El medioambiente suma enemigos

La Cumbre del Clima (COP25) que se desarrolla en Madrid debe afrontar adversarios poderosos, que niegan la influencia del factor humano y del modelo industrial-energético en la degradación del medioambiente. Desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de París, ha decaído el compromiso de varios estados y de grupos financieros para lograr que el aumento de la temperatura media del planeta a finales de siglo sea a lo sumo de 1,5º. La decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo ha movilizado al frente negacionista; mientras la comunidad académica insiste en que caminamos hacia un futuro inasumible, científicos irreductibles siguen entonando el estribillo de que el cambio climático y los desastres asociados a él son fruto de un fenómeno natural no muy diferente al registrado en otros momentos de la historia de la Tierra. Pero lo cierto es que, al multiplicarse los desastre y cumplirse todos los pronósticos con puntualidad rigurosa, se consolida la impresión de que la comunidad humana del siglo XXI se adentra en la mayor crisis imaginable.

El Global Climate Risk Index para el año 2020 recoge datos alarmantes, por ninguna autoridad científica desmentidos, según los cuales el sector extractivo de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y algún otro país –China, uno de ellos– ha planeado inversiones por un monto total de 1,4 billones de dólares que hacen del todo imposible limitar el calentamiento del planeta. Estas inversiones pretenden perpetuar el modelo económico, incluso dando por descontado que incluyan mejoras en la eficiencia de la combustión, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero e incluso su almacenamiento y utilización. De tal manera que las advertencias de los expertos tienen un efecto limitado frente a las decisiones políticas y económicas que se adoptan en el día a día, a espaldas muchas veces de la opinión pública.

Solo cuatro años después de firmarse el Acuerdo de París, Laurent Fabius, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia que presidió los debates, reconoce que ahora es más difícil la aplicación de los compromisos suscritos en 2015 y que a partir del próximo año sustituirán al Protocolo de Kioto. “El Acuerdo de París sigue manteniendo toda su fuerza, pero el contexto internacional hace que su aplicación sea más complicada”, opina Fabius, que teme que el género humano se vea a largo plazo en el trance de tener que afrontar una situación irreversible.

Una horizonte posible que niegan quienes se mueven entre la negación y el escepticismo y, al mismo tiempo, ponen en marcha políticas que favorecen la marcha atrás de algunos países, aparentemente dispuestos hasta hace poco a introducir factores de corrección en la agresión y degradación del medioambiente. El caso más patente es el de China, que se dispone a poner en marcha centrales térmicas alimentadas con carbón para abaratar la producción de energía y hacer frente a los efectos del proteccionismo y de la política arancelaria de Estados Unidos. El único y al mismo tiempo enorme perjuicio derivado del programa chino es que recurrir al carbón –el país dispone de grandes reservas– es altamente contaminante y no hará más que agravar la calidad del aire, aumentar las enfermedades provocadas por la atmósfera emponzoñada y quizá llevar a competidores de China a recurrir a fuentes de energía sucias para operar en los mercados en igualdad de condiciones.

El ejemplo de China es especialmente significativo, no solo porque es uno de los grandes focos de contaminación a escala planetaria, sino porque a raíz de los Acuerdos de París apareció como el país paladín del cambio de modelo energético al lado de la Unión Europea. Ni siquiera ha precisado el Gobierno chino buscar un científico ad hoc para negar que la situación sea tan grave como se dice: lo que ha hecho simplemente es anteponer el cálculo económico y la necesidad de crecer a cualquier otra consideración, aunque los episodios de contaminación se multiplican en las grandes ciudades chinas, y la contribución de la industria a la emisión de gases de efecto invernadero es, junto a la de Estados Unidos, India y Rusia, la más alta del mundo.

En términos generales, se diría que muchas empresas con peso específico en el sector energético siguen sin creerse que la transformación del modelo basado en los combustibles fósiles es un nicho de nuevas oportunidades de negocio. La descarbonización plantea un desafío tecnológico enorme, dice Laurent Fabius, pero también está provocando el desarrollo de nuevos sectores, incluso en países con grandes reservas de petróleo y gas. Que cunda el ejemplo es más complejo: mientras personajes como Jair Bolsonaro nieguen que la Amazonia –una formidable depuradora del aire– es patrimonio de la humanidad y Donald Trump eluda toda consideración global en nombre del interés nacional, es improbable que al día siguiente de la clausura de la Cumbre del Clima cambie la atmósfera de compromiso y sensación de urgencia que reclaman los entendidos.

El auge de la extrema derecha europea, casi siempre negacionista, y su impacto en el comportamiento de los partidos conservadores y la demasiado frecuente tibieza de la izquierda convierten la ruta hacia una transformación del modelo económico, de crecimiento y de consumo en un campo de minas, en una interminable sucesión de buenas intenciones que no llegan a puerto o lo hacen manifiestamente recortadas. Al mismo tiempo, la discusión sobre el papel desempeñado por algunos actores da pie a debates insustanciales que enturbian o desvían la atención de los importantes. El tiempo consumido en dilucidar si la joven Greta Thunberg es una líder autónoma o utilizada es quizá el más difundido, sin que, por lo demás, se haya prestado atención a la falta de líderes adultos que sintonicen con la sensibilidad de los jóvenes que ven como día a día, salvo ceguera manifiesta, se oscurece su horizonte de futuro. Parece que todo vale para que, como tantas veces sucede, los árboles no dejen ver el bosque.

Efervescencia latinoamericana

La efervescencia social que se ha adueñado de muchos paisajes urbanos de América Latina obliga a platearse un rosario de preguntas acerca del origen y naturaleza de la protesta, de su intensidad creciente y de la coincidencia en el tiempo con la sucesión de victorias de la derecha –la última en Uruguay– a pesar del ahondamiento de las desigualdades. El espacio latinoamericano tiene el récord mundial en el ámbito de los desequilibrios sociales, apenas corregidos por el periodo de gobiernos reformistas que precedieron a los ahora en ejercicio en casi todas partes. Se diría que ha crecido la desconfianza con el establishment, sea este conservador o progresista, y al mismo tiempo, la prédica de Donald Trump ha activado a la derecha en igual o mayor medida que ha provocado un movimiento de reflujo o de inseguridad en las filas de la izquierda.

El escritor argentino Martín Caparrós ha publicado en The New York Times un artículo en el que desarrolla un argumento poco menos que definitivo para justificar la pervivencia de sociedades en extremo desiguales. Afirma Caparrós: “Latinoamérica es desigual por muchas razones pero, sobre todo, porque puede. Hay sociedades donde los más ricos necesitan que los más pobres sean menos pobres, donde los precisan para crear o consumir las riquezas que los enriquecen. Las economías latinoamericanas, en general, no: basadas en la extracción y exportación de materias primas —desde la soja al cobre, del petróleo a la coca—, pueden funcionar más allá de esos millones de personas que no son necesarias ni para producir ni para consumir. Solo se necesita contenerlos: que no hagan demasiado lío, para lo cual alcanza con darles su limosna”.

Se trata de un diagnóstico desgarrado acerca de una realidad que raramente desmienten los trabajos de campo. Como parte de una economía global, el modelo latinoamericano de enriquecimiento rara vez va más allá del descrito por Caparrós: materias primas y caridad para atenuar los aspectos más lacerantes de la desigualdad y contener los estallidos sociales. ¿Está fallando el sistema? En realidad ha fallado muchas veces, raro es el país latinoamericano que no se ha visto zarandeado por convulsiones sociales que dieron pie a regímenes autoritarios con todos sus atributos o a un autoritarismo encubierto por un cierto grado de paternalismo caritativo.

El razonamiento de Caparrós coincide en algunos aspectos con el del profesor Daniel Innerarity en El País: “Las derechas desconfían de los gobiernos porque los creen ineficaces y las izquierdas, porque son poco participativos; unos confían demasiado en los expertos y otros confían demasiado en la gente (…) Y mientras tanto la intervención de la gente en el proceso político será una irritación ocasional, que tensiona sin transformar y se resuelve finalmente en frustración colectiva”. Esa irritación tiene características propias en las sociedades latinoamericanas, herederas de un modelo progresivamente desequilibrante, en el que las desigualdades contribuyen a aumentar la desconfianza y el sentimiento de frustración cuando no de engaño en amplísimos segmentos sociales tradicionalmente marginados de la política.

Ciertamente, como dice Innerarity, la desigualdad no lo explica todo, pero es un factor esencial que alimenta el descontento. Si a ello se suma la corrupción –ahora, global, como en el caso Odebrecht–, la ineficacia de los gobiernos y diferentes tradiciones insurreccionales, se completa un marco de referencia que enardece a los desfavorecidos, a esas comunidades que las economías latinoamericanas no tienen necesidad de rescatar de la pobreza porque no las precisan para convertirlas en sociedades de consumidores. Surge así una ideología primaria en la que “la organización deseable o ideal de la sociedad” a la que se refiere el economista Thomas Piketty en su último libro, Capital et idéologie, se reduce a los intereses corporativos de élites sin compromisos públicos.

“Se puede vivir sin poseer, pero no sin alimentarse”, escribe Piketty provocativamente. Y añade: “En una sociedad muy pobre, donde el nivel de producción por habitante correspondería a lo sumo al nivel de subsistencia, no es posible de forma duradera ninguna desigualdad de rentas”. El objetivo establecido por Lula da Silva al iniciar su primer mandato, que todos los brasileños llegaran a tener garantizadas tres comidas al día, tenía que ver con la urgencia en corregir desequilibrios propios de sociedades radicalmente duales y con una economía de mera subsistencia para una parte importante de la población. La fe en la vuelta a los modelos neoliberales –Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera e Iván Duque, sus promotores– pretende confiar a las reglas del mercado la liberación de los más desfavorecidos, una contradicción en términos porque estos últimos no participan de los circuitos económicos del mercado que los debe rescatar de la pobreza.

A finales de la década de los 70 del siglo pasado llegó a decirse que parte de las élites latinoamericanas habían llegado a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la pobreza era aniquilar a los pobres. Esta no fue, desde luego, una opinión muy extendida, pero no está tan lejos de la impresión dejada en Chile por Piñera, a quien se le ha reprochado en alguna ocasión, de forma especialmente inquisitiva, no haber aclarado si quiere combatir la pobreza o combatir a los pobres.

Al mismo tiempo, mientras se suceden las protestas, subsiste el desprestigio de los programas que abogan por abrir procesos de corte revolucionario. Las experiencias de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido determinantes para que la misma desconfianza hacia los líderes impugnados por la calle se extienda a los eventuales profetas de modelos de corte socializante y estatista. Ni el recuerdo de experiencias inmediatas, que acaso introdujeron algún elemento de corrección de las desigualdades, es capaz de encauzar las manifestaciones hacia un cierto reformismo posibilista. Y entre tanto, se asiste sin remedio a la degradación del clima social, sin que por lo demás se sepa muy bien dónde se halla en cada caso la dirección de las protestas y qué pretenden hacer los gobernantes para reconducir la situación más allá de encastillarse en el poder. Como escribe Martín Caparrós, la gran política “está hecha de opuestos indudables”, pero casi nadie se detiene a pensar que “lo opuesto de la desigualdad es la igualdad”.

Algo podrido huele en Brasil

La más que presunta connivencia entre el fiscal Deltan Dallagnol y el juez, hoy ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro en el procesamiento y condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva culmina el proceso de degradación de la política y del sistema judicial en el mayor país de Latinoamérica. Si siempre sobrevoló la sombra de la sospecha en la persecución y destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la presidencia, y el encausamiento de este mediante una confusa vinculación de su figura en dos sonados casos de corrupción, Lava Jato y Petrobras, que en el fondo son solo uno, la información difundida por The Intercept pone al descubierto un mecanismo de adulteración de la política, instigado por la extrema derecha y aledaños, para neutralizar a las grandes figuras de la izquierda, supuesto que a través de las urnas tal objetivo era presumiblemente inalcanzable.

La asociación de la pesquisa emprendida por el medio que ha desvelado la trama con Glenn Greenwald, un periodista de investigación de referencia, confiere un plus de fiabilidad a cuanto se ha publicado y explica el terremoto que afronta el establishment político brasileño y la honorabilidad de los jueces. Las prisas de la fiscalía por esclarecer lo sucedido, la exigencia de los abogados de Lula para que se anule a la mayor brevedad el proceso que lo condenó y se ponga en libertad a su cliente, la bochornosa implicación del diario O Globo en el escándalo y el posible encausamiento de Moro, Dallagnol y algunos otros completa de momento las reales dimensiones del caso. La firma de Greenwald encabezando la información no hace más que reforzar el poder de convicción de cuanto se ha filtrado, porque el nombre del periodista remite a la trama por él descubierta en 2014 de espionaje a líderes políticos organizada por la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).

Aunque los asesores del presidente Jair Bolsonaro se han apresurado a subrayar la necesidad de esclarecer cómo obtuvo Greenwald las conversaciones entre Moro y Dallagnol, lo que realmente es preciso aclarar es si el presidente en ejercicio participó en la trama urdida para evitar la competencia en las urnas con Lula. Más aún: lo verdaderamente relevante es investigar cuál fue el alcance de la conspiración, hasta dónde llegan las responsabilidades, a quién salpican las irregularidades cometidas en la instrucción de la causa y hasta qué punto la gangrena ha dañado las instituciones. Si en el caso de la NSA lo realmente sustancial fue el espionaje y no quién y cómo llegó está información a la mesa del periodista, la relevancia del Morogate –así se ha bautizado el episodio– radica en los hechos suministrados a la opinión pública no en los prolegómenos –las fuentes primarias– para la difusión del escándalo. No hace falta haber ganado un Pulitzer para presumir que este tipo de  informaciones excepcionales requieren métodos excepcionales (recuérdense el caso Watergate y Garganta Profunda).

Conviene asimismo para la preservación de la higiene democrática rebobinar los hechos acaecidos desde la destitución de Dilma Rousseff y la llegada al poder de Michel Temer, en prisión provisional y a la espera de juicio como presunto implicado en la red de sobornos que forma parte del caso Lava Jato, el mismo que llevó a Lula a la cárcel. La necesidad de ahondar en el asunto es crucial para la regeneración de la política, habida cuenta de la suerte corrida por los tres antecesores de Bolsonaro y las dudas cada vez mayores que acompañan a este, convertido desde su toma de posesión en el liquidador del reformismo social activado por Lula y Rousseff  y apenas mellado por Temer. En última instancia es inaplazable certificar si Bolsonaro llegó limpiamente a la presidencia o mediante métodos poco presentables.

Tal proceder no impide perseguir los casos de corrupción y venalidad probados en el Partido de los Trabajadores (PT), abundantes y no menos reprobables que los atribuidos a políticos de la derecha. Acaso más lamentables si se piensa en los eslóganes regeneradores utilizados habitualmente por el partido de Lula para movilizar a la franja de población más vulnerable en una sociedad históricamente fracturada, teatro de desigualdades lacerantes y acostumbrada a sobrellevar unos índices de corrupción y violencia desbocados. Si en la etapa de Lula se detectaron en la estructura social de Brasil algunos progresos para rebajar la tensión –algo tuvo que ver el PT–, la corrupción en el partido y la suerte corrida por el expresidente y su sucesora sembraron la decepción y el escepticismo en una parte del electorado de izquierdas con una profundidad y efectos desconocidos hasta entonces. Y ganó adeptos la opinión profundamente reaccionaria según la cual todos los políticos son iguales.

“La verdad puede enfermar, pero no muere nunca”, dice Lula remedando a Teresa de Ávila: “La verdad padece, pero no perece”. De momento enturbiaron la verdad quienes convirtieron lo que a todas luces parece una persecución política de libro en causa penal. Por más escapatorias dialécticas que Jair Bolsonaro quiera dar al caso para salvar a Moro de la destitución fulminante y acaso de la acción de sus compañeros de toga, no hay una sola agarradera para que los señalados por The Intercept puedan salvaguardar su fama y mantener ante la opinión pública su perfil de ciudadanos dignos. Su integridad está en duda y la de la opción política que los acoge también lo está, no por lo hecho hasta ahora como gobernantes ni por sus bajísimos índices de aceptación, sino por los manejos que se trajeron para anular a un rival y hacerse con el poder sin contemplaciones.

 

Bolsonaro alinea a los duros

La configuración del núcleo del bolsonarismo demuestra que estaba del todo justificado que sonaran las alarmas en cuanto el recuento del 28 de octubre confirmó la victoria del candidato de la extrema derecha en la carrera para presidir Brasil. El perfil ideológico de los primeros escogidos por Jair Bolsonaro confirma la preferencia del vencedor por los muy duros, aquellos que entienden que los males del país y la competencia de la izquierda solo pueden combatirse con puño de hierro, admiradores algunos del legado de la dictadura y de la política de los blancos a pesar de la realidad multicolor de la nación. Nada de cuanto lleva decidido Bolsonaro en su primera semana de presidente electo se separa un milímetro de tal desarrollo argumental mientras la izquierda se lame las heridas y advierte del peligro inminente que se cierne sobre el sistema de libertades.

Cabía esperar cuanto sucede a poco que se hubiese seguido la andadura de Bolsonaro, pero aun así alimenta la inquietud y vaticina un cambio radical que alcanzará a toda Latinoamérica porque cuenta el antiguo capitán con la bendición de Donald Trump, y de presidentes con tanta influencia en los medios como Mauricio Macri (Argetina), Sebastián Piñera (Brasil) e Iván Duque (Colombia), que se han apresurado a resaltar sus coincidencias con el presidente electo. Había en todo lo que difundió Bolsonaro a través de las redes sociales un toque inequívocamente autoritario, de político sin contemplaciones; lo hay ahora en sus primeras decisiones para formar un equipo de fieles adscritos a la mano dura que antes prefieren cometer errores por exceso que por defecto.

Paulo Guedes, el ministro de Economía in péctore, es un seguidor de la escuela de Chicago, que vivió en el Chile de Augusto Pinochet de los años ochenta y admiró la obra de los promotores de la hiperliberalización de la economía, un programa que saneó las cifras macroeconómicas, pero incrementó las desigualdades sociales. Sérgio Moro, el juez que desveló el caso Lava Jato, metió en la cárcel a Lula da Silva y persiguió con saña al Partido de los Trabajadores (PT), será el responsable de Justicia y Seguridad Pública al precio de poner en duda la independencia de sus juicios y su complicidad con el mundo conservador, obsesionado en erosionar el PT. Joao Campos será el próximo presidente de la Cámara de Diputados, impregnará su quehacer con el fundametalismo cristiano que exhiben las iglesias evangélicas –es pastor de una de ellas– y quién sabe si dará una base doctrinal al programa de control-acoso-represión de las minorías tantas veces enunciado por Bolsonaro.

Cualquier posible asomo de transversalidad debe descartarse. No hay en la voluntad de cuantos auparon al vencedor el más mínimo propósito de escuchar al segmento social que no lo votó o que prefirió quedarse en casa. Al igual que Trump hace dos años, el círculo de Bolsonaro interpreta el triunfo como un valor absoluto que lo legitima para tomar cualquier medida en cualquier momento. Ciertamente, no se trata de una forma de pensar ajena a la ambición misma de muchos gobernantes al alcanzar el poder, pero en el caso de Brasil, históricamente sometido a las lacras de la desigualdad extrema, al arraigo de la pobreza y a la doble pandemia de la inseguridad y de la corrupción, la aplicación de cualquier programa exento de matices está irremediablemente condenado a dejar un reguero de víctimas por el camino.

La sentencia de Tácito “el poder nunca es estable cuando es ilimitado” no forma parte del ideario bolsonariano, sino más bien la convicción de que la herencia recibida legitima la aplicación de soluciones extremas. La bolsa de Sao Paulo aplaude este principio, pero el mapa de carreteras que lleva al ganador hasta el palacio de Planalto atiende más a los efectos que a las causas de la crisis social brasileña. Y sin embargo, nada puede deslindarse de la pobreza visible por doquier; de las pretensiones de los grandes propietarios agrícolas, señores de un sistema productivo que cabe considerar indigno; de la codicia que amenaza la explotación de la Amazonia; de la dualidad sin límites de las comunidades urbanas (opulencia máxima y miseria absoluta separadas muchas veces solo por la anchura de una calle).

Nada en Brasil tiende al equilibrio y a la sostenibilidad. Quizá Lula logró materializarlos en parte durante algún tiempo, pero los poderes reales no dejaron nunca de manejar los resortes decisivos de la economía y de la política –dos caras de un mismo dios– y de aprovechar el clima de confusión creado por el caso Lava Jato y sus ramificaciones –Petrobras, un nido de corrupción– para neutralizar el auge del PT. Hoy eso se traduce en una economía emergente estancada por sus propios errores y por el desafío de Trump a la globalización, y por unas clases medias que han buscado el auxilio de un cirujano de hierro capaz de restaurar el orden –no se especifica cuál–, sin que importen mucho los métodos, el coste y la erosión del régimen de libertades.

De los discursos de Bolsonaro y de sus seguidores no se deriva preocupación alguna por la calidad de la democracia en el futuro ni por la posibilidad de cohesionar una sociedad dividida. Se ha impuesto la idea de Thomas Hobbes, quizá muy anterior a él, primum vivere, deinde philosophari, en su peor acepción, como si el riesgo inherente a situar a la extrema derecha en el puente de mando estuviese plenamente justificado vista la situación que hay que superar. Una reacción comprensible entre los electores que añoran los años de la dictadura o del tejemaneje de los gobiernos conservadores, pero no tanto entre el resto de los votantes de la mayoría que se decantó por Bolsonaro, ciudadanos instalados en un pragmatismo lleno de riesgos.

Así se ha concretado la supuesta disputa por el centro después de que los dos candidatos que concurrieron en la segunda vuelta lo hicieran en la primera sin hacer guiños a este espacio político templado, sino al extremismo. Con una ventaja manifiesta para Bolsonaro: él pudo comparecer como potencial reparador de la catástrofe nacional mientras Fernando Haddad apareció como el heredero de los desastres del pasado. Fuese o no cierto esto último, nunca logró convencer a los votantes centristas de lo contrario y solo consiguió movilizar el sufragio militante que, por lo demás, siempre vio en Haddad un sucedáneo de Lula, el gran ausente, el único al que las encuestas daban como posible ganador frente a Bolsonaro, convertido hoy en el triunfador que Donald Trump siempre deseó.

Desafío ultra en Brasil

La espectacular victoria del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas desvela el alcance del desgaste del sistema de partidos, el cansancio de una opinión pública harta de asistir a la degradación acelerada de los gobernantes y enfrentada al estancamiento económico. A un paso de la presidencia y muy por delante del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, la fuerza de su acercamiento al poder se corresponde a un tiempo con su habilidad para utilizar las redes sociales y desacreditar a sus adversarios, incapaces de despegarse de los escándalos que menudean en los salones del poder sin distinción de colores y desde tiempo inmemorial.

No es que de forma inesperada y repentina el grueso del electorado brasileño se haya convertido al racismo, la homofobia y otras lacras aborrecibles, sino que busca una salida al laberinto, y Bolsonaro, un admirador de la dictadura militar, la mano dura y la política de tierra quemada, defiende una propuesta extramuros del sistema, un populismo desacomplejado y ruidoso que promete lo que otros prometieron antes sin éxito o con eficacia limitada, sin vínculos que se sepa –quedan dos semanas de campaña– con las vergüenzas del establishment. En todo caso, los tenga o no, la carrera de Bolsonaro, sacudida por el ataque que sufrió durante un mitin en plena calle, se resume en un puñado de propuestas de corte neoliberal –privatizaciones, capitalización de las pensiones a través de los bancos, reforzamiento de los estándares de seguridad, etcétera– que atraen por un igual al mundo financiero y a las clases medias urbanas sometidas todos los días a la ducha escocesa de las promesas por cumplir y la multiplicación de escándalos por dilucidar.

A todo lo cual debe sumarse el apoyo indisimulado de los grandes holdings de comunicación, de la Bolsa de Sao Paulo y de las finanzas globales arraigadas en Brasil. Un apoyo que obedece tanto al deseo de desembarazarse de los programas sociales sostenidos por la izquierda con desigual suerte como al hartazgo de las clases medias, que han observado desalentadas cómo Brasil se ha convertido en un foco de contagio de varias formas de corrupción rampante en la periferia –Perú y Ecuador, los escenarios más recientes–, sin que el sistema haya sido capaz de sanearse a pesar de las proclamas de todos los líderes.

En un artículo publicado en el periódico O Estado de Sao Paulo, el historiador Alberto Aggio analiza lo sucedido en su país el 7 de octubre y concluye que ha consagrado la desaparición de facto del centro político, disputado por la izquierda y la derecha durante treinta años mediante un sistema de alianzas que se ha hundido. “El fuera esto o fuera aquello y el nosotros contra ellos produjeron un campo de hostilidades que hizo prosperar la intolerancia y el odio –escribe Aggio–. El rechazo a los políticos y a los partidos ganó corazones y mentes e instauró el reino de la antipolítica en sus diferentes versiones: de las visiones plebeyas a las neoliberales, todas pasaron a buscar un mundo a su imagen y semejanza. Es una victoria de la cultura narcisista y una derrota de la cultura democrática”.

Es también el resultado de una sociedad extremadamente dual, polarizada, con desigualdades lacerantes, que hizo del PT de Lula da Silva la esperanza de los desposeídos y del Movimiento Democrático Brasileño y sus herederos del siglo XXI, la referencia política de las clases acomodadas. Lula llegó a la presidencia con el objetivo de que todos sus conciudadanos tuvieran garantizadas tres comidas al día y de que la pobreza extrema dejara de ser una de las señas de identidad del país: lo consiguió en parte, pero entre la sospecha, la conspiración política y la sentencia condenatoria, la estrella de Lula se apagó. Se apagó asimismo la de la presidenta Dilma Rousseff, apartada del cargo, pero el mandato de Michel Temer, tan bajo sospecha como sus antecesores, anduvo lejos de mejorar las expectativas del centroderecha.

De tal manera se encadenaron los acontecimientos que, salvo enorme sorpresa, un exmilitar ajeno a los compromisos democráticos ganará la poltrona del palacio de Planalto en Brasilia y se cerrará un nuevo ciclo en América del Sur, con todos los grandes países del continente en manos de conservadores, pero ninguno tan extremo como Bolsonaro. A través de una ley del péndulo, la hegemonía política en el universo latinoamericano la tendrá la derecha, y la izquierda posibilista solo retendrá un escenario influyente: México. Justo lo contrario de lo que sucedía hace una década, cuando era México el único gran país de la región gobernado por un conservador. Todo lo cual pone de manifiesto la incapacidad de los líderes de la izquierda de aproximar el cumplimiento de los programas a lo prometido en campaña y, al mismo tiempo, su propensión a caer en las mismas servidumbres y manejos que sus adversarios de la derecha.

Para Alberto Aggio, la conquista del centro por uno de los extremos es el único mecanismo que puede moderar la ley del péndulo, de derecha a izquierda, y vuelta a la derecha, dando bandazos cada pocos años, con promesas inaplicables o decepciones encadenadas de los electores. “La llegada de dos polos excéntricos a la segunda vuelta no fue un rayo de luz en el cielo azul –afirma Aggio–. El hundimiento del centro político acabó produciendo una situación paradójica: el centro pasó a ser el objeto del deseo de los dos extremos. El centro está muerto. ¡Viva el centro! Su conquista será lo que definirá la segunda vuelta. Y, en el caso brasileño, no solo la futura gobernabilidad, sino la posibilidad real de que el país continúe viviendo en democracia”.

La pregunta obligada es casi imposible de responder: ¿quién está en mejor situación de atraer el centro y condicionar su acción de gobierno? En todo caso, la respuesta alterará en gran medida la evolución de los dirigentes de Colombia, Chile y Argentina, con programas económicos tan cercanos al de Bolsonaro como alejados del de Haddad. Porque Brasil es, sin duda, el país más influyente del continente, un gigante económico en crisis, pero gigante al fin, con independencia de quién dé órdenes en el puente de mando.

Brasil, bajo presión conservadora

La condena de cárcel impuesta a Luiz Inácio Lula da Silva tiene efectos políticos telúricos sobre el futuro político de Brasil y da vida a los fantasmas de un pasado no tan lejano, cuando las grandes fortunas del país y el Ejército se unieron por última vez para poner el Estado a su servicio. Es imposible sustraerse a la idea de que detrás de la prisión de Lula se esconde una flagrante manipulación de los hechos encaminada a desalojar del poder al poco menos que seguro vencedor de la próxima elección presidencial, sin que por lo demás exista un contrapoder efectivo en los tribunales para dejar al descubierto la corrupción sin límites en el campo conservador, en el núcleo de poder que desalojó a Dilma Rousseff de la presidencia y arropó después a Michel Temer. El triángulo de corrupción que mina las instituciones del país –los casos Odebrecht, Lava Jato y Petrobras– alcanza en igual medida al Partido de los Trabajadores (PT) y a la derecha; en los salones del poder han sido muchos los incapaces de sustraerse a la mordida, pero el empeño de los tribunales en la persecución de Lula pone de manifiesto que el expresidente fue, es y será la gran presa que quieren cobrar sus adversarios históricos, jueces mediante.

El veterano periodista Clovis Rossi se pregunta “¿cuándo se jodió Brasil?”, parafraseando a Mario Vargas Llosa en Conversación en La Catedral –“¿cuándo se jodió el Perú”?–, y se responde; “En 1500, cuando llegaron los portugueses”. La respuesta no es más que una ingeniosa forma de afirmar que la política brasileña conserva la triste tradición del golpismo, la venganza personal y una dualidad social extrema. La división del tribunal (6 a 5) que ha condenado a Lula es el dato más reciente de la fractura irresoluble de una comunidad sometida desde tiempo inmemorial a desequilibrios intolerables. El asesinato de la activista y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco no hace más subrayar la violencia endémica instalada en una sociedad muy fragmentada en la que los amortiguadores sociales solo funcionan de vez en cuando.

El comportamiento de una parte mayoritaria de los grandes grupos de comunicación durante la instrucción, el proceso y la condena de Lula es otro síntoma del clima de vendetta que se ha adueñado del escenario. “O Globo y Veja van a tener orgasmos múltiples con mi foto preso”, declaró Lula antes de entregarse. Y aunque la frase simplifica los hechos y elude cualquier eventual responsabilidad en la pervivencia de tramas de corrupción, se acerca al menos a lo dicho por estos dos medios y otros muchos, alineados en una persecución militante y sin tregua. Si O Globo se refiere al triunfo de los tribunales, Veja subraya en un titular Del sindicalismo a la cárcel; si alguien recuerda en una televisión que la presidencia de Lula rescató de la miseria a 50 millones de brasileños –una exageración estadística, seguramente–, el periódico O Estado de S. Paulo dispara contra la línea de flotación del presumible legado del expresidente: “La obra monumental del PT fue el montaje de un sistema de explotación colonialista del Estado para sustentar un proyecto de poder”.

Algo hay de cierto en cuanto se dice, pero se trata en todos los casos de medias verdades, informaciones y opiniones que eluden cualquier dato que las contradiga. Puede decirse que la pretensión de Rousseff de nombrar a Lula ministro a toda prisa para que evitara el proceso fue en su día un disparate; es cierto que las encuestas muestran el crecimiento de un fenómeno clientelar en los apoyos a Lula, perfectamente explicable como resultado inmediato de sus programas sociales, pero no lo es menos que le otorgan un mínimo del 35% en intención directa de voto frente a cualquiera de sus contrincantes si hoy se celebraran elecciones (en el caso del posible candidato ultraderechista y exmilitar Jaír Bolsorano le saca una ventaja de 20 puntos). Es posible, en fin, que el estancamiento de hoy sea fruto de la euforia de ayer, pero no lo es menos que Brasil, durante el mandato de Lula, se consolidó en el pelotón de cabeza de las potencias económicas emergentes.

Aunque ahora se descubran flaquezas en el despegue y aun tramas de corrupción que dañan el erario, no es menos cierto que la vitalidad de la economía brasileña al estallido de la crisis mundial fue motivo de análisis en todas partes. En el ejercicio correspondiente al año 2008, el siguiente a la crisis de las subprime y coetáneo de la quiebra del banco Lehman Brothers, el PIB del país creció el 7,5%. En los años siguientes, mientras las economías occidentales se deslizaban por la pendiente del decrecimiento, Brasil obtuvo la organización del Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, dos acontecimientos que solo están al alcance de sociedades que pueden garantizar a la FIFA y al COI cuentas de resultados saneadas, al menos en el momento de concedérselas. Que hoy languidezcan las instalaciones construidas para aquellas dos grandes citas no hace más que subrayar la incapacidad de quienes en los dos últimos años se han ocupado más de ocultar sus vergüenzas y perseguir a sus contrincantes que de adecuar la economía brasileña al final de un ciclo expansivo.

Los comentarios amenazantes de algunos generales, con el espectro del golpe de Estado apenas oculto, completa un cuadro clínico que otras veces cercenó el desarrollo de una democracia asentada. El ambiente político en América Latina, tan cambiante los últimos años, tiende a privilegiar las alternativas autoritarias o simplemente conservadoras frente al reformismo social, mayoritario hace una década, y ahí los uniformados se mueven con destreza, mientras la base social del PT se deja llevar por la política de las emociones y la movilización, quizá menos dinámica que en el pasado y menos asistida de apoyos exteriores. Basta repasar la nómina de presidentes para concluir que al frente progresista le ha sucedido otro conservador, alentado además desde Estados Unidos por una Administración que favorece un cambio profundo en el ecosistema político latinoamericano.

Es posible que lo que Lula representa siga siendo un fenómeno digno de estudio en el campo académico, incluso cabe la posibilidad de que ni la cárcel ni las amenazas golpistas ni el comportamiento de los tribunales desanimen a la militancia del PT y al grueso de sus votantes, pero es difícil imaginar el futuro inmediato de Brasil en la órbita del líder condenado. Es más previsible, por el contrario, una complicidad expresa de diversos sectores de las finanzas, la política y la milicia para una solución que neutralice a los defensores de Lula, a los deseosos de que vuelva a Brasilia. Sea o no sea culpable Lula del delito por el que se le ha condenado, su regreso al puente de mando requiere tantos cambios en las casillas del tablero en que se juega la partida que se antoja algo poco menos que imposible verle disputar la presidencia una vez más.

Fujimorazo de Maduro

Lo más parecido a un golpe de Estado de palacio es la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que cancela las atribuciones del Parlamento so pretexto de que la Cámara ha cometido un delito de desacato. Porque las funciones de las que los diputados son desposeídos pasan a los jueces que firman la condena o resolución, y de ellos a Nicolás Maduro, que concentra así todos los poderes del Estado habida cuenta de la disciplina de partido observada por los magistrados desde hace demasiado tiempo como para dudar de ella.

No se trata de un golpe de Estado palaciego porque lo dice la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea neutralizada, ni porque la Organización de Estados Americanos (OEA) lo corrobora ni por ninguna otra circunstancia, lo es porque la división de poderes ha saltado por los aires. No es tampoco un golpe de Estado porque así lo ha decidido una conspiración internacional, sino porque culmina un proceso que ha llevado a la cárcel a varios líderes de la oposición, ha descoyuntado la economía y ha inducido a Maduro a dejar sin efecto cualquier aproximación al sistema de contrapesos propio de una democracia. Y por último, no es un golpe de Estado porque lo digan líderes conservadores, los de signo progresista, salvo tibiezas injustificables, están de acuerdo en que la democracia ha sido barrida por la inercia de un régimen ineficaz, imprevisible y arbitrario, incapaz de corregir sus errores.

Nunca estuvo el experimento venezolano iluminado por el halo de desafío ético al establishment que tuvo, por ejemplo, la revolución de los barbudos cubanos, pero Hugo Chávez logró construir un relato regenerador de la política de su país y fue capaz de poner en marcha programas sociales financiados con un petróleo que anduvo cerca de los 150 dólares/barril. Hoy las invocaciones a la agresión imperialista y otras soflamas de Maduro y su corte de adeptos suenan a eslóganes desgastados, tan alejados de la realidad como la pretensión de corregir los efectos de una inflación de tres dígitos con subidas del salario mínimo del orden del 40%. Nada funciona en Venezuela: una encuesta citada por El Universal, un diario de oposición, estima que un tercio de la población, 9,6 millones de personas, “ingieren dos o menos comidas al día” y “es mucho el daño que se puede hacer si seguimos por este rumbo desquiciado”, según un articulista que publica en el mismo medio.

Frente a este escenario de pesadilla resulta grotesco el pretexto esgrimido por los jueces para liquidar el régimen constitucional: la decisión del Parlamento de aceptar a tres diputados de distritos de la Amazonia cuya elección fue impugnada por el chavismo y diligentemente censurada por el Tribunal Supremo. Desde que la oposición ganó las legislativas del 2015, el objetivo del grupo de Maduro ha sido desembarazarse de los vencedores y actuar como si la república fuese de partido único, el Socialista Unido de Venezuela; luego la Mesa de la Unidad Democrática puso en marcha el proceso para convocar un referéndum revocatorio del presidente y la ansiedad de Maduro fue en aumento. Cualquier cosa valía para restablecer el orden y dejar fuera de juego a los adversarios políticos.

Ahora, en una reacción típica de toda autocracia que se precie, el Gobierno ve en cuanto viene de fuera gestos hostiles y una oposición premeditada a sus planes, especialmente desde la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, pero lo cierto es que la cercanía al fujimorismo de este golpe de Estado disfrazado de resolución judicial tiene todas las trazas de concretarse en los próximos días a poco que la oposición dispute la calle al chavismo, y este opte por la represión a palos. Dice Vladimir Adrianza en Últimas Noticias, una cabecera chavista, que “Venezuela pasa de una posición defensiva a poner los puntos sobre las íes” en la OEA, pero la organización considera activar la Carta Democrática Interamericana de 2001, a la que Venezuela se adhirió, para, en su caso, impedir la participación del país en las diversas instancias de la OEA, sin que se haya dejado oír más voz de descontento que la de Evo Morales, presidente de Bolivia.

Dice Sandra Oblitas, vicepresidenta de la Comisión Nacional Electoral: “Ningún ente o persona independientemente del cargo que tenga puede imponer ningún tipo de ordenamiento jurídico diferente al que existe en Venezuela”. Lo que sucede es que el Gobierno se ha saltado el ordenamiento jurídico con harta reiteración y ha desoído los consejos de personajes tan diferentes como el papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes es difícil imaginar metidos de hoz y coz en una conspiración internacional contra Venezuela. Más parece que el frente de rechazo formado por Nicolás Maduro, Cilia Flores, esposa de Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los ideólogos del chavismo realmente existente han optado por enrocarse en el poder e imposibilitar todo asomo de reforma de un modelo en ruinas a causa de la quiebra económica, la fractura social y la división política.

Como en los peores momentos de la historia venezolana, en los que la violencia se impuso a los programas, hoy caminan el Gobierno y sus adversarios hacia una cita que presagia inevitablemente un desenlace dramático. Quedan muy lejos los días del frente reformista con Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, acaso Nicaragua, en los que Hugo Chávez encontró el ambiente propicio, olvidados los tiempos del golpe de Estado de los carapintadas que él dirigió para acabar en la cárcel. No hay nada en el vecindario de Maduro que le sea remotamente favorable, ni siquiera las reservas de petróleo almacenadas bajo el subsuelo caribeño; Latinoamérica ha cambiado profundamente, mientras la vía venezolana hacia la redención social ha degenerado hasta desfigurar el sistema democrático mediante el que el chavismo llegó al poder.

¿Cuál será el paso siguiente en el camino desde la división de poderes a la dictadura sin aditamentos que la encubran? ¿Qué movimientos sopesa la oposición agavillada en la Mesa de la Unidad Democrática, acogida a la legitimidad que le otorga haber obtenido una aplastante mayoría en las últimas elecciones legislativas? ¿Qué papel se reserva la OEA en este desastre político, que puede convertirse en tragedia a poco que la escalada de la tensión siga su curso? Y por último, ¿qué hará el Ejército, el gran mudo, en esta carrera de despropósitos: seguirá disciplinadamente del lado del sistema, como en los días de Chávez, o solo ve en Maduro la figura de un líder fracasado? Ninguna de estas preguntas admite una sola respuesta

 

Paz colombiana sin alternativa

La proximidad de la firma del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno de Colombia y las FARC y del referéndum que debe aprobarlo (26 de septiembre y 2 de octubre respectivamente) han avivado la controversia sobre la legitimidad o derecho del presidente Juan Manuel Santos de hacer tabla rasa a decenios de combates, secuestros, extorsión y narcotráfico. Se trata de un debate jurídico, pero también político; de un debate entre lo ideal y lo real, pero también entre adversarios políticos irreconciliables; de un debate entre la esperanza depositada en el futuro y el lastre que procede del pasado, pero también de los sentimientos que albergan las víctimas. Frente a la idea de que todo desenlace de una guerra sin vencedores obliga a hacer concesiones que quedan fuera del Código Penal se alza el argumento ético del respeto a la ley, cueste lo que cueste –dura lex, sed lex–, esgrimido por los contrarios al acuerdo, sospechosos a su vez de acogerse a la máxima del derecho romano para no desvelar o poner sobre la mesa otras razones de índole personal, de rivalidad política o simplemente de mal disimulado oportunismo.

Cuando es posible dar con las primeras dosis de envenenamiento de una sociedad no más cerca de 1948 –el bogotazo, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán–, un tratamiento convencional para desintoxicarla apenas tiene posibilidades de éxito. Todos los caminos explorados antes de los cuatro años de negociaciones que han alumbrado el acuerdo han sido intentos fallidos, episodios de frustración colectiva, oportunidades perdidas en un crucigrama plagado de enunciados abstrusos. “Los enemigos del diálogo están enfermos de resentimiento y de ira”, ha dejado dicho en el diario bogotano El Espectador el escritor Héctor Abad Faciolince, cuyo padre fue asesinado por los paramilitares en 1987. Al mismo tiempo, comprende Abad los celos de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, humanamente explicables, dice, porque Santos logró lo que ellos persiguieron y no alcanzaron, pero no ve otro camino para silenciar las armas que empezar de cero y dejar de buscar cobijo en la negra espalda del tiempo (el concepto está tomado de Javier Marías que a su vez lo tomó de William Shakespeare).

En ese largo conflicto que quizá se encamina hacia su fin nadie es inocente salvo las víctima atrapadas en la refriega, en el fuego cruzado entre una utopía emancipadora que fue al fin distopía y la soberbia de un Estado a menudo venal, insensible ante la pobreza y el desamparo de comunidades campesinas dejadas a su suerte desde la noche de los tiempos. Acaso se acerquen a su final las guerras del coronel Aureliano Buendía, aquellas cuyo cronista fue Gabriel García Márquez, guerras interminables noveladas, pero no siempre de ficción o imaginadas, que llegaron hasta nuestros días debidamente transformadas hasta no tener cabida en la literatura, o puede que sí –Noticia de un secuestro–, y aparecer desde hace un par o tres de generaciones en las secciones más ensangrentadas de los noticiarios.

“Ambos lados –el del sí y el del no– se revelan como unos abanderados del bien y con ínfulas de superioridad moral sobre el otro, como si cada uno fuera dueño de la verdad y por eso tuviera el derecho a mandar y a pisotear”, ha escrito Catalina Gallo en El Tiempo de Bogotá. No hay superioridad moral alguna en ninguno de los dos bandos, pues ambos, en algún momento, fueron actores principales en la producción de cadáveres y la difusión de prácticas abominables; no es posible plantear el referéndum en estos términos porque sería tanto como suponer que la limpieza de espíritu de una parte de los colombianos –importa poco cuál– condena a la otra, la deja marcada con un estigma imborrable y para siempre. Todo cuanto rehúye el análisis político de un conflicto político que solo admite respuestas políticas tiende a enturbiar la realidad si no es que la adultera por completo.

Aun así, el recurso presentado ante el Consejo de Estado contra la pregunta a la que deberán responder los ciudadanos se acoge a dos formalismos de naturaleza jurídica para eludir los ingredientes políticos que se dan en el caso: la impunidad de quienes delinquieron y la inclusión de la palabra paz en la pregunta por ser “una inducción directa al votante”. Contra la creencia del presidente Santos de que tiene la facultad de redactarla según mejor le parece, los recurrentes entienden que la paz es un derecho y “no se puede usar con el sentido” que se ha hecho, como si la única vía para alcanzar “una paz estable y duradera” fuese la aprobación de lo acordado trabajosamente en La Habana. “No me trago el sapo de los delitos atroces, el de la justicia, el de la impunidad y el del narcotráfico”, proclama el senador Everth Bustamante, exintegrante de la guerrilla urbana M19 y hoy en las filas del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, pero al manifestar su oposición al acuerdo soslaya un dato capital: las condiciones mediante las cuales aceptó la vía institucional el grupo al que pertenecía el hoy senador tuvieron un impacto emocional considerable a comienzos de los 90, hubo también un debate jurídico que discurrió en paralelo al desenlace político.

Al internarse en el laberinto de los razonamientos jurídicos, los contrarios a dar por buenos los términos de la paz negociada con las FARC evitan las complejidades inherentes a ofrecer una alternativa a lo pactado. Descartada la victoria militar absoluta del Estado y admitidos los riesgos propios de la aplicación de unos acuerdos llenos de complejidades, a ojos de los negociadores, de los intermediarios, de los partidarios de dar el sí el 2 de octubre, no hay otro sendero practicable; no es posible salir del enredo si se quiere abrir una causa general contra la guerrilla que la señale como única responsable de la matanza. Los riesgos de enquistamiento, de dolencia crónica e incurable –el caso del ELN, que sigue intransigente en la selva–, son mayores que aquellos que pueden desprenderse de la pervivencia de una facción irreductible de combatientes, de la dificultad misma de convertir a los militantes de las FARC en ciudadanos desarmados y aceptados en las instituciones por el establishment.

Una última razón ilustra la conveniencia de apoyar el compromiso de La Habana: mientras las situaciones abruptas se han adueñado de la política en Venezuela, Brasil y Bolivia, y esa tendencia al drama nacional diseña un futuro indescifrable, por lo menos poco halagüeño, la opción colombiana transmite la idea de un futuro verosímil, de un espacio político habitable a pesar de todo. No hay nada especialmente innovador en la apuesta colombiana más que la apuesta misma por un desenlace basado en un posibilismo extremo que da sentido al convencimiento de que cualquier alternativa es peor a lo pactado, sobre todo si entraña judicializar la política, llevar a Timochenko y a sus seguidores ante un tribunal para que den cuenta de lo sucedido. “Este no es el viejo mundo jodido por los demonios del pasado”, declaró hace dos años el periodista Jon Lee Anderson a El Tiempo. Ese es el reto.

 

El chavismo, en el ocaso

La crisis política, económica y social que zarandea Venezuela se ha adentrado en el frondoso bosque del referéndum revocatorio (cancelación del mandato del presidente Nicolás Maduro), lleno de trampas para elefantes y propicio para los debates bizantinos. Los esfuerzos de la oposición para reunir las firmas necesarias para que se celebre la consulta chocan con la predisposición del Comité Nacional Electoral a bloquear el proceso; las proclamas del Gobierno de someterse a lo dispuesto en la ley del 2007 son escasamente convincentes al predominar en ellas el indisimulado propósito de evitar a Maduro la prueba; ambos bandos, en fin, aparecen enfrentados en un litigio que difícilmente admite una gestión estrictamente institucional.

Se respira en Venezuela el aire viciado por un Parlamento abiertamente hostil al presidente y viceversa, una gestión económica errática cuando no insostenible y el hartazgo de una población que debe amoldar su vida cotidiana a tres desafíos: la inseguridad sin remedio, una inflación galopante y la escasez de productos de primera necesidad. Algunas de las medidas adoptadas para ahorrar energía –en realidad se deben a los cortes en el suministro eléctrico–, señal inequívoca de la gravedad del momento, y la sensación de que las teorías conspirativas se han convertido en la gran justificación para todas las penalidades inducen a pensar que el Gobierno marcha muy por detrás de los acontecimientos, improvisa todos los días y aspira a salvar los muebles con la movilización del núcleo de adeptos que aún le quedan.

Si la inflación superó en el 2015 el 200%, según datos que maneja la oposición, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la de este año llegue al 700% –cien puntos de más o de menos poco importan–, no es exagerado decir que el bolívar ha dejado de tener valor y todos los aumentos salariales anunciados por Maduro no son mucho más que un brindis al sol. Si el precio del petróleo se mantiene en los parámetros actuales, no es desmesurado decir que el país se encuentra ante un problema irresoluble, típico de economías basadas en un monocultivo: a corto plazo, no hay alternativas visibles para superar la escasez y la crisis social en ciernes. Si el Gobierno no admite la realidad de que el Parlamento le es hostil –la oposición dispone de una mayoría aplastante–, se condena a sí mismo a convertirse en una máquina de poder cada día más alejada de la calle y con menos medios para forjar complicidades.

Mientras Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dispone a recibir en Washington a una delegación de parlamentarios de la oposición venezolana, la cancillera Delcy Rodríguez considera ridícula la pretensión de activar la Carta Democrática Interamericana. “Además de la profunda ignorancia que significa esta solicitud, además de esta profunda ignorancia que demuestra la derecha, lo único que está en su corazón y en su pretensión es la intervención de Venezuela. Eso no procede. No nos dejemos presionar por esos fantasmas que no existen”, declaró la titular de Relaciones Exteriores a Globovisión. Y la referencia a la derecha apareció entrecomillada en la frase recogida por diario El Universal, altavoz de la oposición, porque es bastante cierto que el conglomerado de los descontentos ha dejado de ser solo el punto de encuentro de los conservadores alarmados desde el principio por el chavismo, y es hoy un movimiento que acoge un amplio abanico ideológico.

Da la impresión de que los herederos de Hugo Chávez han ahuyentado o defraudado a una parte importante de la base social sobre la que se levantó un proyecto de naturaleza populista destinado a refundar la república. El nacionalismo panamericano representado en su día por Simón Bolívar fue el santo y seña genérico de un programa reformista, si no viable, sí al menos posible, financiado con las rentas de un petróleo caro. El rescate de una parte de la población, condenada hasta entonces a vivir en condiciones de pobreza extrema, llevó a los rescatados a aspirar a unas condiciones mínimas de estabilidad para consolidar su nueva situación, pero entre tanto el Estado no buscó en otros campos ingresos diferentes a los del petróleo, y cuando estos menguaron, el mecanismo reformista empezó a fallar por falta de recursos. Si a lo dicho se suman una fiscalidad desconcertante, la corrupción y la tendencia a simplificar los problemas del equipo de Maduro, todo lleva a pensar que el experimento ha llegado al ocaso de su existencia.

El desplome del PIB contabilizado por el Banco Central de Venezuela presagia lo peor. En el 2014 cayó el 4%; en el 2015, el 5,7%; para el 2016 se estima que la caída será del 8%. Con estas cifras no hay sistema económico que resista, y menos en un entorno poco propicio en el que Cuba mira a Estados Unidos y a la Unión Europea, Brasil se debate en una crisis existencial, Argentina emite las primeras señales de conflicto social desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri y en Bolivia no prosperó en las urnas el deseo de Evo Morales de aspirar a un nuevo mandato. No es solo que Chávez tuviese un poder de atracción del que carece Maduro, es que además se movió en un ecosistema político latinoamericano propicio, muy diferente al presente.

La incontinencia verbal del presidente venezolano, que lo mismo arremete contra Mariano Rajoy que contra Barack Obama, contra la oposición o contra los defensores –Felipe González entre otros– de los líderes encarcelados, ha dejado de ser el resorte adecuado para desviar la atención de los problemas internos. Cuando la cultura de las colas frente a los comercios desabastecidos se suma a la falta de medicamentos, a los apagones y muchas pequeñas carencias presentes en todas partes, solo los muy convencidos siguen pensando que la culpa es de los otros y no de quienes gobiernan y se obstinan en perseverar en un programa que no aporta ninguna solución o solo una: una permanente y estéril huida hacia adelante.

La demanda por traición a la patria que los diputados chavistas interpondrán en el Tribunal Supremo contra los de la oposición que han instado a la OEA a activar la Carta Democrática Interamericana no es más que una maniobra de evasión para soslayar la realidad. Diosdado Cabello, expresidente del Parlamento y promotor de la iniciativa, es la viva imagen del distanciamiento de la realidad que cultiva el régimen. Ni siquiera la izquierda ilustrada que apoyó al chavismo en sus inicios ve hoy en sus continuadores el remedio a los males que atenazan a la sociedad venezolana. Tampoco se vislumbra una receta eficaz en las proclamas de la oposición, bastante menos cohesionada de lo que pudiera pensarse, pero de momento está legitimada por el apoyo de las urnas y por su apego a los usos democráticos. Si este punto de partida es suficiente para rescatar al país de la postración y evitar la fractura social, nadie lo sabe, pero es de temer que no baste si no es posible un pacto político en el que participe el chavismo, que controla todos los resortes del Estado y tiene por el momento al Ejército de su parte. O eso parece.

 

La clase media brasileña decide

El disputado voto de la nueva clase media brasileña será el que decida la suerte de la elección presidencial en Brasil, que este domingo cumple la primera vuelta. No hay encuesta que no establezca que ese segmento de población al que se han incorporado un mínimo de 30 millones de personas en los 12 últimos años será el que decante la balanza entre Dilma Rousseff, la candidata del Partido de los Trabajadores (PT), que opta a la reelección; Marina Silva, ecologista y candidata del Partido Socialista Brasileño (PSB) a la muerte en accidente aéreo de Eduardo Campos el pasado agosto; y Aécio Neves, candidato del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB). Esa clase media C –entre 780 dólares y 1.400 dólares de renta mensual familiar–, agrandada por los programas contra la pobreza que se remontan al primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), esa clase media que pareció abandonar a su suerte a la presidenta en los meses que precedieron al Mundial de fútbol, es la misma que ahora corrige su desencanto con una mezcla de realismo y quizá conformismo, según se colige de los últimos sondeos.

Al empezar la campaña electoral, el índice de aprobación de la labor del Gobierno estaba en el 32%, la figura ascendente de Silva igualaba a Rousseff con el 34% de intención de voto y la modesta previsión de crecimiento hecha por el Banco Central de Brasil –0,7% al acabar el año– parecía un obstáculo insalvable para movilizar al electorado histórico del PT. La perspectiva de que la candidata socialista podía sacarle hasta diez puntos de ventaja a Rousseff en la segunda vuelta reforzó los peores presagios para el equipo gobernante, y las posibilidades de Neves quedaron reducidas al mínimo. Mauro Paulino, director de la firma de sondeos Datafolha, declaró entonces para explicar la reacción de la clase media: “Es un segmento que tuvo acceso a bienes de consumo y a educación, que mejoró su vida y que ha seguido mejorando hasta por lo menos el inicio del gobierno de Dilma. Pero ahora ve que esa mejora no continúa y está dividido entre la gratitud a Lula y el deseo de subir otro peldaño. Y esa duda se manifiesta también en el voto”.

Cartel electoral de Marina Silva.

El panorama cambió de forma espectacular los últimos días de septiembre: Silva pareció encontrarse en el trance de ser una estrella fugaz consumida por la inercia de un electorado más estable de lo previsto hasta entonces, el aspirante del PSDB recobró fuerzas y la presidenta se puso al frente de todas las encuestas a partir de la mejora en la aceptación de su Gobierno (39% de los electores). La ventaja de Rousseff es hoy de unos 15 puntos con relación a Silva –40% a 25%– y de unos 20 puntos con relación a Neves, con un 20% de intención de voto, pero con tendencia al alza, mientras el vector electoral de la candidata socialista evoluciona a la baja. Deducción del editorialista de O Globo: “Ya no queda espacio para un discurso utópico –se supone que el de Silva– de estar al mismo tiempo contra el PT y el PSDB”.

Poco importó que la Bolsa de Sao Paulo acogiera las nuevas previsiones electorales con una caída generalizada de los grandes valores –las acciones de Petrobras llegaron a descender el 11%– y que el real se depreciara frente al dólar. Puede decirse que la reacción del mundo financiero era previsible y que la clase media, a cuyo rescate y crecimiento, las dos cosas al mismo tiempo, acudió en su día Lula, volvió a la senda de las certidumbres ante el temor de que el programa de Silva sea un volantazo en plena autopista con la calzada muy mojada –las previsiones de crecimiento efectivo para el cuatrienio 2011-2014 se quedan en el 6%–, con la economía muy lejos de las magnitudes chinas e indias, que deslumbran a todas las economías emergentes.  “El mercado es maniqueo –dice Luís Eduardo Assís, exdirector del Banco Central de Brasil–. Para él, Rousseff es mala. No hay un análisis político sobre este concepto. No le gusta la presidenta y es correspondido”. Pero eso poco importa a quienes apenas empiezan a disfrutar del confort de un Estado con inquietudes sociales. El “enfático voto de protesta” de la Bolsa al que alude el influyente diario O Estado de S. Paulo queda lejos de las preocupaciones cotidianas del electorado.

Aun así, hay datos suficientes para sostener que las posibilidades de victoria de Marina Silva no se han esfumado antes de llegar a las urnas. El más relevante es el peso del debate político-religioso durante la campaña. La candidata socialista no tiene solo de su lado el haber sido ministra de Medio Ambiente con Lula, sino algo más importante para estimular el voto emocional o confesional: es una evangelista pentecostal de la Asamblea de Dios en un país de tradición católica, pero que cuenta con 42 millones de fieles –20% de la población– de las iglesias evangélicas o protestantes, según se prefiera un término u otro. Se trata de una militancia religiosa reciente y, por esa razón, muy activa que maneja respetables sumas de dinero, que cuenta con telepredicadores que disfrutan de audiencias considerables y transversales y que tienen una influencia directa en los comportamientos electorales de su grey.

Dilma Rousseff, sobre la montaña rusa de la economía brasileña.

Dilma Rousseff, sobre la montaña rusa de las cotizaciones en la Bolsa de Sao Paulo.

Que la mayoría de la población siga siendo católica no significa que los evangélicos no constituyan una fuerza determinan. Al contrario, han demostrado tal capacidad para impregnar y condicionar los programas de los partidos, para obligar a los candidatos a rectificar sobre la marcha en cuanto atañe al matrimonio homosexual, que incluso ha sido precisa la aclaración de un integrante del equipo de Silva para garantizar que, de ganar, su Gobierno será laico, sin asomo de confesionalidad. Tal aclaración era necesaria para no ahuyentar la parte del voto católico lulista que, según los cálculos de los socialistas, podría decantarse ahora por su candidata, creencias al margen, como resultado de la desaprobación global de su gestión en materia social, de los casos de corrupción y de los excesos en gastos suntuarios a propósito del Mundial y de los Juegos Olímpicos de Río del 2016.

“El consenso sociológico imperante es el de que los que estén bien instalados en la mesocracia, aun agradeciendo los servicios prestados a la católica Rousseff, pueden valorar las ventajas del cambio, y hay en Brasil 42 millones de evangélicos sumamente disciplinados y en veloz crecimiento; mientras que los que permanezcan en estado de vulnerabilidad temblorosa y pobres de solemnidad seguirán esperando su oportunidad de Lula-Rousseff. En la suerte electoral influiría, por tanto, la fiabilidad de los números de esa transformación socioeconómica”, ha escrito Miguel Ángel Bastenier en El País.

Es esa una dinámica típica de sociedades extremadamente duales. En ellas, cuando se producen grandes cambios sociales se registran asimismo grandes mutaciones electorales: quienes se pueden subir al ascensor social aspiran muy pronto a estabilizar su situación mediante programas contenidos –puede ser el caso del que presenta Silva–, mientras que quienes siguen en estado de postración confían en aquellos partidos que han demostrado ser capaces de combatir la pobreza. Importa menos que Silva repita que sabe qué es vivir en una favela, que comprometerse a sostener la mejora de cuantos hasta fecha reciente vivían en medios de una pobreza lacerante. Si son exactas las cifras que maneja Datafolha, el 60% de los electores brasileños pertenecen a esa clase media C en la que se libra la batalla de los votos y, de ellos, cerca de la mitad tuvieron plaza en el ascensor social durante el último decenio.

Unos operarios cuelgan un cartel electoral de Dilma Rousseff.

¿Significa todo esto que la suerte está echada y la segunda vuelta será un pulso entre Rousseff y Silva? Hasta hace unas semanas, ese era el panorama, pero los cambios de tendencia han hecho renacer las esperanzas de Neves en la recta final. El PSDB tiene a su favor una implantación territorial sólida, capacidad organizativa y experiencia en el cuerpo a cuerpo, mientras que los socialistas están lejos de reunir estas cualidades. Luego los sondeos dicen que en el ballotage gana Rousseff con entre ocho y nueve puntos de ventaja sea quien su adversario, pero para un candidato que hace un mes estaba fuera de la carrera, el cambio de tendencia es mucho más de lo que podía esperar, especialmente en las grandes ciudades, donde los socialdemócratas suelen disponer de un importante caladero de votos.

El resto de herramientas de campaña han dejado de contar. Lo que importa es la reacción de la clase media después de 12 años de Gobierno lulista –pues Dilma Rousseff no es más que prolongación funcional de su valedor–, de una modificación profunda del mapa social y del camino sin retorno emprendido por Brasil para mantenerse como la gran potencia latinoamericana sin comparación posible. Que Rousseff guste más entre los socios del Mercosur y menos en los despachos de Washington, que los adscritos a la ensoñación bolivariana prefieran la continuidad al cambio, que la autonomía energética de Brasil cambie todas las reglas del juego ha sido menos importante que escudriñar los nuevos comportamientos políticos de esa nueva clase media que todos cortejan porque sus votos serán decisivos.