Algo podrido huele en Brasil

La más que presunta connivencia entre el fiscal Deltan Dallagnol y el juez, hoy ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro en el procesamiento y condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva culmina el proceso de degradación de la política y del sistema judicial en el mayor país de Latinoamérica. Si siempre sobrevoló la sombra de la sospecha en la persecución y destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la presidencia, y el encausamiento de este mediante una confusa vinculación de su figura en dos sonados casos de corrupción, Lava Jato y Petrobras, que en el fondo son solo uno, la información difundida por The Intercept pone al descubierto un mecanismo de adulteración de la política, instigado por la extrema derecha y aledaños, para neutralizar a las grandes figuras de la izquierda, supuesto que a través de las urnas tal objetivo era presumiblemente inalcanzable.

La asociación de la pesquisa emprendida por el medio que ha desvelado la trama con Glenn Greenwald, un periodista de investigación de referencia, confiere un plus de fiabilidad a cuanto se ha publicado y explica el terremoto que afronta el establishment político brasileño y la honorabilidad de los jueces. Las prisas de la fiscalía por esclarecer lo sucedido, la exigencia de los abogados de Lula para que se anule a la mayor brevedad el proceso que lo condenó y se ponga en libertad a su cliente, la bochornosa implicación del diario O Globo en el escándalo y el posible encausamiento de Moro, Dallagnol y algunos otros completa de momento las reales dimensiones del caso. La firma de Greenwald encabezando la información no hace más que reforzar el poder de convicción de cuanto se ha filtrado, porque el nombre del periodista remite a la trama por él descubierta en 2014 de espionaje a líderes políticos organizada por la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).

Aunque los asesores del presidente Jair Bolsonaro se han apresurado a subrayar la necesidad de esclarecer cómo obtuvo Greenwald las conversaciones entre Moro y Dallagnol, lo que realmente es preciso aclarar es si el presidente en ejercicio participó en la trama urdida para evitar la competencia en las urnas con Lula. Más aún: lo verdaderamente relevante es investigar cuál fue el alcance de la conspiración, hasta dónde llegan las responsabilidades, a quién salpican las irregularidades cometidas en la instrucción de la causa y hasta qué punto la gangrena ha dañado las instituciones. Si en el caso de la NSA lo realmente sustancial fue el espionaje y no quién y cómo llegó está información a la mesa del periodista, la relevancia del Morogate –así se ha bautizado el episodio– radica en los hechos suministrados a la opinión pública no en los prolegómenos –las fuentes primarias– para la difusión del escándalo. No hace falta haber ganado un Pulitzer para presumir que este tipo de  informaciones excepcionales requieren métodos excepcionales (recuérdense el caso Watergate y Garganta Profunda).

Conviene asimismo para la preservación de la higiene democrática rebobinar los hechos acaecidos desde la destitución de Dilma Rousseff y la llegada al poder de Michel Temer, en prisión provisional y a la espera de juicio como presunto implicado en la red de sobornos que forma parte del caso Lava Jato, el mismo que llevó a Lula a la cárcel. La necesidad de ahondar en el asunto es crucial para la regeneración de la política, habida cuenta de la suerte corrida por los tres antecesores de Bolsonaro y las dudas cada vez mayores que acompañan a este, convertido desde su toma de posesión en el liquidador del reformismo social activado por Lula y Rousseff  y apenas mellado por Temer. En última instancia es inaplazable certificar si Bolsonaro llegó limpiamente a la presidencia o mediante métodos poco presentables.

Tal proceder no impide perseguir los casos de corrupción y venalidad probados en el Partido de los Trabajadores (PT), abundantes y no menos reprobables que los atribuidos a políticos de la derecha. Acaso más lamentables si se piensa en los eslóganes regeneradores utilizados habitualmente por el partido de Lula para movilizar a la franja de población más vulnerable en una sociedad históricamente fracturada, teatro de desigualdades lacerantes y acostumbrada a sobrellevar unos índices de corrupción y violencia desbocados. Si en la etapa de Lula se detectaron en la estructura social de Brasil algunos progresos para rebajar la tensión –algo tuvo que ver el PT–, la corrupción en el partido y la suerte corrida por el expresidente y su sucesora sembraron la decepción y el escepticismo en una parte del electorado de izquierdas con una profundidad y efectos desconocidos hasta entonces. Y ganó adeptos la opinión profundamente reaccionaria según la cual todos los políticos son iguales.

“La verdad puede enfermar, pero no muere nunca”, dice Lula remedando a Teresa de Ávila: “La verdad padece, pero no perece”. De momento enturbiaron la verdad quienes convirtieron lo que a todas luces parece una persecución política de libro en causa penal. Por más escapatorias dialécticas que Jair Bolsonaro quiera dar al caso para salvar a Moro de la destitución fulminante y acaso de la acción de sus compañeros de toga, no hay una sola agarradera para que los señalados por The Intercept puedan salvaguardar su fama y mantener ante la opinión pública su perfil de ciudadanos dignos. Su integridad está en duda y la de la opción política que los acoge también lo está, no por lo hecho hasta ahora como gobernantes ni por sus bajísimos índices de aceptación, sino por los manejos que se trajeron para anular a un rival y hacerse con el poder sin contemplaciones.

 

Lucha por el poder en Argelia

La dimisión del presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, acosado por la calle y por la lucha por el poder en la cima del Estado, ha abierto una etapa de transición plagada de incógnitas. Si se cumple el primer diagnóstico de la situación realizado por el diario francés Le Monde, la decisión del Ejército de precipitar la renuncia del presidente permite vaticinar una pelea encubierta entre los generales y el entorno de la familia Buteflika, encarnada en el previsible enfrentamiento entre el ministro de Defensa, el general Ahmed Gaid Salah, y Said y Nacer Buteflika, hermanos del mandatario depuesto y sometidos a residencia vigilada (no pueden abandonar su domicilio). Según la descripción del momento publicada por Le Monde, “la brutal aceleración de los acontecimientos ha revelado la existencia de un violento conflicto” por controlar el mecanismo sucesorio interino, ahora, y definitivo cuando se convoquen elecciones.

El papel del generalato argelino recuerda el comportamiento del Ejército egipcio durante el ocaso de Hosni Mubarak. Mientras el presidente tuvo posibilidades de salir airoso del desafío de la calle, los cuarteles se mantuvieron a su lado, cuando se puso de manifiesto que la oposición marcaba el tempo, el alto mando dejó caer a Mubarak como fruta madura y prefirió afrontar una transición tempestuosa, con los Hermanos Musulmanes al frente de las operaciones, a unir su suerte a la del comandante en jefe. La razón no fue otra que el riesgo cierto de que los acontecimientos de 2011 –las primaveras árabes– se llevaran por delante la trama de intereses económicos gestionados por los militares –un mínimo del 20% del PIB– y desposeyeran a los uniformados de su condición de columna vertebral del Estado.

La reacción de la red de intereses tejida por Buteflika tiene mucho que ver con el papel preminente desempeñado por el Frente de Liberación Nacional (FLN) desde la independencia como la otra columna vertebral del Estado, que alimenta de cuadros la Administración civil, la judicatura, la policía y los servicios secretos, y en general todos los ámbitos de poder que no son responsabilidad del Ejército. El prestigio del FLN ha decaído al mismo ritmo que el crecimiento de la corrupción, de las redes clientelares y de las estructuras de poder de facto, ajenas a la planta institucional del Estado, pero tiene en sus manos muchos de los resortes efectivos para controlar los asuntos públicos y proyectar una imagen respetable. Y no debe olvidarse la concordancia de intereses entre el Ejército y el partido, que ahora parece que se fracturó, mientras ambas instancias contaron con la cobertura presidencial a partir del mandato de Huari Bumedian, un histórico de la lucha por la independencia.

Frente a esa doble estructura de poder, consolidada durante decenios y especialmente eficaz para combatir a la oposición y aniquilar el desafío islamista durante la guerra civil de los años 90, la protesta en la calle da la impresión de que responde a una unidad de acción momentánea, pero en realidad carece de un liderazgo sólido para mantenerse cohesionada en la hora crucial de las elecciones. La variedad de personajes que se mueven entre bambalinas, empezando por dos exprimeros ministros –Ahmed Benbitur y Alí Benfis–, Rachid Nekaz, Sifian Yilali y los herederos del Frente Islámico de Salvación, ausentes de momento de la cabecera de las protestas, no hace más que anticipar futuras divisiones. Una tendencia a la fragmentación que ni siquiera parecen capaces de neutralizar los efectos de la crisis económica en la clase media urbana y el paro endémico entre los menores de 30 años, ingredientes esenciales de las manifestaciones.

Analistas como Georges Fahmi, de la institución Chatham House, identifican en cuanto sucede en Argelia los mismos componentes de hartazgo social que dieron lugar a las primaveras árabes, pero acaso en la crisis argelina sea menor la vulnerabilidad del establishment de lo que lo fue en Túnez y Egipto, al menos en un primer momento, y quizá también el retraimiento internacional de ahora prive a la calle de apoyos significativos en el exterior. El antecedente de Libia, convertida en un Estado fallido, la matanza siria, con Rusia instalada en Oriente Próximo, y problemas derivados del desenlace de las primaveras mantienen a Occidente más expectante que nunca y a los vecinos de Argelia, decididos a no inmiscuirse en el avispero bajo ningún concepto. Anádase al conjunto la dependencia del gas argelino del sur de Europa y se cerrará un marco de referencia en el que lo más importante para todo el mundo es garantizar la estabilidad y evitar que la crisis degenere en una revuelta incontrolable.

¿Significa esto que una reforma meramente cosmética del Estado puede encauzar la crisis? El diagnóstico del profesor Nadji Khaoua en el periódico argelino El Watan hace impensable que una componenda meramente superficial puede acallar el descontento. “La corrupción no es solo una excrecencia del poder de decisión, sino que es una consecuencia de la estructura misma del poder”, sostiene el analista, que ve inviable aniquilar la economía opaca a medio plazo y, en cambio, adelanta que quienes la controlan harán cuanto esté en su mano para mantenerla como una forma de poder paralela a las instituciones. En este punto la cercanía entre la situación en Argelia y la que precedió a las primaveras es muy parecida, pero el momentum en 2011 era bastante diferente al actual para vislumbrar como viable una reforma radical del Estado, aunque sea precisamente esto lo que reclama la calle.

Bolsonaro alinea a los duros

La configuración del núcleo del bolsonarismo demuestra que estaba del todo justificado que sonaran las alarmas en cuanto el recuento del 28 de octubre confirmó la victoria del candidato de la extrema derecha en la carrera para presidir Brasil. El perfil ideológico de los primeros escogidos por Jair Bolsonaro confirma la preferencia del vencedor por los muy duros, aquellos que entienden que los males del país y la competencia de la izquierda solo pueden combatirse con puño de hierro, admiradores algunos del legado de la dictadura y de la política de los blancos a pesar de la realidad multicolor de la nación. Nada de cuanto lleva decidido Bolsonaro en su primera semana de presidente electo se separa un milímetro de tal desarrollo argumental mientras la izquierda se lame las heridas y advierte del peligro inminente que se cierne sobre el sistema de libertades.

Cabía esperar cuanto sucede a poco que se hubiese seguido la andadura de Bolsonaro, pero aun así alimenta la inquietud y vaticina un cambio radical que alcanzará a toda Latinoamérica porque cuenta el antiguo capitán con la bendición de Donald Trump, y de presidentes con tanta influencia en los medios como Mauricio Macri (Argetina), Sebastián Piñera (Brasil) e Iván Duque (Colombia), que se han apresurado a resaltar sus coincidencias con el presidente electo. Había en todo lo que difundió Bolsonaro a través de las redes sociales un toque inequívocamente autoritario, de político sin contemplaciones; lo hay ahora en sus primeras decisiones para formar un equipo de fieles adscritos a la mano dura que antes prefieren cometer errores por exceso que por defecto.

Paulo Guedes, el ministro de Economía in péctore, es un seguidor de la escuela de Chicago, que vivió en el Chile de Augusto Pinochet de los años ochenta y admiró la obra de los promotores de la hiperliberalización de la economía, un programa que saneó las cifras macroeconómicas, pero incrementó las desigualdades sociales. Sérgio Moro, el juez que desveló el caso Lava Jato, metió en la cárcel a Lula da Silva y persiguió con saña al Partido de los Trabajadores (PT), será el responsable de Justicia y Seguridad Pública al precio de poner en duda la independencia de sus juicios y su complicidad con el mundo conservador, obsesionado en erosionar el PT. Joao Campos será el próximo presidente de la Cámara de Diputados, impregnará su quehacer con el fundametalismo cristiano que exhiben las iglesias evangélicas –es pastor de una de ellas– y quién sabe si dará una base doctrinal al programa de control-acoso-represión de las minorías tantas veces enunciado por Bolsonaro.

Cualquier posible asomo de transversalidad debe descartarse. No hay en la voluntad de cuantos auparon al vencedor el más mínimo propósito de escuchar al segmento social que no lo votó o que prefirió quedarse en casa. Al igual que Trump hace dos años, el círculo de Bolsonaro interpreta el triunfo como un valor absoluto que lo legitima para tomar cualquier medida en cualquier momento. Ciertamente, no se trata de una forma de pensar ajena a la ambición misma de muchos gobernantes al alcanzar el poder, pero en el caso de Brasil, históricamente sometido a las lacras de la desigualdad extrema, al arraigo de la pobreza y a la doble pandemia de la inseguridad y de la corrupción, la aplicación de cualquier programa exento de matices está irremediablemente condenado a dejar un reguero de víctimas por el camino.

La sentencia de Tácito “el poder nunca es estable cuando es ilimitado” no forma parte del ideario bolsonariano, sino más bien la convicción de que la herencia recibida legitima la aplicación de soluciones extremas. La bolsa de Sao Paulo aplaude este principio, pero el mapa de carreteras que lleva al ganador hasta el palacio de Planalto atiende más a los efectos que a las causas de la crisis social brasileña. Y sin embargo, nada puede deslindarse de la pobreza visible por doquier; de las pretensiones de los grandes propietarios agrícolas, señores de un sistema productivo que cabe considerar indigno; de la codicia que amenaza la explotación de la Amazonia; de la dualidad sin límites de las comunidades urbanas (opulencia máxima y miseria absoluta separadas muchas veces solo por la anchura de una calle).

Nada en Brasil tiende al equilibrio y a la sostenibilidad. Quizá Lula logró materializarlos en parte durante algún tiempo, pero los poderes reales no dejaron nunca de manejar los resortes decisivos de la economía y de la política –dos caras de un mismo dios– y de aprovechar el clima de confusión creado por el caso Lava Jato y sus ramificaciones –Petrobras, un nido de corrupción– para neutralizar el auge del PT. Hoy eso se traduce en una economía emergente estancada por sus propios errores y por el desafío de Trump a la globalización, y por unas clases medias que han buscado el auxilio de un cirujano de hierro capaz de restaurar el orden –no se especifica cuál–, sin que importen mucho los métodos, el coste y la erosión del régimen de libertades.

De los discursos de Bolsonaro y de sus seguidores no se deriva preocupación alguna por la calidad de la democracia en el futuro ni por la posibilidad de cohesionar una sociedad dividida. Se ha impuesto la idea de Thomas Hobbes, quizá muy anterior a él, primum vivere, deinde philosophari, en su peor acepción, como si el riesgo inherente a situar a la extrema derecha en el puente de mando estuviese plenamente justificado vista la situación que hay que superar. Una reacción comprensible entre los electores que añoran los años de la dictadura o del tejemaneje de los gobiernos conservadores, pero no tanto entre el resto de los votantes de la mayoría que se decantó por Bolsonaro, ciudadanos instalados en un pragmatismo lleno de riesgos.

Así se ha concretado la supuesta disputa por el centro después de que los dos candidatos que concurrieron en la segunda vuelta lo hicieran en la primera sin hacer guiños a este espacio político templado, sino al extremismo. Con una ventaja manifiesta para Bolsonaro: él pudo comparecer como potencial reparador de la catástrofe nacional mientras Fernando Haddad apareció como el heredero de los desastres del pasado. Fuese o no cierto esto último, nunca logró convencer a los votantes centristas de lo contrario y solo consiguió movilizar el sufragio militante que, por lo demás, siempre vio en Haddad un sucedáneo de Lula, el gran ausente, el único al que las encuestas daban como posible ganador frente a Bolsonaro, convertido hoy en el triunfador que Donald Trump siempre deseó.

Daniel Ortega degenera el sandinismo

“El tiempo de Daniel Ortega ya se acabó”, opina el escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez. La nómina de muertos y heridos en las protestas de las últimas semanas confirma el agotamiento de la degeneración sandinista, su transformación en un modelo como tantos hay de caudillismo, olvidado para siempre el doble compromiso con la igualdad y la democracia. Si espuria y despreciable era la patulea de los Somoza, tanto o más lo es la caterva que jalea al presidente Ortega y a la esposa de este y vicepresidenta, Rosario Murillo, apodada La Chayo, tan alejados ambos en sus proclamas y ademanes de lo que en su día representó el Frente Sandinista.

Quienes dan por enterrada la izquierda transformadora latinoamericana o la dan por ensimismada y sumida en el descrédito –Venezuela– ven en la situación nicaragüense la prueba definitiva de que el continente ha entrado en un tiempo nuevo de perfil conservador. Quienes, por el contrario, ven en la reacción contra el sistema de cotización de la Seguridad Social una señal o indicio de vitalidad colectiva, creen que no todo está perdido siquiera sea por los abundantes ejemplos de desequilibrios sociales, pobreza y gobiernos sin rumbo que acumula el istmo centroamericano. A ambos bandos le asiste probablemente parte de razón y a cada lado de la divisoria el optimismo excesivo no está justificado.

Dice Sergio Ramírez que “han soltado a un genio maléfico de la botella”, y en esa imagen literaria  hay mucho de cierto y mucho de irremediable porque no hay forma de meter de nuevo al genio en su estrecha guarida. Todas las frustraciones causadas por un proyecto fallido de transformación social han llegado a la calle, y todos los vicios de un poder deslegitimado han llevado a Ortega a atrincherarse en el palacio de Gobierno, bendecido por el brazo conservador de la Iglesia, dirigido por el cardenal Miguel Obando Bravo hasta su fallecimiento el 3 de junio, por una parte de los empresarios y por un Ejército rendido a los privilegios oficiales y oficiosos de que disfruta.

La adulteración del sandinismo tiene rasgos y características del todo diferentes a la posible revolución conservadora que se expande por el universo latinoamericano. Mientras la idea dominante es que el ciclo reformista ha concluido como resultado de una reacción en las urnas contra los gobernantes de la última década por diversos motivos, la efervescencia en las calles de Nicaragua se asemeja bastante a un proceso insurreccional frente a un poder enquistado. Un establishment depredador y despegado de la realidad ha agavillado en un mismo bloque opositor a los sandinistas defraudados, a los liberales alarmados por el hundimiento de la economía, a los empresarios disconformes con la reforma de la Seguridad Social  y a los añorantes del somocismo, sean estos muchos o pocos, probablemente más lo segundo que lo primero.

La disposición del Gobierno de Ortega a aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y enjugar el déficit de 75 millones de dólares de la Seguridad Social, seguida de la marcha atrás del Ejecutivo cuando la calle ardió en llamas, subraya la aparente improvisación de unos dirigentes dispuestos a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Pero un veterano del sandinismo primigenio, Julio López Campos, sostiene que Ortega “está en su charco”, en su ambiente, en el terreno de juego que más conoce y domina: el del cuerpo a cuerpo. De forma que quizá la improvisación no sería tal, sino más bien una “estrategia del horror” (La Prensa) para vencer a una oposición extenuada por semanas de manifestaciones, algaradas y muerte.

La perpetuación en el poder de Ortega y su corte es, por lo demás, un síntoma de la debilidad extrema de las instituciones creadas para transitar de la tiranía a la democracia. Nadie supo prever, vencida la contra después de la expulsión de los Somoza, que otro Tirano Banderas –el gran esperpento de Ramón María del Valle-Inclán– surgiría de las filas del mismo movimiento que echó al dictador, a aquel Anastasio Somoza Debayle que compendió todas las maldades. Tampoco hubo quien vislumbrara detrás de la victoria guerrillera cuáles serían las consecuencias de la descomposición del bloque histórico en una sociedad empobrecida por sus gobernantes durante decenios, sometida a los dictados de un poder sin control y poco articulada más allá de la acción directa.

El reconocimiento o la sorpresa que causó en Bayardo Arce, uno de los comandantes de la guerrilla sandinista y hoy asesor de Ortega, la respuesta de los jóvenes contra la reforma de las cotizaciones de la Seguridad Social deja al descubierto el desconocimiento absoluto del Gobierno de hasta qué punto la ineficacia, la incuria y el compadreo permanentes pueden provocar un hartazgo irrefrenable. Los jóvenes que han ocupado la calle no conocen más autoridad que la de Ortega, carecen de otra referencia y están lejos de compartir la mitología sandinista que en un pasado a más de tres décadas de distancia movilizó a sus mayores.

La sociedad supuestamente postrada que parecía dispuesta a soportarlo todo con resignación es muy diferente de aquella otra que se sumó a la revolución, pero ha heredado su predisposición a dejarse oír cuando la situación es insostenible. La economía nicaragüense es la sexta de Centroamérica, el PIB supera ligeramente los 14.500 millones de dólares anuales y el PIB per cápita está algo por encima de los 2.000 dólares. Cifras modestas que son un reflejo del bloqueo de un sistema en el que el futuro no está razonablemente garantizado porque ser la sexta economía de una parte de América que convive con varias crisis al mismo tiempo –violencia, pobreza extrema, venalidad– es francamente desalentador. Basta comparar las cifras con las de Costa Rica, que multiplican por cuatro el PIB nacional de Nicaragua y por cuatro y medio el PIB per cápita, para comprender que se dan todos los ingredientes para el estallido social (el motivo es meramente accidental).

Después de cerca de 170 muertos, 57 días de protestas y un paro nacional muy violento el último jueves solo cabe dar la razón a Sergio Ramírez. Lo cual no significa que el régimen entenderá que ya pasó su hora, sino que, muy probablemente, tiene decidido prolongar su vigencia, su esperanza de vida, aunque desde fuera emita la imagen propia de un enfermo terminal. El gesto generoso de marcharse a casa y dejar que otros busquen una salida no forma parte de la tradición política ni en esta martirizada parte de América ni en ninguna otra región del mundo. Sería una sorpresa descomunal que Daniel Ortega renunciara a resistir para detener la carnicería.

Pedro Sánchez dirige la catarsis

Las contradicciones son uno de los motores de la historia y la suma de voluntades tan heterogéneas como las que han descabalgado al PP del Gobierno es la última prueba de que tal afirmación se ajusta a la realidad. Con independencia de la naturaleza del casus belli que desencadenó la moción de censura, la confluencia de intereses que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa debería mover a los populares a buscar una respuesta convincente a la pregunta formulada por el secretario general del PSOE durante el debate: ¿por qué nadie quiere ser compañero de viaje del PP en una situación de crisis extrema? Una respuesta que ineludiblemente debe incluir el reconocimiento de los errores cometidos –la pestilencia de la corrupción, en primer lugar– y la sensación de hartazgo a causa del precio social pagado por la salida de la crisis económica y no restituido a los millones de perjudicados.

La obstinación del PP en desentenderse de la primera de las sentencias del caso Gürtel, como si el partido pudiese salir indemne de los efectos políticos de su contenido, ha desencadenado un terremoto político sin precedentes que ha reunido a una veintena de partidos detrás del PSOE. Pero quizá sin el capital de espinosos asuntos pendientes acumulados por el Gobierno y el partido que lo sostenía, empezando por el damero territorial (Catalunya), el acopio de apoyos hubiese sido menor o menos virulento; acaso los síntomas de desgaste no hubiesen llevado a tan variopinto mosaico de opiniones a dar por bueno el final del Gobierno del PP y las contradicciones habrían impedido tal desenlace. Tampoco es seguro que Ciudadanos se hubiese lanzado a la piscina sin comprobar antes si estaba llena o no si la reacción del PP, conocida la sentencia, hubiese sido otra, por ejemplo mediante la dimisión de Mariano Rajoy.

Lo cierto es que el PP no recurrió a ninguno de los resortes defensivos hipotéticamente eficaces para contrarrestar o asumir la sentencia como problema propio. No recurrir a la moción de censura en tal situación habría sido poco menos que poner sordina a la estridencia del fallo, encubrir su alcance y transmitir la imagen de que los políticos profesionales se afanaban en proteger un particular corralito de intereses y complicidades cruzadas. Era necesario un ejercicio de ventilación democrática del Parlamento y de exigencia de responsabilidades para evitar la deshonra del encubrimiento por inacción, para neutralizar la sensación de que entre ellos –los integrantes del establishment político– todo pasteleo es posible.

Cuantos se rasgan las vestiduras hoy en razón de la formación de un Gobierno sostenido por un partido que no ganó las elecciones callan siempre que en las legislativas no se vota al presidente del Gobierno, sino antes bien a un partido, y que salvo en los casos de mayoría absoluta, la formación de mayorías parlamentarias no tiene por qué atender al principio de que el partido más votado es aquel que debe encabezar el Ejecutivo. Quienes desde la tribuna del Congreso, en las tertulias organizadas por RTVE y en otros barrios sostuvieron y sostienen que los españoles quisieron en 2016 que el PP fuese el partido más votado, como si tal cosa impidiera gobernar al PSOE, habrían de repasar en algún manual los fundamentos de la democracia parlamentaria, tan sencillos y convenientes: quien arma una mayoría tiene derecho a gobernar, a intentarlo al menos, sin asomo de duda democrática.

De igual manera, cuantos defienden que la única salida honorable era convocar elecciones se escudan con frecuencia en el perfil de fracasado en las urnas y conflictivo en su partido que acompaña a Pedro Sánchez. Al adentrarse por este sendero, olvidan que el interesado ha dado muestras de una capacidad de supervivencia política fuera de toda duda, de tal manera que aquel que dejó el acta de diputado para no verse obligado a abstenerse en la última investidura de Mariano Rajoy, ganó unas primarias en el PSOE con el aparato en contra y ha regresado al Congreso para sentarse en el banco azul después de concertar por lo menos una vez una mayoría ad hoc multicolor. Ciertamente, la legislatura está a un paso del agotamiento, pero las prisas de Ciudadanos por acudir a las urnas, espoleado por las encuestas y envuelto en la bandera de un nacionalismo a la antigua usanza, ha condenado al partido a sostener un discurso identitario tan perturbador como muchos de los oídos en Catalunya al socaire del procés.

Para el otro partido de la derecha española, la tensión territorial es el resorte que pone en marcha el taxímetro de los votos. En consecuencia, toda aproximación política al problema catalán es una malísima noticia, porque corre el riesgo de que a medio plazo dé resultado, se concrete en alguna forma de pacto que deje el discurso de Albert Rivera sin acomodo, fuera de la realidad, con menos público del que ahora tiene. La aplicación del artículo 155 y su propuesta de mantenerlo después de la formación de un Govern viable ha tenido tal rentabilidad en las encuestas que cualquier cambio en la gestión de la crisis catalana, por pequeño que sea, puede dañar sus expectativas.

La coalición en minoría y de facto entre el PSOE y Podemos ha roto el esquema de Ciudadanos sin que, por lo demás, quepa deducir del discurso de Pablo Iglesias y del abrazo final con Sánchez la consistencia de tal alianza. Este Podemos del jueves y del viernes es bastante diferente de aquel otro que hablaba de la casta, del que se opuso a un Gobierno en minoría de los socialistas con Ciudadanos y del que presentó una moción de censura hace un año. La complejidad de la política y la arriesgada apuesta de estos días han llevado al partido a moderar el discurso radical y el programa máximo con dosis de realismo –comerse el presupuesto con patatas, dijo Iglesias–, con la necesidad de lograr que encajen todas las piezas en una organización que está lejos de ser un partido homogéneo. Pero, al mismo tiempo, la certidumbre que tiene Podemos de que uno de los caladeros en los debe pescar es en el de los votantes socialistas obliga a preguntarse cuánta vida útil puede tener su entendimiento o colaboración con el PSOE.

El sistema político español explora así en terreno desconocido y se suma a otros experimentos en curso en Europa obligados por la fragmentación electoral, la existencia de parlamentos sin mayorías claras, el desafío populista y la extrema derecha renacida. Por primera vez en 40 años ocupará el Gobierno un partido en manifiesta minoría, con una mesa del Congreso controlada por sus adversarios y con mayoría absoluta de estos en el Senado. Será el PSOE un partido empeñado en un proyecto de regeneración del Estado y de sus instituciones, pero obligado a gestionar una geometría variable llena de aristas, con su propio lastre de juicios en los que deben sustanciarse presuntos casos de corrupción. Nada será fácil en esa catarsis que desembocará en unas elecciones anticipadas aún sin fecha y de resultado imprevisible porque Sánchez se ha convertido en un líder visible.

Facebook pone en evidencia la red

El escándalo en el que se ven envueltas la red social Facebook y la empresa británica Cambridge Analytica confirma la muy difundida sospecha de que las grandes compañías que operan en internet –al menos algunas de ellas– utilizan de forma indiscriminada y voraz los datos de los usuarios, sin estar sujetos a ningún control efectivo, una competencia de los estados, obligados a salvaguardar la vida privada de los ciudadanos. El manejo espurio de 50 millones de perfiles para contaminar la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos –Donald Trump, el presunto beneficiado–, la facilidad para asentar y difundir noticias falsas ante la pasividad de los gestores de las redes sociales y otras lacras relacionadas con la omnipresencia de tales herramientas para distorsionar el juego político dejan indefensa a la opinión pública de los países democráticos. Sometida a un bombardeo de informaciones fragmentadas, imprecisas, de azarosa paternidad o difícilmente comprobable, los ciudadanos carecen de mecanismos de neutralización eficaces y los poderes públicos dan la impresión de estar faltos de útiles a la altura del desafío.

Al mismo tiempo que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se remite con frecuencia a su propósito de crear no solo una empresa, sino de “construir algo que realmente genere un gran cambio en el mundo” –la naturaleza del cambio no se especifica o precisa–, una comitiva de censores se ocupa de velar por el cumplimiento de normas de un puritanismo ridículo y ágrafo –la censura durante un rato de los senos de la Libertad en el famoso cuadro de Delacroix, el último caso–, como si la herencia de las Luces resultara demasiado atrevida para las epidermis sensibles del siglo XXI. Mientras los afiliados a Facebook, un ejército desarmado de decenas de millones de personas, entran en el universo comunicativo diseñado por el joven Zuckenberg, este difunde sorprendentes ideas personales como esta: “La pregunta no es qué queremos saber de la gente, sino qué quieren saber las personas de ellas mismas”. Un eslogan simplista salvo que los usuarios de Facebook, al entrar en la aplicación, acometan sin saberlo la improbable empresa de sustituir el diván del doctor Freud por otra cosa no especificada o identificada.

Todo resulta ser francamente preocupante. Las invocaciones del gran hermano pueden parecer desenfocadas, fruto de espíritus alarmados y propensos a la exageración, pero quizá no lo sean tanto. Un análisis transversal del funcionamiento de las redes sociales –un negocio, al fin– presenta tantas sombras que es una urgencia manifiesta someterlas a las reglas de los estados democráticos para preservar la autonomía de los individuos y fijar pautas precisas que garanticen la confidencialidad de la información personal en poder de Facebook y de otras marcas. Reconocer los errores cometidos, como ha hecho Zuckerberg –¡qué remedio!– no mengua en nada los efectos de la más que probable manipulación de la opinión pública durante la campaña electoral de Estados Unidos en 2016; sus disculpas para nada sirven más de un año después de cerrarse las urnas y entregar la Casa Blanca a Trump.

El castigo de los inversores a Facebook, con una pérdida del valor en la bolsa por encima del 10%, es un acto reflejo del mundo financiero que no suaviza en absoluto la necesidad perentoria de que los estados pongan manos a la obra para cambiar la situación. No es suficiente que los gobiernos se doten de instrumentos para evitar en lo posible los ciberataques e identificar a sus promotores, es preciso también que las grandes marcas en el universo de las nuevas tecnologías se atengan a un código ético y a unas obligaciones sin los que la libertad en las redes sociales, en las plataformas de compra on line y en otros ámbitos de la revolución digital es solo una fachada utilizada por unos pocos para acumular mayores cuotas de poder a través de la información. Que Paul Grewal, asesor general adjunto de Facebook, declare que la compañía se ha comprometido a reforzar sus políticas “para proteger la información de la gente” apenas es un consuelo si los mecanismos de protección son solo internos y no los guía una norma externa dictada por las instituciones políticas que ostentan la representación de los ciudadanos. En este caso, la autorregulación de las empresas no es una cualidad, sino una muestra de debilidad de los estados.

La mutación cultural producida por internet y el enaltecimiento constante de sus insignes promotores ha cambiado de tal manera las relaciones de poder y la capacidad de influir en la opinión pública que es imposible toda comparación con el pasado. Frente a la creencia clásica de que los periódicos, primero, y más tarde la radio y la televisión eran resortes de poder –del cuarto poder se hablaba y aún se habla con suspiros de nostalgia–, asoma una nueva realidad: la red es fuente de poder, de un poder de facto alentado, servido y alimentado por los foros sociales mediante el intercambio incesante de informaciones personales y datos genéricos, mediante el cruce de perfiles a todas horas, las técnicas del big data y otras especialidades recién nacidas.

“La transformación de la comunicación ha ampliado las posibilidades de acción autónoma de los movimientos sociales, los sujetos de la transformación social”, afirma Manuel Castells en un largo artículo escrito en 2011. Ciertamente, las experiencias de aquel momento en los países árabes (las primaveras), Grecia, España, Italia, Estados Unidos y otros lugares permitían llegar a esta conclusión optimista. Hoy hay espacio para la duda, al menos para admitir la posibilidad de que es tan factible fortalecer los movimientos sociales mediante un uso inteligente y libérrimo de la red, como neutralizarlos o condicionarlos a través del mismo instrumento. De ahí que el diario liberal estadounidense The Washington Post resuma el desafío planteado con un enunciado tan simple como preciso: “Necesitamos abordar los conflictos entre el interés público y de qué forma las compañías de medios sociales obtienen sus ganancias”.

Es impensable que en sistemas políticos como el chino y el ruso, en las antípodas de la tradición liberal, el manejo de la red por las instituciones obedezca a parámetros liberales. Pero tal obviedad no debe ocultar esa otra: en los países occidentales, la acumulación de perfiles –millones, cientos de millones– constituye un capital político y de poder de primer orden en manos privadas que nada tiene que ver con la libre ejecutoria de cada uno de nosotros cada vez que se conecta a la red. Si en vez de tratarse del estatus del que disfrutan los grandes operadores se tratara de un edificio con problemas estructurales, se diría que hace falta sanearlo para mejorar la seguridad de quienes lo habitan. Y ese es también el caso de la red global.

 

Todo el poder para Xi Jinping

La equiparación de Xi Jinping a Mao Zedong y a Deng Xiaoping como referente ideológico absoluto del régimen chino ha puesto en manos del presidente una acumulación de poder del que carecieron sus antecesores, ha cercenado las aspiraciones de quienes podían ansiar sucederle en el 2022 y da pie a toda clase de especulaciones acerca de su propósito de seguir en el poder más allá de este año. Contra lo que se ha convertido en un hábito en la China del capitalismo tutelado por el partido, la limitación a dos mandatos de cinco años del presidente es ahora una incógnita, la edad de los cinco nuevos miembros del comité permanente de siete del Partido Comunista Chino (PCCh) –tienen todos más de 60 años, los inhabilita para la sucesión– no incluye ningún tapado y es imposible saber si entre los jóvenes del politburó lo hay. Como ha titulado un artículo Chris Patten, último gobernador británico de Hong Kong, Xi es en muchos sentidos el nuevo emperador chino.

¿Cómo es posible tal entronización, acompañada del inevitable culto a la personalidad? Un largo análisis publicado por Foreign Policy subraya la preocupación de Xi por combatir a sus adversarios antes de 2012, cuando alcanzó la presidencia. Urgido por el descontento social a causa de la corrupción, el contagio momentáneo de las primaveras árabes y algunas señales de agotamiento del modelo de crecimiento, el futuro presidente se desembarazó de sus competidores o de quienes podían limitar su poder en el seno del PCCh, algo que no estuvieron en situación de hacerlo sus predecesores, Hu Jintao y Jiang Zemin. La purga de Bo Xilai, cabeza de una tupida red de corrupción fue, en este sentido, un episodio determinante para que Xi llegara a la cima sin grandes contrincantes que pudieran discutirle su autoridad.

Claro que tal acumulación de poder es “una espada de doble filo” (Patten), aunque las imágenes del 19 congreso del PCCh, rendidos los delegados ante las proclamas de Xi, pueden inducir a pensar justo lo contrario. Y lo es porque la concentración de competencias entraña una contrapartida no escrita: sus adversarios actuales o futuros descargarán sobre el presidente toda la responsabilidad política si se tuercen las cosas. Una posibilidad que en absoluto debe descartarse habida cuenta de los desafíos que deberá afrontar durante los próximos cinco años en tres frentes: el asentamiento de China como potencia global en todos los ámbitos, no solo en el económico, la atenuación de las desigualdades sociales, siempre en aumento, y la corrección que los efectos del desarrollo a toda máquina ha tenido en el medio ambiente (contaminación de las aguas y del aire en las grandes ciudades, destrucción de cultivos, crecimiento desordenado de las periferias urbanas, etcétera).

Se dice que su gran aliado para vender ante el mundo la consistencia del modelo de “socialismo con características chinas” es Donald Trump, ensimismado por una política errática, empeñado en liquidar cuanto hizo su antecesor en el plano internacional y en promover un modelo de crecimiento económico del todo permisivo con las agresiones al medio natural. Pero esa hipótesis de trabajo –la involuntaria complicidad de Trump en la consagración de Xi como líder mundial con inquietudes sociales– no es mucho más que una posibilidad basada en datos aislados, imprecisos las más de las veces. Hay otros muchos, desde la crisis desencadena por Corea del Norte con su programa nuclear hasta las reivindicaciones chinas en el Pacífico occidental que pueden otorgar a Trump en algún momento el inesperado perfil de renovado protector de los intereses de terceros desde Corea del Sur a Filipinas.

Pesa sobre China y su éxito económico del último cuarto de siglo la desconfianza de sus vecinos, persuadidos de que su papel hegemónico en Asia tiene el perfil de la amenaza o la presión a largo plazo, algo que favorece a Trump y perjudica a Xi. La concentración de poder, que desentierra el modelo de dictadura leninista como característica esencial del régimen chino, y el presupuesto de Defensa alarman a países esenciales en el dispositivo de seguridad de Estados Unidos, caso de Japón. Nadie es capaz de vaticinar, por lo demás, cuál es el verdadero significado de la etiqueta “socialismo con características chinas” mientras crecen las desigualdades y los inversores extranjeros se pregunta cada vez con más frecuencias qué riesgos correrá el modelo a poco que el ciclo económico le sea adverso.

Un dato no desmentido es que con un aumento del PIB por debajo del 7% anual –una barbaridad–, la maquinaria económica china es incapaz de absorber los 15 millones de habitantes del campo que cada año se trasladan a las grandes ciudades (cifras de 2011). La decisión del partido de legitimar el enriquecimiento, mantenerse nominalmente como comunista, pero comportarse como un conglomerado nacionalista, y aceptar el papel de gran fábrica del mundo ha permitido hasta la fecha que la nueva China mantenga un crecimiento sostenido sin tensiones inflacionistas, pero la pretensión de que aumente el consumo interno y de que se acorte algo la distancia entre los muy ricos y los rematadamente pobres –una multitud inconmensurable– puede desajustar el engranaje. De hecho, son varios los economistas que afirman que el modelo solo es viable en sus características actuales con una mano de obra extremadamente barata y sin amortiguadores asistenciales (las prestaciones sociales habituales en el Estado del bienestar).

Que esto preocupara poco a los inversores y consumidores occidentales hasta hace unos pocos años no quiere decir que hoy pueda soslayarlo Xi como un molesto dato marginal. Si hasta hace unos pocos años nadie aplicaba a China la convicción de John Mearsheimer de que las superpotencias buscan constantemente “demostrar su fuerza ante sus rivales más allá de sus esferas de influencia”, hoy precisa Xi hacerlo para acallar a cuantos más o menos quedamente, en nombre de la naturaleza nacionalista del partido, exigen una política de mantequilla y cañones. Y en ambos frentes debe actuar Xi para que los destellos del poder absoluto no se conviertan en una cortante espada de doble filo, tan monolíticamente compleja y opaca la estructura del poder en China como un jeroglífico demasiadas veces indescifrable.

 

El ‘caso Villar’, otro síntoma

La lógica de las finanzas globales se adueñó del deporte de élite hace mucho tiempo. El caso de Ángel María Villar, su hijo Gorka, un vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y un ejecutivo de la federación canaria se enmarca en esa nuevo ámbito de actividad, o quizá no tan nuevo, en el que los asientos contables van por un lado y la realidad marcha por otro. Las cifras mareantes del deporte profesional, manejadas por gestores sometidos a controles poco contundentes, cuando los hay, hace posible que cada día sean más las áreas ensombrecidas por comisiones, contratos, prácticas dudosas y coleccionistas de estrellas dispuestos a destinar una ínfima parte de sus ingentes patrimonios para darse caprichos que rara vez no son de ocho cifras.
A todo esto, la televisión de pago ha abierto un nuevo frente en el que las federaciones, los clubes, los intermediarios, los organizadores de eventos y una legión de ejecutantes disponen de una fuente espectacular de ingresos. Por no hablar de los contratos de imagen de las grandes estrellas, con manifiesta propensión a cobijar sus cuentas corrientes en paraísos fiscales. Nada de lo desvelado estos días en el caso Villar escapa a este marco de referencia que envenena el espectáculo con dosis cada vez mayores de sospecha, de que algo profundamente insano mina el deporte de masas.
Después de los escándalos de la FIFA y de la UEFA, de la sorprendente elección de Catar para albergar el Mundial de Fútbol de 2022, del procesamiento de Sandro Rosell, del rompecabezas del fichaje de Neymar y de otros casos menores, pero no menos sintomáticos, el abrupto final del ciclo Villar –29 años en la presidencia– no hace más que subrayar la existencia de una trama de intereses, amiguismo y probables complicidades familiares que escapa a todo control hasta que un día interviene un juez. El economista José María Gay de Liébana insiste en cuanto tiene ocasión en la mala gestión económica de los clubs de fútbol españoles que disputan las ligas de Primera y de Segunda, la mayoría de ellos sociedades anónimas en situación delicada o en manos de empresarios geográficamente muy alejados de las pasiones que desata la competición. Y muchas de las cosas que suceden todos los días en los despachos tienen la apariencia de juegos de manos que se empeñan en dar la razón a Gay de Liébana.
Cuando aparece el propietario de un club dispuesto a pagar 80 millones de euros por Álvaro Morata, suplemente en el Real Madrid y en la selección española, no es que se distorsione el mercado, es que se esfuma en manos de un millonario ruso para quien desprenderse de tal cantidad no plantea mayores problemas, según se desprende de la cuantiosa operación. Cuando Cristiano Ronaldo se siente profundamente ofendido por habérsele reclamado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el país en el que se ha hecho millonario, es mayúscula la sorpresa para el resto de contribuyentes, modestos o no, que se personan todos los años en la ventanilla de Hacienda. Cuando por una localidad en la final de la última Champions se paga algún millar de euros, el disparate se consuma y todas las sospechas están fundamentadas. Cuando unos pocos futbolistas valen lo mismo para enardecer a multitudes que para anunciar cualquier cosa a cambio de contratos de imagen astronómicos, lo menos que puede decirse es que el río se ha salido de madre y lo de Villar y asociados está en consonancia con la incontrolada circulación de dinero que encubre un deporte cuya belleza e importancia social están sobradamente probadas.
“Pronto aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde se espera que venga. Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser siempre lo que se dice derecha”, escribió el nobel Albert Camus, un apasionado del deporte, en el artículo Lo que le debo al fútbol. Pier Paolo Pasolini vio en el fútbol un sistema de signos, un lenguaje, un mecanismo de comunicación. Manuel Vázquez Montalbán, entre la política y la ironía, describió el Barça como “el ejército desarmado de Catalunya”. Y Eduardo Galeano colgaba un letrerito a la puerta de su casa, “Cerrado por fútbol”, en cuanto empezaba un Mundial. Hoy muchos domicilios cierran por fútbol con frecuencia, pero el fútbol como valiosa herramienta de socialización corre riesgos ciertos de mutar en algo ajeno al deporte o disfrazado de deporte.
A decir verdad, la desnaturalización o falseamiento o adulteración del deporte, siquiera sea financiera, no es solo un peligro para el fútbol. En torno a otras especialidades o acontecimientos –el boxeo, el baloncesto y el fútbol americano en Estados Unidos, los Juegos Olímpicos, un espectáculo multideportivo de alcance universal– los desafíos no son menores. Hace unas fechas, Juan Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente del COI, explicó la procedencia de los ingresos de la organización y el destino de los mismos: todo perfectamente comprensible, pero evidentemente complicado por una red capilar de supervisión inevitablemente intrincada que se extiende por medios sociales, políticos y culturales muy diferentes, con un muy desigual sentido del rigor y la utilidad pública. Otras veces, por algún motivo especial, entidades gestores del deporte a gran escala han hecho lo mismo que Samaranch, pero siempre ha quedado en el aire la sombra de la duda sobre hasta qué punto lo que figura en los papeles se corresponde con la verdad o, por el contrario, siempre hay resquicios para que circule el dinero extraoficial, poco o mucho, al apagarse los focos.
¿Es posible afirmar que hay demasiado dinero en juego para que todo sea transparente y cristalino? ¿El deporte que moviliza multitudes solo puede funcionar con algún sistema paralelo de ganancias y prebendas? Volvamos a Camus: “Después de muchos años en los que el mundo me ha procurado variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Lo que aprendí con el RUA –su club–, no puede morir. Preservémoslo. Preservemos esta gran y digna imagen de nuestra juventud. También os vigilará a vosotros”. Sería reconfortante que el párrafo siguiera teniendo sentido.

Fillon consolida a Le Pen

El despacho del Eliseo se aleja de François Fillon en la medida en que se concreta la sospecha sobre la opacidad de los ingresos de Penelope, su esposa, y, por esta razón, se pone en duda la probidad de quien el electorado conservador francés convirtió hace unos días en el candidato de Los Republicanos (LR) a la presidencia de Francia. La portada de esta semana de la revista satírica Le Canard Enchaîné pone en la picota a un político que ha hecho de la honradez, algo por lo demás exigible a cualquier cargo público, su primera seña de identidad, porque si su pareja ingresó hasta 600.000 euros como ayudante suya y asesora literaria de La Revue de Deux Monde, tal seña de identidad se desvanecerá, se disolverá en la maraña electoral de una derecha irreconocible, heredera del poder fraguado por el general Charles de Gaulle, pero solo nominalmente depositaria de sus inquietudes.

En ningún lugar está escrito que Penelope no puede ser la asistente parlamentaria de François, el problema es que no frecuentó el Parlamento ni mucho ni poco, no se la vio por allí. Tampoco está prohibido que la esposa de un primer ministro o de un diputado haga carrera literaria, el problema es que su compromiso con las letras no fue más allá de dos o tres críticas, según se dice. Más parece que estos empleos fueron generosamente remunerados a cambio de nada, algo que tendría una importancia relativa, más allá de los precios político y judicial que debieran pagar los interesados, si no acechase entre cajas la amenaza de la extrema derecha –Marine Le Pen, cada día más crecida–, si no anduviesen los socialistas enfrascados en una competición interna sin esperanza, condenados según todas las encuestas a no pasar a la segunda vuelta. Los presuntos enjuagues de François y Penelope tendrían efectos menos dañinos si todo pudiese cerrarse con una crisis familiar, transmutada quizá en crisis de partido, de este LR de ideología difusa, pero cuando está en juego la suerte de los valores republicanos y el papel de Francia en Europa, saltan las alarmas.

Cada vez que surge un caso Fillon con nombres, apellidos e intereses reconocibles, se acrecienta “el profundo desprestigio de las élites y las instituciones democráticas y la generalizada rebelión antisistema”, en palabras del escritor Javier Cercas en el Parlamento Europeo el 7 de diciembre. En el seno de sociedades en crisis o que temen el futuro, en sociedades con cierta tendencia depresiva o faltas de acción, el grand ennui (aburrimiento), identificado por George Steiner en el siglo siguiente al final de las guerras napoleónicas, adquiere rasgos indescifrables, se transforma en algo más que la mera inacción. Cualquier botarate con ganas de jarana, recursos económicos e intuición suficiente para hipnotizar a una multitud desencantada puede ser un líder con futuro.

La desconfianza se ha instalado en los espíritus. En un régimen de opinión pública como el francés, adobado con un sentimiento nacional o nacionalista muy arraigado, los presuntos disparates cometidos por la familia Fillon es maná del cielo para la extrema derecha, pues es el candidato de LR quien parecía señalado para pararle los pies en la segunda vuelta. Bien es verdad que mediante un programa tan cercano al del Frente Nacional, el partido ultra de Le Pen, que apenas se distingue de él en asuntos cruciales de nuestro tiempo: la gestión de la inmigración, la nación como entidad competidora de Europa y cuanto de ello se deriva. ¿Cuántos potenciales electores del presidenciable Fillon pueden entender que la imitación es peor que el original y prefieren sumar su voto a la causa de Marine Le Pen?

El momento es sustancialmente diferente al del 2002, cuando Jean-Marie Le Pen cerró el paso a Lionel Jospin y disputó la elección a Jacques Chirac. Entonces, la movilización de la izquierda en las urnas con la pinza en la nariz en apoyo de Chirac impidió que el líder de la ultraderecha tuviera la más remota posibilidad de salir elegido; hoy el socialismo lame las heridas de su prolongada desorientación frente a los efectos de la crisis y se ejercita en una división estéril, mientras diferentes movimientos alternativos dan más sensación de entusiasmo que de organización y disciplina para contener el asalto al Eliseo de una facción retrógrada y sectaria. Como ha escrito Jean Daniel, la izquierda se siente huérfana a pesar de todo a causa de la crisis socialista y es difícil imaginar a alguno de sus líderes en disposición de levantar un cortafuegos que cierre el paso a la extrema derecha para entregar el poder a un líder conservador, sea este Fillon o quien le sustituya si el elegido en las primarias hace mutis por el foro a raíz del escándalo.

La desnaturalización de la izquierda mediante sucesivas disputas ideológicas, fracturas y desaciertos anduvo paralela hasta la fecha a la desfiguración del conservadurismo a través de una cadena de refundaciones, uniones y cambios de nombre que han dejado sin respuesta una pregunta esencial de los electores: ¿a quién apoyo con mi voto, cuál es su programa? La extrema derecha ha logrado, en cambio, que sus partidarios, siempre en aumento, apenas se formulen la misma pregunta o sientan la misma inquietud: la simplificación de la política y el resumen del programa en eslóganes genéricos ha sido de una pasmosa eficacia.

Nadie pone hoy en duda que nada podía reforzar más y mejor la estrategia electoral de Marine Le Pen que el Penelopegate. Incluso en el improbable caso de que los Fillon crean probar que nada de lo publicado es cierto, no desaparecerá la sombra de la duda –hay testimonios concluyentes de habituales en la Asamblea Nacional que dicen no haber visto nunca a la esposa de Fillon en el edificio– y nada podrá evitar que el hartazgo de muchos contribuyentes engorde el zurrón de votos de la candidata ultra. Ni siquiera la retirada de François Fillon y un nuevo proceso de primarias en Los Republicanos neutralizará la inercia del momento: el deslizamiento hacia el Frente Nacional de muchos votantes conservadores que se daban por satisfechos con el exprimer ministro, pero que hoy se sienten estafados.

A cada episodio que daña la imagen colectiva del establishment político europeo mayor es la tendencia de los ciudadanos a incluir a sus integrantes en la categoría de sospechosos habituales. Cada venalidad conocida resta credibilidad a las instituciones y daña la honorabilidad de sus miembros, el escepticismo pasa a ser la ideología más frecuente o, en su defecto, la de quienes recurren a las emociones primarias o a los prejuicios para sumar adeptos a su causa. Así está hoy Francia a cuatro meses de la primera vuelta de la elección presidencial, con el presidente François Hollande sumido en una impopularidad sin precedentes, con el Partido Socialista condenado a la derrota y con los conservadores clásicos apabullados por la desmoralización. Nunca antes Marine Le Pen fue una candidata tan sólida.

 

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?