Irak, una crisis muy envenenada

El recuerdo de la invasión de Kuwait por Irak hace treinta años (2 de agosto de 1990) lleva inevitablemente a la conclusión de que aquella operación desencadenó un proceso de degradación del statu quo en Oriente Próximo que está lejos de haber sido contenido. Aunque quizá sea más adecuado remontarse a 1980, cuando Estados Unidos decidió inducir una guerra entre el régimen iraquí de Sadam Husein y el iraní de los ayatolás para contener la capacidad de contagio de este último en la región. Las administraciones de Jimmy Carter, muy brevemente, y de Ronald Reagan aceptaron sin decirlo que Sadam desempeñara el papel de aliado necesario en su operación para contener el potencial expansivo de la república islámica y así empezó a descoyuntarse todo el sistema desde el Mediterráneo oriental hasta el golfo Pérsico.

De esa guerra prefabricada surgieron dos realidades divergentes: la urgencia de Irak de sanear su imagen ante la calle árabe y la comunidad suní y la consolidación efectiva del régimen fundado por el ayatolá Jomeini. Así fue cómo el modelo iraní se despegó en lo que pudo de las tensiones en el seno del mundo árabe y, al mismo tiempo, cómo Sadam puso proa a Kuwait y multiplicó sus ataques verbales a Israel, dos enfoques que obedecieron a un mismo propósito: encabezar la disidencia en el orbe árabe por oposición al posibilismo de Egipto, Jordania, Arabia Saudí y, en general, de las monarquías petroleras.

La historia que siguió es de sobra conocida: Estados Unidos entendió que la seguridad de Israel pasaba por liquidar el régimen iraquí, este le proporcionó con la anexión de Kuwait un pretexto convincente para la primera guerra del Golfo y a partir de ahí Sadam pasó a ser el enemigo público número uno, una de las estrellas del eje del mal –Irán, Irak y Corea del Norte– y el líder condenado a la derrota y a la extinción para salvaguardar el equilibrio en la región. De la segunda guerra del Golfo, cuyo presunto objetivo era llevar la democracia a Mesopotamia, surgió un Irak nuevo, debilitado, habitualmente ensangrentado en una competición sectaria entre comunidades y sometido a la tutela de Estados Unidos. La opinión del general Wesley K. Clark de que el Ejército de Estados Unidos no era “de momento” un ejército imperialista quedó desmentida por los hechos; la incapacidad de Estados Unidos para construir estados se confirmó en todos sus extremos.

Tres décadas después de la invasión de Kuwait sigue vigente el análisis de Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations, sobre la naturaleza de las dos guerras del Golfo, su articulación y consecuencias. En su libro de 2009 War of necessity, war of choice (Guerra de necesidad, guerra de elección), Haass enmarca la de 1991 en la categoría de guerra justa, entendida esta como una operación militar que permitió restaurar el poder legítimo en el emirato de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas y, por el contrario, considera la segunda guerra una decisión adoptada por Estados Unidos y parte de sus aliados, fundamentada en informaciones falsas y sin base legal, se diría que poco menos que destinada a empeorar la situación.

Haass describe la primera guerra de Irak “como necesaria por una doble razón, simbólica y estratégica” y juzga que se vio coronada por el éxito al “alcanzar sus objetivos a un coste relativamente modesto”. En cambio, disiente de cuantos admiten que la segunda guerra no era necesaria, pero la creen justificada por la situación general posterior a la guerra de Afganistán (octubre-diciembre de 2001). Y concluye al criticar la invasión de Irak en marzo-abril de 2003: “El uso de la fuerza militar para expulsar regímenes y construir democracias es simplemente demasiado costoso y demasiado incierto en los resultados para constituir un enfoque sostenible”. Una opinión especialmente valiosa porque lo es de un experimentado analista que colaboró con las administraciones de los dos presidentes Bush.

La realidad es que Irak es hoy un Estado al que no se le puede aplicar el calificativo de fallido, pero que carece de la cohesión política y la estabilidad social mínima necesaria para prescindir de la custodia de Estados Unidos. No solo a causa de la fragmentación entre chiíes, suníes y kurdos, más otras minorías menos conocidas, sino por la capacidad de deterioro de cualquier situación a causa de contradicciones no resueltas y rivalidades históricas que se remontan a la creación del reino de Irak en 1932. Para precisar cuál es el alcance de la degradación del Estado basta comparar las cifras en sanidad, educación y otros apartados anteriores a la primera guerra, las que siguieron a esta y las posteriores a la segunda guerra: resulta que las de la dictadura vesánica de Sadam eran mejores, aun siendo modestas.

Nada en el presente supera al pasado, y para muchos autores ni siquiera la primera guerra debió ver la luz, convencidos como están de que el casus belli hubiese podido desarmarse mediante algún tipo de componenda regional en forma de créditos para Irak, que efectivamente salió muy endeudado de ocho años de guerra con Irán, y la subsiguiente restauración de la monarquía en Kuwait. El testimonio del periodista Robert Fisk resulta demoledor: “Bush habló de las decenas de miles de oponentes de Sadam Husein que habían sido arrestados, encarcelados, ejecutados sumariamente, torturados –‘todos estos horrores le fueron ocultados al mundo por el aparato de un Estado totalitario’–, pero no mencionó que esas mismas palizas, quemaduras, descargas eléctricas, mutilaciones y violaciones se perpetraban también sin ningún problema cuando Estados Unidos mantenía buenas relaciones con Irak, antes de 1990, cuando los servicios secretos del Pentágono enviaban información a Sadam para ayudarlo a matar más iranís”.

Puede decirse que Irak ha sido sacrificado varias veces en el altar de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y del pensamiento hegemónico en las cancillerías árabes. Nada hay en el rastro dejado por tres guerras en la historia reciente de Irak que permita tener confianza en el futuro. Antes al contrario, el país parece condenado a un sometimiento permanente, a soportar unas instituciones desprestigiadas y venales, con el riesgo permanente de verse utilizado en un entorno que tiende a la volatilidad. Esos han sido los frutos de la siembra de la democratización a cañonazos diseñada por los neocon incrustados en la Administración del presidente George W. Bush, de la que alguno de sus colaboradores, entre ellos el general Colin Powell, se arrepintieron en público cuando la situación era ya irreversible por demasiado envenenada.

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La monarquía, en la encrucijada

Nunca la Corona había pasado por una situación de desgaste y vulnerabilidad tan manifiesta desde la restauración de la monarquía en 1975. Las comisiones o regalos, o quizá ambas cosas al mismo tiempo, percibidos por el rey emérito y de nuevo regalados o transferidos o adjudicados a Corinna Larsen, “amiga íntima” de Juan Carlos I en palabras de la interesada, sitúan a la institución en el centro de toda clase de sospechas, alimentadas por la reacción de las justicias suiza y española y por las diferentes informaciones de una consistencia poco discutible difundidas por medios de comunicación, dentro y fuera de España. Las teorías conspiratorias carecen de sentido una vez más, cuando los hechos son de una elocuencia sin fisuras.

Las monarquías de los países democráticos han encomendado a la transparencia y a la neutralidad de la institución el anacronismo de un sistema que fía en los caprichos de la genética la máxima representación del Estado. Pero, incluso así, muchas de las monarquías más asentadas han tenido su annus horribilis, como dijo en una ocasión la reina Isabel II, facilitado en muchos casos por cierta sensación de impunidad y por la distancia manifiesta entre los usos de palacio, de todos los palacios, y la vida cotidiana. España no es una excepción a lo que se ve, y además la restauración de la monarquía arrastra el dato inalterable de que fue una decisión del general Franco establecer la sucesión a la jefatura del Estado a título de rey en la persona de Juan Carlos de Borbón y Borbón (decreto del 22 de julio de 1969).

Detener en tal fecha el reloj de la historia resultaría tan capcioso como injusto. Es decir que el Rey, ahora emérito, se desenganchó del Movimiento Nacional y del legado institucional de la dictadura a igual velocidad que los reformistas del tardofranquismo y desempeñó un papel aparentemente crucial en el desenlace del 23-F. Pero transcurridas las décadas e instalada la Corona en la rutina y la inercia como representación máxima del Estado, surgieron las sospechas sotto voce, el caso Urdangarín causó grave daño a la imagen de La Zarzuela, lo mismo sucedió con el episodio del elefante en Botsuana, llegó la abdicación en 2014 y se supo por último la vinculación de Juan Carlos I con la concesión a compañías españolas del AVE a La Meca, propinas mediante. A partir de ahí la tormenta ha arreciado con fuerza inusitada.

Poco queda de aquella idea según la cual España era una república coronada. Es humanamente imposible separar a Felipe VI de la crisis institucional en la medida en que la monarquía se asienta en el vínculo familiar, en la norma sucesoria, en algo tan objetivo como que el hijo de Juan Carlos I era una persona adulta cuando se desarrollaron los acontecimientos, que cabe concretar en una mezcla de tres presunciones: tráfico de influencias, evasión de capitales e impago de impuestos por una cuantía sencillamente mareante. Incluso después de renunciar a la eventual herencia del dinero asociado a la operación en Arabia Saudí, parece vulnerable el perímetro de seguridad armado por el Gobierno, el PP y Vox alrededor de Felipe VI, expuesto a una dinámica judicial y política que está lejos de controlar.

Ese es un precio consustancial a la naturaleza de las monarquías. Si los partidos salen indefectiblemente dañados de los dislates de sus militantes, especialmente si ostentan alguna cuota de poder, las familias reales pagan siempre algún precio por las irregularidades de uno de sus miembros, especialmente si este fue en algún momento el cabeza de familia, con una autoridad y administración absolutas de los asuntos de palacio. En las familias reinantes solo es aplicable una cierta realidad imaginada mientras nada irregular o reprobable trasciende; cuando algo llega a la opinión pública, la imagen idílica se desmorona con estrépito. Así sucedió, por ejemplo, en Holanda cuando se supo en 1976 que el príncipe Bernardo, esposo de la reina Juliana, cobró de la empresa aeronáutica Lockheed una comisión de 1.100.000 dólares por promover ante el Gobierno de su país la compra de un determinado modelo de avión.

Si la investigación en curso no se sustancia en conclusiones concretas, el desgaste de la institución puede ser aún mayor. Por eso resulta sorprendente que un partido declaradamente monárquico como el PP vea intereses electorales en algunas reacciones y que no entienda que el saneamiento de la monarquía solo es posible si nada se oculta bajo la alfombra. Sobre todo porque la actitud protectora de Felipe VI adoptada por el PSOE, cuyo ADN republicano forma parte de su historia, solo se sostiene –ante la militancia, ante sus votantes y ante la opinión pública– si nada se guarda bajo siete llaves. Si tal cosa sucediese, la iniciativa de Podemos de crear en el Congreso una comisión de investigación estaría doblemente justificada: por la magnitud del hecho sujeto a investigación y por la obligación de exigir responsabilidades a quien supuestamente transgredió la ley.

A la densidad del momento solo se puede hacer frente con dosis ilimitadas de transparencia. No será a causa de ella que la institución monárquica saldrá más debilitada; al parecer, Juan Carlos I hizo cuanto estuvo en su mano para erosionar una institución que durante la transición apenas nadie impugnó, conscientes la mayoría de actores políticos de que la alternativa entrañaba demasiados riesgos. Fue aquel un gesto de realismo ineludible para asentar la democracia, pero más de cuarenta años más tarde, en nombre de ese mismo realismo, es insoslayable el esclarecimiento de los hechos. Cuantas más trabas se pongan a las pesquisas en curso, más alto será el precio político a pagar, porque mayores serán las sospechas que, con pruebas o sin ellas, se pondrán en circulación y más ruidoso será sin duda otro debate, el de la forma de Estado, siempre aplazado.

 

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Trump aviva el fuego en el Golfo

Nunca ha estado más lejos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacer realidad su deseo de alejarse del avispero de Oriente Próximo. Si los planes electorales de la Casa Blanca para 2020 incluyen reducir al mínimo la implicación en las diferentes crisis que martirizan la región, el asesinato del general iraní Qasim Soleimani, ordenado por Trump, el sitio de dos días por milicias chiíes de la embajada en Bagdad, la decisión de enviar un refuerzo de 750 hombres y mujeres al cuerpo expedicionario que sigue en Irak y la previsión de desplazar otros 3.000 uniformados si se complica la situación hacen muy difícil cumplir con el gran objetivo: proclamar antes del 3 de noviembre, día de la elección presidencial, que se ha consumado la completa retirada estadounidense de Oriente Próximo.

Si la muerte de 25 milicianos proiranís en varios ataques en Irak y Siria dio pie a los peores presagios, la ejecución de Soleimani en el aeropuerto de Bagdad durante una operación con drones aviva las brasas del conflicto con inusitado vigor. El general era el jefe de la brigada Al Quds de la Guardia Revolucionaria y ocupaba el segundo lugar en la pirámide de poder iraní, solo por detrás del ayatolá Alí Jamenei, líder espiritual y político del régimen. Un perfil que se completaba con su supervisión de la cada vez mayor influencia iraní en el desarrollo de los acontecimientos en Irak a través de la comunidad chií, y en Siria, mediante la milicia de Hizbulá, que dirige Hasán Nasrala. Lo que es tanto como decir que Soleimani era para Estados Unidos un enemigo clave y para Irán, un héroe nacional.

Así las cosas, el propósito de Trump de salir de Oriente Próximo es poco menos que incompatible con el choque frontal con Irán provocado por el presidente a partir del momento en que se retiró del pacto nuclear suscrito por Barack Obama y Hasán Rohani en 2015. Es, al mismo tiempo, incompatible con la paulatina descomposición del régimen iraquí, combatido en la calle desde octubre por una población exhausta y cada día más a merced de la influencia iraní a través de las milicias chiíes agavilladas en las Fuerzas de Movilización Popular. Y agrava la situación la necesidad ineludible que tiene el Gobierno en funciones del chií Abdel Abdul Mahdi de contar con la tutela estadounidense, cuya primera misión es neutralizar a los grupos radicales y a oradores imprevisibles como el clérigo chií Muqtada al Sadr, a quien sus seguidores otorgan el título de sayyid (descendiente del profeta).

Todo ha empeorado las dos últimas semanas: la lógica de la escalada se ha impuesto y es improbable que las aguas vuelvan a su cauce por más que el Gobierno iraquí, por boca de su primer ministro, asegure que no se tolerarán más situaciones como el asalto a la Embajada de Estados Unidos. Como dice un editorial de The New York Times, “es dudoso que los ataques aéreos sirvan como elemento disuasorio, ya que es probable que las milicias intentaran provocar tal respuesta”, una duda que el semanario Time completa con el deseo expresado por varios líderes chiíes de que abandonen el país los 5.000 soldados que Estados Unidos mantiene en sus bases iraquís.

Puede decirse que el ovillo iraquí es fiel reflejo de una situación extremadamente volátil. Estados Unidos ha llevado a Irak su arremetida contra Irán; el régimen de los ayatolás ha consolidado en Irak –la población chií alcanza el 60%– una cabeza de playa y cada día es mayor su influencia en Bagdad; el Gobierno iraquí pretende, contra toda lógica, mantener una alianza lo más simétrica posible con Estados Unidos e Irán, y, por último, la Casa Blanca necesita imperiosamente que la hegemonía de Arabia Saudí en el golfo Pérsico sea una realidad que nadie discuta. Pero para que este último requisito se cumpla es indispensable –eso creen los estrategas de Washington– que el régimen iraní esté tan debilitado que no lo pueda poner en tela de juicio.

Desde su llegada a la presidencia, Donald Trump ha pretendido reducir al mínimo la vinculación con los problemas endémicos en Oriente Próximo mediante una estrategia que tiene en Israel, Egipto y Arabia Saudí los tres pilares de la seguridad regional. Estos días insiste el presidente en que “quiere evitar nuevas guerras”, pero al mismo tiempo culpa a los clérigos iranís de estimular la movilización de la sociedad iraquí contra la presencia estadounidense en Irak, prodiga el recurso a la fuerza y mantiene una política de sanciones que arruina sus finanzas, paraliza el bazar y da pie a la reactivación del programa nuclear. Es decir, esta deseable evitación de la guerra tiene cada día menos visos de ser un auténtico deseo de Trump; en cambio, van en aumento quienes tienen la sensación de que el momento se corresponde con la reconocida capacidad de Trump de oficiar una ceremonia de la confusión tras otra sin un plan preciso, sin que aparentemente nadie haya considerado todas las variables antes de aplicarlo.

Como explica la analista de The Washington Post Jennifer Rubin, son una minoría los votantes que creen en las posiciones que en público sostiene Trump, y es improbable que cambie esta atmósfera de desconfianza si el irresoluble crucigrama iraquí obliga al presidente a una mayor implicación efectiva. “Sus calificaciones personales son horrendas”, escribe Rubin, remitiéndose a las últimas encuestas, y son varios los especialistas que estiman que pueden empeorar si la crisis iraquí-iraní se descontrola más de lo que ya lo está. En mayo se cumplirán 17 años del hundimiento del régimen de Sadam Husein y la historia de estos años demuestra que es enormemente fácil desencadenar un empeoramiento del clima político en un medio azotado por los desastres de la guerra, la puga entre clanes ideológicos, el sectarismo religioso, la codicia de los gobernantes y la multiplicación de adversarios que aspiran a controlar los destinos de la región.

El diagnóstico hecho por Henry Kissinger en 2007 se ha cumplido en todos sus extremos: la crisis iraquí es más compleja que la de Vietman, requiere del compromiso de terceros países para solucionarla, incluido Irán, e implica el mantenimiento de fuerzas estadounidenses sobre el terreno hasta que se cancele la guerra entre facciones y la estabilidad política sea un hecho. El caso es que Donald Trump no quiere que Irán forme parte de la solución iraquí, desea evacuar las tropas cuanto antes y quiere depositar en sus aliados en la región la responsabilidad de que el problema no desencadene un efecto dominó. Pensado todo para llegar a la gran cita de la reelección como el comandante en jefe que evitó la guerra y, al mismo tiempo, fue capaz de acallar a los ayatolás y de someter Oriente Próximo a los designios de la Casa Blanca. El realismo induce a considerar que la apuesta es demasiado alta y arriesgada incluso para una superpotencia.

Trump echa una mano a Netanyahu

El reconocimiento de la legalidad de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania pone un obstáculo más a los ya existentes para que algún día se haga realidad la solución de los dos estados, vista por la comunidad internacional como la única fórmula que puede zanjar el conflicto palestino-israelí. Aunque no es un dato menor el hecho de que la decisión adoptada por Donald Trump es una transgresión flagrante del derecho internacional, lo más grave del paso dado por la Casa Blanca es que debilita a las facciones palestinas más moderadas y da alas a las más radicales, que siempre han considerado el proceso abierto en Oslo en 1993 como un camino impracticable en el que siempre es la parte israelí la que fija la agenda. Y por si esto fuera poco, se prolonga sin fecha de vencimiento la postración de los palestinos de Cisjordania, emparedados entre el muro de hormigón levantado por el Gobierno israelí y la presión de los colonos –entre medio millón y 600.000–, acostumbrados a disfrutar de una impunidad poco menos que ilimitada.

A las consecuencias que puede tener para el primer ministro Binyamin Netanyahu su procesamiento por varios presuntos casos de corrupción ha respondido Trump con un regalo excepcional para que los votantes conservadores, cada vez más, mantengan la confianza en el líder del Likud. Mientras un articulista del periódico progresista israelí Haaretz se pregunta si con su comportamiento sometido a juicio ha arriesgado Netanyahu no solo su libertad, sino también su futuro como gobernante, el gran aliado responde con un gesto de apoyo hacia su proyecto anexionista para los asentamientos de Cisjordania que, en la práctica, pretende hacer imposible el nacimiento de un Estado palestino con todos los atributos de soberanía.

Nada realmente nuevo hay en esta maniobra: responde a la misma lógica aplicada por la Administración de Trump al reconocer la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel, y trasladar allí la Embajada de Estados Unidos, y reconocer asimismo la soberanía israelí sobre los altos de Golán, territorio sirio ocupado en junio de 1967. Se trata de proteger hasta donde sea posible la continuidad de Netanyahu, harto discutida después de dos elecciones que no han permitido armar una mayoría parlamentaria que respalde un Gobierno encabezado por él, y de condicionar a cualquier futuro sucesor del primer ministro en funciones si es que algún día tiene la tentación –una utopía– de buscar una salida a la crisis mediante una negociación con el Gobierno palestino. Esto es, se trata de evitar que alguien se atreva en el futuro a abrir el melón de la soberanía sobre los asentamientos, de la retrocesión de territorios y de la doble capitalidad de Jerusalén, reclamada por la Autoridad Palestina.

Creer que el programa estadounidense perturbará de forma significativa a los líderes árabes es pura ingenuidad. Aunque en teoría Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania tiene grandes posibilidades de influir en el desarrollo de los acontecimientos, como subrayan los profesores Yossi Mekelberg y Greg Shapland en un artículo difundido por el think tank británico Chatham House, la realidad es muy diferente. Más allá de las declaraciones solemnes que se lleva el viento, se impone otro dato: el sistema de seguridad diseñado por Estados Unidos para Oriente Próximo descansa sobre tres pilares: Israel, Arabia Saudí y Egipto. De forma que la implicación árabe para lograr la solución de los dos estados es cada vez menor a pesar de la observación de Mekelberg y Shapland: “Si los líderes árabes ven la estabilidad regional como algo de interés para sus países, deberían estar tratando de dar forma a cualquier plan de paz eventualmente promovido por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tal manera que formen un marco para las negociaciones que puedan aceptar los líderes israelís y palestinos”.

Lo cierto es que no existe este eventual plan de paz promovido por Estados Unidos, y egipcios y saudís no tienen la menor intención de meterse en el avispero. Es improbable que finalmente la repercusión en el seno de la Liga Árabe del gesto de Trump con los asentamientos desencadene una respuesta activa; más parece que las exigencias árabes se han instalado en el ámbito de las naturalezas muertas, sin aliento. En cambio, es verosímil que los profetas de las organizaciones árabes y musulmanas más radicales sumen nuevos adeptos en la calle árabe sin mayor esfuerzo. En el mundo árabe no queda un solo gobernante dotado del aura carismática de líder emancipador, y la frustración sembrada por el fracaso de las primaveras a partir de 2011 opera como un resorte que atrae seguidores a las proclamas incendiarias.

El caso es que nada de esto liberará a la comunidad palestina del aparheid de facto al que se allá sometida. Puede incluso que provoque un endurecimiento de los mecanismos de control israelí y que, en última instancia, caiga en el olvido la solución de los dos estados (si es que no cayó ya). De hecho, en una parte importante de la sociedad israelí, tal asunto se da por amortizado, ni siquiera lo mencionan los partidos enfrascados en una crisis institucional sin salida para formar Gobierno y el partido de los árabes con nacionalidad israelí apenas tiene eco internacional. Pero la crisis subsiste y es susceptible de empeorar a poco que alguien prenda la mecha.

 

 

El Pérsico se calienta

La paulatina tendencia a la baja del precio del barril de Brent, que el lunes rozó los 68 dólares, es un buen indicio de hasta qué punto se han serenado los ánimos después del ataque con drones del día 14 contra dos refinerías saudís. Pero este no es el único parámetro válido para medir la volatilidad del momento en la pugna histórica entre Irán y Arabia Saudí, alimentada por Estados Unidos e Israel, para hacerse con la hegemonía en el golfo Pérsico, para controlar las rutas de suministro desde los yacimientos de Oriente Próximo hacia el océano Índico, y a través de este, hacia Extremo Oriente y hacia Europa a través del estrecho de Bab el Mandeb. Y puesto que de esta disputa histórica depende en gran medida la estabilidad de precios del crudo, una mejora de la estabilidad política y militar en la región y el comportamiento de la Liga Árabe, debe concluirse que se multiplican las incógnitas y es harto arriesgado hacer vaticinios.

Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limite sus amenazas a un aumento de las sanciones económicas impuestas a Irán y evite recurrir a las armas –esta prudencia relativa fue una de las razones de la destitución de John Bolton, aguerrido consejero de Seguridad Nacional– tiene mucho que ver con el hecho de que dentro de poco más de un año se someterá a reelección. Una razón de peso para evitar que el comandante en jefe dé la orden de ataque, pero una posición frecuentemente contestada desde el entorno presidencial, que ve en la república de los ayatolás el gran adversario del dispositivo de seguridad en Oriente Próximo. Un punto de vista compartido por el príncipe Mohamed bin Salmán, hombre fuerte de Arabia Saudí y heredero de la corona, muy bien relacionado con Trump y su entorno, cuyos planes de diversificación e internacionalización de la economía de su país incluyen acabar con la competencia iraní.

Al mismo tiempo, el régimen iraní recurre directa o indirectamente a provocar fluctuaciones en el precio del petróleo para dañar la economía de quienes se benefician de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Mediante las acciones de algún aliado –la rebelión hutí en Yemen– o con iniciativas que perturban el tránsito de buques tanque por el estrecho de Ormuz. En el primer caso, la responsabilidad iraní queda difuminada –el ataque a las refinerías saudís–, pero no caben demasiadas dudas acerca de la asistencia tecnológica de Irán –el suministro de drones, probablemente– en el golpe de mano, perpetrado, según ellos lo reclaman, por quienes desde 2015 están condenados a la política de tierra quemada aplicada en Yemen por los saudís y apoyada con más o menos entusiasmo por la mayoría de capitales árabes.

Nada escapa a esta lógica, ni siquiera el nombramiento de Robert C. O’Brien para ocupar el puesto de John Bolton. Más allá de la frivolidad subyacente al hecho de que Trump vaya por el cuarto asesor de Seguridad Nacional desde que llegó a la Casa Blanca (20 de enero de 2017), la elección de O’Brien obedece a la necesidad de contar con un analista moderado que sintonice con la necesidad de llegar a las elecciones del 3 de noviembre de 2020 sin más compromisos militares que los actuales. Que esto complazca más o menos a saudís e israelís es harina de otro costal, pero es improbable que en ambos casos radicalicen el enfrentamiento con Irán sin contar con el visto bueno y la complicidad de Estados Unidos, algo improbable.

Por lo demás, la confusión política que enmaraña a los partidos israelís después de las elecciones legislativas de este último martes, que han dejado las cosas más o menos igual que después de la convocatoria de abril, y la debilidad o incapacidad demostrada por el Ejército saudí para neutralizar el ataque con drones, facilita la pretensión de Trump de prolongar esta situación de ni paz ni guerra, un conflicto crónico de baja intensidad que daña la economía iraní, pero que no incendia la región ni lleva inexorablemente a contabilizar bajas. La “furia y el fuego” deben ser sobre todo alegóricos –véase la evolución de los acontecimientos en Corea del Norte–, pero resulta determinante el convencimiento de que la opinión pública de Estados Unidos es del todo reacia a nuevas aventuras en el exterior; abunda la radicalidad en las redes sociales sin que se den pasos irreversibles sobre el terreno.

Ahora mismo es imposible prever cuál será la solución del crucigrama israelí, que por primera vez en mucho tiempo puede disponer de un Gobierno de concentración nacionalista laico, con los partidos religiosos en la oposición y la Lista Conjunta –coalición de partidos árabes– como el primer grupo de la oposición. Un dato esencial para saber si la hostilidad permanente hacia Irán se mantendrá tal cual en el futuro, se moderará o adquirirá un perfil más o menos imprevisible. Algo asimismo esencial es saber si el resultado de las elecciones consagra a Benny Gantz y señala el final de la carrera política de Binyamin Netanyahu o puede prolongarla, y en tal caso, mantenerse inmutable la consideración de Irán como un enemigo estratégico y de Arabia Saudí como un aliado necesario, Estados Unidos mediante.

Las incógnitas son igualmente llamativas en el futuro inmediato de la monarquía saudí, sometida de tiempo en tiempo a los vaivenes de las peleas en el seno de la familia reinante. Si se repasa la historia de las disputas de palacio durante el último medio siglo, se comprueba fácilmente que en cada situación excepcional o cada vez que Arabia Saudí ha emitido señales de debilidad, algún movimiento telúrico ha propiciado cambios significativos en la corte. Sin duda, los daños causados por un ataque con drones, procediera de donde procediera –Washington y Riad dicen que de suelo iraní–, cabe incluirlo en el capítulo de los episodios capaces de desencadenar una sacudida en las inmediaciones del trono.

Aunque toda situación es susceptible de empeorar, las variables a tener en cuenta en Oriente Próximo son tantas y están tan llenas de riesgos que la mejor opción hoy es dejar las cosas tal como están, piensan los asesores electorales. Porque cualquier forma de empeoramiento posible seguramente tendría reflejo en las encuestas, en la tendencia de voto, facilitaría la campaña del candidato demócrata, sea quien sea este, y llevaría a Donald Trump a una encrucijada altamente peligrosa para la reelección, contando incluso con la fidelidad de la mayoría de sus electores, para quienes la política exterior es un asunto menor salvo, quizá, cuando se trata de ir a la guerra.

Trump regala el Golán a Israel

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Israel en los altos del Golán subraya el propósito de la Casa Blanca de liquidar el statu quo internacional, de impugnar el papel de las Naciones Unidas y de acudir en apoyo del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para que siga en su puesto después de las elecciones del 9 de abril, sea cual sea la coalición de Gobierno que le permita mantenerse en el puente de mando. Investigado por la fiscalía y señalado por la policía como presunto responsable de varios casos de corrupción, el gesto de Trump permite a Netanyahu orientar su campaña electoral con un inesperado triunfo en la mano para convencer a sus electores y a los partidos de extrema derecha del vínculo especial que mantiene con Washington.

Con ser esto importante a menos de dos semanas de las legislativas en Israel, de las que surgirá presumiblemente un Kneset (Parlamento) muy dividido, lo es aún más la determinación de Trump de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967 y 1973, que establecen la obligación de Israel de retirarse de los territorios ocupados, entre los que figuran los altos del Golán, suelo sirio hasta la guerra de los seis días. La vigencia de ambas resoluciones ha sido un argumento político esencial para el mundo árabe en general y la causa palestina en particular, cuyos líderes temen, no sin fundamento, que la lógica de los halcones a la vera de Trump, para el caso John Bolton y Mike Pompeo, se haga extensiva a Cisjordania y se cierna sobre el futuro el final de la solución de los dos estados, tan reiterada como la única posible para un proceso de paz y para la reparación de los derechos de la comunidad palestina que, dicho sea de paso, hace años que duerme el sueño de los justos.

Durante la presidencia de Barack Obama, con John F. Kerry, primero, y Hillary Clinton, después, al frente del Departamento de Estado, la relación de Israel con Estados Unidos no fue siempre fácil, la Casa Blanca anduvo con frecuencia por detrás de los acontecimientos y no hubo ningún progreso para negociar una alternativa duradera que permitiese alumbrar un Estado palestino. A despecho de las exigencias estadounidenses, siguieron creciendo los asentamientos israelís en Cisjordania y se mantuvo la política del gran garrote en el asedio apenas encubierto de Gaza, pero, al mismo tiempo, Obama y sus colaboradores ni siquiera insinuaron la posibilidad de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338. Es más, el presidente dio orden de abstenerse en la votación de la resolución 2334 –16 de diciembre de 2016–, que reitera que los asentamientos en Cisjordania no tienen ningún fundamento legal y son “una flagrante violación” del derecho internacional.

La preocupación de la Liga Árabe por el cambio de paradigma es perfectamente descriptible: brilla por su ausencia. Nada hizo y apenas dijo la organización cuando Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel –también reclaman tal capitalidad los palestinos– a finales de 2017 y trasladó allí la embajada estadounidense, y menos se inquietará ahora por la mutilación de Siria, un país alrededor del cual los estados árabes con más peso han levantado un cordón sanitario. Es más, es una evidencia palmaria que la causa palestina cada día interesa menos a Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes, deseosos todos ellos de establecer un cauce de relación económica estable y fluido con Israel; cada día resulta más obstructiva la reivindicación palestina para cancelar la enemistad con Israel y aceptar de facto las anexiones territoriales sin más esfuerzo que dejar constancia por escrito de un disgusto genérico y sin mayores consecuencias.

Da la impresión de que la Liga Árabe, sometida a los intereses saudís, da por descontado el conflicto palestino-israelí, y se acomoda a un nuevo ciclo político que asume las reglas establecidas por Donald Trump. Al mismo tiempo que el analista Joshua Leifer ve en el paso dado por el presidente una “cínica jugada política”, que violenta el derecho internacional, particularmente la cuarta Convención de Ginebra –viven en el Golán 20.000 israelís–, los líderes del fundamentalismo mosaico ven más cerca que nunca la extensión de Israel del Mediterráneo al río Jordán y la prolongación de su alianza con Netanyahu sin fecha de caducidad. “Si el Likud de Netanyahu gana suficientes escaños el 9 de abril para formar un Gobierno, es muy verosímil que, como mínimo, la anexión estará sobre la mesa para discutirse”, escribe Leifer. Y recuerda que el comité central del Likud votó a favor de tal anexión de Cisjordania en 2017.

Las quejas chinas y rusas por el paso dado por Trump apenas son capaces de afectar a los acontecimientos en curso. Por el contrario, ponen de relieve la debilidad relativa de ambas potencias frente a la doctrina para la seguridad de la región sustentada por el Gobierno de Estados Unidos, en cuyo centro coloca a Israel, ese aliado incondicional al que con harta frecuencia se menciona como el estado 51 de la Unión. El dispositivo de seguridad en Oriente Próximo, que incluye el bloqueo o control de las organizaciones yihadistas que apuntan a Occidente, vale lo mismo hoy para justificar la anexión del Golán como en un pasado muy reciente sirvió para dejar que las primaveras árabes desembocaran en un gran fracaso. Para Israel y Estados Unidos es más fácil y práctico entenderse con autócratas ajenos a todo control democrático que con regímenes deliberativos, sometidos los gobiernos a instituciones de control.

La advertencia hecha por Henry Kissinger hacia 2011 de que Occidente –Estados Unidos– debía acostumbrarse a mantener relaciones con un mundo árabe cambiado por las primaveras, siempre que no dañara sus intereses, apenas tuvo razón de ser porque los levantamientos de la calle tuvieron un impacto final muy limitado salvo en Túnez. “El consenso que está implantándose es que Estados Unidos tiene la obligación moral de alinearse con los movimientos revolucionarios en Oriente Próximo como una especie de compensación por sus políticas durante la guerra fría”, escribió Kissinger en 2012, pero en la Casa Blanca de Obama prevaleció el principio de esperar y ver, y la espera no tuvo otro fruto que la liquidación de la protesta. Y con tal desenlace, el agravio palestino cayó en el olvido, si no en la calle árabe, sí al menos en los gobiernos, plegados a un realismo sin fisuras que incluye la aceptación del plan maestro de Israel.

Nada es demasiado nuevo en el embrollo. Desde hace décadas, el crucigrama de Oriente Próximo se resuelve todos los días en Estados Unidos y en Israel con el consentimiento de las petromonarquías, el silencio de Egipto y la incapacidad europea para dejarse oír. La diferencia ahora es que, salvo un improbable arrebato de prudencia de Trump, la política de hechos consumados puede acabar con las muy limitadas esperanzas de la comunidad palestina de disponer en el futuro de un Estado soberano, viable y seguro. O lo que es lo mismo, los hechos consumados pueden prender la mecha para que surjan nuevos focos de inestabilidad con los derechos palestinos como justificación última o coartada de cuanto pueda suceder.

 

Trump caliente Oriente Próximo

La decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Irán y de restablecer la política de sanciones ha crispado el ambiente en Oriente Próximo con la intensidad y profundidad temidas de antemano, ha alarmado a los aliados de Estados Unidos y ha proyectado sobre las cuentas del petróleo la sombra de un encarecimiento de los precios inducido por la incertidumbre, la desconfianza y el riesgo de una escalada bélica en diferentes frentes. Mediante el gesto de Trump, desastroso para preservar los equilibrios regionales en la medida de lo posible, la Casa Blanca persevera en el unilateralismo, impugna el statu quo y acentúa su perfil nacionalista –aislacionista–, alentado por el electorado ultraconservador, los ideólogos continuadores de la prédica del Tea Party y la necesidad de llegar a noviembre con una hoja de servicios suficiente para conservar la mayoría republicana en el Congreso.

Al mismo tiempo que los allegados a Trump, la cadena Fox News y los adictos al programa presidencial jalean la decisión, los analistas desapasionados coinciden en por lo menos tres conclusiones: Estados Unidos pierde influencia como actor internacional y degrada su solvencia como aliado, la pretensión de forzar un cambio político en Irán es un objetivo insensato y la Administración carece de una alternativa para afrontar los riesgos en materia de seguridad asociados a la denuncia del tratado. Cuando el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declara que “Estados Unidos le está dando la espalda a las relaciones multilaterales con una ferocidad que solo puede sorprendernos”, y añade que “le corresponde a la UE asumir el control”, no hace mucho más que manifestar en público lo que opinan la mayoría de think tank a ambos lados del Atlántico; se hace eco de la opinión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de la cancillera de Alemania, Angela Merkel, y del secretario del Foreign Office, Boris Johnson.

Así se manifiesta también Suzanne Maloney, del Centro para la Política en Oriente Próximo (Brookings Institution), convencida de que la abdicación de Estados Unidos del liderazgo internacional “no tiene parangón en la historia reciente”. Así se expresan la mayoría de columnistas de la prensa liberal de Estados Unidos, que observan con preocupación cómo la decisión adoptada por Trump “no mejora los parámetros de seguridad” del país, un concepto acuñado por la comunidad de inteligencia para referirse a eventuales amenazas exteriores (terrorismo global).

¿Puede la Unión Europa, enzarzada con harta frecuencia en bizantinismos indescifrables, ocupar el espacio vacío presuntamente dejado por Estados Unidos? ¿Puede el dispositivo de seguridad europeo operar como una herramienta de equilibrio en Oriente Próximo? ¿Puede una europeización de la crisis minimizar el parte de daños que presumiblemente causará la estrategia de confrontación elegida por el equipo de Trump? La respuesta a tales preguntas no puede soslayar el hecho de que, como afirma Sanam Vakil, de la Universidad Johns Hopkins, la Casa Blanca ha hecho un regalo al ala dura del régimen iraní, la misma que puso en marcha el programa nuclear, que sostuvo la altivez irreflexiva del presidente Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Hasán Rohani, y que observó con recelo el acuerdo de este con Barack Obama en 2015. La misma, en fin, que entiende que la única garantía de futuro para la República Islámica es disponer de un arsenal nuclear suficiente para disuadir a sus adversarios de cabecera, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí, de llevar a la práctica un programa encaminado a acosarla a todas horas en todas partes.

Queda poco margen para la esperanza al unir todos estos ingredientes. El simple hecho de que Israel atacó con misiles posiciones iranís en Siria poco después de que desde ellas se hubiesen bombardeado los altos del Golán, ocupados por el Ejército israelí desde junio de 1967, pone de relieve la volatilidad de la situación. Si se admite como un dato incontestable que Irán es un actor político determinante en Oriente Próximo, que la seguridad de Israel antecede a cualquier otra consideración en los análisis estadounidenses y que Arabia Saudí, con el apoyo de Estados Unidos, disputa la hegemonía regional a los ayatolás, es muy aventurado suponer que Europa puede serenar los ánimos sin la complicidad transatlántica. “Oriente Próximo es un polvorín de tensiones a medida que los conflictos arrecian en Siria, Yemen, Irak y Líbano, e Irán es el motor de gran parte de esa toxicidad”, recuerda Sanam Vakil.

Dicho de otra forma: al erosionar el programa de la facción posibilista del régimen iraní se pone a Irak y Líbano en la antesala de problemas mayores a los habituales, y a Siria y Yemen se los condena a soportar la carnicería por tiempo indefinido. Es este un panorama desolador, pero inmejorable para que proliferen los radicalismos de todo pelaje y condición, confesionales y laicos, indefectiblemente inclinados a solventar las crisis en el campo de batalla. Son demasiados los precedentes sombríos como para imaginar una evolución diferente de los acontecimientos, menos inquietante, más apegada a buscar el equilibrio estratégico entre adversarios en un espacio relativamente pequeño; un equilibrio en el que la controversia religiosa no sirva para encubrir la rivalidad militar y política, de las playas de Líbano a las del golfo Pérsico.

El alcance de esta crisis perseguida y manufacturada por Trump, deseada por Israel y aplaudida por Arabia Saudí no es regional, sino mundial. Lo es porque se produce en el área más inestable del mundo, enfrenta a Estados Unidos con los europeos, daña la trama de intereses económicos de estados y empresas que han normalizado su relación comercial con Irán y amenaza con envenenar el mercado del petróleo, salvo que surta efecto el propósito de China e India de seguir importando crudo iraní y mantenga Rusia su compromiso de comercializar una parte de la producción de la República Islámica, algo que da por seguro Frank A. Verrastro, especialista en la materia. Y es mundial en última instancia porque el rumbo fijado por Trump sitúa a Estados Unidos fuera del terreno de juego de las convenciones internacionales, del respeto por lo acordado y firmado, de cuanto se entiende que garantiza una seguridad razonable mediante la salvaguarda de los compromisos contraídos.

¿Cree el presidente Trump, como lo creyó George Kennan de la Unión Soviética, que Irán “es insensible a la lógica de la razón, pero es altamente sensible a la lógica de la fuerza”? Si este es el caso, cabe preguntarse por la naturaleza futura de las relaciones de Estados Unidos con China y Rusia, por qué lógica aplicará en ambos casos y por la capacidad de Trump de descoyuntar el sistema, convertido en un actor político cada vez más peligroso.

Lucha por el poder en Irán

La lucha por el poder en Irán entre el ala dura del régimen y los reformistas ha entrado en una nueva fase a raíz de las manifestaciones registradas en una cuarentena de ciudades, las contramanifestaciones promovidas por los clérigos conservadores y la represión desencadenada por los guardianes de la revolución y adláteres, que ha dejado más de veinte muertos. Si las elecciones presidenciales de mayo último hicieron aflorar las diferencias sustanciales entre Hasán Rohani, el presidente saliente y finalmente reelegido, y el líder supremo, Alí Jamenei, la reacción de ambos ante la movilización de la calle ha concretado las divergencias entre las dos referencias primeras de la República Islámica. Mientras el entorno de Jamenei ha amenazado a los manifestantes con la pena de muerte, Rohani ha reconocido públicamente el derecho a ser oídos de quienes protestan.

En la compleja estructura ideada por el ayatolá Ruholá Jomeini para situar a los clérigos por encima y al margen de la planta institucional del régimen que él fundó, no cabe imaginar a una sola autoridad política o religiosa como representante de la disidencia o la oposición, al menos dando a este término el significado que tiene en los sistemas pluralistas. El reparto del poder hasta el último alvéolo del sistema está en manos de hijos del sistema, formados y adscritos a su lógica. Dicho de otra manera: Jamenei y Rohani proceden del mismo crisol, aunque discrepen en los métodos y aun en la orientación de sus programas. El hecho mismo de que los candidatos a las elecciones deban contar con la previa aprobación del líder supremo (vilayat e faqih) subraya el carácter extremadamente restrictivo de los mecanismos de participación; no hay carrera política posible sin el nihil obstat del establishment.

En la elección de mayo, la candidatura de Ibrahim Raisi, un clérigo adscrito al ala dura del régimen, fue promovida por Jamenei, que ve en Raisi el sucesor ideal en la plaza de líder supremo de la revolución previo paso por la presidencia del país, un camino que él mismo siguió hasta convertirse en sucesor de Jomeini. Raisi obtuvo el 38,3% de los votos, un resultado decoroso para seguir en la brega en las presidenciales de 2021 y para agavillar a todas las facciones conservadoras, incluida la que durante ocho años encabezó Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Rohani. Un plan de actuación destinado a desbaratar la pretensión de los reformistas de perpetuarse en la presidencia –ya lo intentaron en tiempos de Mohamed Jatamí– y apoyado por la élite política de Teherán.

Más allá de Teherán y de la marcha de los negocios en el bazar, esa trastienda política escapa al interés del país y de los menores de 30 años –el 50% de la población–, que sufren un paro estimado del 40% para los mayores de 16 años. A diferencia de las manifestaciones que siguieron a las elecciones presidenciales de 2009, que movilizaron a la clase media urbana, en esta ocasión la iniciaron jóvenes afincados en zonas rurales, en ciudades medianas y pequeñas donde la crisis económica tiene efectos especialmente graves, donde la filtración por primera vez de partidas secretas del presupuesto destinadas al Ejército, a instituciones religiosas y a la Guardia Revolucionaria han soliviantado a poblaciones muy castigadas por la subida de algunos productos de primera necesidad (gasolina, huevos) y por la reducción de ayudas sociales destinadas a los más vulnerables. ¿Cómo es posible que miles de millones de dólares se desvíen a intervenciones en el exterior –Siria, Irak, Líbano– mientras el estancamiento económico se torna insuperable?, se pregunta la calle en ascuas.

“Es la base social del régimen la que se manifiesta”, sostiene el analista Stéphane Dudoignon, atendiendo al hecho de que el triunfo de la revolución jomeinista se fundamentó en la adhesión de los jóvenes de 1979 y de una parte de las élites ilustradas, opuestas a la monarquía. Pero los jóvenes que hoy protestan carecen del vínculo de complicidad con los clérigos que si se dio hace cuarenta años. Ni vivieron la revolución ni secundaron la exaltación patriótica de la guerra con Irak (1980-1988) ni forman parte de su recorrido histórico los años más enconados de la pugna con Estados Unidos. Se esfumó la complicidad que un día hubo entre el grueso de los iranís y sus gobernantes más allá de Teherán; hoy la capital permanece básicamente en calma y el resto de la república islámica, con el ánimo exaltado.

Debe añadirse al vacío entre la base social y los líderes, los diferentes enemigos que se ha labrado Rohani dentro y fuera de Irán a partir del acuerdo alcanzado con el presidente Barack Obama –final de las sanciones a cambio de la cancelación del programa militar nuclear–, bendecido por Jamenei, pero denostado sotto voce por el ala dura sin demasiado disimulo. Un clima enrarecido más si cabe por las invectivas de Donald Trump, tan contrario al acuerdo con Irán como partidario de Arabia Saudí en su larga disputa con los ayatolás por la hegemonía regional.

En cualquier otro escenario que no fuera el iraní cabría decir que acaso lo que se dilucida es una crisis del régimen. Pero la solidez de los principales resortes del poder –el líder supremo con su red clientelar por todo el país, incluidas las universidades y todos los centros de culto–, los guardianes de la revolución, el Ejército y los basij (paramilitares) aconsejan descartar una conclusión tan rotunda. Por lo demás, los episodios de descontento popular, con mayor o menor repercusión en las redes sociales y en los medios especializados, se producen desde hace tres años, con la crisis económica y el recorte de las subvenciones como causa inmediata.

Hesamodin Ashna, asesor de Rohani, reconoce que se da “una distribución desequilibrada del presupuesto”, según recoge The New York Times, y Abbas Milani, director de Estudios Iranís de la Universidad de Stanford, insiste en la pretensión de Jamenei de interferir en el segundo mandato de Rohani, como si se tratara de alguien que da muestras de haberse escapado a su control. La suma de ambas opiniones, más la obstinación de Trump en desandar el camino seguido por Obama, lleva directamente a formular la pregunta principal: ¿quiénes mueven de verdad los hilos de la protesta? Seguida de esta otra: ¿a quiénes beneficia más la calle enardecida? Las apariencias suelen engañar y el control sobre las redes sociales, la actividad incesante de los servicios de información, con un tupido sistema de agentes en todas partes, y la dimensión misma de la protesta lleva a excluir que se trata sin más de un estallido espontáneo que pilló al régimen por sorpresa, algo improbable.

 

El califato se adapta a la derrota

Los más de 300 muertos habidos en el atentado del Estado Islámico contra una mezquita en la península del Sinaí confirmó los peores presagios: la victoria militar casi consumada sobre los combatientes del califato en Irak y Siria desvanece la pretensión yihadista de disponer de un territorio propio, pero garantiza una multiplicación de los golpes de mano en todas direcciones, dentro y fuera de sociedades de mayoría musulmana. Que Rusia dé por acabada la fase militar de la guerra en Siria –contra el terrorismo y contra las diferentes oposiciones al presidente Bashar al Asad– no significa que cesará o se diluirá la iniciativa de los combatientes de la yihad, sino que cambiarán las características del desafío, se acentuará la libertad de acción de las células durmientes y los lobos solitarios seguirán siendo un riesgo permanente en todas partes. La impregnación de la causa de los muyahidines de Abú Bakr al Bagdadi en la prédica del islam ultraconservador y sectario no permite aventurar un escenario mejor.

En Egipto, el presidente Abdel Fatá al Sisi no ha podido cumplir la promesa de proporcionar seguridad, estabilidad política y progreso económico a cambio de acumular todos los poderes efectivos del Estado –una vez neutralizados los islamistas que capitalizaron la primavera de 2011–, sino que ha claudicado y se ha sometido a los designios de Arabia Saudí, ha defraudado a unas clases medias empobrecidas y ha condenado a la juventud a una situación de postración extrema (30% de paro). Una atmósfera social irrespirable, propicia para que el yihadismo piense que el laberinto egipcio dispone de caladeros en los que echar las redes. De hecho, la estrategia de seguridad desplegada por Al Sisi en el Sinaí ha provocado desplazamientos forzosos de población, con el consiguiente descontento de los afectados, mientras la efervescencia de la franquicia local del ISIS ha arruinado la industria turística y la estabilidad política no es más que un subproducto del estado de excepción establecido en la península en 2014 y extendido a todo el país en abril de este año.

La especialista Robin Right escribe en el semanario The New Yorker que Al Sisi “reina como el más poderoso hombre fuerte entre los gobernantes de más de veinte países árabes, pero más allá de eso, su estrategia en el Sinaí no funciona”. No solo no funciona en términos de seguridad, sino que la osadía de los yihadistas ha vaciado los hoteles, ha privado a Egipto de una de sus más saneadas fuentes de ingresos y ha sembrado dudas sobre la capacidad del país para evitar que un pequeño territorio a las puertas de Israel se consolide como un santuario del islamismo radical.

Quizá no todo lo que sucede en el Sinaí sea culpa en exclusiva de la ineficacia egipcia, quizá los requisitos exigidos por Israel en su día para devolver la península a Egipto –una desmilitarización casi total del área– tenga que ver con el éxito de la colonización yihadista, pero al final los resultados son los que son y las implicaciones políticas ahí están. Ni las promesas de Al Sisi y sus generales de controlar la estrategia del terror entre el canal de Suez y la franja de Gaza ni el apoyo oficial de Occidente al presidente de Egipto logran contrarrestar la máquina propagandística del Daesch, su compromiso de llevar la guerra santa a cualquier lugar.

Dispuestos a dar la razón al título del libro de Loretta Napoleoni, El Fénix islamista, este renace una y otra vez con una extraordinaria capacidad de adaptación a todos los terrenos y circunstancias, convertido en un mecanismo de agitación política que ha arraigado con fuerza inusitada, disfruta de cierta hegemonía cultural en segmentos minoritarios, pero importantes, de las sociedades musulmanas y está lejos de ser una propuesta de acción directa en retirada. Frente a las simplificaciones y certidumbres elementales que atrae a los seguidores de la prédica yihadista, los países occidentales han abrazado una vez más la solución del mal menor, han aceptado que gobiernos venales o teocracias retrógradas se mantengan en el puente de mando y han dejado que la desilusión, el desengaño y la frustración sucedan a la breve ilusión reformadora de las primaveras árabes. Y al tomar este camino, Estados Unidos y sus aliados no han hecho más que consolidar zonas de inestabilidad crónica –Libia, Siria– en los que es imposible un final feliz.

El recurso a la religión como coartada ideológica es más eficaz que la confusa doctrina europea y estadounidense de actuar en origen –en la economía, en las ayudas al desarrollo, en la seguridad– para evitar la exportación del terrorismo. Todo cuanto inspira la estrategia yihadista apunta siempre a la política de las emociones –el sacrificio de los mártires, las apelaciones a Al Ándalus, el califato, los clérigos exaltados– y a la incompatibilidad insuperable del islam ortodoxo –sea lo que sea lo que esto significa– con otras versiones del mismo islam –la mezquita del Sinaí acoge a una congregación sufí– y con el modelo occidental de sociedad. Fuera de ese islam monolítico, que opera como ideología movilizadora, todo debe ser combatido; la convivencia de credos, culturas y modelos políticos se tiene no ya por imposible, sino que se presenta como degradante para el futuro de la comunidad musulmana.

En la historia egipcia, donde coinciden desde el final de la monarquía la secularización objetiva de una parte de la sociedad, una dictadura militar de pulso cambiante, el crecimiento de los Hermanos Musulmanes y una prolongada crisis económica, agravada por la corrupción, se dan bastantes de los ingredientes esenciales para que la propaganda radical tenga eco. El golpe de Estado de 2013 que devolvió a los militares la presidencia del país y la represión desencadenada contra la Hermandad, con el beneplácito de los salafistas y de varias personalidades laicas, no ha hecho más que facilitar las cosas a los ideólogos del califato, dispuestos a ensangrentar otros escenarios con un mínimo de recursos –los que aún tienen a pesar de las últimas derrotas– y sin que importen demasiado las bajas propias en combate (una vez más, la cultura del martirio).

Cuenta el arabista Gilles Kepel que el día que asesinaron al presidente Anuar el Sadat se encontraba en El Cairo. Horas después del magnicidio, de vuelta al lugar donde vivía, preguntó a la encargada del establecimiento si sabía qué había sucedido. “Sí”, contestó. Y añadió más o menos: “Se lo había buscado”. Sadat, tan apreciado por los gobernantes occidentales, resultó ser un traidor para muchos egipcios a causa de los acuerdos que suscribió con Israel; hoy Al Sisi, aceptado por Europa y Estados Unidos como un aliado necesario, acaso sin alternativa posible, es un apóstata para sus enemigos emboscados en el pedregal del Sinaí (como el rey Salmán de Arabia Saudí y muchos otros). Esto es, lo presentan como un gobernante ilegitimado para liderar a musulmanes. Todo tiene la coloración de un futuro sin futuro.

Arabia Saudí calienta Oriente Próximo

Desde que un ministro saudí dijo el día 6 que el Ejecutivo libanés sería tratado como “un Gobierno que declara la guerra” la escalada verbal y los gestos hostiles han ido en aumento, empezando por la retención o secuestro de Saad Hariri un día después de anunciar desde Riad que renunciaba al puesto de primer ministro. La rivalidad estratégica por la hegemonía en la región entre Arabia Saudí e Irán alienta detrás de este nuevo foco de tensión en el que coinciden la presencia del movimiento chií Hizbulá en el Gobierno libanés, la preocupación de siempre de Israel por lo que sucede más allá de su frontera norte; la suerte de la guerra del Yemen, donde los saudís están muy lejos de poder cantar victoria; el aislamiento catarí promovido por la diplomacia saudí en el seno de la Liga Árabe, sometida a los intereses de la dinastía Saúd; y la decisión del rey Salman de nombrar sucesor a su hijo Mohamed, con su correlato de purgas en las estancias de palacio.

Todo esto concurre en la peligrosa iniciativa saudí de tensar la cuerda en Líbano, con el beneplácito de Estados Unidos y el consentimiento implícito de Israel. “Cuanto hace Arabia Saudí más allá de sus fronteras tiene que ver con Irán”, dice Tamara Wittes, de la Brookings Institution, y esta vez no es una excepción. Los caminos y los intereses de ambos países chocan en el golfo Pérsico, colisionan en Siria a causa del apoyo permanente de los ayatolás a Hizbulá, aliado de Bashar al Asad, se enfrentan en Yemen por la asistencia iraní a los hutís (chiís) y se entrecruzan desde tiempo inmemorial en la rivalidad histórica entre la mayoría suní del mundo musulmán y la minoría chií, cuya referencia primera es la República Islámica fundada por Jomeini. Nada es nuevo en esta última entrega del conflicto salvo la doble aquiescencia estadounidense, que apoya a un tiempo a sus dos grandes socios en el teatro de operaciones, Israel y Arabia Saudí, concretando una triple alianza perfectamente operativa.

Puede decirse que nada es contra natura en esta entente cordiale con israelís y saudís en el mismo bando. Para los primeros, el mayor riesgo en su frontera norte es Hizbulá –20.000 milicianos con un entrenamiento equiparable al de cualquier Ejército convencional, 25.000 reservistas y un arsenal generosamente provisionado por Irán–; para los segundos, Hizbulá es uno de los factores clave de la capacidad de resistencia de Bashar al Asad y un instrumento en manos de los iranís para ampliar su área de influencia. Para ambos, el régimen iraní es el gran adversario a neutralizar para asentar el control sobre el mundo árabe y para mantener la tutela permanente de Estados Unidos sobre el desarrollo de los acontecimientos en Irak (el 60% de la población es chií).

Si hasta la fecha la contención se ha impuesto en el Gobierno israelí a pesar de las presiones de la extrema derecha es a causa de los malísimos antecedentes de las dos anteriores guerras del Líbano, en las que la presión de la comunidad internacional en la primera (1982) y de la opinión pública en la segunda (2006) se entendieron como dos derrotas apenas encubiertas por la propaganda. Pero analistas como el diplomático Dan Shapiro, exembajador estadounidense en Israel, ven en la situación actual los riesgos de un conflicto militar inducido por terceros. “Puede suceder –estima Shapiro– que los saudís intenten crear las condiciones para una forma diferente de impugnar a Irán en el Líbano: una guerra de Israel contra Hizbulá”. Y en este hipotético caso, el temor es que una operación a gran escala contra los milicianos incendiara la región; conllevara costes inasumibles para el Gobierno israelí.

¿Cuáles serían estos costes? Los mismos que en el 2006: un elevado número de bajas, la humillación del empate en el campo de batalla frente a un ejército de milicianos y el rechazo de una opinión pública traumatizada por la llegada de los ataúdes a las bases militares. Los generales entienden que solo una operación relámpago de entre 48 y 60 horas garantizaría una intervención corta y victoriosa, aunque extremadamente cruenta entre la población civil y con un altísimo precio para la imagen internacional del país. “Si se desencadena una guerra (…) necesitamos actuar con todas nuestras fuerzas desde el principio”, declaró en junio el mayor general Amir Eshel, a la sazón comandante de la fuerza área. Con el probable añadido de considerar al Ejército regular libanés, de recursos modestos, “un enemigo al lado de Hizbulá”, según la fórmula usada por el apocalíptico Avigdor Lieberman, ministro de Defensa de Israel.

Sostiene Amos Arel, un analista del periódico progresista israelí Haaretz, que la volatilidad del momento entraña un riesgo añadido: que un incidente local provoque una escalada militar. Este es el peor escenario imaginable para Israel y quizá el más apetecible para Hizbulá y su dirección política, donde Hasán Nasrala ha impuesto la doctrina de los resultados por encima de la preocupación por el parte de bajas. Así sucedió en 2006, así sucede hoy en las operaciones llevadas a cabo en apoyo de Bashar al Asad y así probablemente sucederá en el futuro, completamente ajena la organización a cómo puede reaccionar la opinión pública mundial, tal como ha demostrado con su prolongada participación en la matanza siria. Hizbulá cuenta con la generosa ayuda iraní y con la complicidad rusa en el frente, y esto le basta para justificarse ante sus seguidores.

Cuanto más se prolongue la estancia de Saad Hariri en Riad más delicada se tornará la situación porque mayor peso específico tendrá el frente radical en el Gobierno libanés. El pasa dado por el rey Salman es un recurso insólito y un dato a tener en cuenta en el futuro inmediato al analizar la pretensión saudí de tratar como disidentes a cuantos discutan o perturben sus designios para Oriente Próximo. De hecho, el programa que aplica la corte de Riad no está exento de riesgos mayores que la teocracia saudí trata de encubrir con gestos modernizadores y una pretendida guerra abierta contra la corrupción, pero el delicado equilibrio en la región más caliente del planeta, en una atmósfera de crisis crónicas, puede saltar por los aires a poco que alguien cometa un error de cálculo. No es tan difícil que esto suceda en el complejo entramado donde porfían actores políticos, con armas o sin ellas, que se oponen a la lógica saudí, con Rusia en primer lugar.