Bolsonaro alinea a los duros

La configuración del núcleo del bolsonarismo demuestra que estaba del todo justificado que sonaran las alarmas en cuanto el recuento del 28 de octubre confirmó la victoria del candidato de la extrema derecha en la carrera para presidir Brasil. El perfil ideológico de los primeros escogidos por Jair Bolsonaro confirma la preferencia del vencedor por los muy duros, aquellos que entienden que los males del país y la competencia de la izquierda solo pueden combatirse con puño de hierro, admiradores algunos del legado de la dictadura y de la política de los blancos a pesar de la realidad multicolor de la nación. Nada de cuanto lleva decidido Bolsonaro en su primera semana de presidente electo se separa un milímetro de tal desarrollo argumental mientras la izquierda se lame las heridas y advierte del peligro inminente que se cierne sobre el sistema de libertades.

Cabía esperar cuanto sucede a poco que se hubiese seguido la andadura de Bolsonaro, pero aun así alimenta la inquietud y vaticina un cambio radical que alcanzará a toda Latinoamérica porque cuenta el antiguo capitán con la bendición de Donald Trump, y de presidentes con tanta influencia en los medios como Mauricio Macri (Argetina), Sebastián Piñera (Brasil) e Iván Duque (Colombia), que se han apresurado a resaltar sus coincidencias con el presidente electo. Había en todo lo que difundió Bolsonaro a través de las redes sociales un toque inequívocamente autoritario, de político sin contemplaciones; lo hay ahora en sus primeras decisiones para formar un equipo de fieles adscritos a la mano dura que antes prefieren cometer errores por exceso que por defecto.

Paulo Guedes, el ministro de Economía in péctore, es un seguidor de la escuela de Chicago, que vivió en el Chile de Augusto Pinochet de los años ochenta y admiró la obra de los promotores de la hiperliberalización de la economía, un programa que saneó las cifras macroeconómicas, pero incrementó las desigualdades sociales. Sérgio Moro, el juez que desveló el caso Lava Jato, metió en la cárcel a Lula da Silva y persiguió con saña al Partido de los Trabajadores (PT), será el responsable de Justicia y Seguridad Pública al precio de poner en duda la independencia de sus juicios y su complicidad con el mundo conservador, obsesionado en erosionar el PT. Joao Campos será el próximo presidente de la Cámara de Diputados, impregnará su quehacer con el fundametalismo cristiano que exhiben las iglesias evangélicas –es pastor de una de ellas– y quién sabe si dará una base doctrinal al programa de control-acoso-represión de las minorías tantas veces enunciado por Bolsonaro.

Cualquier posible asomo de transversalidad debe descartarse. No hay en la voluntad de cuantos auparon al vencedor el más mínimo propósito de escuchar al segmento social que no lo votó o que prefirió quedarse en casa. Al igual que Trump hace dos años, el círculo de Bolsonaro interpreta el triunfo como un valor absoluto que lo legitima para tomar cualquier medida en cualquier momento. Ciertamente, no se trata de una forma de pensar ajena a la ambición misma de muchos gobernantes al alcanzar el poder, pero en el caso de Brasil, históricamente sometido a las lacras de la desigualdad extrema, al arraigo de la pobreza y a la doble pandemia de la inseguridad y de la corrupción, la aplicación de cualquier programa exento de matices está irremediablemente condenado a dejar un reguero de víctimas por el camino.

La sentencia de Tácito “el poder nunca es estable cuando es ilimitado” no forma parte del ideario bolsonariano, sino más bien la convicción de que la herencia recibida legitima la aplicación de soluciones extremas. La bolsa de Sao Paulo aplaude este principio, pero el mapa de carreteras que lleva al ganador hasta el palacio de Planalto atiende más a los efectos que a las causas de la crisis social brasileña. Y sin embargo, nada puede deslindarse de la pobreza visible por doquier; de las pretensiones de los grandes propietarios agrícolas, señores de un sistema productivo que cabe considerar indigno; de la codicia que amenaza la explotación de la Amazonia; de la dualidad sin límites de las comunidades urbanas (opulencia máxima y miseria absoluta separadas muchas veces solo por la anchura de una calle).

Nada en Brasil tiende al equilibrio y a la sostenibilidad. Quizá Lula logró materializarlos en parte durante algún tiempo, pero los poderes reales no dejaron nunca de manejar los resortes decisivos de la economía y de la política –dos caras de un mismo dios– y de aprovechar el clima de confusión creado por el caso Lava Jato y sus ramificaciones –Petrobras, un nido de corrupción– para neutralizar el auge del PT. Hoy eso se traduce en una economía emergente estancada por sus propios errores y por el desafío de Trump a la globalización, y por unas clases medias que han buscado el auxilio de un cirujano de hierro capaz de restaurar el orden –no se especifica cuál–, sin que importen mucho los métodos, el coste y la erosión del régimen de libertades.

De los discursos de Bolsonaro y de sus seguidores no se deriva preocupación alguna por la calidad de la democracia en el futuro ni por la posibilidad de cohesionar una sociedad dividida. Se ha impuesto la idea de Thomas Hobbes, quizá muy anterior a él, primum vivere, deinde philosophari, en su peor acepción, como si el riesgo inherente a situar a la extrema derecha en el puente de mando estuviese plenamente justificado vista la situación que hay que superar. Una reacción comprensible entre los electores que añoran los años de la dictadura o del tejemaneje de los gobiernos conservadores, pero no tanto entre el resto de los votantes de la mayoría que se decantó por Bolsonaro, ciudadanos instalados en un pragmatismo lleno de riesgos.

Así se ha concretado la supuesta disputa por el centro después de que los dos candidatos que concurrieron en la segunda vuelta lo hicieran en la primera sin hacer guiños a este espacio político templado, sino al extremismo. Con una ventaja manifiesta para Bolsonaro: él pudo comparecer como potencial reparador de la catástrofe nacional mientras Fernando Haddad apareció como el heredero de los desastres del pasado. Fuese o no cierto esto último, nunca logró convencer a los votantes centristas de lo contrario y solo consiguió movilizar el sufragio militante que, por lo demás, siempre vio en Haddad un sucedáneo de Lula, el gran ausente, el único al que las encuestas daban como posible ganador frente a Bolsonaro, convertido hoy en el triunfador que Donald Trump siempre deseó.

Desafío ultra en Brasil

La espectacular victoria del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas desvela el alcance del desgaste del sistema de partidos, el cansancio de una opinión pública harta de asistir a la degradación acelerada de los gobernantes y enfrentada al estancamiento económico. A un paso de la presidencia y muy por delante del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, la fuerza de su acercamiento al poder se corresponde a un tiempo con su habilidad para utilizar las redes sociales y desacreditar a sus adversarios, incapaces de despegarse de los escándalos que menudean en los salones del poder sin distinción de colores y desde tiempo inmemorial.

No es que de forma inesperada y repentina el grueso del electorado brasileño se haya convertido al racismo, la homofobia y otras lacras aborrecibles, sino que busca una salida al laberinto, y Bolsonaro, un admirador de la dictadura militar, la mano dura y la política de tierra quemada, defiende una propuesta extramuros del sistema, un populismo desacomplejado y ruidoso que promete lo que otros prometieron antes sin éxito o con eficacia limitada, sin vínculos que se sepa –quedan dos semanas de campaña– con las vergüenzas del establishment. En todo caso, los tenga o no, la carrera de Bolsonaro, sacudida por el ataque que sufrió durante un mitin en plena calle, se resume en un puñado de propuestas de corte neoliberal –privatizaciones, capitalización de las pensiones a través de los bancos, reforzamiento de los estándares de seguridad, etcétera– que atraen por un igual al mundo financiero y a las clases medias urbanas sometidas todos los días a la ducha escocesa de las promesas por cumplir y la multiplicación de escándalos por dilucidar.

A todo lo cual debe sumarse el apoyo indisimulado de los grandes holdings de comunicación, de la Bolsa de Sao Paulo y de las finanzas globales arraigadas en Brasil. Un apoyo que obedece tanto al deseo de desembarazarse de los programas sociales sostenidos por la izquierda con desigual suerte como al hartazgo de las clases medias, que han observado desalentadas cómo Brasil se ha convertido en un foco de contagio de varias formas de corrupción rampante en la periferia –Perú y Ecuador, los escenarios más recientes–, sin que el sistema haya sido capaz de sanearse a pesar de las proclamas de todos los líderes.

En un artículo publicado en el periódico O Estado de Sao Paulo, el historiador Alberto Aggio analiza lo sucedido en su país el 7 de octubre y concluye que ha consagrado la desaparición de facto del centro político, disputado por la izquierda y la derecha durante treinta años mediante un sistema de alianzas que se ha hundido. “El fuera esto o fuera aquello y el nosotros contra ellos produjeron un campo de hostilidades que hizo prosperar la intolerancia y el odio –escribe Aggio–. El rechazo a los políticos y a los partidos ganó corazones y mentes e instauró el reino de la antipolítica en sus diferentes versiones: de las visiones plebeyas a las neoliberales, todas pasaron a buscar un mundo a su imagen y semejanza. Es una victoria de la cultura narcisista y una derrota de la cultura democrática”.

Es también el resultado de una sociedad extremadamente dual, polarizada, con desigualdades lacerantes, que hizo del PT de Lula da Silva la esperanza de los desposeídos y del Movimiento Democrático Brasileño y sus herederos del siglo XXI, la referencia política de las clases acomodadas. Lula llegó a la presidencia con el objetivo de que todos sus conciudadanos tuvieran garantizadas tres comidas al día y de que la pobreza extrema dejara de ser una de las señas de identidad del país: lo consiguió en parte, pero entre la sospecha, la conspiración política y la sentencia condenatoria, la estrella de Lula se apagó. Se apagó asimismo la de la presidenta Dilma Rousseff, apartada del cargo, pero el mandato de Michel Temer, tan bajo sospecha como sus antecesores, anduvo lejos de mejorar las expectativas del centroderecha.

De tal manera se encadenaron los acontecimientos que, salvo enorme sorpresa, un exmilitar ajeno a los compromisos democráticos ganará la poltrona del palacio de Planalto en Brasilia y se cerrará un nuevo ciclo en América del Sur, con todos los grandes países del continente en manos de conservadores, pero ninguno tan extremo como Bolsonaro. A través de una ley del péndulo, la hegemonía política en el universo latinoamericano la tendrá la derecha, y la izquierda posibilista solo retendrá un escenario influyente: México. Justo lo contrario de lo que sucedía hace una década, cuando era México el único gran país de la región gobernado por un conservador. Todo lo cual pone de manifiesto la incapacidad de los líderes de la izquierda de aproximar el cumplimiento de los programas a lo prometido en campaña y, al mismo tiempo, su propensión a caer en las mismas servidumbres y manejos que sus adversarios de la derecha.

Para Alberto Aggio, la conquista del centro por uno de los extremos es el único mecanismo que puede moderar la ley del péndulo, de derecha a izquierda, y vuelta a la derecha, dando bandazos cada pocos años, con promesas inaplicables o decepciones encadenadas de los electores. “La llegada de dos polos excéntricos a la segunda vuelta no fue un rayo de luz en el cielo azul –afirma Aggio–. El hundimiento del centro político acabó produciendo una situación paradójica: el centro pasó a ser el objeto del deseo de los dos extremos. El centro está muerto. ¡Viva el centro! Su conquista será lo que definirá la segunda vuelta. Y, en el caso brasileño, no solo la futura gobernabilidad, sino la posibilidad real de que el país continúe viviendo en democracia”.

La pregunta obligada es casi imposible de responder: ¿quién está en mejor situación de atraer el centro y condicionar su acción de gobierno? En todo caso, la respuesta alterará en gran medida la evolución de los dirigentes de Colombia, Chile y Argentina, con programas económicos tan cercanos al de Bolsonaro como alejados del de Haddad. Porque Brasil es, sin duda, el país más influyente del continente, un gigante económico en crisis, pero gigante al fin, con independencia de quién dé órdenes en el puente de mando.

AMLO saca a México de la rutina

La elección de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para suceder a Enrique Peña Nieto en la presidencia de México certifica el agotamiento de un modelo político dinamitado por la corrupción sin tregua, el narcotráfico y las lacras inherentes a una sociedad extremadamente dual que sufre índices de pobreza insostenibles. Después de los mandatos fallidos de Felipe Calderón y de Peña Nieto, del todo estériles, que confirmaron hasta la última coma los temores manifestados por el escritor Carlos Fuentes poco antes de morir en mayo de 2012, asoma en el horizonte el reformismo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un conglomerado heteróclito donde coinciden los defraudados por el izquierdismo sin triunfos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los conservadores muy conservadores movilizados por la Iglesia Evangélica, los añorantes del programa primigenio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una parte muy significativa de la clase media urbana, harta de la venalidad de los gobernantes.

Los electores parecen haberse dicho a sí mismos: son preferibles las incertidumbres que plantea la llegada al poder de AMLO que cualquiera de las alternativas ligadas al pasado más reciente, sean estas presuntamente reformistas (las del PRI) o de corte conservador (las del PAN). Los votantes han preferido rescatar de la historia del país viejas promesas de cambio e innovación social a seguir apresados en una madeja de ineficacia y lenidad. López Obrador ha querido enhebrar su nombre con el de algunos ilustres antecesores, representantes de familias políticas movidas por el deseo de innovar y de rescatar a México de la postración: de Francisco Madero a Plutarco Elías Calles, de José Vasconcelos a Lázaro Cárdenas, todos ellos muy diferentes, pero con atributos que los hacen dignos de recuerdo. Es harina de otro costal que las remisiones al panteón nacional sirvan para desarticular la trama de complicidades que ha hecho de la gestión del Estado un inmenso negocio que ha empobrecido al Estado mismo.

“El mensaje de la jornada es de repudio a una clase gobernante –la cofradía mexiquense– que resultó excepcionalmente voraz e inepta”, afirma un articulista del diario conservador El Universal, que se edita en la capital de México. Es un resumen escueto y preciso de lo sucedido, que tiene un valor singular porque se publica en un medio muy alejado de la propuesta de López Obrador, pero entronca con la atmósfera de final de ciclo que se respira desde el 1 de julio (en realidad, desde que las encuestas vaticinaron el descalabro de los partidos tradicionales). Cosa distinta es que las contradicciones internas del Morena interfieran en la disposición del nuevo presidente a poner al día el Estado, atender las necesidades sociales más apremiantes y encarar dos grandes desafíos: el del narcotráfico y el de las redes de corrupción, asociadas con frecuencia a los circuitos de la droga. Sin tener éxito en ambos frentes es imposible la regeneración y el combate contra la pobreza.

Según entrevió Carlos Fuentes en 2012 y piensan muchos analistas, sin un gran pacto nacional, una solución rooseveltiana de los problemas mediante un new deal, no es posible salir con bien de ambos envites. El disparate cometido por Felipe Calderón de militarizar la neutralización de los narcos no ha hecho más que estimular en muchos estados un clima de guerra civil con un número incalculable de muertos sin que, por lo demás, haya decrecido el tráfico, cuyo principal destino es Estados Unidos. En una sociedad con unos ocho millones de ninis, con gravísimos problemas de subsistencia en el medio rural y déficits educativos escandalosos, los cárteles de la droga se han convertido en nichos de empleo para algunos de los muchos fatalmente condenados a una economía de mera supervivencia. Lo mismo puede aplicarse a cuantos se mueven en los peldaños inferiores de la corrupción, dentro y fuera de las instituciones del Estado.

La “repetición de cacatúa” –otra vez Carlos Fuentes– de fórmulas o soluciones enunciadas por Peña Nieto que le llevaron a la presidencia demostraron no ser más que eslóganes sin contenido. En la campaña de Claudia Sheinbaum, ganadora del Gobierno de Ciudad de México con una coalición que incorpora al Morena, el gran resorte para atraer a los electores fue subrayar la vacuidad de las promesas presidenciales y el hecho indiscutible de que quienes fijan la agenda política de forma más o menos encubierta son los señores de la droga, las familias en la sombra que controlan el gran negocio. Un sistema de poder clandestino que es como un enorme bloque de hormigón que se interpone entre los supuestos buenos propósitos de los ganadores del 1 de julio y la Realpolitik practicada durante décadas.

Esta situación se da, además, en un momento de manifiesto retroceso del reformismo en el espacio latinoamericano y de revitalización de la oferta conservadora, favorecida por la elección de Donald Trump. El perfil ideológico del presidente de Estados Unidos, su propósito de levantar un muro para contener los flujos migratorios, es un gran problema para AMLO, una amenaza para su presidencia, un quebranto que puede dañar muy pronto su imagen pública de gobernante transformador. A la vista del desprecio de Trump por las tradiciones políticas y por el respeto debido a los aliados, es improbable que esté dispuesto a tratar mejor a un presidente con vitola progresista que a su antecesor, tan apegado a la rutina y al cambalache.

Si las cosas son como parece que son, ¿está AMLO condenado a pilotar un proceso de reformas lampedusianas? La gran pregunta no permite una gran respuesta. El optimismo con que se ha acogido la victoria de López Obrador no sirve como vara de medir porque se registra cuando el interesado aún no ha pasado la prueba de fuego del desgaste político asociado a las primeras decisiones si estas, en aras de la realidad, se alejan demasiado de lo prometido. Tampoco sirve como calibrador de lo venidero la moderación con que la victoria del Morena se ha encajado en los medios más acostumbrados a convivir y sacar provecho de todos los vicios nacionales. Ni siquiera la heterogeneidad de su movimiento justifica hacer pronósticos apocalípticos sobre el margen de maniobra de AMLO cuando se haga cargo del timón porque quizá el hartazgo de la sociedad mexicana sea su mejor punto de apoyo, el más fiable.

Raúl Castro se va, pero se queda

El cambio generacional que supone el relevo en la presidencia de Cuba no puede equipararse a un cambio en la orientación política del Estado. En primer lugar, porque el presidente saliente, Raúl Castro, conserva hasta 2021 la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC), columna vertebral de la Administración, y la jefatura de las Fuerzas Armadas, tan implicadas en la gestión económica del país y en el dispositivo de seguridad. En segundo lugar, porque la figura del nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, no puede desvincularse de la peripecia histórica del PCC, de su orientación ideológica y de los recelos que las reformas suscitan en la vieja guardia. Para la gerontocracia que vivió la epopeya de la guerrilla al lado de los Castro, del Che, de Camilo Cienfuegos y de otros nombres insignes del panteón cubano sigue vigente la máxima de Fidel: “Con la revolución todo, sin la revolución nada”.

Recurriendo al léxico clásico, cabe aplicar a Díaz-Canel la consideración de apparátchik: toda su carrera profesional y política se ha desarrollado al servicio del partido, condición sine qua non para escalar en las instituciones. En consecuencia, su implicación y apoyo a la propuesta reformista se atiene a la necesidad imperiosa de modernizar la economía y rescatar a millones de ciudadanos de la mera subsistencia, pero resulta exagerada toda comparación con otros líderes del universo comunista que en su día llegaron a la conclusión de que no cabía otra que ponerse al día o sucumbir. En cambio, es muy posible que comparta con la mayoría de veteranos de la revolución algo resumido en una sola frase por el periodista francés Renaud Lambert: “Cuba quiere el mercado… sin el capitalismo”.

La decisión de ir más allá y actuar como acelerador de la historia es algo que se antoja bastante alejado de los planes de Díaz-Canel. Su propósito confeso de dar continuidad a lo hecho hasta ahora lo pone de manifiesto por más que una sociedad exhaustas y progresivamente más escéptica requiere un esfuerzo suplementario de realismo y de acercamiento a las necesidades más acuciantes. Seguir como hasta ahora equivale a dar marcha atrás, con el agravante para el sucesor de Raúl Castro de que, aun habiendo llegado a vicepresidente con él, carece del carisma y el “pasado heroico” de la generación del Granma, como dice Arturo López-Levy, profesor de la Universidad de Texas. Y esa aureola heroica que amortigua por lo general los brotes de descontento en los momentos de mayor dificultad, crea complicidades entre la élite dirigente y la comunidad, pero no se transmite a los sucesores de los padres fundadores, a quienes han progresado en el seno de las instituciones.

Cuantos quieren ver en Díaz-Canel a una figura reformista al estilo de Deng Xiaoping se anticipan imprudentemente a los acontecimientos. Pues si algunas veces se ha dicho que el ejemplo mejor para Cuba para salir del marasmo es la vía china –un capitalismo tutelado por el partido–, en la práctica se han multiplicado los obstáculos internos y externos para imitarla. Acaso porque remitirse a China y su demografía desorbitada no tiene sentido en una pequeña comunidad que no llega a los 12 millones de habitantes en un solar de poco más de 100.000 kilómetros cuadrados. O acaso también porque los ingredientes constitutivos de la sociedad cubana tienen muy poco que ver con los de la china. ¿Es imaginable un programa reformista en Cuba que, como ha sucedido en China, liquide sin contemplaciones la dimensión social del Estado?

“Incluso si Díaz-Canel tiene deseos secretos de aplicar reformas, tendrá poco margen de maniobra para cambiar la revolución”, sostiene Christopher Sabatini, profesor de la Universidad de Columbia en las páginas de The New York Times, una idea que comparte el periodista Fernando Ravsberg, profundo conocedor del universo cubano, que detecta en la resistencia a las reformas del núcleo duro del partido el temor a que conduzcan del “modelo socialista a la soviética” al capitalista. Ravsberg cita en Le Monde Diplomatique al diplomático cubano Carlos Alzugaray, uno de los convencidos de que el paso dado por Raúl Castro llevará a otros veteranos a imitarle, algo posible, pero no determinante porque la fuente de poder está en la capacidad determinante del PCC de imponer el programa en cada momento. Se trata de un esquema clásico transmitido por el modelo leninista: el partido único controla todas las instituciones, fija el rumbo a seguir y las medidas a aplicar.

El cambio en la relación con Cuba decidido por Donald Trump no hace más que alimentar los recelos de la nomenklatura y estimular a la comunidad cubana instalada en Estados Unidos, de corte conservador. Mientras los guardianes de las esencias del PCC temen una vuelta a los peores días, los profetas del apocalipsis castrista instalados en Miami desde hace décadas rescatan el espíritu de la operación de Bahía de Cochinos o Playa Girón (abril de 1961). Esto es, al mismo tiempo que la ortodoxia revolucionaria en el interior se alinea en formación de combate para resistirse al cambio, los alentadores del espíritu de revancha hacen lo propio para impugnar por completo la reanudación de relaciones diplomáticas alentada por Barack Obama en las postrimerías de su presidencia.

No hay duda de que ese esquema de confrontación va camino de afectar la apertura económica de la isla, que siempre será incompleta si Estados Unidos no la secunda o, peor aún, si la dificulta. Después de que Venezuela haya reducido a la mitad el flujo petrolero con destino a Cuba, la estructura productiva, el funcionamiento de servicios esenciales y la economía privada han acusado el golpe, y la única compensación que le queda a la isla es atraer inversores, mejorar las estadísticas de turismo y poner en marcha un cambio global. Las adhesiones políticas en la calle a cambio de un futuro prometedor, pero indeterminado, han pasado a mejor vida y la comparación con otras realidades latinoamericanas, viva imagen de la postración y el atraso, han dejado de tener el efecto taumatúrgico que tuvieron en otro tiempo.

 

Brasil, bajo presión conservadora

La condena de cárcel impuesta a Luiz Inácio Lula da Silva tiene efectos políticos telúricos sobre el futuro político de Brasil y da vida a los fantasmas de un pasado no tan lejano, cuando las grandes fortunas del país y el Ejército se unieron por última vez para poner el Estado a su servicio. Es imposible sustraerse a la idea de que detrás de la prisión de Lula se esconde una flagrante manipulación de los hechos encaminada a desalojar del poder al poco menos que seguro vencedor de la próxima elección presidencial, sin que por lo demás exista un contrapoder efectivo en los tribunales para dejar al descubierto la corrupción sin límites en el campo conservador, en el núcleo de poder que desalojó a Dilma Rousseff de la presidencia y arropó después a Michel Temer. El triángulo de corrupción que mina las instituciones del país –los casos Odebrecht, Lava Jato y Petrobras– alcanza en igual medida al Partido de los Trabajadores (PT) y a la derecha; en los salones del poder han sido muchos los incapaces de sustraerse a la mordida, pero el empeño de los tribunales en la persecución de Lula pone de manifiesto que el expresidente fue, es y será la gran presa que quieren cobrar sus adversarios históricos, jueces mediante.

El veterano periodista Clovis Rossi se pregunta “¿cuándo se jodió Brasil?”, parafraseando a Mario Vargas Llosa en Conversación en La Catedral –“¿cuándo se jodió el Perú”?–, y se responde; “En 1500, cuando llegaron los portugueses”. La respuesta no es más que una ingeniosa forma de afirmar que la política brasileña conserva la triste tradición del golpismo, la venganza personal y una dualidad social extrema. La división del tribunal (6 a 5) que ha condenado a Lula es el dato más reciente de la fractura irresoluble de una comunidad sometida desde tiempo inmemorial a desequilibrios intolerables. El asesinato de la activista y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco no hace más subrayar la violencia endémica instalada en una sociedad muy fragmentada en la que los amortiguadores sociales solo funcionan de vez en cuando.

El comportamiento de una parte mayoritaria de los grandes grupos de comunicación durante la instrucción, el proceso y la condena de Lula es otro síntoma del clima de vendetta que se ha adueñado del escenario. “O Globo y Veja van a tener orgasmos múltiples con mi foto preso”, declaró Lula antes de entregarse. Y aunque la frase simplifica los hechos y elude cualquier eventual responsabilidad en la pervivencia de tramas de corrupción, se acerca al menos a lo dicho por estos dos medios y otros muchos, alineados en una persecución militante y sin tregua. Si O Globo se refiere al triunfo de los tribunales, Veja subraya en un titular Del sindicalismo a la cárcel; si alguien recuerda en una televisión que la presidencia de Lula rescató de la miseria a 50 millones de brasileños –una exageración estadística, seguramente–, el periódico O Estado de S. Paulo dispara contra la línea de flotación del presumible legado del expresidente: “La obra monumental del PT fue el montaje de un sistema de explotación colonialista del Estado para sustentar un proyecto de poder”.

Algo hay de cierto en cuanto se dice, pero se trata en todos los casos de medias verdades, informaciones y opiniones que eluden cualquier dato que las contradiga. Puede decirse que la pretensión de Rousseff de nombrar a Lula ministro a toda prisa para que evitara el proceso fue en su día un disparate; es cierto que las encuestas muestran el crecimiento de un fenómeno clientelar en los apoyos a Lula, perfectamente explicable como resultado inmediato de sus programas sociales, pero no lo es menos que le otorgan un mínimo del 35% en intención directa de voto frente a cualquiera de sus contrincantes si hoy se celebraran elecciones (en el caso del posible candidato ultraderechista y exmilitar Jaír Bolsorano le saca una ventaja de 20 puntos). Es posible, en fin, que el estancamiento de hoy sea fruto de la euforia de ayer, pero no lo es menos que Brasil, durante el mandato de Lula, se consolidó en el pelotón de cabeza de las potencias económicas emergentes.

Aunque ahora se descubran flaquezas en el despegue y aun tramas de corrupción que dañan el erario, no es menos cierto que la vitalidad de la economía brasileña al estallido de la crisis mundial fue motivo de análisis en todas partes. En el ejercicio correspondiente al año 2008, el siguiente a la crisis de las subprime y coetáneo de la quiebra del banco Lehman Brothers, el PIB del país creció el 7,5%. En los años siguientes, mientras las economías occidentales se deslizaban por la pendiente del decrecimiento, Brasil obtuvo la organización del Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, dos acontecimientos que solo están al alcance de sociedades que pueden garantizar a la FIFA y al COI cuentas de resultados saneadas, al menos en el momento de concedérselas. Que hoy languidezcan las instalaciones construidas para aquellas dos grandes citas no hace más que subrayar la incapacidad de quienes en los dos últimos años se han ocupado más de ocultar sus vergüenzas y perseguir a sus contrincantes que de adecuar la economía brasileña al final de un ciclo expansivo.

Los comentarios amenazantes de algunos generales, con el espectro del golpe de Estado apenas oculto, completa un cuadro clínico que otras veces cercenó el desarrollo de una democracia asentada. El ambiente político en América Latina, tan cambiante los últimos años, tiende a privilegiar las alternativas autoritarias o simplemente conservadoras frente al reformismo social, mayoritario hace una década, y ahí los uniformados se mueven con destreza, mientras la base social del PT se deja llevar por la política de las emociones y la movilización, quizá menos dinámica que en el pasado y menos asistida de apoyos exteriores. Basta repasar la nómina de presidentes para concluir que al frente progresista le ha sucedido otro conservador, alentado además desde Estados Unidos por una Administración que favorece un cambio profundo en el ecosistema político latinoamericano.

Es posible que lo que Lula representa siga siendo un fenómeno digno de estudio en el campo académico, incluso cabe la posibilidad de que ni la cárcel ni las amenazas golpistas ni el comportamiento de los tribunales desanimen a la militancia del PT y al grueso de sus votantes, pero es difícil imaginar el futuro inmediato de Brasil en la órbita del líder condenado. Es más previsible, por el contrario, una complicidad expresa de diversos sectores de las finanzas, la política y la milicia para una solución que neutralice a los defensores de Lula, a los deseosos de que vuelva a Brasilia. Sea o no sea culpable Lula del delito por el que se le ha condenado, su regreso al puente de mando requiere tantos cambios en las casillas del tablero en que se juega la partida que se antoja algo poco menos que imposible verle disputar la presidencia una vez más.

Otra huida hacia adelante de Maduro

La decisión de la oposición venezolana de ausentarse de la elección presidencial fijada para el próximo 22 de abril es motivo de controversia dentro del bloque enfrentado al régimen chavista y en las filas de su electorado potencial. Si no cambian las cosas de aquí al próximo jueves, fecha límite para la presentación de candidatos, Nicolás Maduro prolongará su mandato sin mayores esfuerzos y competencia, reelegido por los suyos sin adversario con el que medirse, mientras los ciudadanos sin candidato se quedarán en sus casas con la frustración de no haber podido siquiera forzar al chavismo a echar toda la carne en el asador y sin necesidad alguna de manipular el recuento.

Frente a la idea de que es mejor presentarse, perder y, en última instancia, provocar el fraude, ha prevalecido la suposición de que el amaño está asegurado de antemano y no merece la pena desgastar a nadie en una batalla de costes políticos impredecibles. Con el candidato presidencial de las últimas convocatorias, Henrique Capriles, inhabilitado, la Asamblea Constituyente neutralizando al Parlamento elegido en 2015 y todo el sistema orbitando alrededor del núcleo duro del PSUV, la decisión tomada por los líderes de la oposición –los encarcelados, los vigilados y los exiliados– resulta comprensible, pero políticamente es más estéril que presentarse y perder, porque desaparece la posibilidad de medir la capacidad de movilización de los rivales de Maduro. Y condena a la frustración a una parte importante del electorado, desorientada y sin espacio político en el que encontrar cobijo.

La degradación del experimento venezolano ha convertido la apuesta populista en una pesadilla: ha destruido la economía, ha ahondado en la fractura social y ha adulterado la planta institucional mediante una exuberante proliferación de organismos paralelos a los oficiales o convencionales cuyo único fin es neutralizarlos. Cuando el cambio oficial del dólar ronda los 240.000 bolívares, nada es posible: la crisis de subsistencias se agrava todos los días, el petróleo ha dejado de ser el bálsamo de Fierabrás que cura todos los males y el régimen se escuda en su propaganda, en las proclamas grotescas de su presidente y en las referencias constante al padre fundador. Por eso resulta especialmente chocante la decisión de la oposición de dejar el campo libre a Maduro para consagrarse en el poder, incluso admitiendo que han sido muchas las ocasiones en las que el Gobierno se ha saltado todas las reglas y demasiadas las ocasiones en las que el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral han actuado como simples correas de transmisión de las necesidades del chavismo.

“O enfrentamos el fraude con el apoyo de la comunidad internacional y evitamos que esa elección ilegal se realice, o participamos con un candidato de consenso que sea capaz de convertir el descontento de la mayoría en una verdadera rebelión de votos que saque a Maduro de Miraflores”, reclama el editorialista de Tal Cual, el periódico fundado por Teodoro Petkoff, prestigioso líder de la izquierda y fundador del Movimiento al Socialismo. Puesto que evitar la elección resulta harto improbable por no decir imposible, la única vía es participar mediante una acción concertada de toda la oposición, subraya el diario, sean más o menos buenas las relaciones en el variopinto conglomerado de siglas que reúne la Mesa de la Unidad Democrática.

En los artículos de Andrés Oppenheimer, columnista del Miami Herald, resuena el punto de vista de la Administración de Trump, que es partidaria de utilizar la campaña como altavoz de los males presentes y resorte para una gran movilización popular, aunque al final, si las circunstancias lo exigen, no quede más remedio que retirarse de la contienda. Todos los think tank acreditados descartan la posibilidad, siquiera sea remota, de una intervención militar, según se molesta en subrayar Oppenheimer. No se trata de una renuncia ética, sino que es resultado de un análisis aplastantemente realista: una intervención encabezada por Estados Unidos silenciaría las voces latinoamericanas críticas con el régimen venezolano y reforzaría a sus últimos aliados, con Cuba en cabeza.

Se dice que la Casa Blanca espera que la presión de la calle, unida a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, acabe por desestabilizar al régimen y provocar su implosión. Pero es este un esquema que contradicen experiencias anteriores en las que regímenes dictatoriales monolíticos, apoyados en la movilización de sus afectos, han dado pruebas de una resistencia casi ilimitada a pesar de las hambrunas, las enfermedades y otras lacras fruto del aislamiento. Cierto que el ambiente en Latinoamérica ha dejado de ser propicio a los herederos de Hugo Chávez, pero ellos confían en que una conjunción de fenómenos favorables les permita salir del pozo. Confían, por ejemplo, en un ascenso del precio del petróleo; confían también en una victoria de Andrés Manuel López Obrador en México, que proporcionaría a la causa un aliado de peso; confían, en fin, en que se aligere la protesta en la calle mediante el incesante flujo migratorio de descontentos en todas direcciones.

Puede que tales esperanzas no sean más que un remedo del cuento de la lechera, pero son las que hace creer al grupo de Maduro que el tiempo corre a su favor. Más aún, en la vecindad de Maduro son varios los que piensan –Diosdado Cabello, el primero de ellos– que permanece viva en la memoria de los sectores sociales más vulnerables el recuerdo de la pobreza en los años de abundancia, cuando se turnaban en el palacio de Miraflores presidentes del Copei y de Acción Democrática. No cree Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas exiliado en Madrid, que la rememoración del pasado consuele o justifique a nadie en el presente, tampoco lo cree el círculo de Leopoldo López, en arresto domiciliario, a pesar de que el aparato de propaganda del chavismo ha dado muestras de una eficacia y poder de convicción nada desdeñables a partir del momento en que la revolución bolivariana emitió las primeras señales de agotamiento.

Si fueron ciertas las estadísticas referidas a la situación social en Venezuela antes de 1999 (elección de Chávez), en aquel entonces el 65% de la población vivía en el umbral de la pobreza o en sus aledaños, y en este caso el tiempo transcurrido para olvidar el pasado es insuficiente y la base argumental de la arenga revolucionaria sigue plenamente vigente. Si es cierto que los ascensores sociales apenas funcionaban en Venezuela al producirse el caracazo (27 de febrero de 1989), entonces es más que factible que el chavismo disfrute todavía de un importante y dinámico apoyo popular. Y si es así, el empeño de la oposición en negar las debilidades del pasado como causa primera de los problemas del presente es del todo preocupante.

Nada justifica el viaje a ninguna parte o, aún peor, hacia el gran desastre, emprendido por el régimen, pero su permanente huida hacia adelante no sería posible sin que desigualdades lacerantes hicieran posible hace casi 20 años que los electores llevaran en volandas a Chávez hasta la presidencia a pesar de su pasado golpista. Por aquel entonces, con un sistema de partidos minado por la corrupción y una economía descoyuntada, movimientos políticos de todos los colores, los empresarios, la Iglesia y organizaciones civiles de todos los ámbitos creyeron que la única forma de salir del atolladero era ventilar los salones del poder. Y aunque la atmósfera hoy está tanto o más emponzoñada que entonces, el recuerdo de aquel oscuro pasado sigue siendo útil para la legitimación propagandística de las directrices chavistas, presentadas como el instrumento para la redención de los oprimidos.

Viaje a lo desconocido de Venezuela

La carrera al galope hacia la fractura social y el enfrentamiento civil emprendida por Venezuela mediante la pugna entre Gobierno y oposición dispensa este fin de semana un nuevo marco de referencia: la elección de una llamada asamblea constituyente que pretende desactivar la Mesa de Unidad Democrática (MUD) mediante la creación de una nueva planta institucional que deje sin efecto la mayoría parlamentaria –112 escaños de 167–, obtenida por los adversarios del chavismo en las elecciones de 2015. Ninguna de las mediaciones, intermediaciones y misiones de buena voluntad que han viajado a Venezuela estos últimos meses han conseguido bajar las pulsaciones a una crisis que se desarrolla en medio de un descalabro económico asfixiante, y con el contador de muertos en la calle en marcha en esas manifestaciones y huelgas promovidas por la oposición y reprimidas sin contemplaciones.
El principio de acción y reacción se ha convertido en el único programa político que sobrevive a la pelea entre enemigos irreconciliables, entre un Parlamento legitimado por la victoria electoral y un Ejecutivo empecinado en seguir su camino aunque carece de mayoría para aplicar la receta bolivariana sin atenerse a los requerimientos de la MUD. Respaldado por los restos de la mayoría social que dio la victoria a Hugo Chávez en 1999 y en varias elecciones posteriores, el poschavismo nunca ha aceptado la exigencia democrática de que el Gobierno se someta al control del Parlamento y acepte la independencia del poder judicial; se ha creído con la autoridad moral o la legitimidad histórica de seguir con un programa impugnado en las urnas por la mayoría. El encarcelamiento de Leopoldo López, el estilo desafiante de Nicolás Maduro, el conflicto con la Fiscalía, la idea misma de abrir un proceso constituyente para liquidar al Parlamento, todo cuanto sucede hoy en el país ha agravado el desprestigio de un experimento sociopolítico que empezó a dar señales de agotamiento en cuanto el precio del petróleo cotizó a la baja. Frente a las teorías conspiratorias de Maduro y su círculo más cercano, que quizá contienen algo de verdad, prevalece la impresión de que la desastrosa gestión de la economía durante los años de bonanza ha condenado a Venezuela a la ruina y a la revolución bolivariana, al desprestigio.
Cuando el sociólogo francés Alain Touraine puso en duda en 2006 la capacidad transformadora del modelo chavista, abundaron las críticas. Pero el tiempo ha dado la razón a Touraine y se la ha quitado al coro encargado de exaltar la figura del líder desaparecido: “A pesar de los progresos logrados desde su elección –escribió–, el de Chávez sigue siendo un modelo débil de transformación social, si se consideran los inmensos recursos obtenidos por Venezuela por el aumento brutal del precio del petróleo”. Esto es, la aplicación de las misiones chavistas (programas sociales) fueron un ejemplo de políticas rentistas en una economía poco menos que de monocultivo, cuya viabilidad se desvaneció en cuanto el precio del barril dejó de ser el cuerno de la abundancia. Y el descenso del precio del petróleo coincidió en el tiempo con un retroceso de los abanderados del reformismo social en América Latina; se esfumó aquella atmósfera tan propicia a los ensayos socializantes.
Si a todo esto se añade la proliferación de errores de manual –expulsión de Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times, arremetidas contra Mariano Rajoy, recurso al populismo económico (subidas de dos dígitos del salario mínimo con una inflación de tres dígitos, invocación de líderes desprestigiados (Daniel Ortega) o crepusculares (Raúl Castro)–, se llega a esta estación de fin de semana que no es de llegada a ninguna parte, sino que abre una gran incógnita: ¿al día siguiente qué? ¿Será suficiente sacar todo el jugo a la incontinencia verbal de Mike Pompeo, director de la CIA, que el 20 de julio dijo en Aspen (Colorado) que trabajaba duro para restablecer la democracia en Venezuela? ¿Será suficiente con presentar a México y Colombia como el frente conspirador manipulado por Estados Unidos para hacerse con el petróleo venezolano, según repite Maduro? ¿Será necesario que el poschavismo aguce el ingenio para dar vida a nuevos fantasmas?
Sorprende a un analista tan situado en las antípodas de la causa bolivariana como Andrés Oppenheimer que los despachos de Caracas insistan en la codicia estadounidense para hacerse con las reservas de crudo cuando se dan al menos tres factores para dudar de ello: Estados Unidos está a un paso de consolidar su autonomía energética, los países más ricos de la OPEP trabajan en programas para desollar energías alternativas o invertir en ellas y muchos de los yacimientos descubiertos los últimos años entrañan un coste de explotación ruinoso. Al mismo tiempo, resulta indescifrable el diseño de las relaciones con la Unión Europea –a través de España principalmente–, tan al alcance del equipo de Maduro. Y aún resulta más incomprensible que los admiradores de la república bolivariana en el exterior –aquí Podemos y vecindarios próximos– se pongan de perfil, incapaces de distinguir entre lo que es y lo que pudo ser, entre una vía de agua más o menos controlable y el hundimiento del Titanic.
Venezuela puso rumbo a lo desconocido hace tiempo y la elección de una constituyente vislumbrada por los ideólogos del poschavismo no hace más que oscurecer el futuro y suministrar a la oposición argumentos definitivos para ganar la batalla de la opinión pública, no solo de fronteras afuera, sino en el interior del país. Pretender que una asamblea elegida a espaldas de la legitimada por la Constitución puede desposeer a esta de sus competencias, disolverla, soslayar sus funciones o condenarla a vivir en tierra de nadie, sin que se debilite la solvencia y la imagen del Estado, es tanto como pensar que no pasará mucho más de lo que ya pasa: más de cien muertos en las manifestaciones, desabastecimiento, inflación galopante –puede llegar al 700% al acabar el año–, degradación de la sanidad y un largo etcétera de miserias.
No hay nada peor que desentenderse de la realidad cuando esta es tan evidente como el caos de Venezuela de todos los días. En las crisis sociales, ninguno de los inductores suele ser completamente inocente -solo las víctimas que las padecen lo son-, pero sí hay quienes tienen más medios para acometerlas y paliarlas. Seguramente el Gobierno de Venezuela los tuvo en algún momento, pero hoy carece de ellos salvo que lograse llegar a un acuerdo de mínimos con la oposición, algo tantas veces intentado y no conseguido que hoy se antoja una quimera. O acaso la antesala de una pesadilla porque lo peor aún puede estar por llegar.

Fujimorazo de Maduro

Lo más parecido a un golpe de Estado de palacio es la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que cancela las atribuciones del Parlamento so pretexto de que la Cámara ha cometido un delito de desacato. Porque las funciones de las que los diputados son desposeídos pasan a los jueces que firman la condena o resolución, y de ellos a Nicolás Maduro, que concentra así todos los poderes del Estado habida cuenta de la disciplina de partido observada por los magistrados desde hace demasiado tiempo como para dudar de ella.

No se trata de un golpe de Estado palaciego porque lo dice la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea neutralizada, ni porque la Organización de Estados Americanos (OEA) lo corrobora ni por ninguna otra circunstancia, lo es porque la división de poderes ha saltado por los aires. No es tampoco un golpe de Estado porque así lo ha decidido una conspiración internacional, sino porque culmina un proceso que ha llevado a la cárcel a varios líderes de la oposición, ha descoyuntado la economía y ha inducido a Maduro a dejar sin efecto cualquier aproximación al sistema de contrapesos propio de una democracia. Y por último, no es un golpe de Estado porque lo digan líderes conservadores, los de signo progresista, salvo tibiezas injustificables, están de acuerdo en que la democracia ha sido barrida por la inercia de un régimen ineficaz, imprevisible y arbitrario, incapaz de corregir sus errores.

Nunca estuvo el experimento venezolano iluminado por el halo de desafío ético al establishment que tuvo, por ejemplo, la revolución de los barbudos cubanos, pero Hugo Chávez logró construir un relato regenerador de la política de su país y fue capaz de poner en marcha programas sociales financiados con un petróleo que anduvo cerca de los 150 dólares/barril. Hoy las invocaciones a la agresión imperialista y otras soflamas de Maduro y su corte de adeptos suenan a eslóganes desgastados, tan alejados de la realidad como la pretensión de corregir los efectos de una inflación de tres dígitos con subidas del salario mínimo del orden del 40%. Nada funciona en Venezuela: una encuesta citada por El Universal, un diario de oposición, estima que un tercio de la población, 9,6 millones de personas, “ingieren dos o menos comidas al día” y “es mucho el daño que se puede hacer si seguimos por este rumbo desquiciado”, según un articulista que publica en el mismo medio.

Frente a este escenario de pesadilla resulta grotesco el pretexto esgrimido por los jueces para liquidar el régimen constitucional: la decisión del Parlamento de aceptar a tres diputados de distritos de la Amazonia cuya elección fue impugnada por el chavismo y diligentemente censurada por el Tribunal Supremo. Desde que la oposición ganó las legislativas del 2015, el objetivo del grupo de Maduro ha sido desembarazarse de los vencedores y actuar como si la república fuese de partido único, el Socialista Unido de Venezuela; luego la Mesa de la Unidad Democrática puso en marcha el proceso para convocar un referéndum revocatorio del presidente y la ansiedad de Maduro fue en aumento. Cualquier cosa valía para restablecer el orden y dejar fuera de juego a los adversarios políticos.

Ahora, en una reacción típica de toda autocracia que se precie, el Gobierno ve en cuanto viene de fuera gestos hostiles y una oposición premeditada a sus planes, especialmente desde la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, pero lo cierto es que la cercanía al fujimorismo de este golpe de Estado disfrazado de resolución judicial tiene todas las trazas de concretarse en los próximos días a poco que la oposición dispute la calle al chavismo, y este opte por la represión a palos. Dice Vladimir Adrianza en Últimas Noticias, una cabecera chavista, que “Venezuela pasa de una posición defensiva a poner los puntos sobre las íes” en la OEA, pero la organización considera activar la Carta Democrática Interamericana de 2001, a la que Venezuela se adhirió, para, en su caso, impedir la participación del país en las diversas instancias de la OEA, sin que se haya dejado oír más voz de descontento que la de Evo Morales, presidente de Bolivia.

Dice Sandra Oblitas, vicepresidenta de la Comisión Nacional Electoral: “Ningún ente o persona independientemente del cargo que tenga puede imponer ningún tipo de ordenamiento jurídico diferente al que existe en Venezuela”. Lo que sucede es que el Gobierno se ha saltado el ordenamiento jurídico con harta reiteración y ha desoído los consejos de personajes tan diferentes como el papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes es difícil imaginar metidos de hoz y coz en una conspiración internacional contra Venezuela. Más parece que el frente de rechazo formado por Nicolás Maduro, Cilia Flores, esposa de Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los ideólogos del chavismo realmente existente han optado por enrocarse en el poder e imposibilitar todo asomo de reforma de un modelo en ruinas a causa de la quiebra económica, la fractura social y la división política.

Como en los peores momentos de la historia venezolana, en los que la violencia se impuso a los programas, hoy caminan el Gobierno y sus adversarios hacia una cita que presagia inevitablemente un desenlace dramático. Quedan muy lejos los días del frente reformista con Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, acaso Nicaragua, en los que Hugo Chávez encontró el ambiente propicio, olvidados los tiempos del golpe de Estado de los carapintadas que él dirigió para acabar en la cárcel. No hay nada en el vecindario de Maduro que le sea remotamente favorable, ni siquiera las reservas de petróleo almacenadas bajo el subsuelo caribeño; Latinoamérica ha cambiado profundamente, mientras la vía venezolana hacia la redención social ha degenerado hasta desfigurar el sistema democrático mediante el que el chavismo llegó al poder.

¿Cuál será el paso siguiente en el camino desde la división de poderes a la dictadura sin aditamentos que la encubran? ¿Qué movimientos sopesa la oposición agavillada en la Mesa de la Unidad Democrática, acogida a la legitimidad que le otorga haber obtenido una aplastante mayoría en las últimas elecciones legislativas? ¿Qué papel se reserva la OEA en este desastre político, que puede convertirse en tragedia a poco que la escalada de la tensión siga su curso? Y por último, ¿qué hará el Ejército, el gran mudo, en esta carrera de despropósitos: seguirá disciplinadamente del lado del sistema, como en los días de Chávez, o solo ve en Maduro la figura de un líder fracasado? Ninguna de estas preguntas admite una sola respuesta

 

Fidel, la lógica del poder

La caravana o séquito funerario que lleva las cenizas de Fidel Castro a Santiago de Cuba ha seguido el mismo trayecto que aquella Caravana de la Libertad que en enero de 1959, en sentido contrario, trajo a La Habana el anuncio de un tiempo nuevo, el triunfo de la revolución en lucha contra la dictadura ominosa de Fulgencio Batista. Pero este viaje de vuelta transmite la sensación de repliegue, de vuelta a los orígenes y de final irreversible de una utopía que acabó en totalitarismo insufrible, sentido todo al mismo tiempo, como sucedió y sucede con las opiniones encontradas que suscitó el comandante siempre, santo y seña de su vida y obra al sumergirse en las brumas de la historia. Para los convencidos, el regreso a Santiago es el último mensaje del líder desaparecido para seguir por la senda de cuanto nació al sur de la isla, en Sierra Madre, legado inextinguible que debe protegerse de los adversarios; para la disidencia, los críticos o los defraudados, la tierra de Santiago acoge para la posteridad un espejismo o una pesadilla, acaso un equívoco, algo que nunca fue o pudo ser lo que se anunció que sería.

No hay duda de que después de los padres de las independencias latinoamericanas, Fidel Castro ha sido el líder más influyente, más estudiado, leído, alabado y denostado del continente; en Cuba, solo la figura de José Martí se equipara a la suya. “Para cuando Batista huyó del aeropuerto de La Habana poco antes de la medianoche del año nuevo de 1959, Castro ya era una leyenda”, ha escrito Anthony DePalma en The New York Times, y fue mérito del joven revolucionario, del orador caudaloso, del gobernante implacable, mantener la leyenda en primer plano y ocultar detrás ella las debilidades del experimento, la merma de las libertades y la ineficacia de un régimen ensimismado, condenado a una economía de estricta supervivencia al desvanecerse la Unión Soviética (25 de diciembre de 1991), quizá un poco antes, cuando se puso de manifiesto que el reformismo de Mijail Gorbachov no tenía puerto de llegada, sino que navegaba por un océano tempestuoso.

“La revolución cubana es una democracia humanista”, dijo Castro en los prolegómenos de la victoria, pero dos años más tarde se declaró marxista-leninista, una contradicción en términos que no tuvo efecto en el vínculo establecido con la izquierda europea, condicionada también ella por la lógica de la guerra fría, por la intromisión permanente de Estados Unidos en competencia con la Unión Soviética y por el atractivo de los grandes principios defendidos con las armas por los barbudos en la selva indómita. “Ciega ante la implacable represión interior, la izquierda europea se mantuvo durante mucho tiempo seducida por el mito castrista”, ha escrito un editorialista de Le Monde.

Creció el mito y detrás de él desapareció el hombre, el gobernante, el edificador de un régimen que fue durante años una de las grandes causas morales del pensamiento progresista universal, pero que con el paso del tiempo se transformó en una gerontocracia instalada en el poder, inasequible a la crítica, incapaz de revisar su obra y de ponerla al día. En esa mutación genética nada fue ajeno al embargo económico impuesto por Estados Unidos, más concretamente todo remite a él en el tránsito de las ilusiones a la mano dura, pero no todos los males deben atribuirse al castigo del embargo, encerrada la nomenklatura cubana en la fortaleza levantada para perpetuarse en el poder.

Dice Rafael Rojas que el duelo presente “es la caricatura de otro más profundo, vivido en la conciencia de los cubanos desde mediados de la pasada década”, cuando la enfermedad apartó del puente de mando al líder carismático. Es cierto, en la educación sentimental de los cubanos que no optaron por el escepticismo, la oposición interna o el exilio en Miami, el legado fáctico de Fidel –la sanidad universal, el final del analfabetismo, el desarrollo de la cultura– sigue pesando más que la triste decrepitud de las ciudades, de esa Habana bellísima y desconchada, de esa industria acartonada e ineficaz, de esa vigencia insólita de los almendrones, coches viejísimos que circulan por la isla desde antes de la revolución, de ese prurito por resistir a cualquier precio, en realidad, a un altísimo precio. Y sigue pesando también el legado romántico de los eslóganes –Patria o muerte, Revolución o muerte, Venceremos, Hasta la victoria siempre–, tan cercanos al léxico desgarrado de cuantas guerras precedieron a la brega de Fidel: O Roma o morte (Giuseppe Garibaldi), No pasarán (en Madrid, antes de la gran derrota).

En los rostros compungidos de muchos de cuantos se apostaron en el camino recorrido por las cenizas de Fidel se impuso el recuerdo de lo logrado, de la mejora que experimentó la isla en cuanto la mafia de Estados Unidos y una economía depredadora dejaron de ser dueñas de la situación, de muñir un régimen a su servicio. Todo lo demás ocupó un lugar secundario en su memoria, si es que ocupó alguno. Para estos afligidos a pie de calle, el desafío de lograr la zafra (cosecha de caña de azúcar) más grande de la historia, acogerse al léxico revolucionario –un diccionario entero puesto en boga por los comandantes guerrilleros– y rememorar las grandes concentraciones de masas tiene un valor inextinguible, cuando ya Castro es parte del pasado, absuelto de antemano por ellos mucho antes de que lo haga la historia, si es que eso sucede y no justo lo contrario, como vaticina Antoni Traveria: “Las páginas de la otra historia que Fidel ha ido escribiendo día tras día durante estas largas décadas, las del ejercicio del poder absoluto desde un régimen autocrático sin libertades, con corrupción institucionalizada y violaciones a los derechos humanos, no le van a poder librar de una sentencia severa y condenatoria”.

Ninguno de cuantos han vertido una lágrima sincera al morir el comandante acepta que mucho antes de extinguirse pasó a formar parte del conglomerado de figuras políticas amortizadas por la Realpolitik. Como hace medio siglo sucedió con el Che, el compendio de méritos contraídos por el castrismo fue absorbido por la lista de fracasos acumulados. El camino de Cuba hacia otra parte empezó durante el largo ocaso del líder, urgido Raúl Castro, y con él el partido y el Ejército, las dos columnas vertebrales del régimen, a dar con una salida rápida y diferente para superar la decadencia, la economía estancada, los salarios misérrimos y el descontento o la decepción por las promesas que nunca se concretaron. A eso llevó un ejercicio de realismo inaplazable cuando Castro sumaba años en silencio salvo contadas apariciones o sus digresiones esporádicas en Granma, tan superadas por los acontecimientos.

“Las ideas quedarán”, dijo el anciano Fidel Castro Ruz, próximo el viaje sin retorno, pero cuanto asoma en el horizonte cubano tiene poco que ver con aquella revolución, tantas veces acosada, desde hace tiempo, agónica, que él encabezó. Por el contrario, la posibilidad de un capitalismo a la china tutelado por el Estado, de un capitalismo a la vietnamita con idéntica tutela, de algo que mantenga en el poder al partido único y sitúe a las empresas en el mercado, gana adeptos todos los días, tan lejos el conjunto previsible de aquella ensoñación del hombre nuevo, de la propiedad colectiva y de otros aditamentos hoy discutidos. Estados Unidos ha dejado de ser la causa de todos los males para convertirse en la solución más cercana si Donald Trump no comete la torpeza sectaria de bloquear el proceso puesto en marcha por Barack Obama. Castro dejó de existir como guía de la revolución bastantes años antes de exhalar el último aliento.

“Luchamos por una Cuba democrática y por el final de la dictadura”, declaró en 1957 el guerrillero Fidel Castro a Herbert L. Matthews, periodista de The New York Times. Luego vinieron el desembarco anticastrista de playa Girón (bahía de Cochinos), la crisis de los misiles, el embargo de Estados Unidos, la salvaguarda soviética, la obcecación ideológica, la represión, el desencanto y tantos otros ingredientes propios de un final infeliz. El sueño democrático, de las libertades públicas, del libre examen y del pluralismo político se evaporó en el caldero de un poder enquistado. ¿Cuál es el camino de la regeneración para acabar con la inercia dictatorial, promesa que Fidel nunca cumplió? Nadie en la isla es capaz de vaticinarlo después de que el último gran líder comunista se haya sumido en el sueño eterno.

Venezuela, tan cerca del abismo

Nunca segundas partes resultaron tan confusas y peligrosas como las que en la prolongación del chavismo encarna el presidente Nicolás Maduro, metidos en el despeñadero Venezuela y él desde hace demasiado tiempo como para esperar grandes logros de la cita con la oposición de este domingo en isla Margarita. Desde que un grupo de militantes bolivarianos ocupó la Asamblea Nacional el día 23, cuando debía discutirse el posible procesamiento político de Maduro, se han sucedido las novedades, los momentos de relativa esperanza y los de total desconfianza: el papa Francisco recibió al presidente de Venezuela el 24, diferentes tandas de manifestaciones y proclamas a voz en grito tomaron las calles los días siguientes, se anunció un aumento del 40% del salario mínimo –nada reparador con una inflación que andará cercana al 500% cuando acabe el año–, se convocó huelga general por la oposición para el 28, hubo anuncio de la cita en isla Margarita para el 30 y anuncio también de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) convocaba una concentración frente al palacio de Miraflores, sede de la presidencia, para el 3 de noviembre. Demasiados anuncios à bout de souffle para serenar los ánimos.

Dice Miguel Ángel Bastenier sobre la institucionalidad chavista: “Es el Estado comunal o socialismo del siglo XXI, que un día debería reemplazar plenamente a la institucionalidad democrática”. Es un retrato preciso de un proyecto u opción fallido desde que el petróleo dejó de ser el cuerno de la abundancia que debía financiar y reparar todas las injusticias sociales. Es también la foto fija de lo que podía haber sido mientras la atmósfera acompañaba, pero que dejo de ser factible en cuanto se quedó casi a solas a causa de la decantación conservadora de países de referencia del entorno venezolano, así por las buenas –Argentina, que confío en Mauricio Macri la sucesión de Cristina Fernández– como a las bravas –Brasil, que apartó de la presidencia a Dilma Rousseff mediante impeachment–, o por debilidad de varios aliados históricos (Bolivia, Ecuador, Nicaragua). Y la frase de Bastenier es asimismo la descripción de la cancha en la que el choque de trenes se antoja cada vez más próximo, si no es que estos días convulsos lo son ya o lo fueron antes los del procesamiento de Leopoldo López y la victoria estruendosa de la MUD en las elecciones legislativas.

La pretensión de Diosdado Cabello, diputado chavista y quizá ideólogo del movimiento –uno de ellos, al menos–, de blindar la por él llamada revolución, resulta un ejercicio político de radicalidad extrema, porque la eficacia del entramado bolivariano ha deslizado al país por una pendiente de carencias y frustración cada vez mayores. “La confiscación de derechos por parte de quienes no han sabido administrar el poder está colocando en los límites a la ciudadanía venezolana”, afirma un articulista en El Universal, el periódico más leído de la oposición, y su opinión no es más que la versión local de la declaración aprobada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), donde coinciden 25 exjefes de Estado y de Gobierno de orientación muy variada, de Óscar Arias a José María Aznar, de Felipe González a Vicente Fox, pero que comparten una misma opinión: se ha producido en Venezuela una ruptura del orden constitucional.

En esa atmósfera de enconamiento sin límites, la mediación papal es a la vez la última posibilidad de encauzar la crisis y también una operación de riesgo extremo en la que quizá sea insuficiente el prestigio de Francisco, en Latinoamérica mayor que en ningún otro lugar, y la habilidad de la diplomacia vaticana. Hay una tradición que sustenta el paso dado por el Papa –la reanudación de relaciones de Estados Unidos y Cuba, el último caso–, pero hay demasiados cabos sueltos y los bandos enfrentados lo fían casi todo a medir sus fuerzas en la calle y en utilizar las instituciones para lograr sus propios fines y neutralizar los de sus adversarios. A cada día que pasa crece la sensación de que no caben bajo el mismo techo el chavismo sin Hugo Chávez y la oposición variopinta que engloba la MUD, el reformismo centrista de la mayoría parlamentaria y el programa heredado del líder desaparecido. Agravado todo por una irrefrenable crisis de subsistencias.

Si la situación no fuese la que es, la intervención del Vaticano parecería un puerto de llegada seguro, pero cuando en primera línea del conflicto se agita una sociedad dividida siempre, movilizada muy a menudo y desorientada con frecuencia, los riesgos crecen exponencialmente. Cuando los gabinetes de propaganda trabajan a todo gas, apenas quedan momentos para la reflexión; cuando Telesur, iniciativa chavista, difunde un esquema de “golpe suave” presuntamente en marcha, estructurado en cinco etapas –ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, combinación de formas de lucha y fractura social–, se alarma media Venezuela; tiempla la otra mitad cuando El Nuevo Herald, periódico conservador de Miami cercano al anticastrismo en el exilio, da cuenta de hasta tres operaciones diferentes preparadas por los duros del chavismo para sustituir a Maduro. Es posible que nada sea del todo cierto, pero acaso no todo sea falso o fruto de la capacidad de fabulación de los medios, y así crece la alarma y la política se convierte en una reyerta sin tregua.

Ha llevado Nicolás Maduro el experimento chavista hasta un callejón sin salida y ha carecido de la habilidad necesaria para conservar algunos aliados reconocibles e influyentes en América y Europa. Se ha comportado Maduro con una torpeza impropia en quien debe dirigir un proyecto heterodoxo, encaminado a redimir a los más vulnerables de sus conciudadanos, pero que finalmente se manifiesta como una superestructura de poder que pretende perpetuarse en el puente de mando con el recurso permanente a la huida hacia adelante. Nadie es nunca del todo inocente en la brega política, y la oposición venezolana no es una excepción ni por asomo, pero los líderes bolivarianos de hoy han tenido la perniciosa habilidad de perder la batalla de la opinión pública a escala internacional, tan importante en la aldea global.

“Venezuela vive un punto de quiebre. (…) Y no hay duda de que añadirle más presión a la olla que ya es la sociedad venezolana podría hacerla explotar”, dice Hugo Prieto, un prestigioso periodista caraqueño, en un artículo publicado en The New York Times. El mismo Hugo Prieto que sostenía en mayo: “Este es un país profundamente chavista”. Pero que ahora denuesta la intromisión de los tribunales en el proceso encaminado a convocar un referéndum revocatorio, al entender que “la jugada pone en jaque a la democracia venezolana y entraña riesgos imprevisibles para el Gobierno y la oposición”. Y al emitir tal opinión suma su voz a la de tantos defraudados que contemplan con estupor cómo Venezuela está cada día más cerca del abismo, mientras el gran mudo, el Ejército, se mantiene más silencioso y enigmático que nunca, porque Chávez era uno de los suyos, pero Maduro no lo es.