Fillon consolida a Le Pen

El despacho del Eliseo se aleja de François Fillon en la medida en que se concreta la sospecha sobre la opacidad de los ingresos de Penelope, su esposa, y, por esta razón, se pone en duda la probidad de quien el electorado conservador francés convirtió hace unos días en el candidato de Los Republicanos (LR) a la presidencia de Francia. La portada de esta semana de la revista satírica Le Canard Enchaîné pone en la picota a un político que ha hecho de la honradez, algo por lo demás exigible a cualquier cargo público, su primera seña de identidad, porque si su pareja ingresó hasta 600.000 euros como ayudante suya y asesora literaria de La Revue de Deux Monde, tal seña de identidad se desvanecerá, se disolverá en la maraña electoral de una derecha irreconocible, heredera del poder fraguado por el general Charles de Gaulle, pero solo nominalmente depositaria de sus inquietudes.

En ningún lugar está escrito que Penelope no puede ser la asistente parlamentaria de François, el problema es que no frecuentó el Parlamento ni mucho ni poco, no se la vio por allí. Tampoco está prohibido que la esposa de un primer ministro o de un diputado haga carrera literaria, el problema es que su compromiso con las letras no fue más allá de dos o tres críticas, según se dice. Más parece que estos empleos fueron generosamente remunerados a cambio de nada, algo que tendría una importancia relativa, más allá de los precios político y judicial que debieran pagar los interesados, si no acechase entre cajas la amenaza de la extrema derecha –Marine Le Pen, cada día más crecida–, si no anduviesen los socialistas enfrascados en una competición interna sin esperanza, condenados según todas las encuestas a no pasar a la segunda vuelta. Los presuntos enjuagues de François y Penelope tendrían efectos menos dañinos si todo pudiese cerrarse con una crisis familiar, transmutada quizá en crisis de partido, de este LR de ideología difusa, pero cuando está en juego la suerte de los valores republicanos y el papel de Francia en Europa, saltan las alarmas.

Cada vez que surge un caso Fillon con nombres, apellidos e intereses reconocibles, se acrecienta “el profundo desprestigio de las élites y las instituciones democráticas y la generalizada rebelión antisistema”, en palabras del escritor Javier Cercas en el Parlamento Europeo el 7 de diciembre. En el seno de sociedades en crisis o que temen el futuro, en sociedades con cierta tendencia depresiva o faltas de acción, el grand ennui (aburrimiento), identificado por George Steiner en el siglo siguiente al final de las guerras napoleónicas, adquiere rasgos indescifrables, se transforma en algo más que la mera inacción. Cualquier botarate con ganas de jarana, recursos económicos e intuición suficiente para hipnotizar a una multitud desencantada puede ser un líder con futuro.

La desconfianza se ha instalado en los espíritus. En un régimen de opinión pública como el francés, adobado con un sentimiento nacional o nacionalista muy arraigado, los presuntos disparates cometidos por la familia Fillon es maná del cielo para la extrema derecha, pues es el candidato de LR quien parecía señalado para pararle los pies en la segunda vuelta. Bien es verdad que mediante un programa tan cercano al del Frente Nacional, el partido ultra de Le Pen, que apenas se distingue de él en asuntos cruciales de nuestro tiempo: la gestión de la inmigración, la nación como entidad competidora de Europa y cuanto de ello se deriva. ¿Cuántos potenciales electores del presidenciable Fillon pueden entender que la imitación es peor que el original y prefieren sumar su voto a la causa de Marine Le Pen?

El momento es sustancialmente diferente al del 2002, cuando Jean-Marie Le Pen cerró el paso a Lionel Jospin y disputó la elección a Jacques Chirac. Entonces, la movilización de la izquierda en las urnas con la pinza en la nariz en apoyo de Chirac impidió que el líder de la ultraderecha tuviera la más remota posibilidad de salir elegido; hoy el socialismo lame las heridas de su prolongada desorientación frente a los efectos de la crisis y se ejercita en una división estéril, mientras diferentes movimientos alternativos dan más sensación de entusiasmo que de organización y disciplina para contener el asalto al Eliseo de una facción retrógrada y sectaria. Como ha escrito Jean Daniel, la izquierda se siente huérfana a pesar de todo a causa de la crisis socialista y es difícil imaginar a alguno de sus líderes en disposición de levantar un cortafuegos que cierre el paso a la extrema derecha para entregar el poder a un líder conservador, sea este Fillon o quien le sustituya si el elegido en las primarias hace mutis por el foro a raíz del escándalo.

La desnaturalización de la izquierda mediante sucesivas disputas ideológicas, fracturas y desaciertos anduvo paralela hasta la fecha a la desfiguración del conservadurismo a través de una cadena de refundaciones, uniones y cambios de nombre que han dejado sin respuesta una pregunta esencial de los electores: ¿a quién apoyo con mi voto, cuál es su programa? La extrema derecha ha logrado, en cambio, que sus partidarios, siempre en aumento, apenas se formulen la misma pregunta o sientan la misma inquietud: la simplificación de la política y el resumen del programa en eslóganes genéricos ha sido de una pasmosa eficacia.

Nadie pone hoy en duda que nada podía reforzar más y mejor la estrategia electoral de Marine Le Pen que el Penelopegate. Incluso en el improbable caso de que los Fillon crean probar que nada de lo publicado es cierto, no desaparecerá la sombra de la duda –hay testimonios concluyentes de habituales en la Asamblea Nacional que dicen no haber visto nunca a la esposa de Fillon en el edificio– y nada podrá evitar que el hartazgo de muchos contribuyentes engorde el zurrón de votos de la candidata ultra. Ni siquiera la retirada de François Fillon y un nuevo proceso de primarias en Los Republicanos neutralizará la inercia del momento: el deslizamiento hacia el Frente Nacional de muchos votantes conservadores que se daban por satisfechos con el exprimer ministro, pero que hoy se sienten estafados.

A cada episodio que daña la imagen colectiva del establishment político europeo mayor es la tendencia de los ciudadanos a incluir a sus integrantes en la categoría de sospechosos habituales. Cada venalidad conocida resta credibilidad a las instituciones y daña la honorabilidad de sus miembros, el escepticismo pasa a ser la ideología más frecuente o, en su defecto, la de quienes recurren a las emociones primarias o a los prejuicios para sumar adeptos a su causa. Así está hoy Francia a cuatro meses de la primera vuelta de la elección presidencial, con el presidente François Hollande sumido en una impopularidad sin precedentes, con el Partido Socialista condenado a la derrota y con los conservadores clásicos apabullados por la desmoralización. Nunca antes Marine Le Pen fue una candidata tan sólida.

 

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

El ‘establishment’ presiona al PSOE

La movilización del panteón de vivos ilustres, jarrones chinos y otros clásicos retirados de la política no es más que la punta de lanza de otra movilización, esta de europeos ilustres en activo, encaminada a encarrilar la formación de una mayoría de gobierno en España a gusto del establishment. El enigmático deseo manifestado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, “quiero que España esté a la altura”, es en realidad poco enigmático: confía en que el desenlace se ajuste a lo que se espera en los despachos de la UE. Que se atenga a la manifiesta voluntad de cambio expresada por los electores el 20 de diciembre pasado es menos importante; lo que realmente cuenta es que nada perturbe la ortodoxia.

La proclama o manifiesto de la Fundación España Constitucional, donde se exalta la necesidad de que las negociaciones en curso garanticen “la unidad de España, la igualdad de los españoles, la estabilidad política, el progreso económico, el desarrollo social y la regeneración democrática” mediante una coalición de dos o más “partidos constitucionalistas” –es innecesario enumerarlos–, desprende el mismo aroma que las palabras de Juncker. Habida cuenta de la procedencia de los integrantes de la fundación, exministros de UCD, del PSOE y del PP, no es exagerado concluir que estar a la altura consiste justamente en cumplir con los objetivos prefijados en el texto: la gran coalición o algo parecido, una reforma constitucional contenida para parchear el problema catalán y un enfoque de la economía que respete hasta la última coma la voluntad de los llamados mercados.

Otra proclama en forma de artículo, esta de Luis Solana en elplural.com, completa la de la fundación. Dice su autor que compete al PSOE educar a Podemos, “un partido imposible de encajar en una democracia europea”, pero necesario, “porque es imposible llegar a mayorías democráticas de cambio sin Podemos y porque el PSOE sabe muchísimo de cómo hay que educarse para lograr una izquierda eficaz para los desfavorecidos”. ¿Se refiere Luis Solana al PSOE de la chaqueta de pana de Felipe González o al de Alfonso Guerra cuando amenazaba –no le faltaba razón– con aplicar a algunos latifundistas la ley de fincas manifiestamente mejorables? Porque si se remonta a aquel PSOE, el que sometió a Adolfo Suárez a una moción de confianza sin posibilidades, el de La OTAN de entrada, no y otros eslóganes osados, hay que decir que no le pudo ir mejor su falta de educación política: en 1982 obtuvo 202 diputados, una mayoría absoluta nunca igualada ni de lejos.

Esto es, quizá las presiones para encauzar las cosas mientras se educa a Podemos sea el modo más directo para que este partido llene con más votos el zurrón en el próximo asalto, puede que dentro de un par de años, cuando, consumada la reforma constitucional, según se prevé, se disuelva el Parlamento y se convoquen elecciones. La inquietante idea expresada en su día por Artur Mas a tenor de la cual había que corregir aquello que las urnas no habían otorgado, se diría que hace escuela, gana adeptos que desoyen a quienes advierten de que forzar las cosas más allá de toda lógica puede ser pan para hoy y hambre para mañana (Gobierno para hoy, oposición dentro de un tiempo). Podemos es un conglomerado ideológico con frecuencia imprevisible, pero con una capacidad de movilización que no permite hacer vaticinios sobre cuál es su techo electoral si, mientras se le educa, se mantienen algunas constantes en la reforma económica vigente: crecimiento de las desigualdades, desregulación del mercado de trabajo, aumento de la frustración entre los más jóvenes e insensibilidad social de los gobernantes, trufado todo con una corrupción endémica.

Las presiones para esa coalición de lo previsible soslayan esos datos; sus urdidores se remiten a las cifras macroeconómicas, tan engañosas con frecuencia, a las estadísticas y a la actuación de la policía y los jueces para dejar al descubierto a los corruptos. Pero al parapetarse detrás de tales muros dejan sin respuesta la pregunta formulada por Tony Judt en el 2009: “En nuestro tiempo, ¿cómo hemos llegado a pensar en términos exclusivamente económicos?” Porque detrás de la opinión de cuantos creen, con Felipe González a la cabeza, que ni el PP ni el PSOE deben impedir que el otro gobierne, se adivina la convicción no confesa de que lo que más importa es poner a salvo el statu quo –el económico en primer lugar– y, en cambio, es menos acuciante ser eficaz en auxiliar a los desfavorecidos, el término elegido por Luis Solana.

Claro que no hay forma de situar la multiplicación de gestos y declaraciones de Podemos en el terreno de lo razonable, sino más bien en el de la prepotencia, cuando no de la burla o del desprecio, pero promover su aislamiento no hace más que alentar el discurso fácil, aquel que, prescindiendo de la realidad, desgasta al adversario. Desde la descalificación de la casta a la reclamación de todos los ministerios importantes en una hipotética coalición con el PSOE ha transcurrido muy poco tiempo, suficiente en todo caso para que, guste a no a Pablo Iglesias y su equipo, Podemos se haya adecuado a los peores hábitos de la charcutería política o educado según ella demanda. De ahí que resulte particularmente sorprende que Albert Rivera diga con gesto convincente que no se puede arrinconar al partido que ha obtenido más de siete millones de votos (el PP) a pesar de las últimas pestilencias –el gang valenciano, Acuamed– y, al mismo tiempo, actúe convencido de que sí se puede arrinconar al que ha obtenido más de cinco millones (Podemos), tan acogido a las reglas del sistema, aunque se le tilde de fuerza radical, de extrema izquierda o de antisistema.

Todo lo cual lleva a suponer que las presiones de los poderes fácticos, es decir, financieros, para un pronto desenlace aspiran a que cuanto tenga que suceder no vaya más allá de un reformismo lampedusiano o cosmético para que nada cambie demasiado, aunque vaya en ello la supervivencia de algunas siglas venerables como las del PSOE. ¿Por qué el PSOE? Cuando se invoca la gran coalición que gobierna en Alemania para justificar aquí la conveniencia de imitar el modelo se parte de dos falsos supuestos: que la CDU que fundó Konrad Adenauer es equiparable al PP que creó Manuel Fraga y que el SPD responde a la misma peripecia histórica que el PSOE. No hace falta ser doctor en ciencias políticas para comprender que lo que en Alemania resulta más o menos útil, aquí tiene todas las trazas del abrazo del oso, de una operación que defraudaría al grueso de los votantes socialistas, más de cinco millones también, integrantes de la izquierda clásica española hasta donde alcanza la memoria. A modo de resumen: para el PSOE, la gran coalición pudiera ser una inmolación; la gran coalición de hoy pudiera ser causa primera del desfondamiento de mañana.

“El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado o estalla”, opinaba Enrique Tierno Galván, mente lúcida. El poder no es una entelequia, es algo concreto, tangible, expresión de una compleja trama de intereses y presiones, y lo que se negocia en este cursillo acelerado de pactismo que realizan los partidos para resolver el crucigrama del 20 de diciembre es exactamente eso, el poder. Para algunos, correr el riesgo de que le estalle en las manos puede significar un viaje hacia la nada; para otros, contemplar el estallido desde el patio de butacas puede ser una inyección de votos para pasmo del establishment que ahora presiona desde Bruselas y más acá.

Partidos bajo la lupa

En esta tierra de nadie o de todos entre el 27-S y el 20-D se suceden los acontecimientos, crecen la confusión y aún más la dudas acerca de la investidura del president Artur Mas, y la tentación a envolverse en la bandera está siempre ahí como último recurso. Acabada la legislatura, el PP se fue en busca del apoyo de sus socios europeos en el congreso de Madrid, más que un acto político, una preelectoral claque –“grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra buscando algún provecho” (segunda acepción del diccionario de la RAE)–, el mismo día que la Guardia Civil y los fiscales se personaron en el domicilio de Andreu Viloca, tesorero de CDC, y en la sede del partido en busca de pruebas del famoso 3%, de esa presunta financiación irregular que todo lo enturbia. Nada está escrito acerca de cuál debe ser el equipaje para realizar el viaje a Ítaca, pero es oportuno recordar la siguiente frase de Joan J. Queralt de su artículo del jueves en EL PERIÓDICO: “A Ítaca no puede llevarse como lastre la podredumbre de la corrupción”.

La incomodidad manifiesta de los socios de CDC, en una situación más imposible cada día, confirma lo atinado del aserto. No es solo la CUP la que reitera con más determinación que nunca que Mas no reúne las condiciones para repetir en la presidencia; el silencio de ERC y de las entidades soberanistas que alientan el procés es del todo elocuente. Como ha publicado El País en un editorial, “por muchísimo menos de lo que aquí se investiga, dirigentes políticos de los países con los que Mas gusta de comparar a Catalunya habrían dimitido ya”, y su disposición a presentarse a toda prisa en el Parlament para dar explicaciones apenas corrige su debilidad extrema para pilotar la nave. Todo el mundo tiene derecho a creer en tramas conspirativas, pero habida cuenta del tiempo que el asunto rueda por los juzgados y de los precedentes –los casos Palau, Pujol, Innova y otros–, nadie debe llamarse a engaño: algo no pequeño está por esclarecer.

Apelar a la inoportunidad del momento y la aparatosidad de las formas resulta pueril. Con el calendario preelectoral, electoral y poselectoral en la mano es imposible que la labor de los tribunales no pise o provoque un cortocircuito en las estrategias de los estados mayores de los partidos. Salvo que todo el aparato judicial pospusiera durante varios meses –quizá hasta enero– sus indagaciones relacionadas con la actividad de partidos o políticos bajo sospecha, es inevitable que a cada auto o diligencia se le encuentre un pero, un propósito oculto para dañar los planes de alguien. Es tan ingenuo no sospechar que en este embrollo y en otros –los Bárcenas, los Gürteles, los ERE, la Púnica y otras lindezas– no hay dosis de juego sucio como maliciar que todo responde a un plan predeterminado para neutralizar a adversarios políticos. Más que a simplificación de la realidad suena a manipulación de la historia.

Después de la publicación de las declaraciones de Francisco Correa en eldiario.es, lo menos que puede decirse es que la plaga del 3% –o de otros porcentajes– adquiere la categoría de pandemia. De ser cierto lo dicho por el cabecilla de la trama Gürtel, y hoy ya todo es posible o verosímil, “se trataba de adjudicar obras a empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, gerente y tesorero del PP. Tampoco ahí tiene sentido buscar la acción de una mano negra que pretende chafar la precampaña de los populares, con Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y compañía en la tribuna de oradores, sino esperar que los jueces hagan la luz y pongan a cada cual en su lugar, aunque tenga un elevado coste para la credibilidad del sistema la judicialización de la política, inevitable cuando la opacidad es un hecho. “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”, el sms que Mariano Rajoy mandó a Bárcenas un día de principios del 2013, lastra irremediablemente el relato elaborado por el PP para distanciarse de los presuntos manejos del extesorero.

Ese 3% ominoso y desvergonzado que aparece en todas partes debe esclarecerse, sea cual sea el coste, para evitar que arraigue la sospecha generalizada, se propague el escepticismo como enfermedad incurable y los ciudadanos lleguen a la conclusión de que son víctimas de un engaño permanente y premeditado. Es preciso, asimismo, para que queden a salvo de recelos cuantos se dedican a la política y no recurren al 3% (para que les cuadren las cuentas del partido o para procurarse todos los meses un sobresueldo dentro de un sobre). Es una necesidad de higiene democrática inaplazable que prevalezca la honorabilidad de las instituciones y de quienes las sirven. La regeneración democrática requiere reformas de todo tipo, entre ellas la de la Constitución, pero precisa ante todo descontaminar el aire viciado que se respira en demasiados despachos, en demasiadas tramas de poder, en los intersticios a través de los cuales es posible adulterar la financiación de los partidos políticos, necesarios por lo demás para que una democracia realmente lo sea.

Sería muy de lamentar que la Reforma para la Agilización de la Justicia Penal –nombre oficial del invento–, una iniciativa del PP aprobada por las Cortes, provocara un cuarteamiento de las causas en curso, como teme el exfiscal José María de Mena, debido a la obligatoriedad de que las investigaciones no se prolonguen más allá de 18 meses, prorrogables si lo autoriza el juez a petición del fiscal. “Preocupado el Gobierno, al parecer, por los macroprocesos, como el de la Gürtel –escribe Mena–, ha decidido agilizar la justicia acabando con ellos. Con la reforma legal, los grandes procesos deberán trocearse. Se juzgará a cada uno de los delincuentes por separado, con lo que, en la práctica, se difuminarán las grandes tramas de criminalidad financiera colectiva, y punto final”. Porque los males de la nación, sea la que sea la dimensión del territorio al que se aplica el término, no son asunto en manos de individuos que actúan por su cuenta y riesgo, sino que hay algo más que indicios de que en los 3% y otros enredos el funcionamiento se atiene a una logística precisa, a sólidas redes clientelares en las que participan corruptores y corrompidos con parecido desparpajo.

La mera posibilidad de imponer un punto final a las investigaciones supone dejar la puerta abierta a cegar los caminos para la depuración de responsabilidades en los casos del primer partido de Catalunya, del que hasta ahora ha dispuesto de la mayoría parlamentaria en España y de otros muchos asuntos que afectan a la limpieza y solvencia de las instituciones. Y esa mera posibilidad, de hacerse realidad, llevaría inevitablemente a una parte de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes a la desafección, a pensar que nada es trigo limpio, que todo es fruto de un rosario de componendas innobles. Porque rige hoy más que nunca en toda su extensión el juicio del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes”.