Debate sobre el poder a raíz de la pandemia

La crisis mundial provocada por la pandemia del covid-19 ha abierto de nuevo el debate relativo a las atribuciones de los estados, al poder que ejercen, a la eficacia o ineficacia de los sistemas, a la relación de los ciudadanos con las autoridades políticas, a la competición entre adversarios políticos en situaciones de excepción como la presente. Al mismo tiempo, asoman nuevos profetas que se emplean a fondo para resaltar el éxito de China para limitar la extensión de la enfermedad y quizá vencerla; pocos de ellos emplean la misma energía en recordar la naturaleza del poder en el país donde todo empezó: una dictadura de partido único, extremadamente centralizada, sin compromiso alguno con la defensa de los derechos humanos y con el derecho a la autonomía de los individuos. Ni siquiera se sabe hasta qué punto la cicatería informativa de las autoridades chinas en las primeras semanas de la epidemia facilitó la extensión de la enfermedad, y resulta una ingenuidad dar por buenas las cifras que han facilitado (contagiados, muertos y curados).

“Somos bastante reacios a obedecer si no se nos convence y tenemos muchas fuentes de información”, ha declarado a este diario el filósofo Daniel Innerarity. Es esta una opinión tranquilizadora en una época en la que se multiplican las voces que reclaman anteponer la seguridad a cualquier otra consideración, base y fundamento de la vieja utopía reaccionaria que persigue erosionar el ejercicio de las libertades a cambio de mayores cotas de seguridad (en realidad, no hay seguridad sin libertad). El confinamiento obligado por la pandemia está lejos de ser una concreción de tal utopía -distopía,mejor-, más bien es una situación excepcional y científicamente justificada, pero todo vale en la brega de la extrema derecha y vecinos ideológicos para arremeter contra la democracia, los sistemas deliberativos y la acotación del poder.

El profesor David Runciman, de la Universidad de Cambridge, se remite en las páginas del periódico progresista The Guardian, a la aproximación de Thomas Hobbes (mediados del siglo XVII) sobre la naturaleza del poder: algunas personas pueden decir a otras qué deben hacer. Algo que por la gravedad del momento tiene justificación, pero que solo en los regímenes democráticos se contrapesa con garantías de control de los riesgos asociados a medidas limitativas de la libertad de movimientos. “Los gobiernos nacionales realmente importan, y realmente importa de cuál dependes –escribe Runciman–. Aunque la pandemia es un fenómeno global, y se está experimentando de manera similar en muchos lugares diferentes, el impacto de la enfermedad depende en gran medida de las decisiones adoptadas por los gobiernos individuales”.

Tal dependencia de las decisiones requiere un examen permanente y pormenorizado de su oportunidad y eficacia. La discusión en Estados Unidos se plantea hoy en tales términos: el presidente Donald Trump se instaló en un escepticismo sin justificación posible y dio tiempo a que avanzara la enfermedad hasta manifestarse con una virulencia extrema. La Casa Blanca despreció la experiencia europea, y cuando rectificó hubo de hacerlo urgida por el desmoronamiento de la economía y la multiplicación de los contagiados. “La economía ha entrado en una profunda recesión que tiene ecos de la Gran Depresión en la forma en que ha devastado a muchas empresas y consumidores, provocando despidos masivos y amenazando con provocar una reacción en cadena de quiebras y pérdidas financieras para empresas grandes y pequeñas”,  explica Heather Long en el liberal The Washington Post.

¿Cuánto del desastre podía haberse evitado y hasta qué punto el programa de rescate de dos billones de dólares será eficaz? Nadie lo sabe. ¿Qué dimensiones puede adquirir la epidemia en Estados Unidos? No son posibles los vaticinios. Lo único que ha confirmado la crisis es que la suficiencia es siempre ineficaz, dañina, y agrava los efectos de por sí gravísimos de una economía paralizada, sin que quepa aventurar cuándo será posible reactivarla.

¿Despreció Donald Trump los efectos de la globalización? El analista Alex Kliment contesta con una dualidad: “Algunas personas ven la crisis de covid-19 como una llamada de atención atrasada para una mayor coordinación y unidad global. Otros lo ven como una confirmación de su sensación de que la globalización había ido demasiado lejos, y que un futuro de muros más altos y menos integración económica es más seguro y saludable”. Pol Morillas, director del Cidob, abunda en El País en la misma idea de repliegue de la política en dirección a ámbitos alejados de la idea de globalización: “El coronavirus parece haber decantado el péndulo hacia lo nacional, también en la UE. Los límites a la movilidad y el confinamiento siguen regulaciones nacionales, en ausencia de directivas conjuntas. Las medidas sanitarias y de respuesta a la pandemia divergen entre los estados de la UE y a veces en su interior, entre Gobiernos centrales y regionales”.

En mitad de la batalla ha cundido la idea de que si fue útil una solución nacional, centralizada y autoritaria en China, ¿quizá este sea el camino? Al mismo tiempo, las recetas nacionales han tensado las costuras en los estados europeos de estructura federal o federalizante –el caso español no es único–, entre las autoridades a escala regional y las entidades locales, y así sucesivamente; la naturaleza y los atributos del poder, la soberanía y cuanto se refiere al equilibrio entre poderes se ha puesto a discusión entre partidarios y adversarios de soluciones autoritarias, con la referencia china siempre al fondo.

“En el corto plazo va a haber un repunte de la autoridad del Estado (…) Pero en el largo plazo el Estado-nación pensado de forma tan vertical no existe”, sostiene Daniel Innerarity. Es una opinión esperanzadora frente a quienes pronostican una mutación autoritaria del poder propiciada por la pandemia, que aceptarán sociedades asustadas y económicamente vulnerables. Sociedades en las que, antes de la crisis, anidaron opciones populistas con representación en los parlamentos, programas muy conservadores y actitudes cada vez más agresivas. David Runciman lo resume en dos preguntas: “¿Cómo ejercerán los gobiernos los poderes extraordinarios que les damos? ¿Y cómo responderemos cuando lo hagan?” Las respuestas solo podrán ser retrospectivas, pasada la tormenta.

 

 

Charcutería política en plena crisis sanitaria

La peor versión de la charcutería política ha hecho acto de presencia en medio de la crisis planetaria del coronavirus. También ha asomado con furor la vieja discusión entre el fuero y el huevo, y han proliferado como las setas en otoño (cuando llovía abundantemente) los especialistas en discusiones bizantinas. Y no han renunciado a sumarse a la función diferentes clases de visionarios, científicos o no, que desacreditan cuanto se hace o se atreven a sostener que vieron venir el desastre mucho antes, advirtieron a quienes debían y no les hicieron caso.

La crisis es mundial, pero su utilización ha adquirido tintes de local, de política de bajos vuelos. La abundancia de políticos en permanente campaña electoral empaña todas las discusiones; los disidentes a quienes la idea de unidad de acción provoca sarpullidos arremeten contra autoridades legitimadas para adoptar medidas extremas; los expertos que deben tomar decisiones arriesgadas sufren el acoso de otros expertos que no se sienten suficientemente atendidos o creen disfrutar de una excepcional clarividencia (Oriol Mitjà, uno de ellos). No es esta una situación generalizada, pero sí demasiado frecuente.

Mientras cada uno en su casa gestiona el confinamiento con un índice de seguimiento altísimo –calles vacías, tiendas cerradas, el sistema educativo paralizado, la economía en fallo multiorgánico– y una encuesta publicada por el diario El País revela una aceptación del 36% de las medidas adoptadas –65% si se suma el porcentaje de cuantos las valoran como regulares–, al escuchar según qué voces se podría llegar a la conclusión de que vivimos instalados en los errores encadenados en diferentes peldaños de la Administración. Mientras la población asume con serenidad el parte diario de bajas y da muestras reiteradas de solidaridad y disciplina social, la deslealtad se manifiesta con energías renovadas, manipula la realidad o simplemente miente a la opinión pública.

La declaración del estado de alarma ha activado los resortes de un localismo exacerbado, cuyas primeras manifestaciones precedieron al larguísimo y seguramente tormentoso Consejo de Ministros del sábado, 14. Así el papelón de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que hubo de rectificar después de referirse con desdén a los profesionales de la educación; así Quim Torra, que ocupó la noche del viernes, 13 en anunciar un confinamiento específico para Catalunya que no podía declarar, con una aclaración casi inmediata del conseller Miquel Buch y, a partir de ahí, una traslación del combate contra la pandemia a la precampaña electoral del independentismo desaforado; así, en fin, las diferentes aportaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y otros ilustres especialistas en sembrar la confusión y la duda en sociedades sometidas a una prueba de estrés sin precedentes en tiempo de paz.

Sin duda, el Gobierno ha cometido errores en la gestión de este aciago asunto porque todos los han cometido, empezando por el de China, como es de imaginar que los han cometido las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, con diferentes grados de intensidad y en diferentes momentos. Si no los hubiesen cometido, deberían pasar a los anales de la historia de la humanidad como gobiernos dotados de una lucidez sobrenatural. Es además altamente improbable que alguien disponga de un catálogo de medidas infalibles, capaces de limitar los efectos de la pandemia y de acelerar la solución de la crisis. De la misma manera que es muy improbable que, fuese la que fuese la concreción del estado de alarma, no surgieran inmediatamente voces dispuestas a considerar insuficientes, tardías e inadecuadas las medidas adoptadas.

Desde el principio, ha sido irrefrenable la propensión de bastantes a desacreditar lo hecho en el pasado mediante la información de que se dispone en el presente. Este análisis retrospectivo es, por lo menos, capcioso salvo que su pretensión última sea documentar un precedente de forma suficientemente detallada por si en el futuro hay que afrontar una crisis con la repercusión y dimensiones de la del coronavirus. Y en este análisis no podrá dejarse a beneficio de inventario el debilitamiento sufrido por la sanidad pública, en Madrid y en Catalunya, o viceversa, a causa de recortes a mansalva durante los años de crisis económica, decididos, entre otros por el Govern de Artur Mas, cuyo brazo ejecutor fue Boi Ruiz. Con la particularidad en ambos casos de que abundaron las advertencias acerca del daño que se causaba con tales recortes, incluida la contracción de plantillas.

Finalmente, la politización de la emergencia sanitaria en su fase aguda es un disparate y una irresponsabilidad. Es tanto o más grave el efecto que tiene en la opinión pública la declaración de Quim Torra a la BBC, poniendo en duda que la población esté encerrada en casa –“el coronavirus sólo se puede detener si realmente cerramos y confinamos en casa a toda la población”–, una falsedad, que la falsedad en sí misma recogida por un medio que dispone de suficiente información como para que dé crédito a las palabras del entrevistado. De igual manera, es tanto o más grave transmitir la falsa impresión de que la carta dirigida por Torra a los socios de la UE los pondrá sobre aviso de lo mal que se hacen las cosas aquí, que el ridículo institucional y la deslealtad que cabe atribuirle.

La politización de la salud es un recurso éticamente injustificable. Habitualmente, obliga a rectificaciones sobre la marcha, a escudarse en explicaciones difícilmente creíbles y a internarse a menudo por un laberinto de enrevesadas contradicciones. Sucedió con la insólita prolongación del Consejo de Ministros que aprobó el real decreto de declaración del estado de alarma –enfrascados el PSOE y Podemos en una larga discusión entre técnica y doctrinal–, sucedió también con la negligente conducta de Donald Trump y Boris Johnson, empeñados en negar la realidad y aplazar las medidas de excepción, sucedió asimismo con la inconcreción inicial de la UE, sucede con los diferentes ámbitos de la Administración en España que desacreditan sin tregua cuanto se hace y seguirá sucediendo mientras alguien crea que tal conducta puede rendir réditos electorales. Pero es tan radicalmente grave el desafío del Covid-19 que cualquier grieta en el combate unitario debilita enormemente la suerte de la batalla en curso. Dicho de otra forma: la unidad no es una imposición caprichosa, sino una necesidad ineludible.

 

Una prosperidad vulnerable y frágil

La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de un modelo económico que ha saltado por los aires en cuanto se ha expandido el contagio más allá de todo cálculo o previsión. Muchas certidumbres sobre la robustez y capacidad de resistencia del sistema se han venido abajo a igual ritmo que ha aumentado en Occidente la propagación de la enfermedad, China ha dejado de ser el gran proveedor y ha cundido el pánico en los mercados, poseídos por un episodio de histeria colectiva, mientras los especialistas en operaciones a corto esperaban llenarse los bolsillos. Y estos no eran los únicos síntomas de una vulnerabilidad acrecentada, sino que los sistemas sanitarios públicos aparecían como los únicos capaces de hacer frente a la crisis y, al mismo tiempo, se asomaban al abismo al afrontar una prueba de estrés funcional con profesionales contagiados o confinados, apartados del servicio, mientras las redes de sanidad privada daban pruebas de una capacidad de respuesta limitadísima.

¡La vulnerabilidad, la vulnerabilidad! o ¡la fragilidad, la fragilidad!, cabe exclamar hoy parafraseando las últimas palaras de Kurtz, el personaje de En el corazón de las tinieblas: “¡El horror, el horror!”. El escritor Martín Caparrós escribe en The New York Times: “Es sorprendente comprobar la fragilidad de todo eso que creíamos rocosamente sólido, cemento armado. En unos días los grandes y poderosos del mundo perdieron fortunas, la confianza de sus súbditos, el control de muchas situaciones. Los gobiernos, la gran banca, los petroleros altivos, los fabricantes de referencia, los financieros recontraglobales, los que rigen y manejan el mundo, los que nos habían convencido de que nunca nada los desarmaría, deben estar asustados preguntándose si aprenderemos la lección y decidiremos desafiar, cual virus chino, sus poderes que ya no se ven tan poderosos”.

Jacky Isabello habla en las páginas de Le Monde de “atención ciega”, que consiste en “concentrar de tal manera la atención en un fenómeno en concreto que se obvia alguna cosa que, sin embargo, debería saltarnos a la vista”, de acuerdo con el concepto de cisne negro desarrollado por el especialista en estadística Nassim Nicholas Taleb. ¿Era o es un cisne negro la excesiva dependencia de China como país proveedor? ¿Fue un cisne negro desviar la mirada de los previsibles efectos que tendrían los recortes en sanidad –en Catalunya, días de Artur Mas y Boi Ruiz– en una situación de emergencia? ¿Es un cisne negro la capacidad demostrada por la globalización de desencadenar un efecto dominó a escala mundial?

Con o sin cisne negro, la fragilidad de nuestra forma de vida ha quedado en evidencia. Hay resortes para la prosperidad extremadamente débiles –el turismo, uno de ellos– para afrontar una situación adversa; hay operadores económicos de dudosa moral dispuestos a hacer juegos de manos con el hundimiento de las bolsas; hay demasiados aspirantes a gobernantes –Pablo Casado figura en la lista– empeñados en exacerbar las críticas dirigidas a quienes intentan acotar el parte de daños, controlarlo o minimizarlo si ello es posible. Y hay, por último, el miedo, un estado de ánimo colectivo causado por la inseguridad, por el perfil psicológico de una sociedad que excluye el riesgo o la imposibilidad de prever el futuro.

Cuando la profesora Lucrezia Reichlin, de la London Business School, presenta la crisis del coronavirus como una gran ocasión para la mejora de la cooperación europea, hace un vaticinio optimista sobre el efecto de la pandemia: “Representa una oportunidad para que la UE cree un mecanismo de gestión de crisis poderoso, que aúne los recursos de los estados miembro y los canalice hacia una política fiscal coordinada. La idea de un fondo de seguro de este tipo no es nueva: varios economistas defendieron la idea después de la última crisis, cuando la discusión de una reforma de la gobernanza estaba en pleno apogeo”. Pero aquella discusión, que incluyó el atrevimiento de Nicholas Sarkozy, a la sazón presidente de Francia, de afirmar que era el momento de refundar el capitalismo, derivó justo en lo contrario: un programa de austeridad que condicionó la salida de la crisis e hipotecó el futuro de los estados rescatados en condiciones leoninas.

Lo dice el analista Kevin Allison: “Dado que el virus se está extendiendo a una franja cada vez mayor de Europa y Estados Unidos, pronto descubriremos mucho más sobre si las democracias occidentales enfrentan este desafío de forma correcta”. En otras palabras, veremos hasta qué punto son capaces de reducir la vulnerabilidad, aumentar la fiabilidad del sistema y responder a las incertidumbres a corto y medio plazo, no solo económicas, sino políticas y sociales. Pronosticar, como hace el Banco Asiático de Desarrollo, que la crisis del coronavirus puede acortar el PIB global el 0,4% es preocupante y desalentador, pero lo es más no saber en qué se traducirá tal contracción de la economía, cómo influirá en nuestra forma de vida cuando la tormenta haya pasado.

En el fondo, prevalece en la opinión pública una desconfianza muy arraigada en los poderes públicos –ante tanta alarma, no será que algo nos ocultan–, aunque al mismo tiempo casi nadie duda de que solo los estados fuertes, socialmente comprometidos y democráticamente gestionados son capaces de afrontar la prueba. Es esta una contradicción irresoluble, un estado de ánimo con el que deben pechar los gobernantes que, como en el caso de la pandemia, aparecen todos los días en los medios dando explicaciones, tomando medidas e intentando neutralizar a los desaprensivos que en las redes sociales practican el amarillismo y la irresponsable difusión de disparates. Una forma bastarda de contribuir a que crezca la sensación de vulnerabilidad, más allá de la que es posible confirmar de forma empírica; una manera de estimular comportamientos injustificables, acientíficos e incluso perjudiciales.

La vulnerabilidad habita entre nosotros, pero no es el anuncio de ningún cataclismo apocalíptico. Baste un dato: la malaria causa todos los días en los países pobres veinte veces más muertes que la pandemia en curso. No se trata de quitar importancia al parte de víctimas causadas por el coronavirus, sino de calibrar la dimensión real de los riesgos que enfrentan estos días comunidades que acaban de descubrir su fragilidad.

China, ante una crisis de credibilidad

La orientación dada por el régimen chino a la gestión del coronavirus obliga una vez más a sopesar la naturaleza del sistema, su eficacia o debilidad, incluso su papel en la comunidad internacional cuando con harta frecuencia prevalecen la opacidad y el secretismo. Por mucho que la maquinaria de propaganda resucite viejos eslóganes, aliente el nacionalismo y pretenda desviar la atención hacia cuadros de segundo nivel del Partido Comunista y de la Administración –una misma cosa, en realidad–, lo cierto es que la cicatería y el retraso de Pekín a la hora de facilitar los datos esenciales de la epidemia han dificultado enormemente poner en marcha medidas preventivas y, de paso, han dado alas a una psicosis colectiva en todas partes, especialmente en Occidente. Un estado de ánimo, esto último, que obedece tanto a prejuicios arraigados durante generaciones como al comportamiento de las autoridades chinas, más afectas que nunca a la ancestral afición de la Ciudad Prohibida a ocultar o desvincularse de la realidad.

El desafortunado titular de The Wall Street JournalChina es el auténtico enfermo de Asia– que encabezaba un artículo firmado por el profesor Walter Russell Mead no invalida la consistencia de alguno de los argumentos desarrollados en él. En especial el que se refiere a la posibilidad de que el ADN del régimen chino desencadene algún día una catástrofe a gran escala: “Los estudiosos de la geopolítica y de los asuntos internacionales, sin mencionar a los líderes empresariales e inversores, deben tener en cuenta que el poder de China, por impresionante que sea, sigue siendo frágil. Un virus mortal o un contagio del mercado financiero podría transformar la perspectiva económica y política de China en cualquier momento”.

Los riesgos de paralización de sectores importantes de las economías desarrolladas, faltos de suministros y sin proveedores alternativos, justifican este temor incipiente. Lo justifican también las estadísticas crecientes de enfermos y fallecidos, las cuarentenas, la evacuación de personal destinado a China por inversores extranjeros y la imposibilidad de esclarecer a ciencia cierta cuándo tuvieron noticia en Pekín de los primeros casos de coronavirus, cuántas semanas tardaron en poner en antecedentes al resto del planeta y hasta qué punto el presidente Xi Jinping y su entorno optó por el encubrimiento, por esperar y ver en vez de informar y actuar a plena luz del día.

Aunque el China Daily, el periódico en inglés editado en Pekín, se prodiga en comentarios que aluden a prejuicios colonialistas en la reacción de Occidente –algo no descartable–, lo cierto es que el debate abierto se adentra en las peculiaridades del régimen comunista surgido en los primeros noventa como resultado del reformismo impulsado por Deng Xiaoping, que rescató a China del atraso y el ensimismamiento. Un debate al que se ha incorporado de forma más o menos explícita una parte de la opinión pública china, confinada en sus casas, con las escuelas cerradas, las calles vacías y una sensación generalizada de parálisis del tejido productivo. Un debate en el que, se quiera o no, se formula una vez más la gran pregunta: ¿cuáles son los límites o el futuro de un sistema pilotado por el Partido Comunista y entregado a un desarrollo acelerado de la economía capitalista? Planteado todo en los términos de un editorial del Financial Times: ¿puede una superpotencia económica y militar consagrarse como tal e impedir al mismo tiempo, de forma sistemática, la libertad de información y crítica?

El China Daily se centra en el ideario de algunos medios occidentales –“fue [el lenguaje] utilizado comúnmente por las fuerzas extranjeras que conquistaron China para justificar su trato inhumano con los chinos”– y se remite a las prácticas colonialistas de las potencias europeas en África: “Este idioma colonial también era común en África cuando los amos colonizadores consideraban que su religión, cultura y estilos de vida en general eran superiores a los de las personas ingenuas a las que percibían como enfermas e inmundas”. Y sin descartar que pueda haber una parte de verdad en el legado dejado por la cultura colonial en Occidente, asoma al mismo tiempo el análisis adelantado por el Fondo Monetario Internacional: la crisis abierta por el coronavirus puede dañar la de por sí débil recuperación económica.

Tan cierto es que la Casa Blanca ha puesto en marcha un gran aparato de propaganda dentro de su particular guerra comercial con China como que demasiados analistas de muy variada orientación ven en el desarrollo de los acontecimientos diversas amenazas ciertas. Y si el nobel Paul Krugman teme más a los antiliberales que el comportamiento de la autoridades chinas, a otros les preocupa más algo que el mismo Krugman describe con detalle: “Es un país que no es democrático en absoluto, cada vez es menos libre; es un capitalismo muy controlado que supone un reto para el modelo occidental. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Hay diferentes tipos de capitalismo y diferentes modelos políticos también. La historia no ha terminado, hay diferentes modelos ahí fuera y pueden adelantarnos”.

“La gobernanza de China se ha vuelto menos transparente en las dos décadas posteriores al estallido del SARS, con el periodismo de investigación y otros informes y evaluaciones independientes enfrentando mayores limitaciones”, escribe Aditya Bhattacharji, un prestigioso experto en sanidad global del think tank Eurasian Group. El diagnóstico no es tranquilizador y permite poner en duda la fiabilidad de las autoridades chinas como gestoras de asuntos que atañen a la comunidad internacional y no solo a sus conciudadanos. Lo que es tanto como poner en duda la consistencia del milagro chino, fundamentado en un comunismo que consagra y legitima el derecho a enriquecerse, y que, al mismo tiempo, prohíbe la crítica independiente y la disidencia.

Nunca antes una crisis sanitaria había tenido tantas implicaciones políticas. El coronavirus ha sentado ante el espejo el modelo chino y se han puesto de manifiesto sus debilidades, fiabilidad y limitaciones, acaso su viabilidad futura si la fábrica del mundo no acomoda su potencia económica a los mínimos de transparencia que, de forma más o menos explícita, reclama la comunidad internacional en casos como los de una epidemia cuya contención nadie puede afirmar que se ha conseguido. Al menos no hay noticia confirmada de ello y la inquietud está justificada, más allá de los prejuicios y el comportamiento extravagante de quienes se han dedicado en el último mes a señalar a las comunidades chinas en todo el mundo como potenciales transmisoras de la enfermedad, una forma de xenofobia apenas encubierta.

Gana el ‘brexit’, crecen las incógnitas

La incontestable victoria de Boris Johnson en las elecciones legislativas celebradas el jueves en el Reino Unido deja las manos libres al primer ministro para acelerar los trámites del brexit, pero plantea un gran número de incógnitas. El vencedor puede traducir en hechos su eslogan preferido, Terminar el brexit, y poner fin a las “miserables amenazas” –palabras suyas– de un segundo referéndum, pero deberá afrontar varios desafíos consecuencia de la salida de la Unión Europea, empezando por las reglas del juego que regirán en la relación futura con los Veintisiete en los ámbitos financiero, comercial y de circulación de personas. Un rompecabezas que con toda probabilidad requerirá más del año previsto para consumar el brexit a partir de la fecha, puede que anterior al 31 de enero, en que entrará en vigor el acuerdo negociado por Johnson con Bruselas.

Los requerimientos de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, para concretar cuanto antes la tramitación del brexit no hace más de traducir una exigencia previsible de la UE después del caótico día siguiente del referéndum de junio de 2016 y de la dificultad para desatascar un bloqueo tóxico para la construcción europea. El problema de Johnson es que la simplicidad de los mensajes de campaña y la debilidad enfermiza del Partido Laborista han permitido transmitir a la opinión pública británica la impresión de que es todo más fácil de los que en realidad lo será después de casi 50 años de una relación a menudo compleja, pero que ha entrelazado más que nunca las dos orillas del canal de la Mancha.

“Sin lo que puede resultar una promesa irresponsable sobre el período de transición y lo que fue una forma bastante espeluznante de tratar a los parlamentarios disidentes, el partido del brexit”, podría haberlo tenido todo más difícil, afirma Daniel Finkelstein en un artículo publicado en el conservador y eurescéptico The Times. Esa “promesa irresponsable” se refiere a las dificultades que planteará la negociación del periodo transitorio, que la UE intentará que sea lo menos dañino posible para sus intereses, inevitablemente afectados por el divorcio. Es imposible que la separación se pueda negociar sin que surjan inconvenientes a cada paso y sin que una parte de la sociedad británica se movilice a pesar de haber salido derrotada en las urnas. El brexit es inevitable, pero normalizar la relación con el resto de Europa requerirá más tiempo de lo que presumiblemente da a entender el eslogan Get brexit done.

Cuando el editorial del Financial Times, altavoz de la City, recordaba a Johnson al día siguiente de la victoria la necesidad de que el premier cumpla su “promesa de una nación” y la necesidad de que gobierne “en interés de todos, no solo de quienes apoyaron el brexit”, no hacía más que adelantarse a los riesgos que conllevaría apoyarse en exclusiva en los electores que le han dado el triunfo. El hundimiento sin paliativos del Partido Laborista puede llevar a los tories a prescindir de los adversarios de la salida de la UE, pero según sea el desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas en campos tan sensibles como la reacción de los mercados después del entusiasmo del viernes y la salud de la libra, la pretensión de quemar etapas puede hacer realidad los peores pronósticos. Algo que ni siquiera una nueva relación comercial con Estados Unidos, prometida por el presidente Donald Trump, podría corregir dada la tendencia de la Casa Blanca a comportarse de forma imprevisible.

Que el laborismo haya defraudado a muchos de sus seguidores, sumergido en una pocos menos que insólita doble crisis –de identidad y de liderazgo–, no diluye la herencia del último congreso del partido, cuando la dirección se mantuvo en una ambigüedad injustificable, mientras el grueso de la base reclamaba actuar con determinación contra el brexit. Puede decirse que uno de los mayores actores políticos en el éxito de Boris Johnson ha sido Jeremy Corbyn, encerrado en sus viejas convicciones euroescépticas. “Corbyn ha permitido que su partido esté dividido por el sectarismo, el antisemitismo y el bréxit”, escribe Polly Toynbee en el progresista The Guardian. Pero tal división y el desastroso manual político de Corbyn no han acabado con el laborismo contrario a la separación ni otorga un cheque en blanco a los tories para actuar sin cautela.

La tendencia a la extravgancia y al coup de théâtre del primer ministro tampoco es un buen manual para hacer frente a dos asuntos trascendentales de orden interno: la previsible exigencia del nacionalismo escocés de celebrar un segundo referéndum para lograr la independencia y la situación en Irlanda del Norte cuando se produzca el brexit. Se trata de dos asuntos envenenados por la política de las emociones y por realidades insoslayables: en el caso de Escocia, por el europeísmo sin reservas del Scottish National Party (SNP), que ha obtenido un triunfo histórico y es adversario infatigable del brexit; en el caso del Ulster, porque está en juego la continuidad de la paz lograda por los acuerdos de Viernes Santos de 1998. Más allá de los tecnicismos aplicados a cada asunto, no es realista pensar que el paso del tiempo y los hechos consumados todo lo curarán o lo atenuarán, sino que probablemente contribuirán a radicalizar la situación. Ni Nicola Sturgeon, líder del SNP, ni los diputados del DUP –unionistas norirlandeses que Johnson ya no necesita para completar la mayoría–, ni la comunidad católica del Ulster, que exige el mantenimiento de la frontera blanda con la República de Irlanda, transigirán con una serie de componendas supeditadas a los designios de los brexiteers. Dicho de otra forma: el anclaje de Escocia en el Reino Unido después del referéndum y la pacificación del Ulster han colgado hasta la fecha de la pertenencia del Reino Unido a la UE; liquidar ese vínculo está lleno de riesgos en ambos casos.

Los británicos se adentran en terreno desconocido, sin saber muy bien si la simplificación de los problemas hecha por Boris Johnson mantiene algún contacto con la realidad o si la recuperación de la soberanía es una mera promesa electoral cuya concreción es un secreto muy bien guardado por los estrategas tories. Siempre hubo una parte de la sociedad británica incómoda o inadaptada a los requisitos asociados a la pertenencia a la UE, pero nunca desde el final de la segunda guerra mundial se enfrentó el Reino Unido a la travesía por una terra ignota de la trascendencia de separarse de la UE. Aunque la propaganda conservadora ha sido capaz de convencer a muchos electores de que han hecho posible la vuelta a las esencias patrias, sin entrar en detalles sobre la naturaleza de tales esencias, son enormes las dudas que plantea un porvenir incierto.

Efervescencia latinoamericana

La efervescencia social que se ha adueñado de muchos paisajes urbanos de América Latina obliga a platearse un rosario de preguntas acerca del origen y naturaleza de la protesta, de su intensidad creciente y de la coincidencia en el tiempo con la sucesión de victorias de la derecha –la última en Uruguay– a pesar del ahondamiento de las desigualdades. El espacio latinoamericano tiene el récord mundial en el ámbito de los desequilibrios sociales, apenas corregidos por el periodo de gobiernos reformistas que precedieron a los ahora en ejercicio en casi todas partes. Se diría que ha crecido la desconfianza con el establishment, sea este conservador o progresista, y al mismo tiempo, la prédica de Donald Trump ha activado a la derecha en igual o mayor medida que ha provocado un movimiento de reflujo o de inseguridad en las filas de la izquierda.

El escritor argentino Martín Caparrós ha publicado en The New York Times un artículo en el que desarrolla un argumento poco menos que definitivo para justificar la pervivencia de sociedades en extremo desiguales. Afirma Caparrós: “Latinoamérica es desigual por muchas razones pero, sobre todo, porque puede. Hay sociedades donde los más ricos necesitan que los más pobres sean menos pobres, donde los precisan para crear o consumir las riquezas que los enriquecen. Las economías latinoamericanas, en general, no: basadas en la extracción y exportación de materias primas —desde la soja al cobre, del petróleo a la coca—, pueden funcionar más allá de esos millones de personas que no son necesarias ni para producir ni para consumir. Solo se necesita contenerlos: que no hagan demasiado lío, para lo cual alcanza con darles su limosna”.

Se trata de un diagnóstico desgarrado acerca de una realidad que raramente desmienten los trabajos de campo. Como parte de una economía global, el modelo latinoamericano de enriquecimiento rara vez va más allá del descrito por Caparrós: materias primas y caridad para atenuar los aspectos más lacerantes de la desigualdad y contener los estallidos sociales. ¿Está fallando el sistema? En realidad ha fallado muchas veces, raro es el país latinoamericano que no se ha visto zarandeado por convulsiones sociales que dieron pie a regímenes autoritarios con todos sus atributos o a un autoritarismo encubierto por un cierto grado de paternalismo caritativo.

El razonamiento de Caparrós coincide en algunos aspectos con el del profesor Daniel Innerarity en El País: “Las derechas desconfían de los gobiernos porque los creen ineficaces y las izquierdas, porque son poco participativos; unos confían demasiado en los expertos y otros confían demasiado en la gente (…) Y mientras tanto la intervención de la gente en el proceso político será una irritación ocasional, que tensiona sin transformar y se resuelve finalmente en frustración colectiva”. Esa irritación tiene características propias en las sociedades latinoamericanas, herederas de un modelo progresivamente desequilibrante, en el que las desigualdades contribuyen a aumentar la desconfianza y el sentimiento de frustración cuando no de engaño en amplísimos segmentos sociales tradicionalmente marginados de la política.

Ciertamente, como dice Innerarity, la desigualdad no lo explica todo, pero es un factor esencial que alimenta el descontento. Si a ello se suma la corrupción –ahora, global, como en el caso Odebrecht–, la ineficacia de los gobiernos y diferentes tradiciones insurreccionales, se completa un marco de referencia que enardece a los desfavorecidos, a esas comunidades que las economías latinoamericanas no tienen necesidad de rescatar de la pobreza porque no las precisan para convertirlas en sociedades de consumidores. Surge así una ideología primaria en la que “la organización deseable o ideal de la sociedad” a la que se refiere el economista Thomas Piketty en su último libro, Capital et idéologie, se reduce a los intereses corporativos de élites sin compromisos públicos.

“Se puede vivir sin poseer, pero no sin alimentarse”, escribe Piketty provocativamente. Y añade: “En una sociedad muy pobre, donde el nivel de producción por habitante correspondería a lo sumo al nivel de subsistencia, no es posible de forma duradera ninguna desigualdad de rentas”. El objetivo establecido por Lula da Silva al iniciar su primer mandato, que todos los brasileños llegaran a tener garantizadas tres comidas al día, tenía que ver con la urgencia en corregir desequilibrios propios de sociedades radicalmente duales y con una economía de mera subsistencia para una parte importante de la población. La fe en la vuelta a los modelos neoliberales –Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera e Iván Duque, sus promotores– pretende confiar a las reglas del mercado la liberación de los más desfavorecidos, una contradicción en términos porque estos últimos no participan de los circuitos económicos del mercado que los debe rescatar de la pobreza.

A finales de la década de los 70 del siglo pasado llegó a decirse que parte de las élites latinoamericanas habían llegado a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la pobreza era aniquilar a los pobres. Esta no fue, desde luego, una opinión muy extendida, pero no está tan lejos de la impresión dejada en Chile por Piñera, a quien se le ha reprochado en alguna ocasión, de forma especialmente inquisitiva, no haber aclarado si quiere combatir la pobreza o combatir a los pobres.

Al mismo tiempo, mientras se suceden las protestas, subsiste el desprestigio de los programas que abogan por abrir procesos de corte revolucionario. Las experiencias de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido determinantes para que la misma desconfianza hacia los líderes impugnados por la calle se extienda a los eventuales profetas de modelos de corte socializante y estatista. Ni el recuerdo de experiencias inmediatas, que acaso introdujeron algún elemento de corrección de las desigualdades, es capaz de encauzar las manifestaciones hacia un cierto reformismo posibilista. Y entre tanto, se asiste sin remedio a la degradación del clima social, sin que por lo demás se sepa muy bien dónde se halla en cada caso la dirección de las protestas y qué pretenden hacer los gobernantes para reconducir la situación más allá de encastillarse en el poder. Como escribe Martín Caparrós, la gran política “está hecha de opuestos indudables”, pero casi nadie se detiene a pensar que “lo opuesto de la desigualdad es la igualdad”.

Cruce de crisis en la UE

La derrota de tres candidatos a comisarios en los trámites de confirmación que preceden a la formación de la nueva Comisión Europea suma un nuevo problema a los muchos que tiene planteados la UE, especialmente el rompecabezas del brexit y los efectos del proteccionismo estadounidense en los flujos comerciales entre las dos orillas del Atlántico después de la última tanda de aranceles impuestos a productos europeos. Se mire por donde se mire, cuando concluya la constitución del colegio de comisarios que presidirá Ursula von der Leyen, este nacerá doblemente debilitado: por la escueta mayoría de nueve diputados que cosechó en el Parlamento Europeo quien lo presidirá y por el hecho de que los candidatos a comisarios presentados por Hungría, Rumanía y Francia no pasaron las pruebas de idoneidad. Una situación que conspira contra el deseo expresado por Josep Borrell en su audición de que los miembros de la UE compartan “una cultura estratégica común”.

De momento, es harto improbable que el Parlamento pueda cumplir con los plazos y pueda aprobar en bloque la nueva Comisión el día 23 para que tome posesión el 1 de noviembre, lo que en la práctica significa que ese día seguirá en funciones el equipo de Jean-Claude Juncker, que solo unas fechas antes habrá sabido si se consuma un brexit a las bravas, si hay una prórroga en las negociaciones con el Reino Unido hasta el 31 de enero o si Boris Johnson se ha sacado de la manga una nueva argucia. En cualquier caso, incluso admitiendo que la madeja británica ha cohesionado a los Veintisiete, no es la mejor situación para encarar el galimatías tener una Comisión en funciones a causa de la crisis que se ha abierto en la tramitación del nombramiento de hasta tres comisarios, entre ellos Sylvie Goulard, la candidata presentada por Francia. Un desaire hacia Emmanuel Macron que este no olvidará y que acaso enrarezca sus relaciones con Von der Leyen antes de que tome posesión y con quienes no han olvidado que el presidente forzó la situación para saltarse el proceso de designación del presidente de la Comisión entre los spitzenkandidaten que concurrieron a las elecciones europeas de mayo.

Dicho de otra forma: ni por el peso de Francia en el funcionamiento de Europa ni por las razones del rechazo de Goulart, íntimamente relacionados con la presunta utilización irregular de fondos comunitarios cuando era eurodiputada y una asesoría externa, cabe equiparar su caso al de los candidatos húngaro y rumano rechazados por la Comisión de Asuntos Jurídicos por conflicto de intereses. La única comparación posible es el efecto paralizador que tienen, de forma especial por la situación que se da en Rumanía, donde una moción de censura ha dejado el Gobierno en funciones y es improbable que pueda presentar otro candidato en pocos días.

Puede decirse que todo son complicaciones en torno a la gran complicación del brexit, acerca de cuyo posible desenlace nadie se atreve a emitir un pronóstico. Que Boris Johnson y Leo Varadkar, primeros ministros del Reino Unido y de Irlanda, salieran razonablemente relajados de su entrevista del jueves –¿dieron con una solución para mantener una frontera blanda entre las dos Irlandas?–, tiene un valor inconcreto, es un dato sujeto a toda suerte de interpretaciones que en nada garantiza que se desatasque el proceso. En concreto, nadie sabe si durante los próximos 18 días Johnson enviará una carta a Bruselas para pedir con desgana una prórroga en las negociaciones –para acto seguido disolver los Comunes y convocar elecciones–, si abrirá una crisis constitucional con el Parlamento y se mantendrá en la senda de la salida a toda costa, o si un cambio no previsto en la correlación de fuerzas entre brexiters y remainers modificará los datos esenciales del problema.

La UE se enfrenta así a un futuro incierto, provocado por el comportamiento de un líder imprevisible que sabe que se juega su futuro político a una sola y arriesgada carta, pero que tiene presente que la provisionalidad del entramado comunitario le da quizá alguna pequeña ventaja. Quizá, también, Johnson percibe que ha sido capaz de llevar la negociación con Bruselas al terreno deseado, ha desorientado a sus adversarios y tiene enfrente a una UE enzarzada en acabar cuanto antes con el traspaso de poderes a la Comisión de Von der Leyen. Otros, por el contrario, estiman que Johnson se niega a admitir que, salvo una salida ordenada, reglada y pausada de la UE, las consecuencias pueden ser catastróficas en términos económicos, de cohesión social y de seguridad para los ciudadanos británicos que residen al otro lado del canal y para los europeos instalados en las islas. La opinión del conservador italiano Antonio Tajani de que “Europa no entiende lo que pasa en el mundo” es probablemente extensible al premier, aparentemente incapacitado para comprender las dimensiones del zarzal en el que se ha metido.

Mientras el brexit se mantiene como el mecanismo cohesionador de una UE que tiende a hacer de las crisis internas una seña de identidad política, se ha revelado también como un factor divisorio de la sociedad británica sin comparación posible en el pasado reciente del país. Al mismo tiempo que el europeísmo alaba la unidad de los Veintisiete en un momento tan complejo, los europeístas de las islas arremeten contra el nacionalismo populista que ha llevado al Reino Unido a una situación imposible. Medios de orientación tan diferente como The Guardian y Financial Times multiplican sus análisis para llevar al ánimo de sus lectores los perjuicios que se avecinan, los mundos académico y de la cultura se alarman y la City ve cada día más cerca la tormenta. La analista Polly Toynbee resume así la situación del primer ministro: “Se acaba de encerrar en un rincón donde su política es confusa, engañosa y de la que desconfían las dos facciones de su partido, dividido a causa del brexit”.

En otras circunstancias, los obstáculos para cumplir con los plazos para formar la Comisión tendrían una importancia menor. Pero de lo que se trata en estas próximas semanas es de delimitar el parte de daños, sea cual sea el desenlace final del brexit, y sean los que sean los efectos del choque comercial con Estados Unidos. Porque es indudable que daños los habrá, algunos de enorme calado, y más que nunca conviene que acometan su gestión las instituciones europeas en igual o mayor medida que los gobiernos, convocados por el presidente del Consejo Europeo, más expuestos a las rivalidades entre países que la Comisión, al menos en teoría.

 

El nacionalismo alienta el ‘brexit’

La convocatoria de unas elecciones anticipadas, presuntamente esclarecedoras del sentir de los británicos frente al brexit, es la última baza que juega Boris Johnson antes de cerrar el Parlamento durante cinco semanas. Ni la oposición ni los sublevados del Partido Conservador, que se oponen tajantemente a un divorcio a las bravas, quieren hacer más indescifrable el jeroglífico y dar al primer ministro más instrumentos políticos, de intoxicación o persuasión de la opinión pública, sometida a insólitos bandazos de la clase dirigente y al espectáculo transmitido en directo por las televisiones. Después de cuatro derrotas consecutivas del premier, con una sociedad dividida y desorientada, más allá de las encuestas aparentemente favorables a los tories brexiters, se acumulan los riesgos de que, llegado el 31 de octubre, con el Reino Unido en un callejón sin salida, se consume un brexit sin acuerdo y el proceso se adentre por un territorio más desconocido e imprevisible que el de ahora.

Si el clima no fuese el de una tormenta desbocada, cabría hablar de nuevo de la convocatoria de un segundo referéndum, con más y mejor información del significado de la salida de la UE en poder de los electores. Como la tempestad no mengua y la demagogia nacionalista no cesa, es poco menos que impensable una nueva consulta con la atmósfera serena que requiere el caso. Fue posible en cuanto se concretaron las dificultades que entraña la operación de salida y, aún más, cuando quedaron en evidencia las falsedades difundidas por Nigel Farage y sus secuaces, pero la tibieza de la dirección laborista –Jeremy Corbyn y los veteranos del partido– y de los conservadores disidentes lo hizo inviable. Esa inviabilidad ha ido en aumento, de forma que se antoja inevitable que el brexit se produzca, y ahora lo que importa es lograr que sea lo menos dañino posible para el Reino Unido y para los Veintisiete.

Al mismo tiempo, ha calado en la estrategia de los promotores del brexit a toda costa la convicción de que una parte sustancial del electorado británico ve en la salida de la UE la ocasión de realizar el viaje de vuelta a un pasado ideal o mitológico. La analista Lynsey Hanley lo desmiente en un artículo publicado en el periódico The Guardian, europeísta, y se remite para ello a las conclusiones del libro Me, Me, Me?, del profesor Jon Lawrence, un recorrido por los comportamientos de la gente corriente desde el final de la segunda guerra mundial. Según Hanley, la “guerra cultural” planteada por Boris Johnson “para ganar votos cruciales” entre los trabajadores es un error. Y añade: “La mayoría de los partidarios de la salida no ansían una comunidad mítica perdida. Solo quieren una mejor calidad de vida”.

La gran incógnita, aquella más presente en todos los debates, en las conversaciones a pie de calle, en las preocupaciones de la City, entre los británicos que residen en países de la UE y entre quienes anuncian toda suerte de perjuicios es si, en efecto, “una mejor calidad de vida” es posible sin el vínculo europeo. O si, por el contrario, el debilitamiento del engarce entre las islas y el continente, sustituido o alentado por una relación económica preferente con Estados Unidos, perjudicará a la libra, constreñirá las exportaciones, debilitará la bolsa y, en términos generales, empeorará las perspectivas de futuro de los ciudadanos. De momento, no hay un solo informe o estudio solvente que prevea una mejora objetiva con el brexit y, por el contrario, todos vaticinan descensos del PIB, desvalorización de la libra y dificultades de toda índole para mantener los flujos comerciales.

La determinación de la UE de no tocar una coma del pacto firmado con Theresa May en noviembre del año pasado abunda en la idea de que es el mejor de todos los acuerdos posibles, limita el parte de daños y pone a salvo la paz en Irlanda. Las alusiones a la plena soberanía hechas por Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg y un elenco muy extenso de brexiters para oponerse al mantenimiento de la frontera blanda entre las dos Irlandas (backstop) responde a un nacionalismo caduco, a la necesidad de mantener a los unionistas norirlandeses en el bando conservador y a la incomodidad manifiesta de los tories más retrógrados con los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que apaciguaron el Ulster. Esta falta de realismo no obedece a la incapacidad del Gobierno británico para analizar la situación, sino a la decisión de recurrir a la política de las emociones para mantener unido el bando brexiter.

Quizá la gran sorpresa para Boris Johnson ha sido la unidad y unanimidad de los Veintisiete en esta larga crisis, en ocasiones indescifrable. Lo cual no quiere decir que conforme se acerque el 31 de octubre y se radicalicen las posiciones en el Reino Unido no surjan disidentes partidarios de revisar algunos extremos del acuerdo de noviembre. Porque aunque es de forma indirecta, el conflicto provocado por la salida del Reino Unido ha reforzado el perfil político de la institución, algo combatido a menudo por la mayoría de los socios más recientes de la UE y aun por algunos veteranos que han abierto el Gobierno a partidos de extrema derecha –Italia y Austria, los casos más recientes–, siempre dispuestos a presentar Bruselas como el origen de todos los males nacionales.

He ahí un asunto capital en la crisis en curso: la preminencia de la idea de Europa frente a la de las naciones, el cosmopolitismo de los Veintiocho o Veintisiete frente a las políticas identitarias, al retorno al pasado, entendido este como un estado ideal de plenitud cultural y cohesión social. Un mito más que un programa político en un mundo globalizado, sumergido en el cambio tecnológico y en la emergencia medioambiental. Pero un eficaz canto de sirena que en Estados Unidos llevó a Donald Trump  a la presidencia y en el Reino Unido dio el triunfo al brexit en junio de 2016, de ahí la enorme dificultad de deshacer la madeja de los nacionalismos exaltados, incluido el británico, que quiere agrandar la anchura del Canal.

 

Italia, en manos de Salvini

Vuelve Italia a las andadas mediante la propensión de sus dirigentes de poner el sistema de partidos al borde del abismo como si la acumulación de experiencias negativas no pudiera tener mejor destino que caer en el olvido. El resultado cosechado por los socios de Gobierno en las elecciones europeas del último domingo ha engrandecido la figura y las ambiciones de Matteo Salvini, el líder de La Liga, que es tanto como decir de la extrema derecha, y ha sumido en la depresión al Movimiento 5 Estrellas (M5E), a Luigi Di Maio, su jefe de filas, y en general a la corriente populista y antisistema que engordó merced a la cadena de errores cometidos por el Partido Democrático (PD), que coronó el cupo de desaciertos con el malhadado referéndum de 2016, convocado por Matteo Renzi para reformar la Constitución.

Es harto difícil que la extraña pareja de estrellados y ultras pueda llevar mucho más allá en el tiempo su complicidad para arremeter contra el sistema desde posiciones teóricamente antagónicas. Frente al confuso euroescepticismo del M5E se alza la eurofobia de La Liga, que entronca con la tradición política de la extrema derecha italiana desde los años 20; frente a la pretensión de construir una nueva versión, seguramente inviable, del Estado del bienestar que alienta hasta la fecha en la brega de los seguidores de Di Maio surge el nacionalismo rampante de los ligueros, apoyados por un electorado procedente en gran parte de caladeros de la izquierda, decepcionados con la ineficacia del Estado, el empobrecimiento de la clase media y el aumento de las desigualdades.

Basta repasar la pérdida de votos de las últimas décadas desde el Partido Comunista al Partido Democrático de la Izquierda, y de éste al Partido Democrático, para comprobar que el auge de dos formas contrapuestas de plataformas antisistema han sido las grandes beneficiadas de la crisis de la izquierda tradicional. Y en idéntico sentido, de acuerdo con el resultado del domingo, resulta evidente que el deshinchamiento del M5E obedece tanto a la recuperación del PD como al corrimiento de papeletas hacia la opción ultra, que ha hecho bandera del bloqueo de los flujos migratorios y de la oposición a la exigencia de rigor económico reclamado por la Unión Europea. Quizá deba decirse que el M5E ha sido derrotado en el campo de los símbolos, muy trabajado por la extrema derecha, y en el de la herencia ideológica de la izquierda clásica, que asume la dirección del PD, encabezada por Nicola Zingaretti.

El apoyo a Di Maio expresado por la militancia estrellada y la voluntad de este de seguir en el Gobierno apenas desvanece la sensación de que su entendimiento con la otra mitad del Gabinete es más que complicada. El 34% de la extrema derecha en las europeas y el vaticinio de los sondeos operan contra la posibilidad de recoser el Ejecutivo: en los cálculos de Salvini pesa tanto la euforia del momento como la posibilidad de reagrupar a los herederos políticos de Silvio Berlusconi para ahormar una nueva alianza, prescindir del M5E y resaltar más si cabe el nacionalismo exacerbado y reaccionario de su partido.

Como ha escrito un analista de La Repubblica, el gran periódico del centroizquierda italiano, Salvini aparenta haber optado por la moderación y el sentido común, “pero la mano tendida a Di Maio exige un precio”. ¿Cuál puede ser este? Obligar al M5E a aceptar que el líder ultra es de facto el primer ministro, convertido Giuseppe Conte en mero gestor del programa salviniano, figura necesaria si se quiere para atenuar los temores de Bruselas referidos a Italia, al riesgo permanente de que una de las grandes economías europeas y del euro sucumba en el altar de la heterodoxia –la prima de riesgo roza los 300 puntos, muy cerca de la griega–, el déficit imparable y las alegrías presupuestarias.

Detrás de estos temores se ocultan otros no menos preocupantes como los efectos de una fractura social que divide al país en dos, con Roma en la divisoria, y que, al mismo tiempo, siembra de desigualdad en las grandes conurbaciones. Al mismo tiempo, la propaganda demagógica de La Liga para cerrar las fronteras a los flujos migratorios y castigar, perseguir o boicotear a quienes acuden en su auxilio –onegés y autoridades locales– dibuja un futuro para Italia cada vez más alejado de la gestión ordenada de los grandes problemas que debe afrontar Europa como comunidad y cada uno de los estados por separado.

Así las cosas, tiene todo el sentido la pretensión de Matteo Salvini de hacerse con el liderazgo de la extrema derecha europea en compañía de Marine Le Pen, que a diferencia del viceprimer ministro de Italia no ha logrado traducir su peso en votos en poder político real. Claro que para completar la operación le urge que caiga el Gobierno y se convoquen elecciones, que el M5E se debilite aún más y que el PD no tenga tiempo de completar su recuperación, supuesto que el resultado que obtuvo el domingo marcó una tendencia y no fue flor de un día. La mano tendida de Salvini es en realidad una trampa para elefantes.

Con este previsible marco de referencia, cobra todo su sentido esta frase de Eugenio Scalfari: “A menudo, los medios efectivos son tan profundamente inmorales que deterioran sus objetivos. En ese caso no se pueden utilizar y este es el límite que la moral impone a la autonomía de la política”. ¿Qué respuesta corresponde a la pregunta fundamental: cuánta inmoralidad y desprecio de los derechos humanos se cobija en el programa de La Liga? Tan inquietante resultará que la opinión pública eluda o soslaye la respuesta como que llegue a la conclusión de que estarán justificados los daños colaterales si el país sale del laberinto, una nueva versión del fin justifica los medios y de una Realpolitik sin fisuras, moralmente indefendible.

 

 

El ‘brexit’, más y más indescifrable

La concreción de la debilidad de Theresa May en el seno de su propio partido ha superado todas las previsiones habidas y por haber: se trata de la mayor derrota de un primer ministro en la Cámara de los Comunes durante el último siglo. Nadie dudaba de que la premier quedaría en minoría, pero los 432 votos contrarios al acuerdo con la Unión Europea –entre ellos los de más de 100 diputados conservadores– provocó una situación de verdadero asombro, alimentó todos los vaticinios para un futuro imprevisible y transmitió corregida y aumentada la imagen de una sociedad irremediablemente fracturada. El empeño de May de allegar fuerzas mediante una carta de última hora remitida desde Bruselas, sin valor jurídico alguno, asentó la convicción de que, más que nunca, los Veintisiete se mantienen en la idea de que puesto que fue el Reino Unido el que desencadenó la crisis es el Reino Unido el que debe pechar con el grueso del precio económico y político del divorcio.

El recurso a las palabras y a los gestos teatrales propios de la tradición shakespeariana poco sirven para encubrir la cadena de errores cometidos por los dirigentes conservadores desde que David Cameron, un remainer, puso en marcha el mecanismo perverso del referéndum para suturar la división en las filas tories y silenciar a los brexiteers. Durante la campaña de junio de 2016, fueron estos últimos, estimulados por Nigel Farage, líder del UKIP, un demagogo de carnadura ultranacionalista, los que llevaron la iniciativa –lo que ahora se llama la construcción del relato–, y después de obtener la victoria fue May, tan remainer como Cameron, la encargada de negociar con la UE un acuerdo que evitara un desastre mayor del pronosticado por la mayoría de los analistas. Fue así como se instaló en el imaginario colectivo la mayor de las estupefacciones: un partidario de seguir en la UE provocó indirectamente la salida y una partidaria de mantener al Reino Unido en la UE se vio en el trance de dirigir la negociación de un futuro en el que no cree, que queda bastante lejos de su punto de vista de siempre.

La invocación de un texto de John F. Kennedy hecha por dos diputadas laboristas en las páginas del diario progresista The Guardian abunda en la vertiente más trágica del brexit, pero no hace más que encubrir o por lo menos difuminar la naturaleza de lo sucedido, mezcla heterogénea de nacionalismo, añoranzas de un pasado sin billete de vuelta, charcutería política, ambiciones personales y falta de liderazgo o determinación en los dos grandes partidos. Que el presidente asesinado escribiera en Profiles in courage que “rara vez sucede que toda la verdad, y toda la razón, y todos los ángeles están en el mismo bando” tiene una solemnidad que casa mal con la realidad: la salida de la UE, por más apoyos que obtuviera en la consulta de junio de 2016, es un disparate sin paliativos que dañará gravemente la economía y la proyección exterior del Reino Unido salvo arreglo de última hora, por lo demás harto difícil.

El aterrizaje en la realidad de los ciudadanos británicos se presagia lleno de riesgos y de decepciones. Las proclamas de Theresa May para “identificar qué podría requerirse –se supone que en Bruselas– para asegurar el apoyo de la Cámara” al acuerdo para la salida tienen todas las trazas de un deseo que difícilmente se puede convertir en algo concreto. Su derrota tampoco cambia los datos esenciales que ensombrecen el panorama porque del fracaso de la premier no se deduce que habrá “un cambio en este estado de cosas”, según uno de los muchos analistas que teme lo peor.

En condiciones normales, después del revolcón del martes, May debería presentar la dimisión. Pero es todo tan anormal en esta historia que los mismos que un día votaron en contra suya prometen ahora mantenerla en el puesto, sea frente a los laboristas, siempre tan indecisos, o frente a cualquier artimaña que pretenda provocar un adelanto electoral o lo que resulta aún más indeseado por los brexiteers: la convocatoria de un nuevo referéndum. Citarse en las urnas entraña demasiados riesgos tanto si se trata de unas elecciones generales, con la posibilidad cierta para conservadores y unionistas del Ulster de pasar a la oposición, como si –del todo improbable por el momento– una conjunción astral permite abrir la caja de los truenos de una nueva consulta que dé la victoria a los partidarios de la permanencia.

A falta de la dimisión de la premier se instala en los espíritus un sentimiento de provisionalidad, así en Londres como en Bruselas, donde no salen de su desconcierto los funcionarios más próximos a Michel Barnier, el responsable de negociar el brexit con los enviados de Theresa May. Mientras Erik Jones y Anand Menon, analistas del think tank británico Chatham House, se preguntan si la unidad de Europa fue “siempre un sueño al tiempo que la división se mantiene como una realidad”, lo cierto es que la unidad de acción de los Veintisiete se mantiene porque todos saben que, sea cual sea el desenlace final, los socios de la UE no saldrán indemnes de la prueba, sometidos los vínculos económicos y políticos con el Reino Unido a un stress test que ninguno de ellos deseó.

La disposición bruselense a prolongar el plazo fijado por el artículo 50 del Tratado de Lisboa para que se consume el divorcio tiene mucho que ver con el temor de los Veintisiete a que una separación sin acuerdo degeneré en un caos o galimatías a ambos lados del canal de la Mancha, con un precio del desaguisado cada vez más difícil de calcular. El caso es que el alargamiento del calendario, con el problema añadido de las elecciones al Parlamento Europeo sin participación británica, no garantiza que cambien sustancialmente los datos esenciales de la crisis. Pueden incluso adquirir una complejidad superior a la que ya tienen si el último cartucho de May para “hablar con todo el mundo”, David Lidington, secretario del Cabinet Office (equivalente a un ministro de la Presidencia o viceprimer ministro), choca contra dos muros: la intransigencia de los conservadores a favor del brexit duro y la negativa de los laboristas a negociar nada que no garantice la unión aduanera y probablemente el mantenimiento provisional en los términos actuales de la frontera blanda entre las dos Irlandas.

Theresa May quizá se daría por satisfecha con lograr la unificación tory mediante la gestión de Lidington, pero ¿es esto posible y suficiente? Seguramente, no si el restablecimiento de la unión perdida exige la renegociación con la UE, a lo que los Veintisiete se oponen, o si la facción brexiteer, muy crecida desde el martes, le recuerda a la primera ministra, esclava de sus palabras, que es preferible una salida sin acuerdo que con un mal acuerdo, o lo que ellos consideran que lo es. Y así, vuelta a empezar metidos en un bucle doblemente demoledor, para el futuro del Reino Unidos y de la UE, indisolublemente unidos en la desventura.