Bárcenas se adueña del micrófono

Resumen de lo publicado entre poco antes y poco después de que Luis Bárcenas saliera de la cárcel previo pago de una fianza de 200.000 euros, que a muchos les parecen pocos menos que simbólicos, pero que se ajustan a derecho según conviene decir en aras de la corrección política y los buenos modales. Vayamos al resumen:

Los bancos andorranos no quieren testificar en el Parlamento catalán sobre las cuentas de Pujol, los dineros de los Pujol o al menos de algunos de los Pujol.

Carlos Floriano, del PP, dice de Luis Bárcenas: “Este señor nos engañó”. Pero el tal señor recibió el aliento decidido de Mariano Rajoy para que resistiese como un jabato.

No pasa un día sin un Gürtel ni semana sin imputación.

Juan Carlos Monedero, de Podemos, promete aclarar cuanto convenga de sus ingresos por trabajos facturados si se lo autoriza… Venezuela.

Tania Sánchez, de IU, tendrá que renunciar a su candidatura por Madrid si resulta imputada en un confuso caso de subvención pública de actividades privadas en las que aparece su hermano.

Susana Díaz, del PSOE andaluz, con el lío de los ERE de por medio (una burrada de millones), sopesa convocar elecciones para obtener la legitimación de las urnas antes de disputar el despacho del PSOE en Madrid a Pedro Sánchez.

Un juez requisa los contratos con la red Púnica en varias dependencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid (las sospechas alcanzan a colaboradores directos de Ignacio González, presidente madrileño).

El matrimonio Urgandarín-Borbón vende por seis millones de euros el palacete de Pedralbes, en parte embargado.

Oriol Pujol da a entender que todos son inocentes (entiéndase, los Pujol).

El llamado caso Palau anda atascado en un galimatías procesal que quizá tenga justificación técnica, pero carece de justificación social.

Artur Mas se dispone a aprobar un presupuesto, apoyado por ERC, que incluye ingresos virtuales (dependen de la caja del Estado).

Mariano Rajoy y su séquito están exultantes con las cifras de empleo del 2014, pero resulta que hay más de cinco millones de desocupados, la tasa de paro se mantiene en el 23,7% y en 1,7 millones de hogares nadie tiene un puesto de trabajo.

Y así se podría seguir muchas líneas más a riesgo, claro, de sembrar el aburrimiento cuando no la depresión.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

El filósofo Daniel Innerarity dice: “Si ponemos el foco en la corrupción, existe el riesgo de pensar que, si no la hay, la política funciona bien. Y a mí me preocupa más la política que no funciona bien cuando no hay corrupción. La política es un instrumento para dar solución a los problemas, por lo que no se trata tanto de un problema de rearme moral, sino de construir un sistema inteligente de gobierno”. El razonamiento resulta impecable, pero a la opinión pública, a los electores, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a los votantes, a los administrados les resulta cada día más difícil comprender o aceptar que los administradores son servidores abnegados en su inmensa mayoría; los administrados circulan con la reserva de confianza bajo mínimos y cada día les viene más cuesta arriba admitir que eso de la corrupción es un submundo en el que se ha refugiado una minoría para enriquecerse a costa de la mayoría y de expandir el desprestigio de la política.

Innerarity sostiene, además, a propósito de la corrupción: “Se erosiona la única autoridad por encima de los técnicos, de los expertos. Indirectamente, esa crítica furibunda contra la clase política, a la que algunos quisieran ver fuera de juego, otorga una autoridad a técnicos y expertos que no deberían tener”. Eso está sucediendo ahora, y es un refugio ideal para que gobernantes mediocres y gestores osados se apareen y arrinconen la política, el viejo arte de afrontar los retos de cada época más allá de los libros de contabilidad y de las estadísticas interesadas. Cuanta menos política, más tecnocracia; cuanta menos política, más hojas de Excel, más Fondo Monetario Internacional y desmantelamiento del Estado de bienestar bajo el epígrafe de reformas.

Nada del todo nuevo bajo el sol. Maquiavelo escribió en los Discursos: “Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones”. Lo que sucede hoy –los días de Maquiavelo no fueron muy diferentes en ese aspecto– es que quienes dicen ocuparse de atajar la corrupción albergan, al mismo tiempo, la preocupación de salir trasquilados, de que aquello pensado para sanear la vida pública se vuelva contra ellos o sus allegados políticos a través de una trama de intereses que quizá no controlan o de la que simplemente desconocen la existencia (es último es poco creíble).

Maquiavelo cree incluso preferible confiar en “hombres montaraces” –de nuevo, los Discursos– para fundar una república (entiéndase un Estado de nueva planta) que aquellos de “corrompidas costumbres” que acumulan la experiencia de quienes están avezados en ejercer el poder. A saber si al autor de El príncipe tendría por adecuado cambiar los “hombres montaraces” por recién llegados sin mayor experiencia de gestión política que las tertulias y las aulas universitarias ni más avales que sus promesas bien intencionadas, para el caso Pablo Iglesia y su equipo de Podemos. Pareciera que es ese un ropaje muy sucinto para afrontar el rearme moral que Innerarity no cree primordial, aunque quizá los votantes lo estiman indispensable para superar la insoportable levedad del ser que se ha adueñado de una comunidad decepcionada, desencantada, quizá desesperanzada, aunque Luis de Guindos coseche en Davos felicitaciones de muy variada procedencia, tributarias la mayoría del recetario contra la crisis redactado por los economistas del Bundesbank.

El filósofo Emilio Lledó declaró a El País el 15 de noviembre del 2011, cuando ya llovían chuzos de punta a causa de la corrupción, aunque menos que hoy: No podemos dejar el país en manos de una política con una parte regida por oportunistas y por indecentes. Que el imperio de la indecencia domine en la política es intolerable; ese imperio es fruto del dominio de ciertas oligarquías que piensan que lo único que hay que hacer es ganar dinero y crear ideologías aptas para que esa oligarquía siga con poder”. Pero al escuchar los noticiarios y leer los periódicos desde que Luis de Bárcenas agarró el micrófono a las puertas de la cárcel es difícil sustraerse a la idea de que la agenda política la marca la indecencia de quienes están dispuestos a poner el plato de detritus frente al ventilador para ensuciar a todo el mundo y, de paso, aligerar su cargamento de porquería. Porque al sembrar la sospecha en todas direcciones y socavar el prestigio de todo el mundo, con fundamento o sin él, todos los Bárcenas que hoy se pasean por los juzgados inducen a una opinión pública aturdida a concluir que todos son lo mismo, que ellos no han hecho ni más ni menos que lo que han hecho los demás: llenarse los bolsillos con comisiones, concursos amañados, black cards, cuentas en paraísos fiscales o cualquier otra desvergüenza imaginable o por descubrir.

Esa idea de que todos son lo mismo, de que todos frecuentan la misma alcantarilla, es profundamente reaccionario, antidemocrático e inmoral, pero suma cada día más adeptos y no hay otra forma de salirse de ella que atender a quienes como Antonio Sitges-Serra en este periódico reclaman a los políticos, a los que hasta ahora han dispuesto del poder y a cuantos puedan verse en el futuro en parecida situación, “un propósito de enmienda” que les autorice a ganarse “nuestra confianza y nuestro voto”. Esta petición o ruego tan sencillo, manifestar “un propósito de enmienda”, se halla en las antípodas de la peor versión de la charcutería política que asoma por todas partes, de la política de bajos vuelos pergeñada por gabinetes de asesores encargados de buscar la forma de retener el poder o de conquistarlo mediante las encuestas, los sondeos y los programas que se olvidan en cuenta se apagan los focos al final de cada campaña y empieza el recuento de votos. Se halla, asimismo, en las antípodas del rictus forzado de Rajoy al llegar a la convención del PP mientras Bárcenas seguía con sus declaraciones envenenadas y marcaba el tempo a la orquesta.

“El conformismo es una ideología peligrosa”, declaró el gran periodista y pensador francés Jean Daniel en el 2008. Y el conformismo, debe añadirse, es una forma de pesimismo o de sometimiento, puede que de fatalismo, que alimenta en gran medida el rumbo tomado por la política, sometida a las exigencias implacables de los finanzas globales y al diagnóstico de los tecnócratas. Pero alimentado también por la sensación de impunidad –quizá inexacta o exagerada, pero sensación al fin– de la que disfrutan los Bárcenas de toda ralea, una sensación acrecentada por la salida de la cárcel del exsenador, cuya justificación jurídica, en principio, no hay que poner en duda, aunque mueva a muchos a ver en ella un trato de favor o una mayor comprensión que no alcanza a otros procesados en causas que provocaron menor escándalo, alarmaron menos o simplemente no llegaron a conocimiento de la opinión pública. Serían un gran logro que antes de las elecciones de mayo se impusiera la movilización regeneradora al conformismo para evitar que sean los Bárcenas de turno quienes dicten las reglas de campaña.

Una partida con cartas marcadas

Tan politizada le parece al conseller Francesc Homs la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de presentar una querella contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau como se le antoja a Carlos Floriano, vicesecretario general del PP, una opinión contaminada por la política la manifestada por los fiscales que ejercen en Catalunya, que se opusieron a la presentación. Esa coincidencia en ver la política donde solo debiera prevalecer la aplicación desapasionada de la ley es la más convincente de todas las pruebas: que cada parte sospeche de su contraria, su competidora o su adversaria, porque supone en ella la norma de conducta que previamente ha puesto en práctica en su ámbito de influencia, es la mejor demostración indirecta de que, efectivamente, la politización del criterio de los fiscales tiene algo que ver –bastante, se diría– con el de los políticos de Madrid y de Barcelona. Y cabe añadir que en el ambiente enrarecido por el encastillamiento de unos y otros, hubiese sido realmente milagroso que los fiscales, todos ellos y uno por uno, se mantuvieran inasequibles a las influencias, los editoriales de algunos periódicos envueltos en las respectivas banderas, las tertulias a todas horas y otros patios de vecindad de los que lo menos que puede decirse es que manca finezza.

Si todo este embrollo monumental se debe a que “la legalidad cuenta ya poco para el president” (José María Carrascal en Abc) o si las razones son otras, importa menos que el hecho de que, a partir de ahora, la fiabilidad jurídica de la fiscalía estará bajo sospecha en asuntos catalanes o en otros en los que al Gobierno le vaya el alma. Dice Joan Tapia que “las vísceras han mandado más que el cerebro”, y eso es algo más que una posibilidad. Pero esa versión fisiológica de la política tiene mucho que ver con la necesidad apremiante del Gobierno de corregir las encuestas y llevar a su molino el agua de la España más conservadora y retardataria, aquella que digirió de mala gana los sapos de la transición y cree aún hoy que ya fue mucho lo que dio y concedió en el debate constitucional de 1978 como para poner ahora la Constitución al día. En la encrucijada de las jornadas siguientes al 9-N, restablecer el principio de legalidad, si es que hace falta, importa menos que aparecer como guerrero invicto ante auditorios que creen, como en su día el cardenal Rouco Varela, que la Constitución tal cual está debe ser la norma inamovible por los siglos de los siglos. Se diga así o de cualquier otra manera.

Muy al principio de la novela Así empieza lo malo, Javier Marías escribe: “Tan tentador era el futuro que valía la pena sepultar el pasado, el antiguo y el reciente, sobre todo si ese pasado amenazaba con estropear aquel futuro tan bueno en comparación”. En aquella atmósfera se redactó la Constitución, que entonces pareció aceptable a la España doliente, y excesiva, aunque inevitable, a la otra. Pero entender que de entonces a ahora no se ha registrado cambio climático alguno en el ámbito político, y el famoso consenso constitucional del pasado vale hoy lo mismo, es tanto como desconocer o soslayar cuáles son los instrumentos de transformación social que desencadenan grandes mutaciones. Además, en el futuro vislumbrado para Catalunya por Jordi Pujol, referencia ineludible de la transición, la independencia era algo que formaba parte de lo venidero, como ha recordado Francesc de Carreras en un artículo a propósito del 40º aniversario de CDC. Y así, mientras para una parte –mayoritaria– de quienes aprobaron la Constitución, esta era una estación de llegada, para otros fue solo una estación intermedia. “Pujol tenía una idea prefijada de Catalunya que al fin se ha cumplido”, afirma De Carreras, y su apego a la Constitución, a su aplicación y desarrollo, fue solo instrumental, y lo puso al servicio del fin último perseguido por el nacionalismo hegemónico en Catalunya desde aquel entonces.

¿Oportunismo? ¿Sagacidad? ¿Esgrima de alta escuela? Poco importa ahora dilucidar qué atributo encaja más con la ruta seguida por el independentismo confeso y no confeso. Lo cierto es que la querella es la herramienta elegida por una superestructura denominada justicia, sometida a presiones agobiantes, para hacer frente a un problema político que, con querella o sin ella, ahí está, viene de lejos y exige enfoques imaginativos, transversales y ajenos a cálculos electorales que, se mire por donde se mire, tienen en un grito al PP, consciente de que en las próximas citas electorales puede sufrir batacazos históricos.

Si un partido con responsabilidades a escala española no es capaz de ir más allá de los lugares comunes que atañen a la soberanía, la unidad y otros conceptos investidos de solemnidad, si no es capaz de aceptar que hay que modificar la ley –la Constitución– para dar una oportunidad a la política, entonces ese partido pone de manifiesto tener enormes dificultades para adecuarse al presente. Las tiene el PP, desde luego, porque elude la mayor mediante el recurso al juzgado de guardia, esto es, evita afrontar el hecho de que el 30% de los electores catalanes –no la mayoría, no todos los catalanes, no el pueblo de Catalunya, como dice la propaganda independentista– votó sí-sí. Votó sí-sí sin garantías jurídicas, con Oriol Junqueras de presidente de mesa en Sant Vicenç dels Horts, con un control del censo por lo menos discutible en una convocatoria gestionada por una de las opciones –la del sí-sí–; pero el caso es que el 30% votó sí-sí.

Responder con un no-no obstinado es la más rudimentaria de las reacciones; es algo así como dejar sentado que es irrenunciable el programa máximo del PP. Y todo programa máximo, por definición, es una meta inalcanzable o poco realista, salvo para los espíritus doctrinarios que creen ser depositarios exclusivos de la verdad. La reflexión vale lo mismo para los ideólogos del independentismo, pues cualquier alternativa que preserve la cohesión social deberá ser intermedia, no podrá satisfacer al ciento por ciento a nadie, pero sí confortar a todo el mundo. Este fue, por cierto, el espíritu que impregnó el consenso constitucional que alumbró el texto de 1978 y preservar aquel consenso no reside en considerarlo irrepetible, sino perseverar en él para cambiar lo que se precise cambiar, por unanimidad, si es posible, o por mayoría, si no lo es.

El recurso a la fiscalía es de una pobreza política que asusta tanto como la disposición del conglomerado independentista a tomar los 23 puntos de la carta de Artur Mas a Mariano Rajoy como aquello que no admite modificación o retoque que valga. Siendo así que los 23 puntos suenan a programa máximo, aunque al mandarlos por carta como punto de partida de una eventual negociación debe entenderse que son susceptibles de cambio o de retoque, y algunos de ellos pueden ser incluso objeto de renuncia. Pero si no admiten tal margen de maniobra, la carta es tan inútil como las demás maniobras orquestales que constituyen el relato reciente de la llamada cuestión catalana. Será, como tantas otras, una carta marcada más en esta extraña partida de despropósitos que a unos favorece en las encuestas –véase el sondeo publicado el viernes por EL PERIÓDICO– y a otros les corta la respiración.

Todo lo cual no es óbice para concluir que la fiscalía ha unido sus efectivos a la fábrica de independentistas puesta en marcha por el Gobierno mediante su insistencia en no rectificar en nada. “Una de las causas del auge del independentismo catalán es la indigencia y la torpeza del discurso opuesto a él”, sostiene el escritor Javier Cercas, y esa querella por los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N abunda en la torpeza. Pueden todos los integrantes del Gobierno desgañitarse hasta perder la voz para defender la autonomía de la fiscalía, pero lo cierto es que no hay forma de creer en ella; no hay forma de apartar de la imaginación una realidad subyacente que lleva a dudar de que, efectivamente, son razones estrictamente jurídicas las que han puesto en marcha el engranaje de la querella. Esa carta también está marcada.

Escocia echa el freno

La victoria del no en el referendo de Escocia, intuido por las bolsas bastantes horas antes de que empezara el recuento, deja varias incógnitas por despejar y certifica el peso del voto no militante cuando se trata de tomar grandes decisiones. A la hora de decidir entre el del corazón y el no de la razón, como lo llama el periódico progresista francés Le Monde, aunque puede que sea más exacto hablar del no a las incertidumbres, este último se impone por razones prácticas, no forzosamente ajenas a los sentimientos. Porque de la misma manera que en el bando del fue muy grande durante toda la campaña el peso de las emociones, también en el del no desempeñó un papel de innegable trascendencia, como lo expresó Jason Cowley, editor del semanario británico New Statesman, referencia del centro izquierda: si Gran Bretaña no puede trabajar para mantenerse unida “a pesar de lo mucho que nos une –lengua, cultura, sacrificio compartido, sangre–, los presagios para el siglo XXI son en efecto oscuros”.

No hace falta decir que el triunfo del no está lejos de ser una especie de bálsamo de Fierabrás que cura la descohesión territorial y política en varios estados europeos, con España y Bélgica al frente de todos ellos, pero desaparece para la Unión Europea el reto de tener que afrontar el precedente escocés, esto es, la salida de Escocia del club, las repercusiones de tal situación y, no menos importante, los mecanismos de ingreso –plazos, condiciones, riesgos asociados– de una parte segregada de un Estado miembro. La UE respira aliviada y, con ella, los estados que la integran, aunque la vía catalana constituya un desafío de grandes dimensiones y resulta del todo precipitado suponer que el resultado de Escocia templará los ardores soberanistas. Puede incluso estimularlos, acrecentarlos, multiplicar el dinamismo de los organizadores de la V, a despecho de la reacción imprevisible de los ciudadanos silenciosos –hablar de mayoría silenciosa acaso fuera exagerado–, apegados a aquello que conocen y recelosos ante cualquier cambio brusco.

Mensaje final de Cameron, Clegg y Miliband publicado por el diario escocés 'Daily Recod'.

Últimas promesas de futuro de Cameron, Miliband y Clegg publicadas por el diario escocés ‘Daily Recod’.

Nadie sabe cuánto han pesado en el 55% de noes las dudas acerca de la permanencia en la UE, las divagaciones sobre el efecto inmediato de la secesión en la aplicación de los tratados europeos. Nadie puede aventurarlo, aunque cabe imaginar que, al adentrarse en esa terra incognita, muchos votantes deben haberse preguntado por las garantías de futuro de una Escocia independiente. Solo es posible afirmar con bastante seguridad que la perspectiva de un alejamiento de Europa debe haber sido importante en muchos noes, pero los estados europeos no pueden sentirse confortados con el poder persuasivo de permanecer en la UE o quedarse fuera, porque las cicatrices que deja el referendo serán visibles durante mucho tiempo, si no es que lo serán para siempre por más que el primer ministro británico, David Cameron, dé por zanjada la movilización independentista escocesa para, por lo menos, una generación.

El primer ministro escocés, Alex Salmond, ha presentado la dimisión porque es el precio de la derrota, porque ni siquiera los más pesimistas podían temer un resultado tan contundente en contra de sus planteamientos, y también porque se cierra un ciclo político. Pero al abrirse un nuevo camino para la Escocia del futuro en el seno del Reino Unido no se cancelan las dudas sobre la consistencia de la UE tal cual fue configurada, con los estados como únicos actores políticos. Antes al contrario, en el horizonte amenazan algunos nubarrones y el final de la carrera política de Salmond no modifica ese dato esencial: la unidad europea solo tendrá una base sólida si sabe adaptarse, reformarse, para gestionar las novedades que depare el porvenir sin que cada dos por tres se adueñe de la UE una atmósfera de crisis.

De forma que el alivio en los despachos de Bruselas y en los de Madrid solo puede ser momentáneo, transitorio, como la calma entre dos tempestades. Y lo mismo sucede en los de Londres, donde ha desaparecido la necesidad imperiosa de negar la permanencia de Escocia en la libra, la obligación de discutir hasta el tercer decimal el reparto de la explotación del petróleo del mar del Norte y la discusión no menos ineludible del reparto de la deuda del Reino Unido. Porque se mantienen sobre la mesa las promesas del trío David Cameron-Edward Miliband-Nick Clegg, que afectarán directamente a la autonomía fiscal de Escocia y, por este camino, a la gestión de las rentas del petróleo y su impacto en el erario escocés. Porque la llamada por el analista Gerry Hassan tercera Escocia –los votantes laboristas y la izquierda en general, descontenta con los gobiernos de Tony Blair, el periodo de Gordon Brown y la oposición de Ed Miliband–, que ha apoyado el proyecto secesionista de Salmond, no se conformará con unas transferencias más o menos llamativas y exigirá que el Estado del bienestar quede razonablemente garantizado.

Los riesgos de fracaso económico a un año vista y de aislamiento en Europa de una Escocia independiente, pronosticados por The National Institute for Economic and Social Research, han dejado de perturbar el sueño a los operadores de la City y de los bancos escoceses, pero el día siguiente del referendo no solo abre nuevos interrogantes a propósito de la reforma federalizante que deberá encarar el Reino Unido –extendida a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, según promesa posreferendo de Cameron–, y la influencia que el proceso puede tener en otros estados europeos, sino el papel asignado a los grandes partidos, desbordados con frecuencia por el reto escocés. Desaparecen unos riesgos y asoman otros; se derrumban unas hipótesis y enseguida surgen otras; Escocia no sentará ningún precedente en la UE, pero otros pueden tratar de sentarlo, espoleados por la movilización en la calle, que en las ciudades escocesas nunca tuvo la envergadura de la de las tres últimas diades.

Portada del diario sensacionalista ‘Daily Mirror’ el día anterior al referendo. El titular dice ‘No nos dejéis de esta manera’, y de la bandera del Reino Unido ha desaparecido el color azul de la de Escocia.

El Reino Unido ha evitado la crisis constitucional de consecuencias devastadoras para Cameron y Miliband vaticinado por Gerry Hassan, pero los estados mayores de los partidos catalanes y españoles, el Gobierno de Mariano Rajoy, las asociaciones y movimientos de la V y sus oponentes tienen ante sí un trabajo descomunal de interpretación de lo sucedido, de cómo afectará al caso catalán y de quiénes pueden sacar más partido del no escocés. ¿Tranquilizará a los animadores más radicales de ambos bandos? ¿Azuzará las discrepancias entre CDC y ERC? ¿Sumará adeptos a la vía federalista, reforma constitucional mediante? ¿Sentenciará la ruptura de CiU o se recompondrá la federación a través de los sectores moderados de Convergència y de Unió? ¿Recurrirá Artur Mas a un léxico nuevo que serene los espíritus?

Resulta por lo menos lamentable que el nacionalismo español, de un europeísmo a menudo tibio, eche las campanas al vuelo por la victoria del no en nombre de la unidad europea. No es más reconfortante que persevere en un fundamentalismo constitucionalista que lleva a la parálisis política, a los disparates de José Manuel García-Margallo –la suspensión de la autonomía– y a diagnósticos como el de la periodista Maite Alcaraz en el programa Los desayunos, de TVE, donde sostuvo que el nacionalismo lleva a la división, algo que es posible compartir, dando a entender que el comportamiento del Gobierno no responde a ninguna forma de nacionalismo, algo imposible de aceptar salvo ceguera acusada. De la misma manera que no hay forma de suscribir, salvo pecado de ingenuidad, que el desenlace escocés no tendrá efectos en la estrategia y la táctica del bloque soberanista por más que en las formas se siga con el guion preestablecido: aprobación de la ley de consultas, publicación del decreto en el DOG, impugnación del Gobierno, suspensión emitida por el Tribunal Constitucional y luego ya se verá.

En ese ya se verá hay una mezcla de política constitucional y de política electoral en los términos que lo ha hecho el analista británico Michael Binyon al desmenuzar el trasfondo de la campaña y de las consecuencias del referendo de Escocia. Ese trasfondo es extensible a España, pero aquí apenas se menciona y las preferencias de los oradores son otras: invocaciones forzadas a los grandes principios y referencias a la ley cortadas a su medida. Pero si para los laboristas era crucial mantener a Escocia en el Reino Unido, donde tienen 40 diputados por solo uno los conservadores, ¿qué decir de la importancia que para el PP tiene sostenella y no enmendalla para retener al electorado más refractario al Estado plurinacional? O, en sentido contrario, ¿qué decir de la necesidad de ERC de recurrir al agravio intolerable para asegurarse el sorpasso en la primera cita electoral que se lo permita? Y así con todos los partidos españoles y catalanes, con alguna razón electoral de peso para, más allá de los principios ideológicos y de las emociones, apoyar la consulta del 9-N o bien oponerse a ella.

Sería muy tranquilizante que a ambos lados del disenso catalán se oyeran voces autorizadas cuyas reflexiones se adentraran en la senda seguida por la doctora Paola Subacchi, directora de investigación del think tank británico Chatham House, en el artículo titulado La geometría variable de la soberanía nacional: “Las islas británicas se han convertido en el laboratorio ideológico para pensar y repensar el concepto de Estado-nación y su papel en un mercado global y muy integrado”. Pero nada de eso se percibe, al menos en la superficie, sino más bien una partida de desarrollo incierto, riesgos ciertos de que el sectarismo se imponga a los argumentos transversales y la tentación permanente de dar a la política un inusitado toque dramático.      

La ‘V’ apunta a Mas y Rajoy

La V de la Diada fue la de votar y la de voluntad, de acuerdo con lo declarado por Carme Forcadell, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana. Pero fue también la V de victoria, a tenor de lo manifestado por Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural y compañera de brega de Forcadell: “Hemos vuelto a ganar 300 años después de 1714”. Fue, incluso, la V de Victus, pues es difícil imaginar una torpeza mayor –por no hablar de censura– que suspender a última hora la presentación del libro en Utrecht (Holanda) a instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores y caldear el ambiente de por sí movido a días de la gran concentración. Y pudo, asimismo, no ser una V propiamente dicha, sino la punta de la flecha que figura en la señal de dirección obligatoria.

La V admite toda suerte de interpretaciones, de traducciones, menos una: que el jolgorio se acabó cuando se dispersaron los manifestantes. Basta indagar más allá de nosotros mismos para comprobar que la V del tricentenario no admite brindis al sol, fundamentalismos constitucionalistas y desobediencias civiles; que en estricta aplicación del sentido común que Mariano Rajoy tanto invoca, entraña más riesgos que nunca la posibilidad de llegar al 9-N sin que las urnas estén en la calle o sin que se haya concretado una alternativa razonable a la celebración de un referendo consultivo. Basta navegar un rato por la red para llegar a la conclusión de que, salvo que todo el mundo esté equivocado, el desenlace de la Diada obliga a recurrir al mejor arte de la política para evitar que la obcecación acabe en disparate, sea este el que sea.

Lleva razón el president Artur Mas cuando declara a la agencia France Presse que la victoria del en Escocia crearía un precedente –“si una nación como Escocia tiene el derecho de decidir su futuro, por qué no Catalunya”–, pero este agarradero se asemeja más a la política de las emociones que a la política de lo posible. De la misma manera que la solidaridad como razón última que justifica mantener la unidad de España, mencionada por Rajoy el mismo jueves durante un acto relacionado con el programa nacional de trasplantes, suena a regate en corto para eludir el problema de fondo. Todo esto tiene poco que ver con el arte de la política y bastante con el trabajo de los fabricantes de eslóganes que trabajan en las salas de máquinas de los partidos.

No es menos inconsistente fiarlo todo a las declaraciones de apoyo a la posición del Gobierno español procedentes de las cuatro esquinas de la UE, incluidas las muy explícitas de la cancillera alemana, Angela Merkel, cuando se reunió en Galicia con Rajoy. Que la fundamentación jurídica de los tratados impida la permanencia automática o a corto plazo en la UE de una Catalunya eventualmente independiente no significa que, a la hora de la verdad, el pacto político no pudiera imponerse en el club europeo a la letra de la ley mediante alguna componenda ahora imprevisible, sobre todo si para entonces Escocia se encuentra en situación parecida. En sentido contrario, en ningún lugar está escrito que el  rumbo que pudiera tomar Escocia, si es que el día 18 gana el , sería de aplicación al caso catalán, porque los puntos de partida de Escocia y Catalunya son diametralmente diferentes, y el ambiente en Londres es muy distinto al de Madrid.

El profesor David McCrone, de la Universidad de Edimburgo, resalta alguna de estas diferencias: “La creación del Reino Unido fue constitucional y no el resultado de una conquista”. “La posibilidad para Escocia de dejar la unión ha existido siempre –añade McCrone–, mientras que el Gobierno español ha esgrimido siempre la Constitución para rechazar el referendo”. Aun así, el Govern otorga gran importancia a los vasos comunicantes entre el proceso escocés y el catalán, y elude, en cambio, un factor diferenciador determinante: los ingredientes culturales de la reivindicación soberanista. “El movimiento nacionalista en Catalunya se concentra desde hace tiempo en la preservación de una herencia cultural”, según Charles King, profesor de la Universidad de Georgetown, en Washington, mientras que los independentistas escoceses “rechazan expresamente las definiciones más culturales de su identidad”, habida cuenta de que solo el 1% de la población habla gaélico.

Estos datos son esenciales en el élan vital de los proyectos soberanistas y explican en parte el perfil muy diferente de cada caso. Es menos creíble el planteamiento recogido por France Presse de José Vicente Rodríguez, uno de los fundadores de Ciutadans, que imparte clases de Economía en la Universidad de Edimburgo: el nacionalismo-independentismo catalán parte de un sentimiento de superioridad, mientras que el escocés nace de un sentimiento de inferioridad. Es muy osado aventurar que la próspera sociedad escocesa alberga algún complejo –“podemos ser uno de los estados más ricos del mundo”, sostiene Alex Salmond, líder del SNP–, y no lo es menos suponer que ha sido este complejo el que ha robustecido el nacionalismo.

Solo la política sin apriorismos puede gestionar la situación con decoro y evitar que la demagogia se adueñe de la situación. “Cuando los hombres se hacen masa, los demagogos los hornean”, escribió El Roto en su viñeta-editorial de El País al día siguiente de la V. El mismo día, en su columna de EL PERIÓDICO, Antón Losada advirtió del peligro que encaran Rajoy y Mas, o viceversa, si no pasan de los eslóganes para la clientela a la negociación del futuro sin prejuicios: “Saben cuánto necesitan un acuerdo y hasta lo habrán hablado. Pero ambos han ido tan lejos en su discurso y su táctica que ahora el drama es cómo contárselo a los suyos sin resultar acusados de alta traición”.

Puesto que existe el peligro apuntado por Losada, el papel de los portavoces debe darse por superado. La única palabra que vale es la de los responsables últimos que han de dar con la salida, si es que la hay. Cada vez que se acercan al micrófono ilustres nombres de los aparatos de gobierno y de partido en Madrid y en Barcelona, hinchan el pecho los adeptos, pero se difumina más y más la salida del laberinto. Como reclamaba Alfredo Di Stéfano cuando la pelota andaba demasiado por los aires, alguien debe bajar el balón y jugar al pie para evitar que al final sean los hinchas radicales los que marquen la pauta. Cuando en el corto periodo de tres diades se pasa del pal de paller y el peix al coba a reclamar en la calle, con gran éxito de público, que la independencia se someta a consulta, es indispensable alejarse de los agitprop y perseverar en la idea de que nada es completamente blanco o totalmente negro.

Después de la V se echan en falta voces capaces de relativizar las cosas y, si se quiere, de acotar el problema sin dramatizarlo. Es indispensable desacralizar aquello que, por lo demás, nunca fue sagrado, incluidos el derecho a decidir diga lo que diga la ley de un Estado democrático y la Constitución de ese mismo Estado. También es indispensable desacralizar la Transición, el consenso de aquellos días y otros tópicos políticos que conducen directamente a la parálisis, el ensimismamiento y la falta de alternativas. La Transición, el consenso como norma, la Constitución y un sinfín de herramientas políticas de aquel entonces son hijas de su tiempo, resultaron ser instrumentos útiles, pero han dejado de serlo según todos los indicios. Y no solo para los independentistas, sino también para los que no lo son y contemplan incrédulos los acontecimientos en curso.

¿Puede dejarse a beneficio de las emociones la dimensión de la movilización soberanista o acaso las fotografías –las cifras oficiales poco importan– no son suficientemente expresivas? Y, si lo son, ¿pueden mantenerse los gobernantes en sus respectivos puntos de partida y promover diferentes formas de frentismo con un ojo puesto en las urnas y otro en la ocupación de la vía pública? Porque la gestión de la marcha catalana hacia el 9-N, en la Generalitat y en La Moncloa, parece guiada cada vez más por el efecto electoral que puede tener en Catalunya y en España, como si el motivo de fondo para no encarar una negociación política realista fuese precisamente la posibilidad de sacar el máximo partido a la polarización del voto: independentistas frente a autonomistas o federalistas; nacionalistas españoles frente a nacionalistas catalanes; y así sucesivamente. ¿Puede alguien sostener que solo a un bando, el que sea, asiste la razón y el otro, el que sea, no merece ser escuchado y, a poder ser, respetado y comprendido?

Una abdicación llena de urgencias

El botafumeiro accionado por el cosmos monárquico en cuanto se anunció la abdicación del Rey tiene poco que ver con la gravedad del momento y las razones que presumiblemente han llevado a Juan Carlos I a dar el paso. Puesto que el proceso abierto obedece a una necesidad acuciante, inaplazable, de renovación para ventilar un andamiaje institucional que emite desde hace años señales de debilidad, cuando no de agotamiento, los solos de violín están de más y, en cambio, se echa de menos la contención afectiva como norma de conducta. Es poco saludable encubrir los sentimientos, incluidos los políticos, pero aún es peor multiplicar los gestos de cercanía y apoyo cuando, como en el caso de la Corona, lo adecuado es que prevalezcan el sentido de Estado y la oportunidad política.

Basta salirse del relato de los telediarios y de los articulistas con blasón para comprobar que dentro y fuera de España se percibe la abdicación como un momento crítico desde la restauración de la monarquía en noviembre de 1975. Es imposible concretar en unos pocos enlaces con textos de autores de muy variada orientación la atmósfera de urgencia cierta que acompañará, mediado el mes, la llegada de Felipe VI. Cuando alguien tan poco sospechoso de radicalidades políticas como Paul Preston, biógrafo del Rey, expresa su deseo de que la renuncia del monarca no sea “demasiado tardía”, es que cabe la posibilidad de que sí lo sea o de que, aun no siéndolo, entrañe unos costes políticos e institucionales impensables cuando bastaba con que Juan Carlos I fuera un personaje simpático –campechano, se decía– para alimentar el juancarlismo, que no el monarquismo.

El Rey y el Príncipe de Asturias, el día 3, en un acto militar en El Escorial, la primera ocasión en la que aparecieron juntos después de que Juan Carlos I anunciara que abdicaba.

Hoy no basta con la simpatía personal, con la empatía y con otras armas propias de los relaciones públicas y los capitanes de empresa. Hoy el anacronismo monárquico solo se sostiene mediante una compleja mezcla de sentimientos y complicidades colectivas de origen remoto –el Reino Unido– o a través del principio de ejemplaridad. En el primero caso, los datos objetivos, cuantificables –a la reina Isabel le han regalado una carroza que vale tres millones de euros–, poco importan por más duro que sea el presente; en el segundo, la institución debe ceñirse a las reglas del momento: si la austeridad acogota a los ciudadanos, el Rey debe ser el primero de los austeros; si la corrupción degrada la política, el Rey y su entorno deben ser la viva imagen de la probidad más estricta; si la opinión pública da muestras de cansancio y desapego, debe la Corona sacar a relucir habilidad y artes nuevas para reconstruir los puentes. A juzgar por los índices de popularidad en circulación, nada de eso se ha producido.

Al mismo tiempo, los cambios en la estructura social de España desde los albores de la transición hasta el presente han dejado en los huesos el pacto que alumbró la Constitución de 1978 y el sistema de partidos sobre el que se asentó el puzzle institucional, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy no se da por enterado de esa realidad constatable a pie de calle. Puesto que entonces no fue ni posible ni conveniente alargar en exceso el debate sobre la forma de Estado, este se cerró en falso, aunque proporcionó estabilidad y continuidad a la monarquía parlamentaria. Pero, 39 años después, la abdicación ha devuelto la discusión a primer plano, y aunque los fervores republicanos de estos días no están exentos de oportunismo político, responden a una corriente de fondo y a una memoria histórica ahogada por la transición que se remite a aquello que España pudo ser y nunca fue a causa de la guerra civil. El realismo de la transición fue suficiente para que la izquierda parlamentaria aceptara la monarquía sin mayores aspavientos, con Santiago Carrillo en primer lugar, y el Rey legitimó su compromiso con la democracia el 23-F, pero ahora el terreno de juego no es el mismo.

La carroza de tres millones de euros regalada por Australia a Isabel II con la que la soberana del Reino Unido se dirigió el jueves al Parlamento.

Se puede sostener, y con bastante razón, que no puede plantearse la discusión sobre la forma de Estado a cada ocasión en que, por la razón que sea, el sistema da señales de fatiga. Pero tan cierto como esto es que ese es un asunto pendiente que siempre se ha abordado de forma apresurada, como si fuese necesario no ahondar en él para no abrir la caja de los truenos. Dicho todo lo cual, no deja de resultar sorprendente que se quiera promover el debate mediante un atajo –la celebración de un referendo– y no a través de una reforma constitucional que, una vez aprobada, se sometería a consulta. Y si mueve a sorpresa, es porque tanto los partidarios como los detractores del sistema se han atenido hasta la fecha a lo establecido en la Constitución y en las leyes que de ella se derivan, y practicar en democracia el relativismo jurídico no es el mejor de todos los caminos posibles.

Tan sorprendente resulta esta pauta política como la repetición ad nauseam de que el 90% del Congreso, punto arriba, punto abajo, aprobará la ley que sancionará la abdicación del Rey y la proclamación de Felipe VI. Si en vez de este porcentaje se diese otro menos determinante, entonces habría que concluir que, más que ante un sistema en crisis, estaríamos ante un sistema en descomposición. Tan tranquilizador resulta el pacto PP-PSOE para salir del atolladero sin graves quebrantos como preocupante se antoja la ceguera de quienes soslayan el hecho de que quienes se opondrán o se abstendrán en el Parlamento reflejan la doble fractura social y política que lastra el futuro del país. En la decisión de IU-ICV de votar no en nombre de su republicanismo militante, en la abstención de CiU en nombre del soberanismo sin descanso, en la agitación de Podemos en nombre de realidades emergentes y en las declaraciones de los líderes sindicales es posible dar con la foto fija del descontento, de ese voto de castigo permanente contra un entramado institucional que ha acabado decepcionando a los ciudadanos.

Concentración republicana en la Puerta del Sol de Madrid al atardecer del lunes.

Ninguno de los tres factores principales que han llevado a Juan Carlos I hasta la abdicación –la incesante pérdida de popularidad de la Corona, el caso Nóos y la brega soberanista en Catalunya– justificaría por sí solo el relevo en la Jefatura del Estado, pero la suma de los tres la ha hecho inevitable porque de esa suma emerge la decepción. Y de la decepción, si se sigue el hilo del análisis publicado en estas páginas por Javier Pérez Royo, se llega con presteza a la deslegitimación. “El sistema político español ha dejado de ser legítimo. La sociedad española no se reconoce en él. Se avergüenza de él y, como consecuencia de ello, se avergüenza de sí misma”, sostiene el profesor Pérez Royo al realizar un diagnóstico del momento y del ambiente en que llegará al trono Felipe VI.

En ese clima enrarecido, ¿es posible dar con un punto de encuentro para concertar una regeneración del sistema que no dependa solo de los estados mayores de los partidos que constituyen el establishment parlamentario? Es de temer que no, y razones objetivas no faltan a los gabinetes de asesores que contemplan con estupor el coste político que seguramente pagará el PSOE por apoyar sin reservas el relevo en el trono. Las voces fuera del control de la dirección que se han levantado en el campo socialista para que se someta a discusión la forma de Estado incuban la simiente de la división y proporcionan munición pesada a la izquierda que se opone a la operación sucesoria. Esa es la realidad: no hay forma de predecir el precio que pagará el partido a cuenta de lo que Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo han entendido que es tener sentido de Estado.

Por el contrario, en el sostenella y no enmendalla ha depositado la mayoría de partidos grandes esperanzas de que cunda en las urnas. Los partidos más manifiestamente enfrentados al sistema tal cual está suman mejores resultados a cada elección que se convoca, el PP sabe que un colchón muy importante de sus votos depende de que no ceje su oposición a cualquier modificación que se entienda como una concesión al soberanismo catalán, a CiU la atenaza la presión asfixiante de disputar todos los partidos en el campo de ERC… Y así se puede seguir hasta el último rincón del Grupo Mixto para entender que, a pesar de la crisis institucional, la desafección y todas sus secuelas, nada da más y mejor rendimiento que no rectificar. Eso también afecta a la solvencia de la monarquía, porque el sistema es uno y al final todos los ingredientes forman parte del mismo caldo.

El título de una brillante crónica publicada por The New York Times el 28 de septiembre del 2012 contiene, quizá, la palabra más acertada para referirse a la necesidad más acuciante de la política española en la Zarzuela, en la Moncloa, en el Parlamento, en las autonomías y en cuantos lugares de la res publica acuden a la mente: esa palabra es redención. En aquella información publicada por el gran periódico liberal se afirmaba que el Rey buscaba “la redención para España y su monarquía”, y aunque en esta frase solemne alienta cierto dramatismo shakespeariano, quizá sea esto lo que espera la opinión pública: que los gestores del sistema lo rediman mediante una renovación en la cumbre. Pero si esta no es suficiente, entonces, ¡ay!, se avecinarán tiempos aún más borrascosos que los actuales.

La UE sale al paso del soberanismo

“Si quiere saber qué alimenta el fenómeno actual de los catalanes, que exigen su propio referendo sobre la independencia, remítase a la doctrina Clinton: ‘Es la economía, estúpido’”. Así ve el caso catalán y, por extensión, el escocés, el editorialista del diario digital The Scottish Times, defensor de la causa soberanista, al analizar la razón última de la movilización en curso. Claro que alude a la lengua como seña de identidad de primer orden, pero concentra el análisis en el agravio fiscal, el empobrecimiento de las clases medias y el paro juvenil desbocado para responder a los porqués del momento, a ese ovillo en el que se entrecruzan las simplificaciones partidistas con la crisis de los partidos, el oportunismo populista con el sectarismo ideológico y la radicalización de posiciones antagónicas, viscerales, que llenan el debate de ruido.

En el seminario Formació de nous estats al món del segle XXI?, organizado esta semana en Barcelona por el Centre d’Estudis Històrics Internacionals, se habló bastante de economía porque no hay forma de rehuir la materia, de no situarla en el centro del debate y de no atenerse a tres datos esenciales: la economía catalana funciona en relación permanente con la española y con la de la UE, la pertenencia a la UE es fundamental para el futuro económico de Catalunya y el euro es la divisa irrenunciable. En ese campo no hay sitio para el nacionalismo romántico, la remisión a una hipotética edad de oro situada en algún lugar de un pasado remoto y la construcción de un relato idealizado de las razones que asisten a los soberanistas. Caben, eso sí, datos, cifras, tratados, leyes y compromisos políticos. Y, para pasar de los ejercicios teóricos a la política de las cosas, se precisa llevar el balón al suelo y jugar al pie, que es tanto como renunciar a los malabarismos, dar por inevitables ciertas contradicciones, controlar los excesos verbales y garatizar la isegoría (igualdad en el derecho a hacer uso de la palabra), reclamada recientemente por el profesor Manuel Cruz en nombre de la higiene democrática.

La ira como parte de la tradición europea, según la discutida y discutible aproximación del alemán Peter Sloterdijk, marca una dirección estéril, prepolítica, y la simplificación de los problemas, también. Es mejor ser sistemático, como lo fueron en el seminario los profesores Joan Vintró y Carles Boix, que desarrollaron puntos de vista sujetos a controversia, pero con fundamentos técnicos, que caer en la lógica facilona de las analogías y las comparaciones. Entre estas, dos aparecen con frecuencia para explicar qué cabría hacer en la eventualidad de que no fuese posible un ingreso de Catalunya en la UE sin grandes preámbulos. La primera hace referencia a que sería posible imitar el camino emprendido por Kosovo, negociar una asociación, que permite soslayar el requisito de la aprobación por unanimidad de cualquier nueva adhesión (artículo 49 del Tratado de la Unión Europea). La segunda sirve para recordar que Montenegro dispone del euro sin formar parte del Eurogrupo (se omite siempre el dato importantísimo de que Montenegro está excluido del gobierno y de la gestión del euro).

El PIB de Catalunya es 62 veces mayor que el de Montenegro y 41 veces mayor que el de Kosovo.

El PIB de Catalunya es 62,4 veces mayor que el de Montenegro y 41,4 veces mayor que el de Kosovo.

En ambos casos se elude el dato más importante: las dimensiones de las economías kosovar y montenegrina permiten adoptar estas soluciones de excepción –y, por excepcionales, no aplicables a otras situaciones–, pero la envergadura de la economía catalana (véase el cuadro comparativo) obliga a excluir el cataplasma como tratamiento de emergencia. No es posible establecer analogías entre el problema catalán y los parches balcánicos, entre un tejido económico y social consolidado, con una compleja red de intereses, y otras realidades diminutas y en construcción, por describirlas de formar contenida. Hay, además, un factor político ineludible: una Catalunya independiente sería la parte desgajada de un socio de la UE; los estados balcánicos son creaciones ex novo surgidas de la descomposición de Yugoslavia.

A mayor abundamiento, la proliferación de portavoces de la UE con diferentes responsabilidades y coloraciones ideológicas no deja lugar a dudas: la independencia conlleva la salida de la UE, que no la expulsión, puesto que Catalunya no forma parte del club como entidad diferenciada de España y, por lo tanto, su ingreso formó parte del de España en 1986 y no obedeció a un tratado de adhesión específico. El último en despejar dudas ha sido Hannes Swoboda, presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo: ha dicho que Catalunya no puede “crear nuevos conflictos y esperar que todo el mundo la acepte en la UE”. No es el “jamais, jamais, jamais”, dicho por un político socialista francés a principios de año en una foro restringido, ni el “never during my life”, pronunciado en la misma época y en parecidas condiciones por un funcionario alemán, asimismo socialista, pero es una buena vara de medir si se relaciona además con la posibilidad de que Martin Schulz, socialdemócrata alemán, se convierta en presidente de la Comisión Europea a la vuelta de unos meses.

El fragor de la discusión en el seno de los partidos con varias almas obedece en gran medida a esa realidad cada día más concreta, a la certidumbre de que la independencia abre incógnitas que van mucho más allá de la política de las emociones, la Via Catalana y el género épico. Mientras los partidos sin nada que perder en el debate y mucho que ganar en las urnas se entregan a una alocada carrera de propuestas encaminadas a sacar pecho –Rosa Díez y su Unión Progreso y Democracia, por ejemplo–, los socialistas afrontan la realidad de las divergencias entre el alma catalanista (PSC) y la española (PSOE), agitados por la elocuencia hiriente de Alfonso Guerra, y en CiU el alma nacionalista moderada teme que el partido enfile el camino de secesión sin posibilidad de dar marcha atrás. “La radicalización de CiU puede inquietar a una parte –no mayoritaria, pero sí sustancial– de su electorado”, ha escrito Joan Tapia.

Hannes Swoboda (izquierda) y Martín Schulz, presidente del Grupo Socialista del Parlamento Europeo y presidente de la Cámara, respectivamente.

Solo un replanteamiento de las relaciones Catalunya-España que excluya la independencia permite abordar el problema sin poner en duda la continuidad de Catalunya en la UE. Puede que para el sector mayoritario del soberanismo movilizado, que propende a un planteamiento binario del problema –independencia sí-independencia no–, el establecimiento de un nuevo marco de referencia dentro de España sea una alternativa inaceptable. Pero cualquier otra alternativa entraña empezar de cero con la UE, negociar el tratado de adhesión, algo que sería de una gran simplicidad técnica, pero también de una gran dificultad política, y, por último, ir en busca de la unanimidad de los estados, en principio impensable, incluso si, como algunos especialistas defienden, los procesos de separación de España y de negociación con la UE se desarrollaran de forma simultánea.

Lleva razón el profesor Alain G. Gagnon, de la Universidad de Quebec en Montreal, al considerar que “el café para todos ya no puede funcionar, es una injusticia”. La solución federal, dice Gagnon, “si no resuelve el problema, por lo menos sirve para aprender a vivir juntos”. “El problema es –añade– cómo vivir juntos sin desaparecer”. Se refiere a cómo preservar la identidad, pero el resultado federalizante, que no federal, de la Constitución española de 1978, necesitada de reforma, lleva a pensar que el riesgo de desaparición se contrarresta mediante la consagración –ahora insuficiente– de la diversidad y la disponibilidad de recursos suficientes. El federalismo ha sido un modelo cohesionador y diferenciador al mismo tiempo, puesto en práctica en lugares muy distintos y distantes, en estados monolingües y plurilingües, entendido aquí y allá como una fórmula que plantea con frecuencia conflictos funcionales, pero es eficaz y garantiza una praxis política con una gran exigencia democrática.

Entonces ¿a qué obedece la oposición a la reforma constitucional para convertir el modelo federalizante de 1978 en otro nítidamente federal? Quizá la respuesta está en el planteamiento nacionalista flamenco, resumido por Joan Vintró: “Los partidos flamencos se plantean un debilitamiento progresivo del Estado belga”, una alternativa cuya consecuencia final puede ser la independencia, pero que no incorpora un planteamiento independentista a priori. Frente al federalismo cohesionador surge así el fantasma del federalismo disgregador, y de ahí nacen muchos recelos: de la misma manera que la autonomía ha sido una estación intermedia, el federalismo también puede serlo, con este nombre o cualquier otro, piensan los adversarios de reformar la Constitución y alumbrar un nuevo pacto político.

El juego de presunciones de futuro y recelos del presente alimenta la creencia en una parte relevante de la opinión pública catalana de que cualquier planteamiento no independentista es inviable a causa de la cerrazón del Estado. En la lógica soberanista, el pacto fiscal tuvo su momento –muy breve–, pero ha quedado superado por la realidad de las multitudes en movimiento, y toda fórmula intermedia –tercera vía o como se llame– entre seguir como hasta ahora o certificar el divorcio no es más que una componenda que queda muy lejos del futuro deseado. Pero surge entonces la realidad de la UE, de las exigencias de la UE, de las declaraciones de muchos de sus responsables, se serenan los ánimos unos días y luego, vuelta a empezar, salpimentado todo con conflictos de protocolo, azuzados por ambas partes, propios de una comedia de enredo representada en un escenario batido por el viento solano de la crisis económica. Sin esa hecatombe abrasadora que ha entrado en su sexto año sin señales de mejora más allá de los datos macroeconómicos, puede que la tormenta de emociones tuviese efectos menos devastadores y hubiese más espacio para la política entendida como el arte de pactar. Y puede también que la obsesión por decidir y la aversión a debatir, invocadas por Manuel Cruz, sumaran menos adeptos de los que ahora agavillan.

La Europa del ‘precariado’

Distribución por países de la población por debajo del umbral de la pobreza al estallar la crisis económica en el 2008. Fuente: CIA Factbook.

“Tanto las economías golpeadas por la crisis como las economías prósperas están fracasando en eliminar la pobreza, mejorar la prestación de servicios públicos, como la educación, y mantener y repartir bienes colectivos, como reservas de peces y selvas tropicales, de manera efectiva y equitativa. Al mismo tiempo, las sociedades están cada vez más fragmentadas, dando lugar a que la soledad y las enfermedades relacionadas con el estrés vayan en aumento. Y las estructuras de gobierno se muestran inadecuadas para mejorar esta situación”. La frase no es de un líder de la izquierda radical ni de un activista antisistema, sino de la profesora Tania Singer del Instituto Max Planck, radicado en Leipzig (Alemania), y se refiere al desajuste social y emocional cada vez mayor desencadenado por la crisis económica y los presuntos remedios puestos en marcha. La frase es un retrato trágico del que sobresale ese fracaso en “eliminar la pobreza”, esa sensación de que está en marcha la construcción de un futuro sin futuro para millones de ciudadanos.

Mientras la profesora Singer ve la situación como un vaticinio de la desolación social que nos amenaza, asoma el Gobierno holandés, superado por la crisis y las estadísticas, y pone en boca del rey Guillermo Alejandro que el Estado del bienestar es insostenible y hay que ir hacia una “sociedad participativa”, concepto abstruso donde los haya que suena bastante a allá cada cual se las componga con sus recursos. Al Gobierno de liberales y socialdemócratas que anuncia el final del modelo europeo se le podrá acusar de cualquier cosa, pero no de andarse por las ramas: anuncia que se acabó la fiesta porque carece de recursos para pagarla. ¿Acaso es eso peor que desarmar todos los días una porción del Estado de bienestar para, se dice, ponerlo a salvo?

Cuando un Gobierno con el 80% de la opinión pública en contra de sus planes dice que el modelo social es insostenible, niega la viabilidad de una de las tesis que sostiene Singer: “Es tiempo de reemplazar el marco conceptual del homo economicus con un modelo que refleje la capacidad del ser humano de demostrar un comportamiento altruista y prosocial”. Esto es: el Gobierno holandés, por necesidad o por convicción, renuncia a buscar alternativas a la austeridad sin fronteras, los recortes de toda clase y el saneamiento del tejido económico mediante una operación devastadora de darwinismo social. En suma, el Ejecutivo de Holanda, como tantos otros, se recluye en los balances y prefiere soslayar el descoyuntamiento derivado de un único esfuerzo: lograr que los números cuadren.

Cuadro comparativo de la renta per cápita de los países de la UE. Fuente: Eurostat.

El político socialista Juan Fernando López Aguilar resume en una sola frase lo que está sucediendo: “Lo que se presenta como un éxito es, en realidad, allí donde existe (que, ojo, no es en todas partes), un crecimiento raquítico, sin empleo y sin esperanza para los jóvenes. Y todo siempre en perjuicio del modelo social que debería preservarse y del proyecto europeo”. Las organizaciones sociales lo resumen en la proyección de estadísticas para el 2025, según las cuales la Unión Europea cobijará 27 millones de pobres, de los que 2,6 millones residirán en Catalunya.

Al cruzar las opiniones con las cifras, acuden a la memoria las peores imágenes de películas localizadas en un futuro tan cercano como calamitoso. El hecho mismo de que aparezca en los informes una nueva clase social llamado precariado lo dice todo: el precariado es una tierra de nadie en la que se impone una economía de mera subsistencia, donde se vive a salto de mata –hoy tengo trabajo; mañana, no; pasado, ya veremos–; es una bolsa de ciudadanos cuyo modo de vida es vivir en precario. Si las cifras de desafección europea son las más altas en decenios, tal como indican las encuestas, ¿qué sucederá conforme crezca el precariado? ¿Es sostenible una organización política y económica como la UE cuando la mayoría de sus ciudadanos reniega de ella? ¿Quién irá a votar el año que viene la renovación del Parlamento Europeo?

Cuando las economías emergentes dejaron  de ser solo un concepto para convertirse en una realidad, enseguida se alzaron voces en Europa que hablaron del dúmping social practicado por algunos países, especialmente China, pero no solo ella. Aquellas voces, entonces tan escuchadas, han perdido fuerza paulatinamente y, paradojas de la historia, mientras las potencias emergentes encaran tímidamente la corrección de los desequilibrios sociales, en Europa se agravan, empujado todo el sistema por la necesidad de competir, asegurar mercados y contener la invasión de productos procedentes de las economías emergentes, favorecido todo ello por el programa liberalizador de la Organización Mundial de Comercio. Europa careció en el pasado de determinación o de voluntad política –la causa poco importa– para fijar obligaciones sociales a la expansión del comercio, y hoy el pensamiento ultraliberal europeo ha logrado imponer desregulaciones sociales para que sea posible competir.

El caso es que la de la UE sigue siendo la mayor economía del planeta –12,6 billones de euros al año– y, en consecuencia, está lejos de ser un muñeco roto sujeto a las leyes que imponen otros. Pero los cambios en el paisaje han inducido a los europeos a plegarse a las condiciones impuestas por terceros. Esos cambios son esencialmente dos, como recoge en un artículo Javier Solana: el crecimiento económico se desplaza hacia el este por primera vez en siglos y los países asiáticos son el primer socio comercial de la UE, por delante de Estados Unidos. Eso es algo más que un cambio de ciclo, es un cambio cultural de primer orden en el funcionamiento de la economía europea, cuyos costes sociales son incompatibles con la pugna por los mercados, colonizados a toda prisa por economías en el seno de las cuales la preocupación social tiende a cero.

La gran duda es si es sostenible –también aquí debe aplicarse el término– un entramado económico basado en la desregulación, la austeridad y el empobrecimiento de una parte no pequeña de la sociedad europea. Y, si lo es, la otra gran duda, quizá mayor que la anterior, es si es moralmente defendible un modelo sustentado en el empobrecimiento y la marginación de una parte significativa de la población. Es preciso introducir este enfoque humanista, más que humanitario, porque de ello depende en gran medida dar continuidad a la identidad europea, a esa larga peripecia histórica que encontró en la cohesión social el bálsamo a sus males mayores. En resumen, la gran duda es si cabe pensar en una Europa aligerada de conflictos entre estados si se imponen las doctrinas de los desequilibrios sociales.

Distribución de la pobreza en España por comunidades autónomas en el 2011. Fuente: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Un artículo publicado por el profesor Antón Costas en agosto del año pasado, respondía con mucha exactitud a esas dudas. “Todo estudiante de un curso de introducción a la economía de mercado aprende dos principios básicos –escribió Costas–. El primero es que las personas tienen distintas preferencias acerca de los bienes privados y las políticas públicas que mejor satisfacen su bienestar. El segundo es que los mercados y las políticas solo funcionan bien cuando tienen en cuenta esas preferencias sociales”. Lo menos que puede decirse es que ni el Gobierno holandés ni cuantos con él comulgan han tenido en cuenta principios tan elementales; está a la vuelta de la esquina el riesgo de que se evapore el Estado social y democrático de derecho que enuncia la Constitución española y que, con esas u otras palabras, se cita en las demás constituciones europeas.

Es interesante y aleccionador acudir al papa Francisco, cada día más original en su aproximación a la vida cotidiana: “Me dan miedo los laboratorios –dice en una entrevista– porque en el laboratorio se toman los problemas y se los lleva uno a su casa, fuera de su contexto, para domesticarlos, para darles un barniz” (La Civiltà Cattolica, revista de la Compañía de Jesús). Ciertamente, los laboratorios sociales dan miedo; los analistas financieros que los inspiran, resultan aún más inquietantes, y los gestores que aplican sus dictámenes causan pavor porque todo se reduce a un laberinto de cifras –la prima de riesgo, el pacto de Toledo, la presión fiscal, los contratos a tiempo parcial, las pensiones, la supervivencia del euro, el saneamiento de los bancos, el déficit–, todo se reduce a un entramado vertiginoso cuyo mayor logro ha sido alumbrar el precariado en nombre de la sostenibilidad. No hay forma de aceptar que vamos por el buen camino.

La Diada cambia la decoración

“No está demostrado que toda causa nacionalista tenga un efecto emancipador”.

El Roto

Harán bien el Govern y los organizadores de la Via Catalana en no dejarse deslumbrar por la repercusión de la Diada en medios informativos de todo el mundo y de orientación ideológica muy variada, pero aún hará mejor el Gobierno de Mariano Rajoy si presta atención a algunos comentarios difundidos por plataformas tan respetables como Le Monde, The Wall Street Journal o la CNN, por citar solo algunos de los no afectados por la vía escocesa. Harán bien en entender todos que el éxito de la convocatoria –logístico, emocional y cívico– no desvanece ninguno de los problemas que plantea el soberanismo catalán dentro y fuera de Catalunya, una sociedad plural, variada, diversa y compleja, zarandeada por la crisis económica y en buena medida movilizada contra sus efectos devastadores.

No es ninguna originalidad, pero sigue siendo oportuno formular una vez más la pregunta tantas veces repetida: ¿la agitación sería la misma sin la tragedia del paro, la quiebra del Estado del bienestar y la diseminación de la pobreza? Y, ya puestos, cabe preguntarse, además, si todo sería como hoy es si la proliferación de casos de corrupción política no alcanzara la escandalosa notoriedad presente. De hecho, una cosa va unida a la otra: la corrupción remueve las entrañas sociales en un marco de estrecheces dentro del cual unos cuantos ventajistas utilizan la política para enriquecerse. El profesor Josep Oliver lo expresaba muy bien el último jueves en las páginas de EL PERIÓDICO, porque cualquier alternativa política que no atienda en primera instancia a las víctimas de la crisis se deslegitima por sí sola, y muchos de los movilizados con ocasión de la Diada creen que la salida del túnel está en la independencia y otros –que sean más o menos, poco importa–, que reformar la relación de Catalunya con España mediante una fórmula federalizante explícita es el camino adecuado para poner remedio a una situación insoportable para cientos de miles de ciudadanos.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Para José Ortega y Gasset, Europa era la solución al problema de España, pero dos o tres generaciones después, la solución del problema es para muchos catalanes sumergirse a solas en el seno de la Unión Europea. A nadie debe sorprender que ese sea el camino soñado por el nacionalismo, cuyo objetivo final es alcanzar para Catalunya la condición de actor político sin intermediarios. En la UE, los actores políticos únicos son los estados y la meta no puede ser otra para el soberanismo en acción; otra cosa es que la separación incluya el reconocimiento automático o casi de un nuevo socio o, más probablemente, un fatigoso proceso de adhesión. De eso último se habla poco, apenas nada, salvo las fórmulas de rigor para despejar el enigma a brochazos: la independencia entrañaría la salida de la UE (tesis del Gobierno); la independencia abriría un corto paréntesis que desembocaría en el ingreso –Catalunya cumple todas las condiciones para la adhesión– y la permanencia en el euro estaría garantizada desde el primer día (tesis del Govern con matices y del conglomerado independentista).

Lo cierto es que ha pasado la hora de acudir al panteón para desenterrar a los héroes de antaño glorificados por ambos bandos. Las mitologías nacionales valen para lo que valen, pero cuando se llega a una situación como la presente, sirven de poco las mixtificaciones históricas, la invocación de un pasado luminoso y otros ingredientes heredados de los teóricos del nacionalismo romántico. La poesía del pensamiento (George Steiner) y otros registros del binomio literatura-filosofía no tienen acomodo en la discusión, porque el debate de las ideas ha desembocado en la política de las cosas.

La presión que la realidad ejerce sobre los gobiernos de Madrid y de Barcelona es de tal naturaleza que ambos dan la impresión de andar detrás de ella a grandes trancos, desbordados por una dinámica social con la que no contaban. La obstinación del equipo de Rajoy de acogerse a la Constitución como lo podía hacer un teólogo preconciliar con el catecismo del padre Ripalda es una operación estéril que aplaza los problemas, pero no los resuelve, sino que los agrava. La mezcla de compromisos adquiridos por Artur Mas, entre el referendo pactado y las elecciones plebiscitarias –una etiqueta sorprendente aplicada a unas legislativas– desorienta a los templados, disgusta a los radicales y otorga la iniciativa política a ERC y a las organizaciones cívicas que se implicaron en la organización de la Via Catalana.

El comportamiento de los ministros se atiene a una lógica similar a la que ha dado pie al batacazo de Madrid 2020. De la misma manera que los Juegos Olímpicos no son nunca el resorte que saca de apuros a una ciudad –a un país–, sino que su designación obedece a condiciones previas favorables –Madrid, por desgracia, no las reunía–, la Constitución es el resultado del encaje político de la transición, pero 35 años después todo ha cambiado y el texto ha envejecido a ojos vista; han cambiado las condiciones y, al ser estas muy otras, no queda otro rumbo posible que poner en marcha la máquina de la reforma. La estructura territorial, el diseño de competencias, los modelos de financiación y la praxis diaria han puesto en evidencia las debilidades del sistema, la asimetría en el reparto de esfuerzos, en suma, las disfunciones que una parte de la sociedad catalana apreció como conflictos insalvables a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional referida al Estatut. Si la Constitución se reformó aprisa y corriendo para limitar el déficit público, ¿por qué no puede corregirse para mejorar la eficacia funcional y política del Estado? ¿O teme el Gobierno que una parte del electorado le pase factura si transmite sensación de debilidad?

De forma similar, la opción soberanista se ha llevado por delante la neutralidad del Govern, que entiende el derecho a decidir como el apoyo a la independencia y no como la posibilidad de escoger entre diferentes opciones. Perseverar en el Estado de las autonomías, apostar por el federalismo o vislumbrar una estructura confederal son otras tantas opciones que han desaparecido de la brega política de Mas y sus consellers, alineados todos en la secesión con levísimos matices. La insistencia en que el referendo debe convocarse con una sola pregunta no es más que una reducción de todas las opciones a su expresión más escueta: o nos marchamos o nos quedamos. Sin que se sepa, por lo demás, cuáles serían las consecuencias reales en cada caso. El riesgo de caricaturizar el futuro es enorme y la tentación se hace presente cuando asoman por los medios profetas que presentan la independencia poco menos que como el bálsamo de Fierabrás que permitirá superar la crisis económica.

Una crónica del diario Le Monde daba algunas pistas sobre la tendencia a simplificar y la razón de las prisas por realizar la consulta. “El riesgo es, sobre todo, ver que el movimiento se deshincha. Especialmente, si la reactivación económica se confirma”, escribía Sandrine Morel, corresponsal en Madrid. Alfred Bosch, jefe de filas de ERC en el Congreso de los Diputados, le daba la razón: “La crisis no es el motor del independentismo, pero es un potente carburante”. ¿Quién hubiese podido prever en el 2008 que aquellos polvos traerían esos lodos?

Pero hay otros potentes carburantes. El más importante es la debilidad del Gobierno de Rajoy, desgastado hasta el esqueleto por el caso Bárcenas y criticado desde varios frentes por el desaguisado de la candidatura olímpica de Madrid. Agravado todo con la proliferación de opinantes con tendencia a apagar el fuego con gasolina. Claro que el Gobierno no debe practicar el tancredismo, aunque a veces parece refugiarse en él, pero para oír según qué comentarios, mejor sería que algunos portavoces hiciesen voto de silencio, porque la desafección se alimenta tanto con los hechos como con las palabras, como muy bien saben, por cierto, en la Generalitat –y en los medios que gobierna–, dispuesta a demostrar a todas horas que nada bueno puede llegar del otro lado.

Combatir la desafección con un llamamiento a la mayoría silenciosa, como ha insinuado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es un ejercicio de equilibrismo sin red en la cuerda floja. ¿Quién es capaz de sacar conclusiones y determinar qué lleva a la mayoría silenciosa a quedarse en casa? En un clima de crisis social demoledora, la decisión de no participar puede deberse a un sinfín de razones diferentes de las que pueden pasar por la cabeza de la vicepresidenta, incluida la desconfianza incurable de un segmento social cada vez mayor hacia cuanto atañe a la política, los políticos y las instituciones. Si el president Mas sacó conclusiones precipitadas de la manifestación de la Diada del 2012, midió mal sus fuerzas y acabó perdiendo 12 diputados en las elecciones autonómicas, ¿qué decir de la oportunidad de invocar a la mayoría silenciosa para contener los efectos de la cadena humana del 11-S?

Nadie espera un abrazo de Bergara, un baile en el salón de los espejos del palacio de Versalles o cualquier otra atenuación de las diferencias con miradas de complicidad, pero sí cabe esperar que se imponga el realismo –la política– como norma de conducta. El realismo excluye la victoria por goleada de una de las partes, tiende a la transacción y al empate y, en última instancia, tiende a encontrar salidas honrosas. El realismo excluye el fundamentalismo dogmático y disparates altisonantes del tenor de los contenidos en el editorial de Abc de análisis de la Diada: “Lo que debe haber es Constitución y cumplimiento de la ley, utilizando si es menester todas las herramientas que prevé la Carta Magna. Una vez que los sediciosos acaten el marco legal será cuando se pueda dialogar, no antes”. Ni la Constitución es un texto revelado ni nadie, que se sepa, ha cometido delito de sedición.

Perseguir el programa máximo como la única alternativa aceptable puede conducir directamente a la frustración; negar por principio todo cambio significativo lleva a la crisis permanente. La tentación de esperar sin más a que escampe (el Gobierno) es tan arriesgada como la de no levantar el pie del acelerador ni un segundo (el Govern). Reducirlo todo a una pugna de nacionalismos –el español y el catalán– carece de justificación política y llenará el futuro de malos presagios.

 

 

 

El PP opta por la ‘omertà’

“Sin partidos políticos, el funcionamiento de la representación policía, es decir, de la base misma de las instituciones liberales, es imposible”.

(‘Instituciones políticas y derecho constitucional’, Maurice Duverger, 1970)

Los partidos pillados en falta que se obstinan en guardar silencio y confían en que el tiempo todo lo curará suelen acabar pagando lo que en buena ley les toca más cuarto y mitad. Salvo enjuagues inconfesables con el poder judicial, esa es una regla no escrita de la democracia, pero que se repite con machacona insistencia en los regímenes de opinión pública desde tiempo inmemorial. Por idéntica razón, la reacción del PP de aislar a Mariano Rajoy y blindarlo para que no tenga que dar explicaciones en el Parlamento es un error táctico de manual porque concede a Luis Bárcenas el privilegio de fijar los ritmos. Aunque María Dolores de Cospedal sostenga en público que “las mentiras no se documentan”, los documentos originales publicados por el diario El Mundo y a disposición del juez Pablo Ruz son lo más parecido a armas de destrucción masiva (el Financial Times ha aludido a una bomba atómica).

Es sorprendente que alguien como Rajoy, tan propenso a invocar el sentido común, no haya llegado a la conclusión de que es de sentido común dar explicaciones cuando, lisa y llanamente, el extesorero del partido afirma con papeles que pagó sobresueldos a él y a otros. Que algunos tertulianos en el Canal 24 h de TVE defiendan la posición del presidente del Gobierno, so pretexto de que en febrero se explicó y no hay novedades, solo demuestra que con esos amigos no hacen falta enemigos, porque cambios sí los ha habido: se ha pasado de las fotocopias publicadas por El País a los originales; se ha pasado de no disponer de la contabilidad del PP de 1990 a 1994 a estar colgada en la red, Anonymous mediante; se ha pasado del todo es mentira “salvo algunas cosas” a billetes de curso legal en cajas de puros, gestionadas por Bárcenas y dirigidas a significados dirigentes del PP.

El parecer de Jesús Maraña en infolibre.es está más apegado a la realidad del momento que los partidarios de la omertà (ley del silencio siciliana): “Por muy convencido que esté Rajoy de que el silencio lo cura todo, un presidente del Gobierno no puede mirar al infinito cuando las acusaciones de su extesorero le señalan (al menos) como conocedor y por tanto encubridor de actuaciones que han ido ligadas a la posible comisión de delitos muy graves”. Así de simple, sencillo y sensato. A no ser que vivamos en una democracia de ínfima calidad, en cuyo caso Maraña da doblemente en el clavo con ese otro juicio igualmente simple, sencillo y sensato: “Cuesta imaginar que en cualquier democracia decente no hubieran ocurrido ya un montón de cosas que aquí aún se esperan con notable escepticismo.

Ante las sombras de sospecha cada vez mayores de que desde Rosendo Naseiro hasta nuestros días el PP se ha financiado de forma irregular a través de donaciones opacas, ante la más que verosímil proliferación de sobres para redondear el sueldo de altos cargos, ante el chantaje amenazante que se ejerce desde una celda de la cárcel de Soto del Real sobre el gran partido de la derecha española, la ley del silencio es la peor de todas las alternativas. El silencio no hace más que alimentar las dudas acerca de la libertad de movimientos del presidente del Gobierno y sus colaboradores más próximos, pendientes de que alguien como Garganta Profunda en el caso Watergate diga a otro alguien que siga el rastro del dinero para dejar al descubierto el gran guiñol. Si a causa de unas fiestas celebradas en un ambiente orgiástico se acusó a Silvio Berlusconi de arriesgar la seguridad del Estado, ¿qué decir cuando la atmósfera se enrarece con el intercambio de favores y dinero?

Ni siquiera la debilidad de la oposición, con su propia porquería en la trastienda –eres, palaues, iteuves y otras lindezas–, permite dar con un solo gramo de lógica democrática en esa opción por el silencio. El sistema de partidos surgido de la transición está en riesgo, no solo por lo que vaticinan las encuestas. El riesgo obedece a que el más importante de todos ellos, porque es el que sustenta al Gobierno, calla o confunde, mientras a cada poco surge un portavoz ad hoc que recuerda que los presuntos delitos han prescrito –una cosa es que hayan prescrito y otra, que no se hayan cometido–, y aquí paz y después gloria. El riesgo, en fin, es que el bipartidismo imperfecto salte por los aires porque deje de ser una herramienta útil para garantizar la normalidad institucional en un país sometido a las servidumbres y debilidades de una crisis económica atroz y varios litigios territoriales –de estructura del Estado– cada día más retorcidamente complejos.

Hay precedentes sobrados de procesos político-judiciales que, como una riada, se llevaron por delante cuanto encontraron a su paso. El caso Manos Limpias en Italia es el más conocido y cercano, pero la quiebra del bipartidismo venezolano, con todas las diferencias que se quieran subrayar, no es mala fuente de inspiración para sopesar hasta qué punto la incuria de los estados mayores de los partidos puede poner toda la arquitectura institucional de un Estado en el disparadero de una crisis ingobernables. En Italia y en Venezuela, como ahora aquí, los partidos se entregaron a un intercambio estéril de invectivas mientras se pudría la situación; cada formación creyó estar en disposición de ejercer el monopolio de la ética, pero la soberbia de los moralistas no pudo detener la rotundidad de los hechos, la deserción de los votantes hacia otras siglas y el escepticismo generalizado.

Cuando una periodista tan identificada con la derecha-derecha se expresa en los términos que lo hizo el jueves Isabel San Sebastián en las páginas de Abc, es que la gravedad de la situación no está muy lejos de lo dicho hasta ahora. “Cualquier extorsionador es, por definición, un ser de naturaleza infame, lo cual no invalida necesariamente la veracidad de sus afirmaciones –ha escrito San Sebastián–. La gente así no muta de la noche a la mañana y el extesorero de la calle Génova trabajó para el partido durante más de dos décadas. ¿Nadie se dio cuenta del tipo de persona que les llevaba las cuentas o le asignaron esa función precisamente por su carencia de escrúpulos? ¿Les ha pillado por sorpresa esta actuación del antiguo senador cántabro o ya apuntaba maneras y por eso prescindió Cospedal de sus servicios (aunque siguiera pagándole un generoso estipendio) cuando se hizo cargo de la secretaría general? Estaría muy bien que ella lo explicara con el detalle que merece la dignidad de los once millones de votantes que hace apenas año y medio depositaron su confianza en las siglas que representa”.

Lo peor no es que “el ridículo que estamos haciendo en Europa no tiene precedentes”, como afirma en elplural.com el abogado Fernando Silva, porque sí hay precedentes, lo peor es que la simulación y el pago diferido a Bárcenas, de los que en su momento dio cuenta De Cospedal durante una comparecencia balbuciente y confusa, parecen ahora pecata minuta al lado del festival de cuentas en Suiza, pagos encubiertos, contabilidades B y el link entre los famosos papeles del extesorero y la no menos famosa trama Gürtel. Aunque el PP es muy reacio a ejercitarse en la memoria histórica, debería por una vez practicarla y ponerse al día, explorar en las hemerotecas y dar con los desmentidos proporcionados por el entorno del presidente Richard Nixon: el montaje se vino abajo en dos años y Nixon dejó la Casa Blanca sumido en el deshonor.

El tiempo que ha ganado el PP en la diputación permanente del Congreso para que Rajoy no tenga que subir a la tribuna de la Cámara durante los dos próximos meses está lejos de ser un triunfo de la estrategia parlamentaria. Antes bien, se antoja una muestra de debilidad que da sentido a la ausencia de la oposición de la comisión que debe dar forma a la ley de transparencia. ¿Cómo se puede hablar de transparencia, siquiera sea en términos jurídicos, cuando la orden impartida por el PP ha sido apagar la luz así caigan chuzos de punta? ¿Cómo se puede hablar de transparencia cuando los presumibles afectados por un escándalo político inabarcable no sueltan prenda y se remiten a cuanto se derive de las actuaciones judiciales en curso? La oposición no es un coro de espíritus puros, como ha quedado dicho antes, pero discutir la ley de transparencia en esas condiciones hubiese sido una mascarada.

Añádase a todo eso el espectáculo de la lucha por el poder desencadenada en el PP para sumar a las preguntas anteriores esa otra: ¿cuánto pueden dar de sí las costuras del sistema antes de rasgarse? La periodista Rosa María Artal describe el campo de batalla en eldiario.es: “Un Rajoy cementado a su roca –que resistirá hasta el final– se enfrenta a quienes postulan a Esperanza Aguirre como sustituta. (…) Gallardón maniobra por su cuenta, apoyado por Aznar. Sáenz de Santamaría y Cospedal –enfrentadas en la carrera– moviendo sus equipos”. No es muy difícil aceptar que la disposición de los contendientes se asemeja mucho a la de ese relato, como si todos ellos entendieran que pueden salir victoriosos del sórdido episodio. Como si de la omertà más la pugna en los despachos pudiera surgir, contra todo pronóstico, algo nuevo y decente.

El rearme moral de la ‘aznaridad’

El rearme moral de la derecha española se concreta todos los días en la aplicación de un programa de rectificaciones de la historia mediante resortes legales cargados de ideología y faltos de la más mínima predisposición al pacto. La mayoría absoluta permite a la derecha aprovechar la coyuntura parlamentaria para modificar todo aquello que hubo de aceptar a regañadientes durante la transición, en un clima entonces propicio a las reformas social y cultural. A esa derecha fiel a la tradición retardataria le cuadran las cuentas gracias a un estado de ánimo colectivo de carácter depresivo, las exigencias de la Iglesia católica, el propósito de someter la periferia a las necesidades del centro y el castigo que los mercados infligen a una economía deshilachada. Además, precisa sofocar los escándalos Gürtel-Bárcenas y la presidencia de Miguel Blesa en Caja Madrid, que han puesto al PP y a la aznaridad –recuérdese el libro de Manuel Vázquez Montalbán La aznaridad: por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio– frente al espejo de sus miserias.

La aznaridad

Portada de ‘La aznaridad’, publicado por Mondadori en el 2003

José María Aznar, liberado de los ademanes contenidos que exige estar en el Gobierno, lo resumió el viernes en pocas palabras: echa en falta un “proyecto histórico”. ¿Cuál debe ser este? La vuelta a los orígenes, el desvío del Estado democrático hacia puertos de arribada en los que tengan cabida los rasgos esenciales de la tradición conservadora menos dialogante, la restitución de los dogmas –los religiosos también– a los que la derecha española hubo de renunciar momentáneamente durante el proceso constituyente para sacar del atolladero a un país que no tenía encaje en Europa. A Aznar no le gusta la Constitución desde el primer día, las autonomías le parecen algo inmanejable, las exigencias de Europa se le antojan un mecanismo de intromisión inadmisible. Durante sus cuatro años de mayoría absoluta todo esto se hizo patente, y el martes, viéndole en Antena 3, la derecha de toda la vida se sintió ratificada en sus principios, aunque luego el PP y el Gobierno se hayan defendido sin disidencias de las críticas que les dirigió Aznar.

Aznar no desenvainó solo para que su presunta conexión con la trama Gürtel-Bárcenas se diluyera lo antes posible en el fragor de la entrevista, sino porque realmente su punto de vista es el de la derecha recalcitrante española, aquella que tiene de las instituciones europeas un concepto meramente instrumental y de la configuración de un Estado laico y descentralizado, una idea del todo accidental. La gran sorpresa para el Gobierno es que creía estar cumpliendo con la familia mediante un reparto asimétrico del coste social de la crisis, la obediencia a la Conferencia Episcopal y el homenaje al pasado del brazo de la División Azul, pero se ha sentido descolocado y discutido por una parte de los suyos, que han visto abierto con Aznar el tarro de las esencias, el retorno del espíritu del aznarato (1996-2004), término acuñado por Javier Tusell.

¿Qué mejor confirmación de que vamos por el buen camino?, debieron pensar los estrategas de Mariano Rajoy al leer Hay vida después de la crisis, de José Carlos Díez, impugnación en todos sus términos de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno. Estamos donde debemos estar, concluyeron los asesores de la Moncloa cuando se toparon el domingo con esta frase en el blog de Díez: “Merkel y Rajoy siguen defendiendo todo lo que este economista observador dice en su libro que no hay que hacer y el resultado es un PIB desastroso y peores datos de empleo. En España ahora hemos pasado del España va bien a ‘no hemos pedido el rescate’. Rajoy lo ha dicho unas 10.000 veces esta semana”. Pero luego salió Aznar por la tele y, claro, las certidumbres se vinieron abajo, aunque no haya forma de saber si su crítica a los remedios aplicados a la crisis obedecen a la creencia sincera de que nos dirigimos hacia el precipicio o a que la europeización de España se le aparece al expresidente como una forma aviesa de desnaturalizar nuestras señas de identidad.

Hay vida después de la crisis

Portada de ‘Hay vida después de la crisis’, publicado este año por Plaza & Janes.

Por lo demás, no hay mayor distancia conceptual entre lo que pasa por la cabeza de Aznar y lo que barrunta un ministro como Jorge Fernández Díaz cuando se remite a la reconciliación nacional para justificar la presencia de María de los Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Catalunya, en un homenaje de la Guardia Civil a la División Azul. No hay otro solar en Europa en el que se crea preciso y conveniente reconciliarse con los depositarios del legado nazi, por muy mayores que sean; hacerlo puede ser incluso delictivo en muchos países. Pero aquí aún hay quien ve en los divisionarios a héroes desprendidos dispuestos a defender al Occidente cristiano allí donde hiciese falta en aquella Europa arruinada por una guerra atroz.

Tampoco hay gran distancia entre la disciplinada obediencia gubernamental a la receta moral de la Iglesia católica y cuanto Aznar tiene por necesario. La construcción de un sistema político que garantice la neutralidad de los gobernantes nunca ha sido del gusto de la derecha inamovible, y esa batería de cambios, de la ley del aborto a la de educación, solo se explica a la luz del magisterio de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y de algo muy interiorizado por los fundamentalistas de todas las religiones: la prédica en los púlpitos y la política deben andar de la mano. Cuando el obispo Juan Antonio Martínez Camino, secretario de la CEE, declara que los partidos con “poca tradición democrática” -para el caso, el PSOE- son los que se oponen a que la asignatura de Religión valga lo mismo que cualquier otra, expresa una convicción interiorizada por la España monolítica que ve las cosas así desde tiempo inmemorial y entiende que el único adoctrinamiento legítimo es el del catecismo (piénsese en su inquina con la asignatura Educación para la Ciudadanía so pretexto de que adoctrinaba).

Entonces ¿cómo es posible que el padre dispare a dar contra sus hijos? ¿En qué disiente Aznar de la escrupulosa aplicación de los programas neoconservadores impuestos por Alemania vía Bruselas? ¿Qué de malo encuentra a cuanto se ha dispuesto para neutralizar el laicismo del Estado? ¿A quién se dirige cuando dice echar en falta un proyecto histórico? Quizá todo obedezca al hecho de que, como escribe Montserrat Domínguez, Aznar tiene menos influencia de la que supone en el sector más conservador y nostálgico del partido, pero, en cambio, sigue siendo el líder añorado por el núcleo duro del electorado conservador, aquel que ve en el Gobierno la práctica de un cuádruple vasallaje: a Europa, que exige obediencia a los estados periféricos endeudados; a la movilización, siquiera sea moderada, de las organizaciones sociales que hablan en nombre de las víctimas de la crisis; a algo muy parecido a una ideología espontánea de cariz laico que ha arraigado en un segmento social en el que confluyen diferentes corrientes progresistas, y a la aventura soberanista que agita Catalunya.

El aznarato

Portada de ‘El aznarato’, publicado por Aguilar en el 2004.

Ese núcleo duro reclama un proyecto histórico con independencia de algunas realidades que están a la vuelta de la esquina. “Hacia 2050, Asia será responsable del 50% de la producción mundial, Europa y América del Norte, de un 15% cada una, y América Latina y África, de algo menos del 10% cada una. La economía china doblará en tamaño a la de Estados Unidos y Alemania será la única economía europea entre las diez más grandes, por detrás de la India, Brasil, Indonesia, Rusia, Japón y tal vez Nigeria o México. Además, la India se convertirá en la mayor economía del mundo antes de 2050, ya que su población envejecerá más despacio que la de China”, pronostica un informe del Real Instituto Elcano de finales del año pasado, pero vaticinios como ese pesan poco en el imaginario colectivo de quienes ven en el Estado monolítico el compendio de todas sus ensoñaciones identitarias.

Según estadísticas elaboradas por el Banco Mundial, la economía española era la octava del mundo en 1990, con un PIB de 520.000 millones de dólares; hoy la décima economía es la de la India, con un PIB de 1,8 billones de dólares, el 70% por encima del PIB español. Contra esos vectores de crecimiento, que nada indica que se moderarán, cabe solo adaptarse al medio, ser eficaz y buscar salidas tangibles, o agarrar la bandera. Quien dice la bandera dice acogerse al fundamento de todos los nacionalismos: preservar las esencias de cuanto es ajeno a la patria imaginada. Claro que todo nacionalismo tiende a alimentar, por oposición, otros nacionalismos, y así sucede que en los discursos políticos en circulación, y el de Aznar no se sale de la norma, el nacionalismo exacerbado del centro da alas a los de la periferia, y estos, a su vez, al del centro. Ese es el juego y ese es el proyecto histórico que contenía el mensaje lanzado por Aznar mirando a los ojos de sus adeptos, sin mover un músculo, como el predestinado que cumple con una obligación asimismo histórica.

¿Cómo puede afectar todo esto al PP y al Gobierno? ¿Se trata simplemente de una tormenta de verano que escampará, como en la novela de Juan García Hortelano, en cuanto se serenen los espíritus turbados por las pasiones? Por lo que se va oyendo, el desafío de Aznar tiene recorrido, entre otras razones porque la oposición se ocupará con entusiasmo de hurgar en la herida de la división de los populares, y estos carecen de los instrumentos para evitar lo que ha logrado Barack Obama: que los escándalos de su Administración no dañen su popularidad, por encima del 50% según la última encuesta de la CNN. “El público simplemente ha separado los escándalos de Obama”, afirma Ezra Klein en The Washington Post, pero en una sociedad sacudida por desequilibrios desbocados, ¿puede reproducirse el fenómeno y salir Rajoy indemne de la disputa? Más parece que Aznar, al arrojar una piedra contra la superficie del estanque, quiso desencadenar un temporal y no un suave oleaje.