono de sus discrepancias en el seno de la gran coalición, a acatar el programa de Merkel con retoques a pesar de lo prometido a sus militantes y votantes al día siguiente de las elecciones.

Si la noche del 24 de septiembre se aventuró que quizá el resultado de aquel día era el final de la carrera política de Schulz en el partido, ahora es razonable afirmar que se juega su futuro al someter a votación en un congreso el restablecimiento de la gran coalición y, de lograr que se apruebe, seguirá jugándoselo a causa de su vecindad con Merkel y del desgaste político que esto entrañará. El líder socialdemócrata dejó la presidencia del Parlamento Europeo con fama de ser un político inteligente, brillante, eficaz, buen analistas y paciente negociador. Salvo que el porvenir le sea muy propicio, siempre una incógnita, los pasos dados desde que cambió de opinión pueden haber adelantado el final de su recorrido.

¿Podía hacer otra cosa Schulz, podía haberse mantenido en su propósito inicial de pasar a la oposición? El frente pragmático socialdemócrata cree que no, que la obligación de Merkel de formar un Gobierno minoritario o de disolver el Bundestag –una hecatombe, según la prensa conservadora– hubiese tenido un coste electoral inasumible porque la opinión pública, sostiene el entorno de Schulz, no hubiese considerado razonable una salida a la española, dicho sea para simplificar la situación. Kühnert es tajante: “La renovación del SPD solo es posible fuera de la gran coalición”; la consolidación de un perfil ideológico y programático propio solo tiene cabida sin compromisos con la derecha, con la política económica y social activada por Merkel a raíz de la crisis económica.

En el fondo de esta controversia asoma la crisis de identidad no resuelta por la socialdemocracia europea, que creyó ver en Schulz hasta no hace demasiado al líder dispuesto a promover el cambio o la actualización del mensaje. La austeridad recetada por el Bundesbank e impuesta por la cancillera dentro y fuera de Alemania ha erosionado la confianza en el centroizquierda de una parte importante de su electorado en toda Europa, que ha visto cómo o bien contribuía a aplicar la austeridad desde el Gobierno o la aceptaba como irremediable aun en la oposición. Algo que ha dado pie al nacimiento y desarrollo de partidos de perfil inconcluso –Podemos, en España–, diseñados para ocupar una parte significativa del espacio socialdemócrata tradicional, o a la aparición de populismos ultraderechistas, pensados para atraer a sociedades alarmadas, envejecidas, escenario de varias crisis sociales al mismo tiempo (la migratoria, entre ellas). Este es el caso de Alemania y de esa AfD que observa encantada como muy pronto puede ser la gran voz discrepante, el gran adversario del establishment político castigado en las urnas hace cerca de cuatro meses.

Lucha por el poder en Irán

La lucha por el poder en Irán entre el ala dura del régimen y los reformistas ha entrado en una nueva fase a raíz de las manifestaciones registradas en una cuarentena de ciudades, las contramanifestaciones promovidas por los clérigos conservadores y la represión desencadenada por los guardianes de la revolución y adláteres, que ha dejado más de veinte muertos. Si las elecciones presidenciales de mayo último hicieron aflorar las diferencias sustanciales entre Hasán Rohani, el presidente saliente y finalmente reelegido, y el líder supremo, Alí Jamenei, la reacción de ambos ante la movilización de la calle ha concretado las divergencias entre las dos referencias primeras de la República Islámica. Mientras el entorno de Jamenei ha amenazado a los manifestantes con la pena de muerte, Rohani ha reconocido públicamente el derecho a ser oídos de quienes protestan.

En la compleja estructura ideada por el ayatolá Ruholá Jomeini para situar a los clérigos por encima y al margen de la planta institucional del régimen que él fundó, no cabe imaginar a una sola autoridad política o religiosa como representante de la disidencia o la oposición, al menos dando a este término el significado que tiene en los sistemas pluralistas. El reparto del poder hasta el último alvéolo del sistema está en manos de hijos del sistema, formados y adscritos a su lógica. Dicho de otra manera: Jamenei y Rohani proceden del mismo crisol, aunque discrepen en los métodos y aun en la orientación de sus programas. El hecho mismo de que los candidatos a las elecciones deban contar con la previa aprobación del líder supremo (vilayat e faqih) subraya el carácter extremadamente restrictivo de los mecanismos de participación; no hay carrera política posible sin el nihil obstat del establishment.

En la elección de mayo, la candidatura de Ibrahim Raisi, un clérigo adscrito al ala dura del régimen, fue promovida por Jamenei, que ve en Raisi el sucesor ideal en la plaza de líder supremo de la revolución previo paso por la presidencia del país, un camino que él mismo siguió hasta convertirse en sucesor de Jomeini. Raisi obtuvo el 38,3% de los votos, un resultado decoroso para seguir en la brega en las presidenciales de 2021 y para agavillar a todas las facciones conservadoras, incluida la que durante ocho años encabezó Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Rohani. Un plan de actuación destinado a desbaratar la pretensión de los reformistas de perpetuarse en la presidencia –ya lo intentaron en tiempos de Mohamed Jatamí– y apoyado por la élite política de Teherán.

Más allá de Teherán y de la marcha de los negocios en el bazar, esa trastienda política escapa al interés del país y de los menores de 30 años –el 50% de la población–, que sufren un paro estimado del 40% para los mayores de 16 años. A diferencia de las manifestaciones que siguieron a las elecciones presidenciales de 2009, que movilizaron a la clase media urbana, en esta ocasión la iniciaron jóvenes afincados en zonas rurales, en ciudades medianas y pequeñas donde la crisis económica tiene efectos especialmente graves, donde la filtración por primera vez de partidas secretas del presupuesto destinadas al Ejército, a instituciones religiosas y a la Guardia Revolucionaria han soliviantado a poblaciones muy castigadas por la subida de algunos productos de primera necesidad (gasolina, huevos) y por la reducción de ayudas sociales destinadas a los más vulnerables. ¿Cómo es posible que miles de millones de dólares se desvíen a intervenciones en el exterior –Siria, Irak, Líbano– mientras el estancamiento económico se torna insuperable?, se pregunta la calle en ascuas.

“Es la base social del régimen la que se manifiesta”, sostiene el analista Stéphane Dudoignon, atendiendo al hecho de que el triunfo de la revolución jomeinista se fundamentó en la adhesión de los jóvenes de 1979 y de una parte de las élites ilustradas, opuestas a la monarquía. Pero los jóvenes que hoy protestan carecen del vínculo de complicidad con los clérigos que si se dio hace cuarenta años. Ni vivieron la revolución ni secundaron la exaltación patriótica de la guerra con Irak (1980-1988) ni forman parte de su recorrido histórico los años más enconados de la pugna con Estados Unidos. Se esfumó la complicidad que un día hubo entre el grueso de los iranís y sus gobernantes más allá de Teherán; hoy la capital permanece básicamente en calma y el resto de la república islámica, con el ánimo exaltado.

Debe añadirse al vacío entre la base social y los líderes, los diferentes enemigos que se ha labrado Rohani dentro y fuera de Irán a partir del acuerdo alcanzado con el presidente Barack Obama –final de las sanciones a cambio de la cancelación del programa militar nuclear–, bendecido por Jamenei, pero denostado sotto voce por el ala dura sin demasiado disimulo. Un clima enrarecido más si cabe por las invectivas de Donald Trump, tan contrario al acuerdo con Irán como partidario de Arabia Saudí en su larga disputa con los ayatolás por la hegemonía regional.

En cualquier otro escenario que no fuera el iraní cabría decir que acaso lo que se dilucida es una crisis del régimen. Pero la solidez de los principales resortes del poder –el líder supremo con su red clientelar por todo el país, incluidas las universidades y todos los centros de culto–, los guardianes de la revolución, el Ejército y los basij (paramilitares) aconsejan descartar una conclusión tan rotunda. Por lo demás, los episodios de descontento popular, con mayor o menor repercusión en las redes sociales y en los medios especializados, se producen desde hace tres años, con la crisis económica y el recorte de las subvenciones como causa inmediata.

Hesamodin Ashna, asesor de Rohani, reconoce que se da “una distribución desequilibrada del presupuesto”, según recoge The New York Times, y Abbas Milani, director de Estudios Iranís de la Universidad de Stanford, insiste en la pretensión de Jamenei de interferir en el segundo mandato de Rohani, como si se tratara de alguien que da muestras de haberse escapado a su control. La suma de ambas opiniones, más la obstinación de Trump en desandar el camino seguido por Obama, lleva directamente a formular la pregunta principal: ¿quiénes mueven de verdad los hilos de la protesta? Seguida de esta otra: ¿a quiénes beneficia más la calle enardecida? Las apariencias suelen engañar y el control sobre las redes sociales, la actividad incesante de los servicios de información, con un tupido sistema de agentes en todas partes, y la dimensión misma de la protesta lleva a excluir que se trata sin más de un estallido espontáneo que pilló al régimen por sorpresa, algo improbable.

 

Solo incertidumbres a las puertas del 21D

Al acercarse el día D, multiplicarse las encuestas, desbordarse las promesas electorales y proliferar los análisis se asientan en los votantes emociones encontradas, las más de las veces condimentadas con dosis variables de desconcierto, de asombro y aun de hartazgo. En esa extraña campaña con candidatos en la cárcel, candidatos en libertad bajo fianza, candidatos exaltados por agravios de diferente signo y naturaleza y candidatos distribuidos en bloques, apenas importan los programas, reducido todo a una brega sin cuartel por sostenella y no enmendalla en el campo soberanista y por enmendalla del todo en el universo constitucionalista, tan improbable como universo, como bloque o como agrupación instrumental.

Así están las cosas: Carles Puigdemont cree atesorar títulos y sacrificios –bruselenses– para ser el único candidato legitimado para volver a la presidencia, previo cruce de la frontera blindada; ERC espera contener el deslizamiento de votos para situar en la presidencia a Oriol Junqueras o Marta Rovira, según sea la situación futura del exvicepresidente encerrado en Estremera; Inés Arrimadas (C’s) echa cuentas en pos de una victoria y Miquel Iceta (PSC) hace lo propio sin pensar en la victoria, dispuesto a encarnar la síntesis necesaria para evitar una confrontación estéril entre minorías parlamentarias que lleve indefectiblemente a nuevas elecciones (un posibilidad que viste los ropajes de lo que sería un doble fracaso político y económico). Así están las cosas, con el dato añadido de que el perfil ascendente de JxCat merced a la participación activa de Puigdemont en la campaña, entre otras razones, coincide inevitablemente con el perfil declinante de Junqueras, imposibilitado este de recurrir al plasma para estar presente en los actos de su partido.

Por detrás de este cuarteto asoman tres candidaturas a la búsqueda de un papel relevante en la obra: los comuns, la CUP y el PP. Los primeros creen ver su futuro convertidos en muleta o aliados accidentales del PSC, los segundos apuntan por la vía unilateral a pesar de la experiencia vivida a partir del 27 de octubre, los terceros no tienen quien les escriba, salvo que el porvenir presidencial de Arrimadas dependa de ellos. Todo bastante confuso e inconcreto, más próximo a una operación aritmética imposible que a un desenlace verosímil de la crisis, aquel que permitiría rebajar la tensión, activar la economía y llevar al ánimo del Tribunal Supremo la necesidad de que la justicia se ponga al servicio de la concordia y no viceversa (dicho sea sin poner en duda la vigencia de la división de poderes, tan abusivamente citada). Todo condicionado o sometido a un frentismo en el que, a cada lado de la divisoria, hay codazos para ocupar el centro y atraer voluntades que permitan conquistar la presidencia.

Pero la confusión se impone en los prolegómenos del día D (el jueves,21), espoleada por la radicalización en el campo soberanista, herido por los encarcelamientos y la instalación sine díe del expresident en Bélgica, por el desasosiego inquietante provocado por el presunto propósito del Gobierno de mantener la vigencia del 155 si de las urnas no sale el futuro deseado –que el independentismo no regrese al puente de mando– y por esa tendencia a la arenga constitucionalista de algunos candidatos –Arrimadas y García Albiol–, más propia de fundamentalistas que de políticos. Y la confusión se acrecienta con las discrepancias argumentales entre la celda de Estremera –la unilateralidad ha muerto; solo cabe la bilateralidad– y esa contaminación cupaire de los mítines de ERC, tan necesitada de contrarrestar las soflamas de Puigdemont desde una pantalla.

La oratoria encendida de los debates en televisión, el tono de las entrevistas en TV3 –la de Miquel Iceta, el ejemplo más llamativo–, la animadversión indisimulada entre candidatos –el cara a cara à bout de souffle de Rovira y Arrimadas en Salvados– y un encono sin comparación posible con otras campañas presagian un día siguiente al día D de una complejidad irresoluble, próxima a las adivinanzas que la cruel princesa Turandot planteaba a sus pretendientes. De momento, brilla por su ausencia la voluntad de encontrar un punto medio entre los objetivos de ambos bandos o trincheras, como si la degradación del marco político, la fractura de la calle y la incompatibilidad de propósitos configuraran una lucha entre adversarios irreconciliables.

El espacio dedicado a la autocrítica ha quedado reducido a su más mínima expresión, singularmente en el campo soberanista, donde la mezcla de arrepentimientos de primera hora y reconocimientos de que bastantes cosas se hicieron mal y hubo engaño manifiesto, ha dado paso a una exacerbación de las pasiones, estimulada por los encarcelamientos, primero, por la decisión del magistrado Pablo Llarena de mantener entre rejas a Junqueras, Forn y los Jordis, por el episodio de Sijena, más tarde, y por un sinfín de investigaciones en curso, siempre en primera página los rostros más visibles del independentismo. De la misma manera, ha quedado reducido a su más mínima expresión, por no decir que se ha esfumado, el papel reservado a las opciones intermedias, susceptibles de ahormar alguna forma de conciliación, porque todo el mundo aspira a lograr una victoria por sus propios medios sin ceder un milímetro (la lógica de los eslóganes obliga a ello).

Esta es la situación, agravada por la desaparición de los bloques ideológicos (derecha, izquierda), suplantados por los instrumentales (independencia, sí; independencia, no). Un agravamiento reflejado en los comentarios suscitados por la configuración de la candidatura de Miquel Iceta, una versión de bolsillo del compromiso histórico y de la complicidad política de democristianos y socialdemócratas en la construcción de la Europa que conocemos, dos tradiciones en la articulación de la Europa de nuestro tiempo que, trasladadas a Catalunya, han dado pie a caricaturas y simplificaciones. Poco importan las ideas, solo importan la identidad y la mitología de las naciones, sean estas las que sean.

“La política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre política generalizada”, afirma Edgar Morin, y en esas estamos. Una incertidumbre corregida y aumentada por la negativa de todos a pagar el precio político de llegar a una solución transaccional que, quizá, supusiese el final del recorrido político de los implicados en la operación. Por el contrario, las encuestas indican que los partidarios de los desenlaces rotundos suman adeptos con mayor y más continuada tendencia a ascender que los dispuestos a alguna forma de acuerdo o pacto. A escala catalana y española, a través de la sacralización de los nacionalismos, de la simplificación del conflicto, reducido en los discursos a un choque irresoluble de identidades reales o fabricadas, ocultas detrás de la “negra espalda de tiempo” (William Shakespeare, varias veces citado por Javier Marías), y que el día 22 estarán sobre la mesa al margen de cuál sea el resultado electoral.