La investidura se pierde en reproches

El viaje hacia ninguna parte emprendido por el PSOE y Podemos culminó en el sonrojante intercambio de reproches de la fracasada investidura de Pedro Sánchez. En medio del estriptís integral salió a relucir el viejísimo debate de las diferentes izquierdas españolas acerca de cuál de ellas da cobijo a la verdadera alma de la izquierda, quién es de izquierdas y quién solo aparenta serlo. El empeño de Podemos de ser el guardián autoproclamado de las izquierdas y el del PSOE de consagrar su hegemonía en este territorio han empañado el debate y convertido la negociación en una lucha descarnada por el reparto del poder, en la pretensión de ambos partidos en neutralizar al otro, algo propio de adversarios encarnizados más que de presuntos aliados que busca de un Gobierno de coalición que primero había de ser de cooperación y que finalmente no fue nada.

El disenso no es ni nuevo ni diferente al vivido en muchas ocasiones anteriores desde la noche de los tiempos de la izquierda española, enfrascada en una interminable discusión sobre los méritos contraídos por cada parte para acreditar su condición de guía moral de la izquierda. La discusión, a menudo estéril y paralizante, se ha concretado en un exaltado cruce de descalificaciones, que han sumido en la decepción al electorado progresista, para el que los bizantinismos no hacen más que alimentar un compartido sentimiento de frustración así en el campo podemita como en el socialdemócrata. La pretensión de la dirección de Podemos de transformar el partido en el único legitimador posible de un programa de izquierdas, quizá mediante la formación de un Gobierno bis dentro del Gobierno, resulta tan fuera de lugar como la del PSOE de comportarse poco menos que como si hubiese cosechado la mayoría absoluta el 28 de abril.

Que los juegos de manos que han desembocado en un gran fiasco tengan una gravedad y consecuencias menores a la que tendrían si no existiese el paraguas cobijador de la UE no mejora el diagnóstico sobre la capacidad de liderazgo y compromiso de los estados mayores de los cuatro grandes partidos, presos de un ensimismamiento ciego y que apenas presta atención a los mensajes que llegan de la calle y de las urnas. En el caso de las fuerzas de izquierda, más incluso que en los dos grandes partidos de la derecha, la ocasión perdida es improbable que no tenga un elevado coste político, más para Podemos que para los socialistas a tenor de lo adelantado por las encuestas realizadas en pleno fragor de la batalla. El diagnóstico de Rubén Amón en El País es verosímil: “Iglesias creó Podemos e Iglesias ha decidido destruirlo”.

La afirmación de Antón Losada en eldiario.es es un recordatorio oportuno: “Cuando la izquierda no se entiende, la derecha gana. Es una ley inexorable de la política española. No admite excepciones y nunca deja de funcionar”. La demora en la formación de los gobiernos autonómicos de Murcia y de Madrid no ha pasado de ser una simulación provocada por Ciudadanos para que no parezca lo que realmente es el pacto de gobierno: un acuerdo a tres en el que Vox contamina cuanto toca. Sin mayor esfuerzo que los errores encadenados de la izquierda, los tres partidos de la derecha han transmitido una imagen –falsa, pero resultona– de capacidad de entendimiento que el PSOE y Podemos están lejos de poder exhibir frente a un electorado atónito que votó para que hubiese acuerdo, es decir, presupuesto, programas sociales, compromiso ecológico, feminismo, europeísmo sin reservas, gestión sosegada del caso catalán y otros ingredientes indispensables para no defraudar a una sociedad moderna que apenas sale de la crisis económica, pero necesita garantizar la pervivencia del Estado del bienestar.

En vez de discutir el programa largo y tendido, sin filtraciones ni codazos, sucedió lo que Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España, resume en muy pocas palabras: “No fue hasta cerca de 24 horas más tarde [de que PP y Ciudadanos reiteraran que no se abstendrían], en la víspera de la primera sesión de investidura, que las negociaciones entre el PSOE y Podemos empezaron seriamente. Apenas duraron una veintena de horas. Demasiado poco para dar con un acuerdo”. Reducir este fracaso en un suspenso en julio que cabe levantar en septiembre como intentan los malos estudiantes es una simplificación impropia: los resentimientos y las cuentas pendientes, la desconfianza mutua y la lucha por la hegemonía han aflorado con toda su crudeza.

“La posición de un hombre político se determina de esta manera: una tradición corregida por la razón”, declaró Manuel Azaña en las Cortes el 27 de mayo de 1932. Entre el 22 y el 25 de julio ha prevalecido la tradición –la capacidad infinita de la izquierda para no ponerse de acuerdo– y ha perecido la razón. La tradición indica que la pugna entre la herencia socialista y la herencia comunista han sido siempre dos realidades refractarias; la tradición reciente demuestra que en muchas ocasiones ha sido posible la alianza a escala local y autonómica, pero siempre se ha mantenido más o menos viva la disputa sobre a quién corresponde la guía espiritual de la izquierda; la tradición permitió, en fin, que sumara adeptos la prédica de Julio Anguita dedicada a la teoría de las dos orillas. Con gran éxito de crítica y público entre la derecha dirigida entonces por José María Aznar, cabe recordar.

Dicho todo lo cual es obligado subrayar que el espectáculo continúa y el único desenlace aceptable es que de aquí a finales de septiembre el único candidato posible para obtener la confianza del Congreso logre desatascar la situación. Otear el horizonte y fijar la mirada en otro objetivo –legislativas en noviembre– sería tanto como demostrar una incapacidad absoluta, poco menos que enfermiza, para asumir las reglas del juego propias de una coalición, según las cuales nadie pierde del todo y nadie sale vencedor absoluto: a lo máximo que puede aspirarse en estos casos es a un win-win limitado. Convocar elecciones podría tener consecuencias inesperadas en un ambiente de pesimismo o escepticismo generalizado, propenso a la abstención, a un resultado imprevisible. Demasiadas veces han sido requeridos los ciudadanos desde 2015 para que indiquen cómo y por quiénes quieren ser gobernados como para hacerlo de nuevo; el recurso a las urnas, de producirse, sería la confirmación de un fracaso clamoroso de los partidos, en general, y de la izquierda, en particular.

La campaña adultera el lenguaje

El lenguaje es la primera víctima de la precampaña, de la campaña y de cuanto se dijo y difundió antes de ambas. En la refriega que precede a la cita del 28 de abril las palabras han adquirido significados sobrevenidos, la confusión se ha instalado en el diccionario ad hoc para el combate y no hay forma de saber si cuanto se dice es anfibológico, polisémico o un rosario de falsedades engarzado por los estrategas de los partidos. Más que nunca son útiles y necesarios los fact-checking (comprobación de hechos) para un mayor esclarecimiento de las discusiones en curso, para desactivar las políticas de balcón, para poner al descubierto el vuelo rasante de la charcutería política y la manipulación de las emociones. Hoy es más urgente que nunca dejar en evidencia a los profesionales del pim-pam-pum preelectoral.

Los ejemplos a mano son ilimitados. Sale Pablo Casado y acusa a los medios de difundir una fake news (noticia falsa) a propósito de su anuncio –Onda Cero, el medio emisor– de que bajará el salario mínimo a 850 euros –el Gobierno de Pedro Sánchez lo puso en 900–, algo que no solo lo entendieron así los radioyentes, como se decía antes, sino los televidentes y aun los lectores de periódicos, muchos menos que antes, pero no tan pocos como para no estar en condiciones de confirmar a coro que dijo Casado lo que dijo. Hay, claro, algo no conocido: qué entiende el líder del PP por fake news, qué le contaron o explicaron en el famoso posgrado de Aravaca –cuatro días– acerca de qué cabe considerar una falsa noticia; cuál es, en fin, su apego a la realidad alternativa, tan puesta en boga por la Casa Blanca de Donald Trump. Esto es, Casado dijo lo que dijo, aunque quizá no quiso decirlo o pensaba decirlo en otro momento, o sus asistentes estimaban oportuno mantener oculto el dato para no alarmar a posibles votantes, pero el caso es que lo dijo. Un lío que ha puesto en un grito con sordina al PP centrista, descabalgado por el discípulo de José María Aznar.

Va luego o quizá antes Santiago Abascal y anuncia que mediado el siglo la mitad de los franceses serán musulmanes. Aparecen enseguida demógrafos y sociólogos prestigiosos que manejan estadísticas fiables y modelos matemáticos solventes, y aseguran que a lo sumo será el 18% de la población francesa la adscrita al islam. Un cálculo fruto del análisis, pero también un futurible para cuya confirmación hay que esperar treinta años y sujeto, como todo futurible, a variables imprevisibles e impredecibles que a la vuelta de tres décadas pueden haber convertido a los habitantes de Francia en descreídos contumaces o en feligreses de una religión de diseño o a la carta. En todo caso, el vaticinio de Abascal es un disparate sin fundamento cuya meta es fomentar una islamofobia zafia y cada día más difundida en Europa.

Está luego el conglomerado independentista catalán con sus presos políticos aplicado a los políticos presos y sus exiliados para referirse al huidizo Carles Puigdemont y demás instalados en Waterloo, periferia de Bruselas. Se trata de una apropiación del lenguaje muy anterior a la campaña, una acentuación o subrayado del drama político mediante la utilización de conceptos que adquirieron un valor muy preciso desde el final de la guerra civil y hasta la transición; un intento de equiparar el perfil vesánico de la dictadura con el presente. Es, en fin, un ejercicio permanente de historia comparada, como si los derrotados de 1939 y los enjuiciados de 2019 fuesen víctimas de lo mismo; como si el 1-O y fechas subsiguientes no hubiese sucedido nada o lo sucedido fuese perfectamente legítimo, ajustado a derecho y respetuoso con quienes transitan fuera del independentismo, y quien no lo vea así, insisten, no es demócrata.

La izquierda participa con parecido entusiasmo en la adulteración del lenguaje, necesitado Podemos de contener la sangría de votos que vaticinan las encuestas, urgido el PSOE por la captura de votantes de Podemos defraudados con Pablo Iglesias, con el galimatías morado que ha desgajado a una parte del partido, y aplicados en cuerpo y alma los socialistas en la tarea de dividir el voto de la derecha, en presentar a Vox como el contaminante del conservadurismo español. El experimento andaluz, con el tripartito de facto PP-Cs-Vox, el neofranquismo al acecho y las encuestas esperanzadoras justifican tal deriva en la campaña de la izquierda, pero la insistencia en anunciar que viene el lobo no hace otra cosa que agrandar la campaña de la extrema derecha. Según se ve, la izquierda no ha sacado ninguna enseñanza práctica del precedente de Estados Unidos, donde la insistencia en las acometidas contra Trump en 2016 fue un factor multiplicador de la campaña del acometido. Tampoco aquí se salva el lenguaje del falseamiento, la adulteración de los significados y el encubrimiento de la realidad mediante reiteradas exageraciones.

La maduración de una sociedad acostumbrada a votar, el hartazgo de muchos ciudadanos por el cruce de acusaciones indescifrables o deformantes, no cuenta, según se ve, para los seleccionadores de palabras encubridoras de la realidad. Cuando alguien se atreve a ocultar bajo la etiqueta de “policía patriótica” lo que no es más que una policía política o sectaria, pagada con los impuestos de todos los contribuyentes, queda abierta la veda para todo clase de despropósitos o desquiciamientos en la comunicación política. Nada hay más antidemocrático y antipatriótico que una policía que husmea fuera de lo establecido por las leyes –la policía es un cuerpo civil de funcionarios armados que deben ocuparse de la seguridad colectiva y debe ser exquisitamente neutral–, pero el poder de la palabra es enorme.

Dijo Mahatma Gandhi: “Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino”. Añadió Umberto Eco muchísimos años más tarde: “El populismo mediático significa apelar a las personas directamente a través de los medios. Un político que puede dominar los medios puede moldear los asuntos políticos fuera del Parlamento e incluso eliminar la mediación del Parlamento”. Así se adentra la campaña en el territorio de la desmesura y del exabrupto, sin que a los electores les quede más opción que el escepticismo o la incredulidad, estados de ánimo ambos que no hacen más que alejar a los ciudadanos del compromiso político y de las instituciones democráticas.

El juicio entra en campaña

Al cruzarse las consignas de Waterloo en la tramitación del Presupuesto, tumbarlo y llevar sin remisión a las elecciones legislativas del 28 de abril el desarrollo de las sesiones en el Tribunal Supremo alimenta como nunca la política de las emociones, el entusiasmo del neofranquismo –Vox– en la cresta de la ola, la esperanza de la derecha desmelenada –el PP– de volver a pisar la Moncloa a la mayor brevedad y la vocación funámbula de Ciudadanos (pasar la maroma sin red de acuerdo con el modelo ensayado en Andalucía). El tono del manifiesto de la plaza de Colón, el último domingo en Madrid, el de la declaración de Oriol Junqueras ante los jueces y el del presidente Pedro Sánchez al anunciar la cita con las urnas enmarcan el libreto de la representación político- judicial durante más de dos meses. Antes de depositar la papeleta, los electores deberán soportar la acidez extrema de una campaña a cara de perro con abundancia de datos falsos al estilo del antedicho manifiesto, apelaciones a derechos inalienables articuladas por los agitprop del procés y el recordatorio permanente desde el Gobierno de las bondades de un Presupuesto neutralizado por varias derechas y el independentismo exaltado.

Todo ello simultaneado con la proliferación de tertulias en todas partes para analizar qué sucedió y qué no sucedió en Catalunya durante el otoño de 2017, divididas las opiniones entre quienes defienden que todo se hizo pacíficamente en nombre de una idea extrema e indiscutible de democracia y quienes estiman que se desencadenó poco menos que el Armagedón. Lo que lleva forzosamente a la intromisión de la campaña en el juicio mediante la diversificación de las declaraciones de los encausados, técnicas unas, políticas otras, de los acusadores y de los defensores. Se percibió el jueves en las respuestas de Junqueras y de Joaquim Forn y se dejará notar las próximas semanas, conforme avancen a un tiempo el juicio y la campaña, y cuanto se diga en la sala se interprete a la luz de los focos de la elección inminente.

También se personarán en la campaña la división en el PSOE y en el independentismo, que encubrirán los asesores de imagen con los consabidos mítines y discursos para los convencidos, porque el fundamentalismo nacionalista no es patrimonio exclusivo de uno de los bandos y mucho de ello habrá hasta el 28 de abril. Cuando la expresidenta andaluza Susana Díaz reconoció que en su campaña acaso debió hablar más de Catalunya y menos de Andalucía se atuvo a la verdad: los nacionalismos se alimentan mutuamente y así el catalán estimula al español, y este al catalán en igual o mayor medida hasta nadie sabe cuándo.

Que este panorama pueda alterar el pulso de los ciudadanos es harina de otro costal. En cierto sentido, la crisis catalana ha alcanzado un cierto grado de normalización y salvo episodios esporádicos y las apelaciones a los símbolos desde ambos lados de la divisoria, ha adquirido la naturaleza de las dolencias crónicas: hay que vivir con ellas y las pastillas no las curan, pero las hacen llevaderas. Puede haber alguna huelga llamada de país –sea cual sea el significado de tal etiqueta–, pueden llamar la atención algunos mensajes desaforados, puede que el Govern incremente su ineficacia y pasividad funcionales, pero nada sustancialmente diferente sentirá la calle de lo sentido hasta ahora. Este es el destino inevitable de las crisis que, a fuerza de prolongarse, pasan a formar del paisaje sin alterarlo en demasía hasta que por fin alguien se empeña en solucionarlas (lo intenta al menos).

Así ha sucedido durante los ocho meses transcurridos entre la moción de censura y la caída de los Presupuestos: pareció que sí, que era el momento del pacto, pero llegada la hora de la verdad Quim Torra esgrimió los 21 puntos de su programa para la autodeterminación, la tripleta derechista de Andalucía puso el grito en el cielo, el Gobierno presentó unos presupuestos indiscutiblemente atentos a las urgencias de los más vulnerables o desprotegidos, pero volvió la autodeterminación a ocupar el escenario y se acabó lo que se daba después de la concentración de Madrid, suficiente por ruidosa e insuficiente por poco numerosa. Vivido todo sin que la derecha haya pedido excusas por acusar reiteradamente al Gobierno de haber hecho concesiones al soberanismo movilizado, concesiones que el abrupto final de la legislatura ha demostrado que nunca existieron. A no ser que inducir el diálogo sea una peligrosa concesión (parece que no).

Para el independentismo en campaña será por lo menos complicado justificar su opción de llevarse por delante los presupuestos y la continuidad del Gobierno, deberá demostrar que ni en Waterloo ni en su delegación de la plaza de Sant Jaume todo se rige por el principio de cuanto peor, mejor. Como si poner en suerte la continuidad del PSOE en el Gobierno persiguiera quedarse sin interlocutor mediante una victoria de la derecha y el neofranquismo (extrema derecha) y, de esta forma, sembrar en parte de la sociedad catalana una dosis suplementaria de frustración para engordar las filas independentistas. ¿Quién sabe si todo es fruto de este arriesgado cálculo para alimentar el victimismo o resultado de un déficit crónico de realismo? ¿Quién sabe si en algún recodo del camino de Waterloo a Barcelona o viceversa dejó de analizar el independentismo las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas? Son dos conceptos fundamentales para decidir si es posible imponerse o es necesario el pacto, algo siempre preferible a empeorar la situación, porque es muy posible que cuanto peor, peor.

 

Vox marca el paso en Andalucía

La eclosión del huevo de la serpiente en las elecciones andaluzas –el resultado de Vox– ha colocado a la derecha constitucionalista ante el dilema de seguir siéndolo o buscar atajos para legitimar a los ultras y buscar formas de colaboración que descabalguen del poder a Susana Díaz. La presidenta en funciones simplifica el significado de los resultados del último domingo y se da por vencedora –una amarga victoria, se diría– a pesar del descalabro sufrido, se siente con títulos suficientes para aspirar a gobernar o para encabezar la oposición en el peor de los casos, presumiblemente el que cuenta con más números para concretarse en las próximas semanas. En medio, una sociedad cada vez más distanciada del quehacer de los políticos se siente más inclinada a abstenerse, aunque haya sido la abstención la herramienta más útil de Vox para conseguir 12 escaños con 400.000 votos.

La charcutería política poselectoral ha hecho un regate en corto al realismo necesario para inducir tres conclusiones. La primera certifica que un pacto del PP y C’s con Vox lleva inexorablemente a un estado de complicidad permanente entre la derecha convencional y la extrema derecha que, dicho sea de paso, no pierde ocasión para arremeter contra la Constitución, con el Estado de las autonomías como obsesión permanente. La segunda es que la única medida proporcional al retroceso experimentado por los socialistas solo deja una puerta de salida a quien encabezó el cartel electoral: presentar la dimisión. La tercera es que la disminución de votantes está íntimamente relacionada con la desnaturalización de la campaña, con demasiados asuntos ajenos a la sociedad andaluza o que solo la afectan tangencialmente: la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, la situación en Catalunya –con una gran comunidad de ascendencia andaluza–, los presupuestos empantanados en Madrid y otros horizontes lejanos.

La cuarta conclusión, aquella que más debería preocupar, es la europeización del resultado de las elecciones por el peor camino posible: la comparecencia de Vox, un partido que compendia el regreso al centralismo, la homofobia, la eurofobia, la islamofobia, un racismo encubierto, diferentes formas de machismo disimulado y otros ingredientes compartidos por partidos ultras de toda Europa que se han hecho un hueco en los parlamentos para arremeter contra la democracia liberal, la UE, una gestión decente de los flujos migratorios y otros ingredientes de la tradición política europea. La alegría mostrada por la ultraderechista francesa Marine Le Pen al conocer los resultados de Andalucía acredita cuál es el enfoque de Vox, hacia qué dianas apunta; la disposición de Pablo Casado y Albert Rivera a hablar con Santiago Abascal para ocupar el palacio de San Telmo revela que ambos estiman más importante hacerse con el poder que entrar a analizar enojosos detalles del programa ultra.

Nada es nuevo bajo el sol y la consolidación del desafío neofascista, posfascista o ultranacionalista en Europa avanza sin obstáculos relevantes. Como si del recuerdo de los años 30 no cupiese sacar conclusiones para el presente, las alianzas entre conservadores demócratas y ultras llevan camino de convertirse en un modelo a seguir, mientras son pocos los partidarios de la técnica del cordón sanitario para aislar a la extrema derecha. En el caso de Andalucía, en minoría manifiesta el PSOE y sin posibilidad de lograr la mayoría a través de la marca andaluza de Podemos, todo vale para llevar a la derecha al poder (ya nadie en el PP recurre al mantra de que la lista más votada es la que debe encabezar el Gobierno). Importa poco que Vox llegue a las elecciones de mayo robustecido, que el saludo romano asome de vez en cuanto en la vía pública sobre un fondo de banderas o que el infortunio de los inmigrantes que huyen de la miseria y de la guerra se haya convertido en un resorte eficacísimo para sumar votos en electorados fácilmente manipulables.

Escribió Manuel Vázquez Montalbán en La aznaridad (2003): “Para mí que ese rictus constantemente tenso de Aznar es porque está conteniendo el Aznar que lleva dentro”. Hoy se multiplican las opiniones que dan a José María Aznar como ganador sobrevenido de las elecciones andaluces, aquel Aznar que criticó sin freno en las páginas de La Nueva Rioja (23 de febrero de 1979) la Constitución aprobada en referéndum menos de tres meses antes, y que cuenta por fin con uno de sus herederos ideológicos al frente del PP para relajar el rictus y soñar, quién sabe, con una operación de altos vuelos a imagen y semejanza de la CEDA, tiempos de la República. ¿Es este Aznar el que Aznar lleva dentro?

Hay en marcha una operación destinada a someter a revisión por la vía de los hechos la estructura territorial, el engarce con Europa y el régimen de libertades. Mientras unos hablan de que la Constitución precisa ser reformada para ponerla al día, otros quieren sacralizarla como si se tratara de un texto intocable y, al mismo tiempo, persiguen darle la interpretación más restrictiva y retardataria posible para afrontar los desafíos que plantea el presente. No es de extrañar que con tal deriva o proyecto se alarme el republicano Manuel Valls –la tradición de las Luces– cuando los líderes de C’s, sus presuntos compañeros de andadura en las municipales de Barcelona, se prestan a escuchar a Vox sin mayores incomodidad y desasosiego.

 

Más munición para la derecha populista

La decisión del Gobierno polaco de desandar el trecho recorrido y dejar sin efecto el adelanto de la edad de jubilación de los integrantes del Tribunal Supremo so pena de castigo de la UE no deja de ser una excepción en la estrategia de las extremas derechas de impugnar el acervo legal europeo, la separación de poderes y la independencia de jueces y magistrados. El famoso twit del desprestigiado Ignacio Cosidó y la crisis abierta en la renovación del Consejo General del Poder Judicial apunta en idéntica dirección y el choque frecuente de la Casa Blanca con jueces que bloquean las acometidas del presidente Donald Trump transita por el mismo camino (con el discutido nombramiento de Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo). No hay día en el que no surja una polémica por el control de las togas de por en medio, salpimentada en España con la certidumbre de que el Poder Judicial pasó de la dictadura a la democracia sin renovar la atmósfera que se respira en la cima de la institución, por decirlo de forma contenida.

Aunque Alfonso Guerra dio en su día por superado a Montesquieu –a saber si se trató de una boutade o de una opinión arraigada en el personaje–, el cometido de los jueces debe disfrutar de independencia de criterio para que la interpretación que de la ley hagan no esté bajo permanente sospecha. Tan malo resulta politizar la justicia –controlarla entre bambalinas, según el mensaje de Cosidó– como judicializar la política –el camino elegido por el anterior Gobierno–, porque en ambos casos se adultera o modifica el cometido de las instituciones. Tan negativo es para el prestigio de la función del Gobierno pasar la patata caliente a los jueces como lo es para los jueces la revisión inaudita de una sentencia del Supremo promovida por el mismo Supremo a causa del perjuicio –relativo, hay que añadir– que podía causar a los bancos.

En plena efervescencia y auge de los populismos, tal cadena de despropósitos da alas a la extrema derecha vociferante, a los nacionalismos encendidos y a la división de la sociedad en dos realidades enfrentadas: el pueblo, mencionado sin más especificaciones, y los políticos. Dos grandes periódicos europeos han publicado en fechas recientes artículos que analizan por qué el desgaste de las democracias liberales ha facilitado el ascenso del griterío demagógico de los populismos, que disparan a cuanto se mueve: el historiador Thomas Branthôme escribe en Le Monde que “el populismo es menos un concepto analítico que una estrategia” y el politólogo holandés Cas Mudde, en The Guardian, define el populismo “como una ideología que considera la sociedad separada en dos bloques, el pueblo puro frente a la élite corrupta”. En ambos casos hay una convicción implícita, compartida por el politólogo francés Alexandre Dorna: se trata de una enfermedad contraída por la democracia.

El hecho es que el contagio de la enfermedad ha contaminado a la derecha clásica, dispuesta a asumir partes significativas de los programas de las organizaciones ultras y a practicar un nacionalismo ruidoso y exaltado, que en España ha transformado el perfil ideológico del Partido Popular y de Ciudadanos, amenaza con hacer lo propio con la CDU en cuanto Angela Merkel deje la dirección –ahí están las primeras salvas disparadas por Friedrich Merz– e impregna las proclamas de la derecha francesa desplazada del poder por un partido de perfiles tan inconcretos como La République En Marche de Emmanuel Macron. Todo ello forma parte del paisaje político europeo, es fácil encontrarlo detrás del galimatías del brexit y amenaza con dañar toda la política, con sumar adeptos a la idea expresada por el alemán Jan-Werner Müller: “El populismo no es solo antielitista, sino también y sobre todo antipluralista”.

¿Por qué este populismo de derechas, depositario de algunas inquietudes sociales, se tiene en Europa por más lleno de riesgos para el futuro que el así llamado populismo de izquierdas? Porque salvo en el caso de Italia, con el experimento en curso del M5S asociado a La Liga, los partidos populistas que rondan a la izquierda clásica –la socialdemocracia y derivados– han atenuado el discurso –el ejemplo de Podemos–, ejercen una radicalidad mayor en el léxico que a la hora de actuar y han asumido como algo insuperable que el electorado de izquierdas es mayoritariamente moderado y nunca apoyará experimentos políticos de desenlace manifiestamente incierto. Esto es, el votante de izquierdas aspira a preservar el Estado de bienestar, a combatir la pobreza y a garantizar la continuidad sin sorpresas del régimen de libertades.

De ahí que sea mucho mayor la alarma de la izquierda populista cuando el sistema liberal quiebra las reglas, cuando las instituciones presentan vías de agua que es imposible taponar, cuando los parlamentos se convierten en foros aptos para oradores destemplados –el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya estos días–, donde el debate político se transforma en una mera disputa entre enemigos y deja de ser un diálogo entre adversarios. En estos episodios cada vez más frecuentes, la extrema derecha desarrolla a brochazos una teoría del pueblo “como si lo conociese de memoria, como si lo hubiese hecho” (Noémie Rousseau, en Libération después de la victoria de Trump).

Son demasiados los motivos de insatisfacción o de queja que los gestores de las instituciones dan a los ciudadanos para que estos no se suman en una desorientación creciente, conscientes quizá de que todo es política, y no pueden excluirla de sus vidas, pero hartos de asistir a las mismas peleas por los mismos motivos. Así empieza lo malo, puede decirse, remisión a la frase escrita por William Shakespeare que da título a una gran novela de Javier Marías; así empieza lo malo porque los caminos elegidos impiden enfrentar la realidad presente o la soslayan, o la desvirtúan groseramente, y todo empeora sin remedio.

Acercamientos y recalentamiento del ‘procés’

El último episodio del procés, el de los mensajes difundidos en un chat por jueces de perfil presumiblemente conservador, no hace más que avivar el fuego, enardecer la controversia y dañar la imagen global de unos funcionarios públicos que más parecen adscritos a las pasiones de la política y los políticos que a la tantas veces invocada fría ecuanimidad de quienes tienen por misión aplicar la ley a quienes la infringen. Las informaciones de eldiario.es y elmon.cat confirman, además, la división tajante dentro de la carrera judicial –críticas dirigidas a las organizaciones de orientación progresista: Jueces para la Democracia y Ágora Judicial– entre lo que bien cabe calificar de togas airadas y cuantos manifiestan su preocupación frente a lo que entienden que se trata de una minoría –el chat tiene más de 5.000 usuarios– que expresa “un pensamiento tan ofensivo”.

En pleno calendario recordatorio de los sucesos de hace un año, de aquella sucesión de jornadas alejadas de todas las convenciones políticas conocidas, los mensajes divulgados contribuyen a agrandar las dificultades para sistematizar la crisis y acotar el terreno de juego. Si cada día surgen nuevos factores de inestabilidad o desconcierto que modifican lo hasta entonces sabido, engordan los respectivos memoriales de agravios y enriquecen las arengas de los hiperventilados a ambos lados de la divisoria, mal puede serenarse el debate, la negociación o los acercamientos en curso.

De nada vale apelar a la consabida recomendación de que no debe confundirse la parte –los autores de los mensajes– con el todo –los integrantes de la carrera judicial– cuando toda ocasión es buena para desacreditar al adversario, haya o no motivos suficientes para hacerlo. Resulta por lo demás ingenuo dar pábulo a la creencia de que las opiniones contenidas en los mensajes no recogen el sentir de una parte de la judicatura, defraudada con la suerte corrida por las euroórdenes del magistrado Pablo Llarena y asaeteada por las críticas movilizadoras del independentismo catalán más un conglomerado de voces de diferentes izquierdas.

El desaparecido Butros Butros-Ghali, viejo zorro de la política, sostenía que para iniciar una negociación con futuro hay que dejar a un lado cuanto sucede a partir del momento en que se empieza a hablar, porque toda negociación, decía, tiene siempre enemigos que se oponen a ella. Pero en el procés no se ha llegado a este punto, sino más bien a una terra ignota en la que cada día surge una nueva trampa para osos, un exabrupto ofensivo, una convicción desmadrada o cualquier otro ingrediente que llena de riesgos la exploración para hablar y acordar. Lo mismo vale bloquear una moción en el Congreso para negociar con el Gobierno de acuerdo con la ley –victoria del independentismo fundamentalista– que asegurar la presencia de la Generalitat en la Comisión de Financiación Autonómica –triunfo del nacionalismo posibilista– para alterar los biorritmos: cada parte se frota las manos o se rasga las vestiduras según los casos, el momento, las mayorías y la política de las emociones en la vía pública.

En este terreno abonado a la simplificación de los argumentos, los populismos de nuevo cuño (quizá no tan nuevo) fundamentan su discurso a voces y creen que pueden erosionar de una sola tacada la imagen del Gobierno y la facción más realista del independentismo. Las piezas a cobrar son Pedro Sánchez, con las encuestas de cara, y la voluntad electoral de la España alarmada por el desafío catalán al orden constitucional, y ahí vale todo o poco menos, llenas las tribunas de exaltados que piden la vuelta al 155 y su aplicación sine díe mientras la ANC, Òmniun Cultural, los CDR, la CUP y un variado tutti fruti de siglas reclama la república exprés en medio de un mar de lazos amarillos.

Estos jueces del chat, con su recurso a adjetivos hirientes y consideraciones más propias de los excesos verbales de una sobremesa que del ilustre colectivo al que pertenecen, han rendido un impagable servicio a los exaltados adscritos al cuanto peor mejor. Lo dejado por escrito por estas señorías vale lo mismo para un roto que para un descosido, es tan útil a los que se mudaron a Bélgica hará pronto un año como a los que creen que la defensa de la unidad ha quedado en manos de los jueces, y cualquier alternativa no es más que blandenguería posmoderna. Ahí están las cuatro exigencias hechas por Quim Torra a renglón seguido de la publicación de los mensajes de los jueces y los aplausos de la derecha para confirmar que en este laberinto de pasiones todo el mundo es capaz de sacar tajada de cualquier situación. Y aun así resulta poco realista suponer que el tropiezo puede cercenar los movimientos de aproximación o de tanteo entre Madrid y Barcelona, que existen y tienen en un grito al independentismo sin fisuras y al nacionalismo español.

Por más que Carles Puigdemont pida a los catalanes afectos a su causa que “se planten” –poco antes declaró que la independencia será para dentro de 20 o 30 años– y que el president Torra, auxiliado por la ANC y Òmnium, haya convertido el primer aniversario del 20-S en un alegato contra el sistema judicial (una multitud frente a la Conselleria de Economia), solo una componenda presentable y defendible puede sacar al convoy de la vía muerta en el que quedó aparcado después del choque de trenes. Si no fuera así, carecerían de sentido el bloqueo del Parlament, que sigue cerrado por el desacuerdo entre independentistas, las palabras de Josep Borrell y Meritxell Batet lamentando las prisiones preventivas, tan inconvenientes para lograr que baje el souflé, y tantas declaraciones solemnes que luego no se traducen en nada, pero que alimentan la política del balcón tan diferente siempre a lo que se cuece entre bambalinas.

Pedro Sánchez dirige la catarsis

Las contradicciones son uno de los motores de la historia y la suma de voluntades tan heterogéneas como las que han descabalgado al PP del Gobierno es la última prueba de que tal afirmación se ajusta a la realidad. Con independencia de la naturaleza del casus belli que desencadenó la moción de censura, la confluencia de intereses que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa debería mover a los populares a buscar una respuesta convincente a la pregunta formulada por el secretario general del PSOE durante el debate: ¿por qué nadie quiere ser compañero de viaje del PP en una situación de crisis extrema? Una respuesta que ineludiblemente debe incluir el reconocimiento de los errores cometidos –la pestilencia de la corrupción, en primer lugar– y la sensación de hartazgo a causa del precio social pagado por la salida de la crisis económica y no restituido a los millones de perjudicados.

La obstinación del PP en desentenderse de la primera de las sentencias del caso Gürtel, como si el partido pudiese salir indemne de los efectos políticos de su contenido, ha desencadenado un terremoto político sin precedentes que ha reunido a una veintena de partidos detrás del PSOE. Pero quizá sin el capital de espinosos asuntos pendientes acumulados por el Gobierno y el partido que lo sostenía, empezando por el damero territorial (Catalunya), el acopio de apoyos hubiese sido menor o menos virulento; acaso los síntomas de desgaste no hubiesen llevado a tan variopinto mosaico de opiniones a dar por bueno el final del Gobierno del PP y las contradicciones habrían impedido tal desenlace. Tampoco es seguro que Ciudadanos se hubiese lanzado a la piscina sin comprobar antes si estaba llena o no si la reacción del PP, conocida la sentencia, hubiese sido otra, por ejemplo mediante la dimisión de Mariano Rajoy.

Lo cierto es que el PP no recurrió a ninguno de los resortes defensivos hipotéticamente eficaces para contrarrestar o asumir la sentencia como problema propio. No recurrir a la moción de censura en tal situación habría sido poco menos que poner sordina a la estridencia del fallo, encubrir su alcance y transmitir la imagen de que los políticos profesionales se afanaban en proteger un particular corralito de intereses y complicidades cruzadas. Era necesario un ejercicio de ventilación democrática del Parlamento y de exigencia de responsabilidades para evitar la deshonra del encubrimiento por inacción, para neutralizar la sensación de que entre ellos –los integrantes del establishment político– todo pasteleo es posible.

Cuantos se rasgan las vestiduras hoy en razón de la formación de un Gobierno sostenido por un partido que no ganó las elecciones callan siempre que en las legislativas no se vota al presidente del Gobierno, sino antes bien a un partido, y que salvo en los casos de mayoría absoluta, la formación de mayorías parlamentarias no tiene por qué atender al principio de que el partido más votado es aquel que debe encabezar el Ejecutivo. Quienes desde la tribuna del Congreso, en las tertulias organizadas por RTVE y en otros barrios sostuvieron y sostienen que los españoles quisieron en 2016 que el PP fuese el partido más votado, como si tal cosa impidiera gobernar al PSOE, habrían de repasar en algún manual los fundamentos de la democracia parlamentaria, tan sencillos y convenientes: quien arma una mayoría tiene derecho a gobernar, a intentarlo al menos, sin asomo de duda democrática.

De igual manera, cuantos defienden que la única salida honorable era convocar elecciones se escudan con frecuencia en el perfil de fracasado en las urnas y conflictivo en su partido que acompaña a Pedro Sánchez. Al adentrarse por este sendero, olvidan que el interesado ha dado muestras de una capacidad de supervivencia política fuera de toda duda, de tal manera que aquel que dejó el acta de diputado para no verse obligado a abstenerse en la última investidura de Mariano Rajoy, ganó unas primarias en el PSOE con el aparato en contra y ha regresado al Congreso para sentarse en el banco azul después de concertar por lo menos una vez una mayoría ad hoc multicolor. Ciertamente, la legislatura está a un paso del agotamiento, pero las prisas de Ciudadanos por acudir a las urnas, espoleado por las encuestas y envuelto en la bandera de un nacionalismo a la antigua usanza, ha condenado al partido a sostener un discurso identitario tan perturbador como muchos de los oídos en Catalunya al socaire del procés.

Para el otro partido de la derecha española, la tensión territorial es el resorte que pone en marcha el taxímetro de los votos. En consecuencia, toda aproximación política al problema catalán es una malísima noticia, porque corre el riesgo de que a medio plazo dé resultado, se concrete en alguna forma de pacto que deje el discurso de Albert Rivera sin acomodo, fuera de la realidad, con menos público del que ahora tiene. La aplicación del artículo 155 y su propuesta de mantenerlo después de la formación de un Govern viable ha tenido tal rentabilidad en las encuestas que cualquier cambio en la gestión de la crisis catalana, por pequeño que sea, puede dañar sus expectativas.

La coalición en minoría y de facto entre el PSOE y Podemos ha roto el esquema de Ciudadanos sin que, por lo demás, quepa deducir del discurso de Pablo Iglesias y del abrazo final con Sánchez la consistencia de tal alianza. Este Podemos del jueves y del viernes es bastante diferente de aquel otro que hablaba de la casta, del que se opuso a un Gobierno en minoría de los socialistas con Ciudadanos y del que presentó una moción de censura hace un año. La complejidad de la política y la arriesgada apuesta de estos días han llevado al partido a moderar el discurso radical y el programa máximo con dosis de realismo –comerse el presupuesto con patatas, dijo Iglesias–, con la necesidad de lograr que encajen todas las piezas en una organización que está lejos de ser un partido homogéneo. Pero, al mismo tiempo, la certidumbre que tiene Podemos de que uno de los caladeros en los debe pescar es en el de los votantes socialistas obliga a preguntarse cuánta vida útil puede tener su entendimiento o colaboración con el PSOE.

El sistema político español explora así en terreno desconocido y se suma a otros experimentos en curso en Europa obligados por la fragmentación electoral, la existencia de parlamentos sin mayorías claras, el desafío populista y la extrema derecha renacida. Por primera vez en 40 años ocupará el Gobierno un partido en manifiesta minoría, con una mesa del Congreso controlada por sus adversarios y con mayoría absoluta de estos en el Senado. Será el PSOE un partido empeñado en un proyecto de regeneración del Estado y de sus instituciones, pero obligado a gestionar una geometría variable llena de aristas, con su propio lastre de juicios en los que deben sustanciarse presuntos casos de corrupción. Nada será fácil en esa catarsis que desembocará en unas elecciones anticipadas aún sin fecha y de resultado imprevisible porque Sánchez se ha convertido en un líder visible.

Puigdemont, una estrategia encubridora

La nueva entrega del circo de Puigdemont, expresión manejada por la profesora danesa Marlene Wind, tan poco sometida a los encantamientos del procés y de la internacionalización de la crisis pretendida por el soberanismo, ha certificado el error táctico cometido por el expresident en su pretensión de situar en el centro del conflicto la restauración de una presunta legitimidad democrática y no el cumplimiento de la ley. Las preguntas de la docente, tan precisas y concluyentes, se han vuelto contra los objetivos perseguidos por Puigdemont, acaso también por una parte del independentismo al galope, al aparecer las leyes vigentes, aprobadas por dos parlamentos democráticos, el español y el catalán, como una línea infranqueable que separa lo ilegítimo de lo que no lo es. Las leyes no son inmutables, ni siquiera perfectas y a gusto de todos, deben reformarse cuando son inadecuadas o quedan superadas por la realidad, pero no pueden soslayarse o incumplirse en nombre de principios genéricos tan traídos por los pelos como el derecho a decidir, en nombre de la abusiva creencia de que hay un mandato popular que legitima transgredir la Constitución y cuanto de ella se deriva.

El enfado con la Unión Europea del huidizo Puigdemont es perfectamente lógico y comprensible: esperaba que fuese la caja de resonancia que ampliara las exigencias independentistas frente a la cerrazón, asimismo abusiva y, sin duda, paralizante del Gobierno español. Pero se ha dado de bruces con la realidad, tan tozuda, con la solidaridad interestatal y con la opinión mayoritaria en la comunidad académica de que la ley puede y debe cambiarse mediante mayorías indiscutibles y de acuerdo con los mecanismos que la propia ley prevé, empezando por la Constitución misma. Dicho en corto: si una ley no funciona, es ineficaz o queda superada por los acontecimientos, hay que cambiarla a la mayor brevedad siempre y cuando sea mayoritaria la percepción de dicha urgencia en las instituciones –los parlamentos– encargadas de hacerlo. Si se suplanta el camino fijado por la ley misma por una simple maniobra de transgresión, el disparate o el despropósito están servidos.

Los argumentos de los encarcelados posteriormente liberados y de quienes siguen en prisión y han pedido al juez Pablo Llarena salir de ella han esgrimido por activa y por pasiva, sea de forma implícita o explícita, este principio de acatamiento de la ley –añadir por imperativo legal es una redundancia–, y a nadie puede sorprender que lo hayan hecho porque es consecuencia de la estrategia de sus defensas, del todo coherente con el acervo europeo en cuanto atañe al respeto por la ley. La reacción de los gobernantes europeos no es ni una excepción ni una sorpresa, sino todo lo contrario: era impensable que dudaran y transmitieran la impresión de que pasaban la maroma sin red tendida a medio camino de la defensa del Estado de derecho y de la comprensión con los arrebatos soberanistas registrados en Catalunya entre primeros de septiembre y finales de octubre. Y tal actitud ha continuado después del 21 de diciembre, habida cuenta de que la convocatoria electoral, el resultado de las urnas y la formación del nuevo Parlament es inseparable de los requisitos establecidos por las mismas leyes que el núcleo bruselense quiere dejar sin efecto mediante alguna alternativa, más chocante siempre que imaginativa (la proclamación de Puigdemont plasma mediante, por ejemplo).

El viaje a Bruselas del presidente del Parlament, Roger Torrent, para despachar o auscultar al expresident tiene el valor que se le quiera dar, pero pudiera ser el último acto necesario para certificar que con su eventual elección en el puente de mando del Gobierno catalán sería inalcanzable el objetivo fijado por el propio Torrent: que el Ejecutivo sea eficaz y útil desde el primer día, dicho con estas u otras palabras. Forzar el reglamento de la Cámara y consagrar a Puigdemont lleva indefectiblemente a perpetuar la aplicación del artículo 155 , la división social y la permanencia de la autonomía en la UVI. No hace falta echar mano de los argumentos del bloque constitucionalista para llegar a esta conclusión: los comuns, tan contemporizadores con el soberanismo, descartan apoyar la investidura de un president virtual, cuya primera herramienta de trabajo debería ser Skype.

Quizá la jornada bruselense de Torrent sea un paso obligado, profesional, quizá se trata del último acto de sometimiento de la mayoría parlamentaria a los planes pergeñados por Puigdemont y no tiene más objetivo que demostrar la inviabilidad del propósito. Quizá todo se deba a la necesidad de demostrar que es indispensable la aparición de un candidato alternativo, capaz de formar un Govern en activo desde el primer día, que pueda acudir al despacho todas las mañanas, que haga de la aplicación del artículo 155 un enojoso paréntesis del pasado y que esté en condiciones de pilotar el independentismo sin saltarse la Constitución, el Estatut, los dictámenes de los letrados del Parlament y el reglamento a las primeras de cambio. Quizá el relato vaya de eso o de algo parecido a eso; si, por el contrario, va de insistir en el vértigo de 2017, el propósito último de los rectores del independentismo es volver a la casilla de salida, y salga el sol por Antequera.

En la espera, en el descanso antes de que empiece la segunda parte, el soberanismo desvía la atención de asuntos acuciantes para medir la solvencia de sus gobernantes del pasado, imbuidos la mayoría de un pétreo sentimiento de posesión de la verdad, de una verdad absoluta e indiscutible, depositaria de una superioridad moral sin parangón posible. Así sucede con la sentencia del caso Palau, tan esclarecedora de los manejos del universo convergente y de algunos de sus sucesores, y así sucede con esa revelación reciente, no menos esclarecedora, referida al propósito del mando de los Mossos de incinerar las pruebas del aviso procedente de Estados Unidos (mayo de 2017) acerca del riesgo que corría Barcelona de sufrir un atentado. En ambos casos, no se ha dejado oír una sola voz pidiendo disculpas por la pestilencia del 3% y por la arremetida contra EL PERIÓDICO, dentro y fuera de las redes sociales, en cuanto reveló la existencia de la comunicación estadounidense.

En tradiciones democráticas y periodísticas de otras latitudes, la conclusión del caso Palau y ocultar las falsedades sostenidas por el Govern con posterioridad al atentado del 17 de agosto –no hubo aviso desde Estados Unidos, aseguró– hubiesen desencadenado una crisis de confianza en todas direcciones, seguido de dimisiones, mea culpas y otros daños colaterales. El simple encabezamiento de la información publicada el lunes por EL PERIÓDICO habría zarandeado las columnas del templo (ilustra mucho leer cada cierto tiempo Todos los hombres del presidente, el caso Watergate  propiamente dicho, el precio que retrospectivamente tiene mentir). Aquí no ha pasado nada, o casi nada, o muy poco, porque el circo de Puigdemont lo encubre todo, pasa por encima de cualquier acontecimiento relevante, mantiene a una parte considerable de la opinión pública absorta en el viaje a Ítaca con parada y fonda en Bruselas por tiempo indeterminado, como un atasco en hora punta.

Solo incertidumbres a las puertas del 21D

Al acercarse el día D, multiplicarse las encuestas, desbordarse las promesas electorales y proliferar los análisis se asientan en los votantes emociones encontradas, las más de las veces condimentadas con dosis variables de desconcierto, de asombro y aun de hartazgo. En esa extraña campaña con candidatos en la cárcel, candidatos en libertad bajo fianza, candidatos exaltados por agravios de diferente signo y naturaleza y candidatos distribuidos en bloques, apenas importan los programas, reducido todo a una brega sin cuartel por sostenella y no enmendalla en el campo soberanista y por enmendalla del todo en el universo constitucionalista, tan improbable como universo, como bloque o como agrupación instrumental.

Así están las cosas: Carles Puigdemont cree atesorar títulos y sacrificios –bruselenses– para ser el único candidato legitimado para volver a la presidencia, previo cruce de la frontera blindada; ERC espera contener el deslizamiento de votos para situar en la presidencia a Oriol Junqueras o Marta Rovira, según sea la situación futura del exvicepresidente encerrado en Estremera; Inés Arrimadas (C’s) echa cuentas en pos de una victoria y Miquel Iceta (PSC) hace lo propio sin pensar en la victoria, dispuesto a encarnar la síntesis necesaria para evitar una confrontación estéril entre minorías parlamentarias que lleve indefectiblemente a nuevas elecciones (un posibilidad que viste los ropajes de lo que sería un doble fracaso político y económico). Así están las cosas, con el dato añadido de que el perfil ascendente de JxCat merced a la participación activa de Puigdemont en la campaña, entre otras razones, coincide inevitablemente con el perfil declinante de Junqueras, imposibilitado este de recurrir al plasma para estar presente en los actos de su partido.

Por detrás de este cuarteto asoman tres candidaturas a la búsqueda de un papel relevante en la obra: los comuns, la CUP y el PP. Los primeros creen ver su futuro convertidos en muleta o aliados accidentales del PSC, los segundos apuntan por la vía unilateral a pesar de la experiencia vivida a partir del 27 de octubre, los terceros no tienen quien les escriba, salvo que el porvenir presidencial de Arrimadas dependa de ellos. Todo bastante confuso e inconcreto, más próximo a una operación aritmética imposible que a un desenlace verosímil de la crisis, aquel que permitiría rebajar la tensión, activar la economía y llevar al ánimo del Tribunal Supremo la necesidad de que la justicia se ponga al servicio de la concordia y no viceversa (dicho sea sin poner en duda la vigencia de la división de poderes, tan abusivamente citada). Todo condicionado o sometido a un frentismo en el que, a cada lado de la divisoria, hay codazos para ocupar el centro y atraer voluntades que permitan conquistar la presidencia.

Pero la confusión se impone en los prolegómenos del día D (el jueves,21), espoleada por la radicalización en el campo soberanista, herido por los encarcelamientos y la instalación sine díe del expresident en Bélgica, por el desasosiego inquietante provocado por el presunto propósito del Gobierno de mantener la vigencia del 155 si de las urnas no sale el futuro deseado –que el independentismo no regrese al puente de mando– y por esa tendencia a la arenga constitucionalista de algunos candidatos –Arrimadas y García Albiol–, más propia de fundamentalistas que de políticos. Y la confusión se acrecienta con las discrepancias argumentales entre la celda de Estremera –la unilateralidad ha muerto; solo cabe la bilateralidad– y esa contaminación cupaire de los mítines de ERC, tan necesitada de contrarrestar las soflamas de Puigdemont desde una pantalla.

La oratoria encendida de los debates en televisión, el tono de las entrevistas en TV3 –la de Miquel Iceta, el ejemplo más llamativo–, la animadversión indisimulada entre candidatos –el cara a cara à bout de souffle de Rovira y Arrimadas en Salvados– y un encono sin comparación posible con otras campañas presagian un día siguiente al día D de una complejidad irresoluble, próxima a las adivinanzas que la cruel princesa Turandot planteaba a sus pretendientes. De momento, brilla por su ausencia la voluntad de encontrar un punto medio entre los objetivos de ambos bandos o trincheras, como si la degradación del marco político, la fractura de la calle y la incompatibilidad de propósitos configuraran una lucha entre adversarios irreconciliables.

El espacio dedicado a la autocrítica ha quedado reducido a su más mínima expresión, singularmente en el campo soberanista, donde la mezcla de arrepentimientos de primera hora y reconocimientos de que bastantes cosas se hicieron mal y hubo engaño manifiesto, ha dado paso a una exacerbación de las pasiones, estimulada por los encarcelamientos, primero, por la decisión del magistrado Pablo Llarena de mantener entre rejas a Junqueras, Forn y los Jordis, por el episodio de Sijena, más tarde, y por un sinfín de investigaciones en curso, siempre en primera página los rostros más visibles del independentismo. De la misma manera, ha quedado reducido a su más mínima expresión, por no decir que se ha esfumado, el papel reservado a las opciones intermedias, susceptibles de ahormar alguna forma de conciliación, porque todo el mundo aspira a lograr una victoria por sus propios medios sin ceder un milímetro (la lógica de los eslóganes obliga a ello).

Esta es la situación, agravada por la desaparición de los bloques ideológicos (derecha, izquierda), suplantados por los instrumentales (independencia, sí; independencia, no). Un agravamiento reflejado en los comentarios suscitados por la configuración de la candidatura de Miquel Iceta, una versión de bolsillo del compromiso histórico y de la complicidad política de democristianos y socialdemócratas en la construcción de la Europa que conocemos, dos tradiciones en la articulación de la Europa de nuestro tiempo que, trasladadas a Catalunya, han dado pie a caricaturas y simplificaciones. Poco importan las ideas, solo importan la identidad y la mitología de las naciones, sean estas las que sean.

“La política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre política generalizada”, afirma Edgar Morin, y en esas estamos. Una incertidumbre corregida y aumentada por la negativa de todos a pagar el precio político de llegar a una solución transaccional que, quizá, supusiese el final del recorrido político de los implicados en la operación. Por el contrario, las encuestas indican que los partidarios de los desenlaces rotundos suman adeptos con mayor y más continuada tendencia a ascender que los dispuestos a alguna forma de acuerdo o pacto. A escala catalana y española, a través de la sacralización de los nacionalismos, de la simplificación del conflicto, reducido en los discursos a un choque irresoluble de identidades reales o fabricadas, ocultas detrás de la “negra espalda de tiempo” (William Shakespeare, varias veces citado por Javier Marías), y que el día 22 estarán sobre la mesa al margen de cuál sea el resultado electoral.

 

Vías nuevas hacia el 21D

El curso acelerado de Derecho Penal a que ha sido sometida la opinión pública desde que entró en acción el inquietante José Manuel Maza hasta la liberación de Carme Forcadell después de pasar una noche en la cárcel y de depositar una fianza de 150.000 euros abre nuevas rutas en el laberinto catalán, aunque el camino de salida no se adivine o siga sujeto a toda clase de interpretaciones apasionadas. De momento, ha quedado meridianamente claro que el Tribunal Supremo practica la virtud de la proporcionalidad, el magistrado Pablo Llarena su representante, y la Audiencia Nacional, Carmen Lamela su cara visible en este caso, tiende a la desmesura. Si la DUI no fue más que simbólica, si todo fue un exceso al calor de las emociones y la movilización en la calle, como dice la presidenta del Parlament, mejor abrir las celdas, destensar la cuerda y esperar a ver qué deciden los votantes el 21D.

De hecho, si todo el mundo está dispuesto a participar en la cita electoral, incluida la expedición bruselense, todo el mundo acata implícitamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, nada simbólica, y deja en el desván de la memoria las agitadas jornadas que transcurrieron entre el 6 de septiembre y la declaración de la DUI, el 27 de octubre. Si cuanto se aprobó aquel día careció de valor jurídico –ni siquiera se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat–, si todo fue un error, un despropósito y un exceso, según se afirma ahora, la rebelión, la sedición o cualesquiera otras figuras que se le puedan ocurrir al inquietante Maza son meramente simbólicas y no tiene sentido tener a los exconsellers en la cárcel y a la calle, en un grito.

Si, por el contrario, un problema político de dimensiones inabarcables se reduce a una disputa entre diferentes formas de fundamentalismo autoritario, entonces todo se complica, el cielo se oscurece y surge la duda, la gran duda: qué capacidad aclaratoria puede tener el 21D si hemos de seguir oyendo que la ley dice, que la Constitución dice o que la república llegó para quedarse, aunque nadie la reconozca. Que hay que cumplir la ley es una obviedad, que toda opción política no violenta está legitimada en un marco democrático, también lo es, pero cuando surgen incompatibilidades manifiestas entre la aplicación de la ley y un determinado proyecto político con peso específico en una comunidad –hoy sucede en Catalunya–, los únicos caminos que ni siquiera hay que considerar son el recurso a los tribunales desde una acera y los métodos expeditivos desde la otra.

Las soluciones binarias debieran estar proscritas en los conflictos políticos de nuestro tiempo: o estás conmigo o contra mí; o proclamas la independencia o eres un traidor; o cumples la ley o la fiscalía se pone en marcha sin mayores consideraciones de oportunidad y tiempo; y así hasta ninguna parte. Las tertulias plurales en la televisión y la radio –bastante menos frecuentes de lo deseable– suelen acabar en empate porque los planteamientos binarios no conducen a ninguna estación de llegada, aunque se abren vías nuevas hacia el 21D, sobre todo si el magistrado Llarena reclama para sí la causa seguida por la jueza Lamela contra Oriol Junqueras y más de la mitad del Govern suspendido. Y si eso sucede es porque el enconamiento, fruto de un enfoque binario del problema ha calado en muchos opinantes con la misma o parecida pasión que los seguidores de un club (como fans envueltos en la bandera las más de las veces; excepcionalmente, como hooligans tempestuosos).

En la frase de Pablo Llarena “tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional” hay dosis muy estimables de sentido común –tan invocado desde todos los frentes; Mariano Rajoy el más proclive a hacerlo– y puede que también una vieja disputa jurisdiccional. En cualquier caso, la razón última de las libertades bajo fianza decididas por el magistrado importa menos que el hecho de que rompe con los planteamientos binarios, los excesos procesales y los agravios comparativos. Rompe asimismo con el dilema de quién, por encima o al margen de la ley, es poseedor de la hegemonía político-cultural en el marco de la crisis: el Gobierno, que activó a la fiscalía, o el soberanismo catalán, que aplaudió la DUI (ese es también un esquema binario).

La partida que se disputa no es a blanco o negro, a par o impar y así sucesivamente, como en la ruleta, ni es tampoco un juego de astucias o engaños, como el póker, sino más bien una partida reservada a jugadores sutiles, a adictos a la inacabable gama de grises que caracteriza la política moderna, sin buscar la derrota humíllate del adversario. Acaso el viaje de descubierta de Carles Puigdemont y acompañantes a Bruselas persiga lograr un triunfo sin paliativos, pero no es precisamente la UE el lugar mejor para ir en pos tal objetivo, tan acostumbrados los timoneles de la institución a situarse en el gris propio de la transacción y del pacto, de un juego de pesas y medidas apegado al realismo a todas horas. No hay en las gestiones bruselenses del expresident el menor atisbo de apego al gris, a esa zona indeterminada en la que todo es posible y, al mismo tiempo, nada es para toda la vida.

Como en la película À bout de souffle, vivir sin aliento impone un desgaste, un cansancio y finalmente una desazón insoportables. El vigor de las protestas, el recurso a las estelades, las manifestaciones que desbordan las avenidas, la solidaridad con los Jordis y esa secuencia interminable de actos reivindicativos de toda índole impone una tensión colectiva en ambos bandos condenada a transformarse en decepción si, como es muy probable que suceda, nadie queda completamente satisfecho con el desenlace del 21D. A los cómicos de la legua de Viaje a ninguna parte, Fernando Fernán Gómez el autor, les vence el cansancio y el fracaso, algo a lo que ahora se exponen en otro viaje aventurado quienes creen que el partido puede disputarse aún en Bruselas y no, en Madrid y en Barcelona.