Hollande, una vida poco privada

El descubrimiento de la relación secreta del presidente de Francia, François Hollande, con la actriz Julie Gayet induce a reflexionar una vez más acerca de cuáles son los límites de la vida privada y en qué condiciones debe quedar a salvo cuando al menos uno de los implicados tiene una proyección pública evidente. En el análisis de lo que hoy sucede en Francia vuelve a plantearse el asunto central de la suplantación o enturbiamiento de las cuestiones de Estado a causa de una relación amorosa, vuelven a abordarse las posibles consecuencias en el plano de la seguridad y, al mismo tiempo, se alienta la discusión sobre el derecho de los ciudadanos a estar informados, el de los cargos públicos a preservar su intimidad de los curiosos y el de los medios de comunicación a informar verazmente de cuanto sucede. Lo singular en el affaire Hollande-Gayet es que la opinión pública asumió desde hace mucho que no cabe poner en discusión la separación tajante entre vida pública y privada, fruto de una larga tradición que considera los secretos de alcoba y las relaciones sentimentales asuntos estrictamente personales.

Otra cosa es que Closer, la publicación que dio la noticia, haga el negocio de su vida –ha pasado de una venta media de 330.000 ejemplares a otra de 550.000 y sus ingresos en una semana han aumentado en 300.000 euros– y que, como dice el sociólogo Jean-Claude Kaufmann, “la curiosidad de la gente sea insaciable”. Pero los curiosos sin freno debieron sentirse francamente decepcionados el martes con la conferencia de prensa de Hollande, que remitió los asuntos privados a una gestión privada. Una cosa es que una parte no menor de los consumidores de información lo quieran saber todo “de François y Julie”, como dice Kaufmann, y otra bien distinta, que deban poner su vida íntima en el escaparate y que su relación afecte al futuro político del presidente, en horas bajas, pero espoleado por la complejidad del momento, como lo resume un comentarista del diario Le Monde: “Como si la adversidad, tanto política como personal, fuera para él el mejor carburante de la serenidad”.

Anne-Aymone y Valéry Giscard d’Estaing, cuando este era presidente de Francia.

Es inconcebible una reacción similar en el mundo anglosajón, y singularmente en Estados Unidos, cuyo ADN político exige del presidente un comportamiento ejemplar en todos los ámbitos. Eso excluye el recurso a la mentira para preservar los ámbitos más íntimos de la vida personal –recuérdese el caso Clinton-Lewinsky–, quizá porque la moral puritana que los pioneros llevaron a Nueva Inglaterra sigue siendo una seña de identidad del estadounidense medio. Desde luego, pocos son los periodistas de Estados Unidos dispuestos a admitir el recurso a la mentira como una opción comprensible o al menos explicable para defender la intimidad en según qué casos, como hace la periodista Nathalie Rheims en el semanario Le Point. Bien es verdad que en los días de John F. Kennedy, la prensa mejor informada eludió discretamente las alusiones a los devaneos amorosos del presidente y en especial su relación con Marylin Monroe, pero debe entenderse que se trató de una excepción.

Danielle Mitterrand (izquierda), con sus dos hijos, y Anne Pingeot (con sombrero negro) y su hija Mazarine, en el entierro de François Mitterrand.

La prueba más fehaciente de la distancia que separa el tratamiento anglosajón y francés de asuntos tan particulares es el comentario deslizado por un editorialista del semanario conservador estadounidense Time: “Estos días se ha escuchado tanto la expresión vida privada que se podría añadir al tríptico libertad, igualdad, fraternidad”. Hay en la frase un punto de ironía y otro de exageración, pero no deja de reflejar una realidad que se concreta en las biografías no políticas de los últimos cuatro presidentes que ha tenido Francia. A Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) el semanario satírico Le Carnard Enchaîné le llegó a llamar Valéry la Nuit, un mote tan elocuente que hace innecesario añadido alguno. François Mitterrand (1981-1995) vivió una doble vida familiar con Danielle, su esposa, y con Anne Pingeot, con quien tuvo una hija, Mazarine, cuya existencia se desveló en 1994. De la vida galante de Jacques Chirac (1995-2007), París se hizo lenguas desde sus días de joven y prometedor ministro. Nicolas Sarkozy (2007-2012) se divorció de Cécilia cuando ya mantenía una relación amorosa con Carla Bruni. En cuanto a François Hollande, presidente desde mayo del 2012, las complicaciones de su vida afectiva antes y después de separarse de Ségolène Royal y de unirse a la periodista Valérie Trierweiler forman parte ahora mismo de la crónica política y del papel cuché.

Los dos hijos del primer matrimonio de Nicolas Sarkozy, en los extremos izquierdo y derecho, Cécilia Sarkozy, sus dos hijas y su hijo llegan al palacio del Eliseo el día de la toma de posesión del presidente.

Ni siquiera la promesa hecha por el candidato Hollande en el debate televisado con Sarkozy, el 2 de mayo del 2012 –“en tanto que presidente, haré que mi comportamiento sea ejemplar en todo momento”–, parece dañar el modelo francés de respeto a la vida privada. La exigencia de ejemplaridad empieza y acaba en el cometido político para el que el presidente es elegido, y cuanto queda fuera del campo estrictamente institucional, no parece formar parte del balance de las actuaciones llevadas a cabo por el personaje. Así se comprende que con ocasión de la campaña que precedió a la reelección de Mitterrand, con un currículo amoroso ciertamente variado, a nadie sorprendiera el éxito de la llamada tontonmanía –de tonton, familiarmente tío en francés– ni se viese en Francia contradicción alguna entre la imagen pública del presidente que se proyectaba en ella y las abruptas complejidades de su vida privada. “Se puede ser el tío más veterano de la familia y, al mismo tiempo, tener una vida activa con iniciativa”, manifestó uno de los autores de la campaña, y no hay duda de que Mitterrand tenía una vida activa en todos los sentidos o al menos esta era la especie que circulaba.

La herencia de Mitterrand, que hoy se menciona a todas horas, tuvo su momento de consagración en su funeral, al coincidir en él las dos familias. “El reconocimiento público, que no jurídico, de su hija, y sobre todo la presencia de la amante el día del entierro oficial al lado de la esposa legítima demostraron que la frontera entre la vida pública y la vida privada era porosa”, sostiene el sociólogo François de Singly. Al otro lado del Atlántico, tal porosidad no se concibe más que como una adulteración del papel confiado al presidente, del que se espera que sea ejemplo de conducta pública y privada. Y esta exigencia se remonta a periodos cruciales de la historia del país: en los años que siguieron al asesinato de Abraham Lincoln, arraigó en muchos la convicción de que el presidente nunca había mentido ni como abogado ni como político, algo que hoy se antoja sorprendente.

Valérie Trierweiler y François Hollande poco después de la llegada de este al Eliseo.

¿Qué papel desempeñan los medios en este entramado? Jean-Claude Kaufman se acoge a la idea de que Occidente entró hace 50 años en “la era del individuo, dueño de su vida privada”, lo que implica aceptar una separación radical entre la vida pública y la privada. Nathalie Rheims entiende, en cambio, que, en la era de internet, “no hay sitio para lo íntimo, todo se ha convertido en éxtimo”, un palabro con el que quiere significar que todo es público en el imperio de la red. Si al primero se atiende, tendrían poca justificación ética las porfías de Closer y del paparazzo a quien compró las fotos de las escapadas de Hollande por 30.000 euros, según versión publicada por el diario conservador Le Figaro. Si se presta oídos a la segunda, no hay en la existencia de Hollande espacio para la vida privada en tanto sea presidente de Francia y aun después, y en igual situación se encuentran Trierweiler, pareja oficial de Hollande, y Gayet, supuesta amante de este. Pero esa simplificación de la vida privada, diluida en la era global, casa mal con la percepción muy extendida de que, en todo aquello que no constituye delito, todos los ciudadanos, incluido Hollande, tienen derecho a la intimidad. Dicho de otra forma: la relación Hollande-Gayet es un acontecimiento relevante sobre el que los ciudadanos tienen derecho a estar informados, pero esta circunstancia no legitima someter a los implicados  a un marcaje permanente y, aún menos, a juicios morales.

Serge Raffy lo resumió en el semanario progresista Le Nouvel Observateur: “En estos tiempos de grandes inquietudes y de diferentes miedos, saber que el jefe, que vive una penosa prueba personal, tiene los nervios templados, no es un detalle. Es una especie de garantía. Los próximos sondeos dirán si esta postura del hombre inflexible en la adversidad ha tenido un precio político. Ser digno en la tempestad es una fuerza, venga de donde venga. Y un gesto elegante”. La frase es aplicable a Valérie Trierweiler,  hospitalizada en París, cuyo estatuto personal ha sido puesto en discusión frecuentemente al no estar casada con François Hollande y carecer la figura de la primera dama de Francia de un marco de referencia similar al de la esposa del presidente de Estados Unidos, conocida como Flotus (first lady of the United States). Otra diferencia, una más, sobre cómo se entienden los requisitos del poder en dos viejas democracias cuando asoman en ellas las humanas pasiones.

Gran Hermano de última generación

“Doce años después de los atentados del 11 de septiembre, la cuestión sigue siendo encontrar un equilibrio entre seguridad nacional, libertades públicas y derecho a la información”. Ese es el quid de la cuestión una vez más, formulado en la edición del martes del diario progresista francés Le Monde por su directora, Natalie Nougayrède. Ese es el meollo del asunto llevado otra vez al primer plano de la reflexión periodística y académica, política y social, después de que el periódico revelara una operación masiva de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que acumuló metadatos de 70,3 millones de comunicaciones telefónicas realizadas en Francia entre el 10 de diciembre del 2012 y el 8 de enero del 2013. No se trata de quebrar el funcionamiento de los servicios encargados de garantizar razonablemente la seguridad colectiva de los ciudadanos, sino de fijar límites para preservar la vida privada. Se trata, en suma, de dar a conocer prácticas que “permiten leer en nuestras vidas, nuestros contactos y nuestras opiniones como en un libro abierto”, escribe Nougayrède con acierto.

Los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para desprestigiar a Edward Snowden, artífice de las revelaciones, a quien presenta como un traidor que debilita la seguridad nacional, no afectan al fondo del asunto: la consideración de sospechosos habituales aplicada a millones de personas en países aliados, incluidos presidentes y primeros ministros –35 líderes mundiales, según el diario británico The Guardian–, cargos electos, empresarios y legiones de ciudadanos cuya única característica común es ser usuarios de las redes de telecomunicaciones. Tampoco afecta al nudo de la trama el hecho de que Snowden haya encontrado cobijo en Rusia, con rasgos cada vez más acusados de Estado mafioso, ni el desmentido del general James Clapper, director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, que considera falsos los datos publicados por Le Monde, sin que, por lo demás, nadie haya dado crédito a sus palabras. Porque Clapper y, con él, aquello que se conoce como comunidad de inteligencia se sienten legitimados por la amenaza terrorista y por una cierta tradición nacional, aunque sean los aliados de la OTAN, Brasil, México y algún otro país amigo los escenarios del espionaje masivo.

Sede de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en Fort Meade (Maryland).

En el nicho ecológico de Clapper no tienen cabida las preguntas tantas veces formulada por moralistas y pensadores acerca de la bondad o no de un comportamiento. “¿Cómo podemos estar seguros de que una acción es justa?”, plantea el filósofo Isaiah Berlin en el ensayo ¿Existe aún la teoría política? En el delicado discurso del pensamiento de Berlin no hay sitio para una respuesta categórica, inequívoca, sino más bien para una reflexión matizada por las dudas que asoman a casa paso. “Descubrimos que no estamos seguros de lo que debemos hacer para aclarar nuestras mentes –escribió Berlin–, buscar la verdad, aceptar o rechazar respuestas anteriores a estas preguntas”.

El único enfoque posible en el mundo del espionaje, en Estados Unidos y en cualquier otro lugar, es el que se desprende del principio según el cual el fin justifica los medios. Sin apenas matices, lo que realmente cuenta no son los métodos, sino el resultado final obtenido a través de procedimientos que unas veces son honorables y otras, deleznables. Los regates en corto de la Administración de George W. Bush para justificar el recurso a la tortura en nombre de la seguridad constituyen una prueba bastante conocida de esa doctrina. A partir de ahí es relativamente fácil llegar a la conclusión de que el entramado institucional y legal de las democracias no es garantía suficiente para ponernos a salvo de la barbarie. Al contrario que en el pensamiento de Immanuel Kant, para quien la seguridad es “una cláusula mínima de protección que permite al sujeto experimentar la libertad”, de acuerdo con la síntesis de Michaël Foessel, los gestores de los servicios de espionaje entienden que para que ciudadanos libres experimenten la seguridad, deben aceptar un recorte de su libertad. La seguridad entendida como un derecho se convierte así en un valor conquistado por el que debe pagarse un precio.

En la atmósfera ideológica de Estados Unidos flota siempre, además, el legado de Leo Strauss (1899-1973) y sus discípulos, radicalmente convencidos de dos realidades: en primer lugar, “el liberalismo occidental conduce al nihilismo”, en expresión de uno de sus seguidores, el profesor Harvey Mansfield, de la Universidad de Harvard; en segundo lugar, Estados Unidos tiene el destino único de combatir a las fuerzas del mal en todo el mundo. En la Ley Patriótica, aprobada después de los atentados del 11-S, y en la utopía reaccionaria –otra vez, más seguridad a cambio de menos libertad–, defendida por los neocon, alienta la convicción de que la responsabilidad de una misión universal que cumplir justifica comportamientos bastante alejados de la lealtad entre estados aliados, la transparencia democrática y los sistemas de control institucional. Pero en los segmentos más tradicionales de la sociedad estadounidense, el pensamiento de Strauss no incomoda y en el mundo del espionaje y los servicios secretos proporciona elementos de convicción útiles para manejarlos ante la opinión pública.

Una de las grandes sorpresas es que el descubrimiento de un Gran Hermano de última generación que trabaja a toda máquina se haya producido durante la presidencia de un liberal pragmático, pero liberal al fin, como Barack Obama, el inquilino de la Casa Blanca que mejor ha caído a los europeos desde los días de John F. Kennedy. Aunque si se presta atención al comportamiento de la comunidad de inteligencia desde el final de la segunda guerra mundial, se llega fácilmente a la conclusión de que Estados Unidos, con independencia de la coloración ideológica de cada presidente, nunca ha dejado de husmear en la vida y comportamientos de los europeos por más aliados que sean. La diferencia es que ahora dispone de herramientas de las que antes carecía y cuenta con la colaboración entregada de los gigantes de las nuevas tecnologías, según pone de relieve un esquema por demás clarificador publicado por Le Monde.

La gesticulación europea ante todo esto no deja de ser una señal elocuente de impotencia. La pasividad o la sumisión ante el comportamiento de la NSA, roto episódicamente por los casos de espionaje en Francia, por la sospecha de que el móvil de Angela Merkel ha sido intervenido y de que, en fin, raro es el Estado europeo que no ha sido sometido a vigilancia –España también como cabe deducir de la decisión de Mariano Rajoy de citar al embajador  de Estados Unidos–, no hace más que corroborar la sujeción de la Unión Europea a una estrategia militar y política, la norteamericana, que no controla y en la que participa demasiado a menudo de forma harto simbólica. En los planes diseñados por la Casa Blanca, los departamentos de Estado y Defensa y las agencias federales de seguridad, es secundaria la aportación conceptual y práctica de Europa. Frente al multilateralismo diplomático y la colaboración con los aliados, tantas veces defendidos por Obama, se impone la realidad de una política de seguridad en la que los europeos son objeto de espionaje.

Las deliberaciones del Consejo Europeo de esta semana reflejan quizá un disgusto momentáneo, pero están lejos de forzar una alteración de los planes estadounidenses. La concomitancia del complejo tecnológico estadounidense con la Administración, que hace posible un rastreo sin fronteras, pone el control del espacio virtual, al menos en Occidente, en manos de Estados Unidos de forma casi exclusiva, erosiona el principio de igualdad y respeto entre aliados y confirma que los intereses del complejo militar-industrial, auxiliado por las nuevas tecnologías, se mantienen por encima de las urnas y los designios de los gobernantes. En realidad, puede que la libertad de tráfico y circulación en la red sea el mejor de los útiles para controlar las pulsiones de los usuarios –es decir, de todos–, porque en la medida en que se sepa cuáles son sus rutas de navegación, sus interlocutores telefónicos, sus amigos en Facebook o el contenido de sus mensajes en el correo electrónico, más detallado será el perfil del que dispondrán los servicios de información. He aquí la gran paradoja posible: libertad de movimientos para espiarnos mejor.

 

 

La Diada cambia la decoración

“No está demostrado que toda causa nacionalista tenga un efecto emancipador”.

El Roto

Harán bien el Govern y los organizadores de la Via Catalana en no dejarse deslumbrar por la repercusión de la Diada en medios informativos de todo el mundo y de orientación ideológica muy variada, pero aún hará mejor el Gobierno de Mariano Rajoy si presta atención a algunos comentarios difundidos por plataformas tan respetables como Le Monde, The Wall Street Journal o la CNN, por citar solo algunos de los no afectados por la vía escocesa. Harán bien en entender todos que el éxito de la convocatoria –logístico, emocional y cívico– no desvanece ninguno de los problemas que plantea el soberanismo catalán dentro y fuera de Catalunya, una sociedad plural, variada, diversa y compleja, zarandeada por la crisis económica y en buena medida movilizada contra sus efectos devastadores.

No es ninguna originalidad, pero sigue siendo oportuno formular una vez más la pregunta tantas veces repetida: ¿la agitación sería la misma sin la tragedia del paro, la quiebra del Estado del bienestar y la diseminación de la pobreza? Y, ya puestos, cabe preguntarse, además, si todo sería como hoy es si la proliferación de casos de corrupción política no alcanzara la escandalosa notoriedad presente. De hecho, una cosa va unida a la otra: la corrupción remueve las entrañas sociales en un marco de estrecheces dentro del cual unos cuantos ventajistas utilizan la política para enriquecerse. El profesor Josep Oliver lo expresaba muy bien el último jueves en las páginas de EL PERIÓDICO, porque cualquier alternativa política que no atienda en primera instancia a las víctimas de la crisis se deslegitima por sí sola, y muchos de los movilizados con ocasión de la Diada creen que la salida del túnel está en la independencia y otros –que sean más o menos, poco importa–, que reformar la relación de Catalunya con España mediante una fórmula federalizante explícita es el camino adecuado para poner remedio a una situación insoportable para cientos de miles de ciudadanos.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Para José Ortega y Gasset, Europa era la solución al problema de España, pero dos o tres generaciones después, la solución del problema es para muchos catalanes sumergirse a solas en el seno de la Unión Europea. A nadie debe sorprender que ese sea el camino soñado por el nacionalismo, cuyo objetivo final es alcanzar para Catalunya la condición de actor político sin intermediarios. En la UE, los actores políticos únicos son los estados y la meta no puede ser otra para el soberanismo en acción; otra cosa es que la separación incluya el reconocimiento automático o casi de un nuevo socio o, más probablemente, un fatigoso proceso de adhesión. De eso último se habla poco, apenas nada, salvo las fórmulas de rigor para despejar el enigma a brochazos: la independencia entrañaría la salida de la UE (tesis del Gobierno); la independencia abriría un corto paréntesis que desembocaría en el ingreso –Catalunya cumple todas las condiciones para la adhesión– y la permanencia en el euro estaría garantizada desde el primer día (tesis del Govern con matices y del conglomerado independentista).

Lo cierto es que ha pasado la hora de acudir al panteón para desenterrar a los héroes de antaño glorificados por ambos bandos. Las mitologías nacionales valen para lo que valen, pero cuando se llega a una situación como la presente, sirven de poco las mixtificaciones históricas, la invocación de un pasado luminoso y otros ingredientes heredados de los teóricos del nacionalismo romántico. La poesía del pensamiento (George Steiner) y otros registros del binomio literatura-filosofía no tienen acomodo en la discusión, porque el debate de las ideas ha desembocado en la política de las cosas.

La presión que la realidad ejerce sobre los gobiernos de Madrid y de Barcelona es de tal naturaleza que ambos dan la impresión de andar detrás de ella a grandes trancos, desbordados por una dinámica social con la que no contaban. La obstinación del equipo de Rajoy de acogerse a la Constitución como lo podía hacer un teólogo preconciliar con el catecismo del padre Ripalda es una operación estéril que aplaza los problemas, pero no los resuelve, sino que los agrava. La mezcla de compromisos adquiridos por Artur Mas, entre el referendo pactado y las elecciones plebiscitarias –una etiqueta sorprendente aplicada a unas legislativas– desorienta a los templados, disgusta a los radicales y otorga la iniciativa política a ERC y a las organizaciones cívicas que se implicaron en la organización de la Via Catalana.

El comportamiento de los ministros se atiene a una lógica similar a la que ha dado pie al batacazo de Madrid 2020. De la misma manera que los Juegos Olímpicos no son nunca el resorte que saca de apuros a una ciudad –a un país–, sino que su designación obedece a condiciones previas favorables –Madrid, por desgracia, no las reunía–, la Constitución es el resultado del encaje político de la transición, pero 35 años después todo ha cambiado y el texto ha envejecido a ojos vista; han cambiado las condiciones y, al ser estas muy otras, no queda otro rumbo posible que poner en marcha la máquina de la reforma. La estructura territorial, el diseño de competencias, los modelos de financiación y la praxis diaria han puesto en evidencia las debilidades del sistema, la asimetría en el reparto de esfuerzos, en suma, las disfunciones que una parte de la sociedad catalana apreció como conflictos insalvables a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional referida al Estatut. Si la Constitución se reformó aprisa y corriendo para limitar el déficit público, ¿por qué no puede corregirse para mejorar la eficacia funcional y política del Estado? ¿O teme el Gobierno que una parte del electorado le pase factura si transmite sensación de debilidad?

De forma similar, la opción soberanista se ha llevado por delante la neutralidad del Govern, que entiende el derecho a decidir como el apoyo a la independencia y no como la posibilidad de escoger entre diferentes opciones. Perseverar en el Estado de las autonomías, apostar por el federalismo o vislumbrar una estructura confederal son otras tantas opciones que han desaparecido de la brega política de Mas y sus consellers, alineados todos en la secesión con levísimos matices. La insistencia en que el referendo debe convocarse con una sola pregunta no es más que una reducción de todas las opciones a su expresión más escueta: o nos marchamos o nos quedamos. Sin que se sepa, por lo demás, cuáles serían las consecuencias reales en cada caso. El riesgo de caricaturizar el futuro es enorme y la tentación se hace presente cuando asoman por los medios profetas que presentan la independencia poco menos que como el bálsamo de Fierabrás que permitirá superar la crisis económica.

Una crónica del diario Le Monde daba algunas pistas sobre la tendencia a simplificar y la razón de las prisas por realizar la consulta. “El riesgo es, sobre todo, ver que el movimiento se deshincha. Especialmente, si la reactivación económica se confirma”, escribía Sandrine Morel, corresponsal en Madrid. Alfred Bosch, jefe de filas de ERC en el Congreso de los Diputados, le daba la razón: “La crisis no es el motor del independentismo, pero es un potente carburante”. ¿Quién hubiese podido prever en el 2008 que aquellos polvos traerían esos lodos?

Pero hay otros potentes carburantes. El más importante es la debilidad del Gobierno de Rajoy, desgastado hasta el esqueleto por el caso Bárcenas y criticado desde varios frentes por el desaguisado de la candidatura olímpica de Madrid. Agravado todo con la proliferación de opinantes con tendencia a apagar el fuego con gasolina. Claro que el Gobierno no debe practicar el tancredismo, aunque a veces parece refugiarse en él, pero para oír según qué comentarios, mejor sería que algunos portavoces hiciesen voto de silencio, porque la desafección se alimenta tanto con los hechos como con las palabras, como muy bien saben, por cierto, en la Generalitat –y en los medios que gobierna–, dispuesta a demostrar a todas horas que nada bueno puede llegar del otro lado.

Combatir la desafección con un llamamiento a la mayoría silenciosa, como ha insinuado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es un ejercicio de equilibrismo sin red en la cuerda floja. ¿Quién es capaz de sacar conclusiones y determinar qué lleva a la mayoría silenciosa a quedarse en casa? En un clima de crisis social demoledora, la decisión de no participar puede deberse a un sinfín de razones diferentes de las que pueden pasar por la cabeza de la vicepresidenta, incluida la desconfianza incurable de un segmento social cada vez mayor hacia cuanto atañe a la política, los políticos y las instituciones. Si el president Mas sacó conclusiones precipitadas de la manifestación de la Diada del 2012, midió mal sus fuerzas y acabó perdiendo 12 diputados en las elecciones autonómicas, ¿qué decir de la oportunidad de invocar a la mayoría silenciosa para contener los efectos de la cadena humana del 11-S?

Nadie espera un abrazo de Bergara, un baile en el salón de los espejos del palacio de Versalles o cualquier otra atenuación de las diferencias con miradas de complicidad, pero sí cabe esperar que se imponga el realismo –la política– como norma de conducta. El realismo excluye la victoria por goleada de una de las partes, tiende a la transacción y al empate y, en última instancia, tiende a encontrar salidas honrosas. El realismo excluye el fundamentalismo dogmático y disparates altisonantes del tenor de los contenidos en el editorial de Abc de análisis de la Diada: “Lo que debe haber es Constitución y cumplimiento de la ley, utilizando si es menester todas las herramientas que prevé la Carta Magna. Una vez que los sediciosos acaten el marco legal será cuando se pueda dialogar, no antes”. Ni la Constitución es un texto revelado ni nadie, que se sepa, ha cometido delito de sedición.

Perseguir el programa máximo como la única alternativa aceptable puede conducir directamente a la frustración; negar por principio todo cambio significativo lleva a la crisis permanente. La tentación de esperar sin más a que escampe (el Gobierno) es tan arriesgada como la de no levantar el pie del acelerador ni un segundo (el Govern). Reducirlo todo a una pugna de nacionalismos –el español y el catalán– carece de justificación política y llenará el futuro de malos presagios.

 

 

 

Contaminación partidista del Constitucional

“No digas ni hagas nunca nada de lo que te debas tener que desdecir algún día ni que choque con las conveniencias, incluso si te sale con naturalidad y sin pensar en nada malo, porque los otros pensarán mal”.

(‘Breviario de los políticos’, cardenal Giulio Raimondo Mazzarino, 1602-1661)

Toda clase de dudas se ciernen sobre la solvencia e independencia del Tribunal Constitucional desde el momento en que su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, ha reconocido que fue militante de base del PP hasta el 2011 inclusive, dos años después de ser nombrado magistrado del alto tribunal. Los juegos de manos a que ha recurrido el Constitucional para asegurar que no hay causa de incompatibilidad no logran desvanecer la sensación de que el interesado ha querido ocultar un dato capital. En cambio, abonan la tesis de cuantos piensan que Pérez de los Cobos hurtó información al Senado al no dar cuenta de su militancia, y desde aquel momento seguramente ha contaminado su trabajo por más protestas de imparcialidad que haga ahora. A nadie se le pasa por la cabeza que algún día pueda estar prohibido militar en el PP, faltaría más, como ha insinuado Esteban González Pons con retranca digna de mejor causa; lo que resulta indefendible es que alguien que debe hacer pública su militancia no la haga y el pastel quede al descubierto porque el periódico El País da la noticia.

Si ni siquiera cabe fiarse del Tribunal Constitucional, con un papel principalísimo en los litigios que interesan la estructura del Estado y la impugnación por los partidos de la oposición de algunos de los proyectos estrella del PP, ¿en qué queda la solvencia institucional del Estado, zarandeada por los escándalos en curso en los cuatro puntos cardinales? El secuestro del lenguaje perpetrado por la nota del Tribunal Constitucional no sutura la herida ni restablece su honorabilidad, sino que da pie a que cunda la sospecha de que el PP, mientras conserve la mayoría absoluta, aspira a ejercer una especie de monopolio ideológico de las instituciones, directamente o mediante propios encubiertos.

Aunque resulta ocioso decirlo, no está de más recordar que los partidos, aquí y en todas partes, aspiran a gobernar y a aplicar un programa que se deriva de una concepción ideológica de la sociedad. Tienden a ocupar la totalidad de la sociedad en la que se mueven, de forma similar a como un gas tiende a ocupar la totalidad del continente que lo guarda, pero el pluralismo, las elecciones y el control parlamentario suelen evitarlo, incluso cuando se dan mayorías absolutas. Si no se cumplen los requisitos de renovación de los mandatos y control a cargo de la oposición, no hay democracia, sino un sistema totalitario o que apunta al totalitarismo (véase el caso de Rusia y la persecución sistemática los de los adversarios de Vladimir Putin). Si se respetan los mecanismos de control, pero se priva de información a los controladores, entonces se adultera gravemente el funcionamiento del sistema. Ese es el caso de Pérez de los Cobos.

En Francia, con una tradición democrática de sobra conocida, el control casi absoluto del Partido Socialista de todas las instituciones, desde la Presidencia de la República a los cantones y municipios, es motivo frecuente de controversia. Ni se pone en duda el juego de las mayorías –el sistema favorece su formación para garantizar la gobernabilidad– ni se discute la legitimidad de nadie; se alerta, eso sí, acerca de la conveniencia de que la concentración del poder en unas pocas siglas resulta a la larga perjudicial para el sistema democrático. Una circunstancia agravada en tiempos de crisis por el recelo de los ciudadanos ante el reparto de los costes para sacar al país del agujero.

Esos principios elementales son de sobra conocidos por la dirección del PP, donde abundan los profesionales del derecho en sus diferentes modalidades, y por esa razón resulta especialmente injustificable que mediante perífrasis más propias de una discusión académica que de un debate político, rehúya el núcleo de la discusión: ¿con qué fuerza moral puede Pérez de los Cobos entender de aquellos asuntos que lleguen al tribunal y afecten a leyes, decisiones y asuntos con relación a los cuales su expartido tiene una opinión formada? En puridad, habría que preguntarse por qué clase de asuntos de los que llegan al Constitucional no ha manifestado el PP su punto de vista. Consecuencia inmediata: las recusaciones pueden multiplicarse.

En la nota informativa del último jueves distribuida por el tribunal, después de las consideraciones de rigor, se dice textualmente: “La Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por consiguiente, no establecen para los magistrados del Tribunal Constitucional incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales”. Pero el quid del asunto no es este, sino que el presidente no informó en su día de la condición de militante y, tan importante como ese detalle, desde tiempos ancestrales rige la norma según la cual los servidores públicos no han de ser solo personas honorables, sino parecerlo a fin de que sus conciudadanos depositen su confianza en ellos y acepten sus decisiones.

El 25 de mayo del año pasado, Ignacio Escolar publicó en EL PERIÓDICO un artículo con varias observaciones sensatas sobre los viajes de Carlos Dívar, a la sazón presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, dos de las cuales son de aplicación ahora. La primera: “El archivo de la denuncia contra Dívar es lo que habría que lamentar”. La segunda: “Dívar no ha explicado qué clase de compromiso oficial requiere 20 viajes de fin de semana caribeños a Puerto Banús”. Llevado al caso de Pérez de los Cobos, lo que es más de lamentar es que del Tribunal Constitucional lo vea todo tan claro y transparente, de forma que resuelve el asunto con una larga cambiada en forma de nota de prensa, y que nadie sepa cuáles son los compromisos presentes del presidente con la orientación política y la acción de Gobierno de su antiguo partido. Si se habla con frecuencia y con razón de la politización del tribunal a propósito de la fórmula para la elección de los magistrados, ¿qué decir ahora?

En Francia, con una tradición democrática de sobra conocida, el control casi absoluto del Partido Socialista de todas las instituciones, desde la Presidencia de la República a los cantones y municipios, es motivo frecuente de controversia. Ni se pone en duda el juego de las mayorías –el sistema favorece su formación para garantizar la gobernabilidad– ni se discute la legitimidad de nadie, se alerta, eso sí, sobre la conveniencia de que la concentración del poder en unas pocas siglas resulta a la larga perjudicial para el sistema democrático. Una circunstancia agravada en tiempos de crisis por el recelo de los ciudadanos ante el reparto de los costes para sacar al país del agujero. De eso también tiene noticia el PP, que experimenta todos los días el desgaste de la brega en solitario, sin puentes de diálogo estables con la oposición o al menos con una parte de ella.

De hecho, en el debate inacabable referido a los riegos que arrostra el poder se hace muy a menudo una distinción entre la legitimidad política, electoral, jurídica si se quiere, y la legitimidad moral. La primera se establece con facilidad de acuerdo con el cumplimiento de las previsiones que figuran en la Constitución y demás leyes de los estados democráticos; la segunda requiere hilar muy fino antes de otorgarle validez. Solo los fundamentalistas del derecho, habituados al criptolenguaje forense y la aplicación literal y estricta del texto escrito, pueden pensar que en un sistema democrático institucionalizado no tiene sentido considerar la existencia de cualquier legitimidad distinta a la estipulada por las leyes.

Es cierto: la legitimidad moral se levanta sobre tangibles e intangibles muy sutiles, sobre la rectitud y el principio de ejemplaridad en situaciones excepcionales, sobre atributos que no están sistematizados en texto alguno, pero tiene un enorme poder de persuasión y convocatoria. Es, pues, una legitimidad que obliga a obrar con tiento y a no abusar de ella. Pero es una legitimidad realmente existente, indispensable en la tarea de aquellos que gestionan una parcela de poder del Estado sin someterse directamente a la decisión de los electores. Ese es el caso del Tribunal Constitucional, cuya legitimidad moral está ahora en entredicho, como lo estuvo antes la del Consejo General del Poder Judicial y la del Tribunal Supremo hasta que Dívar dimitió.

Efervescencia fundamentalista

“El fundamentalismo es una fe defensiva; se anticipa a la aniquilación inminente”.

Karen Armstrong

La decisión del Tribunal Supremo de El Salvador de prohibir que aborte una mujer de 22 años identificada como Beatriz, a pesar del dictamen de los médicos, partidarios de la intervención, pone de manifiesto una vez más el auge de los fundamentalismos religiosos. Frente al libre albedrío y la libertad consciente del individuo gana terreno el sometimiento de las conciencias, y frente a la gestión de los conflictos en términos estrictamente políticos, a partir de ideologías terrenales, aparece en ellos la intromisión de los hermeneutas o de los emisarios del más allá. Hasta que el Gobierno salvadoreño ha intervenido, Beatriz se ha encontrado atrapada en la red tejida por cuantos “han convertido el mythos de su religión en un logos al insistir en que sus dogmas son científicamente válidos o al transformar su compleja mitología en una ideología modernizada”, en palabras de Karen Armstrong.

Para los magistrados salvadoreños que decidieron que Beatriz debía seguir adelante con el embarazo a pesar de que su vida corre peligro y el feto es anencefálico –le falta parte del cerebro; no vivirá–, la Constitución en la que apoyaron su dictamen no es más que una coartada legal para imponer un criterio moral jaleado por la Conferencia Episcopal y los grupos antiabortistas. Todas esas instancias y organizaciones son perfectamente legales y respetables, pero su comportamiento se adentra en el sendero del totalitarismo ideológico al pretender que todo el mundo se rija por sus ideas, presentadas estas como superiores a las de cuantos disienten de ellas. Es esta una característica muy propia de los fundamentalistas, como es fácil observar del conflicto sirio a la dificultad de dar en China con donantes de órganos.

Hay otros fundamentalismos además del religioso –el ecologista, el estatista, el laicista y muchos más–, pero, en general, carecen de la rigidez formal y material de aquellos que se remiten al mensaje religioso como referencia ineludible. Hay otras herramientas ideológicas que tienden a ocupar la totalidad del espacio social que las contienen, pero ninguna tiene la capacidad de movilización del fundamentalismo religioso, ajeno al dictamen de la razón, aunque teólogos tan destacados de nuestros días como el Papa emérito Benedicto XVI presentan la fe como fruto de la razón. Hay otras actitudes, surgidas del compromiso religioso, que son diametralmente diferentes de las de los fundamentalistas, pero estos las mantienen bajo sospecha cuando no las combaten, como si se tratara de herejías encubiertas.

Manifestación en París

Manifestación en París contra los matrimonios homosexuales, el 26 de mayo.

Los episodios vividos en una calle de Londres y en otra de París con pocos días de diferencia son tributarios de ese fundamentalismo que no tiene otra justificación moral que el criterio poco menos que esotérico que aplica a sus actos. Los dos jóvenes que segaron la vida de un soldado en Londres y el que hirió a otro en París actuaron a partir de la convicción estrictamente mitológica de que con sus actos defienden al islam –sometimiento a Dios– y responden adecuadamente a los atropellos cometidos por Occidente en Afganistán e Irak, en primera instancia, pero que seguramente deben remontarse a las Cruzadas para justificar sus acciones. Es casi imposible imaginar a los dos soldados objeto de sus ataques como algo más que militares profesionales, pero cuando se salta del análisis socio-político a la ensoñación teosófica y al valor simbólico de las víctimas, todo adquiere la apariencia deforme que alimenta la simplificación inherente a cualquier forma de fundamentalismo, y así se impone la mentalidad del sectario y se esfuma la del creyente.

¿Qué decir de las multitudes que desfilan por la calles de Francia para oponerse a los matrimonios entre personas del mismo sexo? ¿Qué decir de las iglesias protestantes más retardatarias de Estados Unidos, que siguen dudando de Barack ObamaHussein, su segundo nombre, es motivo de gran sospecha– en términos más propios de la visceralidad política que del debate democrático? ¿Qué decir de los fundamentalistas mosaicos cuyo mayor argumento de autoridad para instalarse en Cisjordania es la Escritura? ¿Qué pensar de todos ellos y otros muchos que perturban la articulación de sociedades extremadamente complejas, cruzadas por intereses contrapuestos y una gran variedad de puntos de vista? ¿Qué decir de la reaparición en España del debate sobre el aborto, ausente de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos y que Alberto Ruiz-Gallardón vuelve a poner sobre la mesa al hilo de las presiones de la Conferencia Episcopal? ¿Qué decir de esa obsesión poco menos que enfermiza por regular el uso del cuerpo en detrimento de la autonomía del individuo?

Incluso en un conflicto tan endiabladamente trágico como el sirio, los ecos del fundamentalismo religioso suní y chií ocupan cada día una porción mayor en la gestión del problema. Se dice con razón que hasta Siria llega la pugna histórica entre las dos ramas de la fe musulmana, que la oposición en armas acoge la respuesta suní al chiísmo en armas, que se refugia en la protección del Gobierno y de Hizbulá. Se dice que las minorías religiosas no musulmanas confían en la continuidad del régimen, temerosas de que un eventual triunfo de la oposición lo sea también del fundamentalismo suní vinculado a la herencia ideológica de Al Qaeda. Se dice, en fin, que el compromiso timorato de Occidente con la oposición al presidente Bashar el Asad obedece al temor que la ayuda dirigida a combatirle acabe en manos de islamistas radicales fuera de control. Y en este discurso al que podrían añadirse otros muchos enunciados, la religión como coartada de la matanza asoma por todas partes, aunque los sentimientos religiosos tienen poco que ver con las causas iniciales de la guerra y el recuento diario de cadáveres en ambos bandos.

Hasán Nasrala

Hasán Nasrala, líder de Hizbulá, que invoca, entre otros, motivos religiosos para intervenir en Siria al lado de los soldados del presidente Bashar el Asad.

Si en sociedades secularizadas, que consagran la neutralidad de las instituciones del Estado, resulta poco menos que obscena la orientación confesional de algunas políticas, el recurso a la religión en el campo de batalla lo es aún más. Como explica el especialista Brian Whitaker en la web al.bab.com, Hasán Nasrala, líder de Hizbulá, incluye el combate contra los takfiris, supuestamente emboscados en las filas de la oposición, en la lista de razones para participar en la guerra al lado de los soldados de Asad. Pero ¿qué es un takfir? Un musulmán declarado no creyente por otro musulmán, un concepto que se remonta al califa Abú Bakr, allá por el siglo VII. Es decir que entre las justificaciones de Nasrala pesa tanto el impulso religioso, derivado de la nebulosa de la tradición de los primeros años del islam, como el temor a que Israel invada Líbano después de domeñar a Siria, directamente o través de las potencias occidentales.

Lo menos que puede decirse es que se asiste a una transformación del mensaje religioso: deja de ser una guía moral, aunque formalmente conserva esta condición, para convertirse en una imposición de alcance general. La religión deja de ser “fuente de libertad”, en expresión utilizada por Raimon Ribera en el ensayo El diàleg interreligiós, para transformarse en algo que aliena y oprime, según el mismo autor. Para los no creyentes, el efecto va más allá: se percibe como una forma de totalitarismo moral que violenta sus convicciones más íntimas. Porque el fundamentalismo religioso da la batalla contra cuanto atenta a sus principios, aunque se trate de asuntos sin el menor atisbo de obligatoriedad: el aborto, el divorcio, el matrimonio homosexual son opciones personales; lo único que hacen las leyes es regularlas para cuantos recurren a ellas. En realidad, los fundamentalistas se sienten moralmente superiores, éticamente obligados e históricamente justificados frente a una sociedad acomodaticia por permisiva.

Henry Louis Mencken

El escritor estadounidense Henry Louis Mencken (1880-1956), que se opuso al papel desempeñado en su país por el fundamentalismo cristiano.

Pero, al mismo tiempo, en el fundamentalismo en boga, que a menudo adopta tics puritanos, es fácil detectar una manipulación política de los sentimientos o de la ideología espontánea dominante en cada sociedad. El escritor Henry Louis Mencken definió el puritanismo como “el atormentante miedo de que alguien, en algún lugar, es feliz”, y acaso la manipulación no sea otra cosa que sembrar el desasosiego entre quienes no lo padecían, y se sentían razonablemente capaces de actuar según sus propias convicciones, para llevar a su ánimo la idea de que hay en marcha una operación para socavar el mundo en el que se reconocen. Esa operación de ingeniería social, de naturaleza defensiva frente al temor a una “aniquilación inminente”, es más viable en sociedades en crisis como las de hoy que en aquellas otras, adscritas a la esperanza, que sobrevivieron a la segunda guerra mundial. Quizá sea esa la razón última del éxito in crescendo de predicadores vociferantes que anuncian el apocalipsis si no nos salimos de la senda secular, que se remonta a las Luces.

Una piedra en el zapato de Obama

Guantánamo

Un grupo de presos en el Campo VI del penal de Guantánamo rezan un día de marzo del 2011.

La cárcel de Guantánamo es una piedra en el zapato del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que enturbia sus relaciones con el mundo musulmán, inquieta a una parte de su electorado, comprometido con la defensa a ultranza de los derechos humanos, y es motivo de controversia en los pasillos del Congreso. Obama reiteró a comienzos de semana que es preciso acabar con el limbo legal en el que se encuentran 166 internados en las celdas de Guantánamo, recurrió al discurso de los valores para deplorar la situación, pero se impuso la idea de que la solución al problema no será ni fácil ni inmediata. No solo porque hay obstáculos jurídicos y políticos que parecen insalvables, sino porque el atentado de Boston del día 15 ha refrescado en las memorias la guerra contra el terrorismo y el concepto de combatiente enemigo, que llevó a Guantánamo a un conglomerado variopinto de detenidos a los que se aplicó a partir de la guerra de Afganistán una legislación ajena al derecho internacional.

En la prisión de Guantánamo hay un centenar de individuos en huelga de hambre, que en su mayoría son alimentados por la fuerza. De los 166 internados que permanecen en la base, 86 podrían ser liberados si algún país los acogiese con garantías; el resto están incursos en diferentes situaciones alegales que, en el mejor de los casos, violentan los derechos procesales más elementales y, en el peor, hace años que niegan a los interesados ser sujetos de derechos. Frente al derecho internacional humanitario recogido en las convenciones de Ginebra, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las últimas especificaciones del 2005, en la base militar estadounidense en la isla de Cuba se ha levantado un penal con leyes propias –pocas– y la arbitrariedad como norma, un lugar que durante años fue “una cámara de tortura” (Noam Chomsky) si es que no lo sigue siendo por el mero hecho de mantener encerradas contra su voluntad a personas contra las que no se ha formado causa penal alguna. Allí se aplicó por sistema la técnica del “interrogatorio reforzado”, método coactivo defendido por el expresidente Richard Cheney en sus memorias que, más allá del universo neocon, no es tiene por otra cosa que por una forma de tortura.

Familiares de Guantánamo

Manifestación en Saná, capital de Yemen, de familiares de presos en Guantánamo, el 1 de abril de este año.

Max Fischer, analista con un blog en el periódico liberal The Washington Post, ha identificado hasta cuatro posibles desenlaces para los presos de Guantánamo: un proceso civil, un tribunal militar, el traslado a una prisión en el extranjero y la liberación, dependiendo de la situación concreta de cada uno de los 166 internados. Pero detrás de la lógica forense se agitan dificultades insalvables, como el propio Fischer admite:  el Congreso mantiene bloqueada la vía judicial en tanto no se sepa dónde y en qué condiciones se aplicarán las condenas –preferiblemente en cárceles fuera de Estados Unidos o en alguna construida ad hoc–; en el que caso mandar a los presos a cárceles de sus países de origen –la mayoría son yemenís–, debe garantizarse que se respetarán sus derechos y no serán torturados; para los 86 a los que se podría dejar en libertad, la Casa Blanca exige garantías a los países de acogida al tiempo que descarta que puedan instalarse en suelo de Estados Unidos. A esos inconvenientes debe añadirse que el Partido Demócrata ha estado lejos de apoyar en bloque el propósito de Obama de sacar los presos de Guantánamo.

En este complejísimo cuadro en el que se mezclan de forma inextricable derecho y política, pesa el resultado de las encuestas, que siempre recogen la oposición de la mayoría de estadounidenses a toda resolución que no implique alejar a los internados. La otra condición irrenunciable es mantener intacta la seguridad nacional, un objetivo que después del atentado de Boston ha vuelto a ser motivo de preocupación y ha rearmado a los partidarios de las soluciones radicales, hasta el punto de que aquí y allá se alzan voces para que a Dzhojar Tsarnaev, el autor superviviente del atentado del día 15, se le aplique la misma figura delictiva –combatiente enemigo– que figura en los expedientes de los presos de Guantánamo. Obama se encuentra así atrapado entre sus convicciones personales, sus propias dudas, una opinión pública de nuevo alarmada y la necesidad política de encontrar una salida. El presidente se apresuró a prometer el cierre del penal de Guantánamo en cuanto se instaló en la Casa Blanca en el 2009, a los pocos meses pronunció en El Cairo un discurso en el que tendió la mano al mundo árabe y al orbe musulmán, pero poco después surgieron las dificultades insuperables que hubo de reconocer, y no ha dado con la fórmula para romper el círculo vicioso.

Aunque los electores de Obama siguen pensando que la culpa de la situación es de la Administración de George W. Bush y de los legisladores republicanos, que mantienen el problema bloqueado, ha empezado a cundir la idea de que el presidente prefiere que no cambien las cosas. “De hecho, Obama es partidario de la detención indefinida –concluye Conor Friedersdorf en la revista The Atlantic–. Pero ofrece su versión menos sincera para preservar la ilusión de que su crítica de Guantánamo no ha cambiado desde que fue candidato”. El profesor Ben Wittes, de la Brookings Institution, recuerda que “el propio Obama impuso una moratoria sobre la repatriación de personas a Yemen”. Y el columnista Glenn Greenwald cree que Obama adoptó un lenguaje contenido con relación al problema de Guantánamo “casi inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca y antes de que los legisladores tomaran algunas medida que constreñían sus acciones”.

Kuwait. Apoyo presos

Asamblea de activistas kuwatís celebrada el 31 de marzo para pedir la excarcelación de los presos de Guantánamo. En el cartel se lee: Estados Unidos trata a sus enemigos mejor que a sus amigos.

Esas opiniones soslayan el hecho de que el problema de los presos complica el trato del presidente con los líderes árabes, singularmente aquellos que se han instalado en el poder como resultado de las primaveras y que visten los ropajes del islamismo moderado. Cuando un preso sin cargos publica una carta del estilo de la que apareció en The Guardian, firmada por Shaker Aamer –“He pasado más de 11 años en la bahía de Guantánamo. Para ser preciso, 4.048 días y noches. Nunca estuve acusado de crimen alguno”–, y la red la lleva hasta la opinión pública árabe-musulmana, se registra un fenómeno evocado por Obama: crece el número de radicales. Ese mecanismo de radicalización ideológica repercute directamente sobre el comportamiento de unos gobernantes que, sometidos a los requisitos de la realpolitik, tienen cada día más dificultades para contener a sus bases y a los estados mayores de los partidos islamistas. El dosier de Guantánamo no es el eje en torno al cual gira el entramado diplomático árabe-estadounidense, pero contribuye a mantener vivo el sentimiento antioccidental, cimentado en un largo y conocido memorial de agravios, y facilita el discurso salafista de Marruecos a Irak.

Más que ver en el comportamiento de Obama algo parecido a la doble moral que separa las palabras de los hechos, se vislumbra la imposibilidad cierta de dar salida a un problema con un gran valor simbólico. “Obama no hace nada con Guantánamo porque no sabe qué hacer”, escribió un usuario de una red social después de la última rueda de prensa del presidente. A juzgar por el comentario de Michael Williams, asesor del Departamento de Estado, recogido por el semanario progresista The Nation, algo hay de cierto en esta apreciación: los yemenís –susceptibles de ser puestos en libertad– “permanecerán en Guantánamo durante un futuro indefinido”.

¿Cómo se compagina ese anuncio con la convicción del presidente de que la situación de los presos encerrados en la base caribeña es algo “contrario a nuestros principios”, los de Estados Unidos, se entiende? ¿Cómo se puede prolongar la situación cuando Navi Pillay, comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recuerda que la mayor violación de esos derechos es mantener encerrados a aquellos cuya liberación ha sido aprobada? En esa misma línea, el analista Jason Linkins considera que el cierre de la prisión de Guantánamo plantea un dilema menor “comparado con el problema de las detenciones indefinidas de quienes debían haber sido puestos en libertad”. Eso último tiene un mayor peso emocional porque, al mantenerse las detenciones, se prolonga una condena por unos delitos que nunca existieron o nunca se pudieron probar, que para el caso es lo mismo. Y si Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, destacó en el pasado como defensor comprometido de los derechos civiles, hoy aparece como un político incapaz de conjugar las exigencias de la política con los requisitos de la moral.

Esa es en última instancia la cuestión que se dilucida. En el seno de una democracia donde el principio de legalidad debe quedar siempre a salvo, incluido el respeto al derecho internacional, el poder no se legitima solo mediante la celebración de elecciones limpias y la gestión honrada de los asuntos corrientes, sino también mediante la aplicación escrupulosa de la ley sin excepciones o normativas ad hominem. La anterior Administración burló esos requisitos con la apertura de la cárcel de Guantánamo, donde quiso aplicar una legislación excepcional que, finalmente, convirtió a los allí encerrados en reos de una sistema ajeno a cualquier norma. La Administración en ejercicio se encuentra atrapada por el doble cepo de una opinión pública con una sensación de vulnerabilidad muy grande y una oposición refractaria al pacto, de forma que se antoja imposible una solución por consenso porque en el bando conservador no hay nada más alejado de sus preocupaciones que los presos de Guantánamo. ¿Justifican las razones de Estado dejar las cosas tal como están? Resulta inquietante, pero realista, admitir la posibilidad de que la respuesta más repetida sea sí.

‘Annus horribilis’ en la Zarzuela

El metabolismo de las monarquías es sustancialmente diferente al de las repúblicas. En las monarquías, la solvencia de la institución descansa en intangibles que tienen que ver más con la adhesión personal que con hechos concretos y palpables. En las repúblicas, por el contrario, la fluidez institucional es inseparable de los resultados: en las presidencialistas, el jefe del Estado es el factótum indispensable; en las restantes, la neutralidad del presidente debe ser útil para enfriar la brega política de todos los días. El único o al menos el más notable elemento común al titular de una monarquía o de una república es el principio de ejemplaridad que los ciudadanos reclaman a quien ocupa la cima de la pirámide institucional con un poder real o simbólico, de ahí que, como dice el psicoanalista Jean-Pierre Winter, sucesos como el affaire Cahuzac en Francia y la imputación de la infanta Cristiana en España causen una “herida narcisista”. En ambos casos, pesa tanto el daño emocional como la concreción material de los hechos.

Cuando el ministro del Presupuesto, Jérôme Cahuzac, aparece como un evasor fiscal con una cuenta en Suiza, los pilares del templo desfallecen y la “república irreprochable” prometida por François Hollande se desvanece sin remedio; cuando un juez cita a declarar a una hija del Rey por un feo asunto de caudales públicos, la monarquía ejemplar de la transición pasa a ser el “reino despuntado” del que habla Le Monde. Si a estos acontecimientos de última hora se suman otros que atañen al funcionamiento de los estados –Francia, España y otros–, la administración del erario y el coste moral y económico de la crisis, el descrédito de los gobernantes alimenta la indignación de los contribuyentes, zozobran las convicciones más arraigadas en un mar de dudas y escepticismo y los demagogos se suben al escenario. Acudiendo al dictamen de Sócrates, la retórica se convierte en el “arte de la mentira”.

La profesora Julie Neveux se remite a otro clásico para referirse a la retórica como sinónimo de mentira: “La metáfora preferida de Platón para hacer comprensible esto es la siguiente: el sofista se ocupa de la cosmética (apariencia ilusoria) allí donde el filósofo, y el buen político, deben ocuparse de la ética y de la verdad, y ejercer su verdad mediante una gimnasia sana y dialogada”. Lo que se preguntan muchos franceses es si cuando el presidente Hollande alude a “una imperdonable falta moral” realiza un ejercicio retórico o pone en marcha una catarsis de urgencia para metabolizar el mal causado por los manejos y las mentiras de Cahuzac. Una duda casi idéntica a la que suscita la disposición de la Zarzuela a aceptar el irrenunciable principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, como el mismo Rey recordó en Navidad, pero que luego mediatiza con la crítica al juez que cita a la infanta y el apoyo al fiscal que recurre la imputación.

Aquí acaban las coincidencias entre dos formas de gobierno tan dispares, porque en las repúblicas todo tiene una naturaleza terrenal y en las monarquías, los cimientos descansan en la mitología y el arquetipo del justo sin tacha. Las viejas monarquías europeas constituyen un anacronismo histórico, a menudo popularísimo, que asocia a un grupo muy pequeño de familias en la práctica de ciertas actitudes heredadas. Estas familias no son inmunes al desgaste de la vida cotidiana, a su comportamiento en el seno de sociedades abiertas, pero tienen a su disposición filtros que dejan pasar el agua clara y apartan de los focos los torrentes turbios. Funciona en ellas la estrategia de la sonrisa, de la foto de familia en la cubierta de un yate o en la cola del telesilla, de la rigurosa administración de uniformes y pamelas los días de boda y de retiros calculados si se produce un divorcio. Todo esto suele ser eficaz, marca una distancia de hecho entre las testas coronadas y el resto de la sociedad; solo cuando alguien cambia sin avisar las reglas del juego –la princesa Diana– o no cuadran las cuentas, asoman las grietas en la fachada.

¡Ah, las cuentas! Herida la inmensa mayoría de la sociedad por los zarpazos de una crisis económica cuyo final no se vislumbra, la más mínima sospecha de trapisonda resulta irritante. La actividad evasora de Cahuzac conmueve a los contribuyentes no solo por el fraude cometido, sino también por el agravio comparativo. La desvergüenza enerva a los ciudadanos, pero si quien la ejerce es precisamente quien debía haberla combatido, entonces el dolor es poco menos que insoportable. Y si quienes son sospechosos de haberse lucrado gracias a su nombre y circunstancias personales –Iñaki Urdangarín y compañía– ocupan un sitial con privilegios atávicos, entonces se pasa del dolor a la crisis de identidad. Duele más descubrir las debilidades de una leyenda que las flaquezas morales de un plutócrata como Jean-Jacques Augier, tesorero de la campaña electoral de Hollande, que regatea a la hacienda francesa con una sociedad en un paraíso fiscal. Y lo de Augier duele mucho a sus compatriotas.

En el caso español, la crisis de identidad obedece en no menor medida al “respeto reverencial” que ha hecho de la monarquía “un jarrón chino en lugar de vigorizarla como algunos pretendían”, tal como ha escrito Albert Sáez esta semana. Averiguar, además, si la crisis se debe a la sensación de orfandad de unos ciudadanos turbados por las flaquezas de la familia real, a la torpeza del entorno de la Zarzuela, a una idea trasnochada de la monarquía o a un poco de cada cosa importa menos que la crisis misma. Porque si en los regímenes republicanos en situaciones extremas se habla de cambiar a los gobernantes mediante el concurso de las urnas, en las monarquías en parecidos trances se incorpora al relato el fantasma de la abdicación y, en última instancia, el de la quiebra de la institución. Incluso en Televisión Española, canal 24 Horas, de una prudencia ilimitada cuando de la Corona se trata, se barajó la noche del miércoles como hipótesis no descartable la convocatoria en un futuro indeterminado de una consulta para decidir entre monarquía y república.

Diríase que es ilusorio pensar que se puede vivir siempre de las rentas de la historia y que, por el contrario, el peso de la historia desgasta a los actores si encadenan errores y decepcionan al patio de butacas que les observa. La web de referencia en el Reino Unido politics.co.uk subraya el poco interés que despierta el papel político de la monarquía e insiste, en cambio, en el debate permanente referido al coste de la institución, al régimen fiscal del que disfruta y a la desigualdad entre la tributación de las rentas reales y las de los demás contribuyentes. Aun así, la reina se mantiene por encima de la crítica, pero antes hubo de cambiar el paso y acercar su comportamiento al de los demás mortales para superar sin daños mayores su annus horrobilis.

“¿Por qué los más afortunados en el seno de nuestras sociedades quieren escapar a los impuestos –se pregunta el economista Paul Jorion a propósito de Cahuzac– y por qué han considerado hasta muy recientemente que evitarlos es un pecado venial en el que se complace la gente de la alta sociedad? Porque su sentimiento era que las sumas que les reclaman sirven para una redistribución de la riqueza en la que son los donantes y no los beneficiarios”. ¿Por qué es posible que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación descubra que 130.000 fortunas guardan el dinero en el calcetín de los paraísos fiscales y ninguno de los interesados se siente avergonzado? La respuesta seguramente se asemeja mucho a la dada por Jorion a la pregunta anterior. ¿Por qué hay quien puede llegar a la conclusión de que se encuentra por encima o al margen del cumplimiento de la ley por el simple hecho de ser quién es? Vale otra vez una respuesta parecida a la de Jorion.

¿Puede encontrarse la puerta de salida del laberinto de un annus horribilis como el de la familia real con reglas del juego que se alejan de las corrientes de opinión dominantes? No, con toda seguridad: la igualdad de los ciudadanos constituye un bien cívico irrenunciable en las sociedades democráticas; es un pilar de la decencia. En asuntos como el caso Nóos, donde la relevancia social de los implicados forma parte de la causa, no valen los juegos de manos porque, a poco que el prestidigitador no ande listo, el truco queda enseguida al descubierto aunque se presente envuelto en la jerga abstrusa del papeleo judicial. Y de esta forma todo se vuelve aún más horriblemente intratable de lo que era de prever.