Banderas en campaña

Solo la creencia de que prohibir la exhibición de estelades durante la final de la Copa del Rey llenaría de votos el zurrón del PP el 26-J explica el despropósito de Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid, de promover tal medida. Las referencias a la ley del deporte del 2007, a la ley contra la violencia, el racismo y la xenofobia y al riesgo de que se vea alterada la seguridad durante la celebración del partido abundan en el disparate y causan estupor porque no son más que cortinas de humo para encubrir el sectarismo de una decisión descabellada. Es innecesario ser independentista para llegar a la conclusión de que la iniciativa de Dancausa establece un límite arbitrario a la libertad de expresión que ningún antecedente justifica: la estelada es, sin duda, la bandera de una facción política, pero hasta la fecha no ha sido sinónimo o coartada para recurrir a la violencia.

La sensata decisión del juez de Madrid Jesús Torres Martínez de invalidar la prohibición debiera sonrojar a quienes la defendieron, de Jesús Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, al orfeón gubernamental. Que a estas alturas de la historia alguien quiera sostener en España que el fútbol es solo fútbol y nada más que fútbol, resulta francamente pintoresco: en un espectáculo deportivo que comporta la interpretación de himnos, flamear de banderas y presencia abundantísima de autoridades en el palco, incluida la del jefe del Estado, pretender que la política no debe estar presente es una distorsión de la realidad que atenta contra la fuerza de los hechos. Si estos fueran otros, no aparecería la bandera española en el Bernabéu y otros campos (los que la enarbolan están en su perfectísimo derecho), y Manuel Vázquez Montalbán nunca hubiese dicho del Barça que es “el ejército de un país desarmado” (¡viva la ironía!).

En todos los nacionalismos, y el español no es una excepción, hay un fondo de fundamentalismo excluyente, y el conflicto asociado a la final no es diferente a otros muchos episodios que responden a una gran simplificación: nosotros y ellos. En el bien entendido de que tal simplificación lleva sin remedio a alguna forma de confrontación irresoluble. Si, además, hay una cita electoral a la vista y prevalece la suposición de que cuanto peor, mejor, entonces la prohibición de Dancausa se inscribe en una estrategia de propaganda y agitación encaminada a presentar al PP como el guardián de las esencias frente a otras opciones debilitadas por la propensión a la conllevancia orteguiana; menos patrióticas dirían los puristas partidarios de envolverse en la bandera.

Claro que luego sucede que entre los compañeros de partido de la promotora de la medida que tumbó el juez surgen no solo las dudas, sino la incomodidad evidente de verse obligados a defender lo indefendible y, por este camino, arrojar piedras contra su propio tejado. Así los dirigentes catalanes del PP de Ciudadanos, nada sospechosos de promover la independencia, pero tan desasistidos por el núcleo duro de los populares. En fin, basta aceptar que dos y dos son siempre cuatro en base diez, como enseñan en la escuela, para llegar a la conclusión de que no hay mejor manera de inyectar dosis extra de entusiasmo a la brega independentista y, quizá, de producir militantes para la causa de nuevo cuño que dar la vara durante unas horas con la prohibición de la estelada en el estadio Vicente Calderón.

Que desde entornos académicos tan diferentes como los de los profesores Francesc Valls, de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Javier García Roca, de la Universidad Complutense de Madrid, se llegue a conclusiones coincidentes debiera preocupar a los rigoristas del Gobierno que tantas veces confunden la ley con un texto revelado y ven en toda discrepancia una afrenta. Dice García Roca: “La estelada es un símbolo de independencia, no de violencia. No es, por ejemplo, una cruz gamada nazi. No tiene nada que ver”. Y tal afirmación es tan meridianamente exacta que resulta agotador tener que repetirla ad nauseam, de la misma manera que lo es tener que recordar que el Tribunal Constitucional estableció en 1982 que la libertad de expresión es uno de los fundamentos de la sociedad democrática incluso cuando contiene opiniones que “pueden inquietar al Estado”.

¿Cómo es posible que antes de la resolución del juez Torres Martínez nadie en los despachos del Gobierno cayese en la misma cuenta que quien ha atendido los recursos presentados? Se dice en el texto salido del juzgado que la prohibición impide manifestar de forma pacífica una ideología política “sin que concurran razones y motivos con la entidad suficiente para poder restringir el uso de un derecho fundamental”. Es preocupante que sea preciso tal recordatorio, porque ese derecho fundamental, la libertad de expresión, es indisociable de la calidad de una democracia, resulte de ello algo que pueda “inquietar al Estado” o a quienes lo administran, o genere el ejercicio de tal libertad una atmósfera favorable a los gobernantes. Y es asimismo preocupante el apoyo dado por la fiscalía a la prohibición dictada por Dancausa en nombre de hipotéticos “perjuicios graves a intereses de terceros”, sin que se especifique si esos terceros son los seguidores del Sevilla (no parece), parte de los espectadores que verán el partido por televisión o quienes siguen creyendo que la calle no es de todos y los estadios, tampoco.

Resulta incomprensible que la misma semana que la deuda del Estado supera el valor del PIB, que la Unión Europea considera imponer a España una multa de 2.000 millones por incumplir el déficit –en realidad, se la impondría a los españoles, que sin comerlo ni beberlo sufrirían las consecuencias–, que la Púnica se asemeja a una hidra de siete cabezas y que el incendio de Seseña deja al descubierto la ineficacia de varias administraciones, pueda alguien perder el tiempo con una guerra de banderas. Como si la política de las emociones, si es que de eso de trata, hubiese de ser la piedra sillar sobre la que se asentará la campaña electoral; como si esa trifulca tuviese por objetivo o misión desviar el foco de asuntos menos triviales, más urgentes, más trascendentes, pero también de más difícil y costosa gestión. ¡Ay, las banderas!

 

El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.

Partidos bajo la lupa

En esta tierra de nadie o de todos entre el 27-S y el 20-D se suceden los acontecimientos, crecen la confusión y aún más la dudas acerca de la investidura del president Artur Mas, y la tentación a envolverse en la bandera está siempre ahí como último recurso. Acabada la legislatura, el PP se fue en busca del apoyo de sus socios europeos en el congreso de Madrid, más que un acto político, una preelectoral claque –“grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra buscando algún provecho” (segunda acepción del diccionario de la RAE)–, el mismo día que la Guardia Civil y los fiscales se personaron en el domicilio de Andreu Viloca, tesorero de CDC, y en la sede del partido en busca de pruebas del famoso 3%, de esa presunta financiación irregular que todo lo enturbia. Nada está escrito acerca de cuál debe ser el equipaje para realizar el viaje a Ítaca, pero es oportuno recordar la siguiente frase de Joan J. Queralt de su artículo del jueves en EL PERIÓDICO: “A Ítaca no puede llevarse como lastre la podredumbre de la corrupción”.

La incomodidad manifiesta de los socios de CDC, en una situación más imposible cada día, confirma lo atinado del aserto. No es solo la CUP la que reitera con más determinación que nunca que Mas no reúne las condiciones para repetir en la presidencia; el silencio de ERC y de las entidades soberanistas que alientan el procés es del todo elocuente. Como ha publicado El País en un editorial, “por muchísimo menos de lo que aquí se investiga, dirigentes políticos de los países con los que Mas gusta de comparar a Catalunya habrían dimitido ya”, y su disposición a presentarse a toda prisa en el Parlament para dar explicaciones apenas corrige su debilidad extrema para pilotar la nave. Todo el mundo tiene derecho a creer en tramas conspirativas, pero habida cuenta del tiempo que el asunto rueda por los juzgados y de los precedentes –los casos Palau, Pujol, Innova y otros–, nadie debe llamarse a engaño: algo no pequeño está por esclarecer.

Apelar a la inoportunidad del momento y la aparatosidad de las formas resulta pueril. Con el calendario preelectoral, electoral y poselectoral en la mano es imposible que la labor de los tribunales no pise o provoque un cortocircuito en las estrategias de los estados mayores de los partidos. Salvo que todo el aparato judicial pospusiera durante varios meses –quizá hasta enero– sus indagaciones relacionadas con la actividad de partidos o políticos bajo sospecha, es inevitable que a cada auto o diligencia se le encuentre un pero, un propósito oculto para dañar los planes de alguien. Es tan ingenuo no sospechar que en este embrollo y en otros –los Bárcenas, los Gürteles, los ERE, la Púnica y otras lindezas– no hay dosis de juego sucio como maliciar que todo responde a un plan predeterminado para neutralizar a adversarios políticos. Más que a simplificación de la realidad suena a manipulación de la historia.

Después de la publicación de las declaraciones de Francisco Correa en eldiario.es, lo menos que puede decirse es que la plaga del 3% –o de otros porcentajes– adquiere la categoría de pandemia. De ser cierto lo dicho por el cabecilla de la trama Gürtel, y hoy ya todo es posible o verosímil, “se trataba de adjudicar obras a empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, gerente y tesorero del PP. Tampoco ahí tiene sentido buscar la acción de una mano negra que pretende chafar la precampaña de los populares, con Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y compañía en la tribuna de oradores, sino esperar que los jueces hagan la luz y pongan a cada cual en su lugar, aunque tenga un elevado coste para la credibilidad del sistema la judicialización de la política, inevitable cuando la opacidad es un hecho. “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”, el sms que Mariano Rajoy mandó a Bárcenas un día de principios del 2013, lastra irremediablemente el relato elaborado por el PP para distanciarse de los presuntos manejos del extesorero.

Ese 3% ominoso y desvergonzado que aparece en todas partes debe esclarecerse, sea cual sea el coste, para evitar que arraigue la sospecha generalizada, se propague el escepticismo como enfermedad incurable y los ciudadanos lleguen a la conclusión de que son víctimas de un engaño permanente y premeditado. Es preciso, asimismo, para que queden a salvo de recelos cuantos se dedican a la política y no recurren al 3% (para que les cuadren las cuentas del partido o para procurarse todos los meses un sobresueldo dentro de un sobre). Es una necesidad de higiene democrática inaplazable que prevalezca la honorabilidad de las instituciones y de quienes las sirven. La regeneración democrática requiere reformas de todo tipo, entre ellas la de la Constitución, pero precisa ante todo descontaminar el aire viciado que se respira en demasiados despachos, en demasiadas tramas de poder, en los intersticios a través de los cuales es posible adulterar la financiación de los partidos políticos, necesarios por lo demás para que una democracia realmente lo sea.

Sería muy de lamentar que la Reforma para la Agilización de la Justicia Penal –nombre oficial del invento–, una iniciativa del PP aprobada por las Cortes, provocara un cuarteamiento de las causas en curso, como teme el exfiscal José María de Mena, debido a la obligatoriedad de que las investigaciones no se prolonguen más allá de 18 meses, prorrogables si lo autoriza el juez a petición del fiscal. “Preocupado el Gobierno, al parecer, por los macroprocesos, como el de la Gürtel –escribe Mena–, ha decidido agilizar la justicia acabando con ellos. Con la reforma legal, los grandes procesos deberán trocearse. Se juzgará a cada uno de los delincuentes por separado, con lo que, en la práctica, se difuminarán las grandes tramas de criminalidad financiera colectiva, y punto final”. Porque los males de la nación, sea la que sea la dimensión del territorio al que se aplica el término, no son asunto en manos de individuos que actúan por su cuenta y riesgo, sino que hay algo más que indicios de que en los 3% y otros enredos el funcionamiento se atiene a una logística precisa, a sólidas redes clientelares en las que participan corruptores y corrompidos con parecido desparpajo.

La mera posibilidad de imponer un punto final a las investigaciones supone dejar la puerta abierta a cegar los caminos para la depuración de responsabilidades en los casos del primer partido de Catalunya, del que hasta ahora ha dispuesto de la mayoría parlamentaria en España y de otros muchos asuntos que afectan a la limpieza y solvencia de las instituciones. Y esa mera posibilidad, de hacerse realidad, llevaría inevitablemente a una parte de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes a la desafección, a pensar que nada es trigo limpio, que todo es fruto de un rosario de componendas innobles. Porque rige hoy más que nunca en toda su extensión el juicio del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes”.

 

Vigilias ruidosas

A saber si se ha dado el salto de la política de las emociones a los fundamentalismos obsesivos que nublan el juicio y arrinconan la razón, el caso es que en las vigilias tormentosas de la campaña electoral que se avecina, previsiblemente ruidosa, se han adueñado del puente de mando los fabricantes de frases rotundas, que suministran a  los líderes políticos para que las suelten a diestro y siniestro. Nadie está dispuesto a bajar la pelota a ras de suelo –que alguien la baje gritaba Alfredo Di Stefano cuando el balón circulaba cerca de las nubes– o eso parece antes de que se abran las urnas el día 27 y Catalunya pase por ellas en medio de un clima entre confuso y estrambótico, propenso a los excesos verbales, a la demagogia y a despreciar la realidad. Las voces sensatas son inaudibles a causa del griterío y cuando alguna de ellas trata de abordar el asunto con solvencia académica es inmediatamente sometida al arbitraje destemplado de las redes sociales –a favor y en contra–, canchas ideales para que el ruido sea aún mayor.

De todo esto hay muestras sobradas en los periódicos, las radios, las televisiones, las webs y demás circuitos de la aldea global, y es de temer que el guirigay tendrá un crescendo a la medida del momento a partir de la tarde del día 11, cuando la Meridiana hará las veces de aplausómetro del independentismo o del procés. Si se toma como referencia el ambiente en las postrimerías de agosto, quedan pocas esperanzas de que se serenen los estrategas de campaña, los tribunos, los presuntos agraviados de cada bando y otras categorías de agitadores presentes en la contienda. Pásese revista a lo sucedido en un suspiro:

Jordi Sánchez dice que una Catalunya independiente quedaría fuera de la UE y debería negociar su ingreso desde cero, pero enseguida rectifica y matizan, él y su entorno, que no fue bien interpretado, que no quiso decir lo que dijo, aunque lo dijo.

Felipe González publica en El País una carta dirigida al electorado catalán y velozmente sale al quite Josep Antoni Duran Lleida con otra carta en el mismo diario. Cada uno ellos cosecha los parabienes y las críticas esperadas (el proceso no admite sorpresas).

-La Guardia Civil asoma por domicilios de Convergència y aledaños en búsqueda afanosa del 3% y la dirección del partido ve en ello una maniobra política, electoralista, de utilización de las instituciones con fines inconfesables.

-El Gobierno anuncia que tramitará una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que este tenga capacidad sancionadora. El propósito es que la reforma quede aprobada el 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas, por si es preciso aplicar cirugía de urgencia al proceso o contra el proceso. La oposición se lleva las manos a la cabeza y los victimistas ponen en marcha el victimismo.

Artur Mas comparece en el Parlament para explicar por qué anticipa las elecciones y para dar explicaciones por el 3%, y no encuentra mejor línea de defensa que acusar a otros partidos, no dice cuáles, de haber cobrado de Teyco (se antoja una variable ad hoc de la vieja táctica y tú más).

Salvo una milagrosa rectificación colectiva no prevista en el guion, con estos moldes es de esperar que, ya ahora, los autores de los argumentarios –¡qué palabro!– de todos los partidos, coaliciones y candidaturas hayan puesto manos a la obra para presentarse como vencedores la noche del 27, solos o en compañía de terceros, sea cual sea el resultado. Sobra decir que no todos pueden ganar, menos cuando unos se dan por satisfechos con tener mayoría de escaños, otros exigen que solo la mayoría de votos otorgue la victoria, y aun hay quienes entienden que, salga lo que salga, no quedará otra que negociar una salida airosa en la que imperen la prudencia y la razón. Pero la tentación de cantar victoria será tan poderosa que cuesta imaginar que alguien reconozca haber perdido.

O puede que no. Puede que la multiplicación de declaraciones en la Unión Europea de aquí al 27 sea más efectiva que cualquier otro mecanismo de rectificación imaginable. El significado de las palabras de Angela Merkel en Berlín al final de la visita de Mariano Rajoy no admite dudas: Europa entiende que los estados-nación son los actores políticos de la Unión y todo cambio debe atenerse a la ley. Puede gustar más o menos, ser más o menos justo y aceptable, pero así están las cosas. Colegir de lo dicho por la cancillera que no está en contra “de lo que supone el 27-S” (Neus Munté) es una falta de realismo que bordea la manipulación. Lo dicho por Merkel ni es ambiguo ni confuso, sino un gesto político cuyo significado no da pie a barrocas interpretaciones. Ni puede medirse con el mismo rasero que la alarma expresada por la patronal Foment del Treball ni puede atenderse con la misma actitud con que se acoge el diagnóstico de un jurista tan experimentado y prestigioso como Jean-Claude Piris: “Desde el punto de vista de los dirigentes de muchos estados miembros, como Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, etcétera, nadie va a defender esa posición [la de los promotores del proceso], sería tanto como arriesgarse a abrir la puerta a un posible contagio y provocar problemas políticos internos, por no hablar de los estados que se han negado a reconocer a Kosovo por razones parecidas (Chipre, Grecia, Rumanía, Eslovaquia)”. Y la declaración de Merkel no se puede aquilatar de igual forma que otras porque no es un dictamen técnico, sino un compromiso político público y sin reservas de la gobernante más poderosa de la Unión Europea, que influye en todos los ámbitos de la organización para bien y para mal (pregúntese a los griegos).

Sería tranquilizador que los argumentos de autoridad puestos a disposición del electorado fueran los que se desprenden de solventes trabajos académicos y sería asimismo un tributo a la serenidad que se fuese respetuoso con el significado de las palabras. Pero al prevalecer la propaganda política y la simplificación de conceptos, resulta más eficaz o ilustrativo para el debate en curso una frase de Merkel que el libro de Josep Borrell y Joan Llorach, que induce a reflexionar sobre Las cuentas y los cuentos de la independencia, o El llarg procés, la esclarecedora digresión histórica de Jordi Amat. Cuando unas elecciones autonómicas como las del día 27 mutan en plebiscitarias o Xavier García Albiol, que no es diputado, se presenta en el Congreso de acompañante de Rafael Hernando en el momento de presentar el proyecto de reforma de las atribuciones del Tribunal Constitucional, es que la veda de la mixtificación se ha levantado oficialmente y, en ese trance, entrar en detalles es menos efectivo que la escueta sintaxis de Angela Merkel.

Si alguien creyó alguna vez que un gran Estado de la Unión Europea podía ser desairado por algún otro gran Estado, o frecuenta poco Bruselas o cree con una fe inasequible al desaliento que cuenta con recursos suficientes para superar todos los obstáculos sin sufrir grave daño. Lo primero es un error de escala fácilmente remediable; lo segundo es un caso de autosuficiencia injustificable. Todos los juegos de manos destinados a presentar la continuidad de Catalunya en la Unión Europea como algo remediable y a bajo coste están tan alejados de la realidad como la creencia del Gobierno de que tiene un cheque en blanco para utilizar la Constitución como un arma arrojadiza contra algo que, como señalan las encuestas y se verá en la Meridiana, moviliza a una multitud (el último sondeo del CEO otorga un 42% al independentismo).

Al final, quizá todo se reduce a dos nacionalismos antagónicos, el catalán y el español, que han llegado a la infeliz conclusión de que cuanto más enconamiento más votos –cuánto peor, mejor, en la escuela clásica–, así en el 27-S como en el domingo de diciembre que se celebren las elecciones legislativas españolas. En medio, en tierra de nadie, quedan los estupefactos, los equidistantes, los sorprendidos y los hartos por esa disparatada transformación de la política en un diálogo de sordos, en un entremés o en un sainete, en un tan estéril como aparatoso intercambio de declaraciones a cual más altisonante o desdeñosa con el rival. Diríase que, sin darnos cuenta, hemos pasado del golpe de Estado permanente, que François Mitterrand atribuyó al general Charles de Gaulle, al disparate diario, que nadie se atribuye, pero que asoma por todas partes acompañado de los peores presagios.

Desquite de la clase media

“Lo realmente antisistema es la pobreza masiva que nos deja en herencia esta crisis”.

Xavier Martínez Celorrio, profesor de Sociología de la UB

Toda situación es susceptible de empeorar, y ese principio es aplicable al PP a poco que las ocurrencias de Esperanza Aguirre se adueñen del debate poselectoral. Esa sucesión de descalificaciones, propuestas apresuradas y análisis desorbitados contiene algo de profundamente malsano y mucho de sectarismo o de desprecio por lo que el domingo votaron los ciudadanos. Y hay también bastante desconocimiento de qué ha sucedido en este país a causa de la austeridad a rajatabla, la insensibilidad social y el hartazgo de una clase media vapuleada por la crisis que se ha desquitado en las urnas de sus victimarios  o de quienes percibe como tales. No hay en ello asomo de desprecio por el sistema, por el pluralismo y por los usos democráticos, sino más bien la exigencia de que se desanden algunos caminos para que el pago de la factura del desmoronamiento o jibarización del Estado del bienestar quede más repartido.

Las elecciones del último domingo fueron municipales y autonómicas, pero fueron también la primera vuelta de las legislativas de finales de año. Hubo en la cita del 24 de mayo una advertencia, un avance de lo que muy probablemente será el hemiciclo del Congreso a la vuelta de medio año, sin soviets ni cosa parecida, como cree Esperanza Aguirre que se verá en los distritos de Madrid dentro de unas semanas, pero sí con el bipartidismo imperfecto –PP y PSOE– que gestionó la restauración democrática sustituido por un nuevo mosaico ideológico a cuatro bandas. A eso en las facultades de Ciencias Políticas lo llaman evolución del sistema, y es fruto del desgaste de un modelo que fue útil para poner el país al día, pero ha sucumbido al paso del tiempo, a la corrupción, al amaneramiento y al cansancio de unos electores a los que se ha querido convencer de las bondades de la recuperación económica con la buena marcha del Ibex-35 y con la suposición de que, como en mala hora dijo Mariano Rajoy, ya no se habla del paro (Pamplona, 19 de mayo).

Los resultados de las elecciones municipales en Madrid, Barcelona y Valencia no constituyen victorias de las extrema izquierda, como repiten todos los días algunos tertulianos que TVE invita a sus programas, son, eso sí, la reacción democrática a la fractura social provocada por la crisis y las recetas aplicadas para superarla. La Encuesta de Condiciones de Vida difundida el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) explica con cifras la reacción de los ciudadanos en las urnas de forma mucho más precisa que los análisis encaminados a aislar a Podemos o a desacreditar a candidatos –Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Joan Ribó (Valencia)– que no son conservadores, pero tampoco son portavoces de la revolución, cualquiera que esta sea. Cuando, según los datos del INE, el 22,2% de la población vive bajo riesgo de pobreza –el 30,1% en el caso de los menores de 16 años–, los remedios lampedusianos no tienen sentido o son un insulto a la inteligencia. Los ciudadanos, los electores, los votantes, los contribuyentes, cuantos saben lo que vale un peine, no se conforman con cambios aparentes para que nada cambie, sino que, a lo que se ve, exigen cambios manifiestos para que algo cambie.

El temor de Yolanda Barcina, presidenta en funciones de Navarra, de que “las cosas pueden cambiar como cambiaron en la Alemania de antes de las guerras mundiales”, pueden cambiar como cambiaron en la Venezuela de Hugo Chávez o en la Argentina de Juan Domingo Perón, parece tan fuera de foco como el apresuramiento de Rafael Hernando en anteponer la victoria en votos del PP –algo más de seis millones– a la pérdida de votos –2,5 millones– con relación al 2011. No, estos acercamientos sin matices a los resultados carecen del mínimo de consistencia exigible a quienes, por oficio, debieran desdramatizar el futuro y atenerse al hecho de que la opinión pública no quiere seguir como hasta ahora, pero tampoco quiere hacer saltar al Estado por los aires. Esas elecciones del 24-M no han sido como aquellas otras de abril de 1931 que liquidaron la monarquía, sino que se han atenido a un procedimiento pautado, empezando por la lealtad al sistema de los grandes contendientes, incluidas las llamadas fuerzas emergentes.

Por lo demás, es preciso relativizar el peso de estos partidos, agrupaciones o marcas políticas recién llegados porque ninguno de ellos ha obtenido el primer o el segundo lugar en las autonómicas, donde el distrito electoral es la provincia. El caso de Madrid es especialmente ilustrativo: mientras Manuela Carmena ha obtenido el 31,85% de los votos con la etiqueta Ahora Madrid (conglomerado de Podemos y varias fuerzas progresistas y de izquierdas), Podemos en solitario no ha pasado del 18,59% en las autonómicas de la Comunidad de Madrid, bastante por detrás de Cristina Cifuentes (PP, 33,1%) y Ángel Gabilondo (PSOE, 25,44%). Ha pesado más en el ánimo de los votantes el compromiso con los vulnerables de la jueza Carmena que la oferta ideológica del equipo de Pablo Iglesias; ha pesado más la persona que la marca. Lo mismo puede decirse de Ada Colau en Barcelona, aupada por una nebulosa ideológica en la que la militancia de la candidata contra los desahucios ha sido más determinante que cualquier otra consideración.

Que esto guste poco al establishment es comprensible; que en el reparto de etiquetas políticas se adjudique la de extrema izquierda a Carmena y a Colau es una exageración. O acaso es útil para sopesar el conservadurismo extremo de quienes creen que, en efecto, dos grandes ciudades europeas han caído en manos radicales, como alguien dijo una de estas noches poselectorales en un debate televisado. O acaso sirve para medir la incomprensión de una parte de la generación que hizo la transición frente a la siguiente, la que desea ajustar el modelo, el sistema, a su enfoque del futuro mediante la generalización de la cultura del pacto, algo no tan nuevo a poco que se repase la composición histórica de los gobiernos de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. O, quién sabe, quizá ilumine las presiones de una parte del mundo financiero y explique la reacción de personajes tan poco dados a la improvisación y a los excesos como Xavier Trias, que de repente, a toda prisa, propuso un pacto municipal al estilo todos contra Ada Colau, como si la victoria de esta amenazara con secar las fuentes, con ahuyentar los cruceros y con dejar sin clientes las tiendas de lujo del paseo de Gràcia.

Nada de lo sucedido es ajeno a los usos democráticos: ni el cambio de configuración del mapa político, ni las incógnitas relativas a la situación en que queda el PSOE dentro del laberinto de la izquierda, ni la desorientación del PP, que debe mover ficha y, al mismo tiempo, teme que la cita electoral de otoño sea aún peor de lo que ha sido la de primavera, Ciudadanos de Albert Rivera mediante. Todo forma parte de la capacidad de reacción democrática de una sociedad condenada demasiadas veces a asistir a debates estériles y a la gesticulación desmesurada de los líderes, atrapada la calle en las redes de una política superestructural, sin alma, con costes sociales desbocados y un aumento insoportable de las desigualdades, más la metástasis de la corrupción. Si alguien creyó que nada de esto tenía una importancia determinante, el cambio de decorado salido de las urnas le ha señalado el camino de vuelta a la realidad.

Rato agrava la enfermedad

“Los discursos y los escritos políticos son hoy esencialmente una defensa de lo indefendible”. La frase es del escritor británico George Orwell y figura en su ensayo Los políticos y la lengua inglesa, que data de 1946. Hoy es tan vigente como entonces o acaso más porque los mecanismos de retorsión del lenguaje han evolucionado espectacularmente en manos de especialistas en convertir la política en un manual de eslóganes más o menos ingeniosos, más o menos ocultadores de la realidad, de las miserias de la vida pública, de cuanto sucede y no se quiere que se sepa.

Otro británico, el historiador Timothy Garton Ash, 70 años después de Orwell, ha dado con los mismos mecanismos de mixtificación. “Todas las frases ingeniosas las preparan con antelación los asesores de comunicación. Como dijo hace poco el antiguo fiscal general conservador [del Reino Unido] Dominic Grieve, son ‘sesiones llenas de indignación pero con muy escaso contenido’”, escribió hace unas semanas en El País Garton Ash, alarmado por el espectáculo a menudo infantiloide que ofrecen los diputados en la Cámara de los Comunes, una forma bastante grosera de ocultar el presente detrás de un telón de improperios altisonantes, broncas, aplausos y otros jolgorios. En el fondo, como sucedía en los días de Orwell, se trata de eludir la verdad y de defender lo indefendible; se diría, quizá, de secuestrar el lenguaje.

Llevado todo al teatro español –no al de la plaza Santa Ana de Madrid, por demás respetable–, el alcance o repercusión del secuestro del lenguaje se agudiza con la gravedad del momento. Una gravedad realzada por esa lista de 705 o de Rodrigo Rato y otros 704 –a no ser que aparezca un cabeza de cartel de más altura– que pudieran haber aligerado sus conciencias mediante el blanqueo de dinero gracias a la amnistía fiscal establecida por el Gobierno. Esos 705 o Rodrigo Rato y otros 704 suman un nuevo pudridero a otros cinco que han llenado la política de pestilencia: la madeja Gürtel-Bárcenas, el ovillo de los ERE de Andalucía, el crucigrama Urdangarín, el laberinto de Bankia (tarjetas negras incluidas) y la trama Pujol. Y al difundirse el aroma de corrupción en todas direcciones han obligado a ciudadanos atónitos a descifrar el alcance de los hechos encubiertos por el lenguaje cuando estos se abordan a la vista del público en los parlamentos, en los juzgados, en esas declaraciones a las puertas de los palacios de justicia cuya función exclusiva es exaltar la inocencia de los encausados o de quienes seguramente lo serán al cabo de unos días.

Orwell dejó dicho en Los políticos y la lengua inglesa: “A propósito de cada frase que escribe, un autor escrupuloso se planteará al menos cuatro preguntas: ¿Qué pretendo decir? ¿Cuáles son las palabras que pueden expresarlo? ¿Qué imagen o locución puede hacerlo de forma más clara? ¿Esta imagen es lo bastante expresiva para ser eficaz? Y probablemente se planteará otras dos: ¿Podré expresarlo de manera más concisa? ¿Hay en esta formulación alguna fealdad que podría evitarse?”

De estas seis preguntas, la primera es fundamental: ¿qué pretendo decir? Es tan determinante que en la epidemia de corrupción que padece el país ha sido sustituida por esta otra: ¿qué debo decir? O por esta otra, igualmente inquietante: ¿qué conviene que diga? Pudiera añadirse que es preciso dilucidar qué conviene decir para que no afecte mucho a las encuestas, para que quede claro que alguien metió mano en la caja, pero el partido no tuvo forma de saberlo, o el Gobierno, o ambos a la vez, defraudados a causa de la confianza depositada en sus más íntimos y apreciados colaboradores, militantes y amigos, a quienes presuponían el partido, los partidos, el Gobierno o todos a la vez libres de toda sospecha. Este es el punto de partida, la necesidad de poner en marcha un mecanismo de disculpa que sea, al mismo tiempo, exculpatorio, que haga olvidar lo dicho con anterioridad –“Luis. Lo entiendo. Sé fuerte” (la sintaxis es de Mariano Rajoy, autor del mensaje a Luis Bárcenas”–, que deje a salvo la marca, el márketing político, para no perder en el lance carros y carretas.

La ironía que gastaba Eugeni d’Ors con sus alumnos, a quienes a menudo decía “oscurezcámoslo un poco” cuando algo estaba claro, ha pasado a ser la piedra sillar de las técnicas pergeñadas por los especialistas en dar con explicaciones políticamente correctas para que los líderes o sus portavoces tranquilicen al auditorio. Pero, claro, el auditorio está escamado y ya no se cree casi nada de lo que le dicen; tiende, en cambio, a desconfiar de todo y de todos, un estado de ánimo lógico, pero fatal para salvaguardar la complicidad indispensable entre poder y ciudadanos para que los sistemas democráticos funcionen de forma razonablemente eficaz. En medio de la oscuridad, cuando la opinión pública puede guiarse solo por el olfato que detecta los vapores que suben de la alcantarilla, no hay complicidad posible entre administradores y administrados.

Resulta incomprensible que, en medio de la función, el PSOE tenga que forzar una votación en el Congreso para que el Gobierno publique la lista de los más de 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, esto es, el elenco de cuantos antes de la amnistía no pagaron a Hacienda en la forma y los plazos debidos. Resulta un insulto a la inteligencia que mientras se registra el domicilio de Rodrigo Rato alguien busque argumentos en la ley o en la confusión reinante para no suministrar tal información y dejar a oscuras –otra oscuridad más– a cuantos todas las primaveras pasan por la ventanilla de Hacienda. Resulta, en fin, un bochorno colectivo que los estrategas y agitprop de los partidos, del Gobierno o de ambos a la vez busquen tres pies al gato a cuantos quieren aclarar lo sucedido, sean estos periodistas, magistrados, jueces o políticos con el expediente limpio, que por fortuna los hay.

“Cuando se abre un abismo entre los objetivos reales y los objetivos declarados, de forma casi instintiva se recurre a las palabras interminables y a las expresiones trilladas, tal como un calamar lanza su tinta”, dijo Orwell. El comportamiento del calamar obedece a su deseo de ocultarse, de zafarse sin daño de sus adversarios; persigue lo mismo este sopicaldo de declaraciones que nada dicen a pesar de la solemnidad con que se dicen. Sin que pareciera tener mayor importancia el daño que causa esa ceremonia del disimulo, de la evasión –no fiscal en este caso–; como si no minara el sistema, la confianza en él, la dignidad de la política y de los políticos. Como si lo más importante no fuese saber si los presuntos corruptos lo son de verdad, sino cómo afectará la corrupción a sus partidos en las próximas elecciones; como si lo que en verdad importase fuese saber quiénes y cómo se salvan de la quema aunque el aire siga siendo irrespirable.

El coste de cuanto pasa es incalculable para un sistema democrático. El historiador Tony Judt lo definió en dos sucintas frases. Primera: “La falta de confianza es claramente incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad”. Segunda: “Si los ciudadanos activos o preocupados renuncian a la política, están abandonando su sociedad a sus funcionarios más mediocres y venales”. Demasiados riesgos para seguir mareando la perdiz y apuntarse a un relativismo moral que devuelve la imagen, seguramente falseada por la decepción de ahora mismo, de unos políticos más inclinados al oportunismo que al compromiso con la transparencia y que, como dice Timothy Garton Ash, dilucidan sus diferencias en una “pelea a gritos propia de un patio de colegio”.

Bárcenas se adueña del micrófono

Resumen de lo publicado entre poco antes y poco después de que Luis Bárcenas saliera de la cárcel previo pago de una fianza de 200.000 euros, que a muchos les parecen pocos menos que simbólicos, pero que se ajustan a derecho según conviene decir en aras de la corrección política y los buenos modales. Vayamos al resumen:

Los bancos andorranos no quieren testificar en el Parlamento catalán sobre las cuentas de Pujol, los dineros de los Pujol o al menos de algunos de los Pujol.

Carlos Floriano, del PP, dice de Luis Bárcenas: “Este señor nos engañó”. Pero el tal señor recibió el aliento decidido de Mariano Rajoy para que resistiese como un jabato.

No pasa un día sin un Gürtel ni semana sin imputación.

Juan Carlos Monedero, de Podemos, promete aclarar cuanto convenga de sus ingresos por trabajos facturados si se lo autoriza… Venezuela.

Tania Sánchez, de IU, tendrá que renunciar a su candidatura por Madrid si resulta imputada en un confuso caso de subvención pública de actividades privadas en las que aparece su hermano.

Susana Díaz, del PSOE andaluz, con el lío de los ERE de por medio (una burrada de millones), sopesa convocar elecciones para obtener la legitimación de las urnas antes de disputar el despacho del PSOE en Madrid a Pedro Sánchez.

Un juez requisa los contratos con la red Púnica en varias dependencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid (las sospechas alcanzan a colaboradores directos de Ignacio González, presidente madrileño).

El matrimonio Urgandarín-Borbón vende por seis millones de euros el palacete de Pedralbes, en parte embargado.

Oriol Pujol da a entender que todos son inocentes (entiéndase, los Pujol).

El llamado caso Palau anda atascado en un galimatías procesal que quizá tenga justificación técnica, pero carece de justificación social.

Artur Mas se dispone a aprobar un presupuesto, apoyado por ERC, que incluye ingresos virtuales (dependen de la caja del Estado).

Mariano Rajoy y su séquito están exultantes con las cifras de empleo del 2014, pero resulta que hay más de cinco millones de desocupados, la tasa de paro se mantiene en el 23,7% y en 1,7 millones de hogares nadie tiene un puesto de trabajo.

Y así se podría seguir muchas líneas más a riesgo, claro, de sembrar el aburrimiento cuando no la depresión.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

El filósofo Daniel Innerarity dice: “Si ponemos el foco en la corrupción, existe el riesgo de pensar que, si no la hay, la política funciona bien. Y a mí me preocupa más la política que no funciona bien cuando no hay corrupción. La política es un instrumento para dar solución a los problemas, por lo que no se trata tanto de un problema de rearme moral, sino de construir un sistema inteligente de gobierno”. El razonamiento resulta impecable, pero a la opinión pública, a los electores, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a los votantes, a los administrados les resulta cada día más difícil comprender o aceptar que los administradores son servidores abnegados en su inmensa mayoría; los administrados circulan con la reserva de confianza bajo mínimos y cada día les viene más cuesta arriba admitir que eso de la corrupción es un submundo en el que se ha refugiado una minoría para enriquecerse a costa de la mayoría y de expandir el desprestigio de la política.

Innerarity sostiene, además, a propósito de la corrupción: “Se erosiona la única autoridad por encima de los técnicos, de los expertos. Indirectamente, esa crítica furibunda contra la clase política, a la que algunos quisieran ver fuera de juego, otorga una autoridad a técnicos y expertos que no deberían tener”. Eso está sucediendo ahora, y es un refugio ideal para que gobernantes mediocres y gestores osados se apareen y arrinconen la política, el viejo arte de afrontar los retos de cada época más allá de los libros de contabilidad y de las estadísticas interesadas. Cuanta menos política, más tecnocracia; cuanta menos política, más hojas de Excel, más Fondo Monetario Internacional y desmantelamiento del Estado de bienestar bajo el epígrafe de reformas.

Nada del todo nuevo bajo el sol. Maquiavelo escribió en los Discursos: “Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones”. Lo que sucede hoy –los días de Maquiavelo no fueron muy diferentes en ese aspecto– es que quienes dicen ocuparse de atajar la corrupción albergan, al mismo tiempo, la preocupación de salir trasquilados, de que aquello pensado para sanear la vida pública se vuelva contra ellos o sus allegados políticos a través de una trama de intereses que quizá no controlan o de la que simplemente desconocen la existencia (es último es poco creíble).

Maquiavelo cree incluso preferible confiar en “hombres montaraces” –de nuevo, los Discursos– para fundar una república (entiéndase un Estado de nueva planta) que aquellos de “corrompidas costumbres” que acumulan la experiencia de quienes están avezados en ejercer el poder. A saber si al autor de El príncipe tendría por adecuado cambiar los “hombres montaraces” por recién llegados sin mayor experiencia de gestión política que las tertulias y las aulas universitarias ni más avales que sus promesas bien intencionadas, para el caso Pablo Iglesia y su equipo de Podemos. Pareciera que es ese un ropaje muy sucinto para afrontar el rearme moral que Innerarity no cree primordial, aunque quizá los votantes lo estiman indispensable para superar la insoportable levedad del ser que se ha adueñado de una comunidad decepcionada, desencantada, quizá desesperanzada, aunque Luis de Guindos coseche en Davos felicitaciones de muy variada procedencia, tributarias la mayoría del recetario contra la crisis redactado por los economistas del Bundesbank.

El filósofo Emilio Lledó declaró a El País el 15 de noviembre del 2011, cuando ya llovían chuzos de punta a causa de la corrupción, aunque menos que hoy: No podemos dejar el país en manos de una política con una parte regida por oportunistas y por indecentes. Que el imperio de la indecencia domine en la política es intolerable; ese imperio es fruto del dominio de ciertas oligarquías que piensan que lo único que hay que hacer es ganar dinero y crear ideologías aptas para que esa oligarquía siga con poder”. Pero al escuchar los noticiarios y leer los periódicos desde que Luis de Bárcenas agarró el micrófono a las puertas de la cárcel es difícil sustraerse a la idea de que la agenda política la marca la indecencia de quienes están dispuestos a poner el plato de detritus frente al ventilador para ensuciar a todo el mundo y, de paso, aligerar su cargamento de porquería. Porque al sembrar la sospecha en todas direcciones y socavar el prestigio de todo el mundo, con fundamento o sin él, todos los Bárcenas que hoy se pasean por los juzgados inducen a una opinión pública aturdida a concluir que todos son lo mismo, que ellos no han hecho ni más ni menos que lo que han hecho los demás: llenarse los bolsillos con comisiones, concursos amañados, black cards, cuentas en paraísos fiscales o cualquier otra desvergüenza imaginable o por descubrir.

Esa idea de que todos son lo mismo, de que todos frecuentan la misma alcantarilla, es profundamente reaccionario, antidemocrático e inmoral, pero suma cada día más adeptos y no hay otra forma de salirse de ella que atender a quienes como Antonio Sitges-Serra en este periódico reclaman a los políticos, a los que hasta ahora han dispuesto del poder y a cuantos puedan verse en el futuro en parecida situación, “un propósito de enmienda” que les autorice a ganarse “nuestra confianza y nuestro voto”. Esta petición o ruego tan sencillo, manifestar “un propósito de enmienda”, se halla en las antípodas de la peor versión de la charcutería política que asoma por todas partes, de la política de bajos vuelos pergeñada por gabinetes de asesores encargados de buscar la forma de retener el poder o de conquistarlo mediante las encuestas, los sondeos y los programas que se olvidan en cuenta se apagan los focos al final de cada campaña y empieza el recuento de votos. Se halla, asimismo, en las antípodas del rictus forzado de Rajoy al llegar a la convención del PP mientras Bárcenas seguía con sus declaraciones envenenadas y marcaba el tempo a la orquesta.

“El conformismo es una ideología peligrosa”, declaró el gran periodista y pensador francés Jean Daniel en el 2008. Y el conformismo, debe añadirse, es una forma de pesimismo o de sometimiento, puede que de fatalismo, que alimenta en gran medida el rumbo tomado por la política, sometida a las exigencias implacables de los finanzas globales y al diagnóstico de los tecnócratas. Pero alimentado también por la sensación de impunidad –quizá inexacta o exagerada, pero sensación al fin– de la que disfrutan los Bárcenas de toda ralea, una sensación acrecentada por la salida de la cárcel del exsenador, cuya justificación jurídica, en principio, no hay que poner en duda, aunque mueva a muchos a ver en ella un trato de favor o una mayor comprensión que no alcanza a otros procesados en causas que provocaron menor escándalo, alarmaron menos o simplemente no llegaron a conocimiento de la opinión pública. Serían un gran logro que antes de las elecciones de mayo se impusiera la movilización regeneradora al conformismo para evitar que sean los Bárcenas de turno quienes dicten las reglas de campaña.

Una partida con cartas marcadas

Tan politizada le parece al conseller Francesc Homs la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de presentar una querella contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau como se le antoja a Carlos Floriano, vicesecretario general del PP, una opinión contaminada por la política la manifestada por los fiscales que ejercen en Catalunya, que se opusieron a la presentación. Esa coincidencia en ver la política donde solo debiera prevalecer la aplicación desapasionada de la ley es la más convincente de todas las pruebas: que cada parte sospeche de su contraria, su competidora o su adversaria, porque supone en ella la norma de conducta que previamente ha puesto en práctica en su ámbito de influencia, es la mejor demostración indirecta de que, efectivamente, la politización del criterio de los fiscales tiene algo que ver –bastante, se diría– con el de los políticos de Madrid y de Barcelona. Y cabe añadir que en el ambiente enrarecido por el encastillamiento de unos y otros, hubiese sido realmente milagroso que los fiscales, todos ellos y uno por uno, se mantuvieran inasequibles a las influencias, los editoriales de algunos periódicos envueltos en las respectivas banderas, las tertulias a todas horas y otros patios de vecindad de los que lo menos que puede decirse es que manca finezza.

Si todo este embrollo monumental se debe a que “la legalidad cuenta ya poco para el president” (José María Carrascal en Abc) o si las razones son otras, importa menos que el hecho de que, a partir de ahora, la fiabilidad jurídica de la fiscalía estará bajo sospecha en asuntos catalanes o en otros en los que al Gobierno le vaya el alma. Dice Joan Tapia que “las vísceras han mandado más que el cerebro”, y eso es algo más que una posibilidad. Pero esa versión fisiológica de la política tiene mucho que ver con la necesidad apremiante del Gobierno de corregir las encuestas y llevar a su molino el agua de la España más conservadora y retardataria, aquella que digirió de mala gana los sapos de la transición y cree aún hoy que ya fue mucho lo que dio y concedió en el debate constitucional de 1978 como para poner ahora la Constitución al día. En la encrucijada de las jornadas siguientes al 9-N, restablecer el principio de legalidad, si es que hace falta, importa menos que aparecer como guerrero invicto ante auditorios que creen, como en su día el cardenal Rouco Varela, que la Constitución tal cual está debe ser la norma inamovible por los siglos de los siglos. Se diga así o de cualquier otra manera.

Muy al principio de la novela Así empieza lo malo, Javier Marías escribe: “Tan tentador era el futuro que valía la pena sepultar el pasado, el antiguo y el reciente, sobre todo si ese pasado amenazaba con estropear aquel futuro tan bueno en comparación”. En aquella atmósfera se redactó la Constitución, que entonces pareció aceptable a la España doliente, y excesiva, aunque inevitable, a la otra. Pero entender que de entonces a ahora no se ha registrado cambio climático alguno en el ámbito político, y el famoso consenso constitucional del pasado vale hoy lo mismo, es tanto como desconocer o soslayar cuáles son los instrumentos de transformación social que desencadenan grandes mutaciones. Además, en el futuro vislumbrado para Catalunya por Jordi Pujol, referencia ineludible de la transición, la independencia era algo que formaba parte de lo venidero, como ha recordado Francesc de Carreras en un artículo a propósito del 40º aniversario de CDC. Y así, mientras para una parte –mayoritaria– de quienes aprobaron la Constitución, esta era una estación de llegada, para otros fue solo una estación intermedia. “Pujol tenía una idea prefijada de Catalunya que al fin se ha cumplido”, afirma De Carreras, y su apego a la Constitución, a su aplicación y desarrollo, fue solo instrumental, y lo puso al servicio del fin último perseguido por el nacionalismo hegemónico en Catalunya desde aquel entonces.

¿Oportunismo? ¿Sagacidad? ¿Esgrima de alta escuela? Poco importa ahora dilucidar qué atributo encaja más con la ruta seguida por el independentismo confeso y no confeso. Lo cierto es que la querella es la herramienta elegida por una superestructura denominada justicia, sometida a presiones agobiantes, para hacer frente a un problema político que, con querella o sin ella, ahí está, viene de lejos y exige enfoques imaginativos, transversales y ajenos a cálculos electorales que, se mire por donde se mire, tienen en un grito al PP, consciente de que en las próximas citas electorales puede sufrir batacazos históricos.

Si un partido con responsabilidades a escala española no es capaz de ir más allá de los lugares comunes que atañen a la soberanía, la unidad y otros conceptos investidos de solemnidad, si no es capaz de aceptar que hay que modificar la ley –la Constitución– para dar una oportunidad a la política, entonces ese partido pone de manifiesto tener enormes dificultades para adecuarse al presente. Las tiene el PP, desde luego, porque elude la mayor mediante el recurso al juzgado de guardia, esto es, evita afrontar el hecho de que el 30% de los electores catalanes –no la mayoría, no todos los catalanes, no el pueblo de Catalunya, como dice la propaganda independentista– votó sí-sí. Votó sí-sí sin garantías jurídicas, con Oriol Junqueras de presidente de mesa en Sant Vicenç dels Horts, con un control del censo por lo menos discutible en una convocatoria gestionada por una de las opciones –la del sí-sí–; pero el caso es que el 30% votó sí-sí.

Responder con un no-no obstinado es la más rudimentaria de las reacciones; es algo así como dejar sentado que es irrenunciable el programa máximo del PP. Y todo programa máximo, por definición, es una meta inalcanzable o poco realista, salvo para los espíritus doctrinarios que creen ser depositarios exclusivos de la verdad. La reflexión vale lo mismo para los ideólogos del independentismo, pues cualquier alternativa que preserve la cohesión social deberá ser intermedia, no podrá satisfacer al ciento por ciento a nadie, pero sí confortar a todo el mundo. Este fue, por cierto, el espíritu que impregnó el consenso constitucional que alumbró el texto de 1978 y preservar aquel consenso no reside en considerarlo irrepetible, sino perseverar en él para cambiar lo que se precise cambiar, por unanimidad, si es posible, o por mayoría, si no lo es.

El recurso a la fiscalía es de una pobreza política que asusta tanto como la disposición del conglomerado independentista a tomar los 23 puntos de la carta de Artur Mas a Mariano Rajoy como aquello que no admite modificación o retoque que valga. Siendo así que los 23 puntos suenan a programa máximo, aunque al mandarlos por carta como punto de partida de una eventual negociación debe entenderse que son susceptibles de cambio o de retoque, y algunos de ellos pueden ser incluso objeto de renuncia. Pero si no admiten tal margen de maniobra, la carta es tan inútil como las demás maniobras orquestales que constituyen el relato reciente de la llamada cuestión catalana. Será, como tantas otras, una carta marcada más en esta extraña partida de despropósitos que a unos favorece en las encuestas –véase el sondeo publicado el viernes por EL PERIÓDICO– y a otros les corta la respiración.

Todo lo cual no es óbice para concluir que la fiscalía ha unido sus efectivos a la fábrica de independentistas puesta en marcha por el Gobierno mediante su insistencia en no rectificar en nada. “Una de las causas del auge del independentismo catalán es la indigencia y la torpeza del discurso opuesto a él”, sostiene el escritor Javier Cercas, y esa querella por los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N abunda en la torpeza. Pueden todos los integrantes del Gobierno desgañitarse hasta perder la voz para defender la autonomía de la fiscalía, pero lo cierto es que no hay forma de creer en ella; no hay forma de apartar de la imaginación una realidad subyacente que lleva a dudar de que, efectivamente, son razones estrictamente jurídicas las que han puesto en marcha el engranaje de la querella. Esa carta también está marcada.

Escocia echa el freno

La victoria del no en el referendo de Escocia, intuido por las bolsas bastantes horas antes de que empezara el recuento, deja varias incógnitas por despejar y certifica el peso del voto no militante cuando se trata de tomar grandes decisiones. A la hora de decidir entre el del corazón y el no de la razón, como lo llama el periódico progresista francés Le Monde, aunque puede que sea más exacto hablar del no a las incertidumbres, este último se impone por razones prácticas, no forzosamente ajenas a los sentimientos. Porque de la misma manera que en el bando del fue muy grande durante toda la campaña el peso de las emociones, también en el del no desempeñó un papel de innegable trascendencia, como lo expresó Jason Cowley, editor del semanario británico New Statesman, referencia del centro izquierda: si Gran Bretaña no puede trabajar para mantenerse unida “a pesar de lo mucho que nos une –lengua, cultura, sacrificio compartido, sangre–, los presagios para el siglo XXI son en efecto oscuros”.

No hace falta decir que el triunfo del no está lejos de ser una especie de bálsamo de Fierabrás que cura la descohesión territorial y política en varios estados europeos, con España y Bélgica al frente de todos ellos, pero desaparece para la Unión Europea el reto de tener que afrontar el precedente escocés, esto es, la salida de Escocia del club, las repercusiones de tal situación y, no menos importante, los mecanismos de ingreso –plazos, condiciones, riesgos asociados– de una parte segregada de un Estado miembro. La UE respira aliviada y, con ella, los estados que la integran, aunque la vía catalana constituya un desafío de grandes dimensiones y resulta del todo precipitado suponer que el resultado de Escocia templará los ardores soberanistas. Puede incluso estimularlos, acrecentarlos, multiplicar el dinamismo de los organizadores de la V, a despecho de la reacción imprevisible de los ciudadanos silenciosos –hablar de mayoría silenciosa acaso fuera exagerado–, apegados a aquello que conocen y recelosos ante cualquier cambio brusco.

Mensaje final de Cameron, Clegg y Miliband publicado por el diario escocés 'Daily Recod'.

Últimas promesas de futuro de Cameron, Miliband y Clegg publicadas por el diario escocés ‘Daily Recod’.

Nadie sabe cuánto han pesado en el 55% de noes las dudas acerca de la permanencia en la UE, las divagaciones sobre el efecto inmediato de la secesión en la aplicación de los tratados europeos. Nadie puede aventurarlo, aunque cabe imaginar que, al adentrarse en esa terra incognita, muchos votantes deben haberse preguntado por las garantías de futuro de una Escocia independiente. Solo es posible afirmar con bastante seguridad que la perspectiva de un alejamiento de Europa debe haber sido importante en muchos noes, pero los estados europeos no pueden sentirse confortados con el poder persuasivo de permanecer en la UE o quedarse fuera, porque las cicatrices que deja el referendo serán visibles durante mucho tiempo, si no es que lo serán para siempre por más que el primer ministro británico, David Cameron, dé por zanjada la movilización independentista escocesa para, por lo menos, una generación.

El primer ministro escocés, Alex Salmond, ha presentado la dimisión porque es el precio de la derrota, porque ni siquiera los más pesimistas podían temer un resultado tan contundente en contra de sus planteamientos, y también porque se cierra un ciclo político. Pero al abrirse un nuevo camino para la Escocia del futuro en el seno del Reino Unido no se cancelan las dudas sobre la consistencia de la UE tal cual fue configurada, con los estados como únicos actores políticos. Antes al contrario, en el horizonte amenazan algunos nubarrones y el final de la carrera política de Salmond no modifica ese dato esencial: la unidad europea solo tendrá una base sólida si sabe adaptarse, reformarse, para gestionar las novedades que depare el porvenir sin que cada dos por tres se adueñe de la UE una atmósfera de crisis.

De forma que el alivio en los despachos de Bruselas y en los de Madrid solo puede ser momentáneo, transitorio, como la calma entre dos tempestades. Y lo mismo sucede en los de Londres, donde ha desaparecido la necesidad imperiosa de negar la permanencia de Escocia en la libra, la obligación de discutir hasta el tercer decimal el reparto de la explotación del petróleo del mar del Norte y la discusión no menos ineludible del reparto de la deuda del Reino Unido. Porque se mantienen sobre la mesa las promesas del trío David Cameron-Edward Miliband-Nick Clegg, que afectarán directamente a la autonomía fiscal de Escocia y, por este camino, a la gestión de las rentas del petróleo y su impacto en el erario escocés. Porque la llamada por el analista Gerry Hassan tercera Escocia –los votantes laboristas y la izquierda en general, descontenta con los gobiernos de Tony Blair, el periodo de Gordon Brown y la oposición de Ed Miliband–, que ha apoyado el proyecto secesionista de Salmond, no se conformará con unas transferencias más o menos llamativas y exigirá que el Estado del bienestar quede razonablemente garantizado.

Los riesgos de fracaso económico a un año vista y de aislamiento en Europa de una Escocia independiente, pronosticados por The National Institute for Economic and Social Research, han dejado de perturbar el sueño a los operadores de la City y de los bancos escoceses, pero el día siguiente del referendo no solo abre nuevos interrogantes a propósito de la reforma federalizante que deberá encarar el Reino Unido –extendida a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, según promesa posreferendo de Cameron–, y la influencia que el proceso puede tener en otros estados europeos, sino el papel asignado a los grandes partidos, desbordados con frecuencia por el reto escocés. Desaparecen unos riesgos y asoman otros; se derrumban unas hipótesis y enseguida surgen otras; Escocia no sentará ningún precedente en la UE, pero otros pueden tratar de sentarlo, espoleados por la movilización en la calle, que en las ciudades escocesas nunca tuvo la envergadura de la de las tres últimas diades.

Portada del diario sensacionalista ‘Daily Mirror’ el día anterior al referendo. El titular dice ‘No nos dejéis de esta manera’, y de la bandera del Reino Unido ha desaparecido el color azul de la de Escocia.

El Reino Unido ha evitado la crisis constitucional de consecuencias devastadoras para Cameron y Miliband vaticinado por Gerry Hassan, pero los estados mayores de los partidos catalanes y españoles, el Gobierno de Mariano Rajoy, las asociaciones y movimientos de la V y sus oponentes tienen ante sí un trabajo descomunal de interpretación de lo sucedido, de cómo afectará al caso catalán y de quiénes pueden sacar más partido del no escocés. ¿Tranquilizará a los animadores más radicales de ambos bandos? ¿Azuzará las discrepancias entre CDC y ERC? ¿Sumará adeptos a la vía federalista, reforma constitucional mediante? ¿Sentenciará la ruptura de CiU o se recompondrá la federación a través de los sectores moderados de Convergència y de Unió? ¿Recurrirá Artur Mas a un léxico nuevo que serene los espíritus?

Resulta por lo menos lamentable que el nacionalismo español, de un europeísmo a menudo tibio, eche las campanas al vuelo por la victoria del no en nombre de la unidad europea. No es más reconfortante que persevere en un fundamentalismo constitucionalista que lleva a la parálisis política, a los disparates de José Manuel García-Margallo –la suspensión de la autonomía– y a diagnósticos como el de la periodista Maite Alcaraz en el programa Los desayunos, de TVE, donde sostuvo que el nacionalismo lleva a la división, algo que es posible compartir, dando a entender que el comportamiento del Gobierno no responde a ninguna forma de nacionalismo, algo imposible de aceptar salvo ceguera acusada. De la misma manera que no hay forma de suscribir, salvo pecado de ingenuidad, que el desenlace escocés no tendrá efectos en la estrategia y la táctica del bloque soberanista por más que en las formas se siga con el guion preestablecido: aprobación de la ley de consultas, publicación del decreto en el DOG, impugnación del Gobierno, suspensión emitida por el Tribunal Constitucional y luego ya se verá.

En ese ya se verá hay una mezcla de política constitucional y de política electoral en los términos que lo ha hecho el analista británico Michael Binyon al desmenuzar el trasfondo de la campaña y de las consecuencias del referendo de Escocia. Ese trasfondo es extensible a España, pero aquí apenas se menciona y las preferencias de los oradores son otras: invocaciones forzadas a los grandes principios y referencias a la ley cortadas a su medida. Pero si para los laboristas era crucial mantener a Escocia en el Reino Unido, donde tienen 40 diputados por solo uno los conservadores, ¿qué decir de la importancia que para el PP tiene sostenella y no enmendalla para retener al electorado más refractario al Estado plurinacional? O, en sentido contrario, ¿qué decir de la necesidad de ERC de recurrir al agravio intolerable para asegurarse el sorpasso en la primera cita electoral que se lo permita? Y así con todos los partidos españoles y catalanes, con alguna razón electoral de peso para, más allá de los principios ideológicos y de las emociones, apoyar la consulta del 9-N o bien oponerse a ella.

Sería muy tranquilizante que a ambos lados del disenso catalán se oyeran voces autorizadas cuyas reflexiones se adentraran en la senda seguida por la doctora Paola Subacchi, directora de investigación del think tank británico Chatham House, en el artículo titulado La geometría variable de la soberanía nacional: “Las islas británicas se han convertido en el laboratorio ideológico para pensar y repensar el concepto de Estado-nación y su papel en un mercado global y muy integrado”. Pero nada de eso se percibe, al menos en la superficie, sino más bien una partida de desarrollo incierto, riesgos ciertos de que el sectarismo se imponga a los argumentos transversales y la tentación permanente de dar a la política un inusitado toque dramático.      

La ‘V’ apunta a Mas y Rajoy

La V de la Diada fue la de votar y la de voluntad, de acuerdo con lo declarado por Carme Forcadell, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana. Pero fue también la V de victoria, a tenor de lo manifestado por Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural y compañera de brega de Forcadell: “Hemos vuelto a ganar 300 años después de 1714”. Fue, incluso, la V de Victus, pues es difícil imaginar una torpeza mayor –por no hablar de censura– que suspender a última hora la presentación del libro en Utrecht (Holanda) a instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores y caldear el ambiente de por sí movido a días de la gran concentración. Y pudo, asimismo, no ser una V propiamente dicha, sino la punta de la flecha que figura en la señal de dirección obligatoria.

La V admite toda suerte de interpretaciones, de traducciones, menos una: que el jolgorio se acabó cuando se dispersaron los manifestantes. Basta indagar más allá de nosotros mismos para comprobar que la V del tricentenario no admite brindis al sol, fundamentalismos constitucionalistas y desobediencias civiles; que en estricta aplicación del sentido común que Mariano Rajoy tanto invoca, entraña más riesgos que nunca la posibilidad de llegar al 9-N sin que las urnas estén en la calle o sin que se haya concretado una alternativa razonable a la celebración de un referendo consultivo. Basta navegar un rato por la red para llegar a la conclusión de que, salvo que todo el mundo esté equivocado, el desenlace de la Diada obliga a recurrir al mejor arte de la política para evitar que la obcecación acabe en disparate, sea este el que sea.

Lleva razón el president Artur Mas cuando declara a la agencia France Presse que la victoria del en Escocia crearía un precedente –“si una nación como Escocia tiene el derecho de decidir su futuro, por qué no Catalunya”–, pero este agarradero se asemeja más a la política de las emociones que a la política de lo posible. De la misma manera que la solidaridad como razón última que justifica mantener la unidad de España, mencionada por Rajoy el mismo jueves durante un acto relacionado con el programa nacional de trasplantes, suena a regate en corto para eludir el problema de fondo. Todo esto tiene poco que ver con el arte de la política y bastante con el trabajo de los fabricantes de eslóganes que trabajan en las salas de máquinas de los partidos.

No es menos inconsistente fiarlo todo a las declaraciones de apoyo a la posición del Gobierno español procedentes de las cuatro esquinas de la UE, incluidas las muy explícitas de la cancillera alemana, Angela Merkel, cuando se reunió en Galicia con Rajoy. Que la fundamentación jurídica de los tratados impida la permanencia automática o a corto plazo en la UE de una Catalunya eventualmente independiente no significa que, a la hora de la verdad, el pacto político no pudiera imponerse en el club europeo a la letra de la ley mediante alguna componenda ahora imprevisible, sobre todo si para entonces Escocia se encuentra en situación parecida. En sentido contrario, en ningún lugar está escrito que el  rumbo que pudiera tomar Escocia, si es que el día 18 gana el , sería de aplicación al caso catalán, porque los puntos de partida de Escocia y Catalunya son diametralmente diferentes, y el ambiente en Londres es muy distinto al de Madrid.

El profesor David McCrone, de la Universidad de Edimburgo, resalta alguna de estas diferencias: “La creación del Reino Unido fue constitucional y no el resultado de una conquista”. “La posibilidad para Escocia de dejar la unión ha existido siempre –añade McCrone–, mientras que el Gobierno español ha esgrimido siempre la Constitución para rechazar el referendo”. Aun así, el Govern otorga gran importancia a los vasos comunicantes entre el proceso escocés y el catalán, y elude, en cambio, un factor diferenciador determinante: los ingredientes culturales de la reivindicación soberanista. “El movimiento nacionalista en Catalunya se concentra desde hace tiempo en la preservación de una herencia cultural”, según Charles King, profesor de la Universidad de Georgetown, en Washington, mientras que los independentistas escoceses “rechazan expresamente las definiciones más culturales de su identidad”, habida cuenta de que solo el 1% de la población habla gaélico.

Estos datos son esenciales en el élan vital de los proyectos soberanistas y explican en parte el perfil muy diferente de cada caso. Es menos creíble el planteamiento recogido por France Presse de José Vicente Rodríguez, uno de los fundadores de Ciutadans, que imparte clases de Economía en la Universidad de Edimburgo: el nacionalismo-independentismo catalán parte de un sentimiento de superioridad, mientras que el escocés nace de un sentimiento de inferioridad. Es muy osado aventurar que la próspera sociedad escocesa alberga algún complejo –“podemos ser uno de los estados más ricos del mundo”, sostiene Alex Salmond, líder del SNP–, y no lo es menos suponer que ha sido este complejo el que ha robustecido el nacionalismo.

Solo la política sin apriorismos puede gestionar la situación con decoro y evitar que la demagogia se adueñe de la situación. “Cuando los hombres se hacen masa, los demagogos los hornean”, escribió El Roto en su viñeta-editorial de El País al día siguiente de la V. El mismo día, en su columna de EL PERIÓDICO, Antón Losada advirtió del peligro que encaran Rajoy y Mas, o viceversa, si no pasan de los eslóganes para la clientela a la negociación del futuro sin prejuicios: “Saben cuánto necesitan un acuerdo y hasta lo habrán hablado. Pero ambos han ido tan lejos en su discurso y su táctica que ahora el drama es cómo contárselo a los suyos sin resultar acusados de alta traición”.

Puesto que existe el peligro apuntado por Losada, el papel de los portavoces debe darse por superado. La única palabra que vale es la de los responsables últimos que han de dar con la salida, si es que la hay. Cada vez que se acercan al micrófono ilustres nombres de los aparatos de gobierno y de partido en Madrid y en Barcelona, hinchan el pecho los adeptos, pero se difumina más y más la salida del laberinto. Como reclamaba Alfredo Di Stéfano cuando la pelota andaba demasiado por los aires, alguien debe bajar el balón y jugar al pie para evitar que al final sean los hinchas radicales los que marquen la pauta. Cuando en el corto periodo de tres diades se pasa del pal de paller y el peix al coba a reclamar en la calle, con gran éxito de público, que la independencia se someta a consulta, es indispensable alejarse de los agitprop y perseverar en la idea de que nada es completamente blanco o totalmente negro.

Después de la V se echan en falta voces capaces de relativizar las cosas y, si se quiere, de acotar el problema sin dramatizarlo. Es indispensable desacralizar aquello que, por lo demás, nunca fue sagrado, incluidos el derecho a decidir diga lo que diga la ley de un Estado democrático y la Constitución de ese mismo Estado. También es indispensable desacralizar la Transición, el consenso de aquellos días y otros tópicos políticos que conducen directamente a la parálisis, el ensimismamiento y la falta de alternativas. La Transición, el consenso como norma, la Constitución y un sinfín de herramientas políticas de aquel entonces son hijas de su tiempo, resultaron ser instrumentos útiles, pero han dejado de serlo según todos los indicios. Y no solo para los independentistas, sino también para los que no lo son y contemplan incrédulos los acontecimientos en curso.

¿Puede dejarse a beneficio de las emociones la dimensión de la movilización soberanista o acaso las fotografías –las cifras oficiales poco importan– no son suficientemente expresivas? Y, si lo son, ¿pueden mantenerse los gobernantes en sus respectivos puntos de partida y promover diferentes formas de frentismo con un ojo puesto en las urnas y otro en la ocupación de la vía pública? Porque la gestión de la marcha catalana hacia el 9-N, en la Generalitat y en La Moncloa, parece guiada cada vez más por el efecto electoral que puede tener en Catalunya y en España, como si el motivo de fondo para no encarar una negociación política realista fuese precisamente la posibilidad de sacar el máximo partido a la polarización del voto: independentistas frente a autonomistas o federalistas; nacionalistas españoles frente a nacionalistas catalanes; y así sucesivamente. ¿Puede alguien sostener que solo a un bando, el que sea, asiste la razón y el otro, el que sea, no merece ser escuchado y, a poder ser, respetado y comprendido?