Raúl Castro se va, pero se queda

El cambio generacional que supone el relevo en la presidencia de Cuba no puede equipararse a un cambio en la orientación política del Estado. En primer lugar, porque el presidente saliente, Raúl Castro, conserva hasta 2021 la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC), columna vertebral de la Administración, y la jefatura de las Fuerzas Armadas, tan implicadas en la gestión económica del país y en el dispositivo de seguridad. En segundo lugar, porque la figura del nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, no puede desvincularse de la peripecia histórica del PCC, de su orientación ideológica y de los recelos que las reformas suscitan en la vieja guardia. Para la gerontocracia que vivió la epopeya de la guerrilla al lado de los Castro, del Che, de Camilo Cienfuegos y de otros nombres insignes del panteón cubano sigue vigente la máxima de Fidel: “Con la revolución todo, sin la revolución nada”.

Recurriendo al léxico clásico, cabe aplicar a Díaz-Canel la consideración de apparátchik: toda su carrera profesional y política se ha desarrollado al servicio del partido, condición sine qua non para escalar en las instituciones. En consecuencia, su implicación y apoyo a la propuesta reformista se atiene a la necesidad imperiosa de modernizar la economía y rescatar a millones de ciudadanos de la mera subsistencia, pero resulta exagerada toda comparación con otros líderes del universo comunista que en su día llegaron a la conclusión de que no cabía otra que ponerse al día o sucumbir. En cambio, es muy posible que comparta con la mayoría de veteranos de la revolución algo resumido en una sola frase por el periodista francés Renaud Lambert: “Cuba quiere el mercado… sin el capitalismo”.

La decisión de ir más allá y actuar como acelerador de la historia es algo que se antoja bastante alejado de los planes de Díaz-Canel. Su propósito confeso de dar continuidad a lo hecho hasta ahora lo pone de manifiesto por más que una sociedad exhaustas y progresivamente más escéptica requiere un esfuerzo suplementario de realismo y de acercamiento a las necesidades más acuciantes. Seguir como hasta ahora equivale a dar marcha atrás, con el agravante para el sucesor de Raúl Castro de que, aun habiendo llegado a vicepresidente con él, carece del carisma y el “pasado heroico” de la generación del Granma, como dice Arturo López-Levy, profesor de la Universidad de Texas. Y esa aureola heroica que amortigua por lo general los brotes de descontento en los momentos de mayor dificultad, crea complicidades entre la élite dirigente y la comunidad, pero no se transmite a los sucesores de los padres fundadores, a quienes han progresado en el seno de las instituciones.

Cuantos quieren ver en Díaz-Canel a una figura reformista al estilo de Deng Xiaoping se anticipan imprudentemente a los acontecimientos. Pues si algunas veces se ha dicho que el ejemplo mejor para Cuba para salir del marasmo es la vía china –un capitalismo tutelado por el partido–, en la práctica se han multiplicado los obstáculos internos y externos para imitarla. Acaso porque remitirse a China y su demografía desorbitada no tiene sentido en una pequeña comunidad que no llega a los 12 millones de habitantes en un solar de poco más de 100.000 kilómetros cuadrados. O acaso también porque los ingredientes constitutivos de la sociedad cubana tienen muy poco que ver con los de la china. ¿Es imaginable un programa reformista en Cuba que, como ha sucedido en China, liquide sin contemplaciones la dimensión social del Estado?

“Incluso si Díaz-Canel tiene deseos secretos de aplicar reformas, tendrá poco margen de maniobra para cambiar la revolución”, sostiene Christopher Sabatini, profesor de la Universidad de Columbia en las páginas de The New York Times, una idea que comparte el periodista Fernando Ravsberg, profundo conocedor del universo cubano, que detecta en la resistencia a las reformas del núcleo duro del partido el temor a que conduzcan del “modelo socialista a la soviética” al capitalista. Ravsberg cita en Le Monde Diplomatique al diplomático cubano Carlos Alzugaray, uno de los convencidos de que el paso dado por Raúl Castro llevará a otros veteranos a imitarle, algo posible, pero no determinante porque la fuente de poder está en la capacidad determinante del PCC de imponer el programa en cada momento. Se trata de un esquema clásico transmitido por el modelo leninista: el partido único controla todas las instituciones, fija el rumbo a seguir y las medidas a aplicar.

El cambio en la relación con Cuba decidido por Donald Trump no hace más que alimentar los recelos de la nomenklatura y estimular a la comunidad cubana instalada en Estados Unidos, de corte conservador. Mientras los guardianes de las esencias del PCC temen una vuelta a los peores días, los profetas del apocalipsis castrista instalados en Miami desde hace décadas rescatan el espíritu de la operación de Bahía de Cochinos o Playa Girón (abril de 1961). Esto es, al mismo tiempo que la ortodoxia revolucionaria en el interior se alinea en formación de combate para resistirse al cambio, los alentadores del espíritu de revancha hacen lo propio para impugnar por completo la reanudación de relaciones diplomáticas alentada por Barack Obama en las postrimerías de su presidencia.

No hay duda de que ese esquema de confrontación va camino de afectar la apertura económica de la isla, que siempre será incompleta si Estados Unidos no la secunda o, peor aún, si la dificulta. Después de que Venezuela haya reducido a la mitad el flujo petrolero con destino a Cuba, la estructura productiva, el funcionamiento de servicios esenciales y la economía privada han acusado el golpe, y la única compensación que le queda a la isla es atraer inversores, mejorar las estadísticas de turismo y poner en marcha un cambio global. Las adhesiones políticas en la calle a cambio de un futuro prometedor, pero indeterminado, han pasado a mejor vida y la comparación con otras realidades latinoamericanas, viva imagen de la postración y el atraso, han dejado de tener el efecto taumatúrgico que tuvieron en otro tiempo.

 

Brasil, bajo presión conservadora

La condena de cárcel impuesta a Luiz Inácio Lula da Silva tiene efectos políticos telúricos sobre el futuro político de Brasil y da vida a los fantasmas de un pasado no tan lejano, cuando las grandes fortunas del país y el Ejército se unieron por última vez para poner el Estado a su servicio. Es imposible sustraerse a la idea de que detrás de la prisión de Lula se esconde una flagrante manipulación de los hechos encaminada a desalojar del poder al poco menos que seguro vencedor de la próxima elección presidencial, sin que por lo demás exista un contrapoder efectivo en los tribunales para dejar al descubierto la corrupción sin límites en el campo conservador, en el núcleo de poder que desalojó a Dilma Rousseff de la presidencia y arropó después a Michel Temer. El triángulo de corrupción que mina las instituciones del país –los casos Odebrecht, Lava Jato y Petrobras– alcanza en igual medida al Partido de los Trabajadores (PT) y a la derecha; en los salones del poder han sido muchos los incapaces de sustraerse a la mordida, pero el empeño de los tribunales en la persecución de Lula pone de manifiesto que el expresidente fue, es y será la gran presa que quieren cobrar sus adversarios históricos, jueces mediante.

El veterano periodista Clovis Rossi se pregunta “¿cuándo se jodió Brasil?”, parafraseando a Mario Vargas Llosa en Conversación en La Catedral –“¿cuándo se jodió el Perú”?–, y se responde; “En 1500, cuando llegaron los portugueses”. La respuesta no es más que una ingeniosa forma de afirmar que la política brasileña conserva la triste tradición del golpismo, la venganza personal y una dualidad social extrema. La división del tribunal (6 a 5) que ha condenado a Lula es el dato más reciente de la fractura irresoluble de una comunidad sometida desde tiempo inmemorial a desequilibrios intolerables. El asesinato de la activista y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco no hace más subrayar la violencia endémica instalada en una sociedad muy fragmentada en la que los amortiguadores sociales solo funcionan de vez en cuando.

El comportamiento de una parte mayoritaria de los grandes grupos de comunicación durante la instrucción, el proceso y la condena de Lula es otro síntoma del clima de vendetta que se ha adueñado del escenario. “O Globo y Veja van a tener orgasmos múltiples con mi foto preso”, declaró Lula antes de entregarse. Y aunque la frase simplifica los hechos y elude cualquier eventual responsabilidad en la pervivencia de tramas de corrupción, se acerca al menos a lo dicho por estos dos medios y otros muchos, alineados en una persecución militante y sin tregua. Si O Globo se refiere al triunfo de los tribunales, Veja subraya en un titular Del sindicalismo a la cárcel; si alguien recuerda en una televisión que la presidencia de Lula rescató de la miseria a 50 millones de brasileños –una exageración estadística, seguramente–, el periódico O Estado de S. Paulo dispara contra la línea de flotación del presumible legado del expresidente: “La obra monumental del PT fue el montaje de un sistema de explotación colonialista del Estado para sustentar un proyecto de poder”.

Algo hay de cierto en cuanto se dice, pero se trata en todos los casos de medias verdades, informaciones y opiniones que eluden cualquier dato que las contradiga. Puede decirse que la pretensión de Rousseff de nombrar a Lula ministro a toda prisa para que evitara el proceso fue en su día un disparate; es cierto que las encuestas muestran el crecimiento de un fenómeno clientelar en los apoyos a Lula, perfectamente explicable como resultado inmediato de sus programas sociales, pero no lo es menos que le otorgan un mínimo del 35% en intención directa de voto frente a cualquiera de sus contrincantes si hoy se celebraran elecciones (en el caso del posible candidato ultraderechista y exmilitar Jaír Bolsorano le saca una ventaja de 20 puntos). Es posible, en fin, que el estancamiento de hoy sea fruto de la euforia de ayer, pero no lo es menos que Brasil, durante el mandato de Lula, se consolidó en el pelotón de cabeza de las potencias económicas emergentes.

Aunque ahora se descubran flaquezas en el despegue y aun tramas de corrupción que dañan el erario, no es menos cierto que la vitalidad de la economía brasileña al estallido de la crisis mundial fue motivo de análisis en todas partes. En el ejercicio correspondiente al año 2008, el siguiente a la crisis de las subprime y coetáneo de la quiebra del banco Lehman Brothers, el PIB del país creció el 7,5%. En los años siguientes, mientras las economías occidentales se deslizaban por la pendiente del decrecimiento, Brasil obtuvo la organización del Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, dos acontecimientos que solo están al alcance de sociedades que pueden garantizar a la FIFA y al COI cuentas de resultados saneadas, al menos en el momento de concedérselas. Que hoy languidezcan las instalaciones construidas para aquellas dos grandes citas no hace más que subrayar la incapacidad de quienes en los dos últimos años se han ocupado más de ocultar sus vergüenzas y perseguir a sus contrincantes que de adecuar la economía brasileña al final de un ciclo expansivo.

Los comentarios amenazantes de algunos generales, con el espectro del golpe de Estado apenas oculto, completa un cuadro clínico que otras veces cercenó el desarrollo de una democracia asentada. El ambiente político en América Latina, tan cambiante los últimos años, tiende a privilegiar las alternativas autoritarias o simplemente conservadoras frente al reformismo social, mayoritario hace una década, y ahí los uniformados se mueven con destreza, mientras la base social del PT se deja llevar por la política de las emociones y la movilización, quizá menos dinámica que en el pasado y menos asistida de apoyos exteriores. Basta repasar la nómina de presidentes para concluir que al frente progresista le ha sucedido otro conservador, alentado además desde Estados Unidos por una Administración que favorece un cambio profundo en el ecosistema político latinoamericano.

Es posible que lo que Lula representa siga siendo un fenómeno digno de estudio en el campo académico, incluso cabe la posibilidad de que ni la cárcel ni las amenazas golpistas ni el comportamiento de los tribunales desanimen a la militancia del PT y al grueso de sus votantes, pero es difícil imaginar el futuro inmediato de Brasil en la órbita del líder condenado. Es más previsible, por el contrario, una complicidad expresa de diversos sectores de las finanzas, la política y la milicia para una solución que neutralice a los defensores de Lula, a los deseosos de que vuelva a Brasilia. Sea o no sea culpable Lula del delito por el que se le ha condenado, su regreso al puente de mando requiere tantos cambios en las casillas del tablero en que se juega la partida que se antoja algo poco menos que imposible verle disputar la presidencia una vez más.

Otra huida hacia adelante de Maduro

La decisión de la oposición venezolana de ausentarse de la elección presidencial fijada para el próximo 22 de abril es motivo de controversia dentro del bloque enfrentado al régimen chavista y en las filas de su electorado potencial. Si no cambian las cosas de aquí al próximo jueves, fecha límite para la presentación de candidatos, Nicolás Maduro prolongará su mandato sin mayores esfuerzos y competencia, reelegido por los suyos sin adversario con el que medirse, mientras los ciudadanos sin candidato se quedarán en sus casas con la frustración de no haber podido siquiera forzar al chavismo a echar toda la carne en el asador y sin necesidad alguna de manipular el recuento.

Frente a la idea de que es mejor presentarse, perder y, en última instancia, provocar el fraude, ha prevalecido la suposición de que el amaño está asegurado de antemano y no merece la pena desgastar a nadie en una batalla de costes políticos impredecibles. Con el candidato presidencial de las últimas convocatorias, Henrique Capriles, inhabilitado, la Asamblea Constituyente neutralizando al Parlamento elegido en 2015 y todo el sistema orbitando alrededor del núcleo duro del PSUV, la decisión tomada por los líderes de la oposición –los encarcelados, los vigilados y los exiliados– resulta comprensible, pero políticamente es más estéril que presentarse y perder, porque desaparece la posibilidad de medir la capacidad de movilización de los rivales de Maduro. Y condena a la frustración a una parte importante del electorado, desorientada y sin espacio político en el que encontrar cobijo.

La degradación del experimento venezolano ha convertido la apuesta populista en una pesadilla: ha destruido la economía, ha ahondado en la fractura social y ha adulterado la planta institucional mediante una exuberante proliferación de organismos paralelos a los oficiales o convencionales cuyo único fin es neutralizarlos. Cuando el cambio oficial del dólar ronda los 240.000 bolívares, nada es posible: la crisis de subsistencias se agrava todos los días, el petróleo ha dejado de ser el bálsamo de Fierabrás que cura todos los males y el régimen se escuda en su propaganda, en las proclamas grotescas de su presidente y en las referencias constante al padre fundador. Por eso resulta especialmente chocante la decisión de la oposición de dejar el campo libre a Maduro para consagrarse en el poder, incluso admitiendo que han sido muchas las ocasiones en las que el Gobierno se ha saltado todas las reglas y demasiadas las ocasiones en las que el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral han actuado como simples correas de transmisión de las necesidades del chavismo.

“O enfrentamos el fraude con el apoyo de la comunidad internacional y evitamos que esa elección ilegal se realice, o participamos con un candidato de consenso que sea capaz de convertir el descontento de la mayoría en una verdadera rebelión de votos que saque a Maduro de Miraflores”, reclama el editorialista de Tal Cual, el periódico fundado por Teodoro Petkoff, prestigioso líder de la izquierda y fundador del Movimiento al Socialismo. Puesto que evitar la elección resulta harto improbable por no decir imposible, la única vía es participar mediante una acción concertada de toda la oposición, subraya el diario, sean más o menos buenas las relaciones en el variopinto conglomerado de siglas que reúne la Mesa de la Unidad Democrática.

En los artículos de Andrés Oppenheimer, columnista del Miami Herald, resuena el punto de vista de la Administración de Trump, que es partidaria de utilizar la campaña como altavoz de los males presentes y resorte para una gran movilización popular, aunque al final, si las circunstancias lo exigen, no quede más remedio que retirarse de la contienda. Todos los think tank acreditados descartan la posibilidad, siquiera sea remota, de una intervención militar, según se molesta en subrayar Oppenheimer. No se trata de una renuncia ética, sino que es resultado de un análisis aplastantemente realista: una intervención encabezada por Estados Unidos silenciaría las voces latinoamericanas críticas con el régimen venezolano y reforzaría a sus últimos aliados, con Cuba en cabeza.

Se dice que la Casa Blanca espera que la presión de la calle, unida a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, acabe por desestabilizar al régimen y provocar su implosión. Pero es este un esquema que contradicen experiencias anteriores en las que regímenes dictatoriales monolíticos, apoyados en la movilización de sus afectos, han dado pruebas de una resistencia casi ilimitada a pesar de las hambrunas, las enfermedades y otras lacras fruto del aislamiento. Cierto que el ambiente en Latinoamérica ha dejado de ser propicio a los herederos de Hugo Chávez, pero ellos confían en que una conjunción de fenómenos favorables les permita salir del pozo. Confían, por ejemplo, en un ascenso del precio del petróleo; confían también en una victoria de Andrés Manuel López Obrador en México, que proporcionaría a la causa un aliado de peso; confían, en fin, en que se aligere la protesta en la calle mediante el incesante flujo migratorio de descontentos en todas direcciones.

Puede que tales esperanzas no sean más que un remedo del cuento de la lechera, pero son las que hace creer al grupo de Maduro que el tiempo corre a su favor. Más aún, en la vecindad de Maduro son varios los que piensan –Diosdado Cabello, el primero de ellos– que permanece viva en la memoria de los sectores sociales más vulnerables el recuerdo de la pobreza en los años de abundancia, cuando se turnaban en el palacio de Miraflores presidentes del Copei y de Acción Democrática. No cree Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas exiliado en Madrid, que la rememoración del pasado consuele o justifique a nadie en el presente, tampoco lo cree el círculo de Leopoldo López, en arresto domiciliario, a pesar de que el aparato de propaganda del chavismo ha dado muestras de una eficacia y poder de convicción nada desdeñables a partir del momento en que la revolución bolivariana emitió las primeras señales de agotamiento.

Si fueron ciertas las estadísticas referidas a la situación social en Venezuela antes de 1999 (elección de Chávez), en aquel entonces el 65% de la población vivía en el umbral de la pobreza o en sus aledaños, y en este caso el tiempo transcurrido para olvidar el pasado es insuficiente y la base argumental de la arenga revolucionaria sigue plenamente vigente. Si es cierto que los ascensores sociales apenas funcionaban en Venezuela al producirse el caracazo (27 de febrero de 1989), entonces es más que factible que el chavismo disfrute todavía de un importante y dinámico apoyo popular. Y si es así, el empeño de la oposición en negar las debilidades del pasado como causa primera de los problemas del presente es del todo preocupante.

Nada justifica el viaje a ninguna parte o, aún peor, hacia el gran desastre, emprendido por el régimen, pero su permanente huida hacia adelante no sería posible sin que desigualdades lacerantes hicieran posible hace casi 20 años que los electores llevaran en volandas a Chávez hasta la presidencia a pesar de su pasado golpista. Por aquel entonces, con un sistema de partidos minado por la corrupción y una economía descoyuntada, movimientos políticos de todos los colores, los empresarios, la Iglesia y organizaciones civiles de todos los ámbitos creyeron que la única forma de salir del atolladero era ventilar los salones del poder. Y aunque la atmósfera hoy está tanto o más emponzoñada que entonces, el recuerdo de aquel oscuro pasado sigue siendo útil para la legitimación propagandística de las directrices chavistas, presentadas como el instrumento para la redención de los oprimidos.

Viaje a lo desconocido de Venezuela

La carrera al galope hacia la fractura social y el enfrentamiento civil emprendida por Venezuela mediante la pugna entre Gobierno y oposición dispensa este fin de semana un nuevo marco de referencia: la elección de una llamada asamblea constituyente que pretende desactivar la Mesa de Unidad Democrática (MUD) mediante la creación de una nueva planta institucional que deje sin efecto la mayoría parlamentaria –112 escaños de 167–, obtenida por los adversarios del chavismo en las elecciones de 2015. Ninguna de las mediaciones, intermediaciones y misiones de buena voluntad que han viajado a Venezuela estos últimos meses han conseguido bajar las pulsaciones a una crisis que se desarrolla en medio de un descalabro económico asfixiante, y con el contador de muertos en la calle en marcha en esas manifestaciones y huelgas promovidas por la oposición y reprimidas sin contemplaciones.
El principio de acción y reacción se ha convertido en el único programa político que sobrevive a la pelea entre enemigos irreconciliables, entre un Parlamento legitimado por la victoria electoral y un Ejecutivo empecinado en seguir su camino aunque carece de mayoría para aplicar la receta bolivariana sin atenerse a los requerimientos de la MUD. Respaldado por los restos de la mayoría social que dio la victoria a Hugo Chávez en 1999 y en varias elecciones posteriores, el poschavismo nunca ha aceptado la exigencia democrática de que el Gobierno se someta al control del Parlamento y acepte la independencia del poder judicial; se ha creído con la autoridad moral o la legitimidad histórica de seguir con un programa impugnado en las urnas por la mayoría. El encarcelamiento de Leopoldo López, el estilo desafiante de Nicolás Maduro, el conflicto con la Fiscalía, la idea misma de abrir un proceso constituyente para liquidar al Parlamento, todo cuanto sucede hoy en el país ha agravado el desprestigio de un experimento sociopolítico que empezó a dar señales de agotamiento en cuanto el precio del petróleo cotizó a la baja. Frente a las teorías conspiratorias de Maduro y su círculo más cercano, que quizá contienen algo de verdad, prevalece la impresión de que la desastrosa gestión de la economía durante los años de bonanza ha condenado a Venezuela a la ruina y a la revolución bolivariana, al desprestigio.
Cuando el sociólogo francés Alain Touraine puso en duda en 2006 la capacidad transformadora del modelo chavista, abundaron las críticas. Pero el tiempo ha dado la razón a Touraine y se la ha quitado al coro encargado de exaltar la figura del líder desaparecido: “A pesar de los progresos logrados desde su elección –escribió–, el de Chávez sigue siendo un modelo débil de transformación social, si se consideran los inmensos recursos obtenidos por Venezuela por el aumento brutal del precio del petróleo”. Esto es, la aplicación de las misiones chavistas (programas sociales) fueron un ejemplo de políticas rentistas en una economía poco menos que de monocultivo, cuya viabilidad se desvaneció en cuanto el precio del barril dejó de ser el cuerno de la abundancia. Y el descenso del precio del petróleo coincidió en el tiempo con un retroceso de los abanderados del reformismo social en América Latina; se esfumó aquella atmósfera tan propicia a los ensayos socializantes.
Si a todo esto se añade la proliferación de errores de manual –expulsión de Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times, arremetidas contra Mariano Rajoy, recurso al populismo económico (subidas de dos dígitos del salario mínimo con una inflación de tres dígitos, invocación de líderes desprestigiados (Daniel Ortega) o crepusculares (Raúl Castro)–, se llega a esta estación de fin de semana que no es de llegada a ninguna parte, sino que abre una gran incógnita: ¿al día siguiente qué? ¿Será suficiente sacar todo el jugo a la incontinencia verbal de Mike Pompeo, director de la CIA, que el 20 de julio dijo en Aspen (Colorado) que trabajaba duro para restablecer la democracia en Venezuela? ¿Será suficiente con presentar a México y Colombia como el frente conspirador manipulado por Estados Unidos para hacerse con el petróleo venezolano, según repite Maduro? ¿Será necesario que el poschavismo aguce el ingenio para dar vida a nuevos fantasmas?
Sorprende a un analista tan situado en las antípodas de la causa bolivariana como Andrés Oppenheimer que los despachos de Caracas insistan en la codicia estadounidense para hacerse con las reservas de crudo cuando se dan al menos tres factores para dudar de ello: Estados Unidos está a un paso de consolidar su autonomía energética, los países más ricos de la OPEP trabajan en programas para desollar energías alternativas o invertir en ellas y muchos de los yacimientos descubiertos los últimos años entrañan un coste de explotación ruinoso. Al mismo tiempo, resulta indescifrable el diseño de las relaciones con la Unión Europea –a través de España principalmente–, tan al alcance del equipo de Maduro. Y aún resulta más incomprensible que los admiradores de la república bolivariana en el exterior –aquí Podemos y vecindarios próximos– se pongan de perfil, incapaces de distinguir entre lo que es y lo que pudo ser, entre una vía de agua más o menos controlable y el hundimiento del Titanic.
Venezuela puso rumbo a lo desconocido hace tiempo y la elección de una constituyente vislumbrada por los ideólogos del poschavismo no hace más que oscurecer el futuro y suministrar a la oposición argumentos definitivos para ganar la batalla de la opinión pública, no solo de fronteras afuera, sino en el interior del país. Pretender que una asamblea elegida a espaldas de la legitimada por la Constitución puede desposeer a esta de sus competencias, disolverla, soslayar sus funciones o condenarla a vivir en tierra de nadie, sin que se debilite la solvencia y la imagen del Estado, es tanto como pensar que no pasará mucho más de lo que ya pasa: más de cien muertos en las manifestaciones, desabastecimiento, inflación galopante –puede llegar al 700% al acabar el año–, degradación de la sanidad y un largo etcétera de miserias.
No hay nada peor que desentenderse de la realidad cuando esta es tan evidente como el caos de Venezuela de todos los días. En las crisis sociales, ninguno de los inductores suele ser completamente inocente -solo las víctimas que las padecen lo son-, pero sí hay quienes tienen más medios para acometerlas y paliarlas. Seguramente el Gobierno de Venezuela los tuvo en algún momento, pero hoy carece de ellos salvo que lograse llegar a un acuerdo de mínimos con la oposición, algo tantas veces intentado y no conseguido que hoy se antoja una quimera. O acaso la antesala de una pesadilla porque lo peor aún puede estar por llegar.

Fujimorazo de Maduro

Lo más parecido a un golpe de Estado de palacio es la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que cancela las atribuciones del Parlamento so pretexto de que la Cámara ha cometido un delito de desacato. Porque las funciones de las que los diputados son desposeídos pasan a los jueces que firman la condena o resolución, y de ellos a Nicolás Maduro, que concentra así todos los poderes del Estado habida cuenta de la disciplina de partido observada por los magistrados desde hace demasiado tiempo como para dudar de ella.

No se trata de un golpe de Estado palaciego porque lo dice la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea neutralizada, ni porque la Organización de Estados Americanos (OEA) lo corrobora ni por ninguna otra circunstancia, lo es porque la división de poderes ha saltado por los aires. No es tampoco un golpe de Estado porque así lo ha decidido una conspiración internacional, sino porque culmina un proceso que ha llevado a la cárcel a varios líderes de la oposición, ha descoyuntado la economía y ha inducido a Maduro a dejar sin efecto cualquier aproximación al sistema de contrapesos propio de una democracia. Y por último, no es un golpe de Estado porque lo digan líderes conservadores, los de signo progresista, salvo tibiezas injustificables, están de acuerdo en que la democracia ha sido barrida por la inercia de un régimen ineficaz, imprevisible y arbitrario, incapaz de corregir sus errores.

Nunca estuvo el experimento venezolano iluminado por el halo de desafío ético al establishment que tuvo, por ejemplo, la revolución de los barbudos cubanos, pero Hugo Chávez logró construir un relato regenerador de la política de su país y fue capaz de poner en marcha programas sociales financiados con un petróleo que anduvo cerca de los 150 dólares/barril. Hoy las invocaciones a la agresión imperialista y otras soflamas de Maduro y su corte de adeptos suenan a eslóganes desgastados, tan alejados de la realidad como la pretensión de corregir los efectos de una inflación de tres dígitos con subidas del salario mínimo del orden del 40%. Nada funciona en Venezuela: una encuesta citada por El Universal, un diario de oposición, estima que un tercio de la población, 9,6 millones de personas, “ingieren dos o menos comidas al día” y “es mucho el daño que se puede hacer si seguimos por este rumbo desquiciado”, según un articulista que publica en el mismo medio.

Frente a este escenario de pesadilla resulta grotesco el pretexto esgrimido por los jueces para liquidar el régimen constitucional: la decisión del Parlamento de aceptar a tres diputados de distritos de la Amazonia cuya elección fue impugnada por el chavismo y diligentemente censurada por el Tribunal Supremo. Desde que la oposición ganó las legislativas del 2015, el objetivo del grupo de Maduro ha sido desembarazarse de los vencedores y actuar como si la república fuese de partido único, el Socialista Unido de Venezuela; luego la Mesa de la Unidad Democrática puso en marcha el proceso para convocar un referéndum revocatorio del presidente y la ansiedad de Maduro fue en aumento. Cualquier cosa valía para restablecer el orden y dejar fuera de juego a los adversarios políticos.

Ahora, en una reacción típica de toda autocracia que se precie, el Gobierno ve en cuanto viene de fuera gestos hostiles y una oposición premeditada a sus planes, especialmente desde la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, pero lo cierto es que la cercanía al fujimorismo de este golpe de Estado disfrazado de resolución judicial tiene todas las trazas de concretarse en los próximos días a poco que la oposición dispute la calle al chavismo, y este opte por la represión a palos. Dice Vladimir Adrianza en Últimas Noticias, una cabecera chavista, que “Venezuela pasa de una posición defensiva a poner los puntos sobre las íes” en la OEA, pero la organización considera activar la Carta Democrática Interamericana de 2001, a la que Venezuela se adhirió, para, en su caso, impedir la participación del país en las diversas instancias de la OEA, sin que se haya dejado oír más voz de descontento que la de Evo Morales, presidente de Bolivia.

Dice Sandra Oblitas, vicepresidenta de la Comisión Nacional Electoral: “Ningún ente o persona independientemente del cargo que tenga puede imponer ningún tipo de ordenamiento jurídico diferente al que existe en Venezuela”. Lo que sucede es que el Gobierno se ha saltado el ordenamiento jurídico con harta reiteración y ha desoído los consejos de personajes tan diferentes como el papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes es difícil imaginar metidos de hoz y coz en una conspiración internacional contra Venezuela. Más parece que el frente de rechazo formado por Nicolás Maduro, Cilia Flores, esposa de Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los ideólogos del chavismo realmente existente han optado por enrocarse en el poder e imposibilitar todo asomo de reforma de un modelo en ruinas a causa de la quiebra económica, la fractura social y la división política.

Como en los peores momentos de la historia venezolana, en los que la violencia se impuso a los programas, hoy caminan el Gobierno y sus adversarios hacia una cita que presagia inevitablemente un desenlace dramático. Quedan muy lejos los días del frente reformista con Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, acaso Nicaragua, en los que Hugo Chávez encontró el ambiente propicio, olvidados los tiempos del golpe de Estado de los carapintadas que él dirigió para acabar en la cárcel. No hay nada en el vecindario de Maduro que le sea remotamente favorable, ni siquiera las reservas de petróleo almacenadas bajo el subsuelo caribeño; Latinoamérica ha cambiado profundamente, mientras la vía venezolana hacia la redención social ha degenerado hasta desfigurar el sistema democrático mediante el que el chavismo llegó al poder.

¿Cuál será el paso siguiente en el camino desde la división de poderes a la dictadura sin aditamentos que la encubran? ¿Qué movimientos sopesa la oposición agavillada en la Mesa de la Unidad Democrática, acogida a la legitimidad que le otorga haber obtenido una aplastante mayoría en las últimas elecciones legislativas? ¿Qué papel se reserva la OEA en este desastre político, que puede convertirse en tragedia a poco que la escalada de la tensión siga su curso? Y por último, ¿qué hará el Ejército, el gran mudo, en esta carrera de despropósitos: seguirá disciplinadamente del lado del sistema, como en los días de Chávez, o solo ve en Maduro la figura de un líder fracasado? Ninguna de estas preguntas admite una sola respuesta

 

Fidel, la lógica del poder

La caravana o séquito funerario que lleva las cenizas de Fidel Castro a Santiago de Cuba ha seguido el mismo trayecto que aquella Caravana de la Libertad que en enero de 1959, en sentido contrario, trajo a La Habana el anuncio de un tiempo nuevo, el triunfo de la revolución en lucha contra la dictadura ominosa de Fulgencio Batista. Pero este viaje de vuelta transmite la sensación de repliegue, de vuelta a los orígenes y de final irreversible de una utopía que acabó en totalitarismo insufrible, sentido todo al mismo tiempo, como sucedió y sucede con las opiniones encontradas que suscitó el comandante siempre, santo y seña de su vida y obra al sumergirse en las brumas de la historia. Para los convencidos, el regreso a Santiago es el último mensaje del líder desaparecido para seguir por la senda de cuanto nació al sur de la isla, en Sierra Madre, legado inextinguible que debe protegerse de los adversarios; para la disidencia, los críticos o los defraudados, la tierra de Santiago acoge para la posteridad un espejismo o una pesadilla, acaso un equívoco, algo que nunca fue o pudo ser lo que se anunció que sería.

No hay duda de que después de los padres de las independencias latinoamericanas, Fidel Castro ha sido el líder más influyente, más estudiado, leído, alabado y denostado del continente; en Cuba, solo la figura de José Martí se equipara a la suya. “Para cuando Batista huyó del aeropuerto de La Habana poco antes de la medianoche del año nuevo de 1959, Castro ya era una leyenda”, ha escrito Anthony DePalma en The New York Times, y fue mérito del joven revolucionario, del orador caudaloso, del gobernante implacable, mantener la leyenda en primer plano y ocultar detrás ella las debilidades del experimento, la merma de las libertades y la ineficacia de un régimen ensimismado, condenado a una economía de estricta supervivencia al desvanecerse la Unión Soviética (25 de diciembre de 1991), quizá un poco antes, cuando se puso de manifiesto que el reformismo de Mijail Gorbachov no tenía puerto de llegada, sino que navegaba por un océano tempestuoso.

“La revolución cubana es una democracia humanista”, dijo Castro en los prolegómenos de la victoria, pero dos años más tarde se declaró marxista-leninista, una contradicción en términos que no tuvo efecto en el vínculo establecido con la izquierda europea, condicionada también ella por la lógica de la guerra fría, por la intromisión permanente de Estados Unidos en competencia con la Unión Soviética y por el atractivo de los grandes principios defendidos con las armas por los barbudos en la selva indómita. “Ciega ante la implacable represión interior, la izquierda europea se mantuvo durante mucho tiempo seducida por el mito castrista”, ha escrito un editorialista de Le Monde.

Creció el mito y detrás de él desapareció el hombre, el gobernante, el edificador de un régimen que fue durante años una de las grandes causas morales del pensamiento progresista universal, pero que con el paso del tiempo se transformó en una gerontocracia instalada en el poder, inasequible a la crítica, incapaz de revisar su obra y de ponerla al día. En esa mutación genética nada fue ajeno al embargo económico impuesto por Estados Unidos, más concretamente todo remite a él en el tránsito de las ilusiones a la mano dura, pero no todos los males deben atribuirse al castigo del embargo, encerrada la nomenklatura cubana en la fortaleza levantada para perpetuarse en el poder.

Dice Rafael Rojas que el duelo presente “es la caricatura de otro más profundo, vivido en la conciencia de los cubanos desde mediados de la pasada década”, cuando la enfermedad apartó del puente de mando al líder carismático. Es cierto, en la educación sentimental de los cubanos que no optaron por el escepticismo, la oposición interna o el exilio en Miami, el legado fáctico de Fidel –la sanidad universal, el final del analfabetismo, el desarrollo de la cultura– sigue pesando más que la triste decrepitud de las ciudades, de esa Habana bellísima y desconchada, de esa industria acartonada e ineficaz, de esa vigencia insólita de los almendrones, coches viejísimos que circulan por la isla desde antes de la revolución, de ese prurito por resistir a cualquier precio, en realidad, a un altísimo precio. Y sigue pesando también el legado romántico de los eslóganes –Patria o muerte, Revolución o muerte, Venceremos, Hasta la victoria siempre–, tan cercanos al léxico desgarrado de cuantas guerras precedieron a la brega de Fidel: O Roma o morte (Giuseppe Garibaldi), No pasarán (en Madrid, antes de la gran derrota).

En los rostros compungidos de muchos de cuantos se apostaron en el camino recorrido por las cenizas de Fidel se impuso el recuerdo de lo logrado, de la mejora que experimentó la isla en cuanto la mafia de Estados Unidos y una economía depredadora dejaron de ser dueñas de la situación, de muñir un régimen a su servicio. Todo lo demás ocupó un lugar secundario en su memoria, si es que ocupó alguno. Para estos afligidos a pie de calle, el desafío de lograr la zafra (cosecha de caña de azúcar) más grande de la historia, acogerse al léxico revolucionario –un diccionario entero puesto en boga por los comandantes guerrilleros– y rememorar las grandes concentraciones de masas tiene un valor inextinguible, cuando ya Castro es parte del pasado, absuelto de antemano por ellos mucho antes de que lo haga la historia, si es que eso sucede y no justo lo contrario, como vaticina Antoni Traveria: “Las páginas de la otra historia que Fidel ha ido escribiendo día tras día durante estas largas décadas, las del ejercicio del poder absoluto desde un régimen autocrático sin libertades, con corrupción institucionalizada y violaciones a los derechos humanos, no le van a poder librar de una sentencia severa y condenatoria”.

Ninguno de cuantos han vertido una lágrima sincera al morir el comandante acepta que mucho antes de extinguirse pasó a formar parte del conglomerado de figuras políticas amortizadas por la Realpolitik. Como hace medio siglo sucedió con el Che, el compendio de méritos contraídos por el castrismo fue absorbido por la lista de fracasos acumulados. El camino de Cuba hacia otra parte empezó durante el largo ocaso del líder, urgido Raúl Castro, y con él el partido y el Ejército, las dos columnas vertebrales del régimen, a dar con una salida rápida y diferente para superar la decadencia, la economía estancada, los salarios misérrimos y el descontento o la decepción por las promesas que nunca se concretaron. A eso llevó un ejercicio de realismo inaplazable cuando Castro sumaba años en silencio salvo contadas apariciones o sus digresiones esporádicas en Granma, tan superadas por los acontecimientos.

“Las ideas quedarán”, dijo el anciano Fidel Castro Ruz, próximo el viaje sin retorno, pero cuanto asoma en el horizonte cubano tiene poco que ver con aquella revolución, tantas veces acosada, desde hace tiempo, agónica, que él encabezó. Por el contrario, la posibilidad de un capitalismo a la china tutelado por el Estado, de un capitalismo a la vietnamita con idéntica tutela, de algo que mantenga en el poder al partido único y sitúe a las empresas en el mercado, gana adeptos todos los días, tan lejos el conjunto previsible de aquella ensoñación del hombre nuevo, de la propiedad colectiva y de otros aditamentos hoy discutidos. Estados Unidos ha dejado de ser la causa de todos los males para convertirse en la solución más cercana si Donald Trump no comete la torpeza sectaria de bloquear el proceso puesto en marcha por Barack Obama. Castro dejó de existir como guía de la revolución bastantes años antes de exhalar el último aliento.

“Luchamos por una Cuba democrática y por el final de la dictadura”, declaró en 1957 el guerrillero Fidel Castro a Herbert L. Matthews, periodista de The New York Times. Luego vinieron el desembarco anticastrista de playa Girón (bahía de Cochinos), la crisis de los misiles, el embargo de Estados Unidos, la salvaguarda soviética, la obcecación ideológica, la represión, el desencanto y tantos otros ingredientes propios de un final infeliz. El sueño democrático, de las libertades públicas, del libre examen y del pluralismo político se evaporó en el caldero de un poder enquistado. ¿Cuál es el camino de la regeneración para acabar con la inercia dictatorial, promesa que Fidel nunca cumplió? Nadie en la isla es capaz de vaticinarlo después de que el último gran líder comunista se haya sumido en el sueño eterno.

Venezuela, tan cerca del abismo

Nunca segundas partes resultaron tan confusas y peligrosas como las que en la prolongación del chavismo encarna el presidente Nicolás Maduro, metidos en el despeñadero Venezuela y él desde hace demasiado tiempo como para esperar grandes logros de la cita con la oposición de este domingo en isla Margarita. Desde que un grupo de militantes bolivarianos ocupó la Asamblea Nacional el día 23, cuando debía discutirse el posible procesamiento político de Maduro, se han sucedido las novedades, los momentos de relativa esperanza y los de total desconfianza: el papa Francisco recibió al presidente de Venezuela el 24, diferentes tandas de manifestaciones y proclamas a voz en grito tomaron las calles los días siguientes, se anunció un aumento del 40% del salario mínimo –nada reparador con una inflación que andará cercana al 500% cuando acabe el año–, se convocó huelga general por la oposición para el 28, hubo anuncio de la cita en isla Margarita para el 30 y anuncio también de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) convocaba una concentración frente al palacio de Miraflores, sede de la presidencia, para el 3 de noviembre. Demasiados anuncios à bout de souffle para serenar los ánimos.

Dice Miguel Ángel Bastenier sobre la institucionalidad chavista: “Es el Estado comunal o socialismo del siglo XXI, que un día debería reemplazar plenamente a la institucionalidad democrática”. Es un retrato preciso de un proyecto u opción fallido desde que el petróleo dejó de ser el cuerno de la abundancia que debía financiar y reparar todas las injusticias sociales. Es también la foto fija de lo que podía haber sido mientras la atmósfera acompañaba, pero que dejo de ser factible en cuanto se quedó casi a solas a causa de la decantación conservadora de países de referencia del entorno venezolano, así por las buenas –Argentina, que confío en Mauricio Macri la sucesión de Cristina Fernández– como a las bravas –Brasil, que apartó de la presidencia a Dilma Rousseff mediante impeachment–, o por debilidad de varios aliados históricos (Bolivia, Ecuador, Nicaragua). Y la frase de Bastenier es asimismo la descripción de la cancha en la que el choque de trenes se antoja cada vez más próximo, si no es que estos días convulsos lo son ya o lo fueron antes los del procesamiento de Leopoldo López y la victoria estruendosa de la MUD en las elecciones legislativas.

La pretensión de Diosdado Cabello, diputado chavista y quizá ideólogo del movimiento –uno de ellos, al menos–, de blindar la por él llamada revolución, resulta un ejercicio político de radicalidad extrema, porque la eficacia del entramado bolivariano ha deslizado al país por una pendiente de carencias y frustración cada vez mayores. “La confiscación de derechos por parte de quienes no han sabido administrar el poder está colocando en los límites a la ciudadanía venezolana”, afirma un articulista en El Universal, el periódico más leído de la oposición, y su opinión no es más que la versión local de la declaración aprobada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), donde coinciden 25 exjefes de Estado y de Gobierno de orientación muy variada, de Óscar Arias a José María Aznar, de Felipe González a Vicente Fox, pero que comparten una misma opinión: se ha producido en Venezuela una ruptura del orden constitucional.

En esa atmósfera de enconamiento sin límites, la mediación papal es a la vez la última posibilidad de encauzar la crisis y también una operación de riesgo extremo en la que quizá sea insuficiente el prestigio de Francisco, en Latinoamérica mayor que en ningún otro lugar, y la habilidad de la diplomacia vaticana. Hay una tradición que sustenta el paso dado por el Papa –la reanudación de relaciones de Estados Unidos y Cuba, el último caso–, pero hay demasiados cabos sueltos y los bandos enfrentados lo fían casi todo a medir sus fuerzas en la calle y en utilizar las instituciones para lograr sus propios fines y neutralizar los de sus adversarios. A cada día que pasa crece la sensación de que no caben bajo el mismo techo el chavismo sin Hugo Chávez y la oposición variopinta que engloba la MUD, el reformismo centrista de la mayoría parlamentaria y el programa heredado del líder desaparecido. Agravado todo por una irrefrenable crisis de subsistencias.

Si la situación no fuese la que es, la intervención del Vaticano parecería un puerto de llegada seguro, pero cuando en primera línea del conflicto se agita una sociedad dividida siempre, movilizada muy a menudo y desorientada con frecuencia, los riesgos crecen exponencialmente. Cuando los gabinetes de propaganda trabajan a todo gas, apenas quedan momentos para la reflexión; cuando Telesur, iniciativa chavista, difunde un esquema de “golpe suave” presuntamente en marcha, estructurado en cinco etapas –ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, combinación de formas de lucha y fractura social–, se alarma media Venezuela; tiempla la otra mitad cuando El Nuevo Herald, periódico conservador de Miami cercano al anticastrismo en el exilio, da cuenta de hasta tres operaciones diferentes preparadas por los duros del chavismo para sustituir a Maduro. Es posible que nada sea del todo cierto, pero acaso no todo sea falso o fruto de la capacidad de fabulación de los medios, y así crece la alarma y la política se convierte en una reyerta sin tregua.

Ha llevado Nicolás Maduro el experimento chavista hasta un callejón sin salida y ha carecido de la habilidad necesaria para conservar algunos aliados reconocibles e influyentes en América y Europa. Se ha comportado Maduro con una torpeza impropia en quien debe dirigir un proyecto heterodoxo, encaminado a redimir a los más vulnerables de sus conciudadanos, pero que finalmente se manifiesta como una superestructura de poder que pretende perpetuarse en el puente de mando con el recurso permanente a la huida hacia adelante. Nadie es nunca del todo inocente en la brega política, y la oposición venezolana no es una excepción ni por asomo, pero los líderes bolivarianos de hoy han tenido la perniciosa habilidad de perder la batalla de la opinión pública a escala internacional, tan importante en la aldea global.

“Venezuela vive un punto de quiebre. (…) Y no hay duda de que añadirle más presión a la olla que ya es la sociedad venezolana podría hacerla explotar”, dice Hugo Prieto, un prestigioso periodista caraqueño, en un artículo publicado en The New York Times. El mismo Hugo Prieto que sostenía en mayo: “Este es un país profundamente chavista”. Pero que ahora denuesta la intromisión de los tribunales en el proceso encaminado a convocar un referéndum revocatorio, al entender que “la jugada pone en jaque a la democracia venezolana y entraña riesgos imprevisibles para el Gobierno y la oposición”. Y al emitir tal opinión suma su voz a la de tantos defraudados que contemplan con estupor cómo Venezuela está cada día más cerca del abismo, mientras el gran mudo, el Ejército, se mantiene más silencioso y enigmático que nunca, porque Chávez era uno de los suyos, pero Maduro no lo es.

 

 

 

Autogol de Colombia

La congelación o suspensión del acuerdo de paz en Colombia después del inesperado triunfo del no en el referéndum celebrado el último domingo deja el futuro a merced de la voluntad negociadora –renegociadora, dicho sea de forma más apropiada– de dos enemigos acérrimos, el expresidente Álvaro Uribe y las FARC, de la complicidad del presidente Juan Manuel Santos con un proceso envenenado por la desconfianza y los agravios históricos, y de la habilidad de los intermediarios para preservar la tregua, prorrogada por el momento hasta el 31 de octubre. “¿De ahí para adelante continúa la guerra?”, se preguntó Rodrigo Londoño, alias Timochenko, sumido en las incógnitas de un porvenir incierto si antes de vencer octubre no se ha dado con la salida de este laberinto. En verdad, nadie sabe hoy a ciencia cierta cómo evitar que la suntuosa firma de los acuerdos en Cartagena de Indias, el 26 de septiembre, quede como “el mayor hecho histórico que nunca sucedió”, en palabras del escritor argentino Martín Caparrós, más allá de la prueba fotográfica de que la comunidad internacional aceptó enfundarse en guayaberas resplandecientes para saludar la paz impugnada luego por los votantes.

En aras de la precisión, hay que decir que fue poco más del 19% del censo el que tumbó el acuerdo de paz, mientras que muy poco menos del 19% lo apoyó. Por no muchos más de 50.000 votos de diferencia el andamiaje se vino abajo y el país quedó dividido en tres bandos: el del , el del no y el de la abstención (62% de los votantes potenciales), aquel que se mantuvo al margen de la decisión, que quizá ve la política como una superestructura poco fiable o de la que no siente formar parte, y que, en última instancia, fue determinante para bloquear el proceso. Muchos colombianos cayeron en la cuenta de esta realidad trifronte cuando el recuento desmintió las encuestas y a ojos suyos se concretó un país inesperado. “Hay momentos en que muchos ciudadanos chocan contra algo que no sabían qué era y resultó ser su país. Ese descubrimiento, el horror de ese descubrimiento. Esa es la sensación que tenían, domingo por la noche, tantos colombianos”, escribió Martín Caparrós en The New York Times.

En este país tridimensional dejado al descubierto por el peso de la abstención resulta revelador que de los 81 municipios más golpeados por el conflicto Estado-guerrilla, en 64 ganase el , según un estudio realizado por la Fundación Pares. En cambio, en distritos urbanos alejados de medio siglo de calamidades y muerte, venció el no. En ambos casos, cabe atribuir el resultado a la política de las emociones más que al análisis político: del lado del , porque la paz permitía cubrir muchos años de tragedias con el manto del perdón, de la amnesia o de la coexistencia pacífica; del lado del no, porque el recuerdo del pasado y la reclamación de que los terroristas comparezca ante los tribunales se impuso al realismo político, a la posibilidad de cerrar el conflicto sin un periodo de expiación. Estas emociones a flor de piel fueron el resorte que sumó votos en un sentido u otro, unido todo a viejas rencillas, a la pugna por el poder entre Uribe y Santos y al riesgo de que el populismo, no solo el que puedan activar los dirigentes de la guerrilla, se apodere del discurso político, según el parecer del analista colombiano Álvaro Forero en las páginas del bogotano El Espectador.

La variedad de argumentos a favor y en contra de la paz recogidos por el periódico liberal londinense The Guardian refleja esa mezcla de emociones incontenibles y de argumentos políticos simplificados. “Estoy decepcionado”, “no se alcanzará un nuevo acuerdo”, “una vergüenza nacional”, “necesitamos perdonar”, “necesitamos unirnos”, “[el referéndum] revela una debilidad importante”, son algunas de las frases de los partidarios del . “Más compromiso y menos arrogancia”, “soy extremadamente optimista”, “las libertades no deben concederse a los terroristas”, “demuestra que somos un pueblo responsable”, “[el ] es como apoyar los crímenes de Pablo Escobar”, proclaman los adscritos al no. Entre unos y otros, en el seno de esta versión binaria de una realidad muy compleja, quedan sin dueño los tonos grises propios de un acuerdo político para un conflicto a todas luces político con más culpables que inocentes o con menos inocentes de los que cada parte cree atesorar.

Jaime Abello Banfi, director de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, creada por Gabriel García Márquez, ve detrás de la pugna de Santos y Uribe “la guerra que se ha venido dirimiendo no solo contra las FARC, sino una despiadada lucha por el poder en las élites de Colombia”. Pero este conflicto en el seno del establishment, tan presente en los medios, tuvo una incidencia definitivamente menor en la decantación de los votantes, confundió a los encuestadores, que vislumbraron comportamientos políticos inducidos por los estados mayores de los partidos, pero poco visibles en la calle, y recluyó en su domicilio a la mayoría del censo, como si el conflicto no fuese con él y no afectara a su futuro, como si un escepticismo radical y profuso alejara a la mayoría de las urnas.

¿Y ahora qué? Cuando buscar una salida depende en gran medida de la negociación entre Álvaro Uribe y las FARC, “dos enemigos jurados”, en palabras de Álvaro Forero en Le Monde, ninguna muestra de optimismo está justificada. Porque en el alma del partido del no alienta el deseo de que, fruto de la revisión de lo acordado en La Habana, la guerrilla acepte alguna forma de castigo que borre a ojos suyos –de Uribe y su entorno (el Centro Democrático)– la sensación de impunidad que se desprende de lo pactado, firmado y rechazado en referéndum. “¿Cómo los van a convencer de recibirlo [un castigo]?”, se pregunta Martín Caparrós, si una de las premisas de los comandantes de las FARC es que su acomodación a la política institucional descanse sobre una especie de perdón implícito o sobrevenido por la renuncia a las armas, la incorporación a la vida civil de los combatientes y la conversión de la organización en partido con presencia asegurada en el Parlamento durante dos legislaturas. ¿Quién puede convencer a la guerrilla de que debe desandar este camino y acepar que sean los jueces los que determinen quiénes deben ser exculpados y quiénes no?

“El centro no declarado del debate no ha sido la paz de los colombianos, ha sido la utilización de la votación por el plebiscito como un instrumento político. Pero no de alta política. Ha sido de la baja: del asalto al poder, de la puja por saber quién es más fuerte, de la imposición ideológica”, afirma el intelectual Carlos Castilla Cardona en el diario El Tiempo, de Bogotá. Esta puja por medir quién es más fuerte llevó a Santos a someter a consulta el acuerdo, cuando nada le obligaba a ello, y a Uribe a instalarse en el no sin un plan alternativo para cuando, llegado el caso, hubiese que reescribir lo acordado en La Habana. En ambos casos, el error de apreciación fue enorme: el presidente sufrió una derrota en el referéndum que le debilita en grado sumo y el expresidente se ve obligado a acudir a la mesa de negociación sin más propuesta que judicializar la paz. Nadie salió ganando, ni siquiera los partidarios del no, y, en cambio, todos pusieron al servicio de su futuro político la concreción de una paz histórica que despejaba el futuro de Colombia, llenó a un tiempo de incertidumbres y oportunidades. Como ha escrito Héctor Abad Faciolince en las redes sociales, “no hay nada que disimular”: el referéndum del 2 de octubre fue una derrota en todas direcciones, un autogol. Ni siquiera el Premio Nobel de la Paz otorgado al presidente Santos parece suficiente para aligerar una atmósfera tan cargada.

Paz colombiana sin alternativa

La proximidad de la firma del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno de Colombia y las FARC y del referéndum que debe aprobarlo (26 de septiembre y 2 de octubre respectivamente) han avivado la controversia sobre la legitimidad o derecho del presidente Juan Manuel Santos de hacer tabla rasa a decenios de combates, secuestros, extorsión y narcotráfico. Se trata de un debate jurídico, pero también político; de un debate entre lo ideal y lo real, pero también entre adversarios políticos irreconciliables; de un debate entre la esperanza depositada en el futuro y el lastre que procede del pasado, pero también de los sentimientos que albergan las víctimas. Frente a la idea de que todo desenlace de una guerra sin vencedores obliga a hacer concesiones que quedan fuera del Código Penal se alza el argumento ético del respeto a la ley, cueste lo que cueste –dura lex, sed lex–, esgrimido por los contrarios al acuerdo, sospechosos a su vez de acogerse a la máxima del derecho romano para no desvelar o poner sobre la mesa otras razones de índole personal, de rivalidad política o simplemente de mal disimulado oportunismo.

Cuando es posible dar con las primeras dosis de envenenamiento de una sociedad no más cerca de 1948 –el bogotazo, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán–, un tratamiento convencional para desintoxicarla apenas tiene posibilidades de éxito. Todos los caminos explorados antes de los cuatro años de negociaciones que han alumbrado el acuerdo han sido intentos fallidos, episodios de frustración colectiva, oportunidades perdidas en un crucigrama plagado de enunciados abstrusos. “Los enemigos del diálogo están enfermos de resentimiento y de ira”, ha dejado dicho en el diario bogotano El Espectador el escritor Héctor Abad Faciolince, cuyo padre fue asesinado por los paramilitares en 1987. Al mismo tiempo, comprende Abad los celos de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, humanamente explicables, dice, porque Santos logró lo que ellos persiguieron y no alcanzaron, pero no ve otro camino para silenciar las armas que empezar de cero y dejar de buscar cobijo en la negra espalda del tiempo (el concepto está tomado de Javier Marías que a su vez lo tomó de William Shakespeare).

En ese largo conflicto que quizá se encamina hacia su fin nadie es inocente salvo las víctima atrapadas en la refriega, en el fuego cruzado entre una utopía emancipadora que fue al fin distopía y la soberbia de un Estado a menudo venal, insensible ante la pobreza y el desamparo de comunidades campesinas dejadas a su suerte desde la noche de los tiempos. Acaso se acerquen a su final las guerras del coronel Aureliano Buendía, aquellas cuyo cronista fue Gabriel García Márquez, guerras interminables noveladas, pero no siempre de ficción o imaginadas, que llegaron hasta nuestros días debidamente transformadas hasta no tener cabida en la literatura, o puede que sí –Noticia de un secuestro–, y aparecer desde hace un par o tres de generaciones en las secciones más ensangrentadas de los noticiarios.

“Ambos lados –el del sí y el del no– se revelan como unos abanderados del bien y con ínfulas de superioridad moral sobre el otro, como si cada uno fuera dueño de la verdad y por eso tuviera el derecho a mandar y a pisotear”, ha escrito Catalina Gallo en El Tiempo de Bogotá. No hay superioridad moral alguna en ninguno de los dos bandos, pues ambos, en algún momento, fueron actores principales en la producción de cadáveres y la difusión de prácticas abominables; no es posible plantear el referéndum en estos términos porque sería tanto como suponer que la limpieza de espíritu de una parte de los colombianos –importa poco cuál– condena a la otra, la deja marcada con un estigma imborrable y para siempre. Todo cuanto rehúye el análisis político de un conflicto político que solo admite respuestas políticas tiende a enturbiar la realidad si no es que la adultera por completo.

Aun así, el recurso presentado ante el Consejo de Estado contra la pregunta a la que deberán responder los ciudadanos se acoge a dos formalismos de naturaleza jurídica para eludir los ingredientes políticos que se dan en el caso: la impunidad de quienes delinquieron y la inclusión de la palabra paz en la pregunta por ser “una inducción directa al votante”. Contra la creencia del presidente Santos de que tiene la facultad de redactarla según mejor le parece, los recurrentes entienden que la paz es un derecho y “no se puede usar con el sentido” que se ha hecho, como si la única vía para alcanzar “una paz estable y duradera” fuese la aprobación de lo acordado trabajosamente en La Habana. “No me trago el sapo de los delitos atroces, el de la justicia, el de la impunidad y el del narcotráfico”, proclama el senador Everth Bustamante, exintegrante de la guerrilla urbana M19 y hoy en las filas del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, pero al manifestar su oposición al acuerdo soslaya un dato capital: las condiciones mediante las cuales aceptó la vía institucional el grupo al que pertenecía el hoy senador tuvieron un impacto emocional considerable a comienzos de los 90, hubo también un debate jurídico que discurrió en paralelo al desenlace político.

Al internarse en el laberinto de los razonamientos jurídicos, los contrarios a dar por buenos los términos de la paz negociada con las FARC evitan las complejidades inherentes a ofrecer una alternativa a lo pactado. Descartada la victoria militar absoluta del Estado y admitidos los riesgos propios de la aplicación de unos acuerdos llenos de complejidades, a ojos de los negociadores, de los intermediarios, de los partidarios de dar el sí el 2 de octubre, no hay otro sendero practicable; no es posible salir del enredo si se quiere abrir una causa general contra la guerrilla que la señale como única responsable de la matanza. Los riesgos de enquistamiento, de dolencia crónica e incurable –el caso del ELN, que sigue intransigente en la selva–, son mayores que aquellos que pueden desprenderse de la pervivencia de una facción irreductible de combatientes, de la dificultad misma de convertir a los militantes de las FARC en ciudadanos desarmados y aceptados en las instituciones por el establishment.

Una última razón ilustra la conveniencia de apoyar el compromiso de La Habana: mientras las situaciones abruptas se han adueñado de la política en Venezuela, Brasil y Bolivia, y esa tendencia al drama nacional diseña un futuro indescifrable, por lo menos poco halagüeño, la opción colombiana transmite la idea de un futuro verosímil, de un espacio político habitable a pesar de todo. No hay nada especialmente innovador en la apuesta colombiana más que la apuesta misma por un desenlace basado en un posibilismo extremo que da sentido al convencimiento de que cualquier alternativa es peor a lo pactado, sobre todo si entraña judicializar la política, llevar a Timochenko y a sus seguidores ante un tribunal para que den cuenta de lo sucedido. “Este no es el viejo mundo jodido por los demonios del pasado”, declaró hace dos años el periodista Jon Lee Anderson a El Tiempo. Ese es el reto.

 

El chavismo, en el ocaso

La crisis política, económica y social que zarandea Venezuela se ha adentrado en el frondoso bosque del referéndum revocatorio (cancelación del mandato del presidente Nicolás Maduro), lleno de trampas para elefantes y propicio para los debates bizantinos. Los esfuerzos de la oposición para reunir las firmas necesarias para que se celebre la consulta chocan con la predisposición del Comité Nacional Electoral a bloquear el proceso; las proclamas del Gobierno de someterse a lo dispuesto en la ley del 2007 son escasamente convincentes al predominar en ellas el indisimulado propósito de evitar a Maduro la prueba; ambos bandos, en fin, aparecen enfrentados en un litigio que difícilmente admite una gestión estrictamente institucional.

Se respira en Venezuela el aire viciado por un Parlamento abiertamente hostil al presidente y viceversa, una gestión económica errática cuando no insostenible y el hartazgo de una población que debe amoldar su vida cotidiana a tres desafíos: la inseguridad sin remedio, una inflación galopante y la escasez de productos de primera necesidad. Algunas de las medidas adoptadas para ahorrar energía –en realidad se deben a los cortes en el suministro eléctrico–, señal inequívoca de la gravedad del momento, y la sensación de que las teorías conspirativas se han convertido en la gran justificación para todas las penalidades inducen a pensar que el Gobierno marcha muy por detrás de los acontecimientos, improvisa todos los días y aspira a salvar los muebles con la movilización del núcleo de adeptos que aún le quedan.

Si la inflación superó en el 2015 el 200%, según datos que maneja la oposición, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la de este año llegue al 700% –cien puntos de más o de menos poco importan–, no es exagerado decir que el bolívar ha dejado de tener valor y todos los aumentos salariales anunciados por Maduro no son mucho más que un brindis al sol. Si el precio del petróleo se mantiene en los parámetros actuales, no es desmesurado decir que el país se encuentra ante un problema irresoluble, típico de economías basadas en un monocultivo: a corto plazo, no hay alternativas visibles para superar la escasez y la crisis social en ciernes. Si el Gobierno no admite la realidad de que el Parlamento le es hostil –la oposición dispone de una mayoría aplastante–, se condena a sí mismo a convertirse en una máquina de poder cada día más alejada de la calle y con menos medios para forjar complicidades.

Mientras Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dispone a recibir en Washington a una delegación de parlamentarios de la oposición venezolana, la cancillera Delcy Rodríguez considera ridícula la pretensión de activar la Carta Democrática Interamericana. “Además de la profunda ignorancia que significa esta solicitud, además de esta profunda ignorancia que demuestra la derecha, lo único que está en su corazón y en su pretensión es la intervención de Venezuela. Eso no procede. No nos dejemos presionar por esos fantasmas que no existen”, declaró la titular de Relaciones Exteriores a Globovisión. Y la referencia a la derecha apareció entrecomillada en la frase recogida por diario El Universal, altavoz de la oposición, porque es bastante cierto que el conglomerado de los descontentos ha dejado de ser solo el punto de encuentro de los conservadores alarmados desde el principio por el chavismo, y es hoy un movimiento que acoge un amplio abanico ideológico.

Da la impresión de que los herederos de Hugo Chávez han ahuyentado o defraudado a una parte importante de la base social sobre la que se levantó un proyecto de naturaleza populista destinado a refundar la república. El nacionalismo panamericano representado en su día por Simón Bolívar fue el santo y seña genérico de un programa reformista, si no viable, sí al menos posible, financiado con las rentas de un petróleo caro. El rescate de una parte de la población, condenada hasta entonces a vivir en condiciones de pobreza extrema, llevó a los rescatados a aspirar a unas condiciones mínimas de estabilidad para consolidar su nueva situación, pero entre tanto el Estado no buscó en otros campos ingresos diferentes a los del petróleo, y cuando estos menguaron, el mecanismo reformista empezó a fallar por falta de recursos. Si a lo dicho se suman una fiscalidad desconcertante, la corrupción y la tendencia a simplificar los problemas del equipo de Maduro, todo lleva a pensar que el experimento ha llegado al ocaso de su existencia.

El desplome del PIB contabilizado por el Banco Central de Venezuela presagia lo peor. En el 2014 cayó el 4%; en el 2015, el 5,7%; para el 2016 se estima que la caída será del 8%. Con estas cifras no hay sistema económico que resista, y menos en un entorno poco propicio en el que Cuba mira a Estados Unidos y a la Unión Europea, Brasil se debate en una crisis existencial, Argentina emite las primeras señales de conflicto social desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri y en Bolivia no prosperó en las urnas el deseo de Evo Morales de aspirar a un nuevo mandato. No es solo que Chávez tuviese un poder de atracción del que carece Maduro, es que además se movió en un ecosistema político latinoamericano propicio, muy diferente al presente.

La incontinencia verbal del presidente venezolano, que lo mismo arremete contra Mariano Rajoy que contra Barack Obama, contra la oposición o contra los defensores –Felipe González entre otros– de los líderes encarcelados, ha dejado de ser el resorte adecuado para desviar la atención de los problemas internos. Cuando la cultura de las colas frente a los comercios desabastecidos se suma a la falta de medicamentos, a los apagones y muchas pequeñas carencias presentes en todas partes, solo los muy convencidos siguen pensando que la culpa es de los otros y no de quienes gobiernan y se obstinan en perseverar en un programa que no aporta ninguna solución o solo una: una permanente y estéril huida hacia adelante.

La demanda por traición a la patria que los diputados chavistas interpondrán en el Tribunal Supremo contra los de la oposición que han instado a la OEA a activar la Carta Democrática Interamericana no es más que una maniobra de evasión para soslayar la realidad. Diosdado Cabello, expresidente del Parlamento y promotor de la iniciativa, es la viva imagen del distanciamiento de la realidad que cultiva el régimen. Ni siquiera la izquierda ilustrada que apoyó al chavismo en sus inicios ve hoy en sus continuadores el remedio a los males que atenazan a la sociedad venezolana. Tampoco se vislumbra una receta eficaz en las proclamas de la oposición, bastante menos cohesionada de lo que pudiera pensarse, pero de momento está legitimada por el apoyo de las urnas y por su apego a los usos democráticos. Si este punto de partida es suficiente para rescatar al país de la postración y evitar la fractura social, nadie lo sabe, pero es de temer que no baste si no es posible un pacto político en el que participe el chavismo, que controla todos los resortes del Estado y tiene por el momento al Ejército de su parte. O eso parece.