Fujimorazo de Maduro

Lo más parecido a un golpe de Estado de palacio es la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que cancela las atribuciones del Parlamento so pretexto de que la Cámara ha cometido un delito de desacato. Porque las funciones de las que los diputados son desposeídos pasan a los jueces que firman la condena o resolución, y de ellos a Nicolás Maduro, que concentra así todos los poderes del Estado habida cuenta de la disciplina de partido observada por los magistrados desde hace demasiado tiempo como para dudar de ella.

No se trata de un golpe de Estado palaciego porque lo dice la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea neutralizada, ni porque la Organización de Estados Americanos (OEA) lo corrobora ni por ninguna otra circunstancia, lo es porque la división de poderes ha saltado por los aires. No es tampoco un golpe de Estado porque así lo ha decidido una conspiración internacional, sino porque culmina un proceso que ha llevado a la cárcel a varios líderes de la oposición, ha descoyuntado la economía y ha inducido a Maduro a dejar sin efecto cualquier aproximación al sistema de contrapesos propio de una democracia. Y por último, no es un golpe de Estado porque lo digan líderes conservadores, los de signo progresista, salvo tibiezas injustificables, están de acuerdo en que la democracia ha sido barrida por la inercia de un régimen ineficaz, imprevisible y arbitrario, incapaz de corregir sus errores.

Nunca estuvo el experimento venezolano iluminado por el halo de desafío ético al establishment que tuvo, por ejemplo, la revolución de los barbudos cubanos, pero Hugo Chávez logró construir un relato regenerador de la política de su país y fue capaz de poner en marcha programas sociales financiados con un petróleo que anduvo cerca de los 150 dólares/barril. Hoy las invocaciones a la agresión imperialista y otras soflamas de Maduro y su corte de adeptos suenan a eslóganes desgastados, tan alejados de la realidad como la pretensión de corregir los efectos de una inflación de tres dígitos con subidas del salario mínimo del orden del 40%. Nada funciona en Venezuela: una encuesta citada por El Universal, un diario de oposición, estima que un tercio de la población, 9,6 millones de personas, “ingieren dos o menos comidas al día” y “es mucho el daño que se puede hacer si seguimos por este rumbo desquiciado”, según un articulista que publica en el mismo medio.

Frente a este escenario de pesadilla resulta grotesco el pretexto esgrimido por los jueces para liquidar el régimen constitucional: la decisión del Parlamento de aceptar a tres diputados de distritos de la Amazonia cuya elección fue impugnada por el chavismo y diligentemente censurada por el Tribunal Supremo. Desde que la oposición ganó las legislativas del 2015, el objetivo del grupo de Maduro ha sido desembarazarse de los vencedores y actuar como si la república fuese de partido único, el Socialista Unido de Venezuela; luego la Mesa de la Unidad Democrática puso en marcha el proceso para convocar un referéndum revocatorio del presidente y la ansiedad de Maduro fue en aumento. Cualquier cosa valía para restablecer el orden y dejar fuera de juego a los adversarios políticos.

Ahora, en una reacción típica de toda autocracia que se precie, el Gobierno ve en cuanto viene de fuera gestos hostiles y una oposición premeditada a sus planes, especialmente desde la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, pero lo cierto es que la cercanía al fujimorismo de este golpe de Estado disfrazado de resolución judicial tiene todas las trazas de concretarse en los próximos días a poco que la oposición dispute la calle al chavismo, y este opte por la represión a palos. Dice Vladimir Adrianza en Últimas Noticias, una cabecera chavista, que “Venezuela pasa de una posición defensiva a poner los puntos sobre las íes” en la OEA, pero la organización considera activar la Carta Democrática Interamericana de 2001, a la que Venezuela se adhirió, para, en su caso, impedir la participación del país en las diversas instancias de la OEA, sin que se haya dejado oír más voz de descontento que la de Evo Morales, presidente de Bolivia.

Dice Sandra Oblitas, vicepresidenta de la Comisión Nacional Electoral: “Ningún ente o persona independientemente del cargo que tenga puede imponer ningún tipo de ordenamiento jurídico diferente al que existe en Venezuela”. Lo que sucede es que el Gobierno se ha saltado el ordenamiento jurídico con harta reiteración y ha desoído los consejos de personajes tan diferentes como el papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes es difícil imaginar metidos de hoz y coz en una conspiración internacional contra Venezuela. Más parece que el frente de rechazo formado por Nicolás Maduro, Cilia Flores, esposa de Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los ideólogos del chavismo realmente existente han optado por enrocarse en el poder e imposibilitar todo asomo de reforma de un modelo en ruinas a causa de la quiebra económica, la fractura social y la división política.

Como en los peores momentos de la historia venezolana, en los que la violencia se impuso a los programas, hoy caminan el Gobierno y sus adversarios hacia una cita que presagia inevitablemente un desenlace dramático. Quedan muy lejos los días del frente reformista con Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, acaso Nicaragua, en los que Hugo Chávez encontró el ambiente propicio, olvidados los tiempos del golpe de Estado de los carapintadas que él dirigió para acabar en la cárcel. No hay nada en el vecindario de Maduro que le sea remotamente favorable, ni siquiera las reservas de petróleo almacenadas bajo el subsuelo caribeño; Latinoamérica ha cambiado profundamente, mientras la vía venezolana hacia la redención social ha degenerado hasta desfigurar el sistema democrático mediante el que el chavismo llegó al poder.

¿Cuál será el paso siguiente en el camino desde la división de poderes a la dictadura sin aditamentos que la encubran? ¿Qué movimientos sopesa la oposición agavillada en la Mesa de la Unidad Democrática, acogida a la legitimidad que le otorga haber obtenido una aplastante mayoría en las últimas elecciones legislativas? ¿Qué papel se reserva la OEA en este desastre político, que puede convertirse en tragedia a poco que la escalada de la tensión siga su curso? Y por último, ¿qué hará el Ejército, el gran mudo, en esta carrera de despropósitos: seguirá disciplinadamente del lado del sistema, como en los días de Chávez, o solo ve en Maduro la figura de un líder fracasado? Ninguna de estas preguntas admite una sola respuesta

 

Fidel, la lógica del poder

La caravana o séquito funerario que lleva las cenizas de Fidel Castro a Santiago de Cuba ha seguido el mismo trayecto que aquella Caravana de la Libertad que en enero de 1959, en sentido contrario, trajo a La Habana el anuncio de un tiempo nuevo, el triunfo de la revolución en lucha contra la dictadura ominosa de Fulgencio Batista. Pero este viaje de vuelta transmite la sensación de repliegue, de vuelta a los orígenes y de final irreversible de una utopía que acabó en totalitarismo insufrible, sentido todo al mismo tiempo, como sucedió y sucede con las opiniones encontradas que suscitó el comandante siempre, santo y seña de su vida y obra al sumergirse en las brumas de la historia. Para los convencidos, el regreso a Santiago es el último mensaje del líder desaparecido para seguir por la senda de cuanto nació al sur de la isla, en Sierra Madre, legado inextinguible que debe protegerse de los adversarios; para la disidencia, los críticos o los defraudados, la tierra de Santiago acoge para la posteridad un espejismo o una pesadilla, acaso un equívoco, algo que nunca fue o pudo ser lo que se anunció que sería.

No hay duda de que después de los padres de las independencias latinoamericanas, Fidel Castro ha sido el líder más influyente, más estudiado, leído, alabado y denostado del continente; en Cuba, solo la figura de José Martí se equipara a la suya. “Para cuando Batista huyó del aeropuerto de La Habana poco antes de la medianoche del año nuevo de 1959, Castro ya era una leyenda”, ha escrito Anthony DePalma en The New York Times, y fue mérito del joven revolucionario, del orador caudaloso, del gobernante implacable, mantener la leyenda en primer plano y ocultar detrás ella las debilidades del experimento, la merma de las libertades y la ineficacia de un régimen ensimismado, condenado a una economía de estricta supervivencia al desvanecerse la Unión Soviética (25 de diciembre de 1991), quizá un poco antes, cuando se puso de manifiesto que el reformismo de Mijail Gorbachov no tenía puerto de llegada, sino que navegaba por un océano tempestuoso.

“La revolución cubana es una democracia humanista”, dijo Castro en los prolegómenos de la victoria, pero dos años más tarde se declaró marxista-leninista, una contradicción en términos que no tuvo efecto en el vínculo establecido con la izquierda europea, condicionada también ella por la lógica de la guerra fría, por la intromisión permanente de Estados Unidos en competencia con la Unión Soviética y por el atractivo de los grandes principios defendidos con las armas por los barbudos en la selva indómita. “Ciega ante la implacable represión interior, la izquierda europea se mantuvo durante mucho tiempo seducida por el mito castrista”, ha escrito un editorialista de Le Monde.

Creció el mito y detrás de él desapareció el hombre, el gobernante, el edificador de un régimen que fue durante años una de las grandes causas morales del pensamiento progresista universal, pero que con el paso del tiempo se transformó en una gerontocracia instalada en el poder, inasequible a la crítica, incapaz de revisar su obra y de ponerla al día. En esa mutación genética nada fue ajeno al embargo económico impuesto por Estados Unidos, más concretamente todo remite a él en el tránsito de las ilusiones a la mano dura, pero no todos los males deben atribuirse al castigo del embargo, encerrada la nomenklatura cubana en la fortaleza levantada para perpetuarse en el poder.

Dice Rafael Rojas que el duelo presente “es la caricatura de otro más profundo, vivido en la conciencia de los cubanos desde mediados de la pasada década”, cuando la enfermedad apartó del puente de mando al líder carismático. Es cierto, en la educación sentimental de los cubanos que no optaron por el escepticismo, la oposición interna o el exilio en Miami, el legado fáctico de Fidel –la sanidad universal, el final del analfabetismo, el desarrollo de la cultura– sigue pesando más que la triste decrepitud de las ciudades, de esa Habana bellísima y desconchada, de esa industria acartonada e ineficaz, de esa vigencia insólita de los almendrones, coches viejísimos que circulan por la isla desde antes de la revolución, de ese prurito por resistir a cualquier precio, en realidad, a un altísimo precio. Y sigue pesando también el legado romántico de los eslóganes –Patria o muerte, Revolución o muerte, Venceremos, Hasta la victoria siempre–, tan cercanos al léxico desgarrado de cuantas guerras precedieron a la brega de Fidel: O Roma o morte (Giuseppe Garibaldi), No pasarán (en Madrid, antes de la gran derrota).

En los rostros compungidos de muchos de cuantos se apostaron en el camino recorrido por las cenizas de Fidel se impuso el recuerdo de lo logrado, de la mejora que experimentó la isla en cuanto la mafia de Estados Unidos y una economía depredadora dejaron de ser dueñas de la situación, de muñir un régimen a su servicio. Todo lo demás ocupó un lugar secundario en su memoria, si es que ocupó alguno. Para estos afligidos a pie de calle, el desafío de lograr la zafra (cosecha de caña de azúcar) más grande de la historia, acogerse al léxico revolucionario –un diccionario entero puesto en boga por los comandantes guerrilleros– y rememorar las grandes concentraciones de masas tiene un valor inextinguible, cuando ya Castro es parte del pasado, absuelto de antemano por ellos mucho antes de que lo haga la historia, si es que eso sucede y no justo lo contrario, como vaticina Antoni Traveria: “Las páginas de la otra historia que Fidel ha ido escribiendo día tras día durante estas largas décadas, las del ejercicio del poder absoluto desde un régimen autocrático sin libertades, con corrupción institucionalizada y violaciones a los derechos humanos, no le van a poder librar de una sentencia severa y condenatoria”.

Ninguno de cuantos han vertido una lágrima sincera al morir el comandante acepta que mucho antes de extinguirse pasó a formar parte del conglomerado de figuras políticas amortizadas por la Realpolitik. Como hace medio siglo sucedió con el Che, el compendio de méritos contraídos por el castrismo fue absorbido por la lista de fracasos acumulados. El camino de Cuba hacia otra parte empezó durante el largo ocaso del líder, urgido Raúl Castro, y con él el partido y el Ejército, las dos columnas vertebrales del régimen, a dar con una salida rápida y diferente para superar la decadencia, la economía estancada, los salarios misérrimos y el descontento o la decepción por las promesas que nunca se concretaron. A eso llevó un ejercicio de realismo inaplazable cuando Castro sumaba años en silencio salvo contadas apariciones o sus digresiones esporádicas en Granma, tan superadas por los acontecimientos.

“Las ideas quedarán”, dijo el anciano Fidel Castro Ruz, próximo el viaje sin retorno, pero cuanto asoma en el horizonte cubano tiene poco que ver con aquella revolución, tantas veces acosada, desde hace tiempo, agónica, que él encabezó. Por el contrario, la posibilidad de un capitalismo a la china tutelado por el Estado, de un capitalismo a la vietnamita con idéntica tutela, de algo que mantenga en el poder al partido único y sitúe a las empresas en el mercado, gana adeptos todos los días, tan lejos el conjunto previsible de aquella ensoñación del hombre nuevo, de la propiedad colectiva y de otros aditamentos hoy discutidos. Estados Unidos ha dejado de ser la causa de todos los males para convertirse en la solución más cercana si Donald Trump no comete la torpeza sectaria de bloquear el proceso puesto en marcha por Barack Obama. Castro dejó de existir como guía de la revolución bastantes años antes de exhalar el último aliento.

“Luchamos por una Cuba democrática y por el final de la dictadura”, declaró en 1957 el guerrillero Fidel Castro a Herbert L. Matthews, periodista de The New York Times. Luego vinieron el desembarco anticastrista de playa Girón (bahía de Cochinos), la crisis de los misiles, el embargo de Estados Unidos, la salvaguarda soviética, la obcecación ideológica, la represión, el desencanto y tantos otros ingredientes propios de un final infeliz. El sueño democrático, de las libertades públicas, del libre examen y del pluralismo político se evaporó en el caldero de un poder enquistado. ¿Cuál es el camino de la regeneración para acabar con la inercia dictatorial, promesa que Fidel nunca cumplió? Nadie en la isla es capaz de vaticinarlo después de que el último gran líder comunista se haya sumido en el sueño eterno.

Venezuela, tan cerca del abismo

Nunca segundas partes resultaron tan confusas y peligrosas como las que en la prolongación del chavismo encarna el presidente Nicolás Maduro, metidos en el despeñadero Venezuela y él desde hace demasiado tiempo como para esperar grandes logros de la cita con la oposición de este domingo en isla Margarita. Desde que un grupo de militantes bolivarianos ocupó la Asamblea Nacional el día 23, cuando debía discutirse el posible procesamiento político de Maduro, se han sucedido las novedades, los momentos de relativa esperanza y los de total desconfianza: el papa Francisco recibió al presidente de Venezuela el 24, diferentes tandas de manifestaciones y proclamas a voz en grito tomaron las calles los días siguientes, se anunció un aumento del 40% del salario mínimo –nada reparador con una inflación que andará cercana al 500% cuando acabe el año–, se convocó huelga general por la oposición para el 28, hubo anuncio de la cita en isla Margarita para el 30 y anuncio también de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) convocaba una concentración frente al palacio de Miraflores, sede de la presidencia, para el 3 de noviembre. Demasiados anuncios à bout de souffle para serenar los ánimos.

Dice Miguel Ángel Bastenier sobre la institucionalidad chavista: “Es el Estado comunal o socialismo del siglo XXI, que un día debería reemplazar plenamente a la institucionalidad democrática”. Es un retrato preciso de un proyecto u opción fallido desde que el petróleo dejó de ser el cuerno de la abundancia que debía financiar y reparar todas las injusticias sociales. Es también la foto fija de lo que podía haber sido mientras la atmósfera acompañaba, pero que dejo de ser factible en cuanto se quedó casi a solas a causa de la decantación conservadora de países de referencia del entorno venezolano, así por las buenas –Argentina, que confío en Mauricio Macri la sucesión de Cristina Fernández– como a las bravas –Brasil, que apartó de la presidencia a Dilma Rousseff mediante impeachment–, o por debilidad de varios aliados históricos (Bolivia, Ecuador, Nicaragua). Y la frase de Bastenier es asimismo la descripción de la cancha en la que el choque de trenes se antoja cada vez más próximo, si no es que estos días convulsos lo son ya o lo fueron antes los del procesamiento de Leopoldo López y la victoria estruendosa de la MUD en las elecciones legislativas.

La pretensión de Diosdado Cabello, diputado chavista y quizá ideólogo del movimiento –uno de ellos, al menos–, de blindar la por él llamada revolución, resulta un ejercicio político de radicalidad extrema, porque la eficacia del entramado bolivariano ha deslizado al país por una pendiente de carencias y frustración cada vez mayores. “La confiscación de derechos por parte de quienes no han sabido administrar el poder está colocando en los límites a la ciudadanía venezolana”, afirma un articulista en El Universal, el periódico más leído de la oposición, y su opinión no es más que la versión local de la declaración aprobada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), donde coinciden 25 exjefes de Estado y de Gobierno de orientación muy variada, de Óscar Arias a José María Aznar, de Felipe González a Vicente Fox, pero que comparten una misma opinión: se ha producido en Venezuela una ruptura del orden constitucional.

En esa atmósfera de enconamiento sin límites, la mediación papal es a la vez la última posibilidad de encauzar la crisis y también una operación de riesgo extremo en la que quizá sea insuficiente el prestigio de Francisco, en Latinoamérica mayor que en ningún otro lugar, y la habilidad de la diplomacia vaticana. Hay una tradición que sustenta el paso dado por el Papa –la reanudación de relaciones de Estados Unidos y Cuba, el último caso–, pero hay demasiados cabos sueltos y los bandos enfrentados lo fían casi todo a medir sus fuerzas en la calle y en utilizar las instituciones para lograr sus propios fines y neutralizar los de sus adversarios. A cada día que pasa crece la sensación de que no caben bajo el mismo techo el chavismo sin Hugo Chávez y la oposición variopinta que engloba la MUD, el reformismo centrista de la mayoría parlamentaria y el programa heredado del líder desaparecido. Agravado todo por una irrefrenable crisis de subsistencias.

Si la situación no fuese la que es, la intervención del Vaticano parecería un puerto de llegada seguro, pero cuando en primera línea del conflicto se agita una sociedad dividida siempre, movilizada muy a menudo y desorientada con frecuencia, los riesgos crecen exponencialmente. Cuando los gabinetes de propaganda trabajan a todo gas, apenas quedan momentos para la reflexión; cuando Telesur, iniciativa chavista, difunde un esquema de “golpe suave” presuntamente en marcha, estructurado en cinco etapas –ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, combinación de formas de lucha y fractura social–, se alarma media Venezuela; tiempla la otra mitad cuando El Nuevo Herald, periódico conservador de Miami cercano al anticastrismo en el exilio, da cuenta de hasta tres operaciones diferentes preparadas por los duros del chavismo para sustituir a Maduro. Es posible que nada sea del todo cierto, pero acaso no todo sea falso o fruto de la capacidad de fabulación de los medios, y así crece la alarma y la política se convierte en una reyerta sin tregua.

Ha llevado Nicolás Maduro el experimento chavista hasta un callejón sin salida y ha carecido de la habilidad necesaria para conservar algunos aliados reconocibles e influyentes en América y Europa. Se ha comportado Maduro con una torpeza impropia en quien debe dirigir un proyecto heterodoxo, encaminado a redimir a los más vulnerables de sus conciudadanos, pero que finalmente se manifiesta como una superestructura de poder que pretende perpetuarse en el puente de mando con el recurso permanente a la huida hacia adelante. Nadie es nunca del todo inocente en la brega política, y la oposición venezolana no es una excepción ni por asomo, pero los líderes bolivarianos de hoy han tenido la perniciosa habilidad de perder la batalla de la opinión pública a escala internacional, tan importante en la aldea global.

“Venezuela vive un punto de quiebre. (…) Y no hay duda de que añadirle más presión a la olla que ya es la sociedad venezolana podría hacerla explotar”, dice Hugo Prieto, un prestigioso periodista caraqueño, en un artículo publicado en The New York Times. El mismo Hugo Prieto que sostenía en mayo: “Este es un país profundamente chavista”. Pero que ahora denuesta la intromisión de los tribunales en el proceso encaminado a convocar un referéndum revocatorio, al entender que “la jugada pone en jaque a la democracia venezolana y entraña riesgos imprevisibles para el Gobierno y la oposición”. Y al emitir tal opinión suma su voz a la de tantos defraudados que contemplan con estupor cómo Venezuela está cada día más cerca del abismo, mientras el gran mudo, el Ejército, se mantiene más silencioso y enigmático que nunca, porque Chávez era uno de los suyos, pero Maduro no lo es.

 

 

 

Autogol de Colombia

La congelación o suspensión del acuerdo de paz en Colombia después del inesperado triunfo del no en el referéndum celebrado el último domingo deja el futuro a merced de la voluntad negociadora –renegociadora, dicho sea de forma más apropiada– de dos enemigos acérrimos, el expresidente Álvaro Uribe y las FARC, de la complicidad del presidente Juan Manuel Santos con un proceso envenenado por la desconfianza y los agravios históricos, y de la habilidad de los intermediarios para preservar la tregua, prorrogada por el momento hasta el 31 de octubre. “¿De ahí para adelante continúa la guerra?”, se preguntó Rodrigo Londoño, alias Timochenko, sumido en las incógnitas de un porvenir incierto si antes de vencer octubre no se ha dado con la salida de este laberinto. En verdad, nadie sabe hoy a ciencia cierta cómo evitar que la suntuosa firma de los acuerdos en Cartagena de Indias, el 26 de septiembre, quede como “el mayor hecho histórico que nunca sucedió”, en palabras del escritor argentino Martín Caparrós, más allá de la prueba fotográfica de que la comunidad internacional aceptó enfundarse en guayaberas resplandecientes para saludar la paz impugnada luego por los votantes.

En aras de la precisión, hay que decir que fue poco más del 19% del censo el que tumbó el acuerdo de paz, mientras que muy poco menos del 19% lo apoyó. Por no muchos más de 50.000 votos de diferencia el andamiaje se vino abajo y el país quedó dividido en tres bandos: el del , el del no y el de la abstención (62% de los votantes potenciales), aquel que se mantuvo al margen de la decisión, que quizá ve la política como una superestructura poco fiable o de la que no siente formar parte, y que, en última instancia, fue determinante para bloquear el proceso. Muchos colombianos cayeron en la cuenta de esta realidad trifronte cuando el recuento desmintió las encuestas y a ojos suyos se concretó un país inesperado. “Hay momentos en que muchos ciudadanos chocan contra algo que no sabían qué era y resultó ser su país. Ese descubrimiento, el horror de ese descubrimiento. Esa es la sensación que tenían, domingo por la noche, tantos colombianos”, escribió Martín Caparrós en The New York Times.

En este país tridimensional dejado al descubierto por el peso de la abstención resulta revelador que de los 81 municipios más golpeados por el conflicto Estado-guerrilla, en 64 ganase el , según un estudio realizado por la Fundación Pares. En cambio, en distritos urbanos alejados de medio siglo de calamidades y muerte, venció el no. En ambos casos, cabe atribuir el resultado a la política de las emociones más que al análisis político: del lado del , porque la paz permitía cubrir muchos años de tragedias con el manto del perdón, de la amnesia o de la coexistencia pacífica; del lado del no, porque el recuerdo del pasado y la reclamación de que los terroristas comparezca ante los tribunales se impuso al realismo político, a la posibilidad de cerrar el conflicto sin un periodo de expiación. Estas emociones a flor de piel fueron el resorte que sumó votos en un sentido u otro, unido todo a viejas rencillas, a la pugna por el poder entre Uribe y Santos y al riesgo de que el populismo, no solo el que puedan activar los dirigentes de la guerrilla, se apodere del discurso político, según el parecer del analista colombiano Álvaro Forero en las páginas del bogotano El Espectador.

La variedad de argumentos a favor y en contra de la paz recogidos por el periódico liberal londinense The Guardian refleja esa mezcla de emociones incontenibles y de argumentos políticos simplificados. “Estoy decepcionado”, “no se alcanzará un nuevo acuerdo”, “una vergüenza nacional”, “necesitamos perdonar”, “necesitamos unirnos”, “[el referéndum] revela una debilidad importante”, son algunas de las frases de los partidarios del . “Más compromiso y menos arrogancia”, “soy extremadamente optimista”, “las libertades no deben concederse a los terroristas”, “demuestra que somos un pueblo responsable”, “[el ] es como apoyar los crímenes de Pablo Escobar”, proclaman los adscritos al no. Entre unos y otros, en el seno de esta versión binaria de una realidad muy compleja, quedan sin dueño los tonos grises propios de un acuerdo político para un conflicto a todas luces político con más culpables que inocentes o con menos inocentes de los que cada parte cree atesorar.

Jaime Abello Banfi, director de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, creada por Gabriel García Márquez, ve detrás de la pugna de Santos y Uribe “la guerra que se ha venido dirimiendo no solo contra las FARC, sino una despiadada lucha por el poder en las élites de Colombia”. Pero este conflicto en el seno del establishment, tan presente en los medios, tuvo una incidencia definitivamente menor en la decantación de los votantes, confundió a los encuestadores, que vislumbraron comportamientos políticos inducidos por los estados mayores de los partidos, pero poco visibles en la calle, y recluyó en su domicilio a la mayoría del censo, como si el conflicto no fuese con él y no afectara a su futuro, como si un escepticismo radical y profuso alejara a la mayoría de las urnas.

¿Y ahora qué? Cuando buscar una salida depende en gran medida de la negociación entre Álvaro Uribe y las FARC, “dos enemigos jurados”, en palabras de Álvaro Forero en Le Monde, ninguna muestra de optimismo está justificada. Porque en el alma del partido del no alienta el deseo de que, fruto de la revisión de lo acordado en La Habana, la guerrilla acepte alguna forma de castigo que borre a ojos suyos –de Uribe y su entorno (el Centro Democrático)– la sensación de impunidad que se desprende de lo pactado, firmado y rechazado en referéndum. “¿Cómo los van a convencer de recibirlo [un castigo]?”, se pregunta Martín Caparrós, si una de las premisas de los comandantes de las FARC es que su acomodación a la política institucional descanse sobre una especie de perdón implícito o sobrevenido por la renuncia a las armas, la incorporación a la vida civil de los combatientes y la conversión de la organización en partido con presencia asegurada en el Parlamento durante dos legislaturas. ¿Quién puede convencer a la guerrilla de que debe desandar este camino y acepar que sean los jueces los que determinen quiénes deben ser exculpados y quiénes no?

“El centro no declarado del debate no ha sido la paz de los colombianos, ha sido la utilización de la votación por el plebiscito como un instrumento político. Pero no de alta política. Ha sido de la baja: del asalto al poder, de la puja por saber quién es más fuerte, de la imposición ideológica”, afirma el intelectual Carlos Castilla Cardona en el diario El Tiempo, de Bogotá. Esta puja por medir quién es más fuerte llevó a Santos a someter a consulta el acuerdo, cuando nada le obligaba a ello, y a Uribe a instalarse en el no sin un plan alternativo para cuando, llegado el caso, hubiese que reescribir lo acordado en La Habana. En ambos casos, el error de apreciación fue enorme: el presidente sufrió una derrota en el referéndum que le debilita en grado sumo y el expresidente se ve obligado a acudir a la mesa de negociación sin más propuesta que judicializar la paz. Nadie salió ganando, ni siquiera los partidarios del no, y, en cambio, todos pusieron al servicio de su futuro político la concreción de una paz histórica que despejaba el futuro de Colombia, llenó a un tiempo de incertidumbres y oportunidades. Como ha escrito Héctor Abad Faciolince en las redes sociales, “no hay nada que disimular”: el referéndum del 2 de octubre fue una derrota en todas direcciones, un autogol. Ni siquiera el Premio Nobel de la Paz otorgado al presidente Santos parece suficiente para aligerar una atmósfera tan cargada.

Paz colombiana sin alternativa

La proximidad de la firma del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno de Colombia y las FARC y del referéndum que debe aprobarlo (26 de septiembre y 2 de octubre respectivamente) han avivado la controversia sobre la legitimidad o derecho del presidente Juan Manuel Santos de hacer tabla rasa a decenios de combates, secuestros, extorsión y narcotráfico. Se trata de un debate jurídico, pero también político; de un debate entre lo ideal y lo real, pero también entre adversarios políticos irreconciliables; de un debate entre la esperanza depositada en el futuro y el lastre que procede del pasado, pero también de los sentimientos que albergan las víctimas. Frente a la idea de que todo desenlace de una guerra sin vencedores obliga a hacer concesiones que quedan fuera del Código Penal se alza el argumento ético del respeto a la ley, cueste lo que cueste –dura lex, sed lex–, esgrimido por los contrarios al acuerdo, sospechosos a su vez de acogerse a la máxima del derecho romano para no desvelar o poner sobre la mesa otras razones de índole personal, de rivalidad política o simplemente de mal disimulado oportunismo.

Cuando es posible dar con las primeras dosis de envenenamiento de una sociedad no más cerca de 1948 –el bogotazo, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán–, un tratamiento convencional para desintoxicarla apenas tiene posibilidades de éxito. Todos los caminos explorados antes de los cuatro años de negociaciones que han alumbrado el acuerdo han sido intentos fallidos, episodios de frustración colectiva, oportunidades perdidas en un crucigrama plagado de enunciados abstrusos. “Los enemigos del diálogo están enfermos de resentimiento y de ira”, ha dejado dicho en el diario bogotano El Espectador el escritor Héctor Abad Faciolince, cuyo padre fue asesinado por los paramilitares en 1987. Al mismo tiempo, comprende Abad los celos de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, humanamente explicables, dice, porque Santos logró lo que ellos persiguieron y no alcanzaron, pero no ve otro camino para silenciar las armas que empezar de cero y dejar de buscar cobijo en la negra espalda del tiempo (el concepto está tomado de Javier Marías que a su vez lo tomó de William Shakespeare).

En ese largo conflicto que quizá se encamina hacia su fin nadie es inocente salvo las víctima atrapadas en la refriega, en el fuego cruzado entre una utopía emancipadora que fue al fin distopía y la soberbia de un Estado a menudo venal, insensible ante la pobreza y el desamparo de comunidades campesinas dejadas a su suerte desde la noche de los tiempos. Acaso se acerquen a su final las guerras del coronel Aureliano Buendía, aquellas cuyo cronista fue Gabriel García Márquez, guerras interminables noveladas, pero no siempre de ficción o imaginadas, que llegaron hasta nuestros días debidamente transformadas hasta no tener cabida en la literatura, o puede que sí –Noticia de un secuestro–, y aparecer desde hace un par o tres de generaciones en las secciones más ensangrentadas de los noticiarios.

“Ambos lados –el del sí y el del no– se revelan como unos abanderados del bien y con ínfulas de superioridad moral sobre el otro, como si cada uno fuera dueño de la verdad y por eso tuviera el derecho a mandar y a pisotear”, ha escrito Catalina Gallo en El Tiempo de Bogotá. No hay superioridad moral alguna en ninguno de los dos bandos, pues ambos, en algún momento, fueron actores principales en la producción de cadáveres y la difusión de prácticas abominables; no es posible plantear el referéndum en estos términos porque sería tanto como suponer que la limpieza de espíritu de una parte de los colombianos –importa poco cuál– condena a la otra, la deja marcada con un estigma imborrable y para siempre. Todo cuanto rehúye el análisis político de un conflicto político que solo admite respuestas políticas tiende a enturbiar la realidad si no es que la adultera por completo.

Aun así, el recurso presentado ante el Consejo de Estado contra la pregunta a la que deberán responder los ciudadanos se acoge a dos formalismos de naturaleza jurídica para eludir los ingredientes políticos que se dan en el caso: la impunidad de quienes delinquieron y la inclusión de la palabra paz en la pregunta por ser “una inducción directa al votante”. Contra la creencia del presidente Santos de que tiene la facultad de redactarla según mejor le parece, los recurrentes entienden que la paz es un derecho y “no se puede usar con el sentido” que se ha hecho, como si la única vía para alcanzar “una paz estable y duradera” fuese la aprobación de lo acordado trabajosamente en La Habana. “No me trago el sapo de los delitos atroces, el de la justicia, el de la impunidad y el del narcotráfico”, proclama el senador Everth Bustamante, exintegrante de la guerrilla urbana M19 y hoy en las filas del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, pero al manifestar su oposición al acuerdo soslaya un dato capital: las condiciones mediante las cuales aceptó la vía institucional el grupo al que pertenecía el hoy senador tuvieron un impacto emocional considerable a comienzos de los 90, hubo también un debate jurídico que discurrió en paralelo al desenlace político.

Al internarse en el laberinto de los razonamientos jurídicos, los contrarios a dar por buenos los términos de la paz negociada con las FARC evitan las complejidades inherentes a ofrecer una alternativa a lo pactado. Descartada la victoria militar absoluta del Estado y admitidos los riesgos propios de la aplicación de unos acuerdos llenos de complejidades, a ojos de los negociadores, de los intermediarios, de los partidarios de dar el sí el 2 de octubre, no hay otro sendero practicable; no es posible salir del enredo si se quiere abrir una causa general contra la guerrilla que la señale como única responsable de la matanza. Los riesgos de enquistamiento, de dolencia crónica e incurable –el caso del ELN, que sigue intransigente en la selva–, son mayores que aquellos que pueden desprenderse de la pervivencia de una facción irreductible de combatientes, de la dificultad misma de convertir a los militantes de las FARC en ciudadanos desarmados y aceptados en las instituciones por el establishment.

Una última razón ilustra la conveniencia de apoyar el compromiso de La Habana: mientras las situaciones abruptas se han adueñado de la política en Venezuela, Brasil y Bolivia, y esa tendencia al drama nacional diseña un futuro indescifrable, por lo menos poco halagüeño, la opción colombiana transmite la idea de un futuro verosímil, de un espacio político habitable a pesar de todo. No hay nada especialmente innovador en la apuesta colombiana más que la apuesta misma por un desenlace basado en un posibilismo extremo que da sentido al convencimiento de que cualquier alternativa es peor a lo pactado, sobre todo si entraña judicializar la política, llevar a Timochenko y a sus seguidores ante un tribunal para que den cuenta de lo sucedido. “Este no es el viejo mundo jodido por los demonios del pasado”, declaró hace dos años el periodista Jon Lee Anderson a El Tiempo. Ese es el reto.

 

El chavismo, en el ocaso

La crisis política, económica y social que zarandea Venezuela se ha adentrado en el frondoso bosque del referéndum revocatorio (cancelación del mandato del presidente Nicolás Maduro), lleno de trampas para elefantes y propicio para los debates bizantinos. Los esfuerzos de la oposición para reunir las firmas necesarias para que se celebre la consulta chocan con la predisposición del Comité Nacional Electoral a bloquear el proceso; las proclamas del Gobierno de someterse a lo dispuesto en la ley del 2007 son escasamente convincentes al predominar en ellas el indisimulado propósito de evitar a Maduro la prueba; ambos bandos, en fin, aparecen enfrentados en un litigio que difícilmente admite una gestión estrictamente institucional.

Se respira en Venezuela el aire viciado por un Parlamento abiertamente hostil al presidente y viceversa, una gestión económica errática cuando no insostenible y el hartazgo de una población que debe amoldar su vida cotidiana a tres desafíos: la inseguridad sin remedio, una inflación galopante y la escasez de productos de primera necesidad. Algunas de las medidas adoptadas para ahorrar energía –en realidad se deben a los cortes en el suministro eléctrico–, señal inequívoca de la gravedad del momento, y la sensación de que las teorías conspirativas se han convertido en la gran justificación para todas las penalidades inducen a pensar que el Gobierno marcha muy por detrás de los acontecimientos, improvisa todos los días y aspira a salvar los muebles con la movilización del núcleo de adeptos que aún le quedan.

Si la inflación superó en el 2015 el 200%, según datos que maneja la oposición, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la de este año llegue al 700% –cien puntos de más o de menos poco importan–, no es exagerado decir que el bolívar ha dejado de tener valor y todos los aumentos salariales anunciados por Maduro no son mucho más que un brindis al sol. Si el precio del petróleo se mantiene en los parámetros actuales, no es desmesurado decir que el país se encuentra ante un problema irresoluble, típico de economías basadas en un monocultivo: a corto plazo, no hay alternativas visibles para superar la escasez y la crisis social en ciernes. Si el Gobierno no admite la realidad de que el Parlamento le es hostil –la oposición dispone de una mayoría aplastante–, se condena a sí mismo a convertirse en una máquina de poder cada día más alejada de la calle y con menos medios para forjar complicidades.

Mientras Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dispone a recibir en Washington a una delegación de parlamentarios de la oposición venezolana, la cancillera Delcy Rodríguez considera ridícula la pretensión de activar la Carta Democrática Interamericana. “Además de la profunda ignorancia que significa esta solicitud, además de esta profunda ignorancia que demuestra la derecha, lo único que está en su corazón y en su pretensión es la intervención de Venezuela. Eso no procede. No nos dejemos presionar por esos fantasmas que no existen”, declaró la titular de Relaciones Exteriores a Globovisión. Y la referencia a la derecha apareció entrecomillada en la frase recogida por diario El Universal, altavoz de la oposición, porque es bastante cierto que el conglomerado de los descontentos ha dejado de ser solo el punto de encuentro de los conservadores alarmados desde el principio por el chavismo, y es hoy un movimiento que acoge un amplio abanico ideológico.

Da la impresión de que los herederos de Hugo Chávez han ahuyentado o defraudado a una parte importante de la base social sobre la que se levantó un proyecto de naturaleza populista destinado a refundar la república. El nacionalismo panamericano representado en su día por Simón Bolívar fue el santo y seña genérico de un programa reformista, si no viable, sí al menos posible, financiado con las rentas de un petróleo caro. El rescate de una parte de la población, condenada hasta entonces a vivir en condiciones de pobreza extrema, llevó a los rescatados a aspirar a unas condiciones mínimas de estabilidad para consolidar su nueva situación, pero entre tanto el Estado no buscó en otros campos ingresos diferentes a los del petróleo, y cuando estos menguaron, el mecanismo reformista empezó a fallar por falta de recursos. Si a lo dicho se suman una fiscalidad desconcertante, la corrupción y la tendencia a simplificar los problemas del equipo de Maduro, todo lleva a pensar que el experimento ha llegado al ocaso de su existencia.

El desplome del PIB contabilizado por el Banco Central de Venezuela presagia lo peor. En el 2014 cayó el 4%; en el 2015, el 5,7%; para el 2016 se estima que la caída será del 8%. Con estas cifras no hay sistema económico que resista, y menos en un entorno poco propicio en el que Cuba mira a Estados Unidos y a la Unión Europea, Brasil se debate en una crisis existencial, Argentina emite las primeras señales de conflicto social desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri y en Bolivia no prosperó en las urnas el deseo de Evo Morales de aspirar a un nuevo mandato. No es solo que Chávez tuviese un poder de atracción del que carece Maduro, es que además se movió en un ecosistema político latinoamericano propicio, muy diferente al presente.

La incontinencia verbal del presidente venezolano, que lo mismo arremete contra Mariano Rajoy que contra Barack Obama, contra la oposición o contra los defensores –Felipe González entre otros– de los líderes encarcelados, ha dejado de ser el resorte adecuado para desviar la atención de los problemas internos. Cuando la cultura de las colas frente a los comercios desabastecidos se suma a la falta de medicamentos, a los apagones y muchas pequeñas carencias presentes en todas partes, solo los muy convencidos siguen pensando que la culpa es de los otros y no de quienes gobiernan y se obstinan en perseverar en un programa que no aporta ninguna solución o solo una: una permanente y estéril huida hacia adelante.

La demanda por traición a la patria que los diputados chavistas interpondrán en el Tribunal Supremo contra los de la oposición que han instado a la OEA a activar la Carta Democrática Interamericana no es más que una maniobra de evasión para soslayar la realidad. Diosdado Cabello, expresidente del Parlamento y promotor de la iniciativa, es la viva imagen del distanciamiento de la realidad que cultiva el régimen. Ni siquiera la izquierda ilustrada que apoyó al chavismo en sus inicios ve hoy en sus continuadores el remedio a los males que atenazan a la sociedad venezolana. Tampoco se vislumbra una receta eficaz en las proclamas de la oposición, bastante menos cohesionada de lo que pudiera pensarse, pero de momento está legitimada por el apoyo de las urnas y por su apego a los usos democráticos. Si este punto de partida es suficiente para rescatar al país de la postración y evitar la fractura social, nadie lo sabe, pero es de temer que no baste si no es posible un pacto político en el que participe el chavismo, que controla todos los resortes del Estado y tiene por el momento al Ejército de su parte. O eso parece.

 

Obama acelera el paso en Cuba

El anuncio de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viajará el 21 de marzo a Cuba para entrevistarse con Raúl Castro ha puesto en un grito al grueso del Partido Republicano, en especial a los candidatos Ted Cruz, rematadamente conservador, y Marco Rubio, menos apegado al catecismo del Tea Party, ambos de ascendencia cubana. Mientras Hillary Clinton y Bernie Sanders, rivales demócratas en las primarias, estiman razonablemente defendible en campaña el paso dado por la Casa Blanca, los aspirantes republicanos lo consideran inaceptable de forma bastante ruidosa, respaldados por la mayoría de su partido en las dos cámaras del Congreso, que puede bloquear la aplicación práctica de los acuerdos a los que lleguen Obama y Castro si no levantan el embargo comercial. Pero es un hecho que el gesto de Obama es una etapa más en la irreversibilidad de la normalización de relaciones entre los dos países, por más vueltas que dé al asunto el republicanismo, anclado en los conceptos que situaron la suerte de la isla en el centro de la guerra fría.

Como en su día dijo Obama, la política seguida por todos los presidentes desde el triunfo de la revolución cubana ha sido un sonoro fracaso: ni cayó el régimen fundado por Fidel Castro y los comandantes de Sierra Maestra ni el embargo comercial entrañó beneficio alguno para Estados Unidos. Las únicas víctimas reconocibles 25 años después de la disolución de la Unión Soviética, precedida del final de la guerra fría, han sido los ciudadanos cubanos, condenados a sobrevivir mediante una economía muy disminuida a causa de los errores de libro cometidos por los ideólogos de la revolución y por la gerontocracia gobernante, pero también consecuencia directa de tener cegadas las vías de relación comercial con Estados Unidos.

No hay asomo de timidez o de contención en el gesto de Obama porque los beneficios presumibles de una relación normalizada con Cuba superan con mucho las incomodidades debidas al carácter dictatorial del régimen. En una economía global en la que se soslaya con gran desenvoltura la naturaleza ominosa del régimen chino o de la teocracia represiva de Arabia Saudí, siempre en nombre de los negocios y de los equilibrios estratégicos, ha dejado de tener sentido la obsesión cubana, ese bloqueo mental del conservadurismo estadounidense que le impide admitir que las condenas y castigos impuestos a la isla, a un corto viaje en barco de las playas de Florida, constituyen un agravio comparativo sin justificación posible. El simple enunciado de los proyectos de muchas grandes compañías que quieren invertir en Cuba, como lo hacen en otros entornos tanto o más monolíticos, desacredita a cuantos se obstinan en mantener la excepcionalidad cubana, como si de ello dependiera el papel de Estados Unidos en el mundo.

En la petición de la secretaria de Comercio, Penny Pritzker, de que Cuba ponga en marcha reformas para que su economía se abra a los inversores extranjeros hay la misma dosis de realismo que en la iniciativa viajera de Obama. Durante el 2015, la Administración tramitó 490 autorizaciones para comerciar con la isla y los intercambios comerciales alcanzaron los 4.300 millones de dólares, el 30% más que el año anterior, sin que, por lo demás, se hubiesen introducido cambios sustanciales en la legislación cubana. Que Marco Rubio mantenga, entre tanto, que el régimen cubano “no es solo una dictadura comunista, sino una dictadura comunista antiamericana” solo se entiende a la luz de la pugna abierta entre los candidatos republicanos para atraer el voto de los conservadores defraudados con todo el mundo, profundamente disgustados con las políticas de Obama y que no han notado los efectos de la recuperación económica, tan evidente como desigualmente repartida. Pero tanto Rubio como los que con él se lamentan del acercamiento a Cuba son conscientes –al menos, se supone que lo son– de que se trata de un acontecimiento sin vuelta atrás, sometido a la lógica del realismo político y a la certidumbre de que el cerco a la isla, según ha demostrado la historia, no es el instrumento adecuado para impulsar la democratización.

El realismo es atribuible asimismo a la Administración cubana, que ha archivado el memorial de agravios para agarrarse al asidero de la apertura económica, el incremento del turismo y la incorporación a la economía global. Nada es para toda la vida y no deja de ser significativo que, al dar cuenta de la visita de Obama el mes que viene, el diario 14 y medio.com, el primer medio digital independiente –de la oposición: Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar– editado en Cuba, titule con una frase de Obama “Viajaré a Cuba para avanzar en la mejora de vida de los cubanos”. Una de sus articulistas escribe en defensa del cambio en las relaciones, aunque el régimen siga siendo una dictadura, y subraya la inconsistencia de la reacción airada de los republicanos: “¿Es que el acercamiento crítico de Barack Obama a la dictadura de Castro es moralmente más punible que los coqueteos de la Moncloa con el Palacio de la Revolución, o que los agasajos recibidos por el general-presidente, Castro II, durante su reciente estancia en Francia, cuna de la democracia moderna?”

Tales dosis de realismo desnudan la obstinación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que en una situación de emergencia económica y social extremas se envuelve en la bandera, invoca el legado del líder muerto y se remite a la América vislumbrada por Simón Bolívar. Ni la inflación galopante, ni la crisis de subsistencias, ni la aplastante mayoría de la oposición en el Parlamento son suficientes para que rectifique, para que entienda que el modelo se ha revelado ineficaz y la redención de las víctimas de las historia requiere, entre otras cosas, una economía viable. En caso contrario, aquellos a quienes se quiso redimir se convierten fácilmente en las víctimas inmediatas de las medidas pensadas para rescatarlos de la postración; aparecen como los más vulnerables y son los primeros sacrificados en el altar del dogmatismo.

En la última tanda de medidas de excepción anunciadas por Maduro no hay ni la más mínima sombra de apego a la realidad, a la aceptación de que el modelo dio de sí lo que podía dar, de que las llamadas misiones han sumido al país en un caos burocrático y de que la bancarrota es un hecho. A una revolución social financiada con las rentas de un petróleo inaceptablemente caro la ha sucedido una crisis ingobernable a causa de un petróleo ahora escandalosamente barato; esto es, resulta imposible seguir con el mismo o parecido programa cuando el negocio petrolero se ha contraído más allá de toda previsión. Solo queda rectificar para evitar una hecatombe, aunque tal rectificación lleve implícita la pérdida del poder o la obligación de compartirlo, de aceptar que la razón es casi siempre un valor con muchos depositarios. Por el contrario, encastillarse en las propias creencias sin atender a otros registros, como parece ser la opción de Maduro, equivale a negar la realidad y sus efectos sobre una población a la que se prometió la prosperidad y puede acabar en la mera subsistencia. Los cubanos saben bastante de ello.

 

 

Ceremonia de tránsito en Venezuela

La determinación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de seguir con el programa bolivariano sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas alarma a la oposición y pone en guardia a los adversarios del régimen fundado por Hugo Chávez, pero no deja de ser un síntoma inequívoco del agotamiento del modelo. Al parapetarse detrás de la memoria del gran ausente, en un gesto característico de los populismos en circulación, el establishment poschavista da la razón o eso parece a cuantos dentro y fuera del país piensan que el experimento no da más de sí, que solo le queda recurrir a la épica de la resistencia, de enrocarse en sus propias convicciones sin atender a la reacción de la calle, a los riesgos cada vez mayores de fractura social, a la quiebra económica y al veredicto de las urnas.

La efervescencia en los medios y la controversia sobre el rumbo que debe tomar la revolución si el escrutinio da el triunfo a la oposición encuadrada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) –pronóstico de las encuestas– alienta el debate sobre el compromiso del bando bolivariano con los usos democráticos. Al mismo tiempo, el debate ensombrece o empequeñece la debilidad poselectoral que se atribuye a la MUD a causa de su diversidad y de la pugna no extinta entre personalidades a menudo incompatibles. De tal manera que el entorno de Maduro no solo no ha sabido explotar en su beneficio tal circunstancia, sino que ha permitido a los interesados –democristianos, socialdemócratas, liberales, diferentes izquierdas decepcionadas– soslayarla y exacerbar la crítica al madurismo, si así puede llamarse, en especial a partir de la condena impuesta a Leopoldo López al final de un proceso preñado de sospechas.

“Esto no es la fiesta del Chivo [Leónidas Trujillo, dictador dominicano] ni la de Blas [canción popular en los 60], pero todos pretenden colearse [adelantarse a alguien quitándole el puesto en una fila]. El 7 de diciembre, víspera de aquel 8 de luna llena [primera victoria de Chávez], el pueblo celebrará, mientras los entrometidos de todo el mundo sufrirán la decimonovena resaca que les provoca la soberana patria de Bolívar y Chávez”, escribe Earle Herrera en Últimas Noticias. Pero esa ensoñación, esa victoria presentida o deseada está lejos del vaticinio de los sondeos y, en consecuencia, presagia un pospartido lleno de tensiones en el tránsito de las ilusiones a la realidad.

Si hasta ahora las limitaciones del sistema –desabastecimiento, inseguridad, inflación, entre otros– han tenido una repercusión limitada en los comportamientos políticos de la calle, todo puede cambiar a poco que se resquebraje el mito del chavismo invencible, sostenido por los desheredados. Maduro carece del poder de convicción, de movilización y de resistencia que demostró tener Chávez, y que varias veces atenuó el descontento de una clase media urbana exhausta. El trono de Chávez sigue vacío más allá de los formalismos del poder, y han bastado menos de tres años para dejar en evidencia las limitaciones de su sucesor, transmutado con demasiada frecuencia en caricatura extemporánea del fundador del régimen bolivariano.

Ese tránsito de las ilusiones a la realidad puede realzar el perfil depresivo del momento, la esperanza poco fundamentada puesta por los ideólogos del poschavismo en una pronta subida, poco menos que milagrosa, del precio del petróleo en la franja de los 70-80 dólares el barril (ahora se mueve alrededor de los 45 dólares; Chávez soñó en el 2008 que llegaría a los 200 dólares). Las proyecciones son muy otras, aunque en Caracas se esgrima como un acto de justicia histórica el ascenso de la cotización del oro negro. El clima en la OPEP es más propicio a mantener las vigentes cuotas de producción que a reducirlas el 5%, como quiere Venezuela, y el petroislam sigue en la porfía de retrasar la autonomía energética de Estados Unidos mediante un abaratamiento del barril que, dicho en corto, hace imposible que sean rentables los yacimientos que requieren el costoso recurso a la tecnología del fraking.

“Hoy Maduro, proclamado como su hijo [de Fidel y de Raúl Castro], conduce el país al peor barranco de su historia”, sostiene Nelson Baracanda en El Universal, el diario caraqueño de oposición más leído. Más allá del gesto militante del articulista, deseoso de que la victoria sea para la MUD, lo cierto es que la falta de realismo en una situación económicamente insostenible deja el campo libre a los críticos acérrimos, a cuantos arremetieron contra el chavismo antes de que vieran la luz las primeras reformas sociales. Y esa negación de la realidad incluye no admitir la vulnerabilidad de un modelo que fió gran parte del éxito en el monocultivo petrolero, asociado, para mayor contradicción, a la exportación masiva a Estados Unidos, un negocio en el ocaso y a punto de pasar a la historia. Venezuela carece hoy de alternativas, de lo que los expertos llaman explotación de nuevos nichos de negocio.

La experiencia chavista se ha sumido en un ensimismamiento autocomplaciente, ha renunciado a la crítica desde dentro y ha echado mano todos los días a la redención de los pobres para encubrir sus fracasos, sus contradicciones y su tendencia a enrocarse en su prontuario ideológico. Si esto sirvió hasta la fecha para sumar adeptos y desarrollar una política clientelar no siempre saludable y mucho menos sostenible, ahora tiene todas las hechuras de una pesada carga que da alas a la oposición sin que, por lo demás, esta haya concretado cuáles son los grandes objetivos materiales que persigue.

“Nunca antes una votación electoral tuvo la importancia de medir verdaderamente cuánto han calado en el ánimo del ciudadano las presiones, el miedo y la incapacidad para gobernar y echar para adelante al país más prometedor del nuevo mundo”, concluye Álvaro G. Requena en un artículo publicado en el periódico de oposición El Nacional. Con independencia de la adscripción ideológica del firmante, esta es otra realidad ineludible. Nunca antes fue tan grande la sensación de que Venezuela celebra este domingo una ceremonia de tránsito, uno de esos ritos políticos que, como la victoria de Chávez en 1998, abren o cierran un ciclo político, según se mire; abren o cierran un cambio de régimen, de pacto social o de encaje social, como se prefiera, y sitúan a la comunidad ante un desafío nuevo e inaplazable. Las elecciones tienen ese poder taumatúrgico, de modificación de la hegemonía política al final de un proceso de maduración de cambios sociales que casi siempre pasan desapercibidos a ojos del poder, pero ahí están y dislocan un ecosistema político que hasta aquel momento parecía inalterable. Eso parece ocurrir en Venezuela.

El kirchnerismo, en el ocaso

La continuidad de la propuesta kirchnerista en la Casa Rosada resulta más que problemática después de la pequeña diferencia a su favor obtenida el último domingo por Daniel Scioli sobre Mauricio Macri –36,86% contra 34,33%– en la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas. La amalgama peronista donde todo cabe, de la derecha a la izquierda, del gremialismo clientelar al sindicalismo irreductible, zozobra frente a la alianza liberal-conservadora que pilota Macri, alcalde de Buenos Aires; al populismo justicialista de Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no le salen las cuentas por más que, para la campaña de la segunda vuelta (balotaje, un galicismo), se sienta tentado a invocar la nómina de ilustres ausentes (Perón, Evita, Néstor Kirchner). Aquello tenido por tan genuinamente argentino como el asado de tira o el Martín Fierro –salvadas sean todas las distancias– ha perdido el impulso y da muestras de agotamiento, con la influencia de la presidenta Cristina Fernández en un continuado e irrefrenable ocaso.

No hay en el Frente para la Victoria de Scioli –peronismo oficialista con algunas adherencias– nada de especialmente nuevo o movilizador. Más parece un conglomerado que exagera la diversidad que ha distinguido al justicialismo de las últimas décadas, menguado en sus señas de identidad, en aquella capacidad histórica que tuvo para acogerse a la política del balcón y convocar multitudes en la vía pública. No es que Cambiemos –la Unión Cívica Radical, la socialdemocracia a la argentina y el conservadurismo de todos los colores que representa Macri– resulte sustancialmente innovador o aglutinador de entusiasmos, pero lleva ausente de la presidencia desde los días de Fernando de la Rúa y su desafortunado mandato, que desembocó en el corralito, tan citado, y en la quiebra del Estado. No hay en Macri demasiado margen para la sorpresa y sí mucho para la incertidumbre en el ámbito de las políticas sociales, pero en Scioli tienen cabida los temores que llegan a lomos de una economía descoyuntada, la caída de los precios de las materias primas, la crisis financiera en varias potencias emergentes y la inflación dando pie al recuerdo de viejas miserias.

Cuando personajes con prestigio e influencia reconocidas como el economista y exministro de Kirchner Roberto Lavagna, militante del Partido Justicialista, declara públicamente que no votará por Scioli –“yo estoy en el campo del cambio”, dice–, infligen grave daño a la estrategia electoral del oficialismo. Pero cuando en las urnas se dan desenlaces –de momentum, lo califica The New York Times– como la victoria de la vicealcaldesa de la capital, María Eugenia Vidal, macrista, frente a Aníbal Fernández, jefe de gabinete de Fernández de Kirchner, en la carrera por obtener la plaza de gobernadora de la provincia de Buenos Aires, entonces se hace definitivamente patente la debilidad del frente político patrocinado por la Casa Rosada. Especialmente cuando, hasta el verano, las encuestas daban favorito a Scioli y casi descartaban una segunda vuelta, poco menos que humillante habida cuenta de los medios puestos en apoyo de su causa por la presidenta saliente.

Hasta la votación del 22 de noviembre, Scioli debe convencer a los electores de que está en manos del peronismo evitar una rectificación histórica del rumbo social de la nación y a Macri le corresponde persuadir a los votantes de que su cambio no recortará las inquietudes sociales del Estado, sino que liberalizará la economía sin dañar a los más débiles para rescatar al país de las muy arraigadas inercias del estatismo y del proteccionismo. Ambas líneas argumentales parecen desmesuradas, no están exentas de grandilocuencia, pero se ajustan al relato histórico de Argentina desde el final de la dictadura militar, se amoldan a la tradición de los movimientos políticos poliédricos, puede que de amplio espectro. Las clases medias urbanas, como en todas partes, tienden a buscar el confort del centro, sin grandes compromisos ideológicos, y se alarman ante las propuestas que dibujan un horizonte entre difuso y confuso, pobre en promesas concretas y rebosante de objetivos inconcretos, pero muchas veces han sido esas clases medias la tabla salvadora del peronismo.

Según un sondeo difundido por el diario Clarín, de los más de cinco millones de votos que obtuvo el día 25 Sergio Massa, kirchnerista disidente aliado con la democracia cristiana y otros centros ideológicos, el 45% irá al zurrón de Macri, el 22,3%, al de Scioli, y el 24,5% está por decantarse. Y el reparto de los dos millones de votos restantes de la primera vuelta, correspondientes a candidatos menores, favorece asimismo a Macri. Unos datos que justifican la creencia de que Scioli obtuvo una amarga victoria, insuficiente para ser presidente, y Macri sufrió una dulce derrota, seguramente suficiente para salir triunfante el 22 de noviembre, de acuerdo con indicios tan convincentes como las alegrías del último lunes en la bolsa de Buenos Aires y la depreciación del dólar frente al peso.

Como de diferentes maneras han explicado varios comentaristas, el recuerdo de la recuperación económica y la renegociación de la deuda en tiempos de Néstor Kirchner quedan demasiado lejos para contrarrestar la sensación de que su viuda y heredera política, el oficialismo en general y Scioli en particular gobiernan con el piloto automático puesto, sin nada especialmente novedoso que ofrecer para guarecer al país de los negros nubarrones que se vislumbran en el horizonte. Si en un pasado no tan lejano –la nacionalización de YPF-Repsol–, personajes propensos a los excesos verbales como Axel Kicillof eran útiles para recuperar el pulso nacionalista y promover la revolución –bajo control– de las masas, hoy la reserva espiritual y los eslóganes peronistas de toda la vida se antojan insuficientes para corregir las tendencias, y aún más para evitar la dispersión del voto peronista.

¿Se está ante un final de ciclo que repercutirá en toda América Latina? No faltan indicios para esperar tal cosa. Ni Dilma Rousseff en Brasil ni Nicolás Maduro en Venezuela, hermanados tantas veces con la presidenta argentina, viven los mejores días se sus azarosos mandatos, y en ambos casos la impresión de que sufren los efectos de un desgaste inequívoco y de errores encadenados recuerda aquello que hoy sitúa al oficialismo peronismo a un paso de la derrota. Se ha construido en el entramado político latinoamericano una red de complicidades entre los nacionalismos socializantes –Rousseff, Maduro, Fernández de Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales, puede que a ratos Daniel Ortega, no tanto Ollanta Humala, más el dogmatismo aligerado de Raúl Castro, guardián de las esencias– que lleva a pensar en un efecto dominó allí donde más se han alzado las voces de la protesta: en Brasil, a causa de la corrupción; en Venezuela, a propósito de la asfixia de la oposición. Si el 22 de noviembre se consagra el cambio en Argentina, hay grandes posibilidades de que el efecto dominó alcance a otros lugares del continente con el aire viciado por experimentos sociales que han dejado a la vista sus flaquezas, puede que su ineficacia y limitaciones.

 

 

 

 

EEUU-Cuba, primer acto

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba saca brillo a la política exterior del presidente Barack Obama y, al mismo tiempo, abre un compás de espera. La complejidad de los asuntos pendientes, aparcados durante más de medio siglo por Washington y La Habana, impide que la situación evolucione con rapidez en igual o mayor medida que la oposición surgida en las filas republicanas y en una parte del exilio cubano de Florida, que siguen aspirando a la claudicación del castrismo con similar empeño al exhibido durante la guerra fría. Al mismo tiempo, a nadie se le oculta en la isla, como ha destacado la prensa liberal de Estados Unidos, que una rápida transición económica puede entrañar costes tangibles en los servicios básicos de educación y sanidad, puede que en vivienda. Como ha publicado The New York Times, muchos cubanos han depositado sus esperanzas en el desarrollo de la iniciativa privada, de la organización de un régimen multipartidista, pero, al mismo tiempo, otros muchos temen que las llamadas conquistas sociales se diluyan en la economía de mercado.

El rompecabezas está lejos de tener fácil solución. La derecha republicana presente en el Congreso, el exilio recalcitrante y los ideólogos neoconservadores que calientan motores a año y medio de la elección presidencial quieren impedir que el proceso abierto no tenga marcha atrás o freno, por lo menos, si no se solucionan antes asuntos tan endiabladamente envenenados como el resarcimiento o devolución de las propiedades estadounidenses en Cuba incautadas por la revolución. La Administración demócrata espera que la nueva situación con Cuba sea uno de sus legados históricos. El Gobierno de Raúl Castro se dispone a poner sobre la mesa la continuidad de la base que Estados Unidos tiene en Guantánamo en virtud de un acuerdo-imposición que se remonta a 1903, considerado tradicionalmente por la revolución como la ocupación ilegal de un territorio. Los líderes menos obcecados de la comunidad cubana de Miami ven en el momento la gran ocasión de pasar página y hacer buenos negocios, opinión compartida por una parte relevante de las empresas turísticas norteamericanas que operan en el Caribe e inversores que ven en la isla un lugar ideal para desembarcar con sus dólares. Los cubanos, en fin, curtidos en mil situaciones comprometidas, entienden que ha llegado quizá el momento de dar el gran paso y dejarse de nostalgias y romanticismos.

Por si fuera poco, hay una variable decisiva: la promesa de Raúl Castro de dejar la presidencia en el 2018 y –eso no forma parte de la promesa– la probable dilución de la gerontocracia castrista en un ecosistema político rejuvenecido. Porque a pesar de que el Partido Comunista ha actuado en la normalización de relaciones con Estados Unidos como lo que por tradición es, una estructura monolítica sin fisuras, en la práctica es indiscutible que el peso de las emociones y el recuerdo del pasado influye más en el comportamiento de quienes llegaron a bordo del yate Granma o formaron parte de las unidades dirigidas por los comandantes históricos de Sierra Maestra. Y puede que si muchos de aquellos líderes recorrieron el trecho que iba de un nacionalismo socializante a un socialismo apegado a la URSS, así también en un futuro no muy lejano los herederos del régimen pueden desandar algunos pasos para salirse de un modelo agotado de economía planificada para hacerse cargo de otro nacionalista con inquietudes socializantes y sin demasiados prejuicios anticapitalistas. Solo así cabe imaginar que puede concretarse el levantamiento más o menos equilibrado del embargo comercial de Estados Unidos que la isla soporta.

Mientras llega ese momento, el caso cubano será uno de los argumentos favoritos del republicanismo inquisitorial, que persigue el desgaste de Obama y, con él, el de Hillary Clinton, la gran favorita a ser la candidata demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre del año próximo. Precandidatos de ascendencia cubana como Ted Cruz y Marco Rubio, alentados por el Tea Party, y libertarios muy conservadores como Rand Paul, asimismo adscrito a la prédica del Tea Party, no han perdido tiempo en denostar la iniciativa de Obama, y William Kristol, uno de los líderes de opinión de la derecha destemplada, no ha dudado en decir que lo que quiere el presidente es remodelar las relaciones de Estados Unidos con sus oponentes y enemigos.

Con una macedonia de precandidatos de todos los colores y ni una sola encuesta que dé a uno de ellos vencedor frente a Clinton, Cuba –Irán también– no es el peor de los recursos para atacar al adversario. Ni siquiera los más avezados en la realpolitik, como Jeb Bush, han dejado de aprovechar la ocasión, y conforme se pase de izar las banderas y escuchar los himnos a la política de las cosas, mayor será la presión desde el campo republicano dentro y fuera del Congreso. Si Cuba fue durante decenios un símbolo de las izquierdas, puede que un ejemplo, el régimen de la isla sigue siendo hoy una obsesión imperecedera para la derecha menos reflexiva, la misma que, por cierto, cierra sin mayores problemas suculentos negocios con China, nominalmente comunista. Pone incluso a China como ejemplo de productividad y eficacia, y deja a un lado cuanto atañe al respeto por los derechos humanos, al pluralismo político y a la libertad de información entre otros asuntos no menores.

No hay duda de que quienes más necesitaban encauzar las relaciones eran los cubanos y el régimen cubano, pero el gran negocio previsible es el de las compañías estadounidenses que dentro y fuera del sector turístico, de los servicios y de la tecnología se llevarán la gran tajada. Algo que convierte el disgusto conservador con la iniciativa de Obama en un gesto que solo cabe mantener mientras no se gobierna, pero que debe esfumarse si se llega a empuñar el timón. En todo caso, la historia demuestra que todas las leyes aprobadas para asfixiar al régimen cubano han sido inútiles para acabar con él, han sometido a la población de la isla a un castigo injustificable y, en muchos casos, no han impedido la presencia de inversores europeos y latinoamericanos desde bastante antes de que hombres de negocio chinos se interesaran por el Caribe.

De ahí que resulte sorprendente la tibieza del Gobierno español y su escasa implicación en los sucesos en curso. Y resulta sorprendente porque las empresas españoles que han invertido en Cuba se hallan en una situación privilegiada para sacar el máximo partido a la nueva situación, pero acaso no lo logren por el retraimiento o la falta de iniciativa gubernamental. La situación no es nueva y se remonta a los dos mandatos de José María Aznar, que antepuso sus prejuicios ideológicos a la realidad y sometió las relaciones con Cuba a un régimen de ducha escocesa. Algo perfectamente inútil, cuando no contraproducente, a la vista de la tozuda realidad: la inevitable evolución, transformación o cambio del régimen de la isla, protegido casi siempre por la nueva realidad latinoamericana, aunque de eso último nunca ha resultado una vida confortable para los cubanos. Alguien debió haber apercibido al Gobierno de que nada es para siempre, ni siquiera el régimen cubano, como seguramente saben los propios cubanos, y aun el extremismo republicano en Estados Unidos, aunque no se da por enterado.