Debate sobre el poder a raíz de la pandemia

La crisis mundial provocada por la pandemia del covid-19 ha abierto de nuevo el debate relativo a las atribuciones de los estados, al poder que ejercen, a la eficacia o ineficacia de los sistemas, a la relación de los ciudadanos con las autoridades políticas, a la competición entre adversarios políticos en situaciones de excepción como la presente. Al mismo tiempo, asoman nuevos profetas que se emplean a fondo para resaltar el éxito de China para limitar la extensión de la enfermedad y quizá vencerla; pocos de ellos emplean la misma energía en recordar la naturaleza del poder en el país donde todo empezó: una dictadura de partido único, extremadamente centralizada, sin compromiso alguno con la defensa de los derechos humanos y con el derecho a la autonomía de los individuos. Ni siquiera se sabe hasta qué punto la cicatería informativa de las autoridades chinas en las primeras semanas de la epidemia facilitó la extensión de la enfermedad, y resulta una ingenuidad dar por buenas las cifras que han facilitado (contagiados, muertos y curados).

“Somos bastante reacios a obedecer si no se nos convence y tenemos muchas fuentes de información”, ha declarado a este diario el filósofo Daniel Innerarity. Es esta una opinión tranquilizadora en una época en la que se multiplican las voces que reclaman anteponer la seguridad a cualquier otra consideración, base y fundamento de la vieja utopía reaccionaria que persigue erosionar el ejercicio de las libertades a cambio de mayores cotas de seguridad (en realidad, no hay seguridad sin libertad). El confinamiento obligado por la pandemia está lejos de ser una concreción de tal utopía -distopía,mejor-, más bien es una situación excepcional y científicamente justificada, pero todo vale en la brega de la extrema derecha y vecinos ideológicos para arremeter contra la democracia, los sistemas deliberativos y la acotación del poder.

El profesor David Runciman, de la Universidad de Cambridge, se remite en las páginas del periódico progresista The Guardian, a la aproximación de Thomas Hobbes (mediados del siglo XVII) sobre la naturaleza del poder: algunas personas pueden decir a otras qué deben hacer. Algo que por la gravedad del momento tiene justificación, pero que solo en los regímenes democráticos se contrapesa con garantías de control de los riesgos asociados a medidas limitativas de la libertad de movimientos. “Los gobiernos nacionales realmente importan, y realmente importa de cuál dependes –escribe Runciman–. Aunque la pandemia es un fenómeno global, y se está experimentando de manera similar en muchos lugares diferentes, el impacto de la enfermedad depende en gran medida de las decisiones adoptadas por los gobiernos individuales”.

Tal dependencia de las decisiones requiere un examen permanente y pormenorizado de su oportunidad y eficacia. La discusión en Estados Unidos se plantea hoy en tales términos: el presidente Donald Trump se instaló en un escepticismo sin justificación posible y dio tiempo a que avanzara la enfermedad hasta manifestarse con una virulencia extrema. La Casa Blanca despreció la experiencia europea, y cuando rectificó hubo de hacerlo urgida por el desmoronamiento de la economía y la multiplicación de los contagiados. “La economía ha entrado en una profunda recesión que tiene ecos de la Gran Depresión en la forma en que ha devastado a muchas empresas y consumidores, provocando despidos masivos y amenazando con provocar una reacción en cadena de quiebras y pérdidas financieras para empresas grandes y pequeñas”,  explica Heather Long en el liberal The Washington Post.

¿Cuánto del desastre podía haberse evitado y hasta qué punto el programa de rescate de dos billones de dólares será eficaz? Nadie lo sabe. ¿Qué dimensiones puede adquirir la epidemia en Estados Unidos? No son posibles los vaticinios. Lo único que ha confirmado la crisis es que la suficiencia es siempre ineficaz, dañina, y agrava los efectos de por sí gravísimos de una economía paralizada, sin que quepa aventurar cuándo será posible reactivarla.

¿Despreció Donald Trump los efectos de la globalización? El analista Alex Kliment contesta con una dualidad: “Algunas personas ven la crisis de covid-19 como una llamada de atención atrasada para una mayor coordinación y unidad global. Otros lo ven como una confirmación de su sensación de que la globalización había ido demasiado lejos, y que un futuro de muros más altos y menos integración económica es más seguro y saludable”. Pol Morillas, director del Cidob, abunda en El País en la misma idea de repliegue de la política en dirección a ámbitos alejados de la idea de globalización: “El coronavirus parece haber decantado el péndulo hacia lo nacional, también en la UE. Los límites a la movilidad y el confinamiento siguen regulaciones nacionales, en ausencia de directivas conjuntas. Las medidas sanitarias y de respuesta a la pandemia divergen entre los estados de la UE y a veces en su interior, entre Gobiernos centrales y regionales”.

En mitad de la batalla ha cundido la idea de que si fue útil una solución nacional, centralizada y autoritaria en China, ¿quizá este sea el camino? Al mismo tiempo, las recetas nacionales han tensado las costuras en los estados europeos de estructura federal o federalizante –el caso español no es único–, entre las autoridades a escala regional y las entidades locales, y así sucesivamente; la naturaleza y los atributos del poder, la soberanía y cuanto se refiere al equilibrio entre poderes se ha puesto a discusión entre partidarios y adversarios de soluciones autoritarias, con la referencia china siempre al fondo.

“En el corto plazo va a haber un repunte de la autoridad del Estado (…) Pero en el largo plazo el Estado-nación pensado de forma tan vertical no existe”, sostiene Daniel Innerarity. Es una opinión esperanzadora frente a quienes pronostican una mutación autoritaria del poder propiciada por la pandemia, que aceptarán sociedades asustadas y económicamente vulnerables. Sociedades en las que, antes de la crisis, anidaron opciones populistas con representación en los parlamentos, programas muy conservadores y actitudes cada vez más agresivas. David Runciman lo resume en dos preguntas: “¿Cómo ejercerán los gobiernos los poderes extraordinarios que les damos? ¿Y cómo responderemos cuando lo hagan?” Las respuestas solo podrán ser retrospectivas, pasada la tormenta.

 

 

Charcutería política en plena crisis sanitaria

La peor versión de la charcutería política ha hecho acto de presencia en medio de la crisis planetaria del coronavirus. También ha asomado con furor la vieja discusión entre el fuero y el huevo, y han proliferado como las setas en otoño (cuando llovía abundantemente) los especialistas en discusiones bizantinas. Y no han renunciado a sumarse a la función diferentes clases de visionarios, científicos o no, que desacreditan cuanto se hace o se atreven a sostener que vieron venir el desastre mucho antes, advirtieron a quienes debían y no les hicieron caso.

La crisis es mundial, pero su utilización ha adquirido tintes de local, de política de bajos vuelos. La abundancia de políticos en permanente campaña electoral empaña todas las discusiones; los disidentes a quienes la idea de unidad de acción provoca sarpullidos arremeten contra autoridades legitimadas para adoptar medidas extremas; los expertos que deben tomar decisiones arriesgadas sufren el acoso de otros expertos que no se sienten suficientemente atendidos o creen disfrutar de una excepcional clarividencia (Oriol Mitjà, uno de ellos). No es esta una situación generalizada, pero sí demasiado frecuente.

Mientras cada uno en su casa gestiona el confinamiento con un índice de seguimiento altísimo –calles vacías, tiendas cerradas, el sistema educativo paralizado, la economía en fallo multiorgánico– y una encuesta publicada por el diario El País revela una aceptación del 36% de las medidas adoptadas –65% si se suma el porcentaje de cuantos las valoran como regulares–, al escuchar según qué voces se podría llegar a la conclusión de que vivimos instalados en los errores encadenados en diferentes peldaños de la Administración. Mientras la población asume con serenidad el parte diario de bajas y da muestras reiteradas de solidaridad y disciplina social, la deslealtad se manifiesta con energías renovadas, manipula la realidad o simplemente miente a la opinión pública.

La declaración del estado de alarma ha activado los resortes de un localismo exacerbado, cuyas primeras manifestaciones precedieron al larguísimo y seguramente tormentoso Consejo de Ministros del sábado, 14. Así el papelón de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que hubo de rectificar después de referirse con desdén a los profesionales de la educación; así Quim Torra, que ocupó la noche del viernes, 13 en anunciar un confinamiento específico para Catalunya que no podía declarar, con una aclaración casi inmediata del conseller Miquel Buch y, a partir de ahí, una traslación del combate contra la pandemia a la precampaña electoral del independentismo desaforado; así, en fin, las diferentes aportaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y otros ilustres especialistas en sembrar la confusión y la duda en sociedades sometidas a una prueba de estrés sin precedentes en tiempo de paz.

Sin duda, el Gobierno ha cometido errores en la gestión de este aciago asunto porque todos los han cometido, empezando por el de China, como es de imaginar que los han cometido las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, con diferentes grados de intensidad y en diferentes momentos. Si no los hubiesen cometido, deberían pasar a los anales de la historia de la humanidad como gobiernos dotados de una lucidez sobrenatural. Es además altamente improbable que alguien disponga de un catálogo de medidas infalibles, capaces de limitar los efectos de la pandemia y de acelerar la solución de la crisis. De la misma manera que es muy improbable que, fuese la que fuese la concreción del estado de alarma, no surgieran inmediatamente voces dispuestas a considerar insuficientes, tardías e inadecuadas las medidas adoptadas.

Desde el principio, ha sido irrefrenable la propensión de bastantes a desacreditar lo hecho en el pasado mediante la información de que se dispone en el presente. Este análisis retrospectivo es, por lo menos, capcioso salvo que su pretensión última sea documentar un precedente de forma suficientemente detallada por si en el futuro hay que afrontar una crisis con la repercusión y dimensiones de la del coronavirus. Y en este análisis no podrá dejarse a beneficio de inventario el debilitamiento sufrido por la sanidad pública, en Madrid y en Catalunya, o viceversa, a causa de recortes a mansalva durante los años de crisis económica, decididos, entre otros por el Govern de Artur Mas, cuyo brazo ejecutor fue Boi Ruiz. Con la particularidad en ambos casos de que abundaron las advertencias acerca del daño que se causaba con tales recortes, incluida la contracción de plantillas.

Finalmente, la politización de la emergencia sanitaria en su fase aguda es un disparate y una irresponsabilidad. Es tanto o más grave el efecto que tiene en la opinión pública la declaración de Quim Torra a la BBC, poniendo en duda que la población esté encerrada en casa –“el coronavirus sólo se puede detener si realmente cerramos y confinamos en casa a toda la población”–, una falsedad, que la falsedad en sí misma recogida por un medio que dispone de suficiente información como para que dé crédito a las palabras del entrevistado. De igual manera, es tanto o más grave transmitir la falsa impresión de que la carta dirigida por Torra a los socios de la UE los pondrá sobre aviso de lo mal que se hacen las cosas aquí, que el ridículo institucional y la deslealtad que cabe atribuirle.

La politización de la salud es un recurso éticamente injustificable. Habitualmente, obliga a rectificaciones sobre la marcha, a escudarse en explicaciones difícilmente creíbles y a internarse a menudo por un laberinto de enrevesadas contradicciones. Sucedió con la insólita prolongación del Consejo de Ministros que aprobó el real decreto de declaración del estado de alarma –enfrascados el PSOE y Podemos en una larga discusión entre técnica y doctrinal–, sucedió también con la negligente conducta de Donald Trump y Boris Johnson, empeñados en negar la realidad y aplazar las medidas de excepción, sucedió asimismo con la inconcreción inicial de la UE, sucede con los diferentes ámbitos de la Administración en España que desacreditan sin tregua cuanto se hace y seguirá sucediendo mientras alguien crea que tal conducta puede rendir réditos electorales. Pero es tan radicalmente grave el desafío del Covid-19 que cualquier grieta en el combate unitario debilita enormemente la suerte de la batalla en curso. Dicho de otra forma: la unidad no es una imposición caprichosa, sino una necesidad ineludible.

 

Una prosperidad vulnerable y frágil

La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de un modelo económico que ha saltado por los aires en cuanto se ha expandido el contagio más allá de todo cálculo o previsión. Muchas certidumbres sobre la robustez y capacidad de resistencia del sistema se han venido abajo a igual ritmo que ha aumentado en Occidente la propagación de la enfermedad, China ha dejado de ser el gran proveedor y ha cundido el pánico en los mercados, poseídos por un episodio de histeria colectiva, mientras los especialistas en operaciones a corto esperaban llenarse los bolsillos. Y estos no eran los únicos síntomas de una vulnerabilidad acrecentada, sino que los sistemas sanitarios públicos aparecían como los únicos capaces de hacer frente a la crisis y, al mismo tiempo, se asomaban al abismo al afrontar una prueba de estrés funcional con profesionales contagiados o confinados, apartados del servicio, mientras las redes de sanidad privada daban pruebas de una capacidad de respuesta limitadísima.

¡La vulnerabilidad, la vulnerabilidad! o ¡la fragilidad, la fragilidad!, cabe exclamar hoy parafraseando las últimas palaras de Kurtz, el personaje de En el corazón de las tinieblas: “¡El horror, el horror!”. El escritor Martín Caparrós escribe en The New York Times: “Es sorprendente comprobar la fragilidad de todo eso que creíamos rocosamente sólido, cemento armado. En unos días los grandes y poderosos del mundo perdieron fortunas, la confianza de sus súbditos, el control de muchas situaciones. Los gobiernos, la gran banca, los petroleros altivos, los fabricantes de referencia, los financieros recontraglobales, los que rigen y manejan el mundo, los que nos habían convencido de que nunca nada los desarmaría, deben estar asustados preguntándose si aprenderemos la lección y decidiremos desafiar, cual virus chino, sus poderes que ya no se ven tan poderosos”.

Jacky Isabello habla en las páginas de Le Monde de “atención ciega”, que consiste en “concentrar de tal manera la atención en un fenómeno en concreto que se obvia alguna cosa que, sin embargo, debería saltarnos a la vista”, de acuerdo con el concepto de cisne negro desarrollado por el especialista en estadística Nassim Nicholas Taleb. ¿Era o es un cisne negro la excesiva dependencia de China como país proveedor? ¿Fue un cisne negro desviar la mirada de los previsibles efectos que tendrían los recortes en sanidad –en Catalunya, días de Artur Mas y Boi Ruiz– en una situación de emergencia? ¿Es un cisne negro la capacidad demostrada por la globalización de desencadenar un efecto dominó a escala mundial?

Con o sin cisne negro, la fragilidad de nuestra forma de vida ha quedado en evidencia. Hay resortes para la prosperidad extremadamente débiles –el turismo, uno de ellos– para afrontar una situación adversa; hay operadores económicos de dudosa moral dispuestos a hacer juegos de manos con el hundimiento de las bolsas; hay demasiados aspirantes a gobernantes –Pablo Casado figura en la lista– empeñados en exacerbar las críticas dirigidas a quienes intentan acotar el parte de daños, controlarlo o minimizarlo si ello es posible. Y hay, por último, el miedo, un estado de ánimo colectivo causado por la inseguridad, por el perfil psicológico de una sociedad que excluye el riesgo o la imposibilidad de prever el futuro.

Cuando la profesora Lucrezia Reichlin, de la London Business School, presenta la crisis del coronavirus como una gran ocasión para la mejora de la cooperación europea, hace un vaticinio optimista sobre el efecto de la pandemia: “Representa una oportunidad para que la UE cree un mecanismo de gestión de crisis poderoso, que aúne los recursos de los estados miembro y los canalice hacia una política fiscal coordinada. La idea de un fondo de seguro de este tipo no es nueva: varios economistas defendieron la idea después de la última crisis, cuando la discusión de una reforma de la gobernanza estaba en pleno apogeo”. Pero aquella discusión, que incluyó el atrevimiento de Nicholas Sarkozy, a la sazón presidente de Francia, de afirmar que era el momento de refundar el capitalismo, derivó justo en lo contrario: un programa de austeridad que condicionó la salida de la crisis e hipotecó el futuro de los estados rescatados en condiciones leoninas.

Lo dice el analista Kevin Allison: “Dado que el virus se está extendiendo a una franja cada vez mayor de Europa y Estados Unidos, pronto descubriremos mucho más sobre si las democracias occidentales enfrentan este desafío de forma correcta”. En otras palabras, veremos hasta qué punto son capaces de reducir la vulnerabilidad, aumentar la fiabilidad del sistema y responder a las incertidumbres a corto y medio plazo, no solo económicas, sino políticas y sociales. Pronosticar, como hace el Banco Asiático de Desarrollo, que la crisis del coronavirus puede acortar el PIB global el 0,4% es preocupante y desalentador, pero lo es más no saber en qué se traducirá tal contracción de la economía, cómo influirá en nuestra forma de vida cuando la tormenta haya pasado.

En el fondo, prevalece en la opinión pública una desconfianza muy arraigada en los poderes públicos –ante tanta alarma, no será que algo nos ocultan–, aunque al mismo tiempo casi nadie duda de que solo los estados fuertes, socialmente comprometidos y democráticamente gestionados son capaces de afrontar la prueba. Es esta una contradicción irresoluble, un estado de ánimo con el que deben pechar los gobernantes que, como en el caso de la pandemia, aparecen todos los días en los medios dando explicaciones, tomando medidas e intentando neutralizar a los desaprensivos que en las redes sociales practican el amarillismo y la irresponsable difusión de disparates. Una forma bastarda de contribuir a que crezca la sensación de vulnerabilidad, más allá de la que es posible confirmar de forma empírica; una manera de estimular comportamientos injustificables, acientíficos e incluso perjudiciales.

La vulnerabilidad habita entre nosotros, pero no es el anuncio de ningún cataclismo apocalíptico. Baste un dato: la malaria causa todos los días en los países pobres veinte veces más muertes que la pandemia en curso. No se trata de quitar importancia al parte de víctimas causadas por el coronavirus, sino de calibrar la dimensión real de los riesgos que enfrentan estos días comunidades que acaban de descubrir su fragilidad.

China, ante una crisis de credibilidad

La orientación dada por el régimen chino a la gestión del coronavirus obliga una vez más a sopesar la naturaleza del sistema, su eficacia o debilidad, incluso su papel en la comunidad internacional cuando con harta frecuencia prevalecen la opacidad y el secretismo. Por mucho que la maquinaria de propaganda resucite viejos eslóganes, aliente el nacionalismo y pretenda desviar la atención hacia cuadros de segundo nivel del Partido Comunista y de la Administración –una misma cosa, en realidad–, lo cierto es que la cicatería y el retraso de Pekín a la hora de facilitar los datos esenciales de la epidemia han dificultado enormemente poner en marcha medidas preventivas y, de paso, han dado alas a una psicosis colectiva en todas partes, especialmente en Occidente. Un estado de ánimo, esto último, que obedece tanto a prejuicios arraigados durante generaciones como al comportamiento de las autoridades chinas, más afectas que nunca a la ancestral afición de la Ciudad Prohibida a ocultar o desvincularse de la realidad.

El desafortunado titular de The Wall Street JournalChina es el auténtico enfermo de Asia– que encabezaba un artículo firmado por el profesor Walter Russell Mead no invalida la consistencia de alguno de los argumentos desarrollados en él. En especial el que se refiere a la posibilidad de que el ADN del régimen chino desencadene algún día una catástrofe a gran escala: “Los estudiosos de la geopolítica y de los asuntos internacionales, sin mencionar a los líderes empresariales e inversores, deben tener en cuenta que el poder de China, por impresionante que sea, sigue siendo frágil. Un virus mortal o un contagio del mercado financiero podría transformar la perspectiva económica y política de China en cualquier momento”.

Los riesgos de paralización de sectores importantes de las economías desarrolladas, faltos de suministros y sin proveedores alternativos, justifican este temor incipiente. Lo justifican también las estadísticas crecientes de enfermos y fallecidos, las cuarentenas, la evacuación de personal destinado a China por inversores extranjeros y la imposibilidad de esclarecer a ciencia cierta cuándo tuvieron noticia en Pekín de los primeros casos de coronavirus, cuántas semanas tardaron en poner en antecedentes al resto del planeta y hasta qué punto el presidente Xi Jinping y su entorno optó por el encubrimiento, por esperar y ver en vez de informar y actuar a plena luz del día.

Aunque el China Daily, el periódico en inglés editado en Pekín, se prodiga en comentarios que aluden a prejuicios colonialistas en la reacción de Occidente –algo no descartable–, lo cierto es que el debate abierto se adentra en las peculiaridades del régimen comunista surgido en los primeros noventa como resultado del reformismo impulsado por Deng Xiaoping, que rescató a China del atraso y el ensimismamiento. Un debate al que se ha incorporado de forma más o menos explícita una parte de la opinión pública china, confinada en sus casas, con las escuelas cerradas, las calles vacías y una sensación generalizada de parálisis del tejido productivo. Un debate en el que, se quiera o no, se formula una vez más la gran pregunta: ¿cuáles son los límites o el futuro de un sistema pilotado por el Partido Comunista y entregado a un desarrollo acelerado de la economía capitalista? Planteado todo en los términos de un editorial del Financial Times: ¿puede una superpotencia económica y militar consagrarse como tal e impedir al mismo tiempo, de forma sistemática, la libertad de información y crítica?

El China Daily se centra en el ideario de algunos medios occidentales –“fue [el lenguaje] utilizado comúnmente por las fuerzas extranjeras que conquistaron China para justificar su trato inhumano con los chinos”– y se remite a las prácticas colonialistas de las potencias europeas en África: “Este idioma colonial también era común en África cuando los amos colonizadores consideraban que su religión, cultura y estilos de vida en general eran superiores a los de las personas ingenuas a las que percibían como enfermas e inmundas”. Y sin descartar que pueda haber una parte de verdad en el legado dejado por la cultura colonial en Occidente, asoma al mismo tiempo el análisis adelantado por el Fondo Monetario Internacional: la crisis abierta por el coronavirus puede dañar la de por sí débil recuperación económica.

Tan cierto es que la Casa Blanca ha puesto en marcha un gran aparato de propaganda dentro de su particular guerra comercial con China como que demasiados analistas de muy variada orientación ven en el desarrollo de los acontecimientos diversas amenazas ciertas. Y si el nobel Paul Krugman teme más a los antiliberales que el comportamiento de la autoridades chinas, a otros les preocupa más algo que el mismo Krugman describe con detalle: “Es un país que no es democrático en absoluto, cada vez es menos libre; es un capitalismo muy controlado que supone un reto para el modelo occidental. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Hay diferentes tipos de capitalismo y diferentes modelos políticos también. La historia no ha terminado, hay diferentes modelos ahí fuera y pueden adelantarnos”.

“La gobernanza de China se ha vuelto menos transparente en las dos décadas posteriores al estallido del SARS, con el periodismo de investigación y otros informes y evaluaciones independientes enfrentando mayores limitaciones”, escribe Aditya Bhattacharji, un prestigioso experto en sanidad global del think tank Eurasian Group. El diagnóstico no es tranquilizador y permite poner en duda la fiabilidad de las autoridades chinas como gestoras de asuntos que atañen a la comunidad internacional y no solo a sus conciudadanos. Lo que es tanto como poner en duda la consistencia del milagro chino, fundamentado en un comunismo que consagra y legitima el derecho a enriquecerse, y que, al mismo tiempo, prohíbe la crítica independiente y la disidencia.

Nunca antes una crisis sanitaria había tenido tantas implicaciones políticas. El coronavirus ha sentado ante el espejo el modelo chino y se han puesto de manifiesto sus debilidades, fiabilidad y limitaciones, acaso su viabilidad futura si la fábrica del mundo no acomoda su potencia económica a los mínimos de transparencia que, de forma más o menos explícita, reclama la comunidad internacional en casos como los de una epidemia cuya contención nadie puede afirmar que se ha conseguido. Al menos no hay noticia confirmada de ello y la inquietud está justificada, más allá de los prejuicios y el comportamiento extravagante de quienes se han dedicado en el último mes a señalar a las comunidades chinas en todo el mundo como potenciales transmisoras de la enfermedad, una forma de xenofobia apenas encubierta.

El medioambiente suma enemigos

La Cumbre del Clima (COP25) que se desarrolla en Madrid debe afrontar adversarios poderosos, que niegan la influencia del factor humano y del modelo industrial-energético en la degradación del medioambiente. Desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de París, ha decaído el compromiso de varios estados y de grupos financieros para lograr que el aumento de la temperatura media del planeta a finales de siglo sea a lo sumo de 1,5º. La decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo ha movilizado al frente negacionista; mientras la comunidad académica insiste en que caminamos hacia un futuro inasumible, científicos irreductibles siguen entonando el estribillo de que el cambio climático y los desastres asociados a él son fruto de un fenómeno natural no muy diferente al registrado en otros momentos de la historia de la Tierra. Pero lo cierto es que, al multiplicarse los desastre y cumplirse todos los pronósticos con puntualidad rigurosa, se consolida la impresión de que la comunidad humana del siglo XXI se adentra en la mayor crisis imaginable.

El Global Climate Risk Index para el año 2020 recoge datos alarmantes, por ninguna autoridad científica desmentidos, según los cuales el sector extractivo de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y algún otro país –China, uno de ellos– ha planeado inversiones por un monto total de 1,4 billones de dólares que hacen del todo imposible limitar el calentamiento del planeta. Estas inversiones pretenden perpetuar el modelo económico, incluso dando por descontado que incluyan mejoras en la eficiencia de la combustión, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero e incluso su almacenamiento y utilización. De tal manera que las advertencias de los expertos tienen un efecto limitado frente a las decisiones políticas y económicas que se adoptan en el día a día, a espaldas muchas veces de la opinión pública.

Solo cuatro años después de firmarse el Acuerdo de París, Laurent Fabius, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia que presidió los debates, reconoce que ahora es más difícil la aplicación de los compromisos suscritos en 2015 y que a partir del próximo año sustituirán al Protocolo de Kioto. “El Acuerdo de París sigue manteniendo toda su fuerza, pero el contexto internacional hace que su aplicación sea más complicada”, opina Fabius, que teme que el género humano se vea a largo plazo en el trance de tener que afrontar una situación irreversible.

Una horizonte posible que niegan quienes se mueven entre la negación y el escepticismo y, al mismo tiempo, ponen en marcha políticas que favorecen la marcha atrás de algunos países, aparentemente dispuestos hasta hace poco a introducir factores de corrección en la agresión y degradación del medioambiente. El caso más patente es el de China, que se dispone a poner en marcha centrales térmicas alimentadas con carbón para abaratar la producción de energía y hacer frente a los efectos del proteccionismo y de la política arancelaria de Estados Unidos. El único y al mismo tiempo enorme perjuicio derivado del programa chino es que recurrir al carbón –el país dispone de grandes reservas– es altamente contaminante y no hará más que agravar la calidad del aire, aumentar las enfermedades provocadas por la atmósfera emponzoñada y quizá llevar a competidores de China a recurrir a fuentes de energía sucias para operar en los mercados en igualdad de condiciones.

El ejemplo de China es especialmente significativo, no solo porque es uno de los grandes focos de contaminación a escala planetaria, sino porque a raíz de los Acuerdos de París apareció como el país paladín del cambio de modelo energético al lado de la Unión Europea. Ni siquiera ha precisado el Gobierno chino buscar un científico ad hoc para negar que la situación sea tan grave como se dice: lo que ha hecho simplemente es anteponer el cálculo económico y la necesidad de crecer a cualquier otra consideración, aunque los episodios de contaminación se multiplican en las grandes ciudades chinas, y la contribución de la industria a la emisión de gases de efecto invernadero es, junto a la de Estados Unidos, India y Rusia, la más alta del mundo.

En términos generales, se diría que muchas empresas con peso específico en el sector energético siguen sin creerse que la transformación del modelo basado en los combustibles fósiles es un nicho de nuevas oportunidades de negocio. La descarbonización plantea un desafío tecnológico enorme, dice Laurent Fabius, pero también está provocando el desarrollo de nuevos sectores, incluso en países con grandes reservas de petróleo y gas. Que cunda el ejemplo es más complejo: mientras personajes como Jair Bolsonaro nieguen que la Amazonia –una formidable depuradora del aire– es patrimonio de la humanidad y Donald Trump eluda toda consideración global en nombre del interés nacional, es improbable que al día siguiente de la clausura de la Cumbre del Clima cambie la atmósfera de compromiso y sensación de urgencia que reclaman los entendidos.

El auge de la extrema derecha europea, casi siempre negacionista, y su impacto en el comportamiento de los partidos conservadores y la demasiado frecuente tibieza de la izquierda convierten la ruta hacia una transformación del modelo económico, de crecimiento y de consumo en un campo de minas, en una interminable sucesión de buenas intenciones que no llegan a puerto o lo hacen manifiestamente recortadas. Al mismo tiempo, la discusión sobre el papel desempeñado por algunos actores da pie a debates insustanciales que enturbian o desvían la atención de los importantes. El tiempo consumido en dilucidar si la joven Greta Thunberg es una líder autónoma o utilizada es quizá el más difundido, sin que, por lo demás, se haya prestado atención a la falta de líderes adultos que sintonicen con la sensibilidad de los jóvenes que ven como día a día, salvo ceguera manifiesta, se oscurece su horizonte de futuro. Parece que todo vale para que, como tantas veces sucede, los árboles no dejen ver el bosque.

Cachemira, una crisis de 70 años

Cuando dos potencias nucleares, siquiera sea a escala regional, entran en conflicto, cunde la alarma y se activan los mecanismos para evitar la degradación de la crisis. Así ha sucedido en el enfrentamiento de India y Pakistán en Cachemira, uno más, desde que el 14 de febrero el grupo yihadista Jaish-e-Mohammed (El Ejército de Mahoma) causó 42 muertos en el ataque contra un convoy de policías indios, la aviación india respondió el martes pasado con un bombardeo sobre una supuesta base yihadista en territorio paquistaní  y el miércoles la defensa antiaérea de Pakistán derribó dos cazas indios. Los precedentes históricos movilizaron los circuitos diplomáticos para evitar una escalada en un contencioso con una antigüedad de más de 70 años y sin perspectivas de solución, sumergido el problema en una mezcla de nacionalismo exacerbado y conveniencias estratégicas.

El escenario de la crisis está viciado de origen a causa de la división de facto del territorio de Cachemira entre India, Pakistán y China desde que en 1948 el Reino Unido fue incapaz de descolonizar el Raj –el subcontinente indio y aledaños– sin dejar cabos sueltos. La división del territorio en dos estados por razones de competencia política y diferencias insalvables entre las comunidades musulmana e hindú, liquidó el sueño de Mahatma Gandhi de mantener a las dos sociedades unidas bajo una misma bandera y cimentó la primera guerra, que acabó con un compromiso en la ONU para celebrar en el futuro un plebiscito que estableciera las fronteras de las tres Cachemiras. Nunca se celebró tal consulta y la crisis se convirtió en un conflicto de baja intensidad.

En 1965 y 1971 volvieron a hablar las armas. La guerra de 1965 acabó con el acuerdo de Tashkent, con nulos efectos prácticos en la delimitación de fronteras, y la de 1971, asociada a la guerra de la independencia de Bangladesh (Pakistán Oriental hasta entonces), no mejoró la situación, sino que enardeció el nacionalismo paquistaní y procuró nuevas tribunas al islamismo suní deobandi, una facción fundamentalista surgida la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad que le da nombre, inspirado su programa o doctrina en la prédica del clérigo Shah Waliullah Dehlawi (siglo XVIII). En 1974 India se incorporó al club nuclear y en 1998 Pakistán se sumó al grupo de países con armamento atómico, momento a partir del cual los riesgos crecieron exponencialmente.

Entre ambos acontecimientos, Pakistán pasó por la experiencia de la dictadura del general Zia ul Haq (1977-1988), que favoreció la islamización del Estado, en especial del Ejército, la policía y los servicios secretos, de tal manera que el país se convirtió en un lugar relativamente acogedor para el yihadismo y, en términos generales, no lo ha dejado de ser desde entonces. Al mismo tiempo, la democracia india asistió al crecimiento del nacionalismo conservador, representado por el partido Bharatiya Janata, y al desarrollo de varias crisis en el Partido del Congreso, actor principal de la independencia y hogar ideológico de dos primeros ministros fundamentales en la construcción de la identidad política india: Jawaharlal Nehru (1947-1964) y su hija, Indira Gandhi (1966-1977 y 1980-1984). Con el paso del tiempo, decrecieron los afectos al sentido de una sentencia de Lal Bahadur Shastri, jefe de Gobierno entre 1964 y 1966: “El énfasis en la religión como base para definir mayorías y minorías en un Estado secular es bastante erróneo y una contradicción en términos”.

Desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán en 1996, la derrota de su régimen en 2001 y la reactivación del movimiento desde sus bases en Pakistán, nunca han decrecido las sospechas acerca de la complicidad de una parte del generalato paquistaní en la libertad de movimientos de este grupo y de Al Qaeda en varias provincias. Osama bin Laden estableció su residencia en la clandestinidad en Abbotabad, en una casa situada a unos centenares de metros de una academia militar, donde fue abatido por fuerzas especiales de Estados Unidos (mayo de 2011), es más que segura la eventual colaboración paquistaní con la insurgencia talibán en las provincias occidentales del país, de cultura pashtún, y es harto conocida la desconfianza que despiertan los servicios de información radicados en Islamabad cuando se trata de controlar las idas y venidas de unidades muyahidines. Todo ello favorecido por la tendencia de los gobiernos indios a considerar que el único futuro posible para el área en disputa es que la extensión de la provincia de Jamnu y Cachemira se mantenga tal cual está o incluso crezca.

Para ambas partes, cualquier solución que entrañe concesiones es una mala solución o una solución no asumible. Es una incógnita cuál sería el precio político que debería pagar el nacionalismo indio, que poco menos que ha santificado el territorio mediante un discurso hinduista a menudo destemplado y manifiestamente agresivo, dirigido a la minoría musulmana que vive en el país (150 millones de creyentes). Un editorial publicado en The Times of India apunta directamente a la complicidad paquistaní en los golpes de mano yihadistas: “India debe trabajar en estrecha colaboración con los EEUU, otras potencias occidentales y Rusia –significativa ausencia de China, cabe decir– para garantizar que Pakistán desista de ser refugio del terror”. El primer ministro Narendra Modi seguramente suscribe la frase.

No es menos compleja la situación para el primer ministro paquistaní, Imran Khan, una estrella del cricket, un personaje muy popular, pero sin conexiones personales e ideológicas con el Ejército. Ni su nacionalismo ni su islamismo templado le garantizan una relación fluida con los uniformados si rebrota la tensión después de devolver al piloto indio derribado el día 27. Dos ideas de Alí Jiná, padre de la patria, siguen siendo norma y guía para una opinión pública educada en la resistencia frente a la inmensidad de la India (más de 1.300 millones de habitantes): la primera es de naturaleza identitaria  –“Hindúes y musulmanes fundamentan su inspiración en diferentes fuentes de la historia”–; la segunda encierra un concepto sui géneris del poder –“No creo en tomar la decisión correcta, tomo una decisión y la hago correcta”–, acaso una idea muy particular de los gobernantes como sujetos predestinados.

Bernard Brodie, uno de los teóricos de la estrategia nuclear, definió así el papel reservado a los arsenales atómicos: “Las armas nucleares deben estar siempre listas, pero nunca se deben utilizar”. Todos los estudios dedicados al concepto de disuasión se basan en este principio, las pequeñas potencias nucleares –Israel, Corea del Norte– se han dotado de un equipamiento suficiente para ser poco menos que invulnerables salvo grave riesgo para la comunidad internacional y sin embargo, cuando el conflicto surge entre vecinos nuclearizados, surgen las dudas, aparecen los recelos sobre la eficacia real de los sistemas de alianzas respectivos para evitar que la contención del adversario degenere hacia la agresión al enemigo. Por eso la aldea global se ha llenado de llamamientos a la serenidad en búsqueda del mal menor: que el laberinto de Cachemira se mantenga como una dolencia crónica si eso evita una guerra caliente.

Otra vez la guerra fría

La decisión de Estados Unidos y Rusia de abandonar el tratado INF, que liberó a Europa de los misiles nucleares de alcance intermedio –entre 500 y 5.500 kilómetros–, pone seguramente el punto final a la posguerra fría y escribe el primer capítulo de una nueva guerra fría, diferente a la anterior, menos exacerbada quizá, pero no exenta de riesgo. Al presentar Rusia en sociedad un nuevo misil de rango intermedio, con un alcance inferior a los 500 kilómetros, según la información facilitada por el Kremlin –poco creíble, dicho sea de paso–, le faltó tiempo a Estados Unidos para dejar en suspenso los términos del documento firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987 por el presidente Ronald Reagan y por Mijail Gorbachov, primer secretario del PCUS. Pero sucedió algo más: arrastró a los socios europeos de la OTAN a apoyar una estrategia de confrontación que no los seduce, puede decirse incluso que los incomoda.

Para la mayoría de analistas, la determinación rusa no enlaza solo con la herencia dejada por la Unión Soviética en su pulso permanente con Estados Unidos, sino que remite a la tradición zarista, a su forma de contar en la política europea mediante la presión sobre Occidente. Al mismo tiempo, la retirada estadounidense del tratado INF pone de manifiesto de nuevo la incomodidad del republicanismo más conservador con los límites impuestos al Pentágono a partir de la firma de los acuerdos para la reducción mutua y equilibrada de los arsenales nucleares, que fueron la piedra sillar de la guerra fría.

Tanto los ideólogos de la defensa fuerte, lectores asiduos muchos de ellos de Leo Strauss, como los trashumantes que han viajado desde el universo neocon al Tea Party, y más tarde a la extrema derecha, encarnada en Donald Trump, entienden que Estados Unidos perdió una ocasión de oro para adquirir una ventaja estratégica insalvable durante la presidencia en Rusia de Boris Yeltsin (1991-1999), y ahora el Gobierno debe reaccionar con prontitud y energía. Esto es, debe descartar definitivamente la opción cero de Reagan y neutralizar el rearme ruso con el propio. Un enfoque que Rusia comparte desde que el presidente Barack Obama decidió poner en marcha el escudo antimisiles en el corazón de Europa, que confirió a la Alianza Atlántica una superioridad estratégica indiscutible, aunque Estados Unidos siempre lo negó e incluso llegó a ofrecer a Rusia la posibilidad de cobijarse bajo el mismo paraguas para protegerse de un ataque nuclear.

El analista Keir Giles, del think tank británico Chatham House, sostiene en su último libro, Moscow rules (reglas de Moscú), que Rusia no tiene otra opción que desafiar a Occidente, e insiste en que reconocer y aceptar que esto no cambiará en el futuro inmediato ayudará a la OTAN a encontrar “un camino para el pacto sin riesgo de un conflicto más profundo”. Una opinión semejante a la del Atlantic Council, estadounidense, cuando, aun admitiendo que puede haber algún ingrediente divisivo, advierte que el pulso con Rusia, encabezado por Estados Unidos, no debe debilitar a la OTAN. Sucede, no obstante, que la verborrea del presidente Trump ha fomentado con demasiada frecuencia las divergencias entre la Casa Blanca y sus aliados a pesar de los consejos de los entendidos en la materia, el exsecretario de Defensa James Mattis, el último de ellos.

La institución francesa Fondation pour la Recherche Stratégique apenas desdramatiza el alcance de lo que en otro tiempo se hubiese considerado una escalada. “El tratado INF fue el fruto de su época –dice el informe elaborado por varios investigadores–. Su desaparición de hecho también es el producto de un contexto radicalmente nuevo: política rusa de recuperación como potencia militar a despecho de los compromisos adquiridos por Moscú; desprecio en la Casa Blanca de los tratados, percibidos como grilletes; pero también transformación radical del paisaje estratégico (Asia). Para Europa, el asunto de los misiles de alcance intermedio no es tan central como lo fue hace treinta o cuarenta años, pero el final del tratado no dejará de tener consecuencias para el continente”.

El precedente histórico de 1979, cuando la Unión Soviética desplegó los misiles SS-20 en su frontera occidental y la OTAN respondió con una siembra de misiles Pershing y Cruise en su área de influencia, da la razón a la percepción francesa de que la prórroga de seis meses hasta la liquidación definitiva del tratado INF, un gesto meramente protocolario, dará paso a un periodo de rearme. Es de prever que se multipliquen las interferencias en las líneas de comunicación entre Rusia y Estados Unidos, y la política de defensa se revestirá de la gravedad amenazante que la caracterizó en el pasado. Poco puede esperarse de este medio año que se han dado las dos potencias para negociar a fin de poner a salvo el acuerdo de 1987 porque ambos contrincantes prefieren enterrarlo.

Para quienes tantas veces han lamentado la pérdida de identidad de la OTAN una vez liquidada la guerra fría y muy debilitada la amenaza rusa, la situación no deja de tener el valor de la identidad recuperada. Pero para los espíritus menos apasionados, la mutación del ecosistema tiene consecuencias no deseadas en materia de seguridad y presupuestarias. Si hasta la fecha Trump no ha dejado de exigir a los europeos una mayor contribución a los recursos de la OTAN, cuando venza en agosto el plazo para dejar sin efecto el INF, se multiplicarán las exigencias en términos bastante más contundentes.

Desposeída Rusia del glacis de seguridad que la Unión Soviética de Josef Stalin exigió a las aliados a partir de la conferencia de Yalta (febrero de 1945) y fracasada la opción wilsoniana de construir un sistema de seguridad colectivo, el retorno a la guerra fría cabe incluirlo en el capítulo de los acontecimientos inevitables. Con el añadido de un tercer actor, China, que hace imposible una vuelta a la bipolaridad de antaño y que, por el contrario, lleva a intuir en el horizonte futuro una tripolaridad de nuevo cuño, con dos grandes potencias militares con economías muy diversificadas, y Rusia, uncida al yugo de los mercados del gas y del petróleo, con tendencia a una inestabilidad cíclica.

¿Habrá que rescatar de los anaqueles el viejo diccionario de la guerra fría precedente: escalada, distensión, coexistencia pacífica, equilibrio del terror, área de influencia, etcétera? ¿O acaso el final de la guerra fría fue poco más que un espejismo o un paréntesis no demasiado largo en la historia moderna de la confrontación por ostentar la mayor cantidad de poder a escala planetaria? ¿Hay riesgo de que el paso siguiente sea impugnar los tratados que afectan a los misiles de largo alcance? El diagnóstico de Henry Kissinger, hace un año, es a la vez preciso e inquietante: “A falta de un concepto compartido entre las principales potencias expansivas para acomodar perspectivas divergentes de nuestros intereses nacionales, parcialmente derivadas de nuestras diferentes experiencias históricas, están regresando los patrones tradicionales de una gran rivalidad de poder (…) La pregunta subyacente es si se puede evitar que una rivalidad renovada entre las principales potencias culmine en un conflicto ”. Los acontecimientos de estas últimas semanas refuerzan tal punto de vista.

La poltrona de Maduro se tambalea

La degradación a marchas forzadas del clima social, la economía y el funcionamiento de las instituciones en Venezuela permite afirmar que lo peor está por llegar porque es imposible que la salida de la crisis se produzca en un ambiente razonablemente sereno si es que se produce. Dos legitimidades discutibles se enfrentan en el espacio público con aliados poderosos a sus espaldas, impregnado el proceso en curso de todas las reacciones emotivas imaginables y por imaginar. El alineamiento del lado de Nicolás Maduro o de Juan Guaidó tiene mucho de batalla ideológica –el establishment, al lado del autoproclamado presidente interino; el mundo situado a la izquierda de la socialdemocracia, al lado del sucesor de Hugo Chávez–, contaminada desde el comienzo la decantación por el apoyo inmediato de Donald Trump a la oposición movilizada y de Rusia y China a la causa bolivariana.

Las apelaciones al derecho internacional y al principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, destinadas a desacreditar el reconocimiento de Guaidó y a apoyar a Maduro, son tan discutibles como las remisiones a la injerencia humanitaria de quienes apoyan al nuevo líder de la oposición. En las desventuras de Venezuela todos los papeles están repartidos, y mientras tanto los padecimientos de la población no paran de crecer a la espera de un desenlace que es de temer largo, confuso y acaso inadecuado para salir del cenagal. Nada hay en la crisis que no responda a intereses concretos dentro y fuera del país: el objetivo conservador de reconquistar el poder, el propósito de quienes ahora lo ocupan de perpetuarse en él, la disputa por el control futuro de PDVSA, la petrolera estatal con las reservas de crudo más grandes del mundo, el exilio enardecido en Estados Unidos y Europa y otros muchos factores que aconsejan analizar el problema con los anteojos del realismo.

Un comentarista del diario caraqueño El Universal otorga a Guaidó y su toque a rebato la condición de cisne negro –algo cuya existencia nadie previó–, como lo fueron las primaveras árabes, pero en ambos casos estaban a la vista de la comunidad internacional los ingredientes para que se desencadenara el levantamiento en la calle y surgieran líderes más o menos espontáneos para encabezar la protesta. Nadie puede sorprenderse de la situación creada, ni siquiera el equipo de Maduro, cuando la moneda dejó de tener valor a causa de una hiperinflación frenética, el PIB se despeñó, la crisis de subsistencias se generalizó y el Estado respondió con una mezcla de populismo ruidoso, ineficacia y bloqueo de las instituciones, singularmente la Asamblea Nacional. Simplemente, la presunta revolución chavista se hundió estrepitosamente sin haber sabido aprovechar ninguno de los momentos favorables: los altísimos precios del petróleo hace una década, el entusiasmo primigenio de los rescatados de la miseria, el rompecabezas de una oposición sin líderes sólidos y, en última instancia, la presidencia de Barack Obama.

A diferencia de otros precedentes históricos, con la revolución cubana en primer lugar, el prestigio de la aventura bolivariana pronto sembró el mundo académico y los medios de comunicación de defraudados que creyeron ver en el programa chavista de 1999 un proyecto ilusionante de redención de los desheredados, pero pronto cayeron en la cuenta de que el universo de Chávez era poco más que un nacionalismo populista grandilocuente, con la figura de Simón Bolívar como profeta del cambio. Nunca logró la dirección bolivariana atraer suficientes voluntades fuera de Venezuela para convertirse en el gran compromiso ético de la izquierda en todas partes, y cuando empezó a duplicar las instituciones para controlarlas, mediatizó el pluralismo, persiguió a la oposición y controló casi en su totalidad los periódicos y la televisión dejó de atraer a los teóricos de la innovación social, a los alentadores de la redención de los oprimidos y a los defensores de los derechos de los más vulnerables.

Es indudable que ahora se asiste a la coreografía poco menos que insultante de unas clases pudientes que se rasgan las vestiduras por los desastres presentes, pero no movieron un dedo para remediar las miserias pasadas, la corrupción galopante, el monocultivo del petróleo y la fractura social irremediable. Pero no es menos cierto que Maduro más que Chávez ha hecho cuanto ha estado en su mano para facilitar las cosas a sus adversarios políticos y sociales, incapaz de aceptar que a la larga la correlación de fuerzas operaría en su contra. Una ceguera política que quizá no es más que su incapacidad manifiesta para gobernar, ceñirse a los hechos y distanciarse de los profetas de la presunta ortodoxia de izquierdas, empezando por Diosdado Cabello, de nefasta influencia en el desarrollo de los acontecimientos.

Que la clase dirigente del turno de partidos –un rato para la Alianza Democrática y un rato para el Copei– cerrara los ojos ante los desequilibrios sociales, con la complicidad de Estados Unidos y Europa, que jamás levantaron la voz, no sirve para contrarrestar el descalabro presente. En realidad, lo agrava porque Chávez ganó la presidencia apoyado por actores políticos y sociales de todos los colores –los empresarios y la Iglesia entre ellos–, pero todo se fue por el desagüe a partir de 2002, con el golpe de Estado fracasado, cuyos actores últimos siguen envueltos en una espesa niebla, y mucho más cuando el precio del petróleo empezó a bajar y las llamadas misiones (programas sociales) dejaron de ser viables. De tal manera que cada día fueron más los adversarios dentro y fuera de Venezuela, y muchos menos los adictos.

Hoy la resistencia numantina de Maduro entraña riesgos de una gravedad y profundidad evidentes. Al aparecer el Ejército como el gran bastión tras el que se parapeta el régimen saltan las alarmas y surge el temor de que las armas suplanten a la política. Porque si el Ejército se mantiene unido y del lado de Maduro, la deriva totalitaria del proceso, siquiera sea por poco tiempo, es una posibilidad cierta; si los generales optan por abandonar a Maduro, se multiplican las incertidumbres de futuro con los uniformados al frente de las operaciones; si el Ejército se divide, no debe descartarse un enfrentamiento armado. Dicho de otra forma: la única salida sin lágrimas es aquella que se produzca de forma ordenada, que permita convocar elecciones inmediatas bajo tutela internacional y que atienda las necesidades más perentorias de una población exhausta.

“La libertad es siempre la libertad de los disidentes”, escribió Rosa Luxemburgo, tan recordada en el centenario de su asesinato. Los teóricos de la república bolivariana y quienes en ella gobiernan olvidaron esta frase hace tiempo si es que alguna vez tuvieron noticia de ella. El precio de tal olvido resultará seguramente altísimo porque quienes han alentado el levantamiento desde fuera –es ingenuo creer que no hay financiación exterior de la protesta–, salvo honrosas excepciones, no aspiran más que a poner a Venezuela en el pasillo central deseado para Latinoamérica por personajes tan bajo sospecha como Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Iván Duque y algún otro, cobijados todos ellos bajo el paraguas protector de la extrema derecha que tiene en Donald Trump su primera referencia. Respetar a la disidencia, escucharla y acaso atender sus reclamaciones es un instrumento indispensable para evitar que los episodios de aceleración de la historia desemboquen en pesadillas y den alas a cuantos se oponen al cambio social. Maduro ni respetó ni escuchó ni atendió a los discrepantes, anduvo a vueltas con el enemigo exterior culpable de todos los malos y ahora su poltrona se tambalea.

Trump desconcierta a los aliados

Dos artículos publicados en días sucesivos –martes y miércoles– por The Washington Post reflejan con precisión la inseguridad y el desconcierto inducidos por la entrevista del lunes en Helsinki del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el de Rusia, Vladimir Putin. Titular del primero de los análisis: La diplomacia disruptiva de Trump inspira temores sobre la posición de Estados Unidos en el exterior. Titular del segundo análisis: Mientras los rusos describen los “acuerdos verbales” en la cumbre, los funcionarios de EEUU luchan para aclararlos. Puede decirse que detrás de ambas piezas alienta una gran duda, desdoblada en dos preguntas: ¿hacia dónde nos lleva Trump? y ¿qué objetivos persigue?

La desorientación no se reduce a los medios de comunicación, incluida la más que conservadora Fox News. En el seno del Partido Republicano se alzan voces representativas de diversas facciones que no aciertan a comprender cómo Trump se atreve a denostar a la comunidad de inteligencia de su país y, al mismo tiempo, acepta la versión de Putin de que Rusia no interfirió en la campaña de 2016 aunque reconoce que prefería la victoria del candidato republicano a la de Hillary Clinton. El Partido Demócrata alerta de la presunta venalidad de Trump en este galimatías, del conflicto de intereses entre los negocios del presidente y su responsabilidad como comandante en jefe y de la imagen que proyecta en todo el mundo: la de un líder sometido o que coordina su estrategia internacional con los designios del Kremlin mientras las agencias de seguridad detienen a espías rusos en territorio estadounidense.

“El presidente Trump ha dado la vuelta al orden global establecido”, aseguran dos relevantes seguidores de la política de la Casa Blanca en las páginas de The Washington Post, y una escogida lista de entendidos en la materia corroboran esta afirmación. “El diálogo es útil, pero la cuestión es con qué fin”, declara Thomas Graham, un experto en Rusia que trabajó en la Administración de George W. Bush. Trump “ha basado su política exterior en su afinidad con el nacionalismo, reduciendo las relaciones globales a una transaccional suma cero de competencia entre naciones”, afirma Daniel Fried, diplomático especializado en Rusia y los países de Europa del este. “Trump está haciendo un daño enorme a un orden internacional que ya se deshacía”, subraya Ian Bremmer, del Eurasia Group.”Es increíblemente hostil para nuestros intereses y valores”, se lamenta Suzanne Maloney, de la Brookings Institution.

Si una organización tan conservadora como el American Enterprise Institute se preocupa hasta el punto de que Dan Blumenthal ve riesgos de todas clases en los tratos con Corea del Norte y entiende que el presidente está dispuesto “a hacer grandes apuestas y a agitar las cosas”, es que las incertidumbres son mayores de las previstas cuando empezó el mandato de Trump. Algo que corrobora la política impuesta por Mike Pompeo en el Departamento de Estado, que ha desorientado a los veteranos de la casa, a los diplomáticos que, con diferentes gobiernos y diferentes programas, supieron siempre que algunas reglas nunca variarían. En palabras de Thomas Graham, resulta especialmente desconcertante que se articule un espacio de diálogo con China, Corea del Norte y Rusia al mismo tiempo que “se socaba el diálogo históricamente muy productivo entre Estados Unidos y sus aliados europeos y de Extremo Oriente”.

Ninguna de las aclaraciones posteriores de Trump acerca de su acercamiento a Putin desvanece el recuerdo de su sorprendente comportamiento en Helsinki. Pesa más su opinión, difundida a través de Twitter, de que fue “una tontería y una estupidez” recelar siempre de Rusia –algo, por cierto, falso– que su ejercicio de hermeneuta de sus propias palabras. Ni siquiera la posibilidad deslizada por los departamentos de Estado y Defensa de nuevos acuerdos en materia de desarme ha serenado el ambiente, entre otras cosas porque ha trascendido que Rusia ha iniciado el desarrollo de un misil indetectable por el escudo antimisiles (un programa compensatorio de eventuales acuerdos para la reducción de arsenales).

El desmantelamiento del statu quo surgido del final de la segunda guerra mundial, corregido con el desmembramiento de la URSS y la quiebra de los regímenes socialistas, y definitivamente modificado por la economía global y las tecnofinanzas, lleva la nave del orden internacional a una terra ignota llena de peligros. Si toda la estrategia que sigue Trump obedece a su deseo de cambiar por completo las reglas que han regido hasta ahora sin contar con la complicidad de los aliados de siempre de Estados Unidos, hay que preguntarse quién o quiénes serán sus nuevos aliados instrumentales y con qué propósitos. Si el gran objetivo es neutralizar la competencia de la Unión Europea, limitar la expansión de China y contar con Rusia para alcanzar ambas metas, entonces es ineludible preguntarse hasta qué punto el presidente está dispuesto a ceñirse a las exigencias de Putin, un viejo zorro del KGB con una idea clásica de cuál debe ser el papel de su país en el trato con los occidentales y con China.

Dice el senador republicano John McCain, afectado de un cáncer incurable en el cerebro, que el comportamiento de Trump en Helsinki fue vergonzoso. Pero la altanería presidencial tuvo que ver con el propósito cada vez más notorio de desprestigiar, desbaratar o desacreditar las investigaciones en curso, que retratan a un personaje totalmente convencido de que el cargo justifica cualquier desmán si se alcanzan determinadas conquistas. Sería injusto atribuir a Trump la primacía en la consideración de que el fin justifica los medios, pero sería ingenuo no ponerle en el top ten de la lista siquiera sea por su reconocida habilidad para calentar la red con mensajes y juicios en los que las noticias falsas y los exabruptos son cosa de todos los días.

Cuando durante la presidencia de George W. Bush se multiplicaron los análisis dedicados a desentrañar su línea de conducta, se creyó que se habían rebasado para siempre todos los límites del conservadurismo sectario. Lo cierto es que, de acuerdo con la frase hecha, toda situación es susceptible de empeorar y el precipitado de la cumbre de Helsinki lo corrobora con pasmosa exactitud. El director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dan Coats, dijo en febrero que las elecciones del próximo noviembre para la Cámara de Representantes y el Senado son un objetivo de los hackers rusos –del Kremlin, debería quizá decirse–, pero Trump cree a Putin o simula creerle porque entiende que la intromisión rusa beneficiará a su círculo de extrema derecha para retener la mayoría en el Congreso. Los medios y los fines; el diseño de un orden nuevo e inquietante.

Siria no sabe de treguas

Las prisas que se dio en hablar de Siria el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en cuanto se confirmó su reelección el domingo último rescató del olvido la guerra que no cesa con millones de refugiados y desplazados, unos 400.000 muertos y un país en ruinas, sin futuro y que no sabe de treguas. “Esta especie de guerra mundial a pequeña escala” (Mikel Ayestaran, Las cenizas del califato) no es un conflicto amortizado o en vías de extinción porque, entre muchos otros problemas, todos los implicados en él son al mismo tiempo parte del problema y parte de la solución. Una situación perversa que excluye la posibilidad de una mediación más o menos neutral y, al mismo tiempo, asegura el pasteleo permanente de la matanza, sometida a los intereses de actores políticos irreconciliables.

Así sucede que al mismo tiempo que Turquía ve en la guerra siria la ocasión ideal para neutralizar a las facciones kurdas adscritas a la acción directa, Irán entiende la situación como el gran momento para afianzar su posición a las puertas de Israel, Hizbulá se consolida como la fuerza determinante e ineludible del tablero libanés, Rusia dispone de una plataforma inmejorable para recuperar la influencia perdida en Oriente Próximo al esfumarse la Unión Soviética y los dos grandes adversarios de la península Arábiga, la teocracia saudí y el emirato de Catar, dirimen sus diferencias en casa ajena, aunque aparentemente prestan su apoyo a las mismas organizaciones de la oposición a Bashar al Asad. Un análisis publicado en Foreign Affairs ve en todo ello la ocasión para que Estados Unidos compruebe sobre el terreno el alcance de las ambiciones iranís en Siria, de la misma manera que un comentarista de la televisión rusa RT afirma que el Kremlin será finalmente el árbitro en medio del galimatías.

Ambas opiniones son en parte verosímiles y en parte una simplificación de la realidad. La ofensiva del Ejército sirio contra la ciudad de Deraa –unas 200.000 personas están en riesgo de verse expulsadas de sus casas por la batalla–, la última gran operación emprendida por los generales de Asad, no hace más que subrayar la victoria de una de las partes sin esperanza para las restantes, sean estas las que sean. Desde la desaparición de facto del califato, los avances del régimen sirio son un cruento paseo militar que otorga al presidente todos los triunfos para imponer sus condiciones –las de sus aliados para mayor precisión– el día siguiente al final de la guerra, una fecha probablemente lejana.

La profesora rusa Nina Khrushcheva se escandaliza por la pérdida de liderazgo ético de Occidente a propósito de la crisis de los refugiados en Europa y Estados Unidos, pero cabe también escandalizarse cuando la materia objeto de análisis es la crisis siria: por la crueldad de lo sucedido, por la tragedia vivida durante tres años por quienes fueron sometidos a toda clase de sevicias por el Estado Islámico, por el aprovechamiento de la guerra como desagüe de conflictos preexistentes, por la incapacidad para contener a Asad cuando se reveló como el más sañudo perseguidor de la oposición, por tantas razones que son consustanciales a la prolongación de la carnicería. ¿Cuándo quebró el compromiso con la ética? ¿Quizá cuando el presidente Barack Obama dejó al régimen sirio cruzar las líneas rojas que él mismo había marcado? ¿Puede que cuando el análisis europeo de la situación llegó a la conclusión de que el reconocimiento de la oposición en armas la fortalecería y le otorgaría la victoria? ¿Acaso cuando nadie quiso aceptar que Rusia y China no consentirían quedar al margen del desenlace de la guerra, como sucedió en Libia en 2011?

La decisión de la Administración de Donald Trump de no prestar ayuda a los combatientes de la oposición en Deraa constituye un apoyo implícito a la estrategia de acoso de los presidente Asad y Putin, un aliado-adversario-amigo de la Casa Blanca en proporciones variables según el momento y el lugar. La comprensión de Estados Unidos con el comportamiento de Turquía frente a la oposición kurda al régimen sirio anda por parecido camino. Y así no solo evita choques de trenes de difícil gestión, sino que abandona a su suerte a una población exhausta. Todo encubierto con el léxico del equilibrio regional y la necesidad de no llevar la lógica de la guerra más allá de los límites de Siria, aunque en la práctica hace tiempo que la militancia a favor y en contra de Asad ha desbordado las fronteras.

En la práctica, la degradación de Siria como Estado y su dependencia absoluta de la tutela de terceros para subsistir lo convierte en una entidad fallida, como lo son Libia, Irak, Yemen y Somalia, socios de la Liga Árabe. Es decir, hace de Siria un Estado fácilmente manipulable, como ha explicado Rami Khouri, profesor de la Universidad Americana de Beirut. Frente a la apariencia de que la capacidad de resistir de Asad, ayudado por sus aliados, ha reforzado el régimen, lo cierto es que este es esclavo de las exigencias de quienes lo sostienen y todas las iniciativas que pone en marcha responden a intereses de terceros, sean estos los de Rusia, Irán, Hizbulá, China o una suma de todos ellos, a menudo contradictorios.

Hace cinco años, Alain Gresh, periodista de Le Monde Diplomatique, escribió en el libro Siria, las complejidades de una guerra por encargo: “Irak, Jordania y Líbano se encuentran atrapados en el conflicto. Combatientes iraquís y libaneses, sunitas y chiitas, se enfrentan en Siria. Las rutas de la internacional insurgente por las que, de Afganistán al Sahel, circulan combatientes, armas e ideas, están saturadas. Mientras los protagonistas externos sigan viendo el conflicto como un juego de suma cero, el calvario sirio continuará. Con el riesgo de arrastrar a toda la región en la tormenta”. Su diagnóstico se ha cumplido con dramática precisión sin que, por lo demás, resulten convincentes los portavoces oficiales que claman por el fin de una guerra que, para muchos, sigue siendo útil.