El año del califa Ibrahim

Si algún medio informativo decidiese distinguir a Abú Bakr el Bagdadi –el califa Ibrahim para la militancia– como el personaje más relevante del año vencido, tendría a su alcance una gran variedad de argumentos para justificar su decisión. El Estado Islámico se ha situado en el centro de la atmósfera de desorden que se ha adueñado de las relaciones internacionales, de esa sensación de improvisación frente al desafío que impregna lo mismo la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que promueve la negociación en Siria de una solución política, que las apelaciones a la guerra de Francia, a la reiterada indeterminación de Estados Unidos cuando debe ir más allá de mantener el compromiso en el combate contra los yihadistas mediante la campaña de bombardeos contra sus dominios en Siria e Irak. El año 2015 puede que sea el del Bagdadi porque ha llevado el pánico al corazón de Europa, al norte de África y, más allá, hasta el otro lado del Atlántico; ha dado aire a Bashar el Asad, comandante en jefe de una carnicería, y ha contribuido decisivamente a desatar un flujo incontenible de refugiados que huyen de la guerra y buscan cobijo en una Europa con una opinión pública atemorizada y desorientada.

Richard Haas, presidente del Council on Foreign Relations, escribió hace un año un ensayo titulado ¿Cómo responder a un desorden mundial? En él afirma: “En el presente, el equilibrio entre orden y desorden se desplaza en dirección a este último. Algunas razones son estructurales, pero algunas son el resultado de malas elecciones hechas por importantes actores, y al menos algunas de ellas pueden y deben corregirse”. ¿Qué decir doce meses después, con Oriente Próximo consagrado como el cruce de caminos de todas las grandes crisis: la de la inseguridad colectiva a causa del dinamismo del terrorismo global, la de los refugiados, la de la guerra fría en el golfo Pérsico, la de convivencia entre dos legados culturales más que milenarios, el cristiano y el musulmán?

La proclamación del califato en junio del 2014 fue algo más un acto de propaganda amenazante: proporcionó al yihadismo una referencia territorial a la causa, a la prédica contra Occidente y a la vuelta a los orígenes del islam, se correspondan estos con la realidad o con la mitología de una edad de oro en la que resplandeció la justicia mediante una aplicación estricta de las enseñanzas del profeta Mahoma. Frente a la disolución de la estrategia de Al Qaeda por carecer de un espacio reconocible como propio se afianzó la del Estado Islámico, secundada más allá de sus dominios por muyahidines dispuestos a imponer la lógica de las armas. Quizá haya retrocedido el califato en Siria e Irak, pero su estrategia ha cuajado como aquella más adecuada para perpetuar la lucha y condicionar por entero las relaciones internacionales; quizá el califato tenga fecha de caducidad, pero ha minado de tal manera el ánimo de sus adversarios y ha afianzado de tal forma a sus seguidores en sus convicciones más conocidas que, en caso de derrota, la empresa del Bagdadi seguramente tendrá continuidad. Ese es, al menos, el vaticinio de cuantos, dentro y fuera del orbe musulmán, entienden que el conflicto hunde sus raíces muy profundamente en la complejidad laberíntica del islam, de las frustraciones de sociedades condenadas a la postración por actores políticos que las han utilizado en estricto beneficio propio.

La estrategia seguida por El Bagdadi ha llevado al ánimo de los yihadistas que están en condiciones de imponer su agenda siempre que siga en vigor la mitología del martirio, el recurso a la acción directa sin importar el coste que entrañe. Se afianza así la idea expresada por el arabista francés Olivier Roy: “El yihadismo es una revuelta generacional y nihilista”. Según el mismo autor, la motivación religiosa de los muyahidines es poco más que un resorte que permite arremeter contra cualquier referencia cultural, social o política con el sello de Occidente. “Ninguno está interesado en la teología, ni siquiera en la naturaleza de la yihad o en la del Estado Islámico”, afirma Roy, mientras otros análisis de tenor parecido presentan el factor religioso como una coartada o pretexto ideológico.

Como es fácil comprobar en Afganistán, donde la ineficacia exasperante del Gobierno ha permitido a los talibanes ganar terreno sin modificar una coma la simplificación de los enunciados religiosos que los llevaron al poder, la victoria militar no es ninguna garantía de que no surjan aquí y allá otros movimientos que sustituyan al eventualmente vencido. Tomar Ramadi, reducir el ámbito territorial del califato, no diluye la base social atraída por los fundamentalistas ni liquida la estructura militar del Estado Islámico, heredada en gran parte del Ejército de Sadam Husein, disuelto por Estados Unidos en el 2003 sin reparar en las consecuencias que tal decisión tendría en el futuro. Y, desde luego, no neutraliza la proliferación en Europa de células durmientes y lobos solitarios –también en Estados Unidos–, la floración de organizaciones islamistas en África y la incongruencia de que la aristocracia teocrática saudí, asociada ahora –no en el pasado– al combate contra los yihadistas, se acoge a una aplicación de la sharia apenas diferenciada de la que distingue al Daesh.

Cuando una autoridad moral como el papa Francisco, a la luz de los atentados perpetrados por los yihadistas, se refiere a la existencia de una tercera guerra mundial fragmentada, es poco menos que inevitable admitir que El Bagadadi ha sido el hombre del año que expiró. A él se deben modificaciones sustanciales en el desarrollo de la vida cotidiana, en las políticas de control y seguridad, en el peligro de fractura en sociedades con un porcentaje significativo de musulmanes, en la desconfianza generalizada ante situaciones que hasta hace muy poco no se consideraban de riesgo, en la tentación de muchos gobiernos, en fin, de estrechar el ámbito de la libertad.

“El máximo objetivo de los terroristas yihadistas es convencer a la juventud musulmana en todo el mundo de que no hay una alternativa para el terrorismo”, sostiene el financiero George Soros. Para él, “abandonar los valores y principios que subyacen en las sociedades abiertas y ceder ante un impulso antimusulmán dictado por el miedo no es la respuesta, realmente, aunque puede resultar difícil resistirse a la tentación”. El  Estado Islámico, ha logrado en parte alcanzar ambos objetivos: ha capturado la voluntad de una minoría de jóvenes musulmanes, por herencia familiar o conversos, y ha alentado sentimientos islamófobos que lo mismo valen a Marine Le Pen para apuntar al Eliseo que a Viktor Orbán para sembrar la frontera meridional de Hungría de concertinas (un ejemplo imitado luego por otros). ¿Qué logros avizora el califato para el año que empieza? Quizá perpetuar el miedo como un sentimiento irrefrenable y compartido.

En nombre de la guerra

La catarsis de La Marsellesa sirve para encauzar la política de las emociones en la vía pública o en un estadio, pero tiene fecha de caducidad; cohesiona inmediatamente después de recibir el golpe, pero oculta la verdadera dimensión del desafío que enfrenta Francia desde la noche del día 13 y, con toda seguridad, el resto de Europa. Lo mismo sucede con el recurso habitual a la palabra guerra: el término enmascara todo aquello que más allá del recurso a las armas se antoja más eficaz y duradero, más equilibrado y sostenible que un mero acto de fuerza. Llamar a la guerra también forma parte de la política de las emociones, aunque los atentados sean, grosso modo, actos de guerra que han costado 130 vidas y han sembrado en París, y desde allí en toda Europa, un sentimiento de inseguridad antes nunca visto. Plantear el falso dilema entre seguridad y libertad es, asimismo, fruto de la política de las emociones, cuando no del oportunismo conservador, que pretende aprovechar el momento para hacer realidad una vieja utopía –distopía, más apropiadamente– que figura de forma encubierta o explícita en muchos programas, no solo de partidos de extrema derecha: ganar en seguridad justifica perder en libertad.

Cuando en sociedades equilibradas por una larga tradición democrática se toma la decisión de suspender un partido de fútbol o de cancelar un concierto, la impresión es que la política de las emociones es la única que se ajusta a la realidad, pero se trata de un espejismo. La política de las emociones no aporta soluciones duraderas, sino que enturbia el análisis con hipótesis de futuro sin apenas fundamento. El desafío plateado por el Estado Islámico o Daesh obliga a internarse en un laberinto político real, del que nadie conoce la ruta de salida, pero que a largo plazo solo admite una solución política que atienda a las exigencias de seguridad de Europa, a las circunstancias políticas en Siria e Irak y, de forma más amplia, a la situación en el orbe árabe-musulmán. Bombardear Raqa, declarar el estado de urgencia y anunciar una reforma constitucional, como ha hecho el presidente François Hollande, tiene un coste elevado y ni siquiera sirve para serenar los espíritus de una opinión pública desorientada y asustada.

Mientras la derecha francesa jalea a cuantos exigen mano dura y pocas contemplaciones –y quizá Hollande quiere neutralizarlos con la proclamación de que Francia está en guerra–, el diario Le Monde ha resumido la situación así: “¿De esta forma se vencerá al yihadismo? No es preciso mentir a la opinión pública. No será suficiente desmantelar la logística paraestatal del EI. Puesto que pone de relieve una patología propia del islam, puesto que es una ideología totalitaria, el islamismo será ante todo derrotado por los musulmanes”. De la historia reciente se desprende esta certidumbre y aun otra: seguir los pasos de George W. Bush a partir del 11-S –ya se acusa a Hollande de ello en algunos foros– lleva directamente a la frustración y al fracaso.

No hay atajos ni vías de escape posibles. Recurrir al ingenio para poner en circulación neologismos –así fascislamismo (Bernard-Henri Lévy)– apenas tiene efectos reconocibles sobre el drama. Incluso tiende a falsear la realidad, a proyectarla sobre espejos deformantes como los que hubo en el callejón del Gato (Luces de bohemia, Ramón María del Valle-Inclán). Hay que comprender a qué obedece todo, en París o en la capital de Mali, sacudida por una carnicería en un hotel. Es más fructífero, aunque menos llamativo, abrazar la realidad, fajarse con los datos y recurrir a la historia como ha hecho el filósofo Edgar Morin (94 años) para precisar cuál es la profundidad del problema:

-La fuente de inspiración del Daesh es endógena del islam. Los yihadistas constituyen “una minoría demoníaca que cree luchar contra el demonio que es Occidente”. Pero Estados Unidos actuó como un aprendiz de brujo al liberar al genio de la lámpara con las intervenciones en Afganistán e Irak.

-Los bombardeos de Occidente causan también “matanzas y terror: aquello que golpean drones y bombarderos no son principalmente militares, sino población civil”.

-La victoria sobre el Daesh no se logrará solamente con la paz en Siria, “sino también mediante la paz en las banlieues”. “Nada se ha hecho de forma continuada y en profundidad para una verdadera integración en la nación a través de una escuela que enseñe la naturaleza histórica de Francia, que es multicultural, y en la sociedad a través de la lucha contra la discriminación”, escribe Morin.

Frente a las corrientes de opinión que lo fían todo o principalmente a la solución militar se alzan las voces de quienes reclaman un mecanismo de pacificación para Oriente Próximo, con puntos de partida muy parecidos a los de Morin: esencialmente, el reconocimiento y la rectificación de los errores cometidos en Irak, Siria y otros lugares, pero también en suelo europeo. Eso incluye preguntarse por la viabilidad futura de Irak, por el papel –dudoso– que puede desempeñar Bashar el Asad en un desenlace político consistente en Siria, por las contradicciones inherentes a una gestión internacional de la crisis que incluya a Estados Unidos, Rusia, Irán y Arabia Saudí, actores necesarios e ineludibles. Eso incluye, también, preguntarse seriamente cuáles son las líneas rojas que en ningún caso deben traspasarse en nombre de la seguridad, mejor dicho, en nombre de una falsa idea de seguridad.

Los errores encadenados para no alterar el statu quo en Oriente Próximo han dado pie a situaciones tan chocantes o preocupantes como el silencio sepulcral en Wembley durante el minuto de silencio por las víctimas de París y, a la misma hora, los silbidos y los gritos de Alá es grande mientras se hacía lo propio en un estadio de Estambul. Hay en el islam, al menos en una parte de él, un sentimiento de agravio, una atmósfera viciada por la herencia colonial, por la epopeya palestina, por la invasión de Irak, por la sujeción a los intereses de Occidente; una atmósfera potenciada y aprovechada por los predicadores del califato y de la necesidad de volver al pasado. Nadie puede poner en duda la gravedad y la profundidad social de tal fenómeno.

Estos mismos errores han desencadenado desastres irreversibles como la destrucción de Siria, Irak, Yemen y Libia y han llenado de incertidumbres indescifrables el futuro de Turquía, Egipto, Afganistán y puede que Pakistán. No es un panorama alentador para remitirse cada cinco minutos a la guerra y olvidar otros factores y frentes de actuación: mejorar la labor de inteligencia, poner en práctica mecanismos de cohesión social en las grandes ciudades europeas, cambiar el vínculo económico y político de Europa con los regímenes de los países de mayoría musulmana, lograr que las estrategias rusa y estadounidense en Oriente Próximo dejen de ser las dos versiones de un misma, estéril y peligrosa rivalidad a las puertas del infierno, más allá de las cuales toda esperanza carece de sentido, según los versos de Dante en La divina comedia.

La conmoción causada por los atentados de París no puede ser la excusa o la ocasión propicia para convertir la seguridad de los ciudadanos, un derecho que deben garantizar los poderes públicos, en el pretexto para degradar la democracia, consagrar la venganza como principio de la acción exterior y militarizar un conflicto de gran complejidad, de naturaleza política y social, hasta convertirlo en la versión actualizada del choque de civilizaciones. Los valores cívicos transmitidos por la cultura francesa y la memoria de los muertos merecen que el desenlace sea menos sórdido.

El califato se nutre del caos

El Estado Islámico (EI) da muestras de tener una facilidad pasmosa para llenar con su presencia nichos políticos de los que se ha ausentado el Estado convencional o en los que cualquier forma de autoridad institucional es meramente simbólica. Si se une a ello la lógica sectaria y el desprecio por la herencia cultural del pasado en todo lo que no está impregnado por el mensaje del islam, se dispone de un perfil muy reconocible de qué es el EI, qué riesgos entraña y qué desafíos plantea. Pero se concreta asimismo la capacidad que los islamistas de Abú Bakr el Bagdadi tienen de contaminar el entorno y desestabilizarlo o implicarlo en una guerra de desgaste cuya duración, muy larga con toda seguridad, es imposible precisar.

El asesinato de 21 cristianos coptos egipcios en una playa de Libia, la decisión del presidente Abdelfatá al Sisi de responder con bombardeos aéreos, el secuestro de un número indeterminado de cristianos sirios de diferentes ritos y, por último, ese vídeo en el que aparecen varios muyahidines destruyendo estatuas asirias varias veces milenarias son la constatación directa y fehaciente de que esos nichos sin Estado en los que se ha instalado el EI presencian un adelanto de los significados explícitos e implícitos que se derivan de la proclamación del califato. El califato ha adquirido la personalidad de un actor político internacional de primer orden y la “adaptación cultural”, citada a menudo por Henry Kissinger como aquella más adecuada a la realidad de Oriente Próximo que la construcción de naciones por la que optó George W. Bush en Afganistán e Irak, apenas encuentra adeptos en Occidente, donde se ha impuesto el convencimiento de que la única solución posible es la militar y cualquier otra está llamada al fracaso.

Según la profesora Tricia Bacon, de la Universidad Americana de Washington, hay por lo menos cuatro factores que distinguen al EI de otras organizaciones islamistas:

-Recursos abundantes (el petróleo de los pozos conquistados en Siria e Irak, el dinero que estaba depositado en los bancos de las ciudades que ha ocupado y los arsenales abandonados sin lucha en el campo de batalla por el Ejército iraquí).

-Propaganda sofisticada (utilización intensiva de las redes sociales para llevar la yihad hasta las salas de estar de Occidente).

-Líder carismático (el califa Ibrahim –El Bagdadi antes– es uno de los agitadores de nuestro tiempo menos fotografiados, pero eso no ha reducido un ápice la fuerza de su llamamiento a la umma –la comunidad de creyentes– para que sea fiel y sumisa a sus designios).

-Ocupación de un territorio donde tiene libertad de movimientos (una vasta región que une partes de Siria e Irak bajo una sola bandera, más la colonización reciente de un reducto en el norte de Libia).

Hay otros dos factores de índole político-religioso-cultural que deben añadirse a los enumerados por la profesora Bacon:

-La explotación del sentimiento de marginación que invade a la comunidad suní de Irak desde la desaparición del régimen de Sadam Husein y la sustitución de este por otro en manos de la mayoría chií desde que Nuri al Maliki fue nombrado primer ministro, cuyos vicios apenas ha podido corregir su sucesor, Haider al Abadi.

-La pugna histórica entre Irán (chií) y las petromonarquías (sunís) por hacerse con la hegemonía en la región del golfo Pérsico, llamado mar Arábigo por los señores del oro negro, una pugna en la que se insertan los acontecimientos en curso y explica en gran medida las ambigüedades de Arabia Saudí y Catar, sobre todo, en relación con el EI, hoy bombardeado, pero quizá ayer financiado o, por lo menos, tolerado.

“El caos amenaza el orden mundial”, sostiene Henry Kissinger en World Order (Orden Mundial), el libro que presentó en septiembre del año pasado. Kissinger parte de la idea de que el orden mundial es “el concepto que tiene una región o civilización acerca de la naturaleza de acuerdos justo y de la distribución del poder a través de ellos para ser aplicados en todo el mundo”. Pero si una región –Oriente Próximo hoy– cobija un movimiento político de tipo insurreccional, que impide sistematizar el reparto del poder, construir un statu quo duradero, el caos está servido. Si se da además la circunstancia de que en la región se desarrolla una disputa entre actores principales, entonces el riesgo de caos es aún mayor. Esa es la situación desde Libia a Irak, con ramificaciones en Yemen y, más allá del mundo árabe, en partes del África subsahariana, Afganistán y Pakistán, hasta donde llegan los ecos del desafío del Estado Islámico, en unos casos, pervive el mensaje de Al Qaeda, en otros, o persiste la connivencia entre el islamismo en armas y algunas instituciones del Estado (el caso paquistaní).

Pareciera, al mismo tiempo, que últimamente se impone la lógica perversa de considerar a los enemigos de los enemigos como amigos propios. De tal manera que, puesto que el presidente de Siria, Bashar el Asad, combate al EI, y el EI es el adversario principal de Estados Unidos y sus aliados, el matarife sirio ha dejado de serlo o al menos lo es menos que cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fijó las líneas rojas que situaron a El Asad a un paso de ser bombardeo por orden de la Casa Blanca. Y esa lógica perversa puede hacerse extensiva a los países del Golfo que, al combatir al EI, debilitan al principal adversario del presidente sirio, socorrido no pocas veces por Irán, a su vez el gran contrincante chií de las monarquías sunís.

“Las relaciones entre el Gobierno de Irak y los estados del Golfo árabes sunís se han tensado considerablemente en el periodo posterior a Sadam, en parte porque el Gobierno de Irak está dominado por facciones chiís políticamente próximas a Irán”, se lee en el informe La crisis del Estado Islámico y la política de Estados Unidos, dirigido al Congreso de Washington. En el mismo informe se subraya que “los resultados de Estados Unidos de una estrategia de fuerza dependen de la participación de otros actores, tanto estatales como no estatales”; es decir, dependen de la implicación de los aliados, se trate de gobiernos o de organizaciones. Entre los primeros se deben contabilizar todos cuantos con más o menos entusiasmo han puesto sus bombarderos al servicio de la causa, pero también realidades tan debilitadas como el Gobierno libio encerrado en Tobruk, que, en teoría, debe ser el encargado de neutralizara orillas del Mediterráneo al Estado Islámico, señor de una parte de la costa oriental del país. Entre las segundas, quizá piensan aún los analistas estadounidenses en las menguadas fuerzas del Ejército Libre Sirio, convertido en poco más que una sombra de sí mismo y desbordado por el dinamismo de los yihadistas.

De lo que es fácil colegir que parecen estar en lo cierto cuantos piensan que la búsqueda de un desenlace solo militar o esencialmente militar no es más que un monumental error de cálculo, un contrasentido que no dará mejores resultados que los errores de cálculo cometidos antes en Afganistán e Irak. En sociedades decepcionadas por el fracaso de las primaveras árabes, singularmente la egipcia, sometidas a las servidumbres de una realpolitik asfixiante y seducidas por diferentes formas de islamismo, más o menos cercano a la ideología espontánea de comunidades abandonadas a su suerte desde hace décadas, carece de fundamentación lógica pensar que cabe suturar las heridas a cañonazos. Se diría que ni siquiera se puede así garantizar el derecho que asiste a los ciudadanos de los países occidentales de sentirse seguros y proteger su modo de vida, sino más bien todo lo contrario. Bien es verdad que nadie sabe con exactitud, más allá de las buenas palabras, cuál debe ser la alternativa para detener el desastre de los estados fallidos y los poderes de facto que desafían hoy a la comunidad internacional, pero una guerra interminable conduce directamente a un futuro tenebroso.

La CIA banaliza la tortura

Nada de lo puesto al descubierto por el informe del Senado hecho público el martes se refiere a situaciones impensadas, no sabidas o no intuidas, como ha resaltado en un editorial el diario progresista francés Le Monde, pero lo peor, como ha señalado con no menos amargura el mismo medio, es que el comportamiento inmoral de la CIA en la etiquetada como lucha o guerra contra el terrorismo ha banalizado la tortura, la ha incorporado al paisaje cotidiano más o menos presentido por los ciudadanos. De la misma manera que la banalidad del mal –la vesania nazi– fue una expresión forjada por la pensadora Hannah Arendt en el libro Eichmann en Jerusalén, las excusas o argumentos servidos por la CIA y sus defensores para justificar cuanto de oprobioso e injustificable hay en la tortura, abundan en esa otra banalización, no menos ominosa, no menos escandalosa, que abre un abismo profundo, insalvable, entre la moral y el recurso a cualquier cosa con tal de alcanzar los resultados apetecidos.

Una vez más, detrás de las explicaciones más o menos inconsistentes de John Brennan, director de la CIA, de la plana mayor de la Casa Blanca de George W. Bush y de los republicanos de hoy, de los que se han hecho con la mayoría en las dos cámaras del Congreso, detrás de esa apresurada construcción de una tramoya justificativa, alienta la idea aborrecible de que el fin justifica los medios, por deleznables que estos sean. Y ni siquiera ese planteamiento meramente utilitarista es, en puridad, aplicable al caso, porque del informe elaborado por los senadores demócratas se desprende que la tortura no evitó o conjuró ninguna acción terrorista, ataque o cualquier otro acontecimiento que pusiera en peligro la seguridad de Estados Unidos. Aunque el exvicepresidente Richard Cheney diga que volvería a hacer lo mismo, esto es, volvería a dar su apoyo a los “interrogatorios reforzados” –para la mayoría, torturas–, que estima cumplieron con las metas fijadas, la verdad es que en nada ayudaron a mejorar la seguridad y si, en cambio, sirvieron para hacer más pestilente el hedor que asciende de las alcantarillas del Estado.

Del “nivel de depravación insoportable” al que se refirió el jueves The New York Times forman parte no solo los funcionarios de la CIA que perpetraron las fechorías y quienes las autorizaron o consintieron, sino quienes hoy se esfuerzan en justificarlas. Un gobierno que toma la decisión de renegar de sus principios –al menos se le suponen– es un peligro cierto para la preservación de los valores democráticos, de aquellos que deben quedar siempre a salvo, a pesar de que bajo los escombros del 11-S quedaron sepultados los cuerpos de 2.992 inocentes. “La fuerza de una democracia se juzga por su capacidad para no renegar de sus principios en nombre de la seguridad nacional, esto es, aceptar la dosis de inseguridad que implica el respeto a los antedichos principios”, se ha escrito en las páginas de Le Monde, y ese es un compromiso inexcusable. Porque, si no lo es, se cumple uno de los postulados de la utopía reaccionaria, acaso una distopía –más seguridad a cambio de menos libertad–, pero se inflige un daño irreparable a la cultura política democrática.

Ni siquiera la tragedia de los atentados del 11-S autoriza que a quienes los planearon, encubrieron o protegieron se les apliquen unos parámetros legales diferentes, se los envíe a cárceles secretas y se los ultraje a todas horas. Lo mismo cabe decir de los combatientes del régimen talibán que entre octubre y diciembre de 2012 fueron enemigos de Estados Unidos en el campo de batalla de Afganistán. No solo porque la legitimidad moral de aquella guerra fue y sigue siendo más que discutible, sino porque la democracia se sustenta en valores incompatibles con procedimientos execrables, y es esta una incompatibilidad fundamental, esencial, que señala el límite entre los digno y lo indigno.

El empeño de la senadora Dianne Feinstein de sacar adelante el informe, y aun hacer pública una parte, hay que entenderlo, pues, como un servicio cívico, aunque coincidan en el episodio razones de conveniencia política, pues los republicanos ejercerán pronto de mayoría en el Senado y, como es sabido, son partidarios de guardar todo el asunto bajo la alfombra en nombre de la seguridad nacional. Es, asimismo, el primer paso, y quizá el último, para sanear a la CIA, purgarla si se quiere, de acuerdo con el verbo utilizado por el senador demócrata Mark Udall, y para someterla a un más estrecho control. “El problema fundamental aquí es no solo qué sucedió, sino la resistencia continua de la dirección de esta agencia a la vigilancia básica”, según el senador Martin Heinrich, demócrata, que puso el dedo en la llaga al subrayar la pretensión de la CIA de disponer de una libertad de movimientos que, dicho en pocas palabras, la libere del escrutinio público y de la fiscalización institucional a través del Congreso.

Incluso aceptando la idea expresada por el presidente Barack Obama de que no se llevará a nadie ante el juez, si la difusión del informe no entraña costes políticos para nadie, la banalización de la tortura se habrá consumado por segunda vez. Que el presidente se sienta ahora prisionero de su iniciativa del 2009, cuando ordenó acabar con las técnicas autorizadas a la CIA por la Administración que le precedió e indirectamente indujo la elaboración del informe ahora conocido, no deja de ser algo que va con el cargo. Era más que previsible que, según fuera el resultado de la investigación, saltaran las alarmas. Pero para la salud democrática de Estados Unidos es preciso restablecer el principio de que la seguridad colectiva debe ser respetuosa con el Estado de derecho. En caso contrario, se impondrá una vez más la idea, no ya dentro de las instituciones, sino en la opinión pública, según la cual solo importa el fin perseguido.

Nadie pone en duda que la seguridad es un derecho de los ciudadanos que debe garantizar razonablemente el Estado, pero, como afirma en su blog el analista Dan Froomkin, puesto que la función de la CIA es proporcionar información fiable, sienta un mal precedente –en realidad, lo ha sentado muchas veces– al recurrir a mentiras para defenderse ahora o, en el pasado, para recurrir a métodos obscenos so pretexto de su utilidad. La información contenida en el informe del Senado no es un episodio de la teleserie Homeland, muy verosímil, ni la reconstrucción dramatizada de la operación que dio con la guarida de Osama bin LadenLa noche más oscura, muy cercana a la realidad presumible–, sino que maneja información solvente, de primera mano, comprobada por quienes, en ningún caso, cabe considerar adversarios de la comunidad de inteligencia. Y si algún dato se aleja de la verdad histórica, debe seguramente achacarse a la propia CIA, celosa custodia de la información de que dispone y de sus métodos para obtenerla, aunque quienes la piden sean senadores.

Muchas veces se ha recurrido a la expresión un estado dentro del Estado para referirse a la opacidad y a la libertad de movimientos de agencias de información y de seguridad como la CIA. Cuantos han utilizado esta terminología han sido considerados con frecuencia radicales poco informados de las necesidades últimas del Estado, pero cuando se llega a conocer la realidad de 119 hombres sometidos a una variada gama de vejaciones y torturas, encubierto todo por retorcidas interpretaciones del derecho internacional –la Convención de Ginebra aplicable a los presos de guerra, por ejemplo– y la consagración de la seguridad como un valor absoluto por encima de cualquier otro, entonces la expresión un estado dentro del Estado cobra todo su sentido. A partir de ese momento se entiende por qué es posible que la propia CIA espiara a los senadores encargados de elaborar el informe (luego se disculpó, qué remedio, y prometió que no volvería a suceder). Ese poder de facto, en la sombra, fuera de control, es tan peligroso como la inseguridad misma que se pretende combatir con prácticas irregulares porque convierte a los ciudadanos en posibles víctimas de la arbitrariedad de quienes, en nombre de la seguridad, vulneran las leyes establecidas para garantizarla. ¿Es imaginable mayor contradicción?

La guerra global es interminable

El asesinato en Argelia del montañero francés Hervé Gourdel a manos del grupo Soldados del Califato, una escisión de Al Qaeda en el norte de África que sigue la estela del Estado Islámico (EI), coincide en el tiempo con la reanudación del debate entre académico y político acerca de la legitimidad de los ataques aéreos en las áreas sojuzgadas por el EI y la eventual resurrección de la guerra preventiva, doctrina heredada del mandato de George W. Bush. Si valiese como vara de medir el estupor de la opinión pública por el cuarto degollamiento perpetrado por los islamistas, entonces la discusión abierta resultaría innecesaria, pero ni siquiera en regímenes de opinión pública como el estadounidense o el francés tiene tal patrón consistencia ética. Tampoco la tiene la personación de varias naciones árabes en la alianza pergeñada por el presidente Barack Obama para acosar al EI, pues ninguna de ellas es ni remotamente un Estado democrático, sino que todas reaccionan de acuerdo con análisis a más o menos corto plazo y sea cual sea la orientación de la opinión pública, poco menos que inexistente en sistemas sin libertad de expresión.

Las reflexiones sobre los cambios en la opinión pública de Estados Unidos después de las dos primeras decapitaciones en Irak han llevado al profesor David W. Kearn, de la Universidad de St. John, a preguntarse por la capacidad de su país no solo de legitimar el recurso a las armas, sino de encabezar la lucha global contra el terrorismo, articular una estrategia diplomática en un entorno político muy dividido y afrontar en el seno de sociedades democráticas las consecuencias de una guerra sin fecha de caducidad visible. El debate no es solo de naturaleza moral y jurídica, sino también político, o que atañe a la norma moral en el ejercicio de la política. Y no solo en Estados Unidos, sino también entre sus aliados, asociados a una estrategia llena de riesgos imprevisibles.

El senador demócrata por Virginia Tim Kaine, esto es, del mismo partido que Obama, alberga muchas dudas sobre los efectos inmediatos del camino emprendido al situar los poderes de guerra del presidente en el terreno de juego diseñado en su día por el vicepresidente Dick Cheney para justificar las intervenciones en Afganistán y en Irak ordenadas por Bush, y para fundamentar la guerra preventiva y otras disposiciones de la ley patriótica, que sigue en vigor. Kaine considera que actuar sin contar con el Congreso sería “un error brutal” porque el presidente abrazaría la doctrina de Cheney y dañaría el régimen parlamentario diseñado por la Constitución. Si, además, el efecto directo de la intervención armada agigantara la hostilidad de segmentos significativos del urbe suní o, a escala estrictamente local, reforzara el régimen de Bashar el Asad, asistiríamos a una fatal repetición de las equivocaciones encadenadas por Estados Unidos en episodios de sobra conocidos: apoyar a la resistencia pastún contra la ocupación soviética de Afganistán, que favoreció el desarrollo de los talibanes y el arraigo de Al Qaeda; incitar al Irak de Sadam Husein a que atacara Irán con el fin de neutralizar el afianzamiento de la república de los ayatolás; aceptar la política israelí en los territorios ocupados con el resultado de que nutrió de seguidores las filas de Hamás.

En sus días de secretaria de Estado, Hillary Clinton reconoció que sí, que la gestión que Estados Unidos hizo del conflicto afgano en los años 90 dio alas a Al Qaeda. No hizo ningún descubrimiento, porque tal afirmación forma parte de los consensos académicos del siglo XXI, pero fue una llamada de atención a cuantos exigen el recurso permanente al gran garrote (big stick). La lógica seguida por el exsecretario de Estado Henry Kissinger en un artículo publicado en junio del 2012, contiene una advertencia en términos parecidos: “El sistema de Westfalia nunca se aplicó completamente en Oriente Próximo. Solo tres de los estados musulmanes de la región tienen una base histórica: Turquía, Egipto e Irán. Las fronteras de los otros reflejan un reparto de los despojos del difunto Imperio Otomano entre los vencedores de la primera guerra mundial, con mínimo respeto por las divisiones étnicas o sectarias. Estas fronteras ya han sido desafiadas repetidamente, a menudo por medios militar”. En resumen, nada nuevo luce bajo el sol.

Una ronda de opiniones entre artistas e intelectuales sirios realizada por la publicación estadounidense Dissent, de enfoque progresista y periodicidad trimestral, es fiel reflejo del escepticismo con el que la oposición a Asad acoge el resultado de las operaciones en curso. “Nuestro objetivo incluye ahora la caída de Asad y del ISIS (el EI)”, declara Rasha Othman, que al vincular una cosa a la otra deja entrever las dificultades de que ambas puedan ser realidad al mismo tiempo. Las dudas de los entrevistados tienen que ver tanto con la pasividad de Occidente cuando Asad desencadenó la matanza, cuanto con la contención con la que ha reaccionado el presidente sirio después de los primeros bombardeos. Pues al hostigar a los yihadistas, la coalición de Obama debilita la oposición al autócrata por más que prometa mayor y mejor asistencia al frente laico y al islamismo moderado.

El politólogo francés Gérard Chaliand opina que Obama “empujado por las circunstancias, acaba de comprometerse en un conflicto de alto contenido ideológico”. Visto así, se diría que la Casa Blanca ha puesto los principios por delante de cualquier otra consideración, pero Chaliand aclara en un artículo publicado en el diario Le Monde que el concurso de aliados imprevisibles –los países árabes que se han sumado a la aventura– obliga a Obama a mantener un equilibrio del todo inestable entre los objetivos que se ha fijado en Irak y Siria y la necesidad de que no parezca que favorecen los intereses de Irán en la región y los de Asad para perpetuarse en el poder. Y en la búsqueda del equilibrio pesa tanto el compromiso ideológico como la conveniencia política en cada momento, más la íntima convicción de que, como dice el articulista, es posible contener y debilitar al Estado Islámico, pero es bastante más complejo evitar los efectos de la ideología islamista.

Anne-Marie Slaughter, profesora emérita de la Universidad de Princeton y empleada en el Departamento de Estado entre el 2009 y el 2011, sostiene que el enfoque de Obama es digno de elogio por tres razones: porque combina fuerza y diplomacia, porque limita el alcance de la intervención militar y porque ha logrado formar una amplia coalición en Oriente Próximo que excluye el papel de Estados Unidos como policía del planeta. Esa opinión está lejos de ser mayoritaria dentro y fuera de Estados Unidos ante el temor más que justificado de que estemos ante el comienzo de una escalada bélica que, más temprano que tarde, movilizará a una parte significativa de la comunidad suní y dará nuevos motivos a cuantos, con argumentos más o menos convincentes, entienden que la guerra global contra el terrorismo es la tercera guerra mundial, aunque nadie ose utilizar ese nombre si no es en petit comité.

“Ahora hay el riesgo de que la guerra contra el terrorismo de los Estados se convierta en una guerra permanente contra una lista creciente de enemigos”, escribe el analista indio Brahma Chellaney. Al dar este enfoque, que la lista de enemigos puede ser interminable, admite que la guerra también puede serlo, con su correlato de medidas destinadas a acotar el libre albedrío de los ciudadanos en nombre de la lucha contra todos los adversarios; con su correlato, pudiera decirse, de ausencia de compromisos morales y de preminencia del poder Ejecutivo sobre los otros poderes de los estados empantanados en una lucha sin final. De momento, Obama y sus generales no han llamado a nadie a engaño: la neutralización del EI va para largo. Pero, al decir esto, resulta que no hay respuesta convincente para ninguna pregunta esencial, incluida esta: ¿el islamismo incendiario ha alcanzado tal vitalidad que está en condiciones de sobrevivir a todos sus adversarios?

La OTAN se asoma al califato

Los asesinatos de dos periodistas estadounidenses perpetrados por el Estado Islámico (EI) han agrandado el desafió fundamentalista, que traza un reguero de sangre cada vez más caudaloso. En el artículo publicado este último jueves en el diario conservador británico The Times, prolegómeno de la cumbre de la OTAN celebrada en Gales, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, dicen haberse juramentado para no acobardarse ante las amenazas del sedicente califa IbrahimAbú Bakr el Bagdadi hasta fecha reciente– y sus secuaces. “Países como el Reino Unido y Estados Unidos no serán intimidados por asesinos”, aseguran ambos líderes, pero lo hacen a muy pocos días de que uno de ellos, Obama, reconociese que carece de una estrategia precisa para combatir a los yihadistas. Un rasgo de sinceridad que le honra, pero que desorienta a la opinión pública, conmovida por las decapitaciones de James Foley y Steven Sotloff, y alarma a los candidatos demócratas que en noviembre concurrirán a las elecciones legislativas de midterm (mitad de mandato).

Obama y en menor medida sus aliados se enfrentan una vez más a un dilema angustioso: hay que ceder al chantaje para salvar una vida amenazada o hay que sacrificar a un inocente para no envalentonar a los chantajistas. La Casa Blanca se inclina por no ceder, pero el resultado de su resistencia al intercambio de favores con los islamistas apenas modifica de momento sobre el terreno los datos esenciales del conflicto. Antes al contrario, parece que la siembra del terror afianza al califato en aquellas regiones de Irak y Siria en las que se ha hecho fuerte. Y las invocaciones a la prudencia sirven al mismo tiempo para reconocer que, incluso si se acierta con la forma de encarar la crisis, “es evidente que lo que se haga no será concluyente”, como publicó el diario liberal británico The Guardian al repasar los puntos calientes que ocupan la agenda de la OTAN.

Ni siquiera es seguro adelantar qué efecto tendrá en la reacción de los electores de Estados Unidos la muerte de Foley y Sotloff, cuyas familias han ocupado noticiarios y debates conmovedores. Cuantos creen que a Obama le faltaron recursos para salvar la vida de los periodistas, incluso una vez iniciada la campaña de bombardeos contra posiciones del EI, recuerdan que en junio accedió a intercambiar a cinco caudillos talibanes por el sargento Bowe Bergdahl, cuyo cautiverio de cinco años en Afganistán sigue bajo sospecha, y los términos de la liberación el 24 de agosto del reportero Peter Theo Curtis, dos años en poder de Al Nusra, franquicia de Al Qaeda en Siria, alimenta la sospecha de que no siempre se aplica a misma vara de medir. Una duda que no disipa la posibilidad de que Curtis haya recobrado la libertad como parte de una operación de Al Nusra para suavizar su imagen por comparación con los verdugos del EI.

Hay, por lo demás, un riesgo evidente en el recurso al gran garrote: exportar el combate islamista a suelo occidental. Los cálculos elaborados por el semanario The Economist relativos a ciudadanos europeos y estadounidenses en Siria no ofrecen dudas sobre el éxito de la prédica yihadista más allá de su marco histórico tradicional. Desde que los atentados de Londres de julio del 2005 desvelaron la adhesión de ciudadanos británicos a la causa de la guerra santa, no ha dejado de crecer el temor de que, en cualquier momento, en cualquier circunstancia no previsible, es posible y viable la exportación del combate yihadista en entornos propicios. La seguridad de que fue un ciudadano británico quien segó las vidas de Foley y Sotloff no ha hecho más que acrecentar los temores.

Frente a la tradición del libre examen, herencia de las Luces, una parte del mundo musulmán defiende la idea de que “la gente puede (y debe) ser castigada y discriminada siempre por sus opiniones y prácticas religiosas incorrectas”, afirma el especialista Brian Whitaker, que acaba de publicar un libro ilustrativo: Arabs without God (Árabes sin Dios). Llevado este principio hasta sus últimas consecuencias, con más razón cualquier no musulmán, dentro y fuera de tierra del islam, puede ser un blanco justificado para una mente fanatizada. Si alguien cree que lo que antecede es una simplificación del problema, basta que busque en la red los mensajes de Ibrahim-El Bagdadi para despejar dudas.

¿Cómo ha sido posible tal dislocación del relato político de Oriente Próximo hasta el punto de que el EI lo condiciona todo? Según el profesor libanés Ziad Majed, de la Universidad Americana de París, el nacimiento y consolidación del EI “tiene más de un padre y es el producto de más de una enfermedad de larga duración y generalizada”. Según explica Majed en un artículo publicado en junio en su blog, no es casual que Irak y Siria acojan el último episodio de efervescencia islamista, y da seis razones para que se haya llegado a la situación de este verano:

1º. Sadam Husein, en Irak, y Hafez y Bashar el Asad, en Siria, mataron a cientos de miles de personas, oponentes o no, practicaron un sectarismo profundo y pusieron en marcha “un mecanismo de exclusión y polarización” ideológica.

2º La creación en Irak después de la invasión del 2003 de una nueva autoridad, que excluyó a cuantos habían formado parte del régimen anterior, al mismo tiempo que entró en acción el grupo islamista de Abú Musab el Zarqaui, del que el Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), predecesor del EI, fue su heredero directo.

3º La política regional agresiva de Irán, chií, en Líbano e Irak, con consecuencias en Siria, que ha estimulado la división confesional y “ha hecho de estas divisiones la espina dorsal de la movilización ideológica y una política de revancha” en el campo suní.

4º Los jóvenes de algunas redes salafistas del golfo Pérsico que emergieron y crecieron durante los años 80 y han seguido operando durante las dos últimas décadas “bajo varios nombres, siempre en favor del extremismo y el oscurantismo”.

5º La crisis “profundamente enraizada en el pensamiento de algunos grupos islamistas” que buscan escapar de los desafíos del presente mediante la remisión al siglo VII, primero del islam, convencidos de que en la tradición se hallan las respuestas a cualquier desafío de hoy o del futuro.

6º La perpetuación de un ambiente de violencia brutal en Irak y Siria que ha permitido “el crecimiento de esta enfermedad y facilitado el surgimiento de lo que se puede llamar isismo (de ISIS, siglas inglesas de Estado Islámico de Irak y Siria)”.

La delimitación de las causas que hace Majed le lleva a una conclusión de la que bastantes disienten en las cancillerías occidentales y que los analistas de la OTAN descartan por demasiado peligrosa: que Bashar el Asad no es un muro de contención del islamismo en armas, sino la raíz del problema. En consecuencia, tolerar el régimen sirio como un mal menor es una forma de dar oxígeno a los predicadores del califato y a los partidarios de una respuesta radical del islam. Si esta es la realidad y no otra, entonces fue mayúsculo el error cometido por Estados Unidos y sus aliados al no implicarse directamente en el combate contra Asad a cambio de que este renunciara a sus arsenales de armas químicas. Y quizá fuese realmente enorme habida cuenta de que en una situación de guerra abierta el Ejército sirio no necesitaba recurrir al arsenal químico para sojuzgar a la población y asediar a la oposición laica, rápidamente colonizada por el yihadismo y sometida a su estrategia política.

De igual forma, la libertad de movimientos del primer ministro de Irak, Nuri al Maliki, empeñado en encabezar la venganza chií frente a la comunidad suní, favorecida en tiempos de Sadam, no hizo más que alimentar una guerra sectaria presente en las cuatro esquinas de un Estado debilitado por la división confesional, el nacionalismo kurdo y la inoperancia de un Ejército desprestigiado. Un panorama propicio para que por lo menos en un primer momento la llegada del califa suní encontrara auditorios dispuestos a escucharle, a vislumbrar un futuro libre de la presencia occidental y de las arbitrariedades del Gobierno blindado por Estados Unidos. Poco importa que el sueño se convirtiese pronto en pesadilla y que se retirase a El Maliki el encargo de formar Gobierno para confiar a otro la tarea de constituir un Ejecutivo de amplio espectro, porque para entonces la frontera entre Siria e Irak había desaparecido y el EI era una realidad política ineludible.

Los analistas que observan el desaguisado sirio-iraquí aventuran que la misma cadena de errores podría repetirse en Afganistán, donde la misión de la ISAF acabará a final de año. Janine Davidson y Emerson Brooking se preguntan en la web del Council on Foreign Relations “si Afganistán puede seguir por una camino parecido y qué acciones puede llevar a cabo la OTAN para ponerlo a salvo”. En realidad, la incógnita planteada es meramente retórica porque, si no se produce un cambio de estrategia para fortalecer al nuevo presidente afgano –Ashraf Ghani Ahmadzai– y el Gobierno que forme, pocas dudas hay en cuanto a la incapacidad de las autoridades de Kabul de hacerse respetar mucho más allá de los límites de la capital. Es más verosímil un entendimiento de facto entre los señores de la guerra y de la amapola de opio y los guerrilleros talibanes, que algo remotamente parecido a un compromiso político que salvaguarde la normalidad institucional y el principio de legalidad.

Puede decirse que el éxito estratégico del EI, mediante la renuncia al terrorismo global en favor del combate local, ha hecho saltar por los aires algunas de las previsiones más sólidas que siguieron a las primaveras árabes y a la laboriosa rehabilitación de la República Islámica de Irán. Porque la capacidad de contagio es enorme y la llamada a las armas ha seducido a jóvenes de todas partes, del Reino Unido a Mesopotamia, y está lejos de ser flor de un día. La degradación de la estructura social y política en el orbe árabe-musulmán y las conveniencias de Occidente no hacen más que azuzar la hoguera.

 

 

 

Irán cambia el rumbo

Si se presta atención al enfoque que los analistas liberales de Estados Unidos dan a las ofertas de diálogo que el presidente de Irán, Hasán Rohani, dirige a la Casa Blanca desde muy poco después de su elección, no hay duda de que la república de los ayatolás ha cambiado el rumbo. Si se presta oídos a los matices difundidos por el sector duró de los clérigos de Teherán después de las declaraciones del presidente a una cadena de televisión y del discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU, entonces se tiene la impresión de que estamos ante un gran artificio escénico consentido de mala gana por los halcones. Si, por último, se fija la vista en las necesidades inmediatas del régimen iraní, cabe llegar a la conclusión de que este precisa atenuar la tensión desencadenada por el programa nuclear defendido con entusiasmo por Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Rohani, y bendecido por el líder espiritual Alí Jamenei.

Un breve texto colgado por el analista Stephen M. Walt, profesor de la Universidad de Harvard, en su blog de la edición digital de Foreign Policy inclina la balanza a favor del último de los tres síes enunciados en el párrafo anterior: Rohani hace de la necesidad virtud y quiere aprovechar el momento para encontrar una salida honrosa y rentable al contencioso con Estados Unidos. En el bien entendido de que el presidente iraní no es un reformista encubierto ni cosa parecida, sino más bien un realista incrustado en el aparato de poder de la república islámica, educado en el dogma y en el dicterio antioccidental, pero que entiende que la presidencia de Mohamed Jatami (1997-2005), este sí, un reformista aclamado por los jóvenes y el mundo académico cuando llegó al poder, quedó trufada de frustraciones a causa de la movilización de las mezquitas, algo que metió al país en un callejón sin salida.

El presidente saliente, Mahmud Ahmadineyad, entrega al líder espiritual del regimen iraní, Alí Jamenei, los documentos que oficializan la elección de Hasán Rohani, en una ceremonia celebrada en Teherán el 3 de agosto.

Para abundar en la idea de que, en efecto, algo se mueve en Irán, Walt se remite a la distinción que establece el politólogo Robert Jervis, de la Universidad de Columbia, entre señales e indicios. Las primeras no tienen una “credibilidad inherente”; los segundos son “declaraciones o acciones que acarrean alguna prueba inherente de que la imagen proyectada es correcta”, cabe otorgarles un plus de credibilidad, por así decirlo. La percepción de Walt, que seguramente comparten los analistas más cercanos al presidente Barack Obama y al secretario de Estado, John Kerry, es que Rohani ha pasado de la fase de las señales a la de los indicios. Y le asisten razones de entidad para dar el paso:

  1. La capacidad de influir, llegado el caso, en la resolución de la crisis siria sin vincular su suerte a aquella que corran Bashar el Asad y su régimen.
  2. La necesidad de sanear la economía y animar el bazar en cuanto se avizore la fecha de caducidad de la política de sanciones desencadena por el programa nuclear.
  3. La convicción de que la república islámica debe procurarse un pasaporte de honorabilidad en el seno de la comunidad internacional para sacar más partido de sus inmensos recursos petrolíferos.
  4. La pretensión de abrirse camino para actuar como una potencia regional libre de sospecha en pugna con las monarquías sunís del Golfo.
  5. El propósito de alejar la imagen combativa de la república de los desafueros del fundamentalismo suní en armas (Al Qaeda y sus franquicias).

Desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 y, sobre todo, desde que el presidente George W. Bush incluyó a Irán en el eje del mal –discurso de 29 de enero del 2002–, el régimen iraní ha formado parte de un conglomerado informe que ha llevado a la opinión pública estadounidense a incluirlo en la lista de enemigos causantes de la tragedia o conformes con lo sucedido. Ni siquiera sirvió para desvanecer equívocos la comprobación empírica de que la clerecía gobernante puso el mayor interés en aclarar que nada tenía que ver con la estrategia de Al Qaeda, el régimen talibán que dio cobijo a Osama bin Laden y la dictadura de Sadam Husein, y cuando las centrifugadoras se pusieron en marcha para producir combustible nuclear, todo fue a peor. Desandar ese camino será difícil, largo y por momentos confuso, la operación suma un puñado de enemigos que prefieren el conflicto latente –Israel entre ellos– a la diplomacia imaginativa y debe aunar voluntades tan opuestas como el bando del Tea Party del Congreso de Estados Unidos y el bando intransigente del régimen iraní, compendio inextricable de poderes reales y paralelos, tutelado todo por los teólogos-juristas que se remiten a la interpretación del Corán (ijtihad).

Cuentas de Facebook y de Twitter del presidente Rohani.

Cuentas de Facebook y de Twitter del presidente Rohani.

E pur si muove. No solo por la histórica reunión del jueves de los responsables de las diplomacias estadounidense e iraní, la primera desde 1979, ni por la no menos histórica conversación telefónica del viernes de Obama y Rohani, sino porque son demasiado grandes para Irán los riesgos que comporta el aislamiento; es demasiado costoso sostener el esfuerzo de un programa nuclear –civil o militar– sin contrapartidas de ingresos seguras y continuadas –las exportaciones de petróleo sin cortapisas– para desahogar las finanzas. El cálculo inicial iraní de dotarse de un modesto arsenal nuclear para convertirse en una república inexpugnable, a imagen y semejanza de la lógica seguida por Corea del Norte con el beneplácito de China, resultó tan aventurado como desequilibrante porque puso el futuro en manos de la movilización de las masas para responder a las amenazas de intervención procedentes de Occidente. Y, al final, la movilización fue otra: fue la de la calle contra el pucherazo electoral de las presidenciales del 2009 la que dio carta de naturaleza al cambio relativo, pero cambio al fin, incubado en el seno de una parte relevante de la sociedad urbana iraní. Ese es el terreno de juego de Rohani.

El de Estados Unidos remite al deseo de la Casa Blanca de retirarse lentamente de Oriente Próximo y aledaños hasta donde lo permite la necesidad de garantizar la seguridad de Israel. Es este un factor directamente relacionado con los biorritmos iranís, con esa facilidad exhibida por Ahmadineyad para exasperar a los gobiernos israelís y ponerlos a un paso de la intervención encaminada a destruir los complejos industriales encargados de producir combustible nuclear; con esa agilidad del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para arrastrar a Obama a un campo de minas que no quiere pisar. Las ruinosas experiencias militares y políticas en Afganistán e Irak han decantado hasta tal punto a la sociedad estadounidense a favor de la retirada estratégica del laberinto musulmán que el menor resquicio para hacerlo favorece los planes del presidente e impone la prudencia a cuantos piensan que compete a Estados Unidos ser una vez más el gendarme universal. De ahí nace la disposición de Obama a escuchar a Rohani y, dicho sea de paso, a gestionar la crisis siria con una mezcla de confusión, oportunismo y poquísimas dosis de finezza, condicionado todo el relato por el desprecio por el ser humano que comparten el régimen de Asad y una parte cada vez mayor de la oposición.

El periódico progresista israelí Haaretz entiende que, en este juego de insinuaciones, sería un error de la comunidad internacional y de la diplomacia de Netanyahu desoír la oferta de diálogo de Rohani. Es probable que, en general, se acojan las palabras del presidente iraní con disposición a escuchar, pero es impensable que el primer ministro israelí esté dispuesto a hacerlo porque ni sus votantes ni sus aliados en el Gobierno son partidarios de ello. Prefieren transitar por la maroma de la desconfianza y, a ser posible, condicionar en el futuro las decisiones de Estados Unidos, como lo han hecho en el pasado; prefieren andar por delante de los acontecimientos o, lo que es lo mismo, poner todos los obstáculos posibles al éxito de la operación, aunque sea a costa de suministrar argumentos a los más duros de Teherán.

Cuando Rohani ganó las elecciones en junio, el periódico Le Monde interpretó el resultado como una consecuencia del “descontento de los electores iranís con relación al balance catastrófico del presidente saliente”, de los ocho años de “crisis económica, de aislamiento y de confrontación con Occidente a causa del programa nuclear”. Ese es el capital con el que cuenta Rohani para sustituir el dogmatismo estéril de su antecesor por el realismo que haga posible una solución ad hoc. En caso contrario, el Golfo seguirá siendo el mar donde prevalecen la voluntad de las petromonarquías y la estrategia política diseñada por Al Jazira, música de fondo de la prédica suní frente a la chií. Y en ese conflicto político disfrazado de disputa religiosa, Israel prefiere la hegemonía de las casas reales, porque están adscritas a la estrategia general de Estados Unidos en la región.

 

 

Realismo de EEUU en Oriente Próximo

Un realismo sin fisuras se impone en la actuación de Estados Unidos en Oriente Próximo, con el desastroso precedente de la presidencia de George W. Bush (2001-2009) para desvanecer la más mínima tentación de agarrar de nuevo el palo y renunciar a la zanahoria. El establishment de Washington y el mundo académico que nutre los think tank han llevado al ánimo de la Administración del presidente Barack Obama y al grueso de los legisladores el riesgo que se oculta detrás de toda intervención armada: repetir los mismo errores cometidos en Afganistán e Irak sin asegurar, por lo demás, ninguna ventaja estratégica sobre el terreno.

Seth G. Jones, profesor de la Universidad John Hopkins e investigador de la Rand Corporation, ha expresado en un artículo colgado en la web de la revista Foreign Affairs, los anhelos que deben guiar a Estados Unidos y sus aliados en relación con los acontecimientos que se desarrollan en Egipto desde el 3 de julio. “Deben pensar en primer lugar en proteger sus intereses estratégicos vitales en Egipto y en la región”, escribe Jones, prototipo del analista armado con dosis inagotables de realismo, dispuesto a reprochar a los diplomáticos occidentales el entusiasmo conque acogieron la caída de Hosni Mubarak y la frustración que les ha invadido a causa del golpe de Estado que ha depuesto al presidente Mohamed Mursi. Resulta imposible imaginar alguien con menos apego al paradigma idealista y más inclinado a la realpolitik de todos los días.

¿Cuáles son los objetivos irrenunciables de Occidente en Egipto y, por extensión, en Oriente Próximo? El profesor Jones enuncia tres:

1º Ayudar a prevenir una guerra civil. Para evitarla, propone inducir al Gobierno egipcio a que facilite la participación en las próximas elecciones a los Hermanos Musulmanes y a otras organizaciones islamistas a fin de conjurar el riesgo de una situación a la argelina (la guerra civil de los años 90 que siguió a la intervención del Ejército para evitar que el Frente Islámico de Salvación llegara al poder a través de las urnas).

2º Trabajar con Egipto para que mantenga el compromiso de combatir el terrorismo fundamentalista, alimentado por Hamás y Ansar Bait al Maqdis en la península del Sinaí, a las puertas de la franja de Gaza.

3º Animar la adopción por Egipto de reformas liberales, apoyar a la sociedad civil y proveer de asistencia técnica para que se revise la Constitución.

Este último punto pudiera llevar a la conclusión de que la democratización del Estado preocupa a los realistas en igual o parecida medida que la recuperación económica, el restablecimiento del principio de legalidad y otros requisitos esenciales para que el nuevo Egipto eche a andar. Habida cuenta de que, de acuerdo con la encuesta elaborada por el Pew Center en mayo de este año, las ansias de democracia en la sociedad egipcia marchan por detrás del deseo de disponer de una economía fuerte, un sistema judicial sólido y un funcionamiento institucional que garantice ley y orden, los analistas del perfil de Jones poco menos que se desentienden del compromiso democratizador de las nuevas autoridades y de llevar la prédica democrática a las calles de El Cairo: “La democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”.

¿Por qué lo dicho para Egipto vale para otros puntos de la región? En primer lugar, porque Egipto tiene un poder de irradiación sin comparación en el resto del mundo árabe; puede decirse que Egipto dispone de la masa crítica suficiente para desencadenar el efecto dominó, para bien y para mal. En segundo lugar, porque las grandes crisis de Oriente Próximo se abordan en público en Estados Unidos en términos de pérdidas y ganancias, y cada vez menos en términos mesiánicos, como si formara parte del rango internacional de Estados Unidos llevar la buena nueva de la democracia liberal a cualquier parte, por las buenas o a cañonazos. Puesto que “la democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”, es mejor plegarse a la realidad: “Washington debe conducir su política con el mundo árabe que tiene, no con el mundo árabe que desearía tener”.

Cabe detectar cierto fatalismo social en esa cosmovisión, pero resulta menos arriesgada que la utopía neocon –de un sectarismo ideológico agresivo y costosísima en vidas, material y dinero– y, desde luego, más útil para complementar el multilateralismo enunciado por Obama a continuación del fracaso del mundo unipolar soñado por Bush, que debía ser administrado por la hiperpotencia sin rival. Así se entiende mejor la resistencia de los estrategas de los departamentos de Estado y Defensa a enfangarse en la guerra de Siria, el alejamiento de Irak –julio está siendo el mes más sangriento en lo que llevamos de años–, la nueva coreografía negociadora en el conflicto palestino-israelí, sin más esperanzas de éxito que en ocasiones precedentes, e incluso la disposición a buscar la cara amable del nuevo presidente de Irán, el clérigo Hasán Rohani –léase a Ramin Jahanbegloo en El País–, que pasa por moderado aunque forma parte de la teocracia de los ayatolás. Así se entiende mejor que, antes de tomar cualquier decisión, se formulé siempre la misma pregunta: ¿qué vamos a sacar en limpio?

El general Marty Dempsey, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, ha remitido un memorando a Carl Levin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, en el que analiza el coste de una eventual intervención en Siria: 1.000 millones de dólares al mes durante el primer año para atacar objetivos de alto valor, lo que requeriría “utilizar cientos de aviones, barcos y submarinos, además del establecimiento de una zona de excusión aérea”, según los párrafos reproducidos por Gordon Lubold en Foreign Policy. Pero lo más significativo del memorando de Dempsey, un militar experimentado y en absoluto alarmista, viene a continuación: “En los diez últimos años hemos aprendido que no es suficiente un simple cambio en el equilibrio del poder militar sin considerar de forma cuidadosa qué es necesario para preservar el funcionamiento del Estado”.

La referencia implícita a la posguerra de Irak no escapa a nadie. Los riesgos que se pueden correr en Siria son de naturaleza similar: desmantelar el Estado, dar alas al islamismo en armas y desalojar a un dictador que se ha ensañado con su pueblo para, acto seguido, tener que hacer frente a la presión de los fundamentalistas adscritos a la guerra de guerrillas. Y esa es una hipótesis que excluye otra tanto o más perturbadora, aquella que admite la posibilidad de que el rearme y la ayuda directa a la resistencia provoque una dinámica de rearme permanente de las partes –Occidente, con la oposición; Rusia, Irán y alguna otra potencia, con Bashar el Asad–, el enquistamiento de la guerra civil y la contaminación de la crisis al entorno (Líbano) con mayor virulencia que hasta la fecha.

La consecuencia de todo ello es lo que la analista de la Chatham House Claire Spencer llama en la revista británica Prospect “el dilema diplomático”. Pudiera hablarse incluso del bloqueo diplomático que lleva a dejar sin efecto, y sin alternativa posible, el propósito reiteradamente expresado por Estados Unidos y sus aliados de apoyar a la oposición armada siria. Spencer cree que si se orientaran “las prioridades hacia los costes humanos a largo plazo en la lucha de Siria”, la diplomacia podría superar las contradicciones que la atenazan. Pero siempre está ahí la pregunta: qué ganamos con chapotear en el barrizal. Y ese realismo descarnado impide entrar en otras consideraciones morales que son, por cierto, las que movilizan a la opinión pública que contempla la degollina en el televisor de la sala de estar.

Pareciera que después de las experiencias afgana e iraquí, cuajadas de muertos, decepciones políticas y ruina económica, la democracia agresiva ha dado paso a la democracia traumatizada. Si el largo recorrido desde la guerra contra el terror global que siguió al 11-S debe terminar en la búsqueda del talibán moderado, con quien el secretario de Estado, John F. Kerry, cree que es posible llegar a un pacto político para poner a salvo la república de Hamid Karzai, y el nuevo Irak no es mucho más que el Estado de los atentados, qué sentido tiene aterrizar en Siria, se preguntan en Washington. Si el sueño democrático egipcio acabó en un golpe de Estado aplaudido por la multitud de la plaza de Tahrir, a qué viene preocuparse por la democratización del país, meditan en los aledaños del Despacho Oval. Los realistas tienen clarísimas las respuestas. Y la suficiencia energética de Estados Unidos hacia el 2020 refuerza las certidumbres.

La seguridad fija la agenda

“El siglo XX no fue solo el de las grandes carnicerías humanas, sino también el del fanatismo y la estupidez ideológica que las incitaron”, ha escrito estos días Mario Vargas Llosa. A saber si la escuela del siglo pasado arraigó de tal manera en la mentalidad colectiva que el presente sigue sumido en el sectarismo ideológico, la supremacía de los comisarios políticos y la proliferación de estructuras opacas destinadas a controlar a los ciudadanos y a domeñar su voluntad mediante una mixtificación permanente de los hechos. Ahí está para enturbiarlos la diaria invocación a la seguridad, permanentemente amenazada, aunque las amenazas se desdibujan con harta frecuencia y en su lugar aparece la pugna por la consolidación de espacios de poder, de control de los recursos y de supremacía estratégica.

Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa: “El siglo XX no fue solo el de las grandes carnicerías humanas, sino también el del fanatismo y la estupidez ideológica que las incitaron”.

La seguridad se ha convertido en una herramienta multiuso que para todo vale. El recurso al espionaje, tan viejo como el Estado mismo, es un deporte universal que hace sonrojar a los reunidos en el G-8; la guerra de Siria se interpreta en términos de seguridad en la región, aunque los muertos pueden superar los 100.000; la victoria de Hasán Rohani en la elección presidencial de Irán se analiza a la luz de las doctrinas de seguridad en boga; la posibilidad de que Estados Unidos negocie con los talibanes en Doha, capital de Catar, se sopesa asimismo en términos de seguridad, y es de parecido tenor la justificación de Barack Obama para que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) husmee en la red. La gran paradoja es que las referencias permanentes a la seguridad transmiten una sensación de inseguridad global cada vez mayor y la seguridad preventiva se asemeja cada día más a los ojos de un Dios soberbio que todo lo ve.

El informe En defensa de un internet abierto, mundial, seguro y resistente, elaborado por encargo del think tank Council on Foreign Relations por un grupo de expertos entre los que figura John D. Negroponte, un diplomático estadounidense formado en la CIA, concluye: “Hay amenazas que viajan a través de internet y amenazas para internet. El ciberespacio es ahora una arena para la competición estratégica entre los estados, y un creciente número de actores –estados y no estados– utiliza internet en conflictos, espionaje y crimen. Las sociedades son cada día más vulnerables a las intromisiones en energía, transporte, comunicaciones y otras infraestructuras esenciales que están conectadas a través de la red de ordenadores”. Pero en la conclusión no se menciona que las intromisiones alcanzan al control sobre el uso que de la red hacen ciudadanos de todo el mundo y, por esa razón, la amenaza no se limita a la competencia entre adversario, como puede deducirse del informe: la diplomacia ha hecho muy poco para conciliar el punto de vista de quienes opinan que la gestión de internet debe estar en manos privadas y la de aquellos que “quieren un papel más fuerte para los estados en el gobierno del ciberespacio bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones”.

Foessel

Portada del libro ‘Estado de vigilancia’, del filósofo francés Michaël Foessel, editado en el 2011.

Hay una diferencia fundamental entre la propuesta de reducción de armas estratégicas hecha en Berlín por Obama para mejorar la seguridad colectiva y ese otro reino de las sombras que ejecuta las intromisiones en la red, los ataques cibernéticos y el escudriñamiento de los ordenadores: la necesidad de empequeñecer los arsenales nucleares remite a una realidad tangible; el funcionamiento de los mecanismos de seguridad a través de la utilización del ciberespacio traslada el debate a un mundo inaprensible al que todos debemos someternos. Los cálculos sobre seguridad aplicados a los conflictos calientes o a las zonas de roce entre contrincantes son cada día mayores porque se mantiene una inestabilidad subyacente con puntos de atención concretos en el hemisferio norte que van de Libia a Corea del Norte, de Turquía a Pakistán, de China a Estados Unidos y viceversa, de Siria a Afganistán y del golfo Pérsico a todos los mercados energéticos. Y ese panorama de desequilibrios de largo alcance se ve agravado por la imposibilidad material de establecer unas reglas del juego en el control del ciberespacio aceptadas por el grueso de la comunidad internacional: “Un gran acuerdo que incluya cuanto atañe a los productores de contenidos y a los innovadores tecnológicos es igualmente improbable –afirman los autores del informe citado más arriba–, así como entre democracias liberales y Estados autoritarios”.

Para los contribuyentes, que con sus impuestos costean los aparatos de seguridad, resultan literalmente incomprensibles la guerra en el ciberespacio y las artes de los espías que se enseñorean de la red. Pero hoy es del todo insuficiente reducir las complejidades de las relaciones internacionales y de la gestión de los conflictos al lenguaje convencional anterior a la revolución telemática. En el análisis de Paul D. Miller, exintegrante del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sobre el futuro que se vislumbra en Afganistán, las referencias incluyen “la estabilidad de Pakistán y la seguridad de sus armas nucleares”, la necesidad de controlar a los talibanes y evitar una guerra civil en Afganistán, la obligación de combatir el tráfico de drogas y de neutralizar la influencia de Irán; toda la exposición está destinada a explicar por qué su país debe mantener su presencia en el corazón de Asia, y para ello recurre a un léxico que es familiar al lector no iniciado.

Rohani

Hassán Rohani, presidente electo de Irán: “No tenemos más opción que la moderación”.

Por el contrario, las sutilezas de los memorandos acerca de cómo debe encararse la guerra preventiva contra los grupos terroristas asociados al conflicto afgano, redactados por especialistas de la CIA, la NSA y otras agencias federales de seguridad de Estados Unidos, escapan por completo a la lógica de los ciudadanos. Aunque, paradójicamente, son las excursiones de los espías por la red –con el espionaje militar en primer lugar– las que más afectan a los usuarios sin que estos lo sepan, porque son esas prácticas las que hacen saltar por los aires el derecho a la privacidad y vulneran la libertad de expresión al someter a control generalizado el contenido de las comunicaciones.

En Estado de vigilancia, publicado en el 2011, el filósofo francés Michaël Foessel desarrolla dos conceptos que se complementan:

  1. Todo sucede como si, aun conservando un sentido político, la seguridad viniera a resumir el conjunto de las expectativas que se puede albergar de forma legítima respecto al Estado.
  2. Los pensadores modernos de la política elevan el deseo de seguridad al rango de “primer motor” de la institución política.

Cuando oradores tan distintos y distantes como Barack Obama, Mahmud Ahmadineyad –y su sucesor, Hasán Rohani– colocan la seguridad en el centro de todos los discursos parecen empeñados en dar la razón a Foessel sin necesidad de que el auditorio deba recurrir a la política ficción de películas como Minority report, relato inquietante de una sociedad técnicamente capacitada para anticipar el futuro y que dispone de una policía dedicada a detener a los delincuentes antes de que delincan. O quizá ya llegó ese día en Guantánamo, donde siguen encerrados hombres a los que Estados Unidos considera peligrosos para su seguridad, aunque no se ha formado causa contra ellos porque no se les ha podido probar la comisión de acto criminal alguno.

NSA

Cuartel general de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Fort Meade (Maryland).

Por razones diferentes y no intercambiables, en el seno de un Estado democrático liberal con más de dos siglos de vida y en una República teocrática muy alejada de un régimen de garantías, tanto Obama como Ahmadineyad recurren a la seguridad para reforzar la legitimidad de sus actos en territorios cuyo acceso probablemente debieran tener restringido. En un caso, porque la Constitución consagra la libertad de opinar, moverse y relacionarse de los individuos; en el otro, porque el programa nuclear enfrenta a Irán con la comunidad internacional y acrecienta la inseguridad de sus vecinos. Que las opiniones públicas de Estados Unidos e Irán se manifiesten fundamentalmente de acuerdo con el comportamiento de sus gobernantes, siquiera sea porque han interiorizado las servidumbres del paradigma securitario, no reduce el alto coste que en materia de libertad pagan las sociedades que aceptan la seguridad como primera referencia.

En el análisis que de la elección de Rohani publicó Thomas Erdbrink en The New York Times, resultó inevitable la referencia al plus de legitimidad para el líder supremo, Alí Jamenei: “Si la elección fue una victoria para los reformistas y los votantes de la clase media, sirvió también a los objetivos conservadores del líder supremo, restaurando con una pátina de legitimidad al Estado teocrático, proporcionando una válvula de seguridad a un público angustiado por años de problemas económicos y aislamiento, y permitiendo el regreso de un clérigo a la presidencia”. Un religioso surgido del aparato del régimen –fue el primer responsable de la negociación del programa nuclear– cuya divisa es esta: “No tenemos más opción que la moderación”. Eso incluye cambiar la orientación del programa nuclear, dar garantías a la comunidad internacional y configurar una nueva política de seguridad. En este sentido, los especialistas Christophe Ayad y Serge Michel son categóricos: “Los electores han rechazado la intransigencia del régimen con el dosier nuclear, que ha conducido a Irán al borde de la quiebra”.

“En el momento en que se hace razonable, el miedo adquiere el estatus de pasión política. La banalidad securitaria se funda sobre esta equivalencia entre un miedo que busca la tranquilidad y un Estado que responde a esta exigencia con los medios de la soberanía”, sostiene Michaël Foessel. Pero ¿existe realmente una sensación generalizada de miedo o más bien son los estados los que alimentan el miedo y acto seguido se afanan en neutralizarlo? ¿Se trata de una de tantas profecías confirmada por los mismos que la formularon? ¿Responde el despliegue de seguridad a una exigencia de los ciudadanos o a una necesidad de las estructuras de poder de los estados? Si así fuese, ¿el Gran Hermano sería algo más que la pesadilla lúcida de un escritor? No hay forma de saberlo.

Una piedra en el zapato de Obama

Guantánamo

Un grupo de presos en el Campo VI del penal de Guantánamo rezan un día de marzo del 2011.

La cárcel de Guantánamo es una piedra en el zapato del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que enturbia sus relaciones con el mundo musulmán, inquieta a una parte de su electorado, comprometido con la defensa a ultranza de los derechos humanos, y es motivo de controversia en los pasillos del Congreso. Obama reiteró a comienzos de semana que es preciso acabar con el limbo legal en el que se encuentran 166 internados en las celdas de Guantánamo, recurrió al discurso de los valores para deplorar la situación, pero se impuso la idea de que la solución al problema no será ni fácil ni inmediata. No solo porque hay obstáculos jurídicos y políticos que parecen insalvables, sino porque el atentado de Boston del día 15 ha refrescado en las memorias la guerra contra el terrorismo y el concepto de combatiente enemigo, que llevó a Guantánamo a un conglomerado variopinto de detenidos a los que se aplicó a partir de la guerra de Afganistán una legislación ajena al derecho internacional.

En la prisión de Guantánamo hay un centenar de individuos en huelga de hambre, que en su mayoría son alimentados por la fuerza. De los 166 internados que permanecen en la base, 86 podrían ser liberados si algún país los acogiese con garantías; el resto están incursos en diferentes situaciones alegales que, en el mejor de los casos, violentan los derechos procesales más elementales y, en el peor, hace años que niegan a los interesados ser sujetos de derechos. Frente al derecho internacional humanitario recogido en las convenciones de Ginebra, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las últimas especificaciones del 2005, en la base militar estadounidense en la isla de Cuba se ha levantado un penal con leyes propias –pocas– y la arbitrariedad como norma, un lugar que durante años fue “una cámara de tortura” (Noam Chomsky) si es que no lo sigue siendo por el mero hecho de mantener encerradas contra su voluntad a personas contra las que no se ha formado causa penal alguna. Allí se aplicó por sistema la técnica del “interrogatorio reforzado”, método coactivo defendido por el expresidente Richard Cheney en sus memorias que, más allá del universo neocon, no es tiene por otra cosa que por una forma de tortura.

Familiares de Guantánamo

Manifestación en Saná, capital de Yemen, de familiares de presos en Guantánamo, el 1 de abril de este año.

Max Fischer, analista con un blog en el periódico liberal The Washington Post, ha identificado hasta cuatro posibles desenlaces para los presos de Guantánamo: un proceso civil, un tribunal militar, el traslado a una prisión en el extranjero y la liberación, dependiendo de la situación concreta de cada uno de los 166 internados. Pero detrás de la lógica forense se agitan dificultades insalvables, como el propio Fischer admite:  el Congreso mantiene bloqueada la vía judicial en tanto no se sepa dónde y en qué condiciones se aplicarán las condenas –preferiblemente en cárceles fuera de Estados Unidos o en alguna construida ad hoc–; en el que caso mandar a los presos a cárceles de sus países de origen –la mayoría son yemenís–, debe garantizarse que se respetarán sus derechos y no serán torturados; para los 86 a los que se podría dejar en libertad, la Casa Blanca exige garantías a los países de acogida al tiempo que descarta que puedan instalarse en suelo de Estados Unidos. A esos inconvenientes debe añadirse que el Partido Demócrata ha estado lejos de apoyar en bloque el propósito de Obama de sacar los presos de Guantánamo.

En este complejísimo cuadro en el que se mezclan de forma inextricable derecho y política, pesa el resultado de las encuestas, que siempre recogen la oposición de la mayoría de estadounidenses a toda resolución que no implique alejar a los internados. La otra condición irrenunciable es mantener intacta la seguridad nacional, un objetivo que después del atentado de Boston ha vuelto a ser motivo de preocupación y ha rearmado a los partidarios de las soluciones radicales, hasta el punto de que aquí y allá se alzan voces para que a Dzhojar Tsarnaev, el autor superviviente del atentado del día 15, se le aplique la misma figura delictiva –combatiente enemigo– que figura en los expedientes de los presos de Guantánamo. Obama se encuentra así atrapado entre sus convicciones personales, sus propias dudas, una opinión pública de nuevo alarmada y la necesidad política de encontrar una salida. El presidente se apresuró a prometer el cierre del penal de Guantánamo en cuanto se instaló en la Casa Blanca en el 2009, a los pocos meses pronunció en El Cairo un discurso en el que tendió la mano al mundo árabe y al orbe musulmán, pero poco después surgieron las dificultades insuperables que hubo de reconocer, y no ha dado con la fórmula para romper el círculo vicioso.

Aunque los electores de Obama siguen pensando que la culpa de la situación es de la Administración de George W. Bush y de los legisladores republicanos, que mantienen el problema bloqueado, ha empezado a cundir la idea de que el presidente prefiere que no cambien las cosas. “De hecho, Obama es partidario de la detención indefinida –concluye Conor Friedersdorf en la revista The Atlantic–. Pero ofrece su versión menos sincera para preservar la ilusión de que su crítica de Guantánamo no ha cambiado desde que fue candidato”. El profesor Ben Wittes, de la Brookings Institution, recuerda que “el propio Obama impuso una moratoria sobre la repatriación de personas a Yemen”. Y el columnista Glenn Greenwald cree que Obama adoptó un lenguaje contenido con relación al problema de Guantánamo “casi inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca y antes de que los legisladores tomaran algunas medida que constreñían sus acciones”.

Kuwait. Apoyo presos

Asamblea de activistas kuwatís celebrada el 31 de marzo para pedir la excarcelación de los presos de Guantánamo. En el cartel se lee: Estados Unidos trata a sus enemigos mejor que a sus amigos.

Esas opiniones soslayan el hecho de que el problema de los presos complica el trato del presidente con los líderes árabes, singularmente aquellos que se han instalado en el poder como resultado de las primaveras y que visten los ropajes del islamismo moderado. Cuando un preso sin cargos publica una carta del estilo de la que apareció en The Guardian, firmada por Shaker Aamer –“He pasado más de 11 años en la bahía de Guantánamo. Para ser preciso, 4.048 días y noches. Nunca estuve acusado de crimen alguno”–, y la red la lleva hasta la opinión pública árabe-musulmana, se registra un fenómeno evocado por Obama: crece el número de radicales. Ese mecanismo de radicalización ideológica repercute directamente sobre el comportamiento de unos gobernantes que, sometidos a los requisitos de la realpolitik, tienen cada día más dificultades para contener a sus bases y a los estados mayores de los partidos islamistas. El dosier de Guantánamo no es el eje en torno al cual gira el entramado diplomático árabe-estadounidense, pero contribuye a mantener vivo el sentimiento antioccidental, cimentado en un largo y conocido memorial de agravios, y facilita el discurso salafista de Marruecos a Irak.

Más que ver en el comportamiento de Obama algo parecido a la doble moral que separa las palabras de los hechos, se vislumbra la imposibilidad cierta de dar salida a un problema con un gran valor simbólico. “Obama no hace nada con Guantánamo porque no sabe qué hacer”, escribió un usuario de una red social después de la última rueda de prensa del presidente. A juzgar por el comentario de Michael Williams, asesor del Departamento de Estado, recogido por el semanario progresista The Nation, algo hay de cierto en esta apreciación: los yemenís –susceptibles de ser puestos en libertad– “permanecerán en Guantánamo durante un futuro indefinido”.

¿Cómo se compagina ese anuncio con la convicción del presidente de que la situación de los presos encerrados en la base caribeña es algo “contrario a nuestros principios”, los de Estados Unidos, se entiende? ¿Cómo se puede prolongar la situación cuando Navi Pillay, comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recuerda que la mayor violación de esos derechos es mantener encerrados a aquellos cuya liberación ha sido aprobada? En esa misma línea, el analista Jason Linkins considera que el cierre de la prisión de Guantánamo plantea un dilema menor “comparado con el problema de las detenciones indefinidas de quienes debían haber sido puestos en libertad”. Eso último tiene un mayor peso emocional porque, al mantenerse las detenciones, se prolonga una condena por unos delitos que nunca existieron o nunca se pudieron probar, que para el caso es lo mismo. Y si Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, destacó en el pasado como defensor comprometido de los derechos civiles, hoy aparece como un político incapaz de conjugar las exigencias de la política con los requisitos de la moral.

Esa es en última instancia la cuestión que se dilucida. En el seno de una democracia donde el principio de legalidad debe quedar siempre a salvo, incluido el respeto al derecho internacional, el poder no se legitima solo mediante la celebración de elecciones limpias y la gestión honrada de los asuntos corrientes, sino también mediante la aplicación escrupulosa de la ley sin excepciones o normativas ad hominem. La anterior Administración burló esos requisitos con la apertura de la cárcel de Guantánamo, donde quiso aplicar una legislación excepcional que, finalmente, convirtió a los allí encerrados en reos de una sistema ajeno a cualquier norma. La Administración en ejercicio se encuentra atrapada por el doble cepo de una opinión pública con una sensación de vulnerabilidad muy grande y una oposición refractaria al pacto, de forma que se antoja imposible una solución por consenso porque en el bando conservador no hay nada más alejado de sus preocupaciones que los presos de Guantánamo. ¿Justifican las razones de Estado dejar las cosas tal como están? Resulta inquietante, pero realista, admitir la posibilidad de que la respuesta más repetida sea sí.