Vías nuevas hacia el 21D

El curso acelerado de Derecho Penal a que ha sido sometida la opinión pública desde que entró en acción el inquietante José Manuel Maza hasta la liberación de Carme Forcadell después de pasar una noche en la cárcel y de depositar una fianza de 150.000 euros abre nuevas rutas en el laberinto catalán, aunque el camino de salida no se adivine o siga sujeto a toda clase de interpretaciones apasionadas. De momento, ha quedado meridianamente claro que el Tribunal Supremo practica la virtud de la proporcionalidad, el magistrado Pablo Llarena su representante, y la Audiencia Nacional, Carmen Lamela su cara visible en este caso, tiende a la desmesura. Si la DUI no fue más que simbólica, si todo fue un exceso al calor de las emociones y la movilización en la calle, como dice la presidenta del Parlament, mejor abrir las celdas, destensar la cuerda y esperar a ver qué deciden los votantes el 21D.

De hecho, si todo el mundo está dispuesto a participar en la cita electoral, incluida la expedición bruselense, todo el mundo acata implícitamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, nada simbólica, y deja en el desván de la memoria las agitadas jornadas que transcurrieron entre el 6 de septiembre y la declaración de la DUI, el 27 de octubre. Si cuanto se aprobó aquel día careció de valor jurídico –ni siquiera se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat–, si todo fue un error, un despropósito y un exceso, según se afirma ahora, la rebelión, la sedición o cualesquiera otras figuras que se le puedan ocurrir al inquietante Maza son meramente simbólicas y no tiene sentido tener a los exconsellers en la cárcel y a la calle, en un grito.

Si, por el contrario, un problema político de dimensiones inabarcables se reduce a una disputa entre diferentes formas de fundamentalismo autoritario, entonces todo se complica, el cielo se oscurece y surge la duda, la gran duda: qué capacidad aclaratoria puede tener el 21D si hemos de seguir oyendo que la ley dice, que la Constitución dice o que la república llegó para quedarse, aunque nadie la reconozca. Que hay que cumplir la ley es una obviedad, que toda opción política no violenta está legitimada en un marco democrático, también lo es, pero cuando surgen incompatibilidades manifiestas entre la aplicación de la ley y un determinado proyecto político con peso específico en una comunidad –hoy sucede en Catalunya–, los únicos caminos que ni siquiera hay que considerar son el recurso a los tribunales desde una acera y los métodos expeditivos desde la otra.

Las soluciones binarias debieran estar proscritas en los conflictos políticos de nuestro tiempo: o estás conmigo o contra mí; o proclamas la independencia o eres un traidor; o cumples la ley o la fiscalía se pone en marcha sin mayores consideraciones de oportunidad y tiempo; y así hasta ninguna parte. Las tertulias plurales en la televisión y la radio –bastante menos frecuentes de lo deseable– suelen acabar en empate porque los planteamientos binarios no conducen a ninguna estación de llegada, aunque se abren vías nuevas hacia el 21D, sobre todo si el magistrado Llarena reclama para sí la causa seguida por la jueza Lamela contra Oriol Junqueras y más de la mitad del Govern suspendido. Y si eso sucede es porque el enconamiento, fruto de un enfoque binario del problema ha calado en muchos opinantes con la misma o parecida pasión que los seguidores de un club (como fans envueltos en la bandera las más de las veces; excepcionalmente, como hooligans tempestuosos).

En la frase de Pablo Llarena “tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional” hay dosis muy estimables de sentido común –tan invocado desde todos los frentes; Mariano Rajoy el más proclive a hacerlo– y puede que también una vieja disputa jurisdiccional. En cualquier caso, la razón última de las libertades bajo fianza decididas por el magistrado importa menos que el hecho de que rompe con los planteamientos binarios, los excesos procesales y los agravios comparativos. Rompe asimismo con el dilema de quién, por encima o al margen de la ley, es poseedor de la hegemonía político-cultural en el marco de la crisis: el Gobierno, que activó a la fiscalía, o el soberanismo catalán, que aplaudió la DUI (ese es también un esquema binario).

La partida que se disputa no es a blanco o negro, a par o impar y así sucesivamente, como en la ruleta, ni es tampoco un juego de astucias o engaños, como el póker, sino más bien una partida reservada a jugadores sutiles, a adictos a la inacabable gama de grises que caracteriza la política moderna, sin buscar la derrota humíllate del adversario. Acaso el viaje de descubierta de Carles Puigdemont y acompañantes a Bruselas persiga lograr un triunfo sin paliativos, pero no es precisamente la UE el lugar mejor para ir en pos tal objetivo, tan acostumbrados los timoneles de la institución a situarse en el gris propio de la transacción y del pacto, de un juego de pesas y medidas apegado al realismo a todas horas. No hay en las gestiones bruselenses del expresident el menor atisbo de apego al gris, a esa zona indeterminada en la que todo es posible y, al mismo tiempo, nada es para toda la vida.

Como en la película À bout de souffle, vivir sin aliento impone un desgaste, un cansancio y finalmente una desazón insoportables. El vigor de las protestas, el recurso a las estelades, las manifestaciones que desbordan las avenidas, la solidaridad con los Jordis y esa secuencia interminable de actos reivindicativos de toda índole impone una tensión colectiva en ambos bandos condenada a transformarse en decepción si, como es muy probable que suceda, nadie queda completamente satisfecho con el desenlace del 21D. A los cómicos de la legua de Viaje a ninguna parte, Fernando Fernán Gómez el autor, les vence el cansancio y el fracaso, algo a lo que ahora se exponen en otro viaje aventurado quienes creen que el partido puede disputarse aún en Bruselas y no, en Madrid y en Barcelona.

Todo escuece en Catalunya

 “No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres, las más veces, serán sin remedio; y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda”.

‘Don Quijote de la Mancha’. Segunda parte. Capítulo XLII

Cuando el Estado desenfunda la porra, todo cambia, sube la temperatura en la calle hasta alcanzar la del hierro fundido, aparecen los monstruos que produce el sueño de la razón (Francisco de Goya) y cobra vida el Duelo a garrotazos (Goya de nuevo). En esas estamos desde el domingo ominoso último: la arremetida contra los votantes de una votación sin valor, ilegal, acaso simbólica, la acometida contra votantes indefensos y pacíficos las más de las veces –todas las veces quizá– por orden de fundamentalistas de la aplicación de la ley hizo descarrilar el tren de la esperanza o de los buenos propósitos. Contra toda lógica, quienes deben garantizar la seguridad pública, incluso si hay urnas aunque las urnas no procedan, sembraron la inseguridad cuando no el pavor, en directo y a la vista de todo el mundo. Por ahí escuece la herida.

Es harto sabido que el Estado ostenta el monopolio de la fuerza, el recurso a la violencia en situaciones extremas, en especial cuando los ciudadanos se enfrentan a una situación que pone en jaque su seguridad, un derecho y no un privilegio, según abundante bibliografía. Pero este monopolio no es ilimitado como lo fueron en el pasado el de la sal o el del tabaco. Cuando se cruzan determinados límites que atañen a la proporcionalidad y a la oportunidad, el poder se deslegitima y las apelaciones al cumplimiento de la ley, a la preservación de la democracia y a otras solemnidades suenan a pretexto, a coartada o a encubrimiento del simple y escueto abuso de poder, una forma espuria de ejercerlo. Por ahí también escuece la herida.

Al convertir la política en una pelea entre machos alfa y sus coadjutores de ambos sexos, surge la gran duda: ¿la disputa es por la unidad del Estado, por la independencia de Catalunya, por la ley sin mácula, por la dignidad del Parlament o, menos románticamente, por el poder y los votos? Asalta la duda porque los partidos –todos los partidos, sin distinción ni reservas– echan cuentas sotto voce a ver si los palos de ayer, la tozudez de hoy y las incógnitas de mañana dan fruto en las urnas, proporcionan mayorías y abastecen de más poder a quienes creen tenerlo ahora en grado o cuantía insuficiente. Nadie afloja en la disputa permanente entre nacionalismos –de Alfonso Guerra a Oriol Junqueras; de Soraya Sáenz de Santamaría a Marta Rovira; de una parte y de la otra–, por futuros votos útiles y para afinar permanentemente el recuento de efectivos por si hay que pasar por las urnas. Por ahí se intensifica el escozor de la herida.

También escuece la herida cada vez que alguien sale por la televisión o recurre a las redes sociales para disparatar mientras se aleja más allá de la línea del horizonte la posibilidad de un acuerdo, de una conversación, de una transacción. Así se trate del portavoz de turno –cualquiera de ellos–, del jefe del Estado, de los presidentes en litigio o de otros renombrados actores de la crisis, cada palabra empeora la situación, acorta la distancia al precipicio. De hecho, el ambiente no ha dejado de emponzoñarse desde hace mucho tiempo, y aún más desde que asomaron las porras; cada día es peor que el anterior, cada declaración chirría más, es más hiriente y anima en igual medida la huelga general, las caceroladas vespertinas y el griterío de los tifosi diurnos: “¡A por ellos, oé!”, “¡que viva España!”, “¡que nos dejen actuar!”, etcétera, etcétera.

Los lesionados y contusionados del último domingo erosionan la legitimidad de quienes se encuentran en el puente de mando del Estado, convertidos en defensores de lo indefendible: el recurso a la porra. Al mismo tiempo, con una contumacia digna de mejor causa, los profetas de la independencia insisten en consumar la profecía y desoyen a cuantos ven en la DUI una peligroso paso en falso, la pérdida acelerada del capital político acumulado mediante el impacto emocional causado por los guardias, el helicóptero en la vertical de la plaza de Catalunya y la difusión de los porrazos por todos los medios y redes. Y ese doble juego de deslegitimaciones y proclamas independentistas hace cundir la alarma en los circuitos del dinero –bancos, grandes empresas, los sindicatos mayoritarios, otros actores sociales–, y se repite a todas horas la misma pregunta: ¿quién puede desactivar los pilotos automáticos de dos naves en rumbo de colisión? Por ahí también escuece la herida o debiera escocer.

El Gobierno de Mariano Rajoy cree tener a su favor la correlación de fuerzas en España y el de Carles Puigdemont entiende que las urnas han confirmado la hegemonía social de los suyos en Catalunya, aunque la consulta reuniera todas las imperfecciones imaginables en una consulta insuficiente. Son dos puntos de partida francamente débiles incluso en el improbable caso de que fueran objetivamente mesurables mediante un exhaustivo trabajo de campo. Su debilidad se desprende de la decisión de ambos bandos de tirar por la calle de en medio a sabiendas de que, a cada paso que dan, ciegan una ruta hacia una negociación política sin apriorismos. Por ahí escuece asimismo la herida.

Cada vez que alguien del Gobierno dice que les han obligado a hacer lo que no querían hacer –la policía en acción– y alguien del Govern o de su mayoría parlamentaria reconoce que han hecho lo que han hecho –el irregular y proceloso camino hacia la independencia– porque no les dejaron alternativa (legal, se sobrentiende), se zarandea la consistencia moral de lo hecho hasta ahora. Si alguien no quiere hacer algo por razones de orden moral –un poder del Estado, un gobernante, un colectivo, un ciudadano cualquiera–, no lo hace; si alguien reconoce que hizo lo que no quería hacer, admite implícitamente que lo que hizo estuvo mal. Ni hace falta ser un independentista de manual para concluir que lo ejecutado hasta ahora por el Gobierno es de todo punto criticable ni es preciso ser un españolista sin fisuras para deducir que la praxis política del Govern es manifiestamente mejorable. Más escozor en la herida abierta.

Creyeron a ambos lados de la divisoria que su comportamiento, las motivaciones de su conducta política, les iban a granjear aliados de peso. Esperó el president Puigdemont un gesto de la Unión Europea que fortaleciera su posición en el tablero y confió Rajoy en que, al actuar en nombre de la defensa de la Constitución y de la democracia, nadie le pidiera explicaciones. Ninguna de estas dos suposiciones se concretó de forma explícita. Las palabras de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, no neutralizaron la incomodidad europea frente a las imágenes del domingo; la misma incomodidad no aminoró la oposición de los europeos a una declaración de independencia que violenta los fundamentos constitucionales del Estado de derecho, de un actor político de primer orden en el puzle de la UE. Escozores compartidos que no arreglan nada.

Lo único que se ha concretado de forma expresa y sin ambages es la estampida del dinero, las oscilaciones de la bolsa y las señales que emite la prima de riesgo. Aquí no hay escozores, aquí rige la lógica de las finanzas, el confort dentro del entramado europeo y las dificultades previsibles fuera de él. Aquí prevalecen ante todo las cuentas de resultados, el euro, el sistema bancario europeo, la libre circulación de bienes y capitales –la de personas, no tanto–, y esa primacía quizá desatasque más que las políticas de balcón, que los redactores de discursos al servicio de causas antagónicas, que los llamados argumentarios y que la brega de la fiscalía y de los jueces cuando se esfuma la política. ¡Ah, el dinero! Acaso sea en última instancia el agente que obligue a suturar algunas heridas, aunque se mantenga por mucho tiempo el escozor bajo la epidermis, puede que para siempre.

 

 

Escalada sin freno hacia el 1-O

Llegados a este punto, una semana antes del día D del referéndum, cabe decir que la intensidad de la confrontación o el enfrentamiento se agrava, la desorientación atenaza a bastantes y la calle se calienta entre cánticos, registros, pancartas, detenciones, proclamas y muestras de cabreo con la música tintineante de las cacerolas caída la noche. Nadie es inocente en este mecanismo de acción-reacción puesto en marcha hace años, con responsabilidades compartidas desde que el PP impugnó el Estatut y el andamiaje empezó a zarandearse; nadie puede sentirse satisfecho con la senda elegida ni exhibir una superioridad moral inexistente en nombre de un respeto casi sobrenatural a la ley o de una defensa virginal de la democracia con atributos (el derecho a decidir). Nadie ha renunciado a recurrir a los agit-prop, a los analistas de cabecera reclutados por los medios públicos para defender con ahínco, desde la trinchera más que desde la razón, lo defendible y lo que acaso no lo es, o eso le parece al adversario (esperemos que no enemigo).

Todo vale para que bulla el caldo. Un comentarista o tertuliano, o agitador, o lo que sea dice en una televisión de extrema derecha, después de tener noticia de que Corea del Norte dispone de un misil balístico que puede alcanzar Barcelona (a saber si es cierto): “No hay huevos, Kim. Dispara que ganamos todos”. Inmediatamente, el futbolista Gerard Piqué agarra el móvil y tuitea: “A estos no los vais a visitar, ¿no?” (se refiere a las detenciones de funcionarios de la Generalitat). Va Irene, el personaje de Cayetana Guillén Cuervo en El ministerio del tiempo, suelta que “ser independiente no está bien visto en este país” y ha de salir enseguida el guionista a apagar el fuego en las redes: “No os tiréis a la piscina que no hay agua” (la frase fue escrita, recuerda, mucho antes de los rigores de estos días de autos tan acalorados). Toma nota del lío en curso el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y se apresura a agitar una estelada a 939 kilómetros de Barcelona. Y así.

Más allá del choque de poderes, de los cálculos electorales de cada bando –del Gobierno y del Govern, al mismo tiempo o por separado; de los partidos y de sus ideólogos, si los hay–, de la profusión de consignas, de nacionalismos enfrentados, surge la capacidad de movilización de la política de las emociones, tan alejada de la política de lo verosímil, de lo eficaz y de lo útil. La razón –de nuevo la razón– induce a pensar que ambas partes, el Gobierno y el Govern, debieran optar por una negociación sin apriorismos, pero luego trazan en las ruedas de prensa líneas rojas que sus potenciales interlocutores dicen no poder aceptar; la razón lleva a desear que nadie rompa la baraja o se oculte detrás de las togas (Margarita Robles dixit), pero todo esto sucede con profusión de gestos airados, declaraciones hirientes y la sensación muy extendida de que a cada hora que pasa es más difícil dar con un atajo en medio del laberinto.

“La existencia de una nación es un plebiscito cotidiano, como la existencia del individuo es una afirmación perpetua de vida”, afirmó Ernest Renan en la famosa conferencia ¿Qué es una nación?, que pronunció en la Sorbona en 1882. A tal idea se acogen ambas partes cuando entienden que España gana todos los días ese plebiscito cotidiano (tesis del Gobierno) a través del respeto colectivo a la Constitución o que quien lo gana es Catalunya mediante el apoyo popular a lo votado en el Parlament el 6 y el 7 de septiembre (tesis del Govern). En ambos casos se recurre a una simplificación que no hace sino ahondar en la crisis, alimentar la escalada y desoír las razones del adversario (esperemos que no enemigo), mientras en todas partes surge la misma pregunta: y el 2-O, ¿qué?

Nadie tiene una respuesta y si alguien la tiene, no da pistas. Entretanto, a ambos lados de la divisoria crece la impaciencia a lomos de la incertidumbre. Alguien recuerda en Twitter la frase de Albert Einstein: “El nacionalismo es una enfermedad infantil, es el sarampión de la humanidad”, pero nadie se da por aludido, aunque el componente nacionalista es consustancial a la escalada en curso y todas las intervenciones llevan su sello. Hay un timbre nacionalista no reconocido, además de una inexactitud histórica, en la afirmación de Mariano Rajoy de que España es la nación más antigua de Europa; lo hay asimismo, en este caso aceptado, en la oratoria de Carles Puigdemont y sus aliados. Lo hay de forma manifiesta en la profusión de banderas en los balcones y en el argumentario desarrollado para la ocasión por los implicados en el problema (gobiernen o sean oposición).

Es de temer que de ahora al día D todo empeore, incluidas las pulsiones nacionalistas envueltas en dos banderas y en la remisión al heroísmo de los antepasados. Algo que lleva inexorablemente a la confrontación crónica, de acuerdo con el diagnóstico del filósofo italiano Norberto Bobbio: hablar o volver a combatir. En el caso hispano-catalán, hablar o seguir en ese viaje a ninguna parte que tensa las relaciones sociales, las perspectivas económicas, la convivencia entre ciudadanos y la inquina entre discrepantes. Hablar o volver a combatir, hablar o seguir como estamos, sumergidos en una discordia permanente en la que cada parte cree ser depositaria de lo cierto, de lo noble, de lo honrado, de lo decente, de aquello que no admite discusión porque lo dice un juez o tribunal, porque así lo aprobaron unos diputados, porque así se entiende en el derecho internacional o porque así es la democracia y cualquier opinión alternativa está cargada de impurezas. Todo verdades parciales, medias verdades, verdades incompletas que condenan a los litigantes a seguir litigando. En esas estamos.

Banderas en campaña

Solo la creencia de que prohibir la exhibición de estelades durante la final de la Copa del Rey llenaría de votos el zurrón del PP el 26-J explica el despropósito de Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid, de promover tal medida. Las referencias a la ley del deporte del 2007, a la ley contra la violencia, el racismo y la xenofobia y al riesgo de que se vea alterada la seguridad durante la celebración del partido abundan en el disparate y causan estupor porque no son más que cortinas de humo para encubrir el sectarismo de una decisión descabellada. Es innecesario ser independentista para llegar a la conclusión de que la iniciativa de Dancausa establece un límite arbitrario a la libertad de expresión que ningún antecedente justifica: la estelada es, sin duda, la bandera de una facción política, pero hasta la fecha no ha sido sinónimo o coartada para recurrir a la violencia.

La sensata decisión del juez de Madrid Jesús Torres Martínez de invalidar la prohibición debiera sonrojar a quienes la defendieron, de Jesús Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, al orfeón gubernamental. Que a estas alturas de la historia alguien quiera sostener en España que el fútbol es solo fútbol y nada más que fútbol, resulta francamente pintoresco: en un espectáculo deportivo que comporta la interpretación de himnos, flamear de banderas y presencia abundantísima de autoridades en el palco, incluida la del jefe del Estado, pretender que la política no debe estar presente es una distorsión de la realidad que atenta contra la fuerza de los hechos. Si estos fueran otros, no aparecería la bandera española en el Bernabéu y otros campos (los que la enarbolan están en su perfectísimo derecho), y Manuel Vázquez Montalbán nunca hubiese dicho del Barça que es “el ejército de un país desarmado” (¡viva la ironía!).

En todos los nacionalismos, y el español no es una excepción, hay un fondo de fundamentalismo excluyente, y el conflicto asociado a la final no es diferente a otros muchos episodios que responden a una gran simplificación: nosotros y ellos. En el bien entendido de que tal simplificación lleva sin remedio a alguna forma de confrontación irresoluble. Si, además, hay una cita electoral a la vista y prevalece la suposición de que cuanto peor, mejor, entonces la prohibición de Dancausa se inscribe en una estrategia de propaganda y agitación encaminada a presentar al PP como el guardián de las esencias frente a otras opciones debilitadas por la propensión a la conllevancia orteguiana; menos patrióticas dirían los puristas partidarios de envolverse en la bandera.

Claro que luego sucede que entre los compañeros de partido de la promotora de la medida que tumbó el juez surgen no solo las dudas, sino la incomodidad evidente de verse obligados a defender lo indefendible y, por este camino, arrojar piedras contra su propio tejado. Así los dirigentes catalanes del PP de Ciudadanos, nada sospechosos de promover la independencia, pero tan desasistidos por el núcleo duro de los populares. En fin, basta aceptar que dos y dos son siempre cuatro en base diez, como enseñan en la escuela, para llegar a la conclusión de que no hay mejor manera de inyectar dosis extra de entusiasmo a la brega independentista y, quizá, de producir militantes para la causa de nuevo cuño que dar la vara durante unas horas con la prohibición de la estelada en el estadio Vicente Calderón.

Que desde entornos académicos tan diferentes como los de los profesores Francesc Valls, de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Javier García Roca, de la Universidad Complutense de Madrid, se llegue a conclusiones coincidentes debiera preocupar a los rigoristas del Gobierno que tantas veces confunden la ley con un texto revelado y ven en toda discrepancia una afrenta. Dice García Roca: “La estelada es un símbolo de independencia, no de violencia. No es, por ejemplo, una cruz gamada nazi. No tiene nada que ver”. Y tal afirmación es tan meridianamente exacta que resulta agotador tener que repetirla ad nauseam, de la misma manera que lo es tener que recordar que el Tribunal Constitucional estableció en 1982 que la libertad de expresión es uno de los fundamentos de la sociedad democrática incluso cuando contiene opiniones que “pueden inquietar al Estado”.

¿Cómo es posible que antes de la resolución del juez Torres Martínez nadie en los despachos del Gobierno cayese en la misma cuenta que quien ha atendido los recursos presentados? Se dice en el texto salido del juzgado que la prohibición impide manifestar de forma pacífica una ideología política “sin que concurran razones y motivos con la entidad suficiente para poder restringir el uso de un derecho fundamental”. Es preocupante que sea preciso tal recordatorio, porque ese derecho fundamental, la libertad de expresión, es indisociable de la calidad de una democracia, resulte de ello algo que pueda “inquietar al Estado” o a quienes lo administran, o genere el ejercicio de tal libertad una atmósfera favorable a los gobernantes. Y es asimismo preocupante el apoyo dado por la fiscalía a la prohibición dictada por Dancausa en nombre de hipotéticos “perjuicios graves a intereses de terceros”, sin que se especifique si esos terceros son los seguidores del Sevilla (no parece), parte de los espectadores que verán el partido por televisión o quienes siguen creyendo que la calle no es de todos y los estadios, tampoco.

Resulta incomprensible que la misma semana que la deuda del Estado supera el valor del PIB, que la Unión Europea considera imponer a España una multa de 2.000 millones por incumplir el déficit –en realidad, se la impondría a los españoles, que sin comerlo ni beberlo sufrirían las consecuencias–, que la Púnica se asemeja a una hidra de siete cabezas y que el incendio de Seseña deja al descubierto la ineficacia de varias administraciones, pueda alguien perder el tiempo con una guerra de banderas. Como si la política de las emociones, si es que de eso de trata, hubiese de ser la piedra sillar sobre la que se asentará la campaña electoral; como si esa trifulca tuviese por objetivo o misión desviar el foco de asuntos menos triviales, más urgentes, más trascendentes, pero también de más difícil y costosa gestión. ¡Ay, las banderas!

 

El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.

Partidos bajo la lupa

En esta tierra de nadie o de todos entre el 27-S y el 20-D se suceden los acontecimientos, crecen la confusión y aún más la dudas acerca de la investidura del president Artur Mas, y la tentación a envolverse en la bandera está siempre ahí como último recurso. Acabada la legislatura, el PP se fue en busca del apoyo de sus socios europeos en el congreso de Madrid, más que un acto político, una preelectoral claque –“grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra buscando algún provecho” (segunda acepción del diccionario de la RAE)–, el mismo día que la Guardia Civil y los fiscales se personaron en el domicilio de Andreu Viloca, tesorero de CDC, y en la sede del partido en busca de pruebas del famoso 3%, de esa presunta financiación irregular que todo lo enturbia. Nada está escrito acerca de cuál debe ser el equipaje para realizar el viaje a Ítaca, pero es oportuno recordar la siguiente frase de Joan J. Queralt de su artículo del jueves en EL PERIÓDICO: “A Ítaca no puede llevarse como lastre la podredumbre de la corrupción”.

La incomodidad manifiesta de los socios de CDC, en una situación más imposible cada día, confirma lo atinado del aserto. No es solo la CUP la que reitera con más determinación que nunca que Mas no reúne las condiciones para repetir en la presidencia; el silencio de ERC y de las entidades soberanistas que alientan el procés es del todo elocuente. Como ha publicado El País en un editorial, “por muchísimo menos de lo que aquí se investiga, dirigentes políticos de los países con los que Mas gusta de comparar a Catalunya habrían dimitido ya”, y su disposición a presentarse a toda prisa en el Parlament para dar explicaciones apenas corrige su debilidad extrema para pilotar la nave. Todo el mundo tiene derecho a creer en tramas conspirativas, pero habida cuenta del tiempo que el asunto rueda por los juzgados y de los precedentes –los casos Palau, Pujol, Innova y otros–, nadie debe llamarse a engaño: algo no pequeño está por esclarecer.

Apelar a la inoportunidad del momento y la aparatosidad de las formas resulta pueril. Con el calendario preelectoral, electoral y poselectoral en la mano es imposible que la labor de los tribunales no pise o provoque un cortocircuito en las estrategias de los estados mayores de los partidos. Salvo que todo el aparato judicial pospusiera durante varios meses –quizá hasta enero– sus indagaciones relacionadas con la actividad de partidos o políticos bajo sospecha, es inevitable que a cada auto o diligencia se le encuentre un pero, un propósito oculto para dañar los planes de alguien. Es tan ingenuo no sospechar que en este embrollo y en otros –los Bárcenas, los Gürteles, los ERE, la Púnica y otras lindezas– no hay dosis de juego sucio como maliciar que todo responde a un plan predeterminado para neutralizar a adversarios políticos. Más que a simplificación de la realidad suena a manipulación de la historia.

Después de la publicación de las declaraciones de Francisco Correa en eldiario.es, lo menos que puede decirse es que la plaga del 3% –o de otros porcentajes– adquiere la categoría de pandemia. De ser cierto lo dicho por el cabecilla de la trama Gürtel, y hoy ya todo es posible o verosímil, “se trataba de adjudicar obras a empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, gerente y tesorero del PP. Tampoco ahí tiene sentido buscar la acción de una mano negra que pretende chafar la precampaña de los populares, con Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y compañía en la tribuna de oradores, sino esperar que los jueces hagan la luz y pongan a cada cual en su lugar, aunque tenga un elevado coste para la credibilidad del sistema la judicialización de la política, inevitable cuando la opacidad es un hecho. “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”, el sms que Mariano Rajoy mandó a Bárcenas un día de principios del 2013, lastra irremediablemente el relato elaborado por el PP para distanciarse de los presuntos manejos del extesorero.

Ese 3% ominoso y desvergonzado que aparece en todas partes debe esclarecerse, sea cual sea el coste, para evitar que arraigue la sospecha generalizada, se propague el escepticismo como enfermedad incurable y los ciudadanos lleguen a la conclusión de que son víctimas de un engaño permanente y premeditado. Es preciso, asimismo, para que queden a salvo de recelos cuantos se dedican a la política y no recurren al 3% (para que les cuadren las cuentas del partido o para procurarse todos los meses un sobresueldo dentro de un sobre). Es una necesidad de higiene democrática inaplazable que prevalezca la honorabilidad de las instituciones y de quienes las sirven. La regeneración democrática requiere reformas de todo tipo, entre ellas la de la Constitución, pero precisa ante todo descontaminar el aire viciado que se respira en demasiados despachos, en demasiadas tramas de poder, en los intersticios a través de los cuales es posible adulterar la financiación de los partidos políticos, necesarios por lo demás para que una democracia realmente lo sea.

Sería muy de lamentar que la Reforma para la Agilización de la Justicia Penal –nombre oficial del invento–, una iniciativa del PP aprobada por las Cortes, provocara un cuarteamiento de las causas en curso, como teme el exfiscal José María de Mena, debido a la obligatoriedad de que las investigaciones no se prolonguen más allá de 18 meses, prorrogables si lo autoriza el juez a petición del fiscal. “Preocupado el Gobierno, al parecer, por los macroprocesos, como el de la Gürtel –escribe Mena–, ha decidido agilizar la justicia acabando con ellos. Con la reforma legal, los grandes procesos deberán trocearse. Se juzgará a cada uno de los delincuentes por separado, con lo que, en la práctica, se difuminarán las grandes tramas de criminalidad financiera colectiva, y punto final”. Porque los males de la nación, sea la que sea la dimensión del territorio al que se aplica el término, no son asunto en manos de individuos que actúan por su cuenta y riesgo, sino que hay algo más que indicios de que en los 3% y otros enredos el funcionamiento se atiene a una logística precisa, a sólidas redes clientelares en las que participan corruptores y corrompidos con parecido desparpajo.

La mera posibilidad de imponer un punto final a las investigaciones supone dejar la puerta abierta a cegar los caminos para la depuración de responsabilidades en los casos del primer partido de Catalunya, del que hasta ahora ha dispuesto de la mayoría parlamentaria en España y de otros muchos asuntos que afectan a la limpieza y solvencia de las instituciones. Y esa mera posibilidad, de hacerse realidad, llevaría inevitablemente a una parte de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes a la desafección, a pensar que nada es trigo limpio, que todo es fruto de un rosario de componendas innobles. Porque rige hoy más que nunca en toda su extensión el juicio del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes”.

 

Vigilias ruidosas

A saber si se ha dado el salto de la política de las emociones a los fundamentalismos obsesivos que nublan el juicio y arrinconan la razón, el caso es que en las vigilias tormentosas de la campaña electoral que se avecina, previsiblemente ruidosa, se han adueñado del puente de mando los fabricantes de frases rotundas, que suministran a  los líderes políticos para que las suelten a diestro y siniestro. Nadie está dispuesto a bajar la pelota a ras de suelo –que alguien la baje gritaba Alfredo Di Stefano cuando el balón circulaba cerca de las nubes– o eso parece antes de que se abran las urnas el día 27 y Catalunya pase por ellas en medio de un clima entre confuso y estrambótico, propenso a los excesos verbales, a la demagogia y a despreciar la realidad. Las voces sensatas son inaudibles a causa del griterío y cuando alguna de ellas trata de abordar el asunto con solvencia académica es inmediatamente sometida al arbitraje destemplado de las redes sociales –a favor y en contra–, canchas ideales para que el ruido sea aún mayor.

De todo esto hay muestras sobradas en los periódicos, las radios, las televisiones, las webs y demás circuitos de la aldea global, y es de temer que el guirigay tendrá un crescendo a la medida del momento a partir de la tarde del día 11, cuando la Meridiana hará las veces de aplausómetro del independentismo o del procés. Si se toma como referencia el ambiente en las postrimerías de agosto, quedan pocas esperanzas de que se serenen los estrategas de campaña, los tribunos, los presuntos agraviados de cada bando y otras categorías de agitadores presentes en la contienda. Pásese revista a lo sucedido en un suspiro:

Jordi Sánchez dice que una Catalunya independiente quedaría fuera de la UE y debería negociar su ingreso desde cero, pero enseguida rectifica y matizan, él y su entorno, que no fue bien interpretado, que no quiso decir lo que dijo, aunque lo dijo.

Felipe González publica en El País una carta dirigida al electorado catalán y velozmente sale al quite Josep Antoni Duran Lleida con otra carta en el mismo diario. Cada uno ellos cosecha los parabienes y las críticas esperadas (el proceso no admite sorpresas).

-La Guardia Civil asoma por domicilios de Convergència y aledaños en búsqueda afanosa del 3% y la dirección del partido ve en ello una maniobra política, electoralista, de utilización de las instituciones con fines inconfesables.

-El Gobierno anuncia que tramitará una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que este tenga capacidad sancionadora. El propósito es que la reforma quede aprobada el 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas, por si es preciso aplicar cirugía de urgencia al proceso o contra el proceso. La oposición se lleva las manos a la cabeza y los victimistas ponen en marcha el victimismo.

Artur Mas comparece en el Parlament para explicar por qué anticipa las elecciones y para dar explicaciones por el 3%, y no encuentra mejor línea de defensa que acusar a otros partidos, no dice cuáles, de haber cobrado de Teyco (se antoja una variable ad hoc de la vieja táctica y tú más).

Salvo una milagrosa rectificación colectiva no prevista en el guion, con estos moldes es de esperar que, ya ahora, los autores de los argumentarios –¡qué palabro!– de todos los partidos, coaliciones y candidaturas hayan puesto manos a la obra para presentarse como vencedores la noche del 27, solos o en compañía de terceros, sea cual sea el resultado. Sobra decir que no todos pueden ganar, menos cuando unos se dan por satisfechos con tener mayoría de escaños, otros exigen que solo la mayoría de votos otorgue la victoria, y aun hay quienes entienden que, salga lo que salga, no quedará otra que negociar una salida airosa en la que imperen la prudencia y la razón. Pero la tentación de cantar victoria será tan poderosa que cuesta imaginar que alguien reconozca haber perdido.

O puede que no. Puede que la multiplicación de declaraciones en la Unión Europea de aquí al 27 sea más efectiva que cualquier otro mecanismo de rectificación imaginable. El significado de las palabras de Angela Merkel en Berlín al final de la visita de Mariano Rajoy no admite dudas: Europa entiende que los estados-nación son los actores políticos de la Unión y todo cambio debe atenerse a la ley. Puede gustar más o menos, ser más o menos justo y aceptable, pero así están las cosas. Colegir de lo dicho por la cancillera que no está en contra “de lo que supone el 27-S” (Neus Munté) es una falta de realismo que bordea la manipulación. Lo dicho por Merkel ni es ambiguo ni confuso, sino un gesto político cuyo significado no da pie a barrocas interpretaciones. Ni puede medirse con el mismo rasero que la alarma expresada por la patronal Foment del Treball ni puede atenderse con la misma actitud con que se acoge el diagnóstico de un jurista tan experimentado y prestigioso como Jean-Claude Piris: “Desde el punto de vista de los dirigentes de muchos estados miembros, como Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, etcétera, nadie va a defender esa posición [la de los promotores del proceso], sería tanto como arriesgarse a abrir la puerta a un posible contagio y provocar problemas políticos internos, por no hablar de los estados que se han negado a reconocer a Kosovo por razones parecidas (Chipre, Grecia, Rumanía, Eslovaquia)”. Y la declaración de Merkel no se puede aquilatar de igual forma que otras porque no es un dictamen técnico, sino un compromiso político público y sin reservas de la gobernante más poderosa de la Unión Europea, que influye en todos los ámbitos de la organización para bien y para mal (pregúntese a los griegos).

Sería tranquilizador que los argumentos de autoridad puestos a disposición del electorado fueran los que se desprenden de solventes trabajos académicos y sería asimismo un tributo a la serenidad que se fuese respetuoso con el significado de las palabras. Pero al prevalecer la propaganda política y la simplificación de conceptos, resulta más eficaz o ilustrativo para el debate en curso una frase de Merkel que el libro de Josep Borrell y Joan Llorach, que induce a reflexionar sobre Las cuentas y los cuentos de la independencia, o El llarg procés, la esclarecedora digresión histórica de Jordi Amat. Cuando unas elecciones autonómicas como las del día 27 mutan en plebiscitarias o Xavier García Albiol, que no es diputado, se presenta en el Congreso de acompañante de Rafael Hernando en el momento de presentar el proyecto de reforma de las atribuciones del Tribunal Constitucional, es que la veda de la mixtificación se ha levantado oficialmente y, en ese trance, entrar en detalles es menos efectivo que la escueta sintaxis de Angela Merkel.

Si alguien creyó alguna vez que un gran Estado de la Unión Europea podía ser desairado por algún otro gran Estado, o frecuenta poco Bruselas o cree con una fe inasequible al desaliento que cuenta con recursos suficientes para superar todos los obstáculos sin sufrir grave daño. Lo primero es un error de escala fácilmente remediable; lo segundo es un caso de autosuficiencia injustificable. Todos los juegos de manos destinados a presentar la continuidad de Catalunya en la Unión Europea como algo remediable y a bajo coste están tan alejados de la realidad como la creencia del Gobierno de que tiene un cheque en blanco para utilizar la Constitución como un arma arrojadiza contra algo que, como señalan las encuestas y se verá en la Meridiana, moviliza a una multitud (el último sondeo del CEO otorga un 42% al independentismo).

Al final, quizá todo se reduce a dos nacionalismos antagónicos, el catalán y el español, que han llegado a la infeliz conclusión de que cuanto más enconamiento más votos –cuánto peor, mejor, en la escuela clásica–, así en el 27-S como en el domingo de diciembre que se celebren las elecciones legislativas españolas. En medio, en tierra de nadie, quedan los estupefactos, los equidistantes, los sorprendidos y los hartos por esa disparatada transformación de la política en un diálogo de sordos, en un entremés o en un sainete, en un tan estéril como aparatoso intercambio de declaraciones a cual más altisonante o desdeñosa con el rival. Diríase que, sin darnos cuenta, hemos pasado del golpe de Estado permanente, que François Mitterrand atribuyó al general Charles de Gaulle, al disparate diario, que nadie se atribuye, pero que asoma por todas partes acompañado de los peores presagios.

Desquite de la clase media

“Lo realmente antisistema es la pobreza masiva que nos deja en herencia esta crisis”.

Xavier Martínez Celorrio, profesor de Sociología de la UB

Toda situación es susceptible de empeorar, y ese principio es aplicable al PP a poco que las ocurrencias de Esperanza Aguirre se adueñen del debate poselectoral. Esa sucesión de descalificaciones, propuestas apresuradas y análisis desorbitados contiene algo de profundamente malsano y mucho de sectarismo o de desprecio por lo que el domingo votaron los ciudadanos. Y hay también bastante desconocimiento de qué ha sucedido en este país a causa de la austeridad a rajatabla, la insensibilidad social y el hartazgo de una clase media vapuleada por la crisis que se ha desquitado en las urnas de sus victimarios  o de quienes percibe como tales. No hay en ello asomo de desprecio por el sistema, por el pluralismo y por los usos democráticos, sino más bien la exigencia de que se desanden algunos caminos para que el pago de la factura del desmoronamiento o jibarización del Estado del bienestar quede más repartido.

Las elecciones del último domingo fueron municipales y autonómicas, pero fueron también la primera vuelta de las legislativas de finales de año. Hubo en la cita del 24 de mayo una advertencia, un avance de lo que muy probablemente será el hemiciclo del Congreso a la vuelta de medio año, sin soviets ni cosa parecida, como cree Esperanza Aguirre que se verá en los distritos de Madrid dentro de unas semanas, pero sí con el bipartidismo imperfecto –PP y PSOE– que gestionó la restauración democrática sustituido por un nuevo mosaico ideológico a cuatro bandas. A eso en las facultades de Ciencias Políticas lo llaman evolución del sistema, y es fruto del desgaste de un modelo que fue útil para poner el país al día, pero ha sucumbido al paso del tiempo, a la corrupción, al amaneramiento y al cansancio de unos electores a los que se ha querido convencer de las bondades de la recuperación económica con la buena marcha del Ibex-35 y con la suposición de que, como en mala hora dijo Mariano Rajoy, ya no se habla del paro (Pamplona, 19 de mayo).

Los resultados de las elecciones municipales en Madrid, Barcelona y Valencia no constituyen victorias de las extrema izquierda, como repiten todos los días algunos tertulianos que TVE invita a sus programas, son, eso sí, la reacción democrática a la fractura social provocada por la crisis y las recetas aplicadas para superarla. La Encuesta de Condiciones de Vida difundida el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) explica con cifras la reacción de los ciudadanos en las urnas de forma mucho más precisa que los análisis encaminados a aislar a Podemos o a desacreditar a candidatos –Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Joan Ribó (Valencia)– que no son conservadores, pero tampoco son portavoces de la revolución, cualquiera que esta sea. Cuando, según los datos del INE, el 22,2% de la población vive bajo riesgo de pobreza –el 30,1% en el caso de los menores de 16 años–, los remedios lampedusianos no tienen sentido o son un insulto a la inteligencia. Los ciudadanos, los electores, los votantes, los contribuyentes, cuantos saben lo que vale un peine, no se conforman con cambios aparentes para que nada cambie, sino que, a lo que se ve, exigen cambios manifiestos para que algo cambie.

El temor de Yolanda Barcina, presidenta en funciones de Navarra, de que “las cosas pueden cambiar como cambiaron en la Alemania de antes de las guerras mundiales”, pueden cambiar como cambiaron en la Venezuela de Hugo Chávez o en la Argentina de Juan Domingo Perón, parece tan fuera de foco como el apresuramiento de Rafael Hernando en anteponer la victoria en votos del PP –algo más de seis millones– a la pérdida de votos –2,5 millones– con relación al 2011. No, estos acercamientos sin matices a los resultados carecen del mínimo de consistencia exigible a quienes, por oficio, debieran desdramatizar el futuro y atenerse al hecho de que la opinión pública no quiere seguir como hasta ahora, pero tampoco quiere hacer saltar al Estado por los aires. Esas elecciones del 24-M no han sido como aquellas otras de abril de 1931 que liquidaron la monarquía, sino que se han atenido a un procedimiento pautado, empezando por la lealtad al sistema de los grandes contendientes, incluidas las llamadas fuerzas emergentes.

Por lo demás, es preciso relativizar el peso de estos partidos, agrupaciones o marcas políticas recién llegados porque ninguno de ellos ha obtenido el primer o el segundo lugar en las autonómicas, donde el distrito electoral es la provincia. El caso de Madrid es especialmente ilustrativo: mientras Manuela Carmena ha obtenido el 31,85% de los votos con la etiqueta Ahora Madrid (conglomerado de Podemos y varias fuerzas progresistas y de izquierdas), Podemos en solitario no ha pasado del 18,59% en las autonómicas de la Comunidad de Madrid, bastante por detrás de Cristina Cifuentes (PP, 33,1%) y Ángel Gabilondo (PSOE, 25,44%). Ha pesado más en el ánimo de los votantes el compromiso con los vulnerables de la jueza Carmena que la oferta ideológica del equipo de Pablo Iglesias; ha pesado más la persona que la marca. Lo mismo puede decirse de Ada Colau en Barcelona, aupada por una nebulosa ideológica en la que la militancia de la candidata contra los desahucios ha sido más determinante que cualquier otra consideración.

Que esto guste poco al establishment es comprensible; que en el reparto de etiquetas políticas se adjudique la de extrema izquierda a Carmena y a Colau es una exageración. O acaso es útil para sopesar el conservadurismo extremo de quienes creen que, en efecto, dos grandes ciudades europeas han caído en manos radicales, como alguien dijo una de estas noches poselectorales en un debate televisado. O acaso sirve para medir la incomprensión de una parte de la generación que hizo la transición frente a la siguiente, la que desea ajustar el modelo, el sistema, a su enfoque del futuro mediante la generalización de la cultura del pacto, algo no tan nuevo a poco que se repase la composición histórica de los gobiernos de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. O, quién sabe, quizá ilumine las presiones de una parte del mundo financiero y explique la reacción de personajes tan poco dados a la improvisación y a los excesos como Xavier Trias, que de repente, a toda prisa, propuso un pacto municipal al estilo todos contra Ada Colau, como si la victoria de esta amenazara con secar las fuentes, con ahuyentar los cruceros y con dejar sin clientes las tiendas de lujo del paseo de Gràcia.

Nada de lo sucedido es ajeno a los usos democráticos: ni el cambio de configuración del mapa político, ni las incógnitas relativas a la situación en que queda el PSOE dentro del laberinto de la izquierda, ni la desorientación del PP, que debe mover ficha y, al mismo tiempo, teme que la cita electoral de otoño sea aún peor de lo que ha sido la de primavera, Ciudadanos de Albert Rivera mediante. Todo forma parte de la capacidad de reacción democrática de una sociedad condenada demasiadas veces a asistir a debates estériles y a la gesticulación desmesurada de los líderes, atrapada la calle en las redes de una política superestructural, sin alma, con costes sociales desbocados y un aumento insoportable de las desigualdades, más la metástasis de la corrupción. Si alguien creyó que nada de esto tenía una importancia determinante, el cambio de decorado salido de las urnas le ha señalado el camino de vuelta a la realidad.

Rato agrava la enfermedad

“Los discursos y los escritos políticos son hoy esencialmente una defensa de lo indefendible”. La frase es del escritor británico George Orwell y figura en su ensayo Los políticos y la lengua inglesa, que data de 1946. Hoy es tan vigente como entonces o acaso más porque los mecanismos de retorsión del lenguaje han evolucionado espectacularmente en manos de especialistas en convertir la política en un manual de eslóganes más o menos ingeniosos, más o menos ocultadores de la realidad, de las miserias de la vida pública, de cuanto sucede y no se quiere que se sepa.

Otro británico, el historiador Timothy Garton Ash, 70 años después de Orwell, ha dado con los mismos mecanismos de mixtificación. “Todas las frases ingeniosas las preparan con antelación los asesores de comunicación. Como dijo hace poco el antiguo fiscal general conservador [del Reino Unido] Dominic Grieve, son ‘sesiones llenas de indignación pero con muy escaso contenido’”, escribió hace unas semanas en El País Garton Ash, alarmado por el espectáculo a menudo infantiloide que ofrecen los diputados en la Cámara de los Comunes, una forma bastante grosera de ocultar el presente detrás de un telón de improperios altisonantes, broncas, aplausos y otros jolgorios. En el fondo, como sucedía en los días de Orwell, se trata de eludir la verdad y de defender lo indefendible; se diría, quizá, de secuestrar el lenguaje.

Llevado todo al teatro español –no al de la plaza Santa Ana de Madrid, por demás respetable–, el alcance o repercusión del secuestro del lenguaje se agudiza con la gravedad del momento. Una gravedad realzada por esa lista de 705 o de Rodrigo Rato y otros 704 –a no ser que aparezca un cabeza de cartel de más altura– que pudieran haber aligerado sus conciencias mediante el blanqueo de dinero gracias a la amnistía fiscal establecida por el Gobierno. Esos 705 o Rodrigo Rato y otros 704 suman un nuevo pudridero a otros cinco que han llenado la política de pestilencia: la madeja Gürtel-Bárcenas, el ovillo de los ERE de Andalucía, el crucigrama Urdangarín, el laberinto de Bankia (tarjetas negras incluidas) y la trama Pujol. Y al difundirse el aroma de corrupción en todas direcciones han obligado a ciudadanos atónitos a descifrar el alcance de los hechos encubiertos por el lenguaje cuando estos se abordan a la vista del público en los parlamentos, en los juzgados, en esas declaraciones a las puertas de los palacios de justicia cuya función exclusiva es exaltar la inocencia de los encausados o de quienes seguramente lo serán al cabo de unos días.

Orwell dejó dicho en Los políticos y la lengua inglesa: “A propósito de cada frase que escribe, un autor escrupuloso se planteará al menos cuatro preguntas: ¿Qué pretendo decir? ¿Cuáles son las palabras que pueden expresarlo? ¿Qué imagen o locución puede hacerlo de forma más clara? ¿Esta imagen es lo bastante expresiva para ser eficaz? Y probablemente se planteará otras dos: ¿Podré expresarlo de manera más concisa? ¿Hay en esta formulación alguna fealdad que podría evitarse?”

De estas seis preguntas, la primera es fundamental: ¿qué pretendo decir? Es tan determinante que en la epidemia de corrupción que padece el país ha sido sustituida por esta otra: ¿qué debo decir? O por esta otra, igualmente inquietante: ¿qué conviene que diga? Pudiera añadirse que es preciso dilucidar qué conviene decir para que no afecte mucho a las encuestas, para que quede claro que alguien metió mano en la caja, pero el partido no tuvo forma de saberlo, o el Gobierno, o ambos a la vez, defraudados a causa de la confianza depositada en sus más íntimos y apreciados colaboradores, militantes y amigos, a quienes presuponían el partido, los partidos, el Gobierno o todos a la vez libres de toda sospecha. Este es el punto de partida, la necesidad de poner en marcha un mecanismo de disculpa que sea, al mismo tiempo, exculpatorio, que haga olvidar lo dicho con anterioridad –“Luis. Lo entiendo. Sé fuerte” (la sintaxis es de Mariano Rajoy, autor del mensaje a Luis Bárcenas”–, que deje a salvo la marca, el márketing político, para no perder en el lance carros y carretas.

La ironía que gastaba Eugeni d’Ors con sus alumnos, a quienes a menudo decía “oscurezcámoslo un poco” cuando algo estaba claro, ha pasado a ser la piedra sillar de las técnicas pergeñadas por los especialistas en dar con explicaciones políticamente correctas para que los líderes o sus portavoces tranquilicen al auditorio. Pero, claro, el auditorio está escamado y ya no se cree casi nada de lo que le dicen; tiende, en cambio, a desconfiar de todo y de todos, un estado de ánimo lógico, pero fatal para salvaguardar la complicidad indispensable entre poder y ciudadanos para que los sistemas democráticos funcionen de forma razonablemente eficaz. En medio de la oscuridad, cuando la opinión pública puede guiarse solo por el olfato que detecta los vapores que suben de la alcantarilla, no hay complicidad posible entre administradores y administrados.

Resulta incomprensible que, en medio de la función, el PSOE tenga que forzar una votación en el Congreso para que el Gobierno publique la lista de los más de 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, esto es, el elenco de cuantos antes de la amnistía no pagaron a Hacienda en la forma y los plazos debidos. Resulta un insulto a la inteligencia que mientras se registra el domicilio de Rodrigo Rato alguien busque argumentos en la ley o en la confusión reinante para no suministrar tal información y dejar a oscuras –otra oscuridad más– a cuantos todas las primaveras pasan por la ventanilla de Hacienda. Resulta, en fin, un bochorno colectivo que los estrategas y agitprop de los partidos, del Gobierno o de ambos a la vez busquen tres pies al gato a cuantos quieren aclarar lo sucedido, sean estos periodistas, magistrados, jueces o políticos con el expediente limpio, que por fortuna los hay.

“Cuando se abre un abismo entre los objetivos reales y los objetivos declarados, de forma casi instintiva se recurre a las palabras interminables y a las expresiones trilladas, tal como un calamar lanza su tinta”, dijo Orwell. El comportamiento del calamar obedece a su deseo de ocultarse, de zafarse sin daño de sus adversarios; persigue lo mismo este sopicaldo de declaraciones que nada dicen a pesar de la solemnidad con que se dicen. Sin que pareciera tener mayor importancia el daño que causa esa ceremonia del disimulo, de la evasión –no fiscal en este caso–; como si no minara el sistema, la confianza en él, la dignidad de la política y de los políticos. Como si lo más importante no fuese saber si los presuntos corruptos lo son de verdad, sino cómo afectará la corrupción a sus partidos en las próximas elecciones; como si lo que en verdad importase fuese saber quiénes y cómo se salvan de la quema aunque el aire siga siendo irrespirable.

El coste de cuanto pasa es incalculable para un sistema democrático. El historiador Tony Judt lo definió en dos sucintas frases. Primera: “La falta de confianza es claramente incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad”. Segunda: “Si los ciudadanos activos o preocupados renuncian a la política, están abandonando su sociedad a sus funcionarios más mediocres y venales”. Demasiados riesgos para seguir mareando la perdiz y apuntarse a un relativismo moral que devuelve la imagen, seguramente falseada por la decepción de ahora mismo, de unos políticos más inclinados al oportunismo que al compromiso con la transparencia y que, como dice Timothy Garton Ash, dilucidan sus diferencias en una “pelea a gritos propia de un patio de colegio”.

Bárcenas se adueña del micrófono

Resumen de lo publicado entre poco antes y poco después de que Luis Bárcenas saliera de la cárcel previo pago de una fianza de 200.000 euros, que a muchos les parecen pocos menos que simbólicos, pero que se ajustan a derecho según conviene decir en aras de la corrección política y los buenos modales. Vayamos al resumen:

Los bancos andorranos no quieren testificar en el Parlamento catalán sobre las cuentas de Pujol, los dineros de los Pujol o al menos de algunos de los Pujol.

Carlos Floriano, del PP, dice de Luis Bárcenas: “Este señor nos engañó”. Pero el tal señor recibió el aliento decidido de Mariano Rajoy para que resistiese como un jabato.

No pasa un día sin un Gürtel ni semana sin imputación.

Juan Carlos Monedero, de Podemos, promete aclarar cuanto convenga de sus ingresos por trabajos facturados si se lo autoriza… Venezuela.

Tania Sánchez, de IU, tendrá que renunciar a su candidatura por Madrid si resulta imputada en un confuso caso de subvención pública de actividades privadas en las que aparece su hermano.

Susana Díaz, del PSOE andaluz, con el lío de los ERE de por medio (una burrada de millones), sopesa convocar elecciones para obtener la legitimación de las urnas antes de disputar el despacho del PSOE en Madrid a Pedro Sánchez.

Un juez requisa los contratos con la red Púnica en varias dependencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid (las sospechas alcanzan a colaboradores directos de Ignacio González, presidente madrileño).

El matrimonio Urgandarín-Borbón vende por seis millones de euros el palacete de Pedralbes, en parte embargado.

Oriol Pujol da a entender que todos son inocentes (entiéndase, los Pujol).

El llamado caso Palau anda atascado en un galimatías procesal que quizá tenga justificación técnica, pero carece de justificación social.

Artur Mas se dispone a aprobar un presupuesto, apoyado por ERC, que incluye ingresos virtuales (dependen de la caja del Estado).

Mariano Rajoy y su séquito están exultantes con las cifras de empleo del 2014, pero resulta que hay más de cinco millones de desocupados, la tasa de paro se mantiene en el 23,7% y en 1,7 millones de hogares nadie tiene un puesto de trabajo.

Y así se podría seguir muchas líneas más a riesgo, claro, de sembrar el aburrimiento cuando no la depresión.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

El filósofo Daniel Innerarity dice: “Si ponemos el foco en la corrupción, existe el riesgo de pensar que, si no la hay, la política funciona bien. Y a mí me preocupa más la política que no funciona bien cuando no hay corrupción. La política es un instrumento para dar solución a los problemas, por lo que no se trata tanto de un problema de rearme moral, sino de construir un sistema inteligente de gobierno”. El razonamiento resulta impecable, pero a la opinión pública, a los electores, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a los votantes, a los administrados les resulta cada día más difícil comprender o aceptar que los administradores son servidores abnegados en su inmensa mayoría; los administrados circulan con la reserva de confianza bajo mínimos y cada día les viene más cuesta arriba admitir que eso de la corrupción es un submundo en el que se ha refugiado una minoría para enriquecerse a costa de la mayoría y de expandir el desprestigio de la política.

Innerarity sostiene, además, a propósito de la corrupción: “Se erosiona la única autoridad por encima de los técnicos, de los expertos. Indirectamente, esa crítica furibunda contra la clase política, a la que algunos quisieran ver fuera de juego, otorga una autoridad a técnicos y expertos que no deberían tener”. Eso está sucediendo ahora, y es un refugio ideal para que gobernantes mediocres y gestores osados se apareen y arrinconen la política, el viejo arte de afrontar los retos de cada época más allá de los libros de contabilidad y de las estadísticas interesadas. Cuanta menos política, más tecnocracia; cuanta menos política, más hojas de Excel, más Fondo Monetario Internacional y desmantelamiento del Estado de bienestar bajo el epígrafe de reformas.

Nada del todo nuevo bajo el sol. Maquiavelo escribió en los Discursos: “Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones”. Lo que sucede hoy –los días de Maquiavelo no fueron muy diferentes en ese aspecto– es que quienes dicen ocuparse de atajar la corrupción albergan, al mismo tiempo, la preocupación de salir trasquilados, de que aquello pensado para sanear la vida pública se vuelva contra ellos o sus allegados políticos a través de una trama de intereses que quizá no controlan o de la que simplemente desconocen la existencia (es último es poco creíble).

Maquiavelo cree incluso preferible confiar en “hombres montaraces” –de nuevo, los Discursos– para fundar una república (entiéndase un Estado de nueva planta) que aquellos de “corrompidas costumbres” que acumulan la experiencia de quienes están avezados en ejercer el poder. A saber si al autor de El príncipe tendría por adecuado cambiar los “hombres montaraces” por recién llegados sin mayor experiencia de gestión política que las tertulias y las aulas universitarias ni más avales que sus promesas bien intencionadas, para el caso Pablo Iglesia y su equipo de Podemos. Pareciera que es ese un ropaje muy sucinto para afrontar el rearme moral que Innerarity no cree primordial, aunque quizá los votantes lo estiman indispensable para superar la insoportable levedad del ser que se ha adueñado de una comunidad decepcionada, desencantada, quizá desesperanzada, aunque Luis de Guindos coseche en Davos felicitaciones de muy variada procedencia, tributarias la mayoría del recetario contra la crisis redactado por los economistas del Bundesbank.

El filósofo Emilio Lledó declaró a El País el 15 de noviembre del 2011, cuando ya llovían chuzos de punta a causa de la corrupción, aunque menos que hoy: No podemos dejar el país en manos de una política con una parte regida por oportunistas y por indecentes. Que el imperio de la indecencia domine en la política es intolerable; ese imperio es fruto del dominio de ciertas oligarquías que piensan que lo único que hay que hacer es ganar dinero y crear ideologías aptas para que esa oligarquía siga con poder”. Pero al escuchar los noticiarios y leer los periódicos desde que Luis de Bárcenas agarró el micrófono a las puertas de la cárcel es difícil sustraerse a la idea de que la agenda política la marca la indecencia de quienes están dispuestos a poner el plato de detritus frente al ventilador para ensuciar a todo el mundo y, de paso, aligerar su cargamento de porquería. Porque al sembrar la sospecha en todas direcciones y socavar el prestigio de todo el mundo, con fundamento o sin él, todos los Bárcenas que hoy se pasean por los juzgados inducen a una opinión pública aturdida a concluir que todos son lo mismo, que ellos no han hecho ni más ni menos que lo que han hecho los demás: llenarse los bolsillos con comisiones, concursos amañados, black cards, cuentas en paraísos fiscales o cualquier otra desvergüenza imaginable o por descubrir.

Esa idea de que todos son lo mismo, de que todos frecuentan la misma alcantarilla, es profundamente reaccionario, antidemocrático e inmoral, pero suma cada día más adeptos y no hay otra forma de salirse de ella que atender a quienes como Antonio Sitges-Serra en este periódico reclaman a los políticos, a los que hasta ahora han dispuesto del poder y a cuantos puedan verse en el futuro en parecida situación, “un propósito de enmienda” que les autorice a ganarse “nuestra confianza y nuestro voto”. Esta petición o ruego tan sencillo, manifestar “un propósito de enmienda”, se halla en las antípodas de la peor versión de la charcutería política que asoma por todas partes, de la política de bajos vuelos pergeñada por gabinetes de asesores encargados de buscar la forma de retener el poder o de conquistarlo mediante las encuestas, los sondeos y los programas que se olvidan en cuenta se apagan los focos al final de cada campaña y empieza el recuento de votos. Se halla, asimismo, en las antípodas del rictus forzado de Rajoy al llegar a la convención del PP mientras Bárcenas seguía con sus declaraciones envenenadas y marcaba el tempo a la orquesta.

“El conformismo es una ideología peligrosa”, declaró el gran periodista y pensador francés Jean Daniel en el 2008. Y el conformismo, debe añadirse, es una forma de pesimismo o de sometimiento, puede que de fatalismo, que alimenta en gran medida el rumbo tomado por la política, sometida a las exigencias implacables de los finanzas globales y al diagnóstico de los tecnócratas. Pero alimentado también por la sensación de impunidad –quizá inexacta o exagerada, pero sensación al fin– de la que disfrutan los Bárcenas de toda ralea, una sensación acrecentada por la salida de la cárcel del exsenador, cuya justificación jurídica, en principio, no hay que poner en duda, aunque mueva a muchos a ver en ella un trato de favor o una mayor comprensión que no alcanza a otros procesados en causas que provocaron menor escándalo, alarmaron menos o simplemente no llegaron a conocimiento de la opinión pública. Serían un gran logro que antes de las elecciones de mayo se impusiera la movilización regeneradora al conformismo para evitar que sean los Bárcenas de turno quienes dicten las reglas de campaña.