Punto de inflexión en la UE

El acuerdo alcanzado el martes por los estados miembros de la Unión Europea sobre la cuantía y distribución del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros tiene un carácter refundacional. Aunque suene a tópico, nada será igual a partir de ahora por un cúmulo de razones que van de la cuantía de la operación, más de la mitad en forma de transferencia no reembolsables, a la momentánea consolidación de un nuevo frente de prósperos socios recelosos –los frugales– que discuten al eje franco-alemán, a Italia y a España el enfoque dado a la salida de la crisis económica desencadenada por la pandemia. Con dos innovaciones especialmente relevantes: la mutualización por primera vez de deuda europea y el aumento del cheque compensatorio para los países que son contribuyentes netos.

No menos reseñable es el hecho de que Alemania ha sabido sacar provechosas enseñanzas del disparate cometido a partir de 2010 con los programas de austeridad puestos en marcha para afrontar la crisis financiera. Se trata de un cambio trascendental que insinúa una mayor convergencia de la primera economía europea con el enfoque de la crisis dado por el Banco Central Europeo en tiempos de Mario Draghi y mantenido por Christine Lagarde. Se trata de un salto cualitativo que lleva a Stephen S. Roach, de la Universidad de Yale, a “reexaminar el importante foso entre un dólar sobrevalorado y un euro infravalorado”. Dicho de forma sucinta, es previsible una revaloración de la divisa europea con respecto al dólar.

Lo que más destaca Roach es que, por fin, la unión económica y monetaria descansa sobre tres pilares: una moneda única, un banco central y, gran novedad, un compromiso creíble en la vía de una política presupuestaria unificada con objetivos comunes (la economía digital y la transición verde). En todo ello ve el profesor elementos de solvencia de los que carece la errática política puesta en marcha por el presidente Donald Trump, que siembra la confusión económica mientras avanza la enfermedad fuera de control en demasiados estados. Algo en lo que abunda Lucrezia Richlin, de la London Business School, que pronostica para el futuro inmediato de la UE un cambio de paradigma: la discusión dejará de centrarse en los riesgos de la mutualización de la deuda y las transferencias fiscales para ocuparse de un “progreso genuino” de la unión fiscal.

Estas opiniones, ajenas a la confrontación política dentro de cada Estado de la UE, hace aún más incomprensible la opinión del PP de que lo acordado en Bruselas después de largas y arduas negociaciones es un rescate. Lo dijo Pablo Casado en el Congreso, quizá para asimilar la situación al rescate bancario –60.000 millones– negociado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es por lo menos arriesgada tal comparación cuando más de la mitad de los 140.000 millones que corresponden a España del fondo de reconstrucción serán subvenciones y el resto, créditos a muy largo plazo –amortización a partir de 2027 y por un periodo de 30 años– a los que el país puede o no acogerse. Y resulta no menos sorprendente el disgusto del PP cuando la condicionalidad de las ayudas se refiere a la solvencia y oportunidad de los programas que cada Estado ponga en marcha y no a una exigencia precisa y concreta de reformas, eufemismo utilizado en el pasado para encubrir recortes en las políticas sociales.

Sería insensato deducir de todo esto que no habrán que adaptarse todos los estados a cierto grado de exigencias y directrices procedentes de Bruselas, pero hablar de rescate es faltar a la verdad, entre otras razones de índole meramente técnica porque es imposible tal cosa con los dos socios comunitarios más dañados por la pandemia –Italia y España–, porque son demasiado grandes y su interrelación con las grandes economías europeas es demasiado determinante para que un rescate fuera posible. Es este un dato esencial, algo que nadie pone en duda y que solo se hace entendible con la brega política a corto plazo.

Se ajusta bastante más a la realidad el análisis de Carlos Santamaría, del Eurasia Group: la UE ha llegado a un acuerdo para salvarse a sí misma. O lo que es lo mismo, hubiese sido ruinoso levantar las negociaciones en el Consejo Europeo sin haber llegado a un acuerdo. No solo por los efectos inmediatos que habría tenido, sino porque, en la práctica, habría dejado a Europa en caída libre en un agujero sin fondo. Con el pacto, seguramente los frugales se han enfundado el uniforme que durante años fue privativo del Reino Unido, pero ese era un precio inevitable y, además, el holandés Mark Rutte y compañía pueden asumir el papel de guardianes de la ortodoxia, pero carecen del poder de impugnación que tuvieron Margaret Thatcher y sus sucesores.

Como se ha repetido con bastante frecuencia estos días, más temprano que tarde se deberá abrir en el marco europeo el debate sobre la necesidad de cancelar los paraísos fiscales –Holanda, Irlanda y Luxemburgo–, de acabar con el dumping fiscal que perjudica a la mayoría y solivianta a los escrupulosos gestores de sistemas tributarios tan rigurosos como los de Austria, Dinamarca y Suecia. Puede decirse que en esta discusión demasiado tiempo aplazada, el frente frugal tendrá graves problemas de cohesión interna.

En última instancia, al sumar y restar lo acordado es difícil rehuir la sensación de que el 21 de julio marcó un punto de inflexión trascendental en la UE y que, aunque toda comparación es odiosa, el new deal establecido en Bruselas puede asemejarse, sin entrar en detalles, con el programa de Franklin D. Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la ruina causada por la gran depresión. Ni las condiciones son las mismas ni lo son tampoco las herramientas puestas a disposición de los estados ni los desafíos de futuro, pero en todo lo discutido y decidido cabe detectar, siquiera sea en pequeñas dosis, una suerte de rescate moral de las conciencias ante la gigantesca crisis social provocada por el covid-19. Perseverar en la austeridad hubiese sido para la Unión Europea una forma de suicidio colectivo.

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La economía, en el laberinto de la pandemia

Después del progresivo desconfinamiento, la paulatina recuperación de la movilidad y el uso de la mascarilla a todas horas el gran reto es poner en marcha las economías paralizadas por la pandemia. El gran debate es cómo hacerlo, con qué instrumentos, en qué dirección y a qué precio, entendido este como el efecto inmediato de la fractura social y el aumento de las desigualdades derivado de la contracción de las finanzas, el reordenamiento de la industria, la caída del consumo, el ascenso mareante del paro, el crecimiento de la deuda púbica, la destrucción de una parte importante de los canales de distribución y el desplome del sector servicios entre otros muchos factores. El desafío es enorme y se debe acometer en una situación caracterizada por la ausencia de liderazgos mundiales convincentes (Sylvie Kauffmann en Le Monde), la rivalidad sin tregua entre las dos primeras economías –Estados Unidos y China–, el rumbo imprevisible o alarmante, según se mire, de Donald Trump en año electoral y las habituales peleas de familia en la Unión Europea.

El convencimiento de Kauffmann de que “estos tres meses han infligido profundos desarreglos en el orden mundial” le da pie a afirmar que se ha agravado el desfallecimiento de la gobernanza mundial. A falta de un multilateralismo consolidado y eficaz, la pandemia ha acelerado la sensación de desorden, la lucha contra el mal ha sido diferente de un país a otro y las profecías de la globalización se han venido en gran parte abajo, impugnadas con harta frecuencia por un nacionalismo de urgencia. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha podido sobreponerse a este ambiente general, discutido su liderazgo científico por la Casa Blanca, que la acusa de plegarse a las presiones de China.

El caso de la OMS no es más que reflejo de un orden cambiante desde antes de declararse la pandemia y que la covid-19 no ha hecho más que acelerar. Para el economista James K.Galbraith, de la Universidad de Texas, los efectos de la enfermedad en la economía han puesto de manifiesto la excesiva dependencia de Estados Unidos de la “demanda global de bienes avanzados” y de un consumo muy dinámico “alimentado por deudas y servicios no esenciales”, una situación, añade, que hay que someter a reformas radicales. En su ausencia, Jules Kortenhorst, del Rocky Mountain Institute, vaticina que Europa y China saldrán airosas de la prueba, con el recurso masivo a las energías limpias, mientras la economía estadounidense se verá lastrada por industrias más antiguas, emisoras de gases contaminantes.

El pronóstico de Kortenhorst está íntimamente ligado con el resultado de la elección presidencial, el 3 de noviembre, a la que el demócrata Joe Biden concurrirá con un programa probablemente muy diferente al de Donald Trump, pero depende, al mismo tiempo, de la habilidad de los europeos para no tropezar una vez más en la piedra de la desconfianza y los recelos del norte hacia el sur, y viceversa. Según la retranca de Hugh Hewitt, columnista The Washington Post, la invisibilidad de Biden permite a Trump, de momento, “competir contra sí mismo”, mientras Europa, cabe añadir, encadena episodios de sensatez con otros de desunión y exigencias de austeridad. De todo lo cual se deduce fácilmente que si Trump triunfa y la Unión Europea no se compromete con la recuperación, las previsiones de Kortenhorst pueden quedar en nada, y lo mismo puede suceder si el ganador es Biden y los europeos siguen enredados en su madeja.

Ante este futuro incierto, pero que será decisivo para una generación, resulta preocupante la decisión del Partido Popular Europeo de apoyar el enfoque para la reconstrucción económica del frente frugal –Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia–, sin que un solo diputado español haya disentido, algo que, más que preocupante, es injustificable, aunque perfectamente previsible. Detrás de la declaración del presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, el alemán Manfred Weber, de que los suyos comparten la iniciativa porque entienden que “la solidaridad va acompañada de responsabilidad”, se esconde un cambio en la posición de la democracia cristiana alemana, es decir de la cancillera Angela Merkel, y el regreso a la lógica austericista, que se impuso en la salida de la crisis desencadenada en 2008.

De todo lo cual se deduce que si Trump es reelegido y la Unión Europa no sale de la estéril ortodoxia de alguno de sus socios, el único gran sistema económico que saldrá robustecido de la pandemia será el de China. La mezcla de autoritarismo y tecnocracia libera a la Ciudad Prohibida de los debates que condicionan el comportamiento de los regímenes deliberativos, de tal manera que el Gobierno chino tiene las manos libres para fijar el rumbo sin dar mayores explicaciones y sin que se avizore una gran crisis social a pesar de la contracción de la economía. Y si el ganador es Biden, la revisión de las relaciones de Estados Unidos con China planteará muchísimos más problemas al nuevo presidente que al aparato del Partido Comunista Chino, una máquina de poder sin adversarios.

¿China ganará siempre, pase lo que pase? El analista Javier Biosca Azcoiti ha escrito en Eldiario.es: “El modelo de liderazgo elegido por las dos superpotencias durante la pandemia es un reflejo de lo que viene ocurriendo en el sistema internacional en los últimos años. Mientras EEUU se retira paulatinamente del tablero –especialmente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca–, China gana poder jugando principalmente dentro del marco de normas diseñado en gran parte por EEUU como gran arquitecto del orden mundial tras la segunda guerra mundial”. Con la particularidad añadida de que las fórmulas chinas para superar la crisis no son exportables a los países democráticos, salvo degradación de las libertades fundamentales, pero compiten con ellos en términos de eficacia y rentabilidad.

Choque institucional en la UE

La determinación del Banco Central Europeo (BCE) de seguir con el programa de compra de deuda “sin inmutarse”, fórmula empleada por su presidenta, Christine Lagarde, hace temer un choque institucional con el Tribunal Constitucional de Alemania, que el pasado martes sentenció que el banco se extralimitó en sus funciones a partir de 2015 al aplicar el programa diseñado por Mario Draghi. Los jueces alemanes obligan a revisar en un periodo de tres meses los términos de la compra de deuda y a justificar su necesidad, y aunque aclara la sentencia que tal exigencia no afecta a las iniciativas del BCE a raíz de los efectos económicos de la pandemia, el solo hecho de amenazar con la posibilidad de que el Bundesbank se retire del programa de compra de deuda complica enormemente la solidez de la arquitectura institucional del Eurogrupo. Un signo de debilidad que agrava la pretensión de hecho del Constitucional alemán de situar sus sentencias por encima de las del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE), que en su día dio por buena y ajustada a derecho la estrategia de compra de bonos promovida por Draghi.

El tono desafiante de Lagarde –“los bancos centrales, incluido el BCE, se guían por su mandato, por lo que haremos todo lo necesario para cumplirlo”– para responder a la doctrina no menos desafiante del tribunal alemán pone sobre la mesa una vez más el conflicto entre soberanías, tradiciones políticas y la compleja configuración de un espacio político europeo que levanta ampollas en muchos estados. Alemania no es una excepción, invocados reiteradamente sus demonios familiares por algunos de quienes recurrieron al Tribunal Constitucional, caso de Alternativa para Alemania (nacionalismo populista ultra). Porque con independencia de los aspectos técnicos del caso juzgado, el criterio de los jueces responde al miedo atávico a la inflación y a la añoranza de la autonomía monetaria antes de la existencia del euro. Pero la repercusión de la sentencia va más allá: si un tribunal constitucional nacional se comporta como una instancia superior al TJUE, ¿cuánto tiempo pasará hasta que lo haga otro por un asunto relacionado, por ejemplo, con el ejercicio de algún derecho fundamental?

Hay demasiadas razones para temer que más temprano que tarde se dé una situación de esta naturaleza. En términos generales, la estrategia de la extrema derecha europea se orienta a deslegitimar las instituciones de la UE en nombre de la soberanía nacional o, peor aún, se encamina hacia un horizonte de oportunismo militante: aceptación de aquello que casa con los programas nacionales e impugnación de aquello que no cuadra con ellos. Los gobiernos de Hungría y Polonia están en una situación privilegiada para hacer escuela en este sentido, y otros socios de la UE pueden seguir sus pasos sin mayores remordimientos. Dicho de otra forma, las cesiones de soberanía asociadas a la pertenencia a la UE resultan cada vez menos admisibles para un conglomerado de euroescépticos y eurófobos.

De forma que quizá no sea la más preocupante la línea de fractura entre norte y sur, entre Alemania y su área de influencia política y doctrinal, y el flanco mediterráneo, sino esa otra que divide a los Veintisiete entre europeístas con grandes dosis de realismo y socios con una idea meramente instrumental de Europa, sin mayor proyecto político de futuro para la UE que limitarlo al máximo. Es esa una división que en gran medida se ve favorecida por los desmesurados costes sociales que tuvo la salida de la crisis de 2008 y que pueden repetirse ahora, corregidos y aumentados, con la congelación de la economía obligada por la pandemia. Basta prestar atención a las expectativas para 2020, de una radicalidad desconocida, para esperar que, según sean el comportamiento y el compromiso institucional europeos, crezca más o menos la desafección hacia la UE en opiniones públicas muy castigadas y desorientadas por el descalabro en curso.

El problema planteado entre tribunales no puede verse solo bajo el prisma jurídico. No se trata de recordar la frase del poeta latino Juvenal, “¿quién vigilará a los vigilantes?”, en este caso, ¿qué tribunal tiene en la UE la condición de última instancia?, sino plantear otra pregunta de naturaleza política: ¿la simple pertenencia a la UE obliga a acatar cuanto de la institución procede o caben los juegos de manos interpretativos según convenga? La profesora de la Universidad de Columbia Katharina Pistor sostiene que la sentencia del Constitucional alemán parte de la idea de que toda cesión de soberanía hecha sin la aprobación expresa del Parlamento “equivale a una violación del derecho individual de voto”, un punto de vista muy restrictivo que ha guiado a los jueces y que, de hacerse extensivo a otros ámbitos, dislocaría por completo la planta institucional de la UE.

Lo menos que puede decirse de la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania es que sienta un mal precedente para la cultura política europeísta y proporciona asideros a cuantos pretenden relativizar la idea de Europa. Se materializa así uno de los temores más vívidos de George Steiner en La idea de Europa: “La pesadilla de la historia europea”. Tal mal sueño se concreta en nacionalismos chauvinistas de todas clases, la pugna sin tregua por la hegemonía cultural y otros fantasmas que reaparecen cada cierto tiempo. Nada nuevo bajo el sol, puede decirse, pero tan preocupante como siempre o quizá más porque ahora los europeos deben afrontar una situación excepcional de la que la UE debería salir más cohesionada que nunca o, por lo menos, menos fragmentada de lo que sus adversarios esperan y de lo que la inseguridad jurídica que provoca la sentencia alemana hace presagiar, según resalta el comunicado difundido ayer por el TJUE. Se trata de un gran reto sin referencias históricas en las que inspirarse.

La pandemia debilita a la UE

La crisis del coronavirus ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de la sociedad del siglo XXI. La abnegación de muchos, sin condiciones ni reservas, resalta la cicatería de otros, los egoísmos nacionales y los prejuicios exacerbados. Las discusiones en la Unión Europea para superar el fallo multiorgámico que sufre la economía sin dejar a nadie en la estacada o condenándolo a un estatus disminuido, precario, atienden a esta doble condición: la decencia aconseja el esfuerzo concertado, la solidaridad y el espíritu europeo en su máxima expresión; los analistas financieros sacan luego el manual e imponen la frialdad de la cuenta de resultados o de cualquier otro dato que guía sus pasos.

En la película Presidente Mitterrand, el actor que encarna al estadista deja dos frases para la historia que el Mitterrand auténtico seguramente habría asumido: “Yo soy el último de los grandes presidentes. Después de mí no habrá más que financieros y contables”. A juzgar por las justificaciones difundidas por economistas de variada procedencia para explicar la negativa de Alemania, secundada por Holanda, Austria y algún otro socio de la UE, el Mitterrand de cine se adelantó a su tiempo. Porque tales justificaciones solo atienden a los aspectos contables para cerrar la puerta a los eurobonos, a la mutualización de la deuda, sin entrar en otras consideraciones y en la necesidad apremiante de que ningún país se quede por el camino, renqueante y sin caminos transitables cuando cese la tormenta.

El juicio de los técnicos se apoya en los datos inmediatos, pero con demasiada frecuencia soslaya la historia. Por ejemplo, sin la disposición europea a facilitar la unificación alemana, vencidas las resistencias iniciales, el proceso hubiese entrado en una provisionalidad de efectos imprevisibles, aunque algunos alemanes ilustres como Günter Grass se alarmaron con la el acuerdo cerrado por el canciller Helmut Kohl con los socios comunitarios. Por ejemplo, se olvida el dumping fiscal practicado por Holanda –un paraíso fiscal encubierto– que perjudica los erarios de otros países, entre ellos España. Por ejemplo, se deja de mencionar que las exportaciones de Holanda equivalen al 78% de su PIB y que el destino de bastante más del 50% es a países de la UE (Rotterdam es el primer puerto de Europa).

Claro que, al mismo tiempo, hay economistas que entienden que es indefendible volver al desastroso austericidio de 2010 y años sucesivos. El belga Paul de Grauwe, de la London School of Economics, ha explicado a este diario que si no hay eurobonos porque Alemania se cierra en banda, el Banco Central Europeo debe financiar los déficits, monetarizando la deuda, al mismo tiempo que califica de locura recetar austeridad a España –añádase Italia– mediante el recurso al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Y advierte que con gestos arrogantes puede crecer la desafección y pueden engordar los partidos eurófobos, que ven la construcción de la cohesión europea, de la ciudadanía europea, como un problema y no como una solución.

Los ejemplos de Hungría y Polonia son dignos de tenerse en cuenta: dos partidos de extrema derecha, nacionalistas, eurófobos y autoritarios –Fidesz y Ley y Justicia– tienen garantizado el respaldo mayoritario de la población, facilitados sus atropellos a la democracia por la pasividad de la UE, más inclinada a la retórica que ha sancionarlos. El poder de contagio de actitudes como la de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, es equiparable al del coronavirus. Líderes políticos de diferentes marcas de la extrema derecha –Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini– se encuentran en una situación propicia para asaltar el poder o por lo menos mediatizarlo, si no es que ya lo hacen ahora en alguna medida. Dicho de otra forma: la pandemia puede debilitar la UE en grado sumo como proyecto de futuro.

Muchos de estos líderes a la espera cuentan además con la ventaja de no sufrir desgaste alguno porque no gestionan la crisis, no han de tomar decisiones sobre la marcha ni dar todos los días el parte de contagiados y muertos. Con difundir la idea de que quienes gobiernan la UE y en cada uno de los países pecaron de imprevisión, son ineficaces y se ven superados por la crisis tienen suficiente para que les sonrían las encuestas y siembren la gran duda: ¿podía haberse afrontado todo de mejor manera? Una vez más, rinde o puede rendir réditos la maquinaria perversa de simplificar el cariz de los problemas para, acto seguido, ofrecer alternativas de una simplicidad absoluta.

Nada es fácil en la crisis insólita que mantiene a los ciudadanos encerrados en casa a la espera de que escampe, a los sistemas sanitarios sometidos a un estrés permanente, a las economías sin aliento y a los gobiernos obligados a atender a la vez al consejo de los especialistas y a las necesidades básicas de la población. Pero todo puede complicarse si, al mismo tiempo, llegan de Bruselas malas noticias o noticias inconcretas. Una de ellas, las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: el Plan Marshall que reclama Pedro Sánchez será el presupuesto de la UE, estará contenido en él. Si fue dicho para salir del paso, malo; si fue dicho para suavizar el debate sobre los eurobonos, peor.

Se ha quedado sola Alemania en la UE como único socio de referencia, muy debilitada Francia por los efectos de una larga crisis social y un programa de reformas promovido por Emmanuel Macron que a duras penas se concreta. Ha dejado de funcionar el eje francoalemán como un sistema de pesas y medidas capaz de equilibrar mentalidades, tradiciones políticas y lastres del pasado muy diferentes, y se ha impuesto el enfoque alemán de los problemas y de las soluciones, con Angela Merkel en el ocaso y un Parlamento que “nunca aprobará los eurobonos”, según recordó la cancillera. Y corre el riesgo la UE de olvidar algunas de las ideas que guiaron a los padres fundadores, entre ellos, Robert Schuman: “Servir a la humanidad es un deber igual que el que nos dicta nuestra fidelidad a la nación. Así es como nos encaminaremos hacia la concepción de un mundo en el que se apreciarán cada vez más la visión y la búsqueda de lo que une a las naciones, de lo que les es común, y en el que se conciliará lo que las distingue y las opone”. Unión, diversidad, solidaridad, estos son de nuevo los grandes retos.

Baviera marca el camino

El batacazo de la CSU en las elecciones celebradas en Baviera es una señal más de la transformación de los partidos y los electores de perfil conservador. La irrupción de la extrema derecha en la política alemana, con una confortable presencia en el Bundestag, ha llevado a la CSU a asumir parte de la gesticulación pública y los eslóganes de Alternativa para Alemania (AfD por sus siglas en alemán), pero como suele suceder casi siempre en los casos de imitación oportunista del adversario, es este quien sale beneficiado y no el imitador. O lo que es lo mismo, entre el original y la copia, muchos votantes prefieren al primero.

Si hasta la fecha se ha dicho que la izquierda tradicional europea no sale de su desorientación y pena su incapacidad para disponer de un programa propio poscrisis, ahora cabe decir lo mismo del universo conservador, zarandeado por la extrema derecha. Los flujos migratorios, la convivencia con el islam en suelo europeo y el terrorismo global, más una eurofobia sin descanso, han alimentado los programas ultra, simplificando al máximo los problemas y las soluciones, como si la complejidad extrema del momento pudiera gestionarse con enunciados tan genéricos como cerrar las fronteras, salir del euro o poner en marcha un proceso masivo de repatriaciones. El líder de la CSU, Horst Seehofer, ministro del Interior –y de Patria, una aportación suya de inquietante significado–, da la impresión de haber olvidado la sentencia de Konrad Adenauer: “La historia es la suma total de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse”.

El contagio del virus ultra se extiende entre las derechas convencionales a la velocidad propia de las grandes epidemias. El caso de Vox, con un Vistalegre lleno en el zurrón, no es ajeno a los giros hacia la derecha de la derecha del PP y de Ciudadanos, temerosos de que finalmente la segmentación del voto conservador les condene a la derrota electoral. El temor a aparecer demasiado blandos, demasiado contemporizadores, demasiado liberales y poco nacionalistas lleva a algunos de sus dirigentes a subrayar sus coincidencias con los propósitos que animan a Vox, retardatarios cuando no claramente contrarios a la Constitución (la supresión de las autonomías, por ejemplo).

Se frustra así el papel moderador de la democracia cristiana y afines en entornos tan distintos como Alemania, Italia, Austria y en España al final del franquismo al neutralizar los ímpetus de la extrema derecha en sus diferentes versiones. Una operación que condenó a los irreductibles a la irrelevancia durante décadas, convertidos poco menos que un pintoresco residuo del pasado. Carente de líderes asentados y de una base electoral suficiente, el universo ultra hubo de recorrer una larga travesía del desierto hasta que el coste social de la salida de la crisis económica, la decepción de una parte de los más vulnerables con los partidos tradicionales y la insensibilidad de los tecnócratas de la UE al hacer el recuento de bajas puso en bandeja el renacimiento de los partidos con una nueva generación de líderes: Marine Le Pen, Frauke Petry, Matteo Salvini, Geert Wilders, Heinz-Christian Strache y otros menos renombrados.

La mayoría de ellos remaron contracorriente durante muy poco tiempo: si las elucubraciones del Tea Party fueron una primera fuente de inspiración, junto con el legado de la extrema derecha de entre guerras, la victoria de Donald Trump les procuró un líder universal, predicador de la nación agresiva frente al multilateralismo pactista, liquidador del statu quo y de la globalización. Puestos a minar la UE y las exigencias políticas de Bruselas, hallaron en Trump el pilar adecuado para debilitar la propuesta europeísta y sumarse a la labor de zapa de estrategas como Steve Bannon y otros ideólogos del nacionalismo de última generación, tan ajeno al cosmopolitismo que alienta en el proyecto europeo.

Basta sumar la inclusión de programas sociales en las arengas de la extrema derecha para comprender lo atractivo de la oferta en caladeros tradicionales de la izquierda golpeados por la crisis, sometidos a las políticas de austeridad y condenados a  sufrir un mercado laboral precario (pobres con trabajo). Los resultados en la periferia de París de la elección presidencial de mayo de 2017 –victoria de Emmanuel Macron– ilustran sobradamente este fenómeno de transferencia del voto de izquierdas al lado opuesto del espectro político y contribuyen en todas partes a ahondar la desorientación de la izquierda tradicional, a dar vida a proyectos políticos de influencia limitada –los insumisos en Francia– y a alentar diferentes formas de populismo progresista que impugnan el reparto de papeles en los regímenes democráticos.

La más genuina diferencia entre Alemania y casos como los de Francia y España, es que la configuración del Parlamento está lejos de compensar el afloramiento de la extrema derecha con una similar capacidad de movilización de nuevas formas de la izquierda –Die Linke es un partido estancado–, capaces de retener una parte del electorado que ha abandonado a la socialdemocracia (SPD). Los resultados de Baviera tienden a consolidar ese modelo y ahora la mayor de las incógnitas es saber hasta qué punto el traspiés bávaro de la democracia cristiana puede repetirse a escala federal. Porque si, como parece, Angela Merkel se ve obligada a adelantar las elecciones, someterá a su partido, la CDU, a una dura prueba de resistencia frente a las acometidas de AfD y a la prédica nacionalista y poco menos que xenófoba de la CSU, cada vez más presunta aliada y menos aliada sin más de la CDU.

Resulta innecesario subrayar que una Alemania enfrentada al desafío de AfD influiría en el curso de los acontecimientos en el resto de la UE y daría alas a la extrema derecha en todas partes. No es ni exagerado ni grandilocuente imaginar que los sucesivos ascensos en los resultados obtenidos por AfD mejoran las perspectivas del voto ultra, amenazan el proyecto político europeo y contribuyen a endurecer los programas de la derecha tradicional por esa tendencia suya a intentar la neutralización de sus adversarios ultraderechistas mediante la asimilación de parte de sus programas. Y sobre todo de su lenguaje, de un léxico agresivo y extemporáneo que lo mismo le vale a Pablo Casado para referirse a un supuesto efecto llamada en el Estrecho, que a Horst Seehofer para amenazar con el cierre de fronteras.

Quienes se adueñan del lenguaje, siquiera sea para amedrentar, tienen mucho camino recorrido, porque al final es el instrumento para prometer la Luna, desacreditar a los rivales y administrar las victorias. Si la apropiación se produce en entornos marcados por las desigualdades y la decepción de los ciudadanos, entonces se dan dos de las condiciones básicas para que los demagogos sin escrúpulos se suban a la tribuna y atraigan voluntades.

El programa de Macron, en duda

El debilitamiento de la presidencia de Emmanuel Macron después de menos de año y medio en el palacio del Eliseo pone de manifiesto las dificultades para configurar experimentos políticos que pretenden ser una versión poscrisis de las en otro tiempo llamadas terceras vías. La República En Marcha (LREM), el partido creado por Macron para convertirse en jefe del Estado, es un conglomerado heterogéneo en el que conviven exsocialistas, centristas, ecologistas templados, liberales y aspirantes a políticos sin adscripción ideológica precisa. Es también un recinto en el que junto a debutantes en el oficio figuran veteranos en la brega política diaria –Édouard Philippe, Gerard Colomb, ministro del Interior hasta que dimitió el miércoles–, con claro predominio de la familia europeísta liberal, dispuesta a hacer pasar a Francia por un proceso de reformas guiadas por la austeridad presupuestaria, un cambio radical del mercado de trabajo y una revisión no menos radical de los privilegios de que disfrutan los empleados de la función pública.

El compromiso europeísta de los integrantes de LREM nadie lo discute, pero el corte merkeliano del programa de Macron para Francia, tampoco. Bruno Le Maire, un enarca clásico, es el ejecutor de este programa, apegado al rigor económico y poco dado a girar la vista atrás y adaptarse a algunas de las más arraigadas tradiciones políticas francesas: la fuerza de los sindicatos, el conservadurismo católico con inquietudes sociales, el legado comunista, las referencias de Charles de Gaulle y François Mitterrand para quienes conservan una “cierta idea de Francia” –la frase es del general en sus memorias–, el poder de facto de los funcionarios y otros factores esenciales en la configuración del perfil de la república. Muchos de estos ingredientes son lastres objetivos para la modernización del Estado, de la economía y de la viabilidad de los programas sociales, pero arramblar con todos es una empresa inmoderada, por no decir perniciosa para preservar la cohesión social y dejar a salvo el pacto republicano.

La pérdida de popularidad sin freno de Macron es consecuencia directa de esta idea de renovación del Estado desde la trinchera liberal –¿neoliberal quizá?–, que persigue la modernidad, pero alarma a los jóvenes sin trabajo o con empleos precarios, a las rentas más bajas de las sociedades urbanas, a una parte del mundo académico y las fuerzas en orden disperso que un día se sintieron representadas por las izquierdas clásicas y el nacionalismo socializante concretado en el gaullismo. Como escribía un editorialista a raíz de la dimisión del ministro de Transición Ecológica, Nicolas Hulot, Macron ha hecho demasiados enemigos en demasiado poco tiempo y ahora, cuando se impone una renovación del Gobierno –Colomb es el séptimo en dejar su cartera–, la pregunta de la portada del progresista Le Monde, “¿qué remodelación para salir de la crisis?”, es casi una forma encubierta de preguntar si el presidente y su Gobierno están en condiciones de salir de la crisis (de esta y de las futuras y previsibles).

El debilitamiento de Macron enardece a la extrema derecha, suministra argumentos a Marine Le Pen para calentar sus proclamas eurófobas y mantiene a Francia en la lista de países en los que el desafío del populismo ultra puede alterar el perfil del Parlamento Europeo que se elegirá en mayo. Esto es, la crisis francesas es, al mismo tiempo, una crisis europea en potencia, o acaso no tan en potencia habida cuenta de que coincide con las dificultades cada vez mayores que afronta Angela Merkel en Alemania, donde debe torear con las tensiones lógicas en toda coalición con las menos lógicas con los aliados históricos de la CDU, los democristianos bávaros de la CSU. Dicho de otra forma: sin estabilidad para que funcione la complicidad franco-alemana, con el brexit sin un desenlace tranquilizador y demasiados socios de la UE dispuestos a saltarse las reglas básicas del club, la debilidad de la pareja Macron-Merkel es, al mismo tiempo, la debilidad de Europa.

La energía y audacia que observa Jack Lang, exministro de Educación y Cultura de Mitterrand, en el comportamiento de Macron se antojan insuficientes para salvar el momento sin graves daños. Como el propio Lang reconoce en una entrevista con el periódico conservador Le Figaro, en un régimen parlamentario, después de la renuncia de Colomb, la crisis de Gobierno estaría servida y acaso zozobrara la cohesión de la mayoría con una composición tan variada como la de LREM. Una reflexión que no le impide alabar el “estilo de acción” del presidente, algo que apreció en Nicolas Sarkozy el establishment francés, del que Lang forma parte, y que echó en falta en François Hollande.

La pregunta que cabe formular en relación con la crisis francesa, entre otras muchas, es si una maquinaria electoral de perfil ecléctico, que pretende ser una herramienta política de renovación sin entrar en demasiados detalles ideológicos, puede ser también un instrumento de gestión política cohesionado, en cuyo seno sean más numerosas las certidumbres y los cambios viables que las contradicciones. La misma o parecida pregunta se planteó a las terceras vías, barridas por la victoria de George W. Bush en 2000, la complicidad británica en la estrategia de seguridad de Estados Unidos –la guerra de Irak– y el desastre aún no superado de la crisis iniciada en 2008, entre otros muchos sucesos que dejaron desnudos a los teóricos de aquella no tan lejana propuesta.

La modernidad de Macron presta muy poca atención al recuento de posibles víctimas provocadas por un pretendido cambio de paradigma que acaso tenga justificación contable, incluso puede ser necesario para salvar los muebles del Estado del bienestar, pero también puede dejar a muchos en la cuneta de la historia. Por lo demás, bastantes de los objetivos del presidente de Francia suenan a cosa sabida, bajo sospecha, apegados a las indicaciones de los think tank, pero alejados del pulso de la calle, instalada en la decepción y donde es tan importante el voto a favor de alguien como el voto contra alguien. Algo cada vez más frecuente cuya consecuencia inmediata es que apenas existe complicidad e identificación con el ganador –Macron en 2017– y al primer contratiempo se rompe el tenue hilo que une a los votantes con el candidato que votaron. Eso sucede en Francia y no hay pistas para creer que se corregirá la tendencia.

 

La crisis migratoria, una crisis moral

La marcha atrás de Donald Trump en el caso de los menores, hijos de inmigrantes, separados de sus padres y encerrados a menudo en jaulas no neutraliza la naturaleza deshumanizada de las políticas dictadas desde la Casa Blanca para combatir los flujos de migración irregulares. Al mismo tiempo que Estados Unidos anuncia que se retira de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por ser una instancia “hipócrita y egoísta”, particularmente parcial en contra de Israel, el presidente ha dado muestras de un desprecio absoluto por los derechos de los más vulnerables, decidido a utilizar cuanto esté en su mano para mostrarse como el más duro de los duros. En realidad, debería decirse el más insensible de los insensibles.

Lo peor del comportamiento de Trump, injustificable y sin otro objetivo que contentar a sus electores y sacar partido de las contradicciones del sistema, lo más pernicioso es que crea escuela, alienta a neofascistas como el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, e inspira las políticas xenófobas de dirigentes como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Nada pueden ni las consideraciones morales ni los datos objetivos de informes que subrayan el efecto positivo de las migraciones en sociedades envejecidas como las europeas –el último de ellos, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia–  cuando de lo que se trata es de explotar políticamente la peor versión de la política de las emociones, de los padecimientos de los sectores más deprimidos de una sociedad –la estadounidense, la italiana, la húngara o cualquier otra– para mantener en marcha el taxímetro de los votos. La explotación de sentimientos primarios ha sido siempre un resorte de movilización política que en nuestros días se manifiesta como un dinamismo preocupante.

La posibilidad de habilitar bases militares de Estados Unidos para alojar a inmigrantes entrados en el país de forma irregular mientras se decide si procede su expulsión resulta tan humanamente discutible como el proyecto europeo de crear campos de acogida de inmigrantes económicos y potenciales refugiados fuera de las fronteras de la UE. Si de hecho el acuerdo con Turquía para que almacene a tres millones de migrantes de todas clases ha convertido a los estados europeos en rehenes –potenciales al menos– del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, qué cabe esperar que sucedará con futuros campos situados en Libia, un Estado fallido, o cualquier otro territorio sin garantías o con tendencia a la cirugía de hierro.

El caso del barco Aquarius, atendido con dignidad y eficiencia por el Gobierno español, se multiplicará en otros lugares del Mediterráneo, con otros desaprensivos al frente de las operaciones –otros Salvini–, porque el desembarco en Valencia no deja de ser una excepción, un caso aislado, una reacción que no puede equipararse a una solución. Las referencias genéricas que se hacen en la UE y en Estados Unidos a actuar en origen para alumbrar las condiciones de vida, trabajo y progreso que acaben con los flujos migratorios no son más que justificaciones: todo el mundo sabe que incluso en el hipotético caso de existir y aplicarse estos programas de actuación en origen –algo bastante dudoso–, es improbable que surtan efecto antes de una generación. Dicho de otra forma: en el medio y largo plazo no decrecerá el problema mediante un efecto inmediato y poco menos que milagroso de cambio de las condiciones sociales que se dan en la mayoría de países de África, en Siria, Irak, Afganistán y otros lugares con una historia torturada.

El cambio de paradigma de la aldea global a sociedades amuralladas plantea multitud de incógnitas referidas a la coexistencia de dos mundos frente a frente: uno próspero o relativamente próspero y otro condenado a la pobreza, la dependencia y la sumisión. Muchas de las críticas hechas por políticos republicanos y demócratas de Estados Unidos, enfrentados a las imágenes de niños separados de sus progenitores, remiten a ese diseño insostenible de segmentación de la comunidad internacional. Cuando el ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, amenaza con cerrar las fronteras a los no comunitarios si el Gobierno no arbitra una fórmula para bloquear los flujos migratorios, no hace más que perpetuar la división entre ricos y dsposeídos, a un lado y otro del Mediterráneo, sin mayor preocupación por la suerte que corran en el futuro las víctimas que se arriesgan a cruzar el mar en embarcaciones de fortuna. Seehofer es quizá menos bocazas que Salvini, pero no es menos peligroso ni pone menos en riesgo la decencia como norma en las sociedades democráticas.

La crisis migratoria sienta ante el espejo de su historia a Estados Unidos y a Europa por razones diferentes, pero determinantes. En el caso estadounidense, porque el país creció y cuajó como una gran potencia mediante la consolidación de sucesivas oleadas migratorias; en el caso europeo, porque muchos de cuantos ahora llegan a las costas del sur son los descendientes de aquellos otros que vivieron la experiencia de formar parte de grandes imperios coloniales –el británico y el francés, los más importantes– y hoy pasan por el trance de verse rechazados por los descendientes de quienes en otro tiempo los gobernaron. En ambos casos, ningún líder o gestor saldrá indemne de esta crisis lacerante, ni siquiera aquellos que acuden a las encuestas y comprueban que tienen el viento a favor, porque la idea y la doctrina de los derechos humanos ha arraigado en sectores muy importantes y dinámicos del primer mundo que son quizá los mejor dispuestos para contener el episodio de populismo, xenofobia y nacionalismo exacerbado que atenaza a muchas sociedades por no decir a todas.

“Europa no conseguirá sobrevivir sin inmigración”, sostenía Günter Grass. Su convencimiento de que todas las grandes culturas han surgido de procesos de mestizaje debería orientar la reunión de ocho líderes europeos este domingo en Bruselas para discutir el problema y vislumbrar soluciones realistas y humanizadas. Es difícil que el pensamiento del gran escritor alemán prevalezca, y aún lo es más que los gobiernos se sustraigan al influjo de la extrema derecha, cada día más crecida y con mejores expectativas electorales en Francia, Alemania, Italia y Austria, la mitad de los países convocados. Aunque suene a disparate, los estrategas políticos han llegado a la conclusión de que para neutralizar a los ultras hay que asumir como propio parte de su discurso y aceptar como irremediable que el presidente Trump, con obsceno desparpajo, aparece en todas partes como su líder carismático.

 

Trump caliente Oriente Próximo

La decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Irán y de restablecer la política de sanciones ha crispado el ambiente en Oriente Próximo con la intensidad y profundidad temidas de antemano, ha alarmado a los aliados de Estados Unidos y ha proyectado sobre las cuentas del petróleo la sombra de un encarecimiento de los precios inducido por la incertidumbre, la desconfianza y el riesgo de una escalada bélica en diferentes frentes. Mediante el gesto de Trump, desastroso para preservar los equilibrios regionales en la medida de lo posible, la Casa Blanca persevera en el unilateralismo, impugna el statu quo y acentúa su perfil nacionalista –aislacionista–, alentado por el electorado ultraconservador, los ideólogos continuadores de la prédica del Tea Party y la necesidad de llegar a noviembre con una hoja de servicios suficiente para conservar la mayoría republicana en el Congreso.

Al mismo tiempo que los allegados a Trump, la cadena Fox News y los adictos al programa presidencial jalean la decisión, los analistas desapasionados coinciden en por lo menos tres conclusiones: Estados Unidos pierde influencia como actor internacional y degrada su solvencia como aliado, la pretensión de forzar un cambio político en Irán es un objetivo insensato y la Administración carece de una alternativa para afrontar los riesgos en materia de seguridad asociados a la denuncia del tratado. Cuando el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declara que “Estados Unidos le está dando la espalda a las relaciones multilaterales con una ferocidad que solo puede sorprendernos”, y añade que “le corresponde a la UE asumir el control”, no hace mucho más que manifestar en público lo que opinan la mayoría de think tank a ambos lados del Atlántico; se hace eco de la opinión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de la cancillera de Alemania, Angela Merkel, y del secretario del Foreign Office, Boris Johnson.

Así se manifiesta también Suzanne Maloney, del Centro para la Política en Oriente Próximo (Brookings Institution), convencida de que la abdicación de Estados Unidos del liderazgo internacional “no tiene parangón en la historia reciente”. Así se expresan la mayoría de columnistas de la prensa liberal de Estados Unidos, que observan con preocupación cómo la decisión adoptada por Trump “no mejora los parámetros de seguridad” del país, un concepto acuñado por la comunidad de inteligencia para referirse a eventuales amenazas exteriores (terrorismo global).

¿Puede la Unión Europa, enzarzada con harta frecuencia en bizantinismos indescifrables, ocupar el espacio vacío presuntamente dejado por Estados Unidos? ¿Puede el dispositivo de seguridad europeo operar como una herramienta de equilibrio en Oriente Próximo? ¿Puede una europeización de la crisis minimizar el parte de daños que presumiblemente causará la estrategia de confrontación elegida por el equipo de Trump? La respuesta a tales preguntas no puede soslayar el hecho de que, como afirma Sanam Vakil, de la Universidad Johns Hopkins, la Casa Blanca ha hecho un regalo al ala dura del régimen iraní, la misma que puso en marcha el programa nuclear, que sostuvo la altivez irreflexiva del presidente Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Hasán Rohani, y que observó con recelo el acuerdo de este con Barack Obama en 2015. La misma, en fin, que entiende que la única garantía de futuro para la República Islámica es disponer de un arsenal nuclear suficiente para disuadir a sus adversarios de cabecera, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, de llevar a la práctica un programa encaminado a acosarla a todas horas en todas partes.

Queda poco margen para la esperanza al unir todos estos ingredientes. El simple hecho de que Israel atacó con misiles posiciones iranís en Siria poco después de que desde ellas se hubiesen bombardeado los altos del Golán, ocupados por el Ejército israelí desde junio de 1967, pone de relieve la volatilidad de la situación. Si se admite como un dato incontestable que Irán es un actor político determinante en Oriente Próximo, que la seguridad de Israel antecede a cualquier otra consideración en los análisis estadounidenses y que Arabia Saudí, con el apoyo de Estados Unidos, disputa la hegemonía regional a los ayatolás, es muy aventurado suponer que Europa puede serenar los ánimos sin la complicidad transatlántica. “Oriente Próximo es un polvorín de tensiones a medida que los conflictos arrecian en Siria, Yemen, Irak y Líbano, e Irán es el motor de gran parte de esa toxicidad”, recuerda Sanam Vakil.

Dicho de otra forma: al erosionar el programa de la facción posibilista del régimen iraní se pone a Irak y Líbano en la antesala de problemas mayores a los habituales, y a Siria y Yemen se los condena a soportar la carnicería por tiempo indefinido. Es este un panorama desolador, pero inmejorable para que proliferen los radicalismos de todo pelaje y condición, confesionales y laicos, indefectiblemente inclinados a solventar las crisis en el campo de batalla. Son demasiados los precedentes sombríos como para imaginar una evolución diferente de los acontecimientos, menos inquietante, más apegada a buscar el equilibrio estratégico entre adversarios en un espacio relativamente pequeño; un equilibrio en el que la controversia religiosa no sirva para encubrir la rivalidad militar y política, de las playas de Líbano a las del golfo Pérsico.

El alcance de esta crisis perseguida y manufacturada por Trump, deseada por Israel y aplaudida por Arabia Saudí no es regional, sino mundial. Lo es porque se produce en el área más inestable del mundo, enfrenta a Estados Unidos con los europeos, daña la trama de intereses económicos de estados y empresas que han normalizado su relación comercial con Irán y amenaza con envenenar el mercado del petróleo, salvo que surta efecto el propósito de China e India de seguir importando crudo iraní y mantenga Rusia su compromiso de comercializar una parte de la producción de la República Islámica, algo que da por seguro Frank A. Verrastro, especialista en la materia. Y es mundial en última instancia porque el rumbo fijado por Trump sitúa a Estados Unidos fuera del terreno de juego de las convenciones internacionales, del respeto por lo acordado y firmado, de cuanto se entiende que garantiza una seguridad razonable mediante la salvaguarda de los compromisos contraídos.

¿Cree el presidente Trump, como lo creyó George Kennan de la Unión Soviética, que Irán “es insensible a la lógica de la razón, pero es altamente sensible a la lógica de la fuerza”? Si este es el caso, cabe preguntarse por la naturaleza futura de las relaciones de Estados Unidos con China y Rusia, por qué lógica aplicará en ambos casos y por la capacidad de Trump de descoyuntar el sistema, convertido en un actor político cada vez más peligroso.

Trump-Macron, una relación paradójica

A nadie puede sorprender que el intercambio de gestos afectuosos entre Donald Trump y Emmanuel Macron quedara matizado por el discurso pronunciado por el presidente de Francia en el Congreso de Estados Unidos. La distancia ideológica y programática de ambos mandatarios es demasiado grande como para no manifestarse en toda su magnitud. Si Trump es proteccionista, duda del cambio climático y denuesta el acuerdo con Irán siempre que puede, Macron es defensor del comercio global, asume los vaticinios científicos sobre los efectos del calentamiento incesante del planeta y admite como mal menor, y sin demasiado convencimiento, que quizá convenga retocar el acuerdo con los ayatolás para ampliarlo, pero en ningún caso revocarlo. Como ha quedado escrito en político.com, el discurso de Macron lo podrían suscribir Barack Obama o Hillary Clinton, pero está en las antípodas del eslogan American First, que orienta todas las decisiones de la Casa Blanca.

Todo encaja en esta historia de apariencias y realidades. La candidata preferida por Trump en las elección presidencial del año pasado en Francia fue Marine le Pen, por afinidades evidentes de pensamiento y porque su victoria habría debilitado el proyecto europeo de forma clamorosa, mientras que Obama manifestó en púbico su apoyo a Macron, convertido en artífice de una nueva tercera vía europea que quiere acudir al rescate de la decadencia, la confusión y la crisis de identidad de la UE. Nada más elocuente que esta disparidad de criterios para llegar a una conclusión parecida a la del periódico Le Monde: la bondad de los gestos y la divergencia de las ideas tienen todas las trazas de un oxímoron o de un abuso de la paradoja.

El recuerdo de la simplicidad escenográfica de la visita de Charles de Gaulle a Dwight D. Eisenhower en 1960 –dos generales que siempre se respetaron, pero que a menudo disintieron, según se desprende de las Memorias de esperanza del francés– no ha dejado de ser una referencia estos días. Porque aquellos dos veteranos soldados no intentaron disimular sus diferencias, sino subrayar sus coincidencias para preservar un orden internacional estable. Algo que queda lejos del proyecto de Trump y que inquieta a Macron, contrario a la retirada estadounidense de entornos clave por el riesgo subsiguiente de que Rusia y China ocupen el vacío dejado. Así debe entenderse en parte la diatriba del inquilino del Eliseo en el Congreso contra el nacionalismo y el aislacionismo, dos vectores de fuerza que mantienen cohesionado al electorado de Trump, pero impugnan un posible orden internacional basado a la vez en la globalización y el multilateralismo.

Los detractores de la política económica de Trump entienden que su proteccionismo renuncia a poner en marcha políticas convenientes a medio y largo plazo a causa de sus intereses inmediatos. La “inconsistencia temporal”, mencionada en un artículo por Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, condiciona la estrategia de la Casa Blanca, mientras que lo que se antoja poco consistente en el frente europeo es penalizar el flujo exportador en sectores tan sensibles como el acero y el aluminio, amenazar con hacer lo propio en el mercado automovilístico y quién sabe si en otras áreas. Para Macron, en igual o mayor medida que para Angela Merkel, poner trabas al comercio es amenazantemente pernicioso a ambos lados del Atlántico; no hace falta ser un defensor sin fisuras del TTIP, desaparecido en combate, para llegar a esta conclusión.

El entusiasmo con el que los escaños demócratas acogieron el discurso de Macron mientras los republicanos miraban al techo fue por demás elocuente. Will Marshall, una referencia del pensamiento demócrata renovado, llama al presidente de Francia “líder del mundo libre” al entender que recupera la mejor tradición del pensamiento liberal reformista, y en sentido parecido se han manifestado los analistas de los principales medios estadounidenses. Algo que contrasta con los recelos que Macron suscita en las filas de la izquierda europea, no solo en Francia, y en las del populismo conservador de Estados Unidos –Trump, su líder–, donde el modelo europeo es tachado siempre de socialista incluso si su defensor es alguien tan alejado del calificativo como Macron.

En una sociedad cada vez más dividida y crispada como la estadounidense no debe sorprender el recurso a la exageración y el éxito de proclamas que a menudo chocan con la realidad. La victoria ultraconservadora encarnada en Trump alienta desde noviembre de 2016 un pensamiento profundamente reaccionario y esquemático, que simplifica al máximo el enunciado de los problemas y las posibles soluciones. Que tales problemas –en el ámbito que sea– tengan una dimensión mundial y, por consiguiente, requieran de actuaciones mundiales pesa menos en la Administración de Trump que la necesidad de tomar decisiones que cumplan con las expectativas más elementales de una parte considerable de quienes votaron al presidente, seducidos por su verborrea de rompe y rasga. Eso es, además, lo que espera el establishment neoconservador –posneoconservador puede decirse–, que invirtió grandes cantidades de dinero en la campaña de Trump y espera un achicamiento del Estado suficiente para que no interfiera en sus negocios.

El nombramiento de Mike Pompeo, un halcón militante, para dirigir la Secretaría de Estado, es el mayor síntoma de una realidad: el intercambio de buenas palabras entre Trump y Macron es un fenómeno de recorrido limitado. Lo mismo sucede entre Merkel y Trump por más encubrimientos que diseñen ambas partes, alarmada la industria alemana por los eventuales efectos del proteccionismo de Estados Unidos sobre sus exportaciones, un asunto central en el viaje de la cancillera a Washington. El margen de maniobra es mínimo, además, porque en noviembre habrá elecciones legislativas de midterm y para la Casa Blanca sería poco menos que desastroso perder la mayoría en una de las dos cámaras del Congreso a causa del retraimiento de una parte del electorado que en 2016 confió en las promesas de Trump.

Es improbable que afecte a los impulsos electorales de los de seguidores de Trump el caos sin precedentes, por grave que este sea, de una Administración “desorganizada y contradictoria” (The Washington Post) en la que los nombramientos y las destituciones no cesan. Es más verosímil, por el contrario, que defrauden las muestras de debilidad o europeización del programa, siquiera sea en dosis hemeopáticas, a cuantos a la hora de ir a votar apostaron por un candidato que se presentó como defensor de los sacrificados en el altar de la salida de la crisis. Una imagen publicitaria que sigue vigente aunque sea otra paradoja separar del establishment la figura de Trump, un millonario con domicilio en la torre de Manhattan que lleva su nombre.

 

Otra vez la guerra fría

El cruce de expulsiones entre los aliados occidentales de un lado y Rusia del otro ratifica el calentamiento de la nueva guerra fría, tantas veces citada y desmentida. Cuando Sergei Narishkin, jefe de los servicios secretos rusos, alerta del riesgo de una escalada que desemboque en “una nueva crisis como la de Cuba” (la de los misiles, octubre de 1962) no hace más que abundar en la gravedad de la situación y los riesgos que entraña. El caso del envenenamiento del espía ruso –doble agente– Sergei Skripal y de su hija Yulia en suelo inglés ha emponzoñado la atmósfera, ahora más volátil que nunca, y ha resucitado los usos y costumbres a los que Estados Unidos y la Unión Soviética se atuvieron durante décadas.

El caso Skripal y sus consecuencias inmediatas semeja a los refinados argumentos de las novelas de Graham Green y remite a precedentes inquietantes, en especial el envenenamiento con polonio-210 y muerte de Alexander Litvinenko en Londres (2006). Nunca desde el hundimiento de la URSS se había degradado el clima político entre Este y Oeste con tan rápida y amenazante velocidad, con decenas de diplomáticos expulsados de ambos bandos. Nunca tampoco en el último cuarto de siglo un conflicto de estas características se había desarrollado con dos personajes tan poco convencionales como Vladimir Putin y Donald Trump al frente de las operaciones, adscritos ambos a una jerga nacionalista tan a menudo beligerante.

El hecho de que el escenario del suceso sea el Reino Unido y de que los primeros capítulos los escribiera Theresa May, tan discutida dentro y fuera de su partido, no es determinante. Sí lo es que la estrategia a seguir se acoja al modelo de la tensión entre bloques antagónicos, de acuerdo con el diseño general guardado en un armario por Estados Unidos en los no tan lejanos días en que creyó ser la única superpotencia realmente existente, con Rusia en caída libre y China en pleno aggiornamento. Sí lo es también la enésima debilidad mostrada por la Unión Europea, con solo la mitad de sus miembros unidos a la estrategia de las expulsiones y la otra mitad instalada en una confortable neutralidad: esperar y ver. No, por cierto, porque la estrategia de confrontación les parezca la peor de todas las posibles, sino porque los euroescépticos hallan en situaciones como el caso Skripal el mejor ecosistema para subrayar su autonomía y minar la unidad política de la UE.

Un diario como The Guardian, tan poco afecto a los planes de May, ha puesto de manifiesto esta división europea, apenas encubierta por la declaración conjunta de apoyo de Estados Unidos y de los aliados europeos más cercanos al Reino Unido –Francia y Alemania– a la gestión británica de la crisis, toda vez de que, al mismo tiempo, países como Austria –la extrema derecha instalada en el Gobierno– han apelado a su neutralidad so pretexto de preservar su condición de “constructores de puentes entre el Este y el Oeste, manteniendo abiertos canales de comunicación”.

El renacimiento del nacionalismo ruso, que compensa las debilidades estructurales de la nación, con planes de rearme y gestos desafiantes, ha pillado casi por sorpresa a Occidente, convencido hasta hace poco de que Rusia se había convertido en una potencia de segundo orden y bajo control. Que el país sea un Estado-continente con graves problemas de sostenibilidad –la economía depende por completo de la exportación de gas y petróleo– y una demografía en rápido retroceso, no afecta de momento a su disposición de seguir siendo una gran potencia militar con el segundo arsenal nuclear más importante del planeta después del de Estados Unidos, y la voluntad manifiesta de renovarlo. Como se ha dicho en alguna ocasión, los analistas de la OTAN equivocaron por completo sus vaticinios en cuanto a la evolución de la Rusia surgida del final de la URSS, y la nueva versión de la guerra fría lo confirma.

Poco importa que resulte inescrutable cuál es la relación personal de Trump con algunos políticos –Putin entre ellos– y oligarcas rusos si en momentos de crisis se desentierra el léxico de la guerra fría, la lógica de la escalada, los obstáculos clásicos en la coexistencia pacífica y otros pormenores de un pasado que parecía haber quedado solo como materia de análisis para los historiadores. Mientras hasta fecha recientísima los jóvenes estudiantes de relaciones internacionales, diplomacia y otras disciplinas pedían dedicar menos tiempo a la guerra fría, poco menos que liquidada, y más horas a lo que la siguió, la realidad oculta era que nuevos ingredientes de confrontación se sumaban a la configuración de un presente con muchas reminiscencias del pasado, incluido un catálogo inagotable de gestos intemperantes.

El hecho de que el laboratorio militar británico de Porton Down reconozca que no ha podido demostrar que el agente nervioso Novichok, causante del envenenamiento, ha sido fabricado en Rusia, recuerda otros muchos casos en los que la simple sospecha ha puesto en marcha la maquinaria de la tensión fría. La acusación rusa de que Estados Unidos y el Reino Unido urdieron el ataque contra Skripal y su hija se ha ceñido a la misma lógica, y la oferta posterior de una investigación conjunta –hoy de factura imposible–, ha seguido el mismo camino. El resultado de este libro de estilo, compartido por ambas partes, es una situación bloqueada en la que, como en tantas otras ocasiones, incluida la crisis de los misiles en Cuba, solo es posible un desenlace en el que prevalezca la apariencia de que nadie cede a cambio de nada.

“Como estadista, uno tiene que obrar con la suposición de que los problemas se tienen que resolver”, declaró Henry Kissinger en cierta ocasión. Y Andrei Gromico, ministro de Asuntos Exteriores de la URSS y tantas veces contrincante de Kissinger, hizo hincapié en la necesidad de “dejar siempre una puerta abierta”. Uno y otro contribuyeron decisivamente a convertir la guerra fría en un sistema estable, donde las sorpresas eran infrecuentes. ¿Es este el futuro que nos aguarda? Quizá valga como respuesta esta frase de Willy Brandt: “Las barreras mentales sobreviven por lo general más tiempo que las de hormigón”. A ambos lados de la barrera, del muro si se quiere.