Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

Rusia, condenada a una crisis

“Si Rusia no empieza hoy su modernización, corre el riesgo de convertirse mañana en un país del Tercer Mundo”, vaticinó en el 2012 el analista IgorYurgens. Dos años antes, varios líderes políticos, exdirigentes de la Unión Soviética, economistas y empresarios habían dado público apoyo a un proceso de modernización acelerada de la economía rusa, excesivamente dependiente de la exportación de energía y, por esa razón, de las fluctuaciones de un mercado sometido o influido a todas horas por los vaivenes de la política. La caída de los precios del petróleo a finales de 2008 puso en evidencia la debilidad de los países dependientes del monocultivo del petróleo, fuente principal de los ingresos en dólares, y hoy como ayer vuelven a cernirse sobre la economía rusa los peores presagios –la caída en picado del rublo, la escalada inflacionista y la contracción del mercado interior–, agravados por las sanciones de Occidente a causa de la crisis de Ucrania.

En realidad, el rosario de datos concatenados que determinan las dificultades de la economía rusa revelan hasta qué punto es esta vulnerable. No solo porque carece de alternativas rentables e inmediatas para compensar el efecto de las sanciones impuestas por Occidente, sino porque está a merced de las fluctuaciones del precio del petróleo, que está condicionado por la capacidad de producción y distribución de la OPEP y la acumulación de reservas en todo el mundo. Por utilizar la terminología al uso, Rusia tiene una muy limitada capacidad de resistencia, aunque durante la presidencia de Dmitri Medvédev, gracias al buen momento de las relaciones ruso-estadounidenses, la impresión fuese otra.

Según un artículo de William E. Pomeranz distribuido por la agencia Reuters, “la espectacular caída del precio del petróleo supone un descenso de las rentas del Estado y menos dinero para los ambiciosos proyectos de gasto militar y social de Putin”, que debe unirse a la fuga de capitales, cuya cuantía es imposible calcular. En cualquier otro escenario que no fuera el ruso, se diría que se dan las condiciones para una crisis social o, al menos, hay el riesgo cierto de que se produzca, pero en el proceso de rearme moral colectivo emprendido por el Kremlin a raíz de la crisis ucraniana y del consiguiente distanciamiento de Estados Unidos y de la Unión Europea, es posible que, a pesar de los pesares, siga influyendo más el reflejo nacionalista que el efecto inmediato de la crisis económica.

Eso es, al menos, lo que daban a entender las encuestas de hace solo un mes, que otorgaban a Putin un índice de aceptación de alrededor del 80%. Cosa distinta es que el restablecimiento de la grandeza de Rusia como gran potencia sea viable sin una economía que no dependa solo de las fluctuaciones del precio del petróleo y de la exportación de gas. Porque cuando la propaganda rusa amenaza con buscar otros clientes para sustituir a los recelosos europeos, oculta un dato: solo China puede compensar una disminución significativa de las ventas en el mercado europeo, como ha entendido Vladimir Putin, que ha firmado acuerdos de suministro con los gobernantes chinos que empezarán a aplicarse en el 2018. E incluso así, la falta de acuerdo para el gaseoducto South Stream, que debe conectar la red rusa a la de la UE por Bulgaria después de cruzar el lecho del mar Negro, daña sin remisión la política de ventas diseñada por Gazprom, la primera empresa rusa, para evitar el paso del combustible por Ucrania.

De ahí a concluir que la decisión de la OPEP de mantener la producción –30 millones de barriles diarios– está relacionada con la situación de Rusia media solo un paso. A pesar de los datos que reflejan una caída del consumo, un aumento de las reservas y un descenso de las importaciones en Estados Unidos a raíz de la explotación de los yacimientos de esquisto, indicadores todos ellos que aconsejarían una disminución de las extracciones, la reacción ha sido justamente la contraria y el barril de Brent se ha situado por debajo de los 70 dólares –llegó en junio a los 115 dólares–, con grave perjuicio para monocultivadores de energía como Venezuela o Irán, sin otro producto que exportar, o para aquellos con una presencia muy limitada en otros campos, caso de Rusia. Dicho de otro modo: la decisión impuesta a la OPEP por Arabia Saudí y las petromonarquías del Golfo es hija seguramente de la determinación de Estados Unidos y sus aliados de presionar indirectamente a Rusia sin sufrir o afrontar el desgaste político de un nuevo motivo de tensión después del de Ucrania.

Hay en este relato ingredientes suficientes para vislumbrar una nueva guerra fría posmoderna en la que ya no cuentan tanto la ocupación de áreas específicas, con la consiguiente parafernalia nuclear y la rivalidad entre modelos económicos diferentes, sino el recurso a la economía global para domeñar voluntades. La economía rusa dejó de ser, con el hundimiento del bloque socialista, la isla no contaminada o no relacionada con la red de intereses de la economía occidental, y no puede sostener por tiempo ilimitado la situación actual so pena de aceptar un empobrecimiento acelerado de la clase media surgida de las privatizaciones, las inversiones extranjeras y la exportación de energía como instrumento casi exclusivo para financiar la modernización del país. Las compras de propiedades hechas en dólares y euros, que son ahora inasumibles a causa de la devaluación incesante del rublo hasta perder un 40% de su valor, constituyen el ejemplo más llamativo de una situación que puede llegar a ser insostenible para el grupo social que ha asentado en el poder el nacionalismo encarnado por Putin.

En el trabajo Rusia en el siglo XXI. Una visión para el futuro, del año 2010, varios autores insisten en que las élites no lograron llevar a la práctica el programa de modernización necesario para no ser un país diferente. Pero enseguida surgió en aquel entonces la respuesta del bando contrario a cambiar las coordenadas políticas rusas con el argumento harto discutible de que los fracasos en materia económica no significan que sea necesario un cambio en el sistema. Por el contrario, el artilugio constitucional que llevó a Medvédev a la presidencia para permitir luego el regreso de Putin al frente del Estado se entendió como una garantía de progreso, cuando en la práctica cegó las vías de acceso a cambios políticos significativos, a la alternancia en el poder de diferentes opciones y a la competencia entre programas. Que esto fuese útil en un primer momento, final de la década de los 90, para atajar la decadencia sin remisión de la Rusia de Boris Yeltsin no significa que lo sea ahora para guardar los estandartes en el cuarto de banderas, abordar la crisis ucraniana con realismo y dar con una solución equilibrada que no sea una claudicación, pero que permita acabar con la incertidumbre de una economía en caída libre.

Es posible que en algún momento pensara Putin que podía derrocar al Gobierno de Ucrania, como ha escrito Paul Krugman, pero tal ensoñación se desvaneció en cuanto se multiplicaron en Occidente los valedores del Gobierno de Kiev. Se trató de un gesto lleno de oportunismo, de un desafío a la convicción de Putin de que sólo él tiene derecho a mantener ordenado y a su conveniencia el vecindario más inmediato, pero fue un acontecimiento decisivo para consagrar la división ucraniana, hacer de la guerra una enfermedad crónica y abrir un paréntesis para reflexionar. Lo que se cruzó luego en el camino del presidente ruso fue el cambio acelerado en el mercado de la energía, la falta de alternativas para cobrar en otros caladeros los dólares de menos obtenidos en los yacimientos de gas y petróleo.

Aun así, no creía Krugman este último verano que se diesen en el libro de ruta de las finanzas globales las condiciones necesarias para la concreción de una nueva guerra fría. Aludía el economista a la probada capacidad del capitalismo para adaptarse a todo tipo de situaciones, pero, y siempre hay un pero, en aquel tan cercano como lejano último agosto no ensombrecía las murallas del Kremlin la densa nube de la crisis social que ahora se teme o se presiente. Y Occidente no estaría libre de culpa si se cumpliera la sabia creencia de que cualquier situación siempre es susceptible de empeorar.

Putin mira a China sin olvidar Europa

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha encontrado el mejor antídoto a las sanciones acordadas por Occidente a raíz de la crisis de Ucrania: la firma de un contrato para suministrar gas a China durante 30 años a partir del 2018 por un valor de 300.000 millones de euros. Si ya era muy limitada la disposición europea de imponer sanciones a Rusia antes de suscribirse el acuerdo, a partir de entonces aún es menor. Mientras en las cancillerías de la Unión Europea se sigue sin disponer de una respuesta clara a la gran incógnita del impacto que la situación en Ucrania tendrá en el suministro de gas y en el precio, el contrato firmado por Putin y por el presidente de China, Xi Jinping, a razón de unos 260 euros los mil metros cúbicos, induce a pensar que se avecinan tiempos difíciles. O, quizá, días de pactos inaplazables para evitar que el gas se convierta en un elemento de presión recurrente.

Aunque en la campaña de las legislativas europeas se ha hablado a veces de Ucrania, pero casi nunca del gas, es obvia la íntima relación entre los dos dosieres. Los candidatos que han aludido a Ucrania en sus discursos se han quedado, en general, en las vaguedades clásicas del derecho que asiste al Gobierno ucraniano a que se cumpla la Constitución y se respete su integridad territorial, pero apenas han ido más allá: el primer exportador de gas para la UE es Rusia, y una parte muy importante del suministro cruza territorio ucraniano. Con lo que, en manos de Putin está no solo una eventual revisión de las tarifas, que siempre es posible, aunque ahora parece improbable, sino el riesgo de que, según evolucione la situación, en algún momento se cierre la espita de Gazprom –no sería la primera vez que sucede–, con el consiguiente perjuicio para empresas y particulares.

“El impacto económico de una confrontación profunda con Rusia es una de las razones por las que los países fundamentales de la Unión Europea están más interesados en disminuir las tensiones con Rusia que en ampliar las sanciones”, ha afirmado en el diario Moscow Times el asesor de inversiones Chris Weafer. Se trata de una conclusión que avalan los hechos: la desgana europea para castigar la osadía de Putin en Ucrania y la determinación del presidente ruso, capaz de pasar del nacionalismo duro al poder blando según sea el día de la semana. Cuando Rusia se anexionó Crimea en un suspiro, Putin echo mano de las más viejas tradiciones de la santa Rusia y del líder ungido; cuando simuló no manejar las hilos de la trama en Donetsk y otros lugares –vigilia de la elección presidencial en Ucrania–, se ejercitó en una forma de poder blando sui géneris no exenta de habilidad. La UE transmitió, por el contrario, la misma imagen de desunión y debilidad cuando acordó sanciones en dosis homeopáticas que cuando se presentó como el adalid de su propia versión del poder blando, dispuesto a influir en el desarrollo de los acontecimientos mediante la persuasión.

Nadie piensa que de repente, como por ensalmo, la vieja rivalidad ruso-china se ha tornado luna de miel, sino que Putin y Xi han hecho de la necesidad virtud para contrarrestar los efectos de sus problemas en otros frentes. La Rusia emergente que mira con recelo a Occidente y recuerda los fundamentos de la política de contención puesta en práctica durante la guerra fría, busca una alternativa en Asia, al tiempo que la China que mantiene litigios territoriales con sus vecinos, apoyados por Estados Unidos, se afana por encontrar aliados que se sumen a su causa. Ni para Rusia es suficiente recuperar el orgullo perdido a causa del desmembramiento de la URSS, si no incorpora contrapartidas económicas, ni para China es útil mirarse en el espejo de la historia y perseverar en la tradición del imperio del centro, una visión aristocrática y etnocéntrica del mundo, incompatible con la globalización. Esta alianza del gas, como todas las alianzas, es fruto de intereses cruzados y complementarios, servidos con la retórica grandilocuente que conviene al caso.

Media un mundo de ahí a considerar el contrato sino-ruso un gesto oportunista. Cuando se cierra un compromiso por 30 años que implica una ingente movilización de recursos financieros y tecnología –construcción de un gaseoducto en Siberia y de otro en suelo chino conectado a la red de distribución–, lo menos que puede hacerse es dar por descontado el deseo de dar continuidad a la alianza. En el caso de Rusia, se trata, otra vez, de sacar el máximo partido a las necesidades más perentorias de crecimiento económico y de distanciamiento del dólar. La profesora Meghan L. O’Sullivan, de la Universidad de Harvard, lo ha subrayado en un comentario recogido por el Atlantic Council: si la economía rusa quedara expuesta a nuevas sanciones y mantuviera una dependencia excesiva del dólar, podría ver frustrado su deseo de convertirse en un gran operador financiero internacional.

¿Pueden los europeos conformarse con contemplar el paisaje a distancia? Lo menos que puede decirse es que no debieran caer en la tentación del conformismo con el único objetivo de proteger los negocios en marcha con Rusia, muchos de ellos pilotados desde Alemania. Los antecedentes sobre los efectos de crisis energéticas recientes, con el gas en el centro del problema, obliga a dar un enfoque realista a la crisis de Ucrania y a evitar las simplificaciones. La certidumbre cada vez mayor de que cuanto sucede es fruto de una lucha enconada entre dos oligarquías enfrentadas, dispuestas a manipular a la opinión pública y a sacar partido de las emociones colectivas, obliga a prescindir de la división entre buenos y malos, si es que alguna vez estuvo justificada, y aun autoriza a buscar el equilibrio para garantizar que nadie tiritará el próximo invierno por falta de gas a causa de la crisis ucraniana de esta primavera y de lo que esté por venir.

La realidad es que la economía rusa, a efectos prácticos, depende en todo y por todo de la exportación de energía; en cierto sentido, es un monocultivo que estará a expensas de las necesidades de sus clientes occidentales durante los próximos cuatro años, por lo menos. Hacer efectivo el contrato de exportación de gas a China obliga a una inversión inicial de decenas de miles de millones de euros, que deberán salir en parte de la venta de gas y petróleo a sus clientes tradicionales –europeos–, sin alternativas de suministro a corto plazo, pero si a medio (importación de gas del Magreb a través de la red española y desarrollo de otras conexiones con el norte de África). Esos son datos que se han manejado solo de pasada en la campaña de las europeas, pero que están sobre la mesa y que debieran ser suficientes para ahuyentar el fantasma de los problemas de suministro a corto plazo, como se insinúa con demasiada frecuencia.

Sacar otras conclusiones precipitadas del contrato de Rusia con China resulta tan arriesgado como estéril. La facilidad pasmosa con la que algunos han querido ver la decantación definitiva de Rusia por la parte asiática de su alma en detrimento de la europea, carece de rigor porque pretende que el desenlace de un debate que dura siglos se ha producido justamente ahora mediante un acuerdo económico inscrito en la mundialización de la economía. Más atinado se antoja el diagnóstico de quienes entienden que la dualidad rusa, europea y asiática a un tiempo, es una realidad ineludible, impuesta por la geopolítica de un Estado-continente que se extiende desde la frontera este de la UE al Pacífico Occidental, y los europeos deben amoldarse a convivir con ella.

 

 

China induce un nuevo statu quo

La profesora Margaret MacMillan, directora del St. Anthony’s College de la Universidad de Oxford, publicó el pasado fin de semana en The New York Times un ingenioso ensayo de paralelismos históricos entre las vísperas de la primera guerra mundial y las del año que se avecina, cuando se cumplirá un siglo del inicio de la que fue conocida como Gran Guerra hasta la matanza que se prolongó de 1939 a 1945. La sutileza de la analista, que comparte con Mark Twain la idea de que la historia “no se repite a sí misma, pero tiene rima”, encuentra en la rivalidad entre imperios –hace cien años, el Reino Unido y Alemania; hoy, Estados Unidos y China– el factor común que permite vislumbrar temores y atesorar esperanzas. Y cree adivinar en aquellos inicios del siglo XX rasgos propios de una globalización avant la lettre que lo mismo sirvió para alentar “localismos y nativismos” que para fundamentar los temores de Alemania de convertirse en una potencia sitiada por sus adversarios, un sentimiento que hoy experimenta el establishment político chino.

Artillería de campaña alemana en la primera guerra mundial.

Los sucesos acaecidos en el archipiélago Senkaku –Diaoyu para China–, a solo 70 kilómetros al noreste de Taiwan, con un doble valor económico –cantidades ingentes de petróleo y gas– y estratégico, han proyectado la imagen de una guerra fría de bolsillo entre las dos grandes potencias, aunque la disputa por la soberanía de los islotes deshabitados es entre China y Japón. En esta guerra fría posmoderna Japón desempeña el papel de aliado de Estados Unidos bajo riesgo; el aumento del gasto militar y el incremento de la capacidad naval china, el reservado otrora a la carrera de armamentos; y los cálculos relativos al deseo de China de desafiar a Estados Unidos y convertirse en una potencia en el Pacífico, el de las teorías de la escalada aplicadas a un entorno nuevo. O puede que no tan nuevo si se da marcha atrás en la historia y, como hace MacMillan, se recuerda que de la misma manera que las superpotencias de 1914, antes de sonar el primer disparo, se refirieron a la defensa de su honor, el secretario de Estado, John Kerry, ha invocado la credibilidad y el prestigio de Estados Unidos para movilizar a la flota en el mar de la China.

El trabajo de MacMillan advierte de los riesgos que se corren si, hechas las oportunas distinciones entre el hoy y el ayer, no se extraen lecciones “para construir un orden internacional estable”. Si no el mayor, sí es al menos el más común de los riesgos aceptar el principio según el cual, “gracias a nuestro progreso tecnológico, podemos emprender conflictos armados cortos y de impacto limitado” que reportan victorias decisivas. El desarrollo del conflicto en Afganistán, quizá en Irak, y en Siria con toda seguridad desmienten la efectividad de los conflictos bajo control, con la población a salvo de los males propios de la guerra. Algo parecido sucedió en 1914, cuando los generales creyeron disponer de las herramientas necesarias, pero luego la realidad de la guerra arrastró a la muerte a millones de jóvenes porque el alcance de las armas de teatro había pasado de 100 yardas en tiempos de Napoleón a 1.000, con el aumento consiguiente de su poder de devastación.

Las guerras de efectos limitados, incapaces de contaminar el entorno, son una entelequia elaborada por quienes difunden las teorías de la guerra sin más bajas que las precisas, siempre entre combatientes profesionales. En la práctica, la tecnología y los servicios de inteligencia no han eliminado los daños colaterales, los efectos secundarios y la desestabilización de áreas que exceden con mucho las delimitadas por los generales en los mapas. Y eso es de aplicación tanto en las guerras calientes como en las frías, de ahí que la disputa por las Senkaku-Diaoyu lo sea todo menos un problema menor o una crisis virtual.

Vista aérea del archipiélago de las Senkaku-Diaoyu.

El periodista Ian Buruma, profesor del Bard College, aporta los ingredientes esenciales para comprender los riesgos inherentes al conflicto: “China está en ascenso, Japón es una economía de capa caída y Corea se mantiene como una península dividida. Es natural que China intente restablecer el dominio histórico sobre la región. Y es natural que Japón esté nervioso por la posibilidad de convertirse en una especie de Estado vasallo (los coreanos están más acostumbrados a este papel vis-à-vis con China)”. Hay en todo ello resonancias de añejas rivalidades entre nacionalismos enfrentados a los que no se puede considerar parte del “narcisismo de las pequeñas diferencias”, expresión acuñada por Sigmund Freud y recordada por MacMillan en su ensayo. Tampoco son nacionalismos construidos a toda prisa por “historiadores, lingüistas y folcloristas que estaban ocupados en crear historias de viejos y eternos enemigos”, según los define MacMillan al hablar de los de 1914, sino más bien otros muy distintos empapados de agravios históricos y tragedias irredentas perfectamente documentadas y a solo una o dos generaciones de distancia de la nuestra.

Para completar la competencia entre egos nacionales y rivalidades regionales, que un día pueden ser mundiales, debe citarse el programa de desarrollo militar de la India, que desde noviembre dispone de un segundo portaviones y aspira a disputar el liderazgo estratégico y económico a China, el gran adversario junto con Pakistán desde los días de la independencia. De forma que frente a quienes piensan que la pulsión aislacionista puede condicionar la diplomacia estadounidense en un futuro no muy lejano, asoman los que creen que la competencia entre China e India otorga a Estados Unidos el perfil de actor indispensable, por no decir de poder arbitral. Dicho en otras palabras: la mayor potencia de Occidente se mantiene como el gran poder global, aunque, como apunta MacMillan, “no es el poder absoluto que fue una vez”. Una afirmación por lo demás discutible, porque la supremacía tecnológica y el control de los flujos de información le garantizan una superioridad indiscutible.

Quizá esta sea la mayor diferencia en la asimetría de la rivalidad en la cuenca del Pacífico: China es una potencia en construcción; Estados Unidos ha sistematizado su influencia. La especialista Martine Bulard ha recogido en Le Monde Diplomatique los desafíos que debe afrontar el gigante asiático, según sus propios dirigentes: desarrollar la economía de mercado, las políticas democráticas, una sociedad armoniosa y una civilización ecológica. Este es un programa para más de doce años, fecha de vencimiento a partir de la cual, según los cálculos más difundidos, el PIB chino superará al estadounidense. Y es, también, un programa cargado de factores adversos habida cuenta del peso inconmensurable del Estado en la economía, del control de la burocracia del partido sobre el funcionamiento de las instituciones, de los peligros de la desigualdad social causada por un desarrollo galopante y de la permisividad de que disfruta la economía productiva.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el de China, Xi Jinping, durante su entrevista en Annenberg Retreat (California), el 8 de junio de este año.

Aun así, esta China en construcción se comporta cada día más como una referencia inexcusable de un nuevo mundo bipolar gracias a los excedentes de capital que maneja, su tendencia milenaria a contemplar el mundo desde el interior de su fortaleza y su confianza en la capacidad del partido para dirigir una sociedad disciplinada donde el dúmping social será aún posible durante mucho tiempo a causa de las bolsas de pobreza que surten de mano de obra barata al sector industrial. Decir que la buena salud de los negocios está por encima de todo no es ninguna exageración, sino la certificación de que su propósito es competir con su gran rival en todos los mercados para transformar su potencia económica en poder militar más temprano que tarde. Más todavía: en la última hornada de dirigentes chinos –el presidente Xi Jinping y su equipo– ha arraigado la idea de que el poder militar, instrumento indispensable del poder político, es una derivación directa del poder económico. La muerte por inanición de la Unión Soviética revela hasta qué punto operar en sentido contrario equivale a levantar un edificio sin cimientos.

El alma de historiadora de Margaret MacMillan lleva a la ensayista a preguntarse si es posible sacar conclusiones contemporáneas de los motivos que llevaron a Europa al campo de batalla en 1914; si es posible resistirse a la tentación de comparar las relaciones de Estados Unidos y China con las que mantuvieron el Reino Unido y Alemania antes de que el atentado de Sarajevo que costó la vida al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa (28 de junio de 1914) precipitara la guerra. Y, al hacerlo, se adentra por el camino de las rivalidades nacionales que enturbian los datos concretos de cada momento con la explotación de los sentimientos, un resorte poderoso, ajeno a la razón, tantas veces invocada por René Descartes para evitar estropicios: “Despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación, y no te fíes sino de la razón”.

¿Quién puede dudar de que el Partido Comunista Chino, sin necesidad de cambiar de nombre, se ha transformado en una organización nacionalista que es la columna vertebral del Estado? ¿Quién puede dudar de que el sentimiento nacionalista en Estados Unidos está a flor de piel? ¿Estamos en la antesala de una situación de riesgo? En marzo del año pasado, cuando Hu Jintao aún era presidente de China, el exsecretario de Estado Henry Kissinger escribió en su blog lo siguiente: “Aunque la capacidad militar absoluta de China no es formalmente comparable a la de Estados Unidos, Beijing posee la habilidad de plantear riesgos inaceptables en un conflicto con Washington y desarrolla instrumentos cada vez más sofisticados para negar la ventaja tradicional de Estados Unidos”. Aun así, Kissinger subrayó que los objetivos económicos de China atenúan los riesgos y las desavenencias con Estados Unidos no deben ir más allá del “funcionamiento habitual de la rivalidad entre las grandes potencias”. Con todo, cabe preguntarse: ¿cuál es la fecha de caducidad del nuevo statu quo?

Los ultras apuntan al Europarlamento

La caída de la confianza de los europeos en la UE eleva hasta cotas desconocidas las perspectivas electorales de la extrema derecha, antieuropeísta y xenófoba, con la mirada puesta en la cita de la próxima primavera, cuando se renovará la Eurocámara. El índice de confianza no alcanza el 40% en ninguno de los grandes países –Polonia se queda en el 39%–, según los datos suministrados por Eurostat correspondientes a un sondeo realizado en mayo de este año; solo Francia supera el 30% y España se queda en el 17%, por debajo incluso del Reino Unido (20%), una foto fija de la desconfianza en todas partes. Se ha pasado de la idea muy extendida de que los periodos de crisis dan oportunidad a las soluciones creativas a la sensación no menos extendida de que la crisis es la gran ocasión de la ortodoxia ultraliberal para someter el Estado del bienestar a las exigencias de un sistema tecno-financiero globalizado.

No hay una sola encuesta que no recoja que el esprit des temps ha acabado con la complicidad necesaria entre gestores y ciudadanos para que la construcción económica y política de la Europa unida no sea solo un proyecto de las élites. La empatía ha desaparecido, las instituciones se han acogido a un léxico indescifrable para los electores, los estados mayores de los grandes partidos se han entregado a la cultura del pacto perpetuo hasta desdibujarse en el seno de una tecnocracia que tiende a homogeneizar las ideologías y los estados han logrado que las cumbres intergubernamentales suplanten en el escenario el papel que los europeístas quisieran ver representado por la Comisión. Un nacionalismo de última generación se ha adueñado de la situación y no son pocos los que temen que, por este camino, el Parlamento Europeo corre el riesgo de acoger una floración de grupos parlamentarios de disciplina estrictamente nacional en detrimento de los grandes grupos de adscripción ideológica: popular, socialista, liberal, etcétera.

Marine Le Pen y Geert Wilders, el día 13, después de anunciar que se alían para acabar desde dentro con el “monstruo que supone Europa”.

El correlato inmediato es el temor a que una participación espectacularmente baja en las próximas elecciones europeas, situada claramente por debajo del 49% del 2009, dé como resultado un Parlamento con una minoría ultra en condiciones de torpedear toda iniciativa tendente a ampliar las atribuciones supranacionales a costa de la soberanía de los estados. El auge de la extrema derecha en tantos países de la UE y la concreción de una alianza antieuropeísta franco-holandesa constituida por el Frente Nacional, que dirige Marine Le Pen, y por el Partido de la Libertad, que pilota Geert Wilders, no son más que el síntoma visible de que una grave enfermedad amenaza a Europa, que los ciudadanos ven cada día menos como un gran proyecto político con el que merece la pena comprometerse.

A lomos de la crisis o vapuleada por ella, la UE se ha convertido en una estructura antipática, promotora de imposiciones defendidas por burócratas y políticos insensibles a las tragedias personales, figuras distantes que ven en la televisión comunidades condenadas a un futuro incierto y a una pobreza del todo cierta, prescriptores soberbios de recetas encaminadas a cuadrar los números del modelo macroeconómico. Al mismo tiempo, el establishment político europeo se aplica a neutralizar la competencia de la derecha apocalíptica mediante la incorporación a sus programas de las medidas que defienden los adversarios de la unidad europea –véase el rumbo del ministro francés del Interior, Manuel Valls, en cuanto atañe al tratamiento de la inmigración o la instalación de concertinas de seguridad en el perímetro de Melilla–, de tal manera que, en la práctica, facilitan la difusión de las doctrinas más odiosamente sectarias. Por no hablar del debilitamiento de la legitimidad de las instituciones europeas cada vez que un Parlamento nacional somete a ratificación una decisión de la UE (así sucede en Alemania, Austria, Holanda y Finlandia), aunque haya quien ve en ello –Enrique Barón lo defendió el último martes en el Cidob– un ejercicio de compromiso democrático del parlamentarismo nacional con las instancias europeas.

Mientras tanto, abundan los estudios que indican que una Europa sin inmigrantes carece de futuro y una Europa empobrecida, debilitada hasta el tuétano por la austeridad a todas horas, está condenada al estancamiento. Christal Morehouse, una analista de la fundación alemana Bertelsmann Stiftung, afirma que la solución a los problemas demográficos de Europa para el siglo XXI se encuentra más allá de sus fronteras, según los cálculos del Foro Económico Mundial, que ella da por buenos: “En menos de dos décadas, Europa occidental necesitará atraer fuerza de trabajo equivalente al tamaño de la población activa actual de la mayor de sus economías, la alemana, a fin de mantener el crecimiento económico”. Y, al mismo tiempo, el profesor Michael Spence, premio Nobel de Economía, subraya que el exceso de ahorro de Alemania, en aras de la austeridad, agrava los desequilibrios comerciales en el seno de la UE y limita las inversiones.

Cartel electoral de Jean-Marie Le Pen correspondiente a la primera vuelta de la elección presidencial de 1974.

Ni que decir tiene que el refinamiento técnico de estos detalles importa poco a los adversarios por principio del euro, de la unidad de Europa y de la futura viabilidad del continente como actor político. De hecho, la antipatía que se ha ganado la UE mediante el recurso a una contabilidad que todo lo justifica, libera a la extrema derecha de dar mayores explicaciones a capas sociales desorientadas. ¿Quién hubiese podido prever que una hija de Jean-Marie Le Pen, el pintoresco candidato a la presidencia de Francia de 1974, condicionaría la agenda política de 2014 con perspectivas electorales por encima del 20%? ¿Quién hubiese podido imaginar que la sociedad culta de una democracia avanzada como la francesa dejaría la iniciativa a la descendiente del candidato que en 2002 disputó la presidencia a Jacques Chirac, pero pareció entonces que jamás podría igualar aquel hito? Hoy nadie sabe cuál es techo electoral del Frente Nacional.

Es muy posible que el silencio político de Francia tenga que ver con el auge ultra. El pensamiento europeísta de Francia es demasiado importante, hasta hoy ha sido demasiado influyente, como para que no tenga ninguna repercusión la ausencia del debate del acento francés, factor de equilibrio tradicional del acento alemán. El hermetismo del presidente François Hollande pesa en la desorientación europea en la misma medida que la reacción defensiva de una sociedad asustada y envejecida, la francesa, ante los peligros que se ciernen sobre un modelo social que discuten a un tiempo el Gobierno alemán, el Banco Central Europeo y los adversarios históricos del Estado social. Acaso los síntomas de decadencia de Francia sean, asimismo, un síntoma elocuente de la decadencia de Europa, en la misma proporción que lo es la dirección alemana de los asuntos europeos, con la mirada de Berlín dirigida hacia el norte, el centro y el este del continente, mientras el mundo greco-latino aparece como una molesta impugnación del futuro perseguido por los mercados hegemónicos.

En este cruce de caminos, Thomas Wieder se ha remitido en las páginas de Le Monde al precedente de 1983, cuando François Mitterrand, a los dos años de ser elegido, hubo de enfrentar una crisis social y política de grandes proporciones con unos índices de aceptación del 30%. Entonces, como ahora, el Gobierno estaba dividido y la presión conservadora funcionaba a toda máquina, pero, a diferencia de hoy, era muy inferior la predisposición de una parte del auditorio a  buscar cobijo en la extrema derecha. La disputa social se desarrollaba desde frentes políticos convencionales, con viejas y sólidas convicciones democráticas, mientras que ahora la lealtad democrática de los antieuropeístas acérrimos hay que ponerla en cuarentena. Por lo demás, no había en la calle europea siglas como la de la refundada Forza Italia, que ocultan su oposición a Europa detrás de un confuso discurso populista que todo lo contamina.

El texto de Wieder recoge una cita de 1983 aplicable al presente: es del periodista Jean-François Kahn y alude al proyecto prematuramente envejecido con el que Mitterrand se presentó a la elección de 1981, algo parecido a lo que le sucede hoy a Hollande. Pero el articulista se refiere también al estado de desgracia, una expresión acuñada por Jean Charlot que se corresponde con el ambiente depresivo que se ha adueñado de Francia y la desazón de millones de europeos que no oyen desde hace años un solo mensaje comprensible que induzca a confiar en el futuro.

CrecimientoLos trabajos de prospectiva difundidos cuando el año se encamina hacia su fin justifican esos estados de ánimo. El último, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), prevé para la Eurozona un crecimiento medio del 1% en el 2014 –la media mundial se situará en el 3,6%; la de la OCDE, en el 2,3%; la de Estados Unidos, en el 2,9%–, y del 1,6% en el 2015, muy por debajo de la media mundial (3,9%) y de Estados Unidos (3,4%). El vaticinio depende, además, de que no se concrete una borrasca que amenaza dar al traste con los augurios para el 2014: más debilidad de la prevista en las economías emergentes, incluida la china. Si eso sucede, es de temer un debilitamiento de los intercambios comerciales a escala mundial, de los flujos de inversión y formación de capital, y el mantenimiento de la media de la tasa europea de paro por encima del 12% (el 25% para España, décima más décima menos).

¿Cómo movilizar a los electores si ese es el porvenir que nos aguarda mañana? ¿Cómo evitar que crezcan las adhesiones en las filas del euroescepticismo más ruidoso si los europeísta convencidos, salvo excepciones, no son capaces de ir más allá de una gestión de la crisis con efectos extenuantes? ¿Cabe considerar a la extrema derecha antieuropeísta la última adaptación al medio de las ideologías totalitarias, opuestas a la democracia? Si es así, ¿debe aceptarse el recurso a los mecanismos del Estado democrático –de la Europa democrática– por quienes se oponen a él?

El profesor Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, se pregunta: “¿Existe un lugar dentro de las democracias liberales para los partidos aparentemente antidemocráticos?” Las respuestas son harto arriesgadas. Mueller sostiene que, frente a las amenazas, “la autodefensa democrática parece un objetivo legítimo”. Pero la determinación del nosotros y del ellos presupone –es mucho presuponer– que no hay asomo de duda en cuanto a la fijación del límite a partir del cual la cultura democrática se pone en peligro. Y, aun en este caso, cualquier restricción política no justificada por el recurso a la violencia, conlleva privar del derecho de representación política a colectivos de dimensión variable. Ese no es el debate que debe afrontar Europa, sino otro en el que se planteen alternativas viables y visibles al estado de desgracia que ha hecho posible que el verbo inflamado de los ultras cautive a una parte de la calle europea, privada de esperanza.

Maduro, por la senda radical

La decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de combatir una inflación desbocada mediante una intervención directa en la fijación de precios tiene todas las trazas de ser la última versión del viejo dicho pan para hoy, hambre para mañana. Al sumar esta medida a otras dos tomadas hace diez años por Hugo Chávez, el control de cambios y la subvención del precio de la gasolina, se empuja a la economía real hacia el crecimiento del mercado negro, el acaparamiento de productos y, más pronto que tarde, el desabastecimiento. Puede pensar Maduro que con la intervención de la cadena Daka de venta de electrodomésticos, cuyos precios ha rebajado espectacularmente, atrae voluntades a su causa para las elecciones municipales del 8 de diciembre, pero más allá de este objetivo a tan corto plazo es difícil imaginar que un solo entendido en economía le haya aconsejado una medida que, en la práctica, cierra la posibilidad de que se mantenga sin alteraciones la importación de productos cuando se agoten los ahora vendidos a precios políticos, poco menos que de saldo.

Si a la intervención de ahora se suma la ley habilitante, que da poderes especiales al presidente durante un año para que legisle fuera del control parlamentario, especialmente en materia económica, cabe afirmar que el proceso venezolano apunta mucho más allá que la cirugía social de emergencia aplicada por Chávez a una comunidad extremadamente dual. Al movilizar a los suyos para abrir un largo paréntesis en la división de poderes, como si fuese posible domeñar por decreto las estadísticas y los flujos de capital, se multiplican las incertidumbres, tanto en la urdimbre institucional del régimen bolivariano cuanto en el compromiso democrático de quienes lo gestionan, cada día menos exigente con el principio de legalidad. Al recurrir a poderes de excepción, Maduro se atiene más al gesto autoritario de quien da por descontado que es depositario de la verdad y de todas las soluciones, sean estas las que sean,  que a la imagen del líder que actúa después de analizar la situación sin parapetarse en prejuicios ideológicos.

Lo cierto es que la realidad económica venezolana no puede ser menos halagüeña, con una divisa, el bolívar, que en el mercado negro se cotiza unas diez veces por debajo del cambio oficial: poco más de seis bolívares por dólar. No hay un solo exportador que esté dispuesto a aceptar la paridad fijada por el Gobierno y, en consecuencia, no hay un solo importador en situación de comprar en las condiciones que pretenden las autoridades monetarias venezolanas. Esa es la primera causa de la escalada de precios, sin que deba descartarse que algunos empresarios hayan decidido acaparar y retirar del mercado cantidades significativas de bienes de consumo para provocar una subida artificial o provocada de la inflación. Soslayar ese dato, que la cotización del bolívar se ha despeñado, es un regate en corto a la realidad que puede ser útil para contentar a auditorios convencidos, pero que en ningún caso sirve para evitar que la inflación ande por encima del 50% con tendencia a seguir creciendo.

Juan Nagel, un bloguero venezolano coeditor de Caracas Chronicles, sostiene que su país es el que más dudas ofrece en el mercado de la deuda, “donde solo presenta menos riesgo que la bancarrota de Puerto Rico”. Su fiabilidad, asegura Nagel en un post colgado en Foreign Policy, está por debajo de las de Grecia y Argentina, de forma que, a la hora de la verdad, no tiene ninguna posibilidad de lograr financiación exterior por cauces convencionales –colocación de títulos en los mercados– y debe fiar su suerte a acuerdos bilaterales con terceros y a la cotización al alza del petróleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el Gobierno venezolano ha echado mano de sus reservas y dentro de poco “deberá afrontar graves problemas y tomar decisiones difíciles”, en palabras de la directora de la institución, Christine Lagarde.

La mujer que aparece en la fotografía se llama Clotilde Palomino. Es una empleada doméstica de Caracas que el 11 de noviembre compró una licuadora, un deuvedé y una plancha en una de las tiendas de electrodomésticos intervenidas por el Gobierno venezolano, pero que fue presentada en diversos medios y en las redes sociales como una saqueadora de una tienda de Valencia, aunque mostró la factura de los artículos que adquirió con sus ahorros en un establecimiento de la ciudad en la que vive. Piensa demandar a quienes la acusaron de saqueadora y ha pedido al presidente Nicolás Maduro que la ayude a limpiar su imagen

Las cifras venezolanas para el año que acaba están lejos de las previsiones para las cuatro economías latinoamericanas mejor situadas. Vaticina el FMI que el PIB de México crecerá el 3% el próximo ejercicio; el de Colombia, el 4,2%; el de Chile, el 4,5%; y el de Perú, el 5,7%. Para el mismo periodo, las estimaciones llevan el déficit venezolano por encima del 12,6% con el que cerrará 2013, con el riesgo además de que se registre una contracción significativa de las exportaciones de petróleo a causa del paulatino aumento de la actividad extractiva en Estados Unidos gracias a la explotación intensiva de los yacimientos de esquistos. Ese es, quizá, el mayor problema que a medio plazo amenaza la viabilidad de la economía venezolana.

La euforia de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela, que en verano presentó como un gran éxito el aumento de las exportaciones a China (600.000 barriles diarios) e India (400.000 barriles diarios), apenas estaba justificada porque el primer cliente de los yacimientos venezolanos es Estados Unidos, que marcha a toda máquina hacia la independencia energética. Es muy difícil, por no decir imposible, que se mejoren las cifras actuales de exportación –1,5 millones de barriles diarios–; lo que sucederá de forma más que probable será una paulatina caída de las compras de aquí al 2020, cuando todos los cálculos llevan a concluir que Estados Unidos dejará de importar petróleo. Según la US Energy Information Administration (EIA), la producción de petróleo en Estados Unidos en octubre fue de 7,7 millones barriles diarios, una cifra que superó a las importaciones por primera vez desde febrero de 1995. Las importaciones de octubre fueron, al mismo tiempo, las más bajas desde febrero de 1991.

¿Pueden China e India absorber los descensos en las importaciones que prevé la EIA? Todo induce a pensar que no, entre otras razones porque ambas potencias mantienen una lógica política de diversificación de suministros para evitar que problemas locales lejanos afecten a su seguridad energética. ¿Puede Venezuela buscar nuevos mercados para suplir la caída de las importaciones de Estados Unidos? Sí, sin duda, siempre y cuando acepte operar en las condiciones habituales en el complejo mercado del petróleo, sin aspirar a tratos de favor como el dispensado por China en su momento, que accedió a hacer un pago por adelantado en tiempos de Chávez equivalente, se dice, a dos años de pedidos. Puede atraer nuevos clientes, sin duda, si los inversores extranjeros reciben garantías jurídicas, sin que eso signifique que Maduro debe poner el país en almoneda. Pero no puede pensar en un alocado ascenso del precio del petróleo a corto plazo –Chávez soñó un día con que el barril llegaba a los 200 dólares–, salvo que circunstancias imposibles de prever induzcan una escalada.

Pero el populismo grandilocuente de Maduro, imitación desvaída de la foto fija que Chávez dejó para la historia, abre nuevos interrogantes todos los días, acompañados del misticismo sin mucho lustre que le lleva a anunciar la aparición de su predecesor en las obras del metro y de la burda simplificación de la realidad que le permite considerar burgués todo lo que se opone a su política. Hay en Maduro una suerte de iluminismo rudimentario que no hace otra cosa que acrecentar la desconfianza hacia un proyecto cuya estación de llegada pudiera ser La Habana a pesar de la quiebra del experimento en la perla del Caribe. En cambio, se echa en falta en el presidente de Venezuela un acercamiento al realismo para corregir las deficiencias manifiestas de una propuesta ideológica que, a cada día que pasa, parece más un instrumento destinado a consolidar un poder político asentado sobre una sociedad permanentemente subvencionada.

Henrique Capriles, líder de la oposición de todos los colores que impugna la oferta bolivariana, acusa a Maduro de seguir “el libreto castrocomunista”, otra simplificación, pero las decisiones económicas de la última semana facilitan mucho las cosas a los adversarios del presidente. El editorialista del diario El Nacional, que apoya a Capriles, entiende que las medidas adoptadas por el Gobierno tienen el efecto contrario a la justicia distributiva que dice perseguir, y recuerda la hecatombe de la descomposición del bloque comunista: “Basta con mirar –afirma– hacia la bancarrota que marcó el derrumbe de los sistemas del llamado socialismo real, productores de proverbial escasez en los países que los padecieron”.

En este clima, la fractura social es, más que un riesgo, una realidad. La voluntad manifestada por Chávez de no rectificar el rumbo nunca, que el periodista Ignacio Ramonet destacó a su muerte como un mérito, es el punto de partido de los temores de cuantos se oponen a Maduro. “No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y muchos, a pesar de la meridiana claridad del proyecto expuesto hace exactamente 14 años por Chávez, a pesar de su claridad evangélica, o no oyeron lo que dijo, o no prestaron atención, o pensaron que eran palabras huecas, de pura retórica”, escribió Ramonet en Le Monde Diplomatique. El problema es que la claridad evangélica y los logros sociales se han enturbiado progresivamente con las dudas razonables que alimenta un programa económico heterodoxo, sufragado con las rentas del petróleo, pero insostenible a poco que mengüen; el gran reproche es que el chavismo y sus legatarios han promovido la justicia social como si fuese un objetivo incompatible con el pluralismo, la autonomía de los individuos y el derecho a disentir.

Hubo un tiempo durante el cual el chavismo se legitimó más allá de la victoria en las urnas. Lo hizo a través de una reparación histórica: atender las necesidades básicas de una población con un índice de analfabetismo del 69%. Luego sucedió lo que tantos reprochan a los predicadores de la buena nueva bolivariana: las inquietudes sociales se convirtieron en el instrumento ideal para justificar lo injustificable, de forma que, mucho antes de la muerte de Chávez, el régimen se transformó en una caricatura de sí mismo y hoy abunda en esa estrategia, convencido de que su continuidad depende de ello, de radicalizarse sin cesar. Pero hay demasiadas señales que indican que, por ese camino, el futuro se antoja noche cerrada.

 

El Tea Party desafía a Obama

La estrategia republicana de llevar a Estados Unidos al borde del precipicio con el fin de fulminar la reforma sanitaria promovida por Barack Obama ha decidido al ala dura del partido –encarnada en el Tea Party– a fijar una estrategia de tierra quemada, y al conservadurismo tradicional, a refugiarse en una retórica bajo sospecha. Para una parte significativa de los 232 diputados del Grand Old Party en la Cámara de Representantes puede más el temor a verse obligados a disputar el próximo año una elección primaria ante un aspirante de la extrema derecha, lo que los induce a aceptar con resignación la crisis en curso, que la sensatez de buscar una solución bipartidista que acabe con una situación a la vez demencial y extravagante. Porque el cierre (shutdown) del Gobierno federal por falta de fondos pone a la superpotencia a los pies de los caballos de sus acreedores, crea una inseguridad comprensible a escala mundial y persigue humillar al presidente, algo que probablemente está lejos de ser plato del gusto de la mayoría de la opinión pública.

Aunque The Washington Post haya opinado que el problema de Obama no son los republicanos, sino la Constitución, lo cierto es que cada vez cunde más la idea de que la Casa Blanca es prisionera de la mezcla de fundamentalismo religioso, individualismo exacerbado y dogmatismo político del Tea Party. Aunque los padres fundadores diseñaron un equilibrio de poderes pensado para limitar las atribuciones del Ejecutivo federal y preservar la iniciativa de los estados, las encuestas reflejan estas últimas semanas una corriente de opinión mayoritaria, cercana al 50%, que culpa del cierre a los ultraconservadores. Y aunque estos se han adueñado del Partido Republicano y tienen razonablemente asegurado que mantendrán el próximo año la mayoría en la Cámara de Representantes, según un detallado informe elaborado por la web Politico, es impensable que dobleguen la voluntad del presidente hasta el punto de que desista en la aplicación del Medicaid y cambie la percepción que los ciudadanos de las sociedades urbanas tienen de las causas de la crisis.

El monumento dedicado a la segunda guerra mundial, cerrado a causa del ‘shutdown’ del Gobierno federal.

Lo cierto es que detrás de la obstinación de los líderes republicanos se desarrolla una batalla no exenta de sordidez en la que se enfrentan el líder del partido en la Cámara de Representantes y presidente de la misma, John Boehner, y el segundo en el grupo parlamentario, Eric Cantor, rivales irreconciliables. Quizá Boehner transigiese en alguna fórmula para cerrar un pacto de caballeros con Obama, pero Cantor es un doctrinario que encarna las esencias del Tea Party y de un conservadurismo que sostiene que el mejor Gobierno es el que no existe o es tan sumamente débil y pequeño que no puede imponer su voluntad a nadie. A Cantor le siguen rigoristas religiosas como Michelle Bachmann, políticos de ascendencia hispana adscritos a la nueva fe como Ted Cruz y Marco Rubio, y también ideólogos del individuo libérrimo, herederos remotos de la cultura de frontera que profesan con intensidad variable personajes como Mike Lee, Rand Paul y Steve King, más Sarah Palin, la referencia ineludible de la política de mesa camilla, cuyo bagaje intelectual no va más allá de cuatro vaguedades que regalan los oídos de la América profunda, pero no resisten el análisis cuando se confrontan con las necesidades del país.

Así, por ejemplo, la oposición sin tregua a la reforma sanitaria en nombre de la libertad del individuo soslaya dos realidades complementarias:

  1. La asistencia sanitaria es mucho más cara en Estados Unidos, y a menudo menos eficaz, que en los países de la Unión Europea con una sanidad pública, obligatoria y universal de larga tradición.
  2. Hasta fecha reciente, por lo menos 40 millones de estadounidenses no tenían cobertura sanitaria por carecer de medios para costearse un seguro privado.

Eric Cantor (izquierda) y John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, rivales en el seno del Partido Republicano.

A lo dicho debe añadirse que a causa de la timidez de la reforma impugnada por los republicanos, dos tercios de los pobres de la comunidad negra, un porcentaje parecido de las madres sin pareja y más de la mitad de los trabajadores con ingresos bajos que nunca han tenido un seguro médico quedan fuera del Medicaid, según un estudio realizado por The New York Times. La mayoría de estas personas viven en estados donde gobiernan los republicanos y han llevado a la práctica su oposición a aplicar el Medicaid por las razones mencionadas antes. Es decir, el ultraliberalismo que anima a los ideólogos del Tea Party excluye el reparto de carga sociales, sea cual sea la fórmula que se aplique, en nombre, de nuevo, del derecho de los individuos a procurarse y administrar sus recursos.

De esta forma, mientras un periodista de la revista Forbes, a la que no cabe atribuir veleidades estatistas, advierte de que los grandes acreedores de Estados Unidos andan lejos de aprobar el comportamiento del Tea Party –sugiere que antes de desencadenar el cierre, debió pedir permiso a China–, Sarah Palin escribe en su cuenta de Facebook que el cierre de algunos monumentos, como el dedicado en Washington a los combatientes de la segunda guerra mundial, es “una protesta enojada para generar una mala publicidad”, un recurso de Obama para deformar la realidad, como si dijéramos. Lo cierto es que el Gobierno federal no dispone de dinero, y los acreedores a los que Forbes alude temen que si antes del 17 de octubre no hay acuerdo para elevar el techo de gasto, el presidente deberá decretar la suspensión de pagos.

En un ambiente menos enrarecido, acaso Boehner hubiese podido convencer a sus correligionarios para que aprobaran una continuing resolution (CR), un mecanismo provisional para atender a los gastos corrientes esenciales mientras se negocia una solución definitiva. Pero la CR no entra en los planes del Tea Party a pesar de que son muchos los que comparten la idea de Rich Lowry expresada en The National Review: los republicanos se oponen a poner un parche a la crisis porque carecen de planes para el día siguiente. La pieza que quieren cobrar se llama Barack Obama y el resto importa poco: la repercusión que el cierre federal puede tener en la superación de la crisis económica, el mercado de la deuda y las bolsas, que lo mismo que hasta la fecha resisten sin sobresaltos, pueden ser presa del pánico a poco que se degrade la situación. Steve King lo ha dejado del todo claro: el cierre no es cosa de un día o dos, sino que va para largo.

Franklin D. Roosevelt, presidente demócrata de Estados Unidos entre 1933 y 1945, hizo de su partido el de las minorías.

En la tradición aislacionista de los seguidores del Tea Party, las repercusiones internacionales poco importan. Pesa más la convicción de que nada es más eficaz que el libre mercado sin cortapisas, sin que la Administración ponga límites a los negocios. Todo obstáculo remotamente equiparable al Estado social, a un enfoque tibiamente socialdemócrata de la atención a los ciudadanos, les parece un peligroso acercamiento al modelo europeo, que consideran una intromisión intolerable en la autonomía de los ciudadanos. Voces relevantes del Tea Party han tachado a Obama de socialista, algo que no es en absoluto una novedad en el debate ideológico alentado por el conservadurismo más rancio. Antes bien, forma parte del manual de tópicos que maneja la extrema derecha como argumentos de convicción desde la presidencia de John F. Kennedy (1961-1963).

Como ha escrito Rick Pelstein en la publicación progresista The Nation, no queda a los demócratas otra posibilidad que pechar con el lugar común ampliamente difundido de que les mueve cierto extremismo, aunque su misión durante el último medio siglo se ha limitado a “hacer de Estados Unidos un lugar más justo, digno y sostenible”. A la apreciación de Pelstein debe añadirse que el Partido Demócrata no es ajeno a la propensión aislacionista y al recelo antiestatista, pero al convertirse en la formación de las minorías desde los días del New Deal de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), ha sumado a su perfil ideológico, acaso sin pretenderlo, cierto gusto por la heterodoxia. Y todo eso pesa en el ánimo de la oposición republicana que ha optado por no levantar el pie del acelerador a pesar de todos los riesgos inherentes a su desafío a Obama.

¿Por qué los peligros son mayores hoy que cuando los republicanos, guiados por Newt Gingrich, hicieron exactamente lo mismo durante la presidencia de Bill Clinton? Porque por aquel entonces no había ninguna gran crisis económica que amenazara con poner patas arriba todo el andamiaje; porque Clinton había obtenido buenos resultados en feudos republicanos y el partido no podía exponerse a llevar las cosas demasiado lejos y desgastar su imagen; porque la Casa Blanca manejaba un presupuesto con superávit que confería un gran margen de maniobra al presidente a pesar del cierre federal; porque los tenedores de deuda pública de Estados Unidos tenían una capacidad de presión menor que ahora, cuando financian con sus ahorros el déficit astronómico de la primera economía mundial. Lo ha dicho Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional: el cierre del Gobierno federal y el riesgo de que no se eleve el techo de gasto antes del día 17 amenazan la economía mundial. El temor a una nueva recesión internacional no es en absoluto gratuito.

 

 

 

Irán cambia el rumbo

Si se presta atención al enfoque que los analistas liberales de Estados Unidos dan a las ofertas de diálogo que el presidente de Irán, Hasán Rohani, dirige a la Casa Blanca desde muy poco después de su elección, no hay duda de que la república de los ayatolás ha cambiado el rumbo. Si se presta oídos a los matices difundidos por el sector duró de los clérigos de Teherán después de las declaraciones del presidente a una cadena de televisión y del discurso pronunciado ante la Asamblea General de la ONU, entonces se tiene la impresión de que estamos ante un gran artificio escénico consentido de mala gana por los halcones. Si, por último, se fija la vista en las necesidades inmediatas del régimen iraní, cabe llegar a la conclusión de que este precisa atenuar la tensión desencadenada por el programa nuclear defendido con entusiasmo por Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Rohani, y bendecido por el líder espiritual Alí Jamenei.

Un breve texto colgado por el analista Stephen M. Walt, profesor de la Universidad de Harvard, en su blog de la edición digital de Foreign Policy inclina la balanza a favor del último de los tres síes enunciados en el párrafo anterior: Rohani hace de la necesidad virtud y quiere aprovechar el momento para encontrar una salida honrosa y rentable al contencioso con Estados Unidos. En el bien entendido de que el presidente iraní no es un reformista encubierto ni cosa parecida, sino más bien un realista incrustado en el aparato de poder de la república islámica, educado en el dogma y en el dicterio antioccidental, pero que entiende que la presidencia de Mohamed Jatami (1997-2005), este sí, un reformista aclamado por los jóvenes y el mundo académico cuando llegó al poder, quedó trufada de frustraciones a causa de la movilización de las mezquitas, algo que metió al país en un callejón sin salida.

El presidente saliente, Mahmud Ahmadineyad, entrega al líder espiritual del regimen iraní, Alí Jamenei, los documentos que oficializan la elección de Hasán Rohani, en una ceremonia celebrada en Teherán el 3 de agosto.

Para abundar en la idea de que, en efecto, algo se mueve en Irán, Walt se remite a la distinción que establece el politólogo Robert Jervis, de la Universidad de Columbia, entre señales e indicios. Las primeras no tienen una “credibilidad inherente”; los segundos son “declaraciones o acciones que acarrean alguna prueba inherente de que la imagen proyectada es correcta”, cabe otorgarles un plus de credibilidad, por así decirlo. La percepción de Walt, que seguramente comparten los analistas más cercanos al presidente Barack Obama y al secretario de Estado, John Kerry, es que Rohani ha pasado de la fase de las señales a la de los indicios. Y le asisten razones de entidad para dar el paso:

  1. La capacidad de influir, llegado el caso, en la resolución de la crisis siria sin vincular su suerte a aquella que corran Bashar el Asad y su régimen.
  2. La necesidad de sanear la economía y animar el bazar en cuanto se avizore la fecha de caducidad de la política de sanciones desencadena por el programa nuclear.
  3. La convicción de que la república islámica debe procurarse un pasaporte de honorabilidad en el seno de la comunidad internacional para sacar más partido de sus inmensos recursos petrolíferos.
  4. La pretensión de abrirse camino para actuar como una potencia regional libre de sospecha en pugna con las monarquías sunís del Golfo.
  5. El propósito de alejar la imagen combativa de la república de los desafueros del fundamentalismo suní en armas (Al Qaeda y sus franquicias).

Desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 y, sobre todo, desde que el presidente George W. Bush incluyó a Irán en el eje del mal –discurso de 29 de enero del 2002–, el régimen iraní ha formado parte de un conglomerado informe que ha llevado a la opinión pública estadounidense a incluirlo en la lista de enemigos causantes de la tragedia o conformes con lo sucedido. Ni siquiera sirvió para desvanecer equívocos la comprobación empírica de que la clerecía gobernante puso el mayor interés en aclarar que nada tenía que ver con la estrategia de Al Qaeda, el régimen talibán que dio cobijo a Osama bin Laden y la dictadura de Sadam Husein, y cuando las centrifugadoras se pusieron en marcha para producir combustible nuclear, todo fue a peor. Desandar ese camino será difícil, largo y por momentos confuso, la operación suma un puñado de enemigos que prefieren el conflicto latente –Israel entre ellos– a la diplomacia imaginativa y debe aunar voluntades tan opuestas como el bando del Tea Party del Congreso de Estados Unidos y el bando intransigente del régimen iraní, compendio inextricable de poderes reales y paralelos, tutelado todo por los teólogos-juristas que se remiten a la interpretación del Corán (ijtihad).

Cuentas de Facebook y de Twitter del presidente Rohani.

Cuentas de Facebook y de Twitter del presidente Rohani.

E pur si muove. No solo por la histórica reunión del jueves de los responsables de las diplomacias estadounidense e iraní, la primera desde 1979, ni por la no menos histórica conversación telefónica del viernes de Obama y Rohani, sino porque son demasiado grandes para Irán los riesgos que comporta el aislamiento; es demasiado costoso sostener el esfuerzo de un programa nuclear –civil o militar– sin contrapartidas de ingresos seguras y continuadas –las exportaciones de petróleo sin cortapisas– para desahogar las finanzas. El cálculo inicial iraní de dotarse de un modesto arsenal nuclear para convertirse en una república inexpugnable, a imagen y semejanza de la lógica seguida por Corea del Norte con el beneplácito de China, resultó tan aventurado como desequilibrante porque puso el futuro en manos de la movilización de las masas para responder a las amenazas de intervención procedentes de Occidente. Y, al final, la movilización fue otra: fue la de la calle contra el pucherazo electoral de las presidenciales del 2009 la que dio carta de naturaleza al cambio relativo, pero cambio al fin, incubado en el seno de una parte relevante de la sociedad urbana iraní. Ese es el terreno de juego de Rohani.

El de Estados Unidos remite al deseo de la Casa Blanca de retirarse lentamente de Oriente Próximo y aledaños hasta donde lo permite la necesidad de garantizar la seguridad de Israel. Es este un factor directamente relacionado con los biorritmos iranís, con esa facilidad exhibida por Ahmadineyad para exasperar a los gobiernos israelís y ponerlos a un paso de la intervención encaminada a destruir los complejos industriales encargados de producir combustible nuclear; con esa agilidad del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para arrastrar a Obama a un campo de minas que no quiere pisar. Las ruinosas experiencias militares y políticas en Afganistán e Irak han decantado hasta tal punto a la sociedad estadounidense a favor de la retirada estratégica del laberinto musulmán que el menor resquicio para hacerlo favorece los planes del presidente e impone la prudencia a cuantos piensan que compete a Estados Unidos ser una vez más el gendarme universal. De ahí nace la disposición de Obama a escuchar a Rohani y, dicho sea de paso, a gestionar la crisis siria con una mezcla de confusión, oportunismo y poquísimas dosis de finezza, condicionado todo el relato por el desprecio por el ser humano que comparten el régimen de Asad y una parte cada vez mayor de la oposición.

El periódico progresista israelí Haaretz entiende que, en este juego de insinuaciones, sería un error de la comunidad internacional y de la diplomacia de Netanyahu desoír la oferta de diálogo de Rohani. Es probable que, en general, se acojan las palabras del presidente iraní con disposición a escuchar, pero es impensable que el primer ministro israelí esté dispuesto a hacerlo porque ni sus votantes ni sus aliados en el Gobierno son partidarios de ello. Prefieren transitar por la maroma de la desconfianza y, a ser posible, condicionar en el futuro las decisiones de Estados Unidos, como lo han hecho en el pasado; prefieren andar por delante de los acontecimientos o, lo que es lo mismo, poner todos los obstáculos posibles al éxito de la operación, aunque sea a costa de suministrar argumentos a los más duros de Teherán.

Cuando Rohani ganó las elecciones en junio, el periódico Le Monde interpretó el resultado como una consecuencia del “descontento de los electores iranís con relación al balance catastrófico del presidente saliente”, de los ocho años de “crisis económica, de aislamiento y de confrontación con Occidente a causa del programa nuclear”. Ese es el capital con el que cuenta Rohani para sustituir el dogmatismo estéril de su antecesor por el realismo que haga posible una solución ad hoc. En caso contrario, el Golfo seguirá siendo el mar donde prevalecen la voluntad de las petromonarquías y la estrategia política diseñada por Al Jazira, música de fondo de la prédica suní frente a la chií. Y en ese conflicto político disfrazado de disputa religiosa, Israel prefiere la hegemonía de las casas reales, porque están adscritas a la estrategia general de Estados Unidos en la región.

 

 

La Europa del ‘precariado’

Distribución por países de la población por debajo del umbral de la pobreza al estallar la crisis económica en el 2008. Fuente: CIA Factbook.

“Tanto las economías golpeadas por la crisis como las economías prósperas están fracasando en eliminar la pobreza, mejorar la prestación de servicios públicos, como la educación, y mantener y repartir bienes colectivos, como reservas de peces y selvas tropicales, de manera efectiva y equitativa. Al mismo tiempo, las sociedades están cada vez más fragmentadas, dando lugar a que la soledad y las enfermedades relacionadas con el estrés vayan en aumento. Y las estructuras de gobierno se muestran inadecuadas para mejorar esta situación”. La frase no es de un líder de la izquierda radical ni de un activista antisistema, sino de la profesora Tania Singer del Instituto Max Planck, radicado en Leipzig (Alemania), y se refiere al desajuste social y emocional cada vez mayor desencadenado por la crisis económica y los presuntos remedios puestos en marcha. La frase es un retrato trágico del que sobresale ese fracaso en “eliminar la pobreza”, esa sensación de que está en marcha la construcción de un futuro sin futuro para millones de ciudadanos.

Mientras la profesora Singer ve la situación como un vaticinio de la desolación social que nos amenaza, asoma el Gobierno holandés, superado por la crisis y las estadísticas, y pone en boca del rey Guillermo Alejandro que el Estado del bienestar es insostenible y hay que ir hacia una “sociedad participativa”, concepto abstruso donde los haya que suena bastante a allá cada cual se las componga con sus recursos. Al Gobierno de liberales y socialdemócratas que anuncia el final del modelo europeo se le podrá acusar de cualquier cosa, pero no de andarse por las ramas: anuncia que se acabó la fiesta porque carece de recursos para pagarla. ¿Acaso es eso peor que desarmar todos los días una porción del Estado de bienestar para, se dice, ponerlo a salvo?

Cuando un Gobierno con el 80% de la opinión pública en contra de sus planes dice que el modelo social es insostenible, niega la viabilidad de una de las tesis que sostiene Singer: “Es tiempo de reemplazar el marco conceptual del homo economicus con un modelo que refleje la capacidad del ser humano de demostrar un comportamiento altruista y prosocial”. Esto es: el Gobierno holandés, por necesidad o por convicción, renuncia a buscar alternativas a la austeridad sin fronteras, los recortes de toda clase y el saneamiento del tejido económico mediante una operación devastadora de darwinismo social. En suma, el Ejecutivo de Holanda, como tantos otros, se recluye en los balances y prefiere soslayar el descoyuntamiento derivado de un único esfuerzo: lograr que los números cuadren.

Cuadro comparativo de la renta per cápita de los países de la UE. Fuente: Eurostat.

El político socialista Juan Fernando López Aguilar resume en una sola frase lo que está sucediendo: “Lo que se presenta como un éxito es, en realidad, allí donde existe (que, ojo, no es en todas partes), un crecimiento raquítico, sin empleo y sin esperanza para los jóvenes. Y todo siempre en perjuicio del modelo social que debería preservarse y del proyecto europeo”. Las organizaciones sociales lo resumen en la proyección de estadísticas para el 2025, según las cuales la Unión Europea cobijará 27 millones de pobres, de los que 2,6 millones residirán en Catalunya.

Al cruzar las opiniones con las cifras, acuden a la memoria las peores imágenes de películas localizadas en un futuro tan cercano como calamitoso. El hecho mismo de que aparezca en los informes una nueva clase social llamado precariado lo dice todo: el precariado es una tierra de nadie en la que se impone una economía de mera subsistencia, donde se vive a salto de mata –hoy tengo trabajo; mañana, no; pasado, ya veremos–; es una bolsa de ciudadanos cuyo modo de vida es vivir en precario. Si las cifras de desafección europea son las más altas en decenios, tal como indican las encuestas, ¿qué sucederá conforme crezca el precariado? ¿Es sostenible una organización política y económica como la UE cuando la mayoría de sus ciudadanos reniega de ella? ¿Quién irá a votar el año que viene la renovación del Parlamento Europeo?

Cuando las economías emergentes dejaron  de ser solo un concepto para convertirse en una realidad, enseguida se alzaron voces en Europa que hablaron del dúmping social practicado por algunos países, especialmente China, pero no solo ella. Aquellas voces, entonces tan escuchadas, han perdido fuerza paulatinamente y, paradojas de la historia, mientras las potencias emergentes encaran tímidamente la corrección de los desequilibrios sociales, en Europa se agravan, empujado todo el sistema por la necesidad de competir, asegurar mercados y contener la invasión de productos procedentes de las economías emergentes, favorecido todo ello por el programa liberalizador de la Organización Mundial de Comercio. Europa careció en el pasado de determinación o de voluntad política –la causa poco importa– para fijar obligaciones sociales a la expansión del comercio, y hoy el pensamiento ultraliberal europeo ha logrado imponer desregulaciones sociales para que sea posible competir.

El caso es que la de la UE sigue siendo la mayor economía del planeta –12,6 billones de euros al año– y, en consecuencia, está lejos de ser un muñeco roto sujeto a las leyes que imponen otros. Pero los cambios en el paisaje han inducido a los europeos a plegarse a las condiciones impuestas por terceros. Esos cambios son esencialmente dos, como recoge en un artículo Javier Solana: el crecimiento económico se desplaza hacia el este por primera vez en siglos y los países asiáticos son el primer socio comercial de la UE, por delante de Estados Unidos. Eso es algo más que un cambio de ciclo, es un cambio cultural de primer orden en el funcionamiento de la economía europea, cuyos costes sociales son incompatibles con la pugna por los mercados, colonizados a toda prisa por economías en el seno de las cuales la preocupación social tiende a cero.

La gran duda es si es sostenible –también aquí debe aplicarse el término– un entramado económico basado en la desregulación, la austeridad y el empobrecimiento de una parte no pequeña de la sociedad europea. Y, si lo es, la otra gran duda, quizá mayor que la anterior, es si es moralmente defendible un modelo sustentado en el empobrecimiento y la marginación de una parte significativa de la población. Es preciso introducir este enfoque humanista, más que humanitario, porque de ello depende en gran medida dar continuidad a la identidad europea, a esa larga peripecia histórica que encontró en la cohesión social el bálsamo a sus males mayores. En resumen, la gran duda es si cabe pensar en una Europa aligerada de conflictos entre estados si se imponen las doctrinas de los desequilibrios sociales.

Distribución de la pobreza en España por comunidades autónomas en el 2011. Fuente: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Un artículo publicado por el profesor Antón Costas en agosto del año pasado, respondía con mucha exactitud a esas dudas. “Todo estudiante de un curso de introducción a la economía de mercado aprende dos principios básicos –escribió Costas–. El primero es que las personas tienen distintas preferencias acerca de los bienes privados y las políticas públicas que mejor satisfacen su bienestar. El segundo es que los mercados y las políticas solo funcionan bien cuando tienen en cuenta esas preferencias sociales”. Lo menos que puede decirse es que ni el Gobierno holandés ni cuantos con él comulgan han tenido en cuenta principios tan elementales; está a la vuelta de la esquina el riesgo de que se evapore el Estado social y democrático de derecho que enuncia la Constitución española y que, con esas u otras palabras, se cita en las demás constituciones europeas.

Es interesante y aleccionador acudir al papa Francisco, cada día más original en su aproximación a la vida cotidiana: “Me dan miedo los laboratorios –dice en una entrevista– porque en el laboratorio se toman los problemas y se los lleva uno a su casa, fuera de su contexto, para domesticarlos, para darles un barniz” (La Civiltà Cattolica, revista de la Compañía de Jesús). Ciertamente, los laboratorios sociales dan miedo; los analistas financieros que los inspiran, resultan aún más inquietantes, y los gestores que aplican sus dictámenes causan pavor porque todo se reduce a un laberinto de cifras –la prima de riesgo, el pacto de Toledo, la presión fiscal, los contratos a tiempo parcial, las pensiones, la supervivencia del euro, el saneamiento de los bancos, el déficit–, todo se reduce a un entramado vertiginoso cuyo mayor logro ha sido alumbrar el precariado en nombre de la sostenibilidad. No hay forma de aceptar que vamos por el buen camino.

Obama, prisionero de las líneas rojas

El lenguaje barroco más recargado se ha adueñado del debate de las ideas y de los prolegómenos de una posible intervención militar de Occidente –Estados Unidos y Francia, por lo menos– en Siria. La solemnidad de algunas declaraciones apenas oculta las pocas ganas del presidente Barack Obama de enfangarse en la crisis, prisionero de las líneas rojas dibujadas por él mismo y que Bashar el Asad con toda probabilidad cruzó el 21 de agosto al desencadenar un ataque con armas químicas en un suburbio de Damasco. Nadie pidió a Obama –ni sus aliados ni la opinión pública– un compromiso de actuación tan explícito, que abre cuatro frentes de discusión, todos ellos erizados de espinas:

-¿Es legítima una intervención internacional en la guerra civil Siria sin contar con un mandato expreso de las Naciones Unidas?

-¿Qué garantías hay de que la intervención no se prolongará sine díe?

-¿Qué sucederá en Siria después de la intervención?

-¿Qué efectos tendrá sobre la precaria estabilidad en Oriente Próximo?

Víctimas del presunto ataque con armas químicas del 21 de agosto en Damasco.

El crucigrama puede ampliarse a poco que se piense en la situación en que queda la ONU si Estados Unidos desencadena el ataque antes de conocerse el informe de los expertos que despachó al teatro de operaciones. Aunque el exministro francés de Asuntos Exteriores Hubert Védrine invoca la legitimidad de una operación de castigo por “el horror de los hechos”, también reconoce que sentará un precedente por si no fuesen suficientes, aunque no comparables, los de Kosovo e Irak, por citar los más recientes. Aunque el presidente Obama sostenga que no fue él “quien fijó la línea roja”, sino la comunidad internacional mediante la Convención de 1993, que prohíbe el uso de armas químicas, muchos dudan de que se respete el derecho internacional si empiezan los bombardeos sin una resolución expresa de las Naciones Unidas.

La víspera de la reunión del G-20 en San Petersburgo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, forzado por su condición de anfitrión y para aligerar la atmósfera de la conferencia, dijo que se sumará a una operación de castigo si la ONU confirma que Asad utilizó armas químicas. El compromiso de Putin es de un oportunismo manifiesto –los inspectores solo podrán certificar, llegado el caso, que se utilizaron armas químicas, pero no, quién recurrió a ellas–, introduce elementos de confusión y en la práctica excluye un cambio en la posición de Rusia (y China) en el Consejo de Seguridad, donde se oponen a la intervención. Y si China, después de la cita del G-20, se presta a ser el emisario entre Estados Unidos y Rusia, lo hará dejando siempre a salvo su relación con Irán, cuyo régimen avala al de Asad.

Combatientes rebeldes con máscaras antigas fotografiados en mayo por Laurent Van der Stock, del diario francés ‘Le Monde’.

La carta firmada a última hora en San Petersburgo por diez aliados de Estados Unidos es poco más que una pieza de decoración. Aunque resulta sorprendente que algunos de los siganatarios –Mariano Rajoy, entre ellos– presten su rúbrica para reclamar una intervención contundente en Siria después de haberse acogido a la necesidad de conocer el informe de la ONU antes de adoptar una decisión definitiva, no es suficiente para borrar la impresión de que Obama está condenado a lidiar la crisis con menos apoyos efectivos de los deseados. ¿Es un episodio más del declive del gendarme universal o la confirmación de que lo que realmente desea Obama es reducir al mínimo imprescindible la implicación de Estados Unidos en el laberinto de Oriente Próximo? Es pronto para saberlo.

El analista estadounidense Anthony H. Cordesman, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), atribuye a Obama una estrategia militar y diplomática inspirada en la pieza teatral Esperando a Godot, de Samuel Beckett. “La Administración siguió el guion de la obra de Beckett en la medida en que no definió las razones de lo que los actores estaban haciendo, por qué estaban esperando o qué iba a pasar después de la llegada de Godot”, escribe el experto del CSIS. Lo que con más ansia espera Obama es que la coalición gane socios, pero ni la OTAN ni la UE disponen de mayorías intervencionistas. Antes al contrario, el precedente del voto en contra de la Càmara de los Comunes a la disposición de David Cameron a entrar en acción ha retraído a los dudosos y ha afianzado en sus posiciones a cuantos se oponen a un ataque a Siria. La discusión parece cerrada para la mayoría desde el mismo momento en que el presidente de la UE, Herman Van Rompuy, ha dicho que la solución a la crisis siria solo puede ser política, y ni siquiera ha aludido a la ONU.

En el comportamiento de Obama y sus colaboradores se entrecruzan imprecisiones, contradicciones y el temor a que el presidente, que en el primer mandato se consagró como el vencedor de Osama bin Laden, forje en el segundo una imagen más cercana a la de Neville Chamberlain. Esa es, al menos, la referencia más utilizada por una parte de la derecha neoconservadora, que hace alusiones constantes a la segunda guerra mundial, cuando nada se parece menos a la crisis actual, por muy dubitativo y partidario de la política de apaciguamiento que se muestre Obama. Como dice Conor Friedersdorf en la revista liberal The Atlantic, la derecha dura tiene interés en situar el momento en un cruce de caminos similar al de 1938, pero no se trata más que de una simplificación grosera de los acontecimientos. Es más, hay razones suficientes para temer en igual medida al régimen sirio que a las consecuencias de su hundimiento.

Tanto en Estados Unidos como en Francia se multiplican los vaticinios más lóbregos, aquellos que presentan la caída de Asad como el ascenso de una combinación ingobernable de fuerzas sometidas a las armas de los islamistas radicales. La intención de Occidente de promover la figura de un Hamid Karzai bis en la persona del general Alí Habib, que desertó del régimen sirio, tiene pocas posibilidades de convertirse en una salida de consenso y, en cambio, la movilidad de organizaciones como Nusra y Estado Islámico en Irak y Siria, con la ayuda de Irán y de Hizbulá –en la práctica, es lo mismo–, tienen grandes posibilidades de escribir el futuro. El especialista C.J. Chivers entiende que este es el gran dilema de Occidente, más allá de las razones coyunturales a favor y en contra de la intervención: debilitar a Asad sin controlar los acontecimientos que seguirán o dejar las cosas como están y prolongar la carnicería.

Manifestación contra una intervención de Estados Unidos en Siria, el 31 de agosto en Washington.

El dilema se puede hacer extensivo a las opiniones públicas de las sociedades democráticas, conmovidas por la matanza, pero alarmadas por las imágenes de las ejecuciones sumarias de presos perpetradas por grupos rebeldes y la imposición de la sharia en algunos lugares bajo control islamista. Los sondeos en Francia revelan que el 74% de la población se opone a la presencia en Siria, pero esa misma población se moviliza para paliar las consecuencias de la crisis de subsistencias que deben afrontar dos millones de refugiados y cuatro millones de desplazados. En Estados Unidos, el recuerdo de Irak pesa como una losa y son pocos los que creen que están en juego intereses vitales; el recurso al armamento químico repugna a las conciencias, pero resulta insoportable la perspectiva de otra larga y lejana guerra. En ambos casos, los comandantes en jefe prometen una actuación limitada en el tiempo y sin soldados en tierra, pero después del primer disparo todo es posible.

Superados largamente los 100.000 muertos, dividida la Liga Árabe de forma irremediable, abierta la disputa por la hegemonía regional –Egipto, Turquía– y sumidas en el ocaso las primaveras, las incertidumbres paralizan a los estrategas. Pero al activar los resortes de la intervención, llevar el asunto a los respectivos parlamentos y buscar aliados, Obama y Hollande han situado la partida en un punto de no retorno. Si ahora hiciesen marcha atrás, la credibilidad de ambos resultaría dañada sin que mejorara la de la ONU, condenada a la parálisis por el derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. No se vislumbran luces en el horizonte.