Una piedra en el zapato de Obama

Guantánamo

Un grupo de presos en el Campo VI del penal de Guantánamo rezan un día de marzo del 2011.

La cárcel de Guantánamo es una piedra en el zapato del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que enturbia sus relaciones con el mundo musulmán, inquieta a una parte de su electorado, comprometido con la defensa a ultranza de los derechos humanos, y es motivo de controversia en los pasillos del Congreso. Obama reiteró a comienzos de semana que es preciso acabar con el limbo legal en el que se encuentran 166 internados en las celdas de Guantánamo, recurrió al discurso de los valores para deplorar la situación, pero se impuso la idea de que la solución al problema no será ni fácil ni inmediata. No solo porque hay obstáculos jurídicos y políticos que parecen insalvables, sino porque el atentado de Boston del día 15 ha refrescado en las memorias la guerra contra el terrorismo y el concepto de combatiente enemigo, que llevó a Guantánamo a un conglomerado variopinto de detenidos a los que se aplicó a partir de la guerra de Afganistán una legislación ajena al derecho internacional.

En la prisión de Guantánamo hay un centenar de individuos en huelga de hambre, que en su mayoría son alimentados por la fuerza. De los 166 internados que permanecen en la base, 86 podrían ser liberados si algún país los acogiese con garantías; el resto están incursos en diferentes situaciones alegales que, en el mejor de los casos, violentan los derechos procesales más elementales y, en el peor, hace años que niegan a los interesados ser sujetos de derechos. Frente al derecho internacional humanitario recogido en las convenciones de Ginebra, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las últimas especificaciones del 2005, en la base militar estadounidense en la isla de Cuba se ha levantado un penal con leyes propias –pocas– y la arbitrariedad como norma, un lugar que durante años fue “una cámara de tortura” (Noam Chomsky) si es que no lo sigue siendo por el mero hecho de mantener encerradas contra su voluntad a personas contra las que no se ha formado causa penal alguna. Allí se aplicó por sistema la técnica del “interrogatorio reforzado”, método coactivo defendido por el expresidente Richard Cheney en sus memorias que, más allá del universo neocon, no es tiene por otra cosa que por una forma de tortura.

Familiares de Guantánamo

Manifestación en Saná, capital de Yemen, de familiares de presos en Guantánamo, el 1 de abril de este año.

Max Fischer, analista con un blog en el periódico liberal The Washington Post, ha identificado hasta cuatro posibles desenlaces para los presos de Guantánamo: un proceso civil, un tribunal militar, el traslado a una prisión en el extranjero y la liberación, dependiendo de la situación concreta de cada uno de los 166 internados. Pero detrás de la lógica forense se agitan dificultades insalvables, como el propio Fischer admite:  el Congreso mantiene bloqueada la vía judicial en tanto no se sepa dónde y en qué condiciones se aplicarán las condenas –preferiblemente en cárceles fuera de Estados Unidos o en alguna construida ad hoc–; en el que caso mandar a los presos a cárceles de sus países de origen –la mayoría son yemenís–, debe garantizarse que se respetarán sus derechos y no serán torturados; para los 86 a los que se podría dejar en libertad, la Casa Blanca exige garantías a los países de acogida al tiempo que descarta que puedan instalarse en suelo de Estados Unidos. A esos inconvenientes debe añadirse que el Partido Demócrata ha estado lejos de apoyar en bloque el propósito de Obama de sacar los presos de Guantánamo.

En este complejísimo cuadro en el que se mezclan de forma inextricable derecho y política, pesa el resultado de las encuestas, que siempre recogen la oposición de la mayoría de estadounidenses a toda resolución que no implique alejar a los internados. La otra condición irrenunciable es mantener intacta la seguridad nacional, un objetivo que después del atentado de Boston ha vuelto a ser motivo de preocupación y ha rearmado a los partidarios de las soluciones radicales, hasta el punto de que aquí y allá se alzan voces para que a Dzhojar Tsarnaev, el autor superviviente del atentado del día 15, se le aplique la misma figura delictiva –combatiente enemigo– que figura en los expedientes de los presos de Guantánamo. Obama se encuentra así atrapado entre sus convicciones personales, sus propias dudas, una opinión pública de nuevo alarmada y la necesidad política de encontrar una salida. El presidente se apresuró a prometer el cierre del penal de Guantánamo en cuanto se instaló en la Casa Blanca en el 2009, a los pocos meses pronunció en El Cairo un discurso en el que tendió la mano al mundo árabe y al orbe musulmán, pero poco después surgieron las dificultades insuperables que hubo de reconocer, y no ha dado con la fórmula para romper el círculo vicioso.

Aunque los electores de Obama siguen pensando que la culpa de la situación es de la Administración de George W. Bush y de los legisladores republicanos, que mantienen el problema bloqueado, ha empezado a cundir la idea de que el presidente prefiere que no cambien las cosas. “De hecho, Obama es partidario de la detención indefinida –concluye Conor Friedersdorf en la revista The Atlantic–. Pero ofrece su versión menos sincera para preservar la ilusión de que su crítica de Guantánamo no ha cambiado desde que fue candidato”. El profesor Ben Wittes, de la Brookings Institution, recuerda que “el propio Obama impuso una moratoria sobre la repatriación de personas a Yemen”. Y el columnista Glenn Greenwald cree que Obama adoptó un lenguaje contenido con relación al problema de Guantánamo “casi inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca y antes de que los legisladores tomaran algunas medida que constreñían sus acciones”.

Kuwait. Apoyo presos

Asamblea de activistas kuwatís celebrada el 31 de marzo para pedir la excarcelación de los presos de Guantánamo. En el cartel se lee: Estados Unidos trata a sus enemigos mejor que a sus amigos.

Esas opiniones soslayan el hecho de que el problema de los presos complica el trato del presidente con los líderes árabes, singularmente aquellos que se han instalado en el poder como resultado de las primaveras y que visten los ropajes del islamismo moderado. Cuando un preso sin cargos publica una carta del estilo de la que apareció en The Guardian, firmada por Shaker Aamer –“He pasado más de 11 años en la bahía de Guantánamo. Para ser preciso, 4.048 días y noches. Nunca estuve acusado de crimen alguno”–, y la red la lleva hasta la opinión pública árabe-musulmana, se registra un fenómeno evocado por Obama: crece el número de radicales. Ese mecanismo de radicalización ideológica repercute directamente sobre el comportamiento de unos gobernantes que, sometidos a los requisitos de la realpolitik, tienen cada día más dificultades para contener a sus bases y a los estados mayores de los partidos islamistas. El dosier de Guantánamo no es el eje en torno al cual gira el entramado diplomático árabe-estadounidense, pero contribuye a mantener vivo el sentimiento antioccidental, cimentado en un largo y conocido memorial de agravios, y facilita el discurso salafista de Marruecos a Irak.

Más que ver en el comportamiento de Obama algo parecido a la doble moral que separa las palabras de los hechos, se vislumbra la imposibilidad cierta de dar salida a un problema con un gran valor simbólico. “Obama no hace nada con Guantánamo porque no sabe qué hacer”, escribió un usuario de una red social después de la última rueda de prensa del presidente. A juzgar por el comentario de Michael Williams, asesor del Departamento de Estado, recogido por el semanario progresista The Nation, algo hay de cierto en esta apreciación: los yemenís –susceptibles de ser puestos en libertad– “permanecerán en Guantánamo durante un futuro indefinido”.

¿Cómo se compagina ese anuncio con la convicción del presidente de que la situación de los presos encerrados en la base caribeña es algo “contrario a nuestros principios”, los de Estados Unidos, se entiende? ¿Cómo se puede prolongar la situación cuando Navi Pillay, comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recuerda que la mayor violación de esos derechos es mantener encerrados a aquellos cuya liberación ha sido aprobada? En esa misma línea, el analista Jason Linkins considera que el cierre de la prisión de Guantánamo plantea un dilema menor “comparado con el problema de las detenciones indefinidas de quienes debían haber sido puestos en libertad”. Eso último tiene un mayor peso emocional porque, al mantenerse las detenciones, se prolonga una condena por unos delitos que nunca existieron o nunca se pudieron probar, que para el caso es lo mismo. Y si Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, destacó en el pasado como defensor comprometido de los derechos civiles, hoy aparece como un político incapaz de conjugar las exigencias de la política con los requisitos de la moral.

Esa es en última instancia la cuestión que se dilucida. En el seno de una democracia donde el principio de legalidad debe quedar siempre a salvo, incluido el respeto al derecho internacional, el poder no se legitima solo mediante la celebración de elecciones limpias y la gestión honrada de los asuntos corrientes, sino también mediante la aplicación escrupulosa de la ley sin excepciones o normativas ad hominem. La anterior Administración burló esos requisitos con la apertura de la cárcel de Guantánamo, donde quiso aplicar una legislación excepcional que, finalmente, convirtió a los allí encerrados en reos de una sistema ajeno a cualquier norma. La Administración en ejercicio se encuentra atrapada por el doble cepo de una opinión pública con una sensación de vulnerabilidad muy grande y una oposición refractaria al pacto, de forma que se antoja imposible una solución por consenso porque en el bando conservador no hay nada más alejado de sus preocupaciones que los presos de Guantánamo. ¿Justifican las razones de Estado dejar las cosas tal como están? Resulta inquietante, pero realista, admitir la posibilidad de que la respuesta más repetida sea sí.

‘Annus horribilis’ en la Zarzuela

El metabolismo de las monarquías es sustancialmente diferente al de las repúblicas. En las monarquías, la solvencia de la institución descansa en intangibles que tienen que ver más con la adhesión personal que con hechos concretos y palpables. En las repúblicas, por el contrario, la fluidez institucional es inseparable de los resultados: en las presidencialistas, el jefe del Estado es el factótum indispensable; en las restantes, la neutralidad del presidente debe ser útil para enfriar la brega política de todos los días. El único o al menos el más notable elemento común al titular de una monarquía o de una república es el principio de ejemplaridad que los ciudadanos reclaman a quien ocupa la cima de la pirámide institucional con un poder real o simbólico, de ahí que, como dice el psicoanalista Jean-Pierre Winter, sucesos como el affaire Cahuzac en Francia y la imputación de la infanta Cristiana en España causen una “herida narcisista”. En ambos casos, pesa tanto el daño emocional como la concreción material de los hechos.

Cuando el ministro del Presupuesto, Jérôme Cahuzac, aparece como un evasor fiscal con una cuenta en Suiza, los pilares del templo desfallecen y la “república irreprochable” prometida por François Hollande se desvanece sin remedio; cuando un juez cita a declarar a una hija del Rey por un feo asunto de caudales públicos, la monarquía ejemplar de la transición pasa a ser el “reino despuntado” del que habla Le Monde. Si a estos acontecimientos de última hora se suman otros que atañen al funcionamiento de los estados –Francia, España y otros–, la administración del erario y el coste moral y económico de la crisis, el descrédito de los gobernantes alimenta la indignación de los contribuyentes, zozobran las convicciones más arraigadas en un mar de dudas y escepticismo y los demagogos se suben al escenario. Acudiendo al dictamen de Sócrates, la retórica se convierte en el “arte de la mentira”.

La profesora Julie Neveux se remite a otro clásico para referirse a la retórica como sinónimo de mentira: “La metáfora preferida de Platón para hacer comprensible esto es la siguiente: el sofista se ocupa de la cosmética (apariencia ilusoria) allí donde el filósofo, y el buen político, deben ocuparse de la ética y de la verdad, y ejercer su verdad mediante una gimnasia sana y dialogada”. Lo que se preguntan muchos franceses es si cuando el presidente Hollande alude a “una imperdonable falta moral” realiza un ejercicio retórico o pone en marcha una catarsis de urgencia para metabolizar el mal causado por los manejos y las mentiras de Cahuzac. Una duda casi idéntica a la que suscita la disposición de la Zarzuela a aceptar el irrenunciable principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, como el mismo Rey recordó en Navidad, pero que luego mediatiza con la crítica al juez que cita a la infanta y el apoyo al fiscal que recurre la imputación.

Aquí acaban las coincidencias entre dos formas de gobierno tan dispares, porque en las repúblicas todo tiene una naturaleza terrenal y en las monarquías, los cimientos descansan en la mitología y el arquetipo del justo sin tacha. Las viejas monarquías europeas constituyen un anacronismo histórico, a menudo popularísimo, que asocia a un grupo muy pequeño de familias en la práctica de ciertas actitudes heredadas. Estas familias no son inmunes al desgaste de la vida cotidiana, a su comportamiento en el seno de sociedades abiertas, pero tienen a su disposición filtros que dejan pasar el agua clara y apartan de los focos los torrentes turbios. Funciona en ellas la estrategia de la sonrisa, de la foto de familia en la cubierta de un yate o en la cola del telesilla, de la rigurosa administración de uniformes y pamelas los días de boda y de retiros calculados si se produce un divorcio. Todo esto suele ser eficaz, marca una distancia de hecho entre las testas coronadas y el resto de la sociedad; solo cuando alguien cambia sin avisar las reglas del juego –la princesa Diana– o no cuadran las cuentas, asoman las grietas en la fachada.

¡Ah, las cuentas! Herida la inmensa mayoría de la sociedad por los zarpazos de una crisis económica cuyo final no se vislumbra, la más mínima sospecha de trapisonda resulta irritante. La actividad evasora de Cahuzac conmueve a los contribuyentes no solo por el fraude cometido, sino también por el agravio comparativo. La desvergüenza enerva a los ciudadanos, pero si quien la ejerce es precisamente quien debía haberla combatido, entonces el dolor es poco menos que insoportable. Y si quienes son sospechosos de haberse lucrado gracias a su nombre y circunstancias personales –Iñaki Urdangarín y compañía– ocupan un sitial con privilegios atávicos, entonces se pasa del dolor a la crisis de identidad. Duele más descubrir las debilidades de una leyenda que las flaquezas morales de un plutócrata como Jean-Jacques Augier, tesorero de la campaña electoral de Hollande, que regatea a la hacienda francesa con una sociedad en un paraíso fiscal. Y lo de Augier duele mucho a sus compatriotas.

En el caso español, la crisis de identidad obedece en no menor medida al “respeto reverencial” que ha hecho de la monarquía “un jarrón chino en lugar de vigorizarla como algunos pretendían”, tal como ha escrito Albert Sáez esta semana. Averiguar, además, si la crisis se debe a la sensación de orfandad de unos ciudadanos turbados por las flaquezas de la familia real, a la torpeza del entorno de la Zarzuela, a una idea trasnochada de la monarquía o a un poco de cada cosa importa menos que la crisis misma. Porque si en los regímenes republicanos en situaciones extremas se habla de cambiar a los gobernantes mediante el concurso de las urnas, en las monarquías en parecidos trances se incorpora al relato el fantasma de la abdicación y, en última instancia, el de la quiebra de la institución. Incluso en Televisión Española, canal 24 Horas, de una prudencia ilimitada cuando de la Corona se trata, se barajó la noche del miércoles como hipótesis no descartable la convocatoria en un futuro indeterminado de una consulta para decidir entre monarquía y república.

Diríase que es ilusorio pensar que se puede vivir siempre de las rentas de la historia y que, por el contrario, el peso de la historia desgasta a los actores si encadenan errores y decepcionan al patio de butacas que les observa. La web de referencia en el Reino Unido politics.co.uk subraya el poco interés que despierta el papel político de la monarquía e insiste, en cambio, en el debate permanente referido al coste de la institución, al régimen fiscal del que disfruta y a la desigualdad entre la tributación de las rentas reales y las de los demás contribuyentes. Aun así, la reina se mantiene por encima de la crítica, pero antes hubo de cambiar el paso y acercar su comportamiento al de los demás mortales para superar sin daños mayores su annus horrobilis.

“¿Por qué los más afortunados en el seno de nuestras sociedades quieren escapar a los impuestos –se pregunta el economista Paul Jorion a propósito de Cahuzac– y por qué han considerado hasta muy recientemente que evitarlos es un pecado venial en el que se complace la gente de la alta sociedad? Porque su sentimiento era que las sumas que les reclaman sirven para una redistribución de la riqueza en la que son los donantes y no los beneficiarios”. ¿Por qué es posible que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación descubra que 130.000 fortunas guardan el dinero en el calcetín de los paraísos fiscales y ninguno de los interesados se siente avergonzado? La respuesta seguramente se asemeja mucho a la dada por Jorion a la pregunta anterior. ¿Por qué hay quien puede llegar a la conclusión de que se encuentra por encima o al margen del cumplimiento de la ley por el simple hecho de ser quién es? Vale otra vez una respuesta parecida a la de Jorion.

¿Puede encontrarse la puerta de salida del laberinto de un annus horribilis como el de la familia real con reglas del juego que se alejan de las corrientes de opinión dominantes? No, con toda seguridad: la igualdad de los ciudadanos constituye un bien cívico irrenunciable en las sociedades democráticas; es un pilar de la decencia. En asuntos como el caso Nóos, donde la relevancia social de los implicados forma parte de la causa, no valen los juegos de manos porque, a poco que el prestidigitador no ande listo, el truco queda enseguida al descubierto aunque se presente envuelto en la jerga abstrusa del papeleo judicial. Y de esta forma todo se vuelve aún más horriblemente intratable de lo que era de prever.