Información frente a populismo

“Soy lo bastante viejo para recordar cuando lo mejor acerca del populismo fue que no fue popular”, recuerda Chris Patten, canciller de la Universidad de Oxford, en un artículo difundido esta semana por diferentes medios. Hay en las primeras líneas del texto, titulado Populismo contra los medios, una sombra de añoranza muy parecida a la que se proyecta sobre una gran variedad de cabeceras, emisoras de radio, canales de televisión, plataformas digitales y toda clase de canales informativos que, de repente, sienten haber asumido el papel de última frontera frente a las estrategias de intoxicación informativa puestas en marcha por los conglomerados populistas que encabezan el asalto a las sociedades abiertas, a los valores de la democracia y al derecho a discrepar.

Mientras el diplomático español Emilio Menéndez del Valle se pregunta, sin asomo de retórica o provocación, si “está el régimen que Donald Trump comienza a establecer en EE.UU. a medio camino entre el tinglado de Putin y el de Xi”, el diario The Washington Post, una de las Biblias liberales de Estados Unidos, crea un equipo para desvelar las mentiras construidas por el equipo presidencial. Mientras Marine Le Pen, líder ultra francesa, fuerza una situación imposible en Beirut al visitar una mezquita, varias televisiones salen al paso de la provocación y se ocupan de recordar que mujeres con responsabilidades de gobierno o representación, han accedido a cubrirse la cabeza, entendiendo que el huevo muchas veces es más importante que el fuero. Mientras el corresponsal de Die Welt en Turquía, Deniz Yücel, es detenido bajo una extravagante acusación de terrorismo después de informar sobre la existencia de correos electrónicos comprometedores para un ministro, familiar del presidente Recep Tayyip Erdogan, varios periódicos europeos se movilizan para conjurar la arbitrariedad. Por no hablar de las autoridades de Polonia y Hungría, “ejemplos preocupantes de políticos que utilizan la retórica nacionalista y populista para alcanzar objetivos que apestan a autoritarismo incipiente”, dice Patten.

La diferencia entre Trump y Le Pen, por un lado, y Erdogan o los gobernantes húngaros y polacos, por otro, es que mientras estos últimos pertenecen a democracias degradadas (Turquía) o recién llegadas, las tradiciones democráticas en Estados Unidos y Francia cubren un muy largo recorrido. Puede decirse que el presidente de Estados Unidos y la líder del Frente Nacional han crecido en dos de las culturas democráticas más antiguas e influyentes, piedras sillares de las sociedades abiertas, de los regímenes deliberativos y de la libertad de opinión. Y en ambos casos, sin embargo, ven en el papel desempeñado por los medios, en el control de la prensa sobre el funcionamiento del sistema, el “partido de la oposición” en palabras de Steve Bannon, un demagogo de ultraderecha instalado por Trump en el Casa Blanca y en el Consejo de Seguridad Nacional.

Así es cómo la misión de la prensa en sociedades con un reparto pautado del poder ha cobrado de pronto una relevancia desconocida, más próxima a los periodos de excepción –la guerra de Vietnam, el caso Watergate, la transición española, entre otros momentos– que aquellos otros que transcurren sin grandes sobresaltos. Donald Trump ha activado los resortes de la contestación en los términos descritos por Antonio Franco el último viernes en EL PERIÓDICO: “Lo único que vertebra a quienes le plantan cara son las verdades que explican algunos medios de comunicación. Por eso el nuevo presidente los insulta y ha abierto un debate nacional sobre su legitimidad con dos eslóganes: Deben mantener la boca cerrada y Son los enemigos internos del país”.

En la agresividad ejercida desde el Despacho Oval advierte Patten una guerra contra los medios, y en la obsesión de considerar noticias falsas todas las que se apartan del halago, percibe el germen de una situación muchas veces repetida: “En los sistemas autoritarios o casi autoritarios, los medios se ven siempre como una amenaza, cuando no como objetivos para la represión”. Al mismo tiempo, los grandes medios razonablemente independientes adoptan una doble posición defensiva (de protección) y de escrutinio permanente de cuanto procede del poder. Una actitud muy próxima a la “moral del inconformista”, en expresión de Michel Foucault; una forma de contrarrestar la realidad virtual en construcción mediante hechos alternativos, un eufemismo desvergonzado que encubre lo que no son más que falsedades.

“Pensar es duro. La verdad es complicada. El enfoque es frágil. No hay duda: los tuits son excelentes para robar nuestra atención”, escribe el profesor Marty Kaplan. Pero aclara enseguida que la última frase no es un halago; es más bien una certificación, cabría añadir: la profusión de mensajes de 140 caracteres, una cadena interminable de parainformaciones, no da respiro a los seguidores, es una forma como cualquier otra de desviar la atención, de enturbiar la realidad sustentada en datos y de bloquear los mecanismos de análisis de los acontecimientos. Frente a esta fenomenología de lo que no da tiempo a comprobar, los medios cumplen una función crucial de esclarecimiento, sin que en ningún caso puedan pretender que son depositarios de una verdad absoluta e indiscutible, una característica de los tuiteros compulsivos que operan desde los despachos del poder o en su nombre.

Al mismo tiempo, los medios se asignan en muchas ocasiones la misión contraria al acercamiento a la realidad empírica: desafían algunos de los valores que desde hace mucho tiempo apuntalan “la salud y la vitalidad de la democracia”, subraya Chris Patten. Se refiere el articulista a algunos periódicos e informativos británicos a propósito del Brexit, pero no resulta especialmente difícil hacer extensivo el panorama a otros lugares, así se trate de Fox News, de la prensa que pilota Rupert Murdoch o de las televisiones rusas, controladas desde el despacho de Vladimir Putin sin ningún disimulo. No se trata de deslegitimar el pensamiento conservador frente al progresista, de ver en todas partes el fantasma del populismo o de poner bajo sospecha todo lo que queda fuera de la tradición liberal, sino de proteger la herencia liberal frente a quienes quieren destruirla utilizando, por cierto, instrumentos que solo existen en las sociedades democráticas de tradición liberal. Algo que ha descubierto demasiado tarde el republicanismo clásico en Estados Unidos, que transigió con la colonización del partido por la ultraderecha nacionalista en nombre de su eficacia electoral y que hoy no se reconoce en las bravuconadas amenazantes de Trump a todas horas.

May, pareja de Trump

Las características generales del Brexit expuestas el martes por Theresa May, primera ministra del Reino Unido, y la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump tres días después han alentado el pesimismo en los foros internacionales, en el mundo académico y entre los analistas del futuro inmediato. Al mismo tiempo, una opinión pública entre incrédula, sorprendida y escéptica se tienta la ropa mientras proliferan los diagnósticos catastrofistas y las profecías apocalípticas. ¿Exageración, alarmismo, ganas de hablar por no callar? “Confieso tener muchos problemas para mantenerme optimista”, declara Stephen Martin Walt, profesor de la Universidad de Harvard, al semanario progresista francés L’Obs (Le Nouvel Observateur para los clásicos). Peor aún, en los objetivos de Trump y May avizora que “se reúnen todos los ingredientes de un desastre”.

Se diría que un nacionalismo destemplado y agresivo pretende suplantar la globalización, tan llena de imperfecciones como de posibilidades. El “Brexit is Brexit” descrito por May es “Brexit is hard Brexit” –sin posibilidades de adaptar la salida al modelo de asociación de Noruega y Suiza con la UE–; el proteccionismo prometido por Trump pone el sistema de intercambios económicos tutelado por la Organización Mundial de Comercio bajo la amenaza de una guerra comercial de imprevisible virulencia. Los promotores de cambios tan radicales como los que se avecina han puesto en marcha mecanismos que, salvo rectificación, conducen directamente a un clima permanente de confrontación y desconfianza, con la UE, China y las economías emergentes obligadas a seguir una senda que es la contraria a la se entendía consolidada con la apertura de los mercados.

Frente a la unión aduanera y el mercado único, May plantea un juego de manos imposible: mantener un diálogo o relación fluidos con la UE sin disponer de ninguna de las herramientas que lo hacen posible. Frente a la herencia de Barack Obama –recuperación de la economía a través, entre otros instrumentos, de la fluidez en los intercambios comerciales– Trump predica un proteccionismo resumido en una simplificación tan llamativa como superficial: para que los BMW sigan siendo habituales en la Quinta Avenida de Nueva York deben verse Chevrolet por la Unter der Linden de Berlín. En ambos casos, la banalización de las propuestas no desfigura ni la hondura ni los riesgos asociados a ellas, entre otros el de un choque de trenes –Estados Unidos y China– y otro choque no menos ruidoso entre el Reino Unido y las grandes economías europeas. Ahí están las palabras de Xi Jinping en Davos, de Angela Merkel y de François Hollande para deducir sin esfuerzo que nada bueno se oculta a la vuelta de la esquina.

El profesor Philippe Legrain, de la London School of Economics, asesor durante tres años de José Manuel Durao Barroso, anterior presidente de la Comisión Europea, comparte una idea bastante extendida fuera de las filas del Brexiteers: en ningún lugar está escrito que el apoyo de Trump a la salida del Reino Unido de la UE sea finalmente favorable a los planes de May. El planteamiento general de la primera ministra es cerrar acuerdos bilaterales de comercio, en especial con Estados Unidos, pero tal propósito se compagina mal con el de la nueva Casa Blanca de corregir el déficit comercial con sus principales competidores. Dicho de forma resumida: la industria británica exporta bastante más a Estados Unidos de lo que la industria estadounidense vende al Reino Unido. Brexit en Trumpland se titula el artículo en el que Legrain advierte de la contradicción entre lo que proyecta May y lo que promete el presidente.

El financiero George Soros, que apoyó a Hillary Clinton, ha hecho dos vaticinios en Davos: que Donald Trump “es un estafador y fracasará” y que los británicos “pronto se darán cuenta de que tomaron una decisión equivocada y que les lleva en una mala dirección”. Aun reconociendo a Soros su demostrada habilidad para prever el futuro, sus palabras se antojan sobre todo un reflejo de sus deseos. Ni Donald Trump se encontrará todos los días la vía pública tomada por sus detractores ni la victoria de Hillary Clinton en votos –cerca de tres millones más que su oponente– neutraliza la mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso. Y aún menos parece que Theresa May y su Brexit duro deban afrontar alguna respuesta seria de la calle a pesar de que el 52% de los partidarios de la salida de la UE lo son también de mantenerse en el mercado único, al que ella renuncia.

El poder es, además de un afrodisíaco, un eficaz mecanismo de persuasión. Si antes de jurar el cargo Trump logró que algunas compañías que pensaban invertir en México dieran marcha atrás, temerosas de tener que afrontar alguna forma de penalización, ¿qué no sucederá a partir de ahora? Cosa distinta es la negociación del Brexit –aquí la persuasión no cuenta– a partir de la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión, un proceso sin precedentes, lleno de dificultades técnicas, inevitablemente afectado por el clima político, siempre cambiante, y que en teoría deberá cerrarse en menos de dos años a partir de marzo próximo. Philippe Legrain es categórico: “Es imposible negociar y ratificar un acuerdo comercial sector por sector” con tan poco tiempo. ¿Qué coste político puede tener para May llegar a 2019 con la negociación abierta?

El periódico alemán Die Welt, siempre moderado, ve en los propósitos de May el aislamiento del Reino Unido. La Repubblica, expresión del pensamiento socialdemócrata en Italia, entiende que el Gobierno británico quiere levantar un muro. Le Monde, europeísta sin fisuras, interpreta que la estrategia de Trump contra Europa ha envalentonado a la primera ministra, que porfía por construir un vínculo nuevo y diferente con Estados Unidos. ¿La complicidad de antaño entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan inspira a los herederos del conservadurismo más conservador? ¿Vuelve la agresividad de las identidades nacionales para cuartear la aldea global?

Detrás de tantas incertidumbres concatenadas asoma el fantasma de la inestabilidad política y de los mercados, una agudización de la crisis que zarandea el proyecto europeo y una fractura aún más profunda en la sociedad estadounidense, cuya foto fija más reciente es la composición de la multitud que asistió al juramento de Trump, tan llena de ausencias destacadas. Hay en todo ello muchos motivos para el desasosiego, para que cunda la impresión de que se inicia la marcha más o menos larga y decidida hacia una tierra desconocida, que no figuraba en los planes de los think tank hace solo cinco años. Hay también en todo ello una confirmación del lóbrego vaticinio que hicieron intelectuales progresistas de diferentes tradiciones políticas a raíz de la crisis económica aún vigente: el éxito contable de la globalización es un enorme fracaso social a causa de la desregulación sin cautelas, la presión del mundo financiero, la revolución tecnológica y la devaluación del trabajo. Nadie diría que la enfermedad es pasajera y pronto remitirá la amenaza contra la esencia de las sociedades abiertas.

Una tregua bombardeada

La degollina de Alepo certifica la debilidad de la gestión política de la guerra en Siria a partir de la aprobación en diciembre de 2015 de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos frutos más visibles hasta la fecha han sido la tregua acordada a finales de febrero y las negociaciones iniciadas en Ginebra entre el Gobierno y la oposición. El único resultado tangible de las conversaciones es que han sobrevivido a toda clase de vacilaciones y zozobras; los bombardeos de la última semana amenazan con sepultar el alto el fuego aunque el pretexto para martirizar Alepo es acabar con los focos de resistencia terrorista que cobija y que alimentan la guerra. Al sumar la atmósfera de Ginebra a la matanza en curso, una más, se adueña de los análisis la idea expresada por diferentes integrantes del Alto Comité de Negociaciones, que engloba a la oposición y varios grupos armados apoyados por Occidente, Arabia Saudí, Catar y Turquía: el desarrollo de los acontecimientos en Ginebra depende de las acciones sobre el terreno en Siria. Dicho de otra forma: el riesgo de que sucumban las negociaciones es hoy mayor que nunca.

Como ha manifestado Basma Kodmani, uno de los delegados de la oposición desplazado a Ginebra, la continuidad del diálogo “depende de cuanto pasa sobre el terreno y del mando que controlan rusos y estadounidenses” a distancia, o según conviene a la barroca complejidad de las desavenencias entre la Casa Blanca y del Kremlin. Para Vladimir Putin, salvar el régimen de Bashar al Asad es el objetivo principal y el combate contra el Estado Islámico es secundario, al menos por el momento; para Barack Obama, lo que más importa es acabar con el califato e insertar a Siria en el dispositivo general de seguridad de Oriente Próximo. Para el presidente de Rusia, nada es más importante que asegurarse un papel relevante en la región; para el de Estados Unidos, en año electoral, toda muestra de debilidad se convierte en un arma que carga el diablo y pone en manos de los republicanos, singularmente del imprevisible Donald Trump, promotor exaltado de un incremento del presupuesto de defensa para disponer de una force de frappe amedrentadora en cualquier lugar y circunstancia.

De acuerdo con la descripción de Dmitri Trenin, del Carnegie Moscow Center, Rusia actúa en Siria para restaurar su papel de gran potencia en la región,  condición que perdió cuando el último presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, se retiró del escenario al comienzo de la primera guerra del Golfo. Además, sostiene Trenin, la política de Putin persigue otros objetivos menos llamativos, pero no menos importantes: contener y disminuir la presión del islamismo radical; apoyar a regímenes y fuerzas aliadas en la región; asentar el despliegue militar en y alrededor de la región; ampliar la presencia militar rusa en los mercados de armas, nuclear, de gas, de petróleo y de alimentos de Oriente Próximo; atraer a inversores de los países del Golfo y concertar con los grandes productores del Pérsico una política de precios sostenible en los mercados energéticos. En suma, el objetivo ruso es consolidarse como un interlocutor ineludible de igual manera a como Estados Unidos lo es, con la diferencia de que Obama intenta ahorrarse el coste económico y político de otra guerra.

La percepción del conflicto que tiene la opinión pública europea es sustancialmente diferente al que manejan rusos y estadounidenses. La capacidad de actuación del Estado Islámico en suelo europeo a través de una red muy dinámica de militantes dispuestos a inmolarse, la presencia de los refugiados en el Egeo, y de allí al corazón del continente, y el efecto que todo ello tiene en las políticas nacionales sitúa la neutralización de los yihadistas en el centro del debate. Pero tal operación es inseparable de una implicación decidida en la guerra –qué hay que hacer, en qué condiciones, en cuánto tiempo, etcétera–, y ahí las sociedades europeas se muestran reticentes. Y aunque cada día son más las voces que consideran ineficaz el combate contra el islamismo en armas si se afronta solo como un problema de seguridad, las iniciativas relacionadas con la presencia activa en Siria son tan modestas o más que aquellas necesarias para actuar en un entramado económico que es de facto un criadero de muyahidines, en Europa y en el orbe musulmán.

Salvo en la coordinación cada vez más estrecha de la comunidad de inteligencia europea y en el almacenamiento de refugiados en Turquía, sigue en pie la pregunta de Henry Kissinger: ¿qué número hay que marcar para conocer la posición de Europa? En la laberíntica guerra siria, en la que coinciden en el campo de batalla los generales de un régimen vesánico, diferentes islamismo políticos, musulmanes deseosos de construir un Estado laico, profetas del Apocalipsis, los socios de Al Qaeda (Al Nusra) y los combatientes del califato, las actitudes contemplativas son clamorosamente estériles, y las reacciones viscerales o emocionales –la de François Hollande después del 13 de noviembre, por ejemplo– apenas sirven para modificar el curso general de los acontecimientos; puede que ni siquiera sean útiles para tranquilizar a sociedades asustadas. El poder blando europeo es un valor en sí mismo, pero solo es eficaz cuando se fundamenta en la unidad de acción, algo que está lejos de haber logrado la Unión Europea después de más de cinco años de guerra en Siria.

La carnicería en un hospital de Médicos sin Fronteras y en una clínica deslegitima a quienes ordenaron el bombardeo, invalida toda justificación y pone en evidencia una vez más la textura moral del régimen sirio, pero es improbable que las imágenes de la tragedia y el testimonio de las víctimas modifiquen el comportamiento de las partes implicadas en la crisis y sus asociados. Por el momento, no hay una alternativa a la guerra y al sectarismo que contente a los aliados respectivos del Gobierno sirio y de las oposiciones, representantes de un variopinto espectro ideológico. El propósito alentado en febrero por Staffan de Mistura, mediador de las Naciones Unidas, para celebrar en 18 meses unas elecciones sometidas a control o tutela internacional estuvo tan cargado de buenas intenciones como falto de realismo. Como dijo en su momento Kofi Annan, ninguna de las partes está dispuesta a salir con heridas visibles de un proceso en el que, además de la presencia inevitable de Bashar al Asad o de sus herederos, apoyados por Rusia, tendrían algo que decir y defender Irán, China, Turquía, la Unión Europea y, desde luego, Estados Unidos, directamente o a través de sus respectivos socios en las trincheras. Aquella idea angelical de las elecciones que todo debían curarlo se antoja una utopía; es ilusorio creer que bandos irreconciliables pueden aceptar el dictamen de las urnas, puestas en medio de los cascotes humeantes de la guerra civil.

El escritor sirio Basel al Awadat ha descrito la falta de resultados en el foro de Ginebra con una frialdad muy precisa: “Rusia siguió apoyando la posición del régimen [sirio] y comenzó a decantarse por otras oposiciones. Además, hizo propuestas para sustituir a la principal delegación negociadora de la oposición por otra que incluya a otros opositores menos extremistas y más próximos a la visión del régimen. Mientras tanto, este seguía violando la tregua y bombardeando las ciudades que apoyan a la oposición. Estados Unidos, por su parte, se limitó a contemplar lo que sucedía sin reaccionar en señal de apoyo a la oposición, e incluso el enviado de la ONU para Siria y encargado de la supervisión de las negociaciones, Staffan de Mistura, se tomó a la ligera la decisión de la oposición de abandonar las negociaciones, que lo calificó de ‘show diplomático’, y confirmó que las negociaciones seguirían su curso con quienes estuvieran presentes”. Diríase que se impusieron las actitudes políticamente correctas, aquellas del todo previsibles, sin que fuesen alteradas ni por un momento por la hecatombe de Alepo. Hay demasiado en juego, según parece, para que alguien ose romper las perversas reglas de un juego que puede llegar a considerar la guerra un mal menor.

 

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

Rusia, condenada a una crisis

“Si Rusia no empieza hoy su modernización, corre el riesgo de convertirse mañana en un país del Tercer Mundo”, vaticinó en el 2012 el analista IgorYurgens. Dos años antes, varios líderes políticos, exdirigentes de la Unión Soviética, economistas y empresarios habían dado público apoyo a un proceso de modernización acelerada de la economía rusa, excesivamente dependiente de la exportación de energía y, por esa razón, de las fluctuaciones de un mercado sometido o influido a todas horas por los vaivenes de la política. La caída de los precios del petróleo a finales de 2008 puso en evidencia la debilidad de los países dependientes del monocultivo del petróleo, fuente principal de los ingresos en dólares, y hoy como ayer vuelven a cernirse sobre la economía rusa los peores presagios –la caída en picado del rublo, la escalada inflacionista y la contracción del mercado interior–, agravados por las sanciones de Occidente a causa de la crisis de Ucrania.

En realidad, el rosario de datos concatenados que determinan las dificultades de la economía rusa revelan hasta qué punto es esta vulnerable. No solo porque carece de alternativas rentables e inmediatas para compensar el efecto de las sanciones impuestas por Occidente, sino porque está a merced de las fluctuaciones del precio del petróleo, que está condicionado por la capacidad de producción y distribución de la OPEP y la acumulación de reservas en todo el mundo. Por utilizar la terminología al uso, Rusia tiene una muy limitada capacidad de resistencia, aunque durante la presidencia de Dmitri Medvédev, gracias al buen momento de las relaciones ruso-estadounidenses, la impresión fuese otra.

Según un artículo de William E. Pomeranz distribuido por la agencia Reuters, “la espectacular caída del precio del petróleo supone un descenso de las rentas del Estado y menos dinero para los ambiciosos proyectos de gasto militar y social de Putin”, que debe unirse a la fuga de capitales, cuya cuantía es imposible calcular. En cualquier otro escenario que no fuera el ruso, se diría que se dan las condiciones para una crisis social o, al menos, hay el riesgo cierto de que se produzca, pero en el proceso de rearme moral colectivo emprendido por el Kremlin a raíz de la crisis ucraniana y del consiguiente distanciamiento de Estados Unidos y de la Unión Europea, es posible que, a pesar de los pesares, siga influyendo más el reflejo nacionalista que el efecto inmediato de la crisis económica.

Eso es, al menos, lo que daban a entender las encuestas de hace solo un mes, que otorgaban a Putin un índice de aceptación de alrededor del 80%. Cosa distinta es que el restablecimiento de la grandeza de Rusia como gran potencia sea viable sin una economía que no dependa solo de las fluctuaciones del precio del petróleo y de la exportación de gas. Porque cuando la propaganda rusa amenaza con buscar otros clientes para sustituir a los recelosos europeos, oculta un dato: solo China puede compensar una disminución significativa de las ventas en el mercado europeo, como ha entendido Vladimir Putin, que ha firmado acuerdos de suministro con los gobernantes chinos que empezarán a aplicarse en el 2018. E incluso así, la falta de acuerdo para el gaseoducto South Stream, que debe conectar la red rusa a la de la UE por Bulgaria después de cruzar el lecho del mar Negro, daña sin remisión la política de ventas diseñada por Gazprom, la primera empresa rusa, para evitar el paso del combustible por Ucrania.

De ahí a concluir que la decisión de la OPEP de mantener la producción –30 millones de barriles diarios– está relacionada con la situación de Rusia media solo un paso. A pesar de los datos que reflejan una caída del consumo, un aumento de las reservas y un descenso de las importaciones en Estados Unidos a raíz de la explotación de los yacimientos de esquisto, indicadores todos ellos que aconsejarían una disminución de las extracciones, la reacción ha sido justamente la contraria y el barril de Brent se ha situado por debajo de los 70 dólares –llegó en junio a los 115 dólares–, con grave perjuicio para monocultivadores de energía como Venezuela o Irán, sin otro producto que exportar, o para aquellos con una presencia muy limitada en otros campos, caso de Rusia. Dicho de otro modo: la decisión impuesta a la OPEP por Arabia Saudí y las petromonarquías del Golfo es hija seguramente de la determinación de Estados Unidos y sus aliados de presionar indirectamente a Rusia sin sufrir o afrontar el desgaste político de un nuevo motivo de tensión después del de Ucrania.

Hay en este relato ingredientes suficientes para vislumbrar una nueva guerra fría posmoderna en la que ya no cuentan tanto la ocupación de áreas específicas, con la consiguiente parafernalia nuclear y la rivalidad entre modelos económicos diferentes, sino el recurso a la economía global para domeñar voluntades. La economía rusa dejó de ser, con el hundimiento del bloque socialista, la isla no contaminada o no relacionada con la red de intereses de la economía occidental, y no puede sostener por tiempo ilimitado la situación actual so pena de aceptar un empobrecimiento acelerado de la clase media surgida de las privatizaciones, las inversiones extranjeras y la exportación de energía como instrumento casi exclusivo para financiar la modernización del país. Las compras de propiedades hechas en dólares y euros, que son ahora inasumibles a causa de la devaluación incesante del rublo hasta perder un 40% de su valor, constituyen el ejemplo más llamativo de una situación que puede llegar a ser insostenible para el grupo social que ha asentado en el poder el nacionalismo encarnado por Putin.

En el trabajo Rusia en el siglo XXI. Una visión para el futuro, del año 2010, varios autores insisten en que las élites no lograron llevar a la práctica el programa de modernización necesario para no ser un país diferente. Pero enseguida surgió en aquel entonces la respuesta del bando contrario a cambiar las coordenadas políticas rusas con el argumento harto discutible de que los fracasos en materia económica no significan que sea necesario un cambio en el sistema. Por el contrario, el artilugio constitucional que llevó a Medvédev a la presidencia para permitir luego el regreso de Putin al frente del Estado se entendió como una garantía de progreso, cuando en la práctica cegó las vías de acceso a cambios políticos significativos, a la alternancia en el poder de diferentes opciones y a la competencia entre programas. Que esto fuese útil en un primer momento, final de la década de los 90, para atajar la decadencia sin remisión de la Rusia de Boris Yeltsin no significa que lo sea ahora para guardar los estandartes en el cuarto de banderas, abordar la crisis ucraniana con realismo y dar con una solución equilibrada que no sea una claudicación, pero que permita acabar con la incertidumbre de una economía en caída libre.

Es posible que en algún momento pensara Putin que podía derrocar al Gobierno de Ucrania, como ha escrito Paul Krugman, pero tal ensoñación se desvaneció en cuanto se multiplicaron en Occidente los valedores del Gobierno de Kiev. Se trató de un gesto lleno de oportunismo, de un desafío a la convicción de Putin de que sólo él tiene derecho a mantener ordenado y a su conveniencia el vecindario más inmediato, pero fue un acontecimiento decisivo para consagrar la división ucraniana, hacer de la guerra una enfermedad crónica y abrir un paréntesis para reflexionar. Lo que se cruzó luego en el camino del presidente ruso fue el cambio acelerado en el mercado de la energía, la falta de alternativas para cobrar en otros caladeros los dólares de menos obtenidos en los yacimientos de gas y petróleo.

Aun así, no creía Krugman este último verano que se diesen en el libro de ruta de las finanzas globales las condiciones necesarias para la concreción de una nueva guerra fría. Aludía el economista a la probada capacidad del capitalismo para adaptarse a todo tipo de situaciones, pero, y siempre hay un pero, en aquel tan cercano como lejano último agosto no ensombrecía las murallas del Kremlin la densa nube de la crisis social que ahora se teme o se presiente. Y Occidente no estaría libre de culpa si se cumpliera la sabia creencia de que cualquier situación siempre es susceptible de empeorar.

Putin mira a China sin olvidar Europa

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha encontrado el mejor antídoto a las sanciones acordadas por Occidente a raíz de la crisis de Ucrania: la firma de un contrato para suministrar gas a China durante 30 años a partir del 2018 por un valor de 300.000 millones de euros. Si ya era muy limitada la disposición europea de imponer sanciones a Rusia antes de suscribirse el acuerdo, a partir de entonces aún es menor. Mientras en las cancillerías de la Unión Europea se sigue sin disponer de una respuesta clara a la gran incógnita del impacto que la situación en Ucrania tendrá en el suministro de gas y en el precio, el contrato firmado por Putin y por el presidente de China, Xi Jinping, a razón de unos 260 euros los mil metros cúbicos, induce a pensar que se avecinan tiempos difíciles. O, quizá, días de pactos inaplazables para evitar que el gas se convierta en un elemento de presión recurrente.

Aunque en la campaña de las legislativas europeas se ha hablado a veces de Ucrania, pero casi nunca del gas, es obvia la íntima relación entre los dos dosieres. Los candidatos que han aludido a Ucrania en sus discursos se han quedado, en general, en las vaguedades clásicas del derecho que asiste al Gobierno ucraniano a que se cumpla la Constitución y se respete su integridad territorial, pero apenas han ido más allá: el primer exportador de gas para la UE es Rusia, y una parte muy importante del suministro cruza territorio ucraniano. Con lo que, en manos de Putin está no solo una eventual revisión de las tarifas, que siempre es posible, aunque ahora parece improbable, sino el riesgo de que, según evolucione la situación, en algún momento se cierre la espita de Gazprom –no sería la primera vez que sucede–, con el consiguiente perjuicio para empresas y particulares.

“El impacto económico de una confrontación profunda con Rusia es una de las razones por las que los países fundamentales de la Unión Europea están más interesados en disminuir las tensiones con Rusia que en ampliar las sanciones”, ha afirmado en el diario Moscow Times el asesor de inversiones Chris Weafer. Se trata de una conclusión que avalan los hechos: la desgana europea para castigar la osadía de Putin en Ucrania y la determinación del presidente ruso, capaz de pasar del nacionalismo duro al poder blando según sea el día de la semana. Cuando Rusia se anexionó Crimea en un suspiro, Putin echo mano de las más viejas tradiciones de la santa Rusia y del líder ungido; cuando simuló no manejar las hilos de la trama en Donetsk y otros lugares –vigilia de la elección presidencial en Ucrania–, se ejercitó en una forma de poder blando sui géneris no exenta de habilidad. La UE transmitió, por el contrario, la misma imagen de desunión y debilidad cuando acordó sanciones en dosis homeopáticas que cuando se presentó como el adalid de su propia versión del poder blando, dispuesto a influir en el desarrollo de los acontecimientos mediante la persuasión.

Nadie piensa que de repente, como por ensalmo, la vieja rivalidad ruso-china se ha tornado luna de miel, sino que Putin y Xi han hecho de la necesidad virtud para contrarrestar los efectos de sus problemas en otros frentes. La Rusia emergente que mira con recelo a Occidente y recuerda los fundamentos de la política de contención puesta en práctica durante la guerra fría, busca una alternativa en Asia, al tiempo que la China que mantiene litigios territoriales con sus vecinos, apoyados por Estados Unidos, se afana por encontrar aliados que se sumen a su causa. Ni para Rusia es suficiente recuperar el orgullo perdido a causa del desmembramiento de la URSS, si no incorpora contrapartidas económicas, ni para China es útil mirarse en el espejo de la historia y perseverar en la tradición del imperio del centro, una visión aristocrática y etnocéntrica del mundo, incompatible con la globalización. Esta alianza del gas, como todas las alianzas, es fruto de intereses cruzados y complementarios, servidos con la retórica grandilocuente que conviene al caso.

Media un mundo de ahí a considerar el contrato sino-ruso un gesto oportunista. Cuando se cierra un compromiso por 30 años que implica una ingente movilización de recursos financieros y tecnología –construcción de un gaseoducto en Siberia y de otro en suelo chino conectado a la red de distribución–, lo menos que puede hacerse es dar por descontado el deseo de dar continuidad a la alianza. En el caso de Rusia, se trata, otra vez, de sacar el máximo partido a las necesidades más perentorias de crecimiento económico y de distanciamiento del dólar. La profesora Meghan L. O’Sullivan, de la Universidad de Harvard, lo ha subrayado en un comentario recogido por el Atlantic Council: si la economía rusa quedara expuesta a nuevas sanciones y mantuviera una dependencia excesiva del dólar, podría ver frustrado su deseo de convertirse en un gran operador financiero internacional.

¿Pueden los europeos conformarse con contemplar el paisaje a distancia? Lo menos que puede decirse es que no debieran caer en la tentación del conformismo con el único objetivo de proteger los negocios en marcha con Rusia, muchos de ellos pilotados desde Alemania. Los antecedentes sobre los efectos de crisis energéticas recientes, con el gas en el centro del problema, obliga a dar un enfoque realista a la crisis de Ucrania y a evitar las simplificaciones. La certidumbre cada vez mayor de que cuanto sucede es fruto de una lucha enconada entre dos oligarquías enfrentadas, dispuestas a manipular a la opinión pública y a sacar partido de las emociones colectivas, obliga a prescindir de la división entre buenos y malos, si es que alguna vez estuvo justificada, y aun autoriza a buscar el equilibrio para garantizar que nadie tiritará el próximo invierno por falta de gas a causa de la crisis ucraniana de esta primavera y de lo que esté por venir.

La realidad es que la economía rusa, a efectos prácticos, depende en todo y por todo de la exportación de energía; en cierto sentido, es un monocultivo que estará a expensas de las necesidades de sus clientes occidentales durante los próximos cuatro años, por lo menos. Hacer efectivo el contrato de exportación de gas a China obliga a una inversión inicial de decenas de miles de millones de euros, que deberán salir en parte de la venta de gas y petróleo a sus clientes tradicionales –europeos–, sin alternativas de suministro a corto plazo, pero si a medio (importación de gas del Magreb a través de la red española y desarrollo de otras conexiones con el norte de África). Esos son datos que se han manejado solo de pasada en la campaña de las europeas, pero que están sobre la mesa y que debieran ser suficientes para ahuyentar el fantasma de los problemas de suministro a corto plazo, como se insinúa con demasiada frecuencia.

Sacar otras conclusiones precipitadas del contrato de Rusia con China resulta tan arriesgado como estéril. La facilidad pasmosa con la que algunos han querido ver la decantación definitiva de Rusia por la parte asiática de su alma en detrimento de la europea, carece de rigor porque pretende que el desenlace de un debate que dura siglos se ha producido justamente ahora mediante un acuerdo económico inscrito en la mundialización de la economía. Más atinado se antoja el diagnóstico de quienes entienden que la dualidad rusa, europea y asiática a un tiempo, es una realidad ineludible, impuesta por la geopolítica de un Estado-continente que se extiende desde la frontera este de la UE al Pacífico Occidental, y los europeos deben amoldarse a convivir con ella.

 

 

China induce un nuevo statu quo

La profesora Margaret MacMillan, directora del St. Anthony’s College de la Universidad de Oxford, publicó el pasado fin de semana en The New York Times un ingenioso ensayo de paralelismos históricos entre las vísperas de la primera guerra mundial y las del año que se avecina, cuando se cumplirá un siglo del inicio de la que fue conocida como Gran Guerra hasta la matanza que se prolongó de 1939 a 1945. La sutileza de la analista, que comparte con Mark Twain la idea de que la historia “no se repite a sí misma, pero tiene rima”, encuentra en la rivalidad entre imperios –hace cien años, el Reino Unido y Alemania; hoy, Estados Unidos y China– el factor común que permite vislumbrar temores y atesorar esperanzas. Y cree adivinar en aquellos inicios del siglo XX rasgos propios de una globalización avant la lettre que lo mismo sirvió para alentar “localismos y nativismos” que para fundamentar los temores de Alemania de convertirse en una potencia sitiada por sus adversarios, un sentimiento que hoy experimenta el establishment político chino.

Artillería de campaña alemana en la primera guerra mundial.

Los sucesos acaecidos en el archipiélago Senkaku –Diaoyu para China–, a solo 70 kilómetros al noreste de Taiwan, con un doble valor económico –cantidades ingentes de petróleo y gas– y estratégico, han proyectado la imagen de una guerra fría de bolsillo entre las dos grandes potencias, aunque la disputa por la soberanía de los islotes deshabitados es entre China y Japón. En esta guerra fría posmoderna Japón desempeña el papel de aliado de Estados Unidos bajo riesgo; el aumento del gasto militar y el incremento de la capacidad naval china, el reservado otrora a la carrera de armamentos; y los cálculos relativos al deseo de China de desafiar a Estados Unidos y convertirse en una potencia en el Pacífico, el de las teorías de la escalada aplicadas a un entorno nuevo. O puede que no tan nuevo si se da marcha atrás en la historia y, como hace MacMillan, se recuerda que de la misma manera que las superpotencias de 1914, antes de sonar el primer disparo, se refirieron a la defensa de su honor, el secretario de Estado, John Kerry, ha invocado la credibilidad y el prestigio de Estados Unidos para movilizar a la flota en el mar de la China.

El trabajo de MacMillan advierte de los riesgos que se corren si, hechas las oportunas distinciones entre el hoy y el ayer, no se extraen lecciones “para construir un orden internacional estable”. Si no el mayor, sí es al menos el más común de los riesgos aceptar el principio según el cual, “gracias a nuestro progreso tecnológico, podemos emprender conflictos armados cortos y de impacto limitado” que reportan victorias decisivas. El desarrollo del conflicto en Afganistán, quizá en Irak, y en Siria con toda seguridad desmienten la efectividad de los conflictos bajo control, con la población a salvo de los males propios de la guerra. Algo parecido sucedió en 1914, cuando los generales creyeron disponer de las herramientas necesarias, pero luego la realidad de la guerra arrastró a la muerte a millones de jóvenes porque el alcance de las armas de teatro había pasado de 100 yardas en tiempos de Napoleón a 1.000, con el aumento consiguiente de su poder de devastación.

Las guerras de efectos limitados, incapaces de contaminar el entorno, son una entelequia elaborada por quienes difunden las teorías de la guerra sin más bajas que las precisas, siempre entre combatientes profesionales. En la práctica, la tecnología y los servicios de inteligencia no han eliminado los daños colaterales, los efectos secundarios y la desestabilización de áreas que exceden con mucho las delimitadas por los generales en los mapas. Y eso es de aplicación tanto en las guerras calientes como en las frías, de ahí que la disputa por las Senkaku-Diaoyu lo sea todo menos un problema menor o una crisis virtual.

Vista aérea del archipiélago de las Senkaku-Diaoyu.

El periodista Ian Buruma, profesor del Bard College, aporta los ingredientes esenciales para comprender los riesgos inherentes al conflicto: “China está en ascenso, Japón es una economía de capa caída y Corea se mantiene como una península dividida. Es natural que China intente restablecer el dominio histórico sobre la región. Y es natural que Japón esté nervioso por la posibilidad de convertirse en una especie de Estado vasallo (los coreanos están más acostumbrados a este papel vis-à-vis con China)”. Hay en todo ello resonancias de añejas rivalidades entre nacionalismos enfrentados a los que no se puede considerar parte del “narcisismo de las pequeñas diferencias”, expresión acuñada por Sigmund Freud y recordada por MacMillan en su ensayo. Tampoco son nacionalismos construidos a toda prisa por “historiadores, lingüistas y folcloristas que estaban ocupados en crear historias de viejos y eternos enemigos”, según los define MacMillan al hablar de los de 1914, sino más bien otros muy distintos empapados de agravios históricos y tragedias irredentas perfectamente documentadas y a solo una o dos generaciones de distancia de la nuestra.

Para completar la competencia entre egos nacionales y rivalidades regionales, que un día pueden ser mundiales, debe citarse el programa de desarrollo militar de la India, que desde noviembre dispone de un segundo portaviones y aspira a disputar el liderazgo estratégico y económico a China, el gran adversario junto con Pakistán desde los días de la independencia. De forma que frente a quienes piensan que la pulsión aislacionista puede condicionar la diplomacia estadounidense en un futuro no muy lejano, asoman los que creen que la competencia entre China e India otorga a Estados Unidos el perfil de actor indispensable, por no decir de poder arbitral. Dicho en otras palabras: la mayor potencia de Occidente se mantiene como el gran poder global, aunque, como apunta MacMillan, “no es el poder absoluto que fue una vez”. Una afirmación por lo demás discutible, porque la supremacía tecnológica y el control de los flujos de información le garantizan una superioridad indiscutible.

Quizá esta sea la mayor diferencia en la asimetría de la rivalidad en la cuenca del Pacífico: China es una potencia en construcción; Estados Unidos ha sistematizado su influencia. La especialista Martine Bulard ha recogido en Le Monde Diplomatique los desafíos que debe afrontar el gigante asiático, según sus propios dirigentes: desarrollar la economía de mercado, las políticas democráticas, una sociedad armoniosa y una civilización ecológica. Este es un programa para más de doce años, fecha de vencimiento a partir de la cual, según los cálculos más difundidos, el PIB chino superará al estadounidense. Y es, también, un programa cargado de factores adversos habida cuenta del peso inconmensurable del Estado en la economía, del control de la burocracia del partido sobre el funcionamiento de las instituciones, de los peligros de la desigualdad social causada por un desarrollo galopante y de la permisividad de que disfruta la economía productiva.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el de China, Xi Jinping, durante su entrevista en Annenberg Retreat (California), el 8 de junio de este año.

Aun así, esta China en construcción se comporta cada día más como una referencia inexcusable de un nuevo mundo bipolar gracias a los excedentes de capital que maneja, su tendencia milenaria a contemplar el mundo desde el interior de su fortaleza y su confianza en la capacidad del partido para dirigir una sociedad disciplinada donde el dúmping social será aún posible durante mucho tiempo a causa de las bolsas de pobreza que surten de mano de obra barata al sector industrial. Decir que la buena salud de los negocios está por encima de todo no es ninguna exageración, sino la certificación de que su propósito es competir con su gran rival en todos los mercados para transformar su potencia económica en poder militar más temprano que tarde. Más todavía: en la última hornada de dirigentes chinos –el presidente Xi Jinping y su equipo– ha arraigado la idea de que el poder militar, instrumento indispensable del poder político, es una derivación directa del poder económico. La muerte por inanición de la Unión Soviética revela hasta qué punto operar en sentido contrario equivale a levantar un edificio sin cimientos.

El alma de historiadora de Margaret MacMillan lleva a la ensayista a preguntarse si es posible sacar conclusiones contemporáneas de los motivos que llevaron a Europa al campo de batalla en 1914; si es posible resistirse a la tentación de comparar las relaciones de Estados Unidos y China con las que mantuvieron el Reino Unido y Alemania antes de que el atentado de Sarajevo que costó la vida al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa (28 de junio de 1914) precipitara la guerra. Y, al hacerlo, se adentra por el camino de las rivalidades nacionales que enturbian los datos concretos de cada momento con la explotación de los sentimientos, un resorte poderoso, ajeno a la razón, tantas veces invocada por René Descartes para evitar estropicios: “Despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación, y no te fíes sino de la razón”.

¿Quién puede dudar de que el Partido Comunista Chino, sin necesidad de cambiar de nombre, se ha transformado en una organización nacionalista que es la columna vertebral del Estado? ¿Quién puede dudar de que el sentimiento nacionalista en Estados Unidos está a flor de piel? ¿Estamos en la antesala de una situación de riesgo? En marzo del año pasado, cuando Hu Jintao aún era presidente de China, el exsecretario de Estado Henry Kissinger escribió en su blog lo siguiente: “Aunque la capacidad militar absoluta de China no es formalmente comparable a la de Estados Unidos, Beijing posee la habilidad de plantear riesgos inaceptables en un conflicto con Washington y desarrolla instrumentos cada vez más sofisticados para negar la ventaja tradicional de Estados Unidos”. Aun así, Kissinger subrayó que los objetivos económicos de China atenúan los riesgos y las desavenencias con Estados Unidos no deben ir más allá del “funcionamiento habitual de la rivalidad entre las grandes potencias”. Con todo, cabe preguntarse: ¿cuál es la fecha de caducidad del nuevo statu quo?

Los ultras apuntan al Europarlamento

La caída de la confianza de los europeos en la UE eleva hasta cotas desconocidas las perspectivas electorales de la extrema derecha, antieuropeísta y xenófoba, con la mirada puesta en la cita de la próxima primavera, cuando se renovará la Eurocámara. El índice de confianza no alcanza el 40% en ninguno de los grandes países –Polonia se queda en el 39%–, según los datos suministrados por Eurostat correspondientes a un sondeo realizado en mayo de este año; solo Francia supera el 30% y España se queda en el 17%, por debajo incluso del Reino Unido (20%), una foto fija de la desconfianza en todas partes. Se ha pasado de la idea muy extendida de que los periodos de crisis dan oportunidad a las soluciones creativas a la sensación no menos extendida de que la crisis es la gran ocasión de la ortodoxia ultraliberal para someter el Estado del bienestar a las exigencias de un sistema tecno-financiero globalizado.

No hay una sola encuesta que no recoja que el esprit des temps ha acabado con la complicidad necesaria entre gestores y ciudadanos para que la construcción económica y política de la Europa unida no sea solo un proyecto de las élites. La empatía ha desaparecido, las instituciones se han acogido a un léxico indescifrable para los electores, los estados mayores de los grandes partidos se han entregado a la cultura del pacto perpetuo hasta desdibujarse en el seno de una tecnocracia que tiende a homogeneizar las ideologías y los estados han logrado que las cumbres intergubernamentales suplanten en el escenario el papel que los europeístas quisieran ver representado por la Comisión. Un nacionalismo de última generación se ha adueñado de la situación y no son pocos los que temen que, por este camino, el Parlamento Europeo corre el riesgo de acoger una floración de grupos parlamentarios de disciplina estrictamente nacional en detrimento de los grandes grupos de adscripción ideológica: popular, socialista, liberal, etcétera.

Marine Le Pen y Geert Wilders, el día 13, después de anunciar que se alían para acabar desde dentro con el “monstruo que supone Europa”.

El correlato inmediato es el temor a que una participación espectacularmente baja en las próximas elecciones europeas, situada claramente por debajo del 49% del 2009, dé como resultado un Parlamento con una minoría ultra en condiciones de torpedear toda iniciativa tendente a ampliar las atribuciones supranacionales a costa de la soberanía de los estados. El auge de la extrema derecha en tantos países de la UE y la concreción de una alianza antieuropeísta franco-holandesa constituida por el Frente Nacional, que dirige Marine Le Pen, y por el Partido de la Libertad, que pilota Geert Wilders, no son más que el síntoma visible de que una grave enfermedad amenaza a Europa, que los ciudadanos ven cada día menos como un gran proyecto político con el que merece la pena comprometerse.

A lomos de la crisis o vapuleada por ella, la UE se ha convertido en una estructura antipática, promotora de imposiciones defendidas por burócratas y políticos insensibles a las tragedias personales, figuras distantes que ven en la televisión comunidades condenadas a un futuro incierto y a una pobreza del todo cierta, prescriptores soberbios de recetas encaminadas a cuadrar los números del modelo macroeconómico. Al mismo tiempo, el establishment político europeo se aplica a neutralizar la competencia de la derecha apocalíptica mediante la incorporación a sus programas de las medidas que defienden los adversarios de la unidad europea –véase el rumbo del ministro francés del Interior, Manuel Valls, en cuanto atañe al tratamiento de la inmigración o la instalación de concertinas de seguridad en el perímetro de Melilla–, de tal manera que, en la práctica, facilitan la difusión de las doctrinas más odiosamente sectarias. Por no hablar del debilitamiento de la legitimidad de las instituciones europeas cada vez que un Parlamento nacional somete a ratificación una decisión de la UE (así sucede en Alemania, Austria, Holanda y Finlandia), aunque haya quien ve en ello –Enrique Barón lo defendió el último martes en el Cidob– un ejercicio de compromiso democrático del parlamentarismo nacional con las instancias europeas.

Mientras tanto, abundan los estudios que indican que una Europa sin inmigrantes carece de futuro y una Europa empobrecida, debilitada hasta el tuétano por la austeridad a todas horas, está condenada al estancamiento. Christal Morehouse, una analista de la fundación alemana Bertelsmann Stiftung, afirma que la solución a los problemas demográficos de Europa para el siglo XXI se encuentra más allá de sus fronteras, según los cálculos del Foro Económico Mundial, que ella da por buenos: “En menos de dos décadas, Europa occidental necesitará atraer fuerza de trabajo equivalente al tamaño de la población activa actual de la mayor de sus economías, la alemana, a fin de mantener el crecimiento económico”. Y, al mismo tiempo, el profesor Michael Spence, premio Nobel de Economía, subraya que el exceso de ahorro de Alemania, en aras de la austeridad, agrava los desequilibrios comerciales en el seno de la UE y limita las inversiones.

Cartel electoral de Jean-Marie Le Pen correspondiente a la primera vuelta de la elección presidencial de 1974.

Ni que decir tiene que el refinamiento técnico de estos detalles importa poco a los adversarios por principio del euro, de la unidad de Europa y de la futura viabilidad del continente como actor político. De hecho, la antipatía que se ha ganado la UE mediante el recurso a una contabilidad que todo lo justifica, libera a la extrema derecha de dar mayores explicaciones a capas sociales desorientadas. ¿Quién hubiese podido prever que una hija de Jean-Marie Le Pen, el pintoresco candidato a la presidencia de Francia de 1974, condicionaría la agenda política de 2014 con perspectivas electorales por encima del 20%? ¿Quién hubiese podido imaginar que la sociedad culta de una democracia avanzada como la francesa dejaría la iniciativa a la descendiente del candidato que en 2002 disputó la presidencia a Jacques Chirac, pero pareció entonces que jamás podría igualar aquel hito? Hoy nadie sabe cuál es techo electoral del Frente Nacional.

Es muy posible que el silencio político de Francia tenga que ver con el auge ultra. El pensamiento europeísta de Francia es demasiado importante, hasta hoy ha sido demasiado influyente, como para que no tenga ninguna repercusión la ausencia del debate del acento francés, factor de equilibrio tradicional del acento alemán. El hermetismo del presidente François Hollande pesa en la desorientación europea en la misma medida que la reacción defensiva de una sociedad asustada y envejecida, la francesa, ante los peligros que se ciernen sobre un modelo social que discuten a un tiempo el Gobierno alemán, el Banco Central Europeo y los adversarios históricos del Estado social. Acaso los síntomas de decadencia de Francia sean, asimismo, un síntoma elocuente de la decadencia de Europa, en la misma proporción que lo es la dirección alemana de los asuntos europeos, con la mirada de Berlín dirigida hacia el norte, el centro y el este del continente, mientras el mundo greco-latino aparece como una molesta impugnación del futuro perseguido por los mercados hegemónicos.

En este cruce de caminos, Thomas Wieder se ha remitido en las páginas de Le Monde al precedente de 1983, cuando François Mitterrand, a los dos años de ser elegido, hubo de enfrentar una crisis social y política de grandes proporciones con unos índices de aceptación del 30%. Entonces, como ahora, el Gobierno estaba dividido y la presión conservadora funcionaba a toda máquina, pero, a diferencia de hoy, era muy inferior la predisposición de una parte del auditorio a  buscar cobijo en la extrema derecha. La disputa social se desarrollaba desde frentes políticos convencionales, con viejas y sólidas convicciones democráticas, mientras que ahora la lealtad democrática de los antieuropeístas acérrimos hay que ponerla en cuarentena. Por lo demás, no había en la calle europea siglas como la de la refundada Forza Italia, que ocultan su oposición a Europa detrás de un confuso discurso populista que todo lo contamina.

El texto de Wieder recoge una cita de 1983 aplicable al presente: es del periodista Jean-François Kahn y alude al proyecto prematuramente envejecido con el que Mitterrand se presentó a la elección de 1981, algo parecido a lo que le sucede hoy a Hollande. Pero el articulista se refiere también al estado de desgracia, una expresión acuñada por Jean Charlot que se corresponde con el ambiente depresivo que se ha adueñado de Francia y la desazón de millones de europeos que no oyen desde hace años un solo mensaje comprensible que induzca a confiar en el futuro.

CrecimientoLos trabajos de prospectiva difundidos cuando el año se encamina hacia su fin justifican esos estados de ánimo. El último, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), prevé para la Eurozona un crecimiento medio del 1% en el 2014 –la media mundial se situará en el 3,6%; la de la OCDE, en el 2,3%; la de Estados Unidos, en el 2,9%–, y del 1,6% en el 2015, muy por debajo de la media mundial (3,9%) y de Estados Unidos (3,4%). El vaticinio depende, además, de que no se concrete una borrasca que amenaza dar al traste con los augurios para el 2014: más debilidad de la prevista en las economías emergentes, incluida la china. Si eso sucede, es de temer un debilitamiento de los intercambios comerciales a escala mundial, de los flujos de inversión y formación de capital, y el mantenimiento de la media de la tasa europea de paro por encima del 12% (el 25% para España, décima más décima menos).

¿Cómo movilizar a los electores si ese es el porvenir que nos aguarda mañana? ¿Cómo evitar que crezcan las adhesiones en las filas del euroescepticismo más ruidoso si los europeísta convencidos, salvo excepciones, no son capaces de ir más allá de una gestión de la crisis con efectos extenuantes? ¿Cabe considerar a la extrema derecha antieuropeísta la última adaptación al medio de las ideologías totalitarias, opuestas a la democracia? Si es así, ¿debe aceptarse el recurso a los mecanismos del Estado democrático –de la Europa democrática– por quienes se oponen a él?

El profesor Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, se pregunta: “¿Existe un lugar dentro de las democracias liberales para los partidos aparentemente antidemocráticos?” Las respuestas son harto arriesgadas. Mueller sostiene que, frente a las amenazas, “la autodefensa democrática parece un objetivo legítimo”. Pero la determinación del nosotros y del ellos presupone –es mucho presuponer– que no hay asomo de duda en cuanto a la fijación del límite a partir del cual la cultura democrática se pone en peligro. Y, aun en este caso, cualquier restricción política no justificada por el recurso a la violencia, conlleva privar del derecho de representación política a colectivos de dimensión variable. Ese no es el debate que debe afrontar Europa, sino otro en el que se planteen alternativas viables y visibles al estado de desgracia que ha hecho posible que el verbo inflamado de los ultras cautive a una parte de la calle europea, privada de esperanza.

Maduro, por la senda radical

La decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de combatir una inflación desbocada mediante una intervención directa en la fijación de precios tiene todas las trazas de ser la última versión del viejo dicho pan para hoy, hambre para mañana. Al sumar esta medida a otras dos tomadas hace diez años por Hugo Chávez, el control de cambios y la subvención del precio de la gasolina, se empuja a la economía real hacia el crecimiento del mercado negro, el acaparamiento de productos y, más pronto que tarde, el desabastecimiento. Puede pensar Maduro que con la intervención de la cadena Daka de venta de electrodomésticos, cuyos precios ha rebajado espectacularmente, atrae voluntades a su causa para las elecciones municipales del 8 de diciembre, pero más allá de este objetivo a tan corto plazo es difícil imaginar que un solo entendido en economía le haya aconsejado una medida que, en la práctica, cierra la posibilidad de que se mantenga sin alteraciones la importación de productos cuando se agoten los ahora vendidos a precios políticos, poco menos que de saldo.

Si a la intervención de ahora se suma la ley habilitante, que da poderes especiales al presidente durante un año para que legisle fuera del control parlamentario, especialmente en materia económica, cabe afirmar que el proceso venezolano apunta mucho más allá que la cirugía social de emergencia aplicada por Chávez a una comunidad extremadamente dual. Al movilizar a los suyos para abrir un largo paréntesis en la división de poderes, como si fuese posible domeñar por decreto las estadísticas y los flujos de capital, se multiplican las incertidumbres, tanto en la urdimbre institucional del régimen bolivariano cuanto en el compromiso democrático de quienes lo gestionan, cada día menos exigente con el principio de legalidad. Al recurrir a poderes de excepción, Maduro se atiene más al gesto autoritario de quien da por descontado que es depositario de la verdad y de todas las soluciones, sean estas las que sean,  que a la imagen del líder que actúa después de analizar la situación sin parapetarse en prejuicios ideológicos.

Lo cierto es que la realidad económica venezolana no puede ser menos halagüeña, con una divisa, el bolívar, que en el mercado negro se cotiza unas diez veces por debajo del cambio oficial: poco más de seis bolívares por dólar. No hay un solo exportador que esté dispuesto a aceptar la paridad fijada por el Gobierno y, en consecuencia, no hay un solo importador en situación de comprar en las condiciones que pretenden las autoridades monetarias venezolanas. Esa es la primera causa de la escalada de precios, sin que deba descartarse que algunos empresarios hayan decidido acaparar y retirar del mercado cantidades significativas de bienes de consumo para provocar una subida artificial o provocada de la inflación. Soslayar ese dato, que la cotización del bolívar se ha despeñado, es un regate en corto a la realidad que puede ser útil para contentar a auditorios convencidos, pero que en ningún caso sirve para evitar que la inflación ande por encima del 50% con tendencia a seguir creciendo.

Juan Nagel, un bloguero venezolano coeditor de Caracas Chronicles, sostiene que su país es el que más dudas ofrece en el mercado de la deuda, “donde solo presenta menos riesgo que la bancarrota de Puerto Rico”. Su fiabilidad, asegura Nagel en un post colgado en Foreign Policy, está por debajo de las de Grecia y Argentina, de forma que, a la hora de la verdad, no tiene ninguna posibilidad de lograr financiación exterior por cauces convencionales –colocación de títulos en los mercados– y debe fiar su suerte a acuerdos bilaterales con terceros y a la cotización al alza del petróleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el Gobierno venezolano ha echado mano de sus reservas y dentro de poco “deberá afrontar graves problemas y tomar decisiones difíciles”, en palabras de la directora de la institución, Christine Lagarde.

La mujer que aparece en la fotografía se llama Clotilde Palomino. Es una empleada doméstica de Caracas que el 11 de noviembre compró una licuadora, un deuvedé y una plancha en una de las tiendas de electrodomésticos intervenidas por el Gobierno venezolano, pero que fue presentada en diversos medios y en las redes sociales como una saqueadora de una tienda de Valencia, aunque mostró la factura de los artículos que adquirió con sus ahorros en un establecimiento de la ciudad en la que vive. Piensa demandar a quienes la acusaron de saqueadora y ha pedido al presidente Nicolás Maduro que la ayude a limpiar su imagen

Las cifras venezolanas para el año que acaba están lejos de las previsiones para las cuatro economías latinoamericanas mejor situadas. Vaticina el FMI que el PIB de México crecerá el 3% el próximo ejercicio; el de Colombia, el 4,2%; el de Chile, el 4,5%; y el de Perú, el 5,7%. Para el mismo periodo, las estimaciones llevan el déficit venezolano por encima del 12,6% con el que cerrará 2013, con el riesgo además de que se registre una contracción significativa de las exportaciones de petróleo a causa del paulatino aumento de la actividad extractiva en Estados Unidos gracias a la explotación intensiva de los yacimientos de esquistos. Ese es, quizá, el mayor problema que a medio plazo amenaza la viabilidad de la economía venezolana.

La euforia de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela, que en verano presentó como un gran éxito el aumento de las exportaciones a China (600.000 barriles diarios) e India (400.000 barriles diarios), apenas estaba justificada porque el primer cliente de los yacimientos venezolanos es Estados Unidos, que marcha a toda máquina hacia la independencia energética. Es muy difícil, por no decir imposible, que se mejoren las cifras actuales de exportación –1,5 millones de barriles diarios–; lo que sucederá de forma más que probable será una paulatina caída de las compras de aquí al 2020, cuando todos los cálculos llevan a concluir que Estados Unidos dejará de importar petróleo. Según la US Energy Information Administration (EIA), la producción de petróleo en Estados Unidos en octubre fue de 7,7 millones barriles diarios, una cifra que superó a las importaciones por primera vez desde febrero de 1995. Las importaciones de octubre fueron, al mismo tiempo, las más bajas desde febrero de 1991.

¿Pueden China e India absorber los descensos en las importaciones que prevé la EIA? Todo induce a pensar que no, entre otras razones porque ambas potencias mantienen una lógica política de diversificación de suministros para evitar que problemas locales lejanos afecten a su seguridad energética. ¿Puede Venezuela buscar nuevos mercados para suplir la caída de las importaciones de Estados Unidos? Sí, sin duda, siempre y cuando acepte operar en las condiciones habituales en el complejo mercado del petróleo, sin aspirar a tratos de favor como el dispensado por China en su momento, que accedió a hacer un pago por adelantado en tiempos de Chávez equivalente, se dice, a dos años de pedidos. Puede atraer nuevos clientes, sin duda, si los inversores extranjeros reciben garantías jurídicas, sin que eso signifique que Maduro debe poner el país en almoneda. Pero no puede pensar en un alocado ascenso del precio del petróleo a corto plazo –Chávez soñó un día con que el barril llegaba a los 200 dólares–, salvo que circunstancias imposibles de prever induzcan una escalada.

Pero el populismo grandilocuente de Maduro, imitación desvaída de la foto fija que Chávez dejó para la historia, abre nuevos interrogantes todos los días, acompañados del misticismo sin mucho lustre que le lleva a anunciar la aparición de su predecesor en las obras del metro y de la burda simplificación de la realidad que le permite considerar burgués todo lo que se opone a su política. Hay en Maduro una suerte de iluminismo rudimentario que no hace otra cosa que acrecentar la desconfianza hacia un proyecto cuya estación de llegada pudiera ser La Habana a pesar de la quiebra del experimento en la perla del Caribe. En cambio, se echa en falta en el presidente de Venezuela un acercamiento al realismo para corregir las deficiencias manifiestas de una propuesta ideológica que, a cada día que pasa, parece más un instrumento destinado a consolidar un poder político asentado sobre una sociedad permanentemente subvencionada.

Henrique Capriles, líder de la oposición de todos los colores que impugna la oferta bolivariana, acusa a Maduro de seguir “el libreto castrocomunista”, otra simplificación, pero las decisiones económicas de la última semana facilitan mucho las cosas a los adversarios del presidente. El editorialista del diario El Nacional, que apoya a Capriles, entiende que las medidas adoptadas por el Gobierno tienen el efecto contrario a la justicia distributiva que dice perseguir, y recuerda la hecatombe de la descomposición del bloque comunista: “Basta con mirar –afirma– hacia la bancarrota que marcó el derrumbe de los sistemas del llamado socialismo real, productores de proverbial escasez en los países que los padecieron”.

En este clima, la fractura social es, más que un riesgo, una realidad. La voluntad manifestada por Chávez de no rectificar el rumbo nunca, que el periodista Ignacio Ramonet destacó a su muerte como un mérito, es el punto de partido de los temores de cuantos se oponen a Maduro. “No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y muchos, a pesar de la meridiana claridad del proyecto expuesto hace exactamente 14 años por Chávez, a pesar de su claridad evangélica, o no oyeron lo que dijo, o no prestaron atención, o pensaron que eran palabras huecas, de pura retórica”, escribió Ramonet en Le Monde Diplomatique. El problema es que la claridad evangélica y los logros sociales se han enturbiado progresivamente con las dudas razonables que alimenta un programa económico heterodoxo, sufragado con las rentas del petróleo, pero insostenible a poco que mengüen; el gran reproche es que el chavismo y sus legatarios han promovido la justicia social como si fuese un objetivo incompatible con el pluralismo, la autonomía de los individuos y el derecho a disentir.

Hubo un tiempo durante el cual el chavismo se legitimó más allá de la victoria en las urnas. Lo hizo a través de una reparación histórica: atender las necesidades básicas de una población con un índice de analfabetismo del 69%. Luego sucedió lo que tantos reprochan a los predicadores de la buena nueva bolivariana: las inquietudes sociales se convirtieron en el instrumento ideal para justificar lo injustificable, de forma que, mucho antes de la muerte de Chávez, el régimen se transformó en una caricatura de sí mismo y hoy abunda en esa estrategia, convencido de que su continuidad depende de ello, de radicalizarse sin cesar. Pero hay demasiadas señales que indican que, por ese camino, el futuro se antoja noche cerrada.

 

El Tea Party desafía a Obama

La estrategia republicana de llevar a Estados Unidos al borde del precipicio con el fin de fulminar la reforma sanitaria promovida por Barack Obama ha decidido al ala dura del partido –encarnada en el Tea Party– a fijar una estrategia de tierra quemada, y al conservadurismo tradicional, a refugiarse en una retórica bajo sospecha. Para una parte significativa de los 232 diputados del Grand Old Party en la Cámara de Representantes puede más el temor a verse obligados a disputar el próximo año una elección primaria ante un aspirante de la extrema derecha, lo que los induce a aceptar con resignación la crisis en curso, que la sensatez de buscar una solución bipartidista que acabe con una situación a la vez demencial y extravagante. Porque el cierre (shutdown) del Gobierno federal por falta de fondos pone a la superpotencia a los pies de los caballos de sus acreedores, crea una inseguridad comprensible a escala mundial y persigue humillar al presidente, algo que probablemente está lejos de ser plato del gusto de la mayoría de la opinión pública.

Aunque The Washington Post haya opinado que el problema de Obama no son los republicanos, sino la Constitución, lo cierto es que cada vez cunde más la idea de que la Casa Blanca es prisionera de la mezcla de fundamentalismo religioso, individualismo exacerbado y dogmatismo político del Tea Party. Aunque los padres fundadores diseñaron un equilibrio de poderes pensado para limitar las atribuciones del Ejecutivo federal y preservar la iniciativa de los estados, las encuestas reflejan estas últimas semanas una corriente de opinión mayoritaria, cercana al 50%, que culpa del cierre a los ultraconservadores. Y aunque estos se han adueñado del Partido Republicano y tienen razonablemente asegurado que mantendrán el próximo año la mayoría en la Cámara de Representantes, según un detallado informe elaborado por la web Politico, es impensable que dobleguen la voluntad del presidente hasta el punto de que desista en la aplicación del Medicaid y cambie la percepción que los ciudadanos de las sociedades urbanas tienen de las causas de la crisis.

El monumento dedicado a la segunda guerra mundial, cerrado a causa del ‘shutdown’ del Gobierno federal.

Lo cierto es que detrás de la obstinación de los líderes republicanos se desarrolla una batalla no exenta de sordidez en la que se enfrentan el líder del partido en la Cámara de Representantes y presidente de la misma, John Boehner, y el segundo en el grupo parlamentario, Eric Cantor, rivales irreconciliables. Quizá Boehner transigiese en alguna fórmula para cerrar un pacto de caballeros con Obama, pero Cantor es un doctrinario que encarna las esencias del Tea Party y de un conservadurismo que sostiene que el mejor Gobierno es el que no existe o es tan sumamente débil y pequeño que no puede imponer su voluntad a nadie. A Cantor le siguen rigoristas religiosas como Michelle Bachmann, políticos de ascendencia hispana adscritos a la nueva fe como Ted Cruz y Marco Rubio, y también ideólogos del individuo libérrimo, herederos remotos de la cultura de frontera que profesan con intensidad variable personajes como Mike Lee, Rand Paul y Steve King, más Sarah Palin, la referencia ineludible de la política de mesa camilla, cuyo bagaje intelectual no va más allá de cuatro vaguedades que regalan los oídos de la América profunda, pero no resisten el análisis cuando se confrontan con las necesidades del país.

Así, por ejemplo, la oposición sin tregua a la reforma sanitaria en nombre de la libertad del individuo soslaya dos realidades complementarias:

  1. La asistencia sanitaria es mucho más cara en Estados Unidos, y a menudo menos eficaz, que en los países de la Unión Europea con una sanidad pública, obligatoria y universal de larga tradición.
  2. Hasta fecha reciente, por lo menos 40 millones de estadounidenses no tenían cobertura sanitaria por carecer de medios para costearse un seguro privado.

Eric Cantor (izquierda) y John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, rivales en el seno del Partido Republicano.

A lo dicho debe añadirse que a causa de la timidez de la reforma impugnada por los republicanos, dos tercios de los pobres de la comunidad negra, un porcentaje parecido de las madres sin pareja y más de la mitad de los trabajadores con ingresos bajos que nunca han tenido un seguro médico quedan fuera del Medicaid, según un estudio realizado por The New York Times. La mayoría de estas personas viven en estados donde gobiernan los republicanos y han llevado a la práctica su oposición a aplicar el Medicaid por las razones mencionadas antes. Es decir, el ultraliberalismo que anima a los ideólogos del Tea Party excluye el reparto de carga sociales, sea cual sea la fórmula que se aplique, en nombre, de nuevo, del derecho de los individuos a procurarse y administrar sus recursos.

De esta forma, mientras un periodista de la revista Forbes, a la que no cabe atribuir veleidades estatistas, advierte de que los grandes acreedores de Estados Unidos andan lejos de aprobar el comportamiento del Tea Party –sugiere que antes de desencadenar el cierre, debió pedir permiso a China–, Sarah Palin escribe en su cuenta de Facebook que el cierre de algunos monumentos, como el dedicado en Washington a los combatientes de la segunda guerra mundial, es “una protesta enojada para generar una mala publicidad”, un recurso de Obama para deformar la realidad, como si dijéramos. Lo cierto es que el Gobierno federal no dispone de dinero, y los acreedores a los que Forbes alude temen que si antes del 17 de octubre no hay acuerdo para elevar el techo de gasto, el presidente deberá decretar la suspensión de pagos.

En un ambiente menos enrarecido, acaso Boehner hubiese podido convencer a sus correligionarios para que aprobaran una continuing resolution (CR), un mecanismo provisional para atender a los gastos corrientes esenciales mientras se negocia una solución definitiva. Pero la CR no entra en los planes del Tea Party a pesar de que son muchos los que comparten la idea de Rich Lowry expresada en The National Review: los republicanos se oponen a poner un parche a la crisis porque carecen de planes para el día siguiente. La pieza que quieren cobrar se llama Barack Obama y el resto importa poco: la repercusión que el cierre federal puede tener en la superación de la crisis económica, el mercado de la deuda y las bolsas, que lo mismo que hasta la fecha resisten sin sobresaltos, pueden ser presa del pánico a poco que se degrade la situación. Steve King lo ha dejado del todo claro: el cierre no es cosa de un día o dos, sino que va para largo.

Franklin D. Roosevelt, presidente demócrata de Estados Unidos entre 1933 y 1945, hizo de su partido el de las minorías.

En la tradición aislacionista de los seguidores del Tea Party, las repercusiones internacionales poco importan. Pesa más la convicción de que nada es más eficaz que el libre mercado sin cortapisas, sin que la Administración ponga límites a los negocios. Todo obstáculo remotamente equiparable al Estado social, a un enfoque tibiamente socialdemócrata de la atención a los ciudadanos, les parece un peligroso acercamiento al modelo europeo, que consideran una intromisión intolerable en la autonomía de los ciudadanos. Voces relevantes del Tea Party han tachado a Obama de socialista, algo que no es en absoluto una novedad en el debate ideológico alentado por el conservadurismo más rancio. Antes bien, forma parte del manual de tópicos que maneja la extrema derecha como argumentos de convicción desde la presidencia de John F. Kennedy (1961-1963).

Como ha escrito Rick Pelstein en la publicación progresista The Nation, no queda a los demócratas otra posibilidad que pechar con el lugar común ampliamente difundido de que les mueve cierto extremismo, aunque su misión durante el último medio siglo se ha limitado a “hacer de Estados Unidos un lugar más justo, digno y sostenible”. A la apreciación de Pelstein debe añadirse que el Partido Demócrata no es ajeno a la propensión aislacionista y al recelo antiestatista, pero al convertirse en la formación de las minorías desde los días del New Deal de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), ha sumado a su perfil ideológico, acaso sin pretenderlo, cierto gusto por la heterodoxia. Y todo eso pesa en el ánimo de la oposición republicana que ha optado por no levantar el pie del acelerador a pesar de todos los riesgos inherentes a su desafío a Obama.

¿Por qué los peligros son mayores hoy que cuando los republicanos, guiados por Newt Gingrich, hicieron exactamente lo mismo durante la presidencia de Bill Clinton? Porque por aquel entonces no había ninguna gran crisis económica que amenazara con poner patas arriba todo el andamiaje; porque Clinton había obtenido buenos resultados en feudos republicanos y el partido no podía exponerse a llevar las cosas demasiado lejos y desgastar su imagen; porque la Casa Blanca manejaba un presupuesto con superávit que confería un gran margen de maniobra al presidente a pesar del cierre federal; porque los tenedores de deuda pública de Estados Unidos tenían una capacidad de presión menor que ahora, cuando financian con sus ahorros el déficit astronómico de la primera economía mundial. Lo ha dicho Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional: el cierre del Gobierno federal y el riesgo de que no se eleve el techo de gasto antes del día 17 amenazan la economía mundial. El temor a una nueva recesión internacional no es en absoluto gratuito.