Paz colombiana sin alternativa

La proximidad de la firma del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno de Colombia y las FARC y del referéndum que debe aprobarlo (26 de septiembre y 2 de octubre respectivamente) han avivado la controversia sobre la legitimidad o derecho del presidente Juan Manuel Santos de hacer tabla rasa a decenios de combates, secuestros, extorsión y narcotráfico. Se trata de un debate jurídico, pero también político; de un debate entre lo ideal y lo real, pero también entre adversarios políticos irreconciliables; de un debate entre la esperanza depositada en el futuro y el lastre que procede del pasado, pero también de los sentimientos que albergan las víctimas. Frente a la idea de que todo desenlace de una guerra sin vencedores obliga a hacer concesiones que quedan fuera del Código Penal se alza el argumento ético del respeto a la ley, cueste lo que cueste –dura lex, sed lex–, esgrimido por los contrarios al acuerdo, sospechosos a su vez de acogerse a la máxima del derecho romano para no desvelar o poner sobre la mesa otras razones de índole personal, de rivalidad política o simplemente de mal disimulado oportunismo.

Cuando es posible dar con las primeras dosis de envenenamiento de una sociedad no más cerca de 1948 –el bogotazo, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán–, un tratamiento convencional para desintoxicarla apenas tiene posibilidades de éxito. Todos los caminos explorados antes de los cuatro años de negociaciones que han alumbrado el acuerdo han sido intentos fallidos, episodios de frustración colectiva, oportunidades perdidas en un crucigrama plagado de enunciados abstrusos. “Los enemigos del diálogo están enfermos de resentimiento y de ira”, ha dejado dicho en el diario bogotano El Espectador el escritor Héctor Abad Faciolince, cuyo padre fue asesinado por los paramilitares en 1987. Al mismo tiempo, comprende Abad los celos de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, humanamente explicables, dice, porque Santos logró lo que ellos persiguieron y no alcanzaron, pero no ve otro camino para silenciar las armas que empezar de cero y dejar de buscar cobijo en la negra espalda del tiempo (el concepto está tomado de Javier Marías que a su vez lo tomó de William Shakespeare).

En ese largo conflicto que quizá se encamina hacia su fin nadie es inocente salvo las víctima atrapadas en la refriega, en el fuego cruzado entre una utopía emancipadora que fue al fin distopía y la soberbia de un Estado a menudo venal, insensible ante la pobreza y el desamparo de comunidades campesinas dejadas a su suerte desde la noche de los tiempos. Acaso se acerquen a su final las guerras del coronel Aureliano Buendía, aquellas cuyo cronista fue Gabriel García Márquez, guerras interminables noveladas, pero no siempre de ficción o imaginadas, que llegaron hasta nuestros días debidamente transformadas hasta no tener cabida en la literatura, o puede que sí –Noticia de un secuestro–, y aparecer desde hace un par o tres de generaciones en las secciones más ensangrentadas de los noticiarios.

“Ambos lados –el del sí y el del no– se revelan como unos abanderados del bien y con ínfulas de superioridad moral sobre el otro, como si cada uno fuera dueño de la verdad y por eso tuviera el derecho a mandar y a pisotear”, ha escrito Catalina Gallo en El Tiempo de Bogotá. No hay superioridad moral alguna en ninguno de los dos bandos, pues ambos, en algún momento, fueron actores principales en la producción de cadáveres y la difusión de prácticas abominables; no es posible plantear el referéndum en estos términos porque sería tanto como suponer que la limpieza de espíritu de una parte de los colombianos –importa poco cuál– condena a la otra, la deja marcada con un estigma imborrable y para siempre. Todo cuanto rehúye el análisis político de un conflicto político que solo admite respuestas políticas tiende a enturbiar la realidad si no es que la adultera por completo.

Aun así, el recurso presentado ante el Consejo de Estado contra la pregunta a la que deberán responder los ciudadanos se acoge a dos formalismos de naturaleza jurídica para eludir los ingredientes políticos que se dan en el caso: la impunidad de quienes delinquieron y la inclusión de la palabra paz en la pregunta por ser “una inducción directa al votante”. Contra la creencia del presidente Santos de que tiene la facultad de redactarla según mejor le parece, los recurrentes entienden que la paz es un derecho y “no se puede usar con el sentido” que se ha hecho, como si la única vía para alcanzar “una paz estable y duradera” fuese la aprobación de lo acordado trabajosamente en La Habana. “No me trago el sapo de los delitos atroces, el de la justicia, el de la impunidad y el del narcotráfico”, proclama el senador Everth Bustamante, exintegrante de la guerrilla urbana M19 y hoy en las filas del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, pero al manifestar su oposición al acuerdo soslaya un dato capital: las condiciones mediante las cuales aceptó la vía institucional el grupo al que pertenecía el hoy senador tuvieron un impacto emocional considerable a comienzos de los 90, hubo también un debate jurídico que discurrió en paralelo al desenlace político.

Al internarse en el laberinto de los razonamientos jurídicos, los contrarios a dar por buenos los términos de la paz negociada con las FARC evitan las complejidades inherentes a ofrecer una alternativa a lo pactado. Descartada la victoria militar absoluta del Estado y admitidos los riesgos propios de la aplicación de unos acuerdos llenos de complejidades, a ojos de los negociadores, de los intermediarios, de los partidarios de dar el sí el 2 de octubre, no hay otro sendero practicable; no es posible salir del enredo si se quiere abrir una causa general contra la guerrilla que la señale como única responsable de la matanza. Los riesgos de enquistamiento, de dolencia crónica e incurable –el caso del ELN, que sigue intransigente en la selva–, son mayores que aquellos que pueden desprenderse de la pervivencia de una facción irreductible de combatientes, de la dificultad misma de convertir a los militantes de las FARC en ciudadanos desarmados y aceptados en las instituciones por el establishment.

Una última razón ilustra la conveniencia de apoyar el compromiso de La Habana: mientras las situaciones abruptas se han adueñado de la política en Venezuela, Brasil y Bolivia, y esa tendencia al drama nacional diseña un futuro indescifrable, por lo menos poco halagüeño, la opción colombiana transmite la idea de un futuro verosímil, de un espacio político habitable a pesar de todo. No hay nada especialmente innovador en la apuesta colombiana más que la apuesta misma por un desenlace basado en un posibilismo extremo que da sentido al convencimiento de que cualquier alternativa es peor a lo pactado, sobre todo si entraña judicializar la política, llevar a Timochenko y a sus seguidores ante un tribunal para que den cuenta de lo sucedido. “Este no es el viejo mundo jodido por los demonios del pasado”, declaró hace dos años el periodista Jon Lee Anderson a El Tiempo. Ese es el reto.

 

El chavismo, en el ocaso

La crisis política, económica y social que zarandea Venezuela se ha adentrado en el frondoso bosque del referéndum revocatorio (cancelación del mandato del presidente Nicolás Maduro), lleno de trampas para elefantes y propicio para los debates bizantinos. Los esfuerzos de la oposición para reunir las firmas necesarias para que se celebre la consulta chocan con la predisposición del Comité Nacional Electoral a bloquear el proceso; las proclamas del Gobierno de someterse a lo dispuesto en la ley del 2007 son escasamente convincentes al predominar en ellas el indisimulado propósito de evitar a Maduro la prueba; ambos bandos, en fin, aparecen enfrentados en un litigio que difícilmente admite una gestión estrictamente institucional.

Se respira en Venezuela el aire viciado por un Parlamento abiertamente hostil al presidente y viceversa, una gestión económica errática cuando no insostenible y el hartazgo de una población que debe amoldar su vida cotidiana a tres desafíos: la inseguridad sin remedio, una inflación galopante y la escasez de productos de primera necesidad. Algunas de las medidas adoptadas para ahorrar energía –en realidad se deben a los cortes en el suministro eléctrico–, señal inequívoca de la gravedad del momento, y la sensación de que las teorías conspirativas se han convertido en la gran justificación para todas las penalidades inducen a pensar que el Gobierno marcha muy por detrás de los acontecimientos, improvisa todos los días y aspira a salvar los muebles con la movilización del núcleo de adeptos que aún le quedan.

Si la inflación superó en el 2015 el 200%, según datos que maneja la oposición, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la de este año llegue al 700% –cien puntos de más o de menos poco importan–, no es exagerado decir que el bolívar ha dejado de tener valor y todos los aumentos salariales anunciados por Maduro no son mucho más que un brindis al sol. Si el precio del petróleo se mantiene en los parámetros actuales, no es desmesurado decir que el país se encuentra ante un problema irresoluble, típico de economías basadas en un monocultivo: a corto plazo, no hay alternativas visibles para superar la escasez y la crisis social en ciernes. Si el Gobierno no admite la realidad de que el Parlamento le es hostil –la oposición dispone de una mayoría aplastante–, se condena a sí mismo a convertirse en una máquina de poder cada día más alejada de la calle y con menos medios para forjar complicidades.

Mientras Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dispone a recibir en Washington a una delegación de parlamentarios de la oposición venezolana, la cancillera Delcy Rodríguez considera ridícula la pretensión de activar la Carta Democrática Interamericana. “Además de la profunda ignorancia que significa esta solicitud, además de esta profunda ignorancia que demuestra la derecha, lo único que está en su corazón y en su pretensión es la intervención de Venezuela. Eso no procede. No nos dejemos presionar por esos fantasmas que no existen”, declaró la titular de Relaciones Exteriores a Globovisión. Y la referencia a la derecha apareció entrecomillada en la frase recogida por diario El Universal, altavoz de la oposición, porque es bastante cierto que el conglomerado de los descontentos ha dejado de ser solo el punto de encuentro de los conservadores alarmados desde el principio por el chavismo, y es hoy un movimiento que acoge un amplio abanico ideológico.

Da la impresión de que los herederos de Hugo Chávez han ahuyentado o defraudado a una parte importante de la base social sobre la que se levantó un proyecto de naturaleza populista destinado a refundar la república. El nacionalismo panamericano representado en su día por Simón Bolívar fue el santo y seña genérico de un programa reformista, si no viable, sí al menos posible, financiado con las rentas de un petróleo caro. El rescate de una parte de la población, condenada hasta entonces a vivir en condiciones de pobreza extrema, llevó a los rescatados a aspirar a unas condiciones mínimas de estabilidad para consolidar su nueva situación, pero entre tanto el Estado no buscó en otros campos ingresos diferentes a los del petróleo, y cuando estos menguaron, el mecanismo reformista empezó a fallar por falta de recursos. Si a lo dicho se suman una fiscalidad desconcertante, la corrupción y la tendencia a simplificar los problemas del equipo de Maduro, todo lleva a pensar que el experimento ha llegado al ocaso de su existencia.

El desplome del PIB contabilizado por el Banco Central de Venezuela presagia lo peor. En el 2014 cayó el 4%; en el 2015, el 5,7%; para el 2016 se estima que la caída será del 8%. Con estas cifras no hay sistema económico que resista, y menos en un entorno poco propicio en el que Cuba mira a Estados Unidos y a la Unión Europea, Brasil se debate en una crisis existencial, Argentina emite las primeras señales de conflicto social desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri y en Bolivia no prosperó en las urnas el deseo de Evo Morales de aspirar a un nuevo mandato. No es solo que Chávez tuviese un poder de atracción del que carece Maduro, es que además se movió en un ecosistema político latinoamericano propicio, muy diferente al presente.

La incontinencia verbal del presidente venezolano, que lo mismo arremete contra Mariano Rajoy que contra Barack Obama, contra la oposición o contra los defensores –Felipe González entre otros– de los líderes encarcelados, ha dejado de ser el resorte adecuado para desviar la atención de los problemas internos. Cuando la cultura de las colas frente a los comercios desabastecidos se suma a la falta de medicamentos, a los apagones y muchas pequeñas carencias presentes en todas partes, solo los muy convencidos siguen pensando que la culpa es de los otros y no de quienes gobiernan y se obstinan en perseverar en un programa que no aporta ninguna solución o solo una: una permanente y estéril huida hacia adelante.

La demanda por traición a la patria que los diputados chavistas interpondrán en el Tribunal Supremo contra los de la oposición que han instado a la OEA a activar la Carta Democrática Interamericana no es más que una maniobra de evasión para soslayar la realidad. Diosdado Cabello, expresidente del Parlamento y promotor de la iniciativa, es la viva imagen del distanciamiento de la realidad que cultiva el régimen. Ni siquiera la izquierda ilustrada que apoyó al chavismo en sus inicios ve hoy en sus continuadores el remedio a los males que atenazan a la sociedad venezolana. Tampoco se vislumbra una receta eficaz en las proclamas de la oposición, bastante menos cohesionada de lo que pudiera pensarse, pero de momento está legitimada por el apoyo de las urnas y por su apego a los usos democráticos. Si este punto de partida es suficiente para rescatar al país de la postración y evitar la fractura social, nadie lo sabe, pero es de temer que no baste si no es posible un pacto político en el que participe el chavismo, que controla todos los resortes del Estado y tiene por el momento al Ejército de su parte. O eso parece.

 

La clase media brasileña decide

El disputado voto de la nueva clase media brasileña será el que decida la suerte de la elección presidencial en Brasil, que este domingo cumple la primera vuelta. No hay encuesta que no establezca que ese segmento de población al que se han incorporado un mínimo de 30 millones de personas en los 12 últimos años será el que decante la balanza entre Dilma Rousseff, la candidata del Partido de los Trabajadores (PT), que opta a la reelección; Marina Silva, ecologista y candidata del Partido Socialista Brasileño (PSB) a la muerte en accidente aéreo de Eduardo Campos el pasado agosto; y Aécio Neves, candidato del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB). Esa clase media C –entre 780 dólares y 1.400 dólares de renta mensual familiar–, agrandada por los programas contra la pobreza que se remontan al primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), esa clase media que pareció abandonar a su suerte a la presidenta en los meses que precedieron al Mundial de fútbol, es la misma que ahora corrige su desencanto con una mezcla de realismo y quizá conformismo, según se colige de los últimos sondeos.

Al empezar la campaña electoral, el índice de aprobación de la labor del Gobierno estaba en el 32%, la figura ascendente de Silva igualaba a Rousseff con el 34% de intención de voto y la modesta previsión de crecimiento hecha por el Banco Central de Brasil –0,7% al acabar el año– parecía un obstáculo insalvable para movilizar al electorado histórico del PT. La perspectiva de que la candidata socialista podía sacarle hasta diez puntos de ventaja a Rousseff en la segunda vuelta reforzó los peores presagios para el equipo gobernante, y las posibilidades de Neves quedaron reducidas al mínimo. Mauro Paulino, director de la firma de sondeos Datafolha, declaró entonces para explicar la reacción de la clase media: “Es un segmento que tuvo acceso a bienes de consumo y a educación, que mejoró su vida y que ha seguido mejorando hasta por lo menos el inicio del gobierno de Dilma. Pero ahora ve que esa mejora no continúa y está dividido entre la gratitud a Lula y el deseo de subir otro peldaño. Y esa duda se manifiesta también en el voto”.

Cartel electoral de Marina Silva.

El panorama cambió de forma espectacular los últimos días de septiembre: Silva pareció encontrarse en el trance de ser una estrella fugaz consumida por la inercia de un electorado más estable de lo previsto hasta entonces, el aspirante del PSDB recobró fuerzas y la presidenta se puso al frente de todas las encuestas a partir de la mejora en la aceptación de su Gobierno (39% de los electores). La ventaja de Rousseff es hoy de unos 15 puntos con relación a Silva –40% a 25%– y de unos 20 puntos con relación a Neves, con un 20% de intención de voto, pero con tendencia al alza, mientras el vector electoral de la candidata socialista evoluciona a la baja. Deducción del editorialista de O Globo: “Ya no queda espacio para un discurso utópico –se supone que el de Silva– de estar al mismo tiempo contra el PT y el PSDB”.

Poco importó que la Bolsa de Sao Paulo acogiera las nuevas previsiones electorales con una caída generalizada de los grandes valores –las acciones de Petrobras llegaron a descender el 11%– y que el real se depreciara frente al dólar. Puede decirse que la reacción del mundo financiero era previsible y que la clase media, a cuyo rescate y crecimiento, las dos cosas al mismo tiempo, acudió en su día Lula, volvió a la senda de las certidumbres ante el temor de que el programa de Silva sea un volantazo en plena autopista con la calzada muy mojada –las previsiones de crecimiento efectivo para el cuatrienio 2011-2014 se quedan en el 6%–, con la economía muy lejos de las magnitudes chinas e indias, que deslumbran a todas las economías emergentes.  “El mercado es maniqueo –dice Luís Eduardo Assís, exdirector del Banco Central de Brasil–. Para él, Rousseff es mala. No hay un análisis político sobre este concepto. No le gusta la presidenta y es correspondido”. Pero eso poco importa a quienes apenas empiezan a disfrutar del confort de un Estado con inquietudes sociales. El “enfático voto de protesta” de la Bolsa al que alude el influyente diario O Estado de S. Paulo queda lejos de las preocupaciones cotidianas del electorado.

Aun así, hay datos suficientes para sostener que las posibilidades de victoria de Marina Silva no se han esfumado antes de llegar a las urnas. El más relevante es el peso del debate político-religioso durante la campaña. La candidata socialista no tiene solo de su lado el haber sido ministra de Medio Ambiente con Lula, sino algo más importante para estimular el voto emocional o confesional: es una evangelista pentecostal de la Asamblea de Dios en un país de tradición católica, pero que cuenta con 42 millones de fieles –20% de la población– de las iglesias evangélicas o protestantes, según se prefiera un término u otro. Se trata de una militancia religiosa reciente y, por esa razón, muy activa que maneja respetables sumas de dinero, que cuenta con telepredicadores que disfrutan de audiencias considerables y transversales y que tienen una influencia directa en los comportamientos electorales de su grey.

Dilma Rousseff, sobre la montaña rusa de la economía brasileña.

Dilma Rousseff, sobre la montaña rusa de las cotizaciones en la Bolsa de Sao Paulo.

Que la mayoría de la población siga siendo católica no significa que los evangélicos no constituyan una fuerza determinan. Al contrario, han demostrado tal capacidad para impregnar y condicionar los programas de los partidos, para obligar a los candidatos a rectificar sobre la marcha en cuanto atañe al matrimonio homosexual, que incluso ha sido precisa la aclaración de un integrante del equipo de Silva para garantizar que, de ganar, su Gobierno será laico, sin asomo de confesionalidad. Tal aclaración era necesaria para no ahuyentar la parte del voto católico lulista que, según los cálculos de los socialistas, podría decantarse ahora por su candidata, creencias al margen, como resultado de la desaprobación global de su gestión en materia social, de los casos de corrupción y de los excesos en gastos suntuarios a propósito del Mundial y de los Juegos Olímpicos de Río del 2016.

“El consenso sociológico imperante es el de que los que estén bien instalados en la mesocracia, aun agradeciendo los servicios prestados a la católica Rousseff, pueden valorar las ventajas del cambio, y hay en Brasil 42 millones de evangélicos sumamente disciplinados y en veloz crecimiento; mientras que los que permanezcan en estado de vulnerabilidad temblorosa y pobres de solemnidad seguirán esperando su oportunidad de Lula-Rousseff. En la suerte electoral influiría, por tanto, la fiabilidad de los números de esa transformación socioeconómica”, ha escrito Miguel Ángel Bastenier en El País.

Es esa una dinámica típica de sociedades extremadamente duales. En ellas, cuando se producen grandes cambios sociales se registran asimismo grandes mutaciones electorales: quienes se pueden subir al ascensor social aspiran muy pronto a estabilizar su situación mediante programas contenidos –puede ser el caso del que presenta Silva–, mientras que quienes siguen en estado de postración confían en aquellos partidos que han demostrado ser capaces de combatir la pobreza. Importa menos que Silva repita que sabe qué es vivir en una favela, que comprometerse a sostener la mejora de cuantos hasta fecha reciente vivían en medios de una pobreza lacerante. Si son exactas las cifras que maneja Datafolha, el 60% de los electores brasileños pertenecen a esa clase media C en la que se libra la batalla de los votos y, de ellos, cerca de la mitad tuvieron plaza en el ascensor social durante el último decenio.

Unos operarios cuelgan un cartel electoral de Dilma Rousseff.

¿Significa todo esto que la suerte está echada y la segunda vuelta será un pulso entre Rousseff y Silva? Hasta hace unas semanas, ese era el panorama, pero los cambios de tendencia han hecho renacer las esperanzas de Neves en la recta final. El PSDB tiene a su favor una implantación territorial sólida, capacidad organizativa y experiencia en el cuerpo a cuerpo, mientras que los socialistas están lejos de reunir estas cualidades. Luego los sondeos dicen que en el ballotage gana Rousseff con entre ocho y nueve puntos de ventaja sea quien su adversario, pero para un candidato que hace un mes estaba fuera de la carrera, el cambio de tendencia es mucho más de lo que podía esperar, especialmente en las grandes ciudades, donde los socialdemócratas suelen disponer de un importante caladero de votos.

El resto de herramientas de campaña han dejado de contar. Lo que importa es la reacción de la clase media después de 12 años de Gobierno lulista –pues Dilma Rousseff no es más que prolongación funcional de su valedor–, de una modificación profunda del mapa social y del camino sin retorno emprendido por Brasil para mantenerse como la gran potencia latinoamericana sin comparación posible. Que Rousseff guste más entre los socios del Mercosur y menos en los despachos de Washington, que los adscritos a la ensoñación bolivariana prefieran la continuidad al cambio, que la autonomía energética de Brasil cambie todas las reglas del juego ha sido menos importante que escudriñar los nuevos comportamientos políticos de esa nueva clase media que todos cortejan porque sus votos serán decisivos.

 

Una empresa llamada FIFA

“El fútbol es la parte predecible de nuestra vida. Esto significa que sabemos dónde veremos la final de la Champions, pero no dónde nos va a llevar el resultado”.

Juan Villoro, escritor

Los brasileños saben que Juan Villoro está en lo cierto sin asomo de duda desde el 7-1 desgarrador de la noche del martes. Un ambiente de depresión nacional, de incertidumbre colectiva, se ha apoderado de la torcida, que es el país entero, y el Gobierno se tienta la ropa ante el temor de que el desaguisado tenga repercusión en las urnas, aliente de nuevo la protesta social y reactive las preguntas que movilizaron a la calle antes de que empezara la fiesta: ¿está justificado el derroche del Mundial cuando las favelas siguen siendo la imagen doliente de un país profundamente dual?, ¿no se pudo organizar la competición con una mayor y más sensata contención del gasto? A los gobernantes de la FIFA, que nunca han tenido que rendir cuentas más que a sí mismos, y aun con reservas, adónde llevará el resultado solo les importa en la medida en que la cuenta de resultados certifique que el negocio funciona a toda máquina.

Antes de que empezara el Mundial, el escritor uruguayo Eduardo Galeano declaró al diario brasileño O Estado de Sao Paulo: “Hay dictaduras visibles e invisibles. La estructura de poder del fútbol en el mundo es monárquica. Es la monarquía más secreta del mundo: nadie sabe de los secretos de la FIFA, cerrados bajo siete llaves. Los dirigentes viven en un castillo muy bien resguardado”. Y otro uruguayo, Ricardo Peirano, editor del diario El Observador, de Montevideo, destemplado por la sanción impuesta a Luis Suárez a causa de su famoso mordisco, ha escrito: “Todo tiene un precio y la FIFA lo sabe bien. Tan bien maneja la FIFA sus recursos que tiene una pequeña reserva financiera en los bancos. Una reserva que asciende a más de 1.000 millones de dólares. Por las dudas”. Sumadas las palabras de Galeano y las de Peirano se llega a las de Ramón Besa en El País: “El máximo organismo futbolístico ha perdido cualquier autoridad moral desde que no sanciona la corrupción de sus miembros y ejemplariza sin criterio los castigos a los jugadores”.

Peirano sostiene que la FIFA  “representa el cinismo por antonomasia”; Blesa habla de la pérdida de autoridad moral. El caso es grave, salvo que alguien siga creyendo que el fútbol es solo un juego. Dejó de serlo hace mucho, cuando se convirtió en un resorte de movilización universal, en un mecanismo transversal de socialización de una eficacia y trascendencia inusitadas, en un universo en expansión al que nada le es ajeno. El fútbol es la política por otros medios, la identidad con otras banderas, el sentido de pertenencia por razones distintas a las heredadas del nacionalismo romántico. De ahí que su compromiso con la ejemplaridad fuera lo menos que cabría esperar de cuantos lo dirigen; su disposición a garantizar la transparencia con una gestión decorosa, ordenada, precisa, regulada y púbica.

Nada de esto forma parte del ADN de la FIFA. Todo funciona en la opacidad más estricta, así sea la adjudicación del Mundial del 2022 a Catar o la intrincada trama de intereses tejida por los grandes patrocinadores. Mientras nadie duda de que llevar la Copa del Mundo a Catar es un despropósito que solo se explica por las irregularidades en la elección y el poder hipnótico de los petrodólares, la FIFA despacha el asunto con cuatro frases hechas que no hacen más que hinchar el globo de la sospecha. Al mismo tiempo que todas las voces sensatas reclaman incorporar al arbitraje tecnologías de última generación para evitar que lo que se ve en la televisión no se pite en el campo, la FIFA prefiere acogerse a normas y formas del siglo XIX cuando el fútbol, entonces sí, era solo un juego. En tiempos en los que cada vez más la opinión pública exige tener conocimiento de cuál es el origen y el destino del dinero, de todo el dinero, la FIFA gestiona un negocio de 4.000 millones de dólares –el Mundial y sus derivados– de cuya administración, fines y distribución se sabe muy poco por no decir nada.

“Las presiones ejercidas por la FIFA sobre el Gobierno brasileño para que adopte leyes antidemocráticas constituye en particular un precedente inquietante. Este intento de origen exterior, en nombre de los patrocinadores de la Copa del Mundo, subraya la amenaza que representan las multinacionales para sociedades civiles de articulación reciente”, señala la escritora estadounidense Naomi Wolf. Se refiere Wolf al intento torticero de poner límites a los derechos de reunión y manifestación durante el Mundial a fin de silenciar o limitar la protesta social. Pero se refiere también a la vergonzosa rectificación de la ley brasileña que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en los estadios con el único fin de que la cerveza Budweiser, patrocinadora del Mundial, pudiera venderse a los espectadores sin restricciones. Alude, en suma, a la intromisión en la soberanía nacional y al relativismo moral en nombre del negocio.

Caben toda clase de interpretaciones cada vez que Joseph Blatter toma la palabra: que lo hace en nombre de la FIFA, de quienes patrocinan sus competiciones, de ambas partes a la vez o, incluso, de otras razones e intereses no conocidos. El deporte de alta competición se ha convertido en un espacio de negocio apenas regulado por las instancias públicas, que atiende a sus propias reglas y a sus propios códigos de conducta. La FIFA expulsa a quienes recurren a los tribunales ordinarios y no reconoce más autoridad en la dilucidación de conflictos que la que se ha dado a sí misma. Eso es bastante más de lo que los colegios profesionales y otras organizaciones entienden por autorregulación y mucho menos de lo que en términos generales se conoce como seguridad jurídica.

¿También aquí es necesaria la seguridad jurídica? La pregunta es pura retórica porque la única respuesta posible es sí. En primer lugar, la precisan los futbolistas, que sostienen el espectáculo. En segundo lugar, la merecen tener los espectadores que financian el artificio de una forma u otra –comprando una entrada o bebiendo una cerveza–, que aspiran a que el juego sea disputado, tenso y limpio. No es mucho pedir. Tampoco es excesivo esperar de los gobiernos la entereza mínima necesaria para poner límites a los organizadores, por más trascendental y rentable que sea la Copa del Mundo, y quizá el equipo de Dilma Rousseff haya desvelado, aunque no por propia voluntad, qué reglas no escritas no deben aceptarse nunca: hay demasiados ciudadanos disgustados por la dispendiosa construcción de estadios y otras infraestructuras como para no prestarles atención.

La lección merece ser tenida en cuenta de aquí al verano del 2016, cuando Río de Janeiro acogerá los Juegos Olímpicos y el COI oficiará como gran administrador del acontecimiento. “En los últimos años, el fútbol ha perdido aquel brillo mágico que debería marcar cada partido”, dice Eduardo Galeano. Y en la declaración se halla implícito el lamento de cuantos, amantes del fútbol y del deporte en general, ven asomar a cada paso la sombra alargada de intereses creados. Es decir, ven en todos los escenarios la religión diseñada por la FIFA y por las multinacionales que un día vislumbró Manuel Vázquez Montalbán: “Los jugadores ya no son sacerdotes fundamentales, como tampoco los feligreses son los dueños de la iglesia: la llenan, pero el poder condicionante del dinero pasa por las exclusivas de televisión y la publicidad”. Es el signo de los tiempos en el Mundial y en todo lo demás.

Gran Hermano de última generación

“Doce años después de los atentados del 11 de septiembre, la cuestión sigue siendo encontrar un equilibrio entre seguridad nacional, libertades públicas y derecho a la información”. Ese es el quid de la cuestión una vez más, formulado en la edición del martes del diario progresista francés Le Monde por su directora, Natalie Nougayrède. Ese es el meollo del asunto llevado otra vez al primer plano de la reflexión periodística y académica, política y social, después de que el periódico revelara una operación masiva de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que acumuló metadatos de 70,3 millones de comunicaciones telefónicas realizadas en Francia entre el 10 de diciembre del 2012 y el 8 de enero del 2013. No se trata de quebrar el funcionamiento de los servicios encargados de garantizar razonablemente la seguridad colectiva de los ciudadanos, sino de fijar límites para preservar la vida privada. Se trata, en suma, de dar a conocer prácticas que “permiten leer en nuestras vidas, nuestros contactos y nuestras opiniones como en un libro abierto”, escribe Nougayrède con acierto.

Los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para desprestigiar a Edward Snowden, artífice de las revelaciones, a quien presenta como un traidor que debilita la seguridad nacional, no afectan al fondo del asunto: la consideración de sospechosos habituales aplicada a millones de personas en países aliados, incluidos presidentes y primeros ministros –35 líderes mundiales, según el diario británico The Guardian–, cargos electos, empresarios y legiones de ciudadanos cuya única característica común es ser usuarios de las redes de telecomunicaciones. Tampoco afecta al nudo de la trama el hecho de que Snowden haya encontrado cobijo en Rusia, con rasgos cada vez más acusados de Estado mafioso, ni el desmentido del general James Clapper, director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, que considera falsos los datos publicados por Le Monde, sin que, por lo demás, nadie haya dado crédito a sus palabras. Porque Clapper y, con él, aquello que se conoce como comunidad de inteligencia se sienten legitimados por la amenaza terrorista y por una cierta tradición nacional, aunque sean los aliados de la OTAN, Brasil, México y algún otro país amigo los escenarios del espionaje masivo.

Sede de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en Fort Meade (Maryland).

En el nicho ecológico de Clapper no tienen cabida las preguntas tantas veces formulada por moralistas y pensadores acerca de la bondad o no de un comportamiento. “¿Cómo podemos estar seguros de que una acción es justa?”, plantea el filósofo Isaiah Berlin en el ensayo ¿Existe aún la teoría política? En el delicado discurso del pensamiento de Berlin no hay sitio para una respuesta categórica, inequívoca, sino más bien para una reflexión matizada por las dudas que asoman a casa paso. “Descubrimos que no estamos seguros de lo que debemos hacer para aclarar nuestras mentes –escribió Berlin–, buscar la verdad, aceptar o rechazar respuestas anteriores a estas preguntas”.

El único enfoque posible en el mundo del espionaje, en Estados Unidos y en cualquier otro lugar, es el que se desprende del principio según el cual el fin justifica los medios. Sin apenas matices, lo que realmente cuenta no son los métodos, sino el resultado final obtenido a través de procedimientos que unas veces son honorables y otras, deleznables. Los regates en corto de la Administración de George W. Bush para justificar el recurso a la tortura en nombre de la seguridad constituyen una prueba bastante conocida de esa doctrina. A partir de ahí es relativamente fácil llegar a la conclusión de que el entramado institucional y legal de las democracias no es garantía suficiente para ponernos a salvo de la barbarie. Al contrario que en el pensamiento de Immanuel Kant, para quien la seguridad es “una cláusula mínima de protección que permite al sujeto experimentar la libertad”, de acuerdo con la síntesis de Michaël Foessel, los gestores de los servicios de espionaje entienden que para que ciudadanos libres experimenten la seguridad, deben aceptar un recorte de su libertad. La seguridad entendida como un derecho se convierte así en un valor conquistado por el que debe pagarse un precio.

En la atmósfera ideológica de Estados Unidos flota siempre, además, el legado de Leo Strauss (1899-1973) y sus discípulos, radicalmente convencidos de dos realidades: en primer lugar, “el liberalismo occidental conduce al nihilismo”, en expresión de uno de sus seguidores, el profesor Harvey Mansfield, de la Universidad de Harvard; en segundo lugar, Estados Unidos tiene el destino único de combatir a las fuerzas del mal en todo el mundo. En la Ley Patriótica, aprobada después de los atentados del 11-S, y en la utopía reaccionaria –otra vez, más seguridad a cambio de menos libertad–, defendida por los neocon, alienta la convicción de que la responsabilidad de una misión universal que cumplir justifica comportamientos bastante alejados de la lealtad entre estados aliados, la transparencia democrática y los sistemas de control institucional. Pero en los segmentos más tradicionales de la sociedad estadounidense, el pensamiento de Strauss no incomoda y en el mundo del espionaje y los servicios secretos proporciona elementos de convicción útiles para manejarlos ante la opinión pública.

Una de las grandes sorpresas es que el descubrimiento de un Gran Hermano de última generación que trabaja a toda máquina se haya producido durante la presidencia de un liberal pragmático, pero liberal al fin, como Barack Obama, el inquilino de la Casa Blanca que mejor ha caído a los europeos desde los días de John F. Kennedy. Aunque si se presta atención al comportamiento de la comunidad de inteligencia desde el final de la segunda guerra mundial, se llega fácilmente a la conclusión de que Estados Unidos, con independencia de la coloración ideológica de cada presidente, nunca ha dejado de husmear en la vida y comportamientos de los europeos por más aliados que sean. La diferencia es que ahora dispone de herramientas de las que antes carecía y cuenta con la colaboración entregada de los gigantes de las nuevas tecnologías, según pone de relieve un esquema por demás clarificador publicado por Le Monde.

La gesticulación europea ante todo esto no deja de ser una señal elocuente de impotencia. La pasividad o la sumisión ante el comportamiento de la NSA, roto episódicamente por los casos de espionaje en Francia, por la sospecha de que el móvil de Angela Merkel ha sido intervenido y de que, en fin, raro es el Estado europeo que no ha sido sometido a vigilancia –España también como cabe deducir de la decisión de Mariano Rajoy de citar al embajador  de Estados Unidos–, no hace más que corroborar la sujeción de la Unión Europea a una estrategia militar y política, la norteamericana, que no controla y en la que participa demasiado a menudo de forma harto simbólica. En los planes diseñados por la Casa Blanca, los departamentos de Estado y Defensa y las agencias federales de seguridad, es secundaria la aportación conceptual y práctica de Europa. Frente al multilateralismo diplomático y la colaboración con los aliados, tantas veces defendidos por Obama, se impone la realidad de una política de seguridad en la que los europeos son objeto de espionaje.

Las deliberaciones del Consejo Europeo de esta semana reflejan quizá un disgusto momentáneo, pero están lejos de forzar una alteración de los planes estadounidenses. La concomitancia del complejo tecnológico estadounidense con la Administración, que hace posible un rastreo sin fronteras, pone el control del espacio virtual, al menos en Occidente, en manos de Estados Unidos de forma casi exclusiva, erosiona el principio de igualdad y respeto entre aliados y confirma que los intereses del complejo militar-industrial, auxiliado por las nuevas tecnologías, se mantienen por encima de las urnas y los designios de los gobernantes. En realidad, puede que la libertad de tráfico y circulación en la red sea el mejor de los útiles para controlar las pulsiones de los usuarios –es decir, de todos–, porque en la medida en que se sepa cuáles son sus rutas de navegación, sus interlocutores telefónicos, sus amigos en Facebook o el contenido de sus mensajes en el correo electrónico, más detallado será el perfil del que dispondrán los servicios de información. He aquí la gran paradoja posible: libertad de movimientos para espiarnos mejor.

 

 

Brasil, más allá del fútbol

“Donde hay sueños, también hay monstruos, hay traumas reprimidos, hay denegaciones, hay sed de venganza, miedos al cambio, necesidades de mantener privilegios, oportunidades vistas para dar frutos y así sucesivamente”.

Francisco Bosco, columnista de ‘O Globo’

Una dinámica de protestas en la calle y desorientación en los salones del poder se ha adueñado de la política brasileña. El compromiso reformista de Lula da Silva, heredado por Dilma Rousseff, ha situado en el disparadero de las reivindicaciones a una clase media recién llegada a la política que desconfía de los partidos, es consciente de que es depositaria de derechos y no se resigna a permanecer callada. “El rostro turbado por la cólera de las clases medias”, como ha escrito Miguel Ángel Bastenier en El País, marca el ritmo de las decisiones tomadas a toda prisa por la presidenta para apaciguar a los descontentos y, de paso, acometer los males que han desencadenado las movilizaciones: servicios insuficientes, corrupción rampante, policía desbocada y todas las contradicciones inherentes a un crecimiento rápido y a menudo descontrolado.

Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil: “Sé muy bien que ninguna democracia vive sin partidos”.

Esas son las líneas rojas de la crisis social en curso. El disgusto por el gasto excesivo asociado a la Copa Confederaciones de estos días, el Mundial de fútbol del año próximo y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016 son otras tantas piezas sin encaje en un rompecabezas de difícil solución. Brasil es el gigante incontestable de América Latina, incluso puede ser el gigante necesario para encauzar un entorno donde con frecuencia prevalece la política de balcón, la sociedad brasileña se proyecta sobre todo el continente con un dinamismo irrefrenable, pero la prosperidad económica y los programas que han rescatado de la pobreza a no menos de 40 millones de ciudadanos durante el último decenio están lejos de ser el bálsamo de Fierabrás que todo lo cura. Son más apropiadamente el resorte que ha puesto en marcha el cambio en una estructura social que cobija a un tiempo la favela y las nuevas tecnologías, el auge de los centros financieros con formas de corrupción inamovibles gobierne quien gobierne.

Puede decirse que la corrupción ha sido durante generaciones un mecanismo de socialización más. En todas las etapas democráticas de la historia de Brasil, los partidos han oscilado entre la complicidad manifiesta con los corruptos y la tibieza para combatirlos. Ni siquiera el PT, el partido de Lula, el de la oposición a los desmanes de gobiernos venales, ha escapado a esa lógica, de tal manera que no pueden sorprender opiniones como la Bruno Lima Rocha en las páginas de O Globo: “Después de diez años de coalición del PT y otros partidos que otrora fueron de izquierdas, siempre aliados con lo peor de las oligarquías brasileñas y sus grandes agentes económicos, los movimientos populares casi se desarmaron. Forma parte de la política que las nuevas formas de organización social procedan de frentes sociales no manipulables”.

Lula y Dilma

Lula da Silva y su heredera política, la presidenta Dilma Rousseff, en una imagen de la campaña de las elecciones del 2010.

Sería ingenuo afirmar que ha llegado a Brasil la desconfianza hacia las formas tradicionales de partición política, porque la desconfianza es anterior a la protesta en la calle; en realidad, es uno de los motores que ha unido la masa crítica de la protesta. Y puede que por ese motivo la convocatoria de un plebiscito sea fruto de una intuición al entender que es la forma más adecuada para que el Gobierno recupere la complicidad de la calle en la lucha contra la corrupción, la intervención en servicios esenciales –transportes, educación, sanidad–, la disciplina fiscal y el control de la violencia policial. La propuesta de plebiscito hecha por Rousseff sería así una fórmula para tomar de nuevo la iniciativa y acercar a las voces de la calle el palacio de Planalto, sede de la presidencia.

“Sé muy bien que ninguna democracia vive sin partidos. Pero hay formas de mitigar esa influencia, de introducir trazos de voluntad popular, de consulta directa a la población”, ha declarado Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal Federal y partidario decidido del plebiscito. Pero ¿es suficiente un plebiscito para encarar un proceso constituyente? El perfil de la protesta no da para tener buenos presagios, sino para temer que se enquiste una crisis social con dos frentes perfectamente definidos: el de la política sustentada en el sistema de partidos en circulación y el de los decididos a depositar la confianza en formas organizativas de nuevo cuño, alejadas de las convenciones y del reformismo a la brasileña encarnado por Lula. El objetivo de este cuando fue investido presidente de asegurar tres comidas al día a todos sus compatriotas ya no es suficiente, aunque todavía no se logrado; ahora hay una clase media que pide calidad de vida y derechos sociales después de haber sido redimida de la pobreza.

“Para hablar directamente con la calle, la solución (del plebiscito) sería seguramente la mejor”, ha escrito Zuenir Ventura en O Globo. Pero cuando ni siquiera el fútbol sirve para ahuyentar los demonios familiares de la sociedad brasileña, entonces los frutos del plebiscito son una incógnita. No valen las referencias a otros mundiales, como el de Sudáfrica, que proyectaron a todo el planeta la imagen de un país renovado; no vale el precedente de Barcelona 92, que puso al día una ciudad que hoy recoge los beneficios de la gran empresa de los Juegos Olímpicos; no convence el ejemplo de Pekín, que utilizó el olimpismo para certificar que China es la gran potencia del siglo XXI. Y no valen estas invocaciones porque el origen de la protesta hay que buscarlo en una izquierda que se ha revuelto “contra un desfase entre los avances económicos y las ganancias sociales”, y reclama “una intervención del Estado en el sentido de abrirse a una mayor participación pública en los procesos”, según el análisis de Francisco Bosco.

Niteroi

Manifestación en Niteroi, cerca de Río de Janeiro, el 21 de junio.

Frente al tópico del fútbol como una religión compartida por todos los brasileños y a la creencia de que el culto al cuerpo es una obsesión nacional, que genera una complicidad espontánea con los Juegos Olímpicos, surge la realidad de las tensiones derivadas de una sociedad cambiante. Frente al Brasil alejado de los grandes debates internacionales se concreta otro destinado a ser el gran interlocutor de Estados Unidos en Latinoamérica, a participar activamente en la reforma de las Naciones Unidas, a condicionar el mercado energético con sus ingentes reservas de petróleo en el fondo del océano, a competir con los grandes polos de la industria del ocio y a buscar, en fin, un lugar bajo el sol en el selecto club de las potencias emergentes de este comienzo de siglo. La vecindad inmediata ha dejado de ser el campo de actuación preferente de Brasil porque ahora su condición es la de potencia regional.

El riesgo es que, de no corregirse el desajuste social con medidas concretas y tangibles, crezcan el desapego a la política y la desconfianza en las instituciones. “Una execración de la política tiene cuanto es preciso para degradarse, de una u otra forma, en populismo autoritario”, sostiene el diario O Estado de Sao Paulo, que evoca un peligro que está ahí como suma y compendio de las debilidades del sistema. Al mismo tiempo, una parte de la opinión pública, incluso de tradición progresista, comparte el análisis del comportamiento de la presidenta Rousseff publicado por Hélio Schwartsman en el periódico Folha de Sao Paulo, de orientación conservadora: “Intentó dar contenido y dirección a un movimiento popular que ganó enseguida, pero no sabe hacia dónde camina. Cuando se analizan las propuestas concretas de la mandataria se tiene la sensación de que se incorporó al clima de las manifestaciones y decidió actuar sin pensar”.

Claro que al apuntar directamente a Rousseff, el medio preferido de la muy conservadora burguesía paulista pone las cartas sobre la mesa. ¿Cuáles son estas? Esencialmente, aprovechar el momento para erosionar la imagen de Rousseff, quien a pesar de los acontecimientos de las últimas semanas mantiene su estatus de presidenta respetada, con un alto índice de aceptación y, no se olvide, encargada de administrar la herencia política de Lula. Y para los ideólogos del compromiso social y de la lucha contra la pobreza, para los planificadores de un futuro sin favelas y una Amazonia salvaguardada de una explotación descontrolada, para los defensores de las naciones indígenas, para cuantos esperan que para el 2020 se haya completado una reforma ecuánime en el reparto de las tierras de labor, el mensaje de Lula, sea dicho por él o mediante persona interpuesta –Dilma Rousseff–, sigue siendo la principal fuente de inspiración. Habría que decir, quizá, la referencia principal del reformismo latinoamericano que no ve futuro en la prédica bolivariana de los albaceas de Hugo Chávez.

 

Oposiciones para suceder a Chávez

Nadie es capaz de aventurar si el regreso de Hugo Chávez a Caracas es el penúltimo acto de la angustiosa representación ofrecida a la opinión pública por los herederos del presidente o cualquier otra cosa remotamente relacionada con la vuelta de este al puente de mando, quizá para jurar el cargo y, acto seguido, renunciar. El secretismo, mezclado con un abigarrado misticismo religioso y la camiseta de Nicolás Maduro con la imagen del líder enfermo, hacen presagiar lo peor, pero en la escenografía barroca de la república bolivariana todo es posible menos un desarrollo más o menos convencional de los acontecimientos. Mientras tanto, se ha dado la salida en la carrera para llenar el vacío que previsiblemente dejará Chávez dentro y fuera del país al frente de una tercera vía latinoamericana de perfiles ideológicos profusos, difusos y confusos, situada a medio camino entre el Brasil que se avizora como la gran potencia regional durante muchos años y el club de países que, con intensidad variable, se atienen a los designios de Estados Unidos mediante diferentes tipos de alianzas.

Es esta una carrera en la que ninguno de los contendientes tiene de momento el empaque resolutivo de Chávez, ataviado siempre con el populismo a todo volumen desarrollado a través de una red de medios fieles, hábil administrador de los resortes emocionales destinados a retener la atención de un auditorio convencido de antemano, orador caudaloso hasta que le enmudeció la crisis posoperatoria. Así como Chávez llenó el hueco dejado por un Fidel Castro a quien los achaques retiraron de la política y por una revolución cubana en fase crepuscular, sometida a la inercia política de la gerontocracia de La Habana y cada vez más denostada por quienes durante años fueron sus honrados defensores, así también de entre los aspirantes a la sucesión puede despuntar alguien que tome el relevo si el universo bolivariano es incapaz de encontrar en casa un sustituto convincente a escala continental.

Chávez. Montaje

Murales de Caracas dedicados al presidente Hugo Chávez.

Por el momento, las maniobras orquestales caraqueñas ponen más empeño en ahondar en el culto a la personalidad del líder enfermo, algo típico del populismo, que en poner en el disparadero a quien con toda probabilidad deberá sustituirle más temprano que tarde. En la densidad de una atmósfera espesada por la falta de información y la más que previsible pugna entre herederos in péctore, con las Fuerzas Armadas como gran mudo en medio del escenario, asoma todos los días la figura de Nicolás Maduro, vicepresidente, legatario señalado por Chávez antes de viajar a Cuba para ser operado y guardián de las esencias, pero no hay forma de saber si es Maduro el personaje mejor situado para representar el papel que hasta diciembre desempeñó el presidente o si, por el contrario, es un líder por defecto cuyas virtudes están por probar. Puede incluso que la situación de la economía venezolana, extremadamente difícil, sea la primera de las variables a considerar por la dirección bolivariana para alargar los plazos hasta donde lo permita la capacidad de resistencia de Chávez a fin de que la sucesión se produzca una vez sustanciadas y liquidadas las rivalidades internas, con las riendas del régimen en manos de alguien capaz de ejercer de gran hermeneuta de la llamada revolución bolivariana. Por lo demás, los problemas de las economía venezolana son de tal envergadura que el manual de combate cubano, al que Maduro es afecto, parece muy poca cosa para moderar la inflación, combatir el desabastecimiento, cercenar la corrupción y garantizar las rentas del petróleo más allá del 2020, cuando Estados Unidos será autosuficiente en materia energética según los cálculos más verosímiles.

“Al parecer, necesitan el tiempo suficiente para convertirlo en un mito cohesionador, en medio de una crisis económica que puede transformarse en un polvorín a causa de la escasez de alimentos, la inflación, la devaluación de la moneda, una creciente deuda, la escasísima producción nacional y el mal manejo del sector petrolero, principal fuente de ingresos y dádivas estatales”, ha escrito el editorialista del diario Hoy, que se publica en Quito. “Vencer la desunión, parece ser la verdadera consigna, y solo será posible si Chávez vive para siempre o, por lo menos, hasta que una de las facciones haya prevalecido”, ha subrayado la misma mano, con un ojo puesto en el hospital de Caracas donde está internado Chávez y otro siguiendo los pasos del recién reelegido Rafael Correa, uno de los posibles sucesores del presidente venezolano en esta especie de bloque latinoamericano de no alineados en el que conviven perfiles dispares, pero consignas muy próximas; donde coinciden objetivos no siempre coincidentes, pero que recurren a un léxico redentorista común, aderezado todo con un crecimiento ininterrumpido del sector público y un programa de subvenciones de sostenibilidad discutible.

Correa

Simpatizantes de Rafael Correa en Quito después de salir reelegido presidente.

Correa tiene a su disposición los ingresos del petróleo, que en 14 años ha pasado de los 9 dólares/barril a más de 100, y los efectos de la dolarización, que ha facilitado una rápida expansión de la economía, ha reducido los índices de pobreza, ha detenido la fuga de cerebros y ha animado el consumo. El analista Andrés Oppenheimer sostiene en un artículo publicado en El Nuevo Herald, diario conservador de Miami: “Tal vez estas autocracias no duren mucho tiempo más, porque la enfermedad de Chávez, la disminución de los precios de las materias primas y sus desastrosas políticas económicas pueden debilitarlas. Pero por ahora, nadie debería sorprenderse de la arrasadora victoria de Correa”. Esto es, Oppenheimer considera que la dirección política de Chávez del nuevo populismo latinoamericano no tiene un continuador a la vista, pero el vaticinio resulta arriesgado porque hay una franja muy amplia de la opinión pública continental que solo discute quién debe ocupar el puesto de Chávez, pero no duda ni por un segundo de que es preciso seguir por el mismo camino y mostrarse como un bloque unido por las mismas cosignas.

“Puede ser verdaderamente doloroso ver el calvario individual de algún protagonista político convertido en pieza de ajedrez de un juego donde intervienen muchas manos –casi todas interesadas– para manipular la situación del enfermo en beneficio de una u otra persona o tendencia”, sostiene Antonio Herrera-Vaillant en las páginas de El Universal, diario conservador de Caracas. Y aunque el articulista se refiere a la situación en el seno del Gobierno venezolano y del Partido Socialista Unido de Venezuela, la frase es perfectamente aplicable a lo que sucede de puertas para afuera. La visita de Cristina Fernández al presidente convaleciente en La Habana, el tono empleado por el boliviano Evo Morales después de no poder saludar a Chávez durante una escala en Caracas el último miércoles –“mi deseo es que ojalá muy pronto el hermano Hugo Chávez esté nuevamente al frente del Gobierno de la revolución bolivariana”–, el verbo desgarrado –“si mañana no está: unidad, paz y trabajo”– del presidente de Uruguay, José Mújica, más propio de un mitin para consumo de los militantes que de una declaración de Estado, todo adquiere las formas de una oposición convocada para administrar el poschavismo, entendido este no como la continuidad doctrinal del régimen venezolano, sino como la dirección ideológica de la América Latina irredenta.

Para los adversarios de la experiencia venezolana, se trata de un esfuerzo vano porque la vía chavista es un camino sin estación de llegada, una experiencia fracasada que conduce a sociedades subvencionadas, intervenidas por el Estado e incapaces de crear riqueza. Las referencias al desastre cubano o a la triste transformación del sandinismo en un potaje de corrupción, ineficacia y citas bíblicas fundamentan las arremetidas de cuantos como Herrera-Vaillant critican, al mismo tiempo, la utilización del paciente sin demasiados miramientos: “Lamentablemente, el excesivo culto a la personalidad inexorablemente desemboca en un callejón sin salida que convierte a quien alguna vez mandó mucho en pieza impersonal dentro del choque de intereses que sigue a su desaparición física”. En algo llevan razón cuantos comparten esa opinión sobre el espectáculo que se representa: si Chávez recorre los últimos tramos, como parece desprenderse del secretismo que envuelve su regreso a casa, poder y oposición debieran atemperar sus instintos para no enzarzarse en una pugna obscena antes de que la historia pase página.

Bolívar. Murales

Murales de Caracas dedicados a Simón Bolívar.

El profesor Frank Tannenbaum publicó en 1962 Ten keys to Latin America, publicado en español cuatro años más tarde con el título América Latina: revolución y evolución. Al referirse a la figura del caudillo, perfil político inseparable de la historia del continente desde el final de la colonia, Tannenbaum escribió: “En ausencia de un sistema de partidos políticos enraizados en los gobiernos locales, el presidente debe ser su propio partido, manteniéndose en el poder con su sinceridad y habilidad política, dependiendo de la lealtad de sus seguidores inmediatos, y recurriendo al compromiso, a los favores, y si estos no bastan, a la fuerza y al fraude. Esto significa en realidad que el presidente no es primer poder ejecutivo, sino también el político más activo, casi el único político. En estas circunstancias, nadie, excepto el presidente, goza de influencia política”. Así siguen siendo hoy las cosas cuando, en ausencia de un sistema deliberativo, se impone la dirección del líder predestinado, figura tan frecuentemente encarnada por Chávez, silenciado ahora por la enfermedad. Y así lo entienden cuantos esperan el desenlace junto a su cama para llenar el vacío de poder, administrar su herencia, mantenerse al frente del Estado bolivariano o subir en el escalafón del entramado político latinoamericano.

Es casi ocioso señalar que en este entorno de pasiones desbordadas es irrelevante dilucidar si Chávez puede llegar a tomar posesión del cargo de presidente para el que fue reelegido o si, por el contrario, una interpretación forzada de la Constitución permite dejar las cosas tal cual están. La discusión no está exenta de interés en el plano teórico, pero en la práctica se ha producido el inicio del nuevo mandato mediante persona interpuesta –Nicolás Maduro–y la legitimación del proceso se ha cumplido de facto con la exaltación en la calle del líder ausente. Todo lo cual tiene poco que ver con el funcionamiento convencional de un sistema democrático asentado, pero no es radicalmente antidemocrático en la medida en que la ratificación en las urnas del mandato de Chávez fue básicamente transparente. Venezuela es una democracia con máculas y el relato de los últimos meses es la primera derivada de las imperfecciones que la caracterizan, pero eso no constituye una novedad porque los tics de un régimen populista con un diseño institucional forzosamente confuso son conocidos desde mucho antes de que a Chávez le diagnosticaran un cáncer. Por eso carece de sentido ahondar ahora en formalismos.

Hugo Chávez tiene rival

Multitudes, la movilización de las masas en su más rotundo significado; Caracas vitorea a Henrique Capriles; Caracas aclama a Hugo Chávez; la grandiosidad de la naturaleza alimentada por el Orinoco proyectada sobre una sociedad de una grandilocuencia inagotable. La campaña que ha precedido a la elección presidencial en Venezuela se ha vestido con los ropajes del dramatismo radical de dos candidatos condenados a no detenerse un segundo en los detalles, apuntar al adversario y sacar el máximo partido a la poco menos que ciega fidelidad de los seguidores. Quizá el rigor haya quedado olvidado en la larga refriega, pero acaso salga el país fortalecido del reto, sea la victoria para la ensoñación bolivariana que cautiva a los chavistas o para la socialdemocracia templada que ha unido a la oposición; sea para la Mesa de la Unidad Democrática, que sostiene a Capriles, o para el conglomerado que encabeza el Partido Unido de Venezuela, hogar de Chávez.

El analista Andrés Oppenheimer comparte el parecer de otros muchos que, al día siguiente de la refriega, avizoran el triunfo colectivo de una sociedad hasta la fecha agitada de forma a menudo enloquecida, con frecuencia, colérica, por líderes adscritos a la política de balcón o a la descalificación sin tregua de todo y de todos. Ni siquiera una derrota bajo sospecha, barrutan Oppenheimer y otros, llevaría a Capriles a desbordar las aguas porque, por primera vez desde el hundimiento del bipartidismo innoble –a cada poco se turnaban en el poder el Copei y la Acción Democrática–, la oposición al chavismo tiene cuotas de poder que proteger y cuotas de poder que conquistar. “Si [Capriles] perdiera –ha escrito Oppenheimer en el conservador El Nuevo Herald de Miami–, lo más probable es que no alegue que hubo fraude, porque eso instalaría una matriz de opinión de que existe un fraude sistemático, y haría que millones de opositores se queden en su casa para las elecciones de gobernadores del 16 de diciembre y las de alcaldes de abril del 2013”.

Boleta electoral

Anuncio aparecido en la prensa venezolana en el que se avisa de las opciones de voto anuladas en las papeletas, que se contabilizarán como votos nulos a pesar de que muestran la imagen de Henrique Capriles.

Tampoco una victoria liberará a Chávez de la obligación de ser muy otro: “A partir de esta elección, nunca más podrá ser igual al anterior presidente borracho de triunfalismo y de la falsa creencia que tenía un apoyo total del pueblo venezolano”, imagina Oscar Peña en El Nuevo Herald. Desde luego, las encuestas están lejos de asegurar una victoria fácil al presidente –dos de ellas le dan perdedor por un pequeño margen de votos–, y aunque es imposible deslindar en muchos sondeos la militancia política de los datos difundidos, el simple hecho de que uno de los trabajos de prospectiva, el de Consultora 21, dé a Capriles un suplemento de papeletas de por lo menos dos puntos procedentes del voto oculto –le darían el triunfo, según la BBC–, revela que el chavismo está lejos de conservar la aplastante hegemonía de que disfrutó en otro tiempo en la calle y en las urnas.

Esa disposición final a contenerse que se atribuye a los candidatos es una novedad absoluta en una sociedad herida por la desigualdad y acostumbrada a índices de violencia extremos. Ni siquiera el populismo omnipresente de Chávez es capaz de ocultar o alterar el dato cierto de que la sociedad venezolana enfermó de violencia hace tiempo y nadie ha dado con la medicina para que baje la fiebre. La fractura social, la pobreza humillante, la ineficacia de los gobernantes y la corrupción ilimitada, engordada con las rentas del petróleo, han permitido crecer al monstruo y confiere vigencia permanente al análisis que el mexicano Carlos Fuentes dedicó en La gran novela latinoamericana a la obra del más renombrado de los escritores venezolanos: “El tema central de Rómulo Gallegos es la violencia histórica y las respuestas a esta violencia impune: civilización o barbarie. Respuesta que puede ser individual, pero que se enfrenta a las realidades políticas de la América Latina”. Tal como recoge Fuentes, Gallegos se refiere a un tiempo al “primaveral espanto de la primera mañana del mundo” y a la violencia que impregna la historia toda de la novela Canaima, alegato contra el caudillismo, a partir de la noche en la que “los machetes alumbraron el Vichada”.

Los machetes de hoy son la tensión social, los suburbios a merced de las bandas y la sensación permanente de inseguridad. Las encuestas son concluyentes: nada preocupa más a los venezolanos que la violencia sin tregua, la inseguridad urbana, la incapacidad de las fuerzas del orden para tranquilizar las calles. Cuando es posible afirmar que la muerte de tres seguidores de Capriles es lo menos que cabía esperar de una campaña dominada por la pasión, cuando se sabe de antemano que las armas están al alcance de la mano y la policía es ineficaz, entonces el problema reviste una trágica gravedad. Oliver Stone cuenta en su película Al sur de la frontera que Chávez “nació en una casita de barro y creció en la pobreza”, y “esto afectó a su visión sobre Venezuela”. ¿Incluía esta visión la violencia a pie de calle? La respuesta ha de ser forzosamente .

Canaima

Portada de una edición de 'Canaima', novela de Rómulo Gallegos.

Lo mismo vale para Capriles. Aunque nació en el confort de una familia de la burguesía empresarial caraqueña de ascendencia judía, la realidad de la violencia a todas horas no puede ser ajena a su experiencia personal. Más allá de las lindes del Country Club de la capital, lugar de encuentro de la sociedad acomodada, se extiende un laberinto de desigualdades sociales que ningún discurso político ha logrado corregir hasta la fecha. Ni el de los patiquincitos a los que alude en Últimas Noticias de Caracas Asalia Venegas, chavista convencida, ni el del “militarote de verbo asaltante y ruidoso” al que se refiere Elizabeth Araujo en el conservador Tal cual, asimismo de Caracas. Así se ha impuesto el populismo a todo volumen que emborrona la política hasta convertirla en un ejercicio de adhesión personal al que se suman con entusiasmo las páginas de opinión, los blogueros, los estrategas electorales y, claro, los propios candidatos.

Hay una larga tradición de caudillismo en América Latina, atenuada estos últimos años por el renacer democrático. Pero en Venezuela ha brotado de nuevo mediante la radicalización de los oradores, los medios sometidos disciplinadamente a uno u otro bando, las extrañas alianzas tejidas por Chávez y la contrapropaganda emitida desde Estados Unidos. Hay una conexión causal, una relación dialéctica imposible de soslayar entre dos frases recogidas por Oliver Stone en la película. Dice el presidente en un mitin: “El Gobierno no será el Gobierno de Chávez porque Chávez es el pueblo”. Condoleezza Rice, a la sazón secretaria de Estado, afirma: “Creo que tenemos que ver en este momento que el Gobierno de Venezuela es una fuerza negativa en la región”.

Hay una segunda conexión dialéctica que robustece la tendencia al populismo: el objetivo permanente de mantener la calle ocupada, de contar en cientos de miles, en millones, si ello es posible, la participación en los grandes mítines. Todo Caracas, tituló un periódico de la oposición después de un gran mitin de Capriles; Siete avenidas llenas, reclamó un diario chavista antes de la gran concentración anunciada para el día 4. “Si gobierna Capriles, volverán la burguesía y el imperio”, aseguró Chávez desde una tribuna con la voz alterada por el énfasis propio de los grandes trágicos; “Chávez perdió la calle”, proclamó Capriles desde otra tarima ante una masa extasiada. “Con Capriles renacen los mejores instintos de la gente buena y decente de este país en contraste con el deslave de odios y vulgaridad desatado durante 14 años por un irresponsable delirante”, escribió Antonio A. Herrera-Vaillant en el opositor El Universal. “Para un país, es peor que un mal Gobierno, una mala oposición. Y lo es porque cuando esto ocurre no hay camino, no hay alternativa, no hay futuro. La suerte de Venezuela en esta materia es que puede marchar, salir adelante, sin necesidad de oposición”, se afirmó en el presidencialista Diario Vea con absoluto desparpajo.

Pompeyo Márquez

Pompeyo Márquez, un histórico de la izquierda venezolana, rompió con Hugo Chávez en 1999 y hoy le acusa de ser "un autócrata militar".

Es dudoso que sin oposición sea posible el ejercicio saneado del poder. Pompeyo Márquez, exguerrillero, exmilitante comunista, exministro, fundador del Movimiento al Socialismo, alude indirectamente a esa carencia de adversarios que han permitido radicalizar la brega de Chávez: “Ahora se siente con el monopolio del izquierdismo, cuando en la práctica es un autócrata militar que hace depender a un país de la voluntad de un solo hombre, haciéndonos regresar a los viejos caudillismos del siglo XIX”. Parece que Márquez no comparte la idea de que una cuota importante del izquierdismo de Chávez es sobrevenida; obedece a la desconfianza manifestada por Estados Unidos frente al nacionalismo socializante que llevó al poder a quien antes quiso llegar a él por la fuerza. De ser esta la razón última de la radicalización de Chávez, habría que convenir que su acercamiento a la experimentación social de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador y, aún más, de Daniel Ortega en Nicaragua, convertido en caricatura del sandinismo de los primeros años ochenta, fue más fruto de la necesidad que de otras consideraciones, más fruto de la urgencia por no aparecer solo en el escenario que del convencimiento ideológico. De la misma manera que los apretones de manos de Chávez con Lula da Silva, antes, y Dilma Rousseff, ahora, no han ido más allá porque Brasil no necesita a Venezuela para salir en la foto y otros países, en cambio, sí la precisan.

Todo esto asoma en la campaña de Capriles, pero es el perfil de Fidel Castro el que más pesa en las frases destinadas a desacreditar a Chávez. El brasileño José Sarney fue inmisericorde cuando dijo que al presidente venezolano “le falta historia y le sobra petróleo” para poderse equiparar con el anciano líder cubano. Pero no es descabellado pensar que lo que busca Chávez en la gerontocracia cubana es la legitimación histórica que no ha logrado hasta la fecha con las rentas del petróleo destinadas a suturar las heridas sociales. Chávez ha llegado a decir que votar por él es hacerlo por Fidel Castro, un reflejo preciso de hasta qué punto quiere asociar su mensaje al prestigio acumulado en el pasado por la revolución cubana, a la que hoy le quedan poquísimos defensores. Dicho todo en medio de la confusión provocada por la mezcla de las proclamas que remiten a Castro y la realidad económica que mantiene a las refinerías y redes de distribución de carburantes de Estados Unidos como las primeras compradoras de petróleo venezolano. Resumen de la socióloga Colette Capriles, recogido por Luis Prados y Maye Primera en El País: “No existe un chavismo ideológico. Chávez se suma al castrismo por la necesidad de tener una genealogía de izquierdas y mucha gente se le une porque piensa que obtendrá algún beneficio del Gobierno por modesto que sea”.

Puede que todo dependa de esto y que la elección se decida según sea el volumen del voto cautivo que retiene Chávez en las filas de quienes esperan obtener “algún beneficio” del Gobierno. Puede que el cansancio de una parte de la progresía venezolana desencantada, de los defraudados por promesas que nunca llegaron a cumplirse, de la clase media recelosa, de las víctimas de la inseguridad y de los empobrecidos por la inflación no sean resortes suficientes para evitar que se imponga el gancho de Chávez. Aunque se enfrenta al rival más sólido de cuantos se han medido con él hasta la fecha, el presidente ha logrado mantener el vigor escénico a pesar de que en junio del 2011 le diagnosticaron un cáncer, fue operado dos veces y el único parte de curación es el del propio enfermo. El politólogo Alberto Barrera ha explicado a Prados y Primera que “Chávez tiene un talento especial para la empatía con los sectores populares y además no tiene escrúpulos”. Y ha añadido: “Ha convertido al Estado en una agencia de publicidad personal”. Pero ¿es esto suficiente para neutralizar la compleja maquinaria electoral puesta en marcha por la oposición unida? El ruido ensordecedor de los candidatos impide saberlo.