Egipto desanda la primavera

Al cumplirse un año del golpe de Estado que echó de la presidencia de Egipto al islamista Mohamed Morsi se han cumplido los peores presagios: a la pretensión de los Hermanos Musulmanes de acumular todo el poder en sus manos ha seguido la estrategia del Ejército para recuperar por entero aquello que fue –es– de su exclusiva propiedad desde los días de Gamal Abdel Naser. La elección del mariscal Abdel Fatá al Sisi culminó un rápido proceso de sometimiento del Estado a los cuarteles bajo la apariencia de un programa de desislamización de la Constitución y de neutralización de la Hermandad, declarada ilegal. Cuanto ha sucedido en el último año no ha hecho más que devolver a Egipto al camino marcado por los centuriones con la aprobación de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y, finalmente, Estados Unidos en aras de la realpolitik.

Desde que empezó el dramático juego de acción y reacción, que el 3 de julio de 2013 acabó con la presidencia de Morsi y con los uniformados aplaudidos por una multitud en la plaza de Tahrir de El Cairo, más de 2.500 manifestantes han perdido la vida, más de 20.000 hermanos han ido a dar con sus huesos en la cárcel y por encima del millar de dirigentes islamistas han sido condenados a muerte. Además, el Ejército, que al principio dejó que la libertad informativa se mantuviera relativamente intocable, acabó encarcelando,  juzgando y condenando a tres periodistas de Al Jazira so pretexto, típico de las dictaduras desde siempre, de difundir “informaciones falsas”. La falta de garantías de los procesos, presididos por jueces serviles, ha dejado todo el entramado del poder a merced de las conveniencias del generalato, las exigencias de la seguridad en Oriente Próximo, las relaciones con Israel y el paraguas económico de las petromonarquías.

Hasán al Bana, fundador de los Hermanos Musulmanes, asesinado en 1949.

El golpe de Estado que depuso al primer presidente civil de Egipto fue saludado por Tony Blair, enviado especial del cuarteto en Oriente Próximo, como “el rescate absolutamente necesario de una nación”, según ha recordado el periódico liberal británico The Guardian. De forma que, lo mismo que la prioridad en Siria ha dejado de ser la liquidación del régimen de Bashar el Asad, en Egipto tampoco lo es ahora el asentamiento de un régimen democrático, sino garantizar la estabilidad a cualquier precio. En una región devastada por la presión del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), el polvorín palestino-israelí y el galimatías libio, en un solar donde Rusia, Irán y China operan con su propia agenda, Occidente ha llegado a la conclusión de que cualquier solución es peor a un Egipto estable, aunque sea a costa de dejar en el olvido los buenos deseos formulados cuando su primavera dejó en la cuneta a Hosni Mubarak.

La duda, la gran duda, es si la dirección tomada por los militares egipcios desemboca o no directamente en una pseudodemocracia estable. Las enseñanzas de la historia de Egipto contienen datos suficientes para pensar que han sido periodos poco estables los que han seguido a operaciones de represión sin cuartel de los Hermanos Musulmanes y compañeros de viaje. Así fue después del asesinato en 1949 de Hasán al Bana, el fundador de la organización, después de la ilegalización de esta en 1954, después de la ejecución en 1966 Sayyid Qutb, una de las referencias ideológicas de la Hermandad; así fue también durante buena parte de la presidencia de Anuar el Sadat, asesinado por un comando yihadista infiltrado en el Ejército, y así es en nuestros días, cuando entre los condenados a muerte figura Mohamed Badia, guía espiritual de los islamistas. De hecho, los Hermanos Musulmanes han mantenido siempre una doble estructura organizativa –pública, una; clandestina o secreta, la otra– y la participación en la vida institucional, de forma oficial o encubierta, ha alimentado un debate permanente en la dirección y entre la militancia.

Sayyid Qutb, ideólogo del islamismo radical, ahorcado en 1966.

Si los militares egipcios se presentan dispuestos a repetir los mismos errores del pasado, los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, se asoman al precipicio, empeñados en confirmar que “no estaban preparados para convivir con las primaveras árabes”, según la conclusión de la especialista Kristina Kausch. “Los países occidentales se han mostrado reacios a afrontar las realidades subyacentes de la región, expuestas en un informe del 2002 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –sostiene Chris Patten, canciller de la Universidad de Oxford–. Los especialistas y politólogos palestinos que redactaron el informe llamaron la atención acerca de las conexiones entre gobierno autoritario, debilidad económica, desempleo elevado y política excesivamente confesional. Cuanto más dictatorial se volvió la política en esa región, más jóvenes que se veían privados de puestos de trabajo y de libertad de expresión se volvieron hacia el extremismo y el islamismo violento, la perversión de un gran credo”.

Es difícil discrepar de ese dictamen sencillo y obvio. En Egipto, la ruina económica, las desigualdades, la degradación del espacio urbano y la falta de futuro para los jóvenes llenaron la plaza de Tahrir de defensores entusiastas del Estado laico, pero a la hora de votar fueron las capas sociales convencidas de que el islam y no la democracia es la solución las que llevaron a Morsi al poder y dieron el Gobierno a los Hermanos Musulmanes. Se cumplió así la opinión expresada por el arabista francés Gilles Kepel: el movimiento que depuso a Mubarak no era representativo de la media aritmética de la sociedad egipcia, cuya ideología espontánea es el islam, de acuerdo con el análisis de las primaveras árabes del politólogo Sami Naïr. Frente a tal realidad se articula el poder de los militares egipcios que, al regresar al puente de mando, si es que alguna vez lo dejaron, cumplen una doble función o eso persiguen: mantener el statu quo en la región y poner a salvo la trama de intereses de la que son titulares como primeros gestores de la economía nacional pública y privada.

Todos las explicaciones puestas en circulación estos días por cuantos jalearon a los militares en el momento del golpe y más tarde les ofrecieron una cobertura civil para desdibujar los perfiles de una dictadura uniformada, insisten en que el pacto con los Hermanos Musulmanes era inviable y, por esa razón, la intervención de los tanques estuvo justificada. Ninguno de los hermeneutas partidarios de la intervención de los blindados entra en el asunto central: la única forma de consolidar un sistema democrático es respetar las reglas de la democracia.

Mohamed Badia, líder espiritual de los Hermanos Musulmanes, condenado a muerte.

“Cada vez que miro hacia atrás me reafirmo en que era del todo imposible alcanzar un acuerdo con los Hermanos Musulmanes, simplemente a causa de su intransigencia”, ha declarado Amr Musa, un político camaleónico, al periódico cairota Al Ahram, no menos dado al cambio cromático según las épocas. Musa encarna el sentir del establishment civil con una larga y próspera cooperación con el Ejército, mientras fuera de ese entorno tan poco inclinado al reformismo político se multiplican los gestos de arrepentimiento por la inercia hacia el golpe de la protesta laica, que dijo estar legitimada para exigir la renuncia de Morsi gracias a los millones de firmas –se aseguró que 20 millones– recogidas por todo el país para que el presidente dejara el cargo. Aquella estrategia temeraria, inducida por el movimiento Tamarod (rebelión), lo que hizo en verdad fue dar aires de levantamiento popular a una asonada dirigida por el mariscal Al Sisi y reproducir en Egipto lo que tantas veces ha sucedido en otros lugares: un responsable militar nombrado por un Gobierno salido de las urnas acaba levantándose contra quien lo nombró.

Al final de un libro dedicado a la Hermandad, el periodista español Javier Martín afirma: “Es difícil predecir el futuro. Pero si dos certezas existen, son que el devenir del islamismo egipcio volverá a marcar tendencias en el mundo árabe-musulmán, y que cualquier proceso de reforma democrática en Egipto –y en el resto de la región– deberá tener en cuenta a la amplia burguesía piadosa. Gran parte de ella son hermanos y musulmanes”. Estas líneas fueron redactadas en marzo del 2011, y hoy tienen la misma vigencia que entonces. Cuanto más marginen los militares a los islamistas, más adeptos a su causa se unirán a sus filas; cuanto más alejados de los resortes del poder estén los Hermanos Musulmanes, más fuerte se hará el islamismo radical dentro y fuera de Egipto; cuanto más se empeñen los generales en mantener la fractura social entre nosotros y ellos, mayor será la capacidad del islamismo para arraigar en una sociedad decepcionada y sin expectativas.

 

 

Erdogan corta la línea

Las elecciones municipales que se celebran este domingo en Turquía tienen mucho de ceremonia de paso, de prueba de fuego para el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, cabeza visible de un experimento de islamismo moderado que emite señales de fatiga o de miedo al futuro. Si las manifestaciones en la plaza Taksim de Estambul, en junio del año pasado, alarmaron a muchos de cuantos hasta entonces creyeron que el modelo turco podía ser una referencia para todo el orbe musulmán, la decisión del primer ministro de bloquear Twitter, mentidero rugiente de los casos de corrupción en los que está directamente implicada la familia Erdogan, y Youtube ha dejado al descubierto la propensión del régimen a ejercer un autoritarismo destemplado. Si en junio Erdogan colgó a las redes sociales la etiqueta de “amenazas para la sociedad”, ahora es él quien se comporta como una amenaza cierta para unas herramientas consideradas el paradigma de la libertad de expresión en la aldea global. Con el añadido de que un tribunal declaró el miércoles ilegal el bloqueo de Twitter, ha apremiado al Gobierno para que lo levante y se ha reproducido la vieja trifulca entre los jueces, adscritos a la tradición laica, y el ideario islamista.

El escritor Mustafá Akyol teme que Erdogan aguarde a que acabe el escrutinio de las municipales para desencadenar una purga contra sus oponentes de características mccarthystas a partir de un leitmotiv que resume así: “La guerra contra el Estado paralelo –aquellas personas e instituciones que no le apoyan– es en el presente la segunda guerra de liberación de Turquía”. El temor de Akyol tiene que ver con la “arrogancia extrema” de Erdogan, mencionada por otro escritor, Orhan Pamuk, nobel de Literatura y genuino representante de la tradición y el pensamiento laico en la Turquía que se siente heredera y depositaria del legado de Mustafá Kemal Ataturk.

Fethullah Gülen se ha convertido en el gran adversario exterior de Recep Tayyip Erdogan.

Solo esa arrogancia irreflexiva exhibida por una estructura de poder amenazada explica la absurda pretensión del primer ministro de poner puertas al campo, que otra cosa no es su decisión de bloquear Twitter y Youtube y, quizá en el futuro, de hacer lo propio con Facebook. Cualquier usuario de internet mínimamente informado sabe que las barreras anunciadas son extraordinariamente vulnerables –en las calles de las principales ciudades turcas hay carteles en los que se explica cómo evitar el bloqueo–, salvo que el Gobierno decida encarar una operación a gran escala para aislar por completo la red de telecomunicaciones del país. En cualquier caso, y sin haber llegado aún a tal extremo, lo que ha hecho Erdogan es dejar al descubierto su escaso compromiso con la preservación de los valores democráticos –incluidos la libertad de expresión y el libre examen–, cuyo menoscabo sitúa en la senda de la sospecha al gobernante que los vulnera.

El pretexto al que ha recurrido el primer ministro turco responde al más elemental de los manuales seguidos desde siempre por los autócratas cuando deben afrontar una crisis que les afecta personal y directamente, como el rosario de episodios de corrupción, bastante bien documentados por la prensa internacional, que sitian a Erdogan. Se trata de una conspiración contra él, sostiene el interesado, contra su Gobierno, su partido y su familia; hay detrás de todo un adversario político exterior –Fethullah Gülen–, que mueve los hilos desde el exilio voluntario en Estados Unidos; los añorantes del pasado –de la república laica–, añade, quieren aprovechar la ocasión para lograr desbancarle con malas artes después de no haberlo conseguido en las urnas. La simplificación del caso es tan rudimentaria que, incluso si hay algo de verdad en cuanto denuncia Erdogan, prevalece la impresión de que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) ha preferido la huida hacia adelante al realismo para sanear el Gobierno y su entorno. Algo de verdad hay en la porfía permanente desde las sombras de una oposición condenada a una larga travesía del desierto, algo de verdad hay también en los movimientos sigilosos de Gülen para disputar a Erdogan el liderazgo del islamismo político mediante la movilización de los afectos al hizmet (actividad altruista para el bien común), pero al presentarse todo como una batalla decisiva en la que solo el AKP es capaz de hacerse eco de las necesidades de la nación, el experimento islamista se acerca peligrosamente a un populismo vociferante con rasgos totalitarios que, por lo demás, no tiene mayor interés en esclarecer quiénes son los corruptos y qué dimensiones tiene la trama corrupta puesta al descubierto.

Cuantos en algún momento han vislumbrado en el papel futuro del islamismo político algo remotamente parecido a la función desempeñada por la democracia cristiana en Europa después de la segunda guerra mundial, sienten hoy que el modelo turco emite señales preocupantes. Y, al hacerlo, ratifica en sus convicciones a quienes estiman que entre la tradición islámica y el Estado moderno se alza la barrera invisible del integrismo, que interfiere en la vida privada de los individuos e imposibilita la neutralidad del Estado en materia religiosa, moral, jurídica, de ordenamiento del espacio público. Se trata seguramente de una conclusión precipitada, sesgada incluso, porque abundan los intelectuales musulmanes que la desmienten todos los días en la teoría y en la práctica, pero cuando la vía pública se enciende con la protesta y el Estado responde con la represión o con el bloqueo de las redes sociales, todos los relatos de la situación tienen cabida, también aquellos no exentos de prejuicios y tópicos alimentados desde antiguo por la escuela orientalista.

El escritor Orhan Pamuk atribuye a Recep Tayyip Erdogan una “arrogancia extrema” en su forma de gobernar.

Salvo que las autoridades turcas corrijan el tiro o que las elecciones municipales castiguen al AKP, crezca el descontento en segmentos importantes de la población y se haga inevitable un adelanto de las legislativas, Turquía corre el riesgo de perder una gran ocasión para asumir el papel de potencia hegemónica en el Mediterráneo oriental por ausencia de contrincantes. Con Egipto construyendo un régimen autoritario bajo custodia militar y con el erario exhausto, el único Estado de la zona con peso demográfico, económico y estratégico es Turquía, pero para ser una potencia regional, y no solo un socio de la OTAN en la región, precisa tener estabilidad política, normalidad institucional y fiabilidad exterior. Hoy no reúne ninguna de estas tres condiciones a pesar de su dinamismo económico y de la presión de la bolsa de Estambul para que más temprano que tarde se suavice la relación con Israel: no es posible la estabilidad con la oposición en ascuas; no es posible la normalidad institucional cuando el presidente del país, Abdullah Gül, disiente de las medidas adoptadas por Erdogan para silenciar los altavoces que procura la red, y no hay forma de proyectar una imagen fiable sin estabilidad y sin normalidad institucional.

Aun en el caso de que se cumpla la previsión del profesor Zeynep Tufekci –la victoria del AKP en las municipales–, no se corregirá el debilitamiento de la influencia de Turquía entre sus vecinos. Cuenta Tufekci que, paradoja de las paradojas, la misma clase media que hace un año pidió a sus hijos que le enseñara a utilizar Twitter para dar a conocer la protesta en la plaza Taksim, y que hoy se indigna con el bloqueo, puede decantarse una vez más por los candidatos del AKP en el último momento, un poco porque Erdogan ganó fama de buen gestor cuando fue alcalde de Estambul y otro poco a causa de la dispersión de mensajes de la oposición laica. Pero un gesto in extremis de tales características no es suficiente para contrarrestar el desgaste sufrido por el Gobierno turco ante la opinión pública internacional, incluidas la Unión Europea y Estados Unidos.

La misma pregunta que el 6 de julio del año pasado formulaba Murat Yetkin en las páginas del diario estambulí Hurriyet, de centro izquierda, a raíz del golpe de Estado que depuso en Egipto al presidente Mohamed Mursi, es extrapolable a la situación de hoy en Turquía: “¿Nos hallamos ante el final del islamismo moderado?” Después de la intervención de los generales en Egipto y del atrincheramiento de Erdogan, ¿hay que concluir que solo el islamismo político bajo vigilancia, caso de Marruecos, se atiene al compromiso de modernizar el Estado y renuncia a poner en marcha una islamización a destajo? Puede que las respuestas tajantes no tengan sentido y sí, en cambio, aquellas que se remiten a un dato determinante: es demasiado pronto para sacar conclusiones acerca de la capacidad del islamismo político de gobernar sin alarmar en Turquía y en otros lugares.    

Turquía y Egipto se atascan, Irán avanza

Turquía, Egipto e Irán ocupan los puestos 53, 114 y 144 en el Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente publica Transparencia Internacional desde 1995. Los tres países compiten por subrayar su condición de potencias regionales en un área que se desangra en Siria y que cobija el conflicto palestino-israelí, que se remonta a 1947. Hasta la fecha se prestó poca atención a estos datos inquietantes, pero desde el pasado verano se han sucedido los cambios en los biorritmos de los tres estados, y hoy, al empezar el 2014, se dan una serie de circunstancias nuevas que parten de una paradoja: el menos transparente de los actores en pugna, Irán, es el que más deprisa mejora su estatus internacional mediante la negociación de su programa nuclear, mientras que el teóricamente más asentado en las convenciones internacionales, Turquía, parece haber perdido algo más que el rumbo a causa de una epidemia de casos de corrupción que llegan hasta la sala de estar del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

En medio se encuentra Egipto, sometido a la corrección castrense de su primavera desde que la plaza Tahrir aplaudió el 3 julio que los generales se hicieran cargo de la situación. La resurrección del mubarakismo sin Hosni Mubarak, posible como en el pasado por la contribución a la causa de una parte de los políticos civiles, no deja de ser otra paradoja, una más, porque fue el laicismo sin uniforme el que puso el grito en el cielo a causa del programa emprendido por el islamista Mohamed Mursi, y es hoy el que teme que todo vuelva a su estado primigenio, con la política en los cuarteles. Es decir, con la política reducida a un instrumento de corrupción a gran escala que, desde hace décadas, ha hecho de los centuriones los grandes gestores de la economía y de la relación de Egipto con Israel, sin que los partidos puedan dar su opinión.

El caso es que la estabilidad de la región depende entre otros factores de que el triángulo turco-egipcio-iraní responda a un sistema equilibrado de relaciones. El profesor Fadi Hakura, del think tank independiente británico Chatham House, afirma: “A pesar de que crecen los desafíos para la posición regional de Turquía, el hecho de ser miembro de la OTAN y su situación geoestratégica le aseguran no ser ignorada en Oriente Próximo”. La frase es aplicable a Egipto e Irán, con sus propios desafíos regionales  y con los riesgos inherentes a entramados institucionales en los que pesan tanto o más las relaciones personales que las leyes.

Lo que sucede en Egipto de forma singularmente relevante es que, además, forma parte de la lucha sectaria entre el mundo suní, que se atiene a los designios de los petrodólares saudís, y el mundo chií, agrupado detrás del programa nuclear iraní. Las finanzas públicas egipcias se encuentran técnicamente en quiebra y han sido los petrodólares los que han evitado que, a la caída de Mursi, siguiera la ruina del Estado. El precio para evitarlo ha sido sumarse a lo que el especialista Fanar Haddad reputa guerra sectaria, a la que se han acogido las monarquías del Golfo “como parte de un esfuerzo de propaganda para salvar sus tronos”. Salvarlos, se entiende, de la capacidad de impregnación de las primaveras árabes, que obligaron al petroislam a ponerse en guardia.

Esa disputa confesional, muy presente en la agenda política iraquí, no debiera ser trascendente en Turquía, ajena al conflicto. Pero allí han llegado a las primeras páginas de los periódicos las miserias de un poder venal, entregado a la corrupción, y la incapacidad del primer ministro de escuchar a sus adversarios políticos en el Parlamento y en la calle. Si el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) dejó jirones de su prestigio en las jornadas de junio en la plaza Taksim, y si la actitud de Erdogan dio pie a abrigar toda clase de reservas acerca de su compromiso con los usos democráticos, hoy no hay duda sobre la incapacidad del poder para aceptar que hace falta sanear los cimientos del edificio. Mientras la lira turca se hunde en la bolsa de Estambul –su cotización ha caído más de un 20% en once meses–, Erdogan habla de una “conspiración internacional para hundir a su Gobierno”, pero el análisis del Financial Times resulta bastante más convincente: los inversores extranjeros están preocupados porque el Gobierno “ha tratado de aumentar el control sobre las autoridades judiciales” para detener la investigación por corrupción y temen por la seguridad jurídica de sus negocios.

Las incógnitas planteadas en junio por el islamismo moderado turco se han agrandado. El presunto espejo en el que deben mirarse otras experiencias similares, presentes o futuras, devuelve la imagen elocuente de una estructura de poder sin capacidad de regeneración, encerrada en sus propias convicciones y condicionada por una red de intereses opacos. Que sus competidores regionales exhiban una opacidad aún mayor, fruto de economías fuera de todo control independiente, no es ningún consuelo para cuantos pensaban que de los equilibrios turcos entre religión y Estado podía surgir una tercera vía con capacidad de transformarse en un poder arbitral, no árabe y no contaminado por las debilidades estructurales del mundo árabe y del litigio histórico entre sunís y chiís en el golfo Pérsico.

En sentido contrario, la teocracia iraní hace tiempo que dejó de ser una referencia o fuente de inspiración. Occidente dio por amortizado hace tiempo el fundamentalismo religioso de los ayatolás y, después de la desorientación inicial y la política de sanciones desencadenada por el programa nuclear promovido por los clérigos, ha dado con un interlocutor –el presidente Hasán Rohani– dispuesto a sacar el máximo partido de la situación. Dicho de otra forma: los acuerdos del 24 de noviembre relativos al programa nuclear iraní y la aplicación concreta de los mismos, pactada por Irán con el G5+1 al acabar el 2013, no entrañan ninguna transformación del régimen, sino la incorporación de este a la comunidad internacional sin levantar sospechas o, al menos, sin alarmar como lo hizo hasta fecha reciente. A eso se le puede llarmar política de supervivencia. Nadie piensa que Rohani, salido de las filas del sistema, es un reformista empeñado en cambiar la textura de la república islámica, sino que más bien se ve en él al posibilista dispuesto a mejorar la economía de su país –aumento de las exportaciones del petróleo– y a desempeñar el papel de actor regional necesario tanto en Líbano como en Siria, por más que Israel ve las cosas de forma muy diferente.

Así es como Irán ha transferido a Turquía y Egipto, a pesar del apoyo de Estados Unidos a los generales, el papel de potencias regionales inciertas. No es que se hayan desvanecido por ensalmo las incertidumbres que acompañan la praxis política de los ayatolás, es que estos han aceptado las reglas del juego para tener acceso a los 100.000 millones de dólares en cuentas iranís congeladas en bancos extranjeros y para reactivar los ingresos del petróleo, que hoy son solo la mitad de los posibles a causa de las sanciones impuestas por la comunidad internacional, según cálculos bastante certeros hechos por el diario conservador británico The Times. Los líderes iranís han aceptado la tozuda realidad: solo sometiendo su programa nuclear a tutela internacional podrán recuperar la cartera de clientes perdida durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, que tanto ha dañado el desarrollo de la economía iraní y, quizá, el apego de una parte de la sociedad urbana a los dictados del líder espiritual Alí Jamenei.

¿Qué reglas del juego están dispuestos a aceptar Erdogan en Turquía y el general Abdul Fatá al Sisi en Egipto para recuperar la confianza internacional en sus peripecias personales. No es suficiente que las encuestas otorguen al primer ministro turco una intención de voto por encima del 45% ni que un coro de civiles sometidos al bastón de mando de Al Sisi anuncie la buena nueva del restablecimiento de la democracia al día siguiente del referendo constitucional del 14 y 15 de enero. Porque en ambos casos prevalece y prevalecerá la sensación de inestabilidad, de divorcio entre las plazas que reivindicaron la modernización y la neutralidad del Estado y los despachos, donde se desarrolla una estrategia destinada a asegurar la permanencia en el poder de quienes ahora lo tienen, cueste lo que cueste.

Túnez da ejemplo otra vez

El acuerdo alcanzado por los partidos representados en la Asamblea Nacional Constituyente de Túnez para desatascar la redacción y aprobación de una nueva Constitución contrasta con el galimatías libio, que culminó este jueves con la retención durante unas horas del primer ministro, Alí Zeidán, y aún más con el otoño Egipto, donde sigue sin conocerse el paradero de Mohamed Mursi, presidente depuesto por el Ejército el 3 de julio. No todo tiene el mismo tono regresivo en el norte de África, y otra vez, como sucedió a principios del 2011, son los tunecinos quienes dan muestras de sentido político al buscar una salida ordenada al problema planteado por una Cámara zarandeada por desacuerdos insolubles y unas fuerzas laicas emocionalmente sacudidas por los asesinatos de Chokri Belaid y Mohamed Brahmi, dos de las voces más influyentes de la izquierda. Mientras tanto, nadie sabe hacia dónde se dirige la reforma libia, a expensas de los designios de grupos incontrolados que no hay forma de desarmar, y cada día es más evidente que en el horizonte egipcio se consolida la silueta de una dictadura militar encubierta.

Quizá sea cierto que la operación desencadenada por Estados Unidos para sacar de Libia a Abú Anás al Libi, presunto responsable de las matanzas en las embajadas estadounidenses de Nairobi y Dar Es Salaam, el 7 de agosto de 1998, haya echado más leña al fuego a la falta de vertebración del país surgido del final de la guerra civil. Es seguro que la política contemplativa de Occidente en el desarrollo de los acontecimientos en Egipto a partir del golpe de Estado ha favorecido a los generales, movilizados en defensa de los intereses de una casta que controla más del 30% de la economía del país. Pero no es menos cierto que frente a la debilidad del núcleo laico en ambos países, la disposición del sindicato Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) ha suplido las carencias de unas fuerzas políticas laicas inexpertas, enfrascadas con frecuencia en estériles debates bizantinos, y condicionadas por la disciplina de Ennahda (islamista moderado), que representa a la sumo a un cuarto de la población del país, aunque obtuvo más del 40% de los votos en las elecciones de octubre del 2011.

Habib Burguiba, padre de la independencia de Túnez, en Bizerta, en el norte del país, en 1952.

En definitiva, el equilibrio entre laicos e islamistas moderados, más allá de la aritmética electoral, se ha restablecido en Túnez, con el consiguiente apaciguamiento de las pasiones, al tiempo que en Libia no hay forma de desentrañar dónde se encuentran en verdad los resortes del poder legítimo o, peor aún, cunde la sospecha de que estos no existen, sometido todo el andamiaje político a las milicias armadas, la pugna tribal y la exigencia del este –región petrolífera– de disfrutar de mayores cuotas de poder. Y, en Egipto, los notables presididos por Amr Musa, encargados de redactar una nueva Constitución a la medida de los cuarteles, tienen cada día más la apariencia de máscaras cuyo destino es ocultar el torvo rostro de la dictadura militar que pilota el general Abdel Fatá al Sisi.

Como recordaba Jean Daniel, fundador del semanario progresista francés Le Nouvel Observateur, en un artículo publicado el 13 de febrero de este año, en momentos de gran incertidumbre, la herencia de Habib Burguiba, padre de la independencia tunecina, la crisis de “ese pequeño país desborda con mucho sus fronteras”. “De su resolución –añadía Daniel–, dependerá la posibilidad de mantener una verdadera democracia en tierra del islam”.  El mismo autor reconocía en aquel artículo que Burguiba fue con el paso del tiempo “un déspota cada vez menos ilustrado”, pero sus primeros años “fueron esenciales en dos apartados: sus decisiones relativas al estatuto de la mujer y la forma de practicar y respetar el islam”. La UGTT ganó influencia y prestigio en aquella atmósfera de compromiso aconfesional, y aún hoy agavilla voluntades enfrentadas gracias a la herencia recibida.

A la izquierda, Gamal Abdel Naser, presidente de Egipto, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en la conferencia de no alneados de Belgrado, en 1961.

“El aspecto más significativamente singular de lo sucedido en Túnez es la capacidad de todos los actores políticos importantes, incluido el partido Ennahda, que dirige un Gobierno de coalición, para dialogar, negociar y comprometerse cuando es necesario para mantener la transición hacia una democracia plural que alcance a todos los grupos para competir por el poder”, destaca el analista Rami Khouri. Esa es una cualidad del entramado tunecino que de momento carece de licencia de exportación y que, con toda probabilidad, deriva de la secularización de la cultura política deseada por Burguiba en los años que siguieron a la independencia (1956). Burguiba sucumbió a la tentación del culto a la personalidad y de un paternalismo acrítico, pero suministró antídotos civiles para neutralizar otras tentaciones: el cesarismo, el dogmatismo religioso, la postergación de la mujer y el comunitarismo.

Si se compara esa herencia con el relato emancipador de Gamal Abdel Naser, padre del Egipto moderno, surge enseguida la gran diferencia: Naser, al frente del mayor de los estados árabes, aspiró a dirigir el orbe árabe; Burguiba, líder de un pequeño país, no soñó nunca con encabezar grandes aventuras más allá de sus fronteras. La modesta ambición política de Burguiba tuvo un carácter estrictamente nacional; el proyecto panarabista de Naser, a menudo grandilocuente, requirió la construcción de un régimen basado en la supremacía del Ejército para hacer frente a Israel y redimir el agravio de 1948. Medio siglo más tarde, de la suerte del modelo tunecino, con todas las vicisitudes que se quiera, depende “la posibilidad de mantener una verdadera democracia en tierra del islam”, como se recoge más arriba, mientras que los uniformados de El Cairo aparecen como una sociedad cerrada cuyo primer objetivo es gestionar sus negocios y garantizar el poder de los centuriones.

A la izquierda, Muamar Gadafi, líder de Libia, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en 1983,

A la izquierda, Muamar Gadafi, líder de Libia, y Habib Burguiba, presidente de Túnez, en 1983.

Si la comparación es con el caos libio, entonces el contraste es aún mayor. El Estado de masas de Muamar Gadafi, la Yamahiriya, nunca fue mucho más que un nombre. En la práctica, solo fue útil para que prevalecieran las rivalidades tribales cuyo fragor confería al dictador un poder arbitral permanente del que dependía su supervivencia. A diferencia de Burguiba y Naser, que construyeron identidades políticas –nacionales– indiscutiblemente vigentes, Gadafi no tuvo el mayor interés en hacerlo, sino que fomentó la división. El caso es que hoy, después de una sangrienta guerra civil, un proceso constituyente instalado en la confusión y la exportación de petróleo –la capacidad extractiva de Libia es de 1,6 millones de barriles diarios– afectada por la pugna política, el país tiene la imperiosa necesidad de impulsar la socialización nacional para evitar que la adscripción tribal siga siendo la barrera infranqueable que se levanta entre los individuos y el Estado. Sin la construcción de una identidad colectiva que se extienda por encima de localismos y fidelidades personales, será muy difícil que pueda oponerse un poder homogéneo a las milicias surgidas durante la guerra, con presencia muy activa del islamismo radical.

Aún así, sigue en vigor el aserto más repetido desde que todo empezó entre los últimos días del 2010 y los primeros del 2011: nada será como antes. Acaso Egipto haya vuelto a la casilla de salida y acaso ese otoño de los generales se prolongue en un gobierno de los uniformados de duración imprevisible. Acaso Libia se haya salido del tablero y deba superar grandes dificultades y contratiempos antes de volver a él. Acaso, en fin, Túnez no consiga en mucho tiempo alcanzar la velocidad de crucero de la democratización y tenga que remontar cuestas interminables. Acaso todo eso suceda, pero la calle árabe perdió el miedo, según subrayan los sociólogos políticos, y lo que ahora acontece no es más que la confirmación empírica de que se quedaron cortos en sus cálculos cuantos diagnosticaron en los primeros días de las primaveras que haría falta una generación para que cuajaran.

Obama, prisionero de las líneas rojas

El lenguaje barroco más recargado se ha adueñado del debate de las ideas y de los prolegómenos de una posible intervención militar de Occidente –Estados Unidos y Francia, por lo menos– en Siria. La solemnidad de algunas declaraciones apenas oculta las pocas ganas del presidente Barack Obama de enfangarse en la crisis, prisionero de las líneas rojas dibujadas por él mismo y que Bashar el Asad con toda probabilidad cruzó el 21 de agosto al desencadenar un ataque con armas químicas en un suburbio de Damasco. Nadie pidió a Obama –ni sus aliados ni la opinión pública– un compromiso de actuación tan explícito, que abre cuatro frentes de discusión, todos ellos erizados de espinas:

-¿Es legítima una intervención internacional en la guerra civil Siria sin contar con un mandato expreso de las Naciones Unidas?

-¿Qué garantías hay de que la intervención no se prolongará sine díe?

-¿Qué sucederá en Siria después de la intervención?

-¿Qué efectos tendrá sobre la precaria estabilidad en Oriente Próximo?

Víctimas del presunto ataque con armas químicas del 21 de agosto en Damasco.

El crucigrama puede ampliarse a poco que se piense en la situación en que queda la ONU si Estados Unidos desencadena el ataque antes de conocerse el informe de los expertos que despachó al teatro de operaciones. Aunque el exministro francés de Asuntos Exteriores Hubert Védrine invoca la legitimidad de una operación de castigo por “el horror de los hechos”, también reconoce que sentará un precedente por si no fuesen suficientes, aunque no comparables, los de Kosovo e Irak, por citar los más recientes. Aunque el presidente Obama sostenga que no fue él “quien fijó la línea roja”, sino la comunidad internacional mediante la Convención de 1993, que prohíbe el uso de armas químicas, muchos dudan de que se respete el derecho internacional si empiezan los bombardeos sin una resolución expresa de las Naciones Unidas.

La víspera de la reunión del G-20 en San Petersburgo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, forzado por su condición de anfitrión y para aligerar la atmósfera de la conferencia, dijo que se sumará a una operación de castigo si la ONU confirma que Asad utilizó armas químicas. El compromiso de Putin es de un oportunismo manifiesto –los inspectores solo podrán certificar, llegado el caso, que se utilizaron armas químicas, pero no, quién recurrió a ellas–, introduce elementos de confusión y en la práctica excluye un cambio en la posición de Rusia (y China) en el Consejo de Seguridad, donde se oponen a la intervención. Y si China, después de la cita del G-20, se presta a ser el emisario entre Estados Unidos y Rusia, lo hará dejando siempre a salvo su relación con Irán, cuyo régimen avala al de Asad.

Combatientes rebeldes con máscaras antigas fotografiados en mayo por Laurent Van der Stock, del diario francés ‘Le Monde’.

La carta firmada a última hora en San Petersburgo por diez aliados de Estados Unidos es poco más que una pieza de decoración. Aunque resulta sorprendente que algunos de los siganatarios –Mariano Rajoy, entre ellos– presten su rúbrica para reclamar una intervención contundente en Siria después de haberse acogido a la necesidad de conocer el informe de la ONU antes de adoptar una decisión definitiva, no es suficiente para borrar la impresión de que Obama está condenado a lidiar la crisis con menos apoyos efectivos de los deseados. ¿Es un episodio más del declive del gendarme universal o la confirmación de que lo que realmente desea Obama es reducir al mínimo imprescindible la implicación de Estados Unidos en el laberinto de Oriente Próximo? Es pronto para saberlo.

El analista estadounidense Anthony H. Cordesman, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), atribuye a Obama una estrategia militar y diplomática inspirada en la pieza teatral Esperando a Godot, de Samuel Beckett. “La Administración siguió el guion de la obra de Beckett en la medida en que no definió las razones de lo que los actores estaban haciendo, por qué estaban esperando o qué iba a pasar después de la llegada de Godot”, escribe el experto del CSIS. Lo que con más ansia espera Obama es que la coalición gane socios, pero ni la OTAN ni la UE disponen de mayorías intervencionistas. Antes al contrario, el precedente del voto en contra de la Càmara de los Comunes a la disposición de David Cameron a entrar en acción ha retraído a los dudosos y ha afianzado en sus posiciones a cuantos se oponen a un ataque a Siria. La discusión parece cerrada para la mayoría desde el mismo momento en que el presidente de la UE, Herman Van Rompuy, ha dicho que la solución a la crisis siria solo puede ser política, y ni siquiera ha aludido a la ONU.

En el comportamiento de Obama y sus colaboradores se entrecruzan imprecisiones, contradicciones y el temor a que el presidente, que en el primer mandato se consagró como el vencedor de Osama bin Laden, forje en el segundo una imagen más cercana a la de Neville Chamberlain. Esa es, al menos, la referencia más utilizada por una parte de la derecha neoconservadora, que hace alusiones constantes a la segunda guerra mundial, cuando nada se parece menos a la crisis actual, por muy dubitativo y partidario de la política de apaciguamiento que se muestre Obama. Como dice Conor Friedersdorf en la revista liberal The Atlantic, la derecha dura tiene interés en situar el momento en un cruce de caminos similar al de 1938, pero no se trata más que de una simplificación grosera de los acontecimientos. Es más, hay razones suficientes para temer en igual medida al régimen sirio que a las consecuencias de su hundimiento.

Tanto en Estados Unidos como en Francia se multiplican los vaticinios más lóbregos, aquellos que presentan la caída de Asad como el ascenso de una combinación ingobernable de fuerzas sometidas a las armas de los islamistas radicales. La intención de Occidente de promover la figura de un Hamid Karzai bis en la persona del general Alí Habib, que desertó del régimen sirio, tiene pocas posibilidades de convertirse en una salida de consenso y, en cambio, la movilidad de organizaciones como Nusra y Estado Islámico en Irak y Siria, con la ayuda de Irán y de Hizbulá –en la práctica, es lo mismo–, tienen grandes posibilidades de escribir el futuro. El especialista C.J. Chivers entiende que este es el gran dilema de Occidente, más allá de las razones coyunturales a favor y en contra de la intervención: debilitar a Asad sin controlar los acontecimientos que seguirán o dejar las cosas como están y prolongar la carnicería.

Manifestación contra una intervención de Estados Unidos en Siria, el 31 de agosto en Washington.

El dilema se puede hacer extensivo a las opiniones públicas de las sociedades democráticas, conmovidas por la matanza, pero alarmadas por las imágenes de las ejecuciones sumarias de presos perpetradas por grupos rebeldes y la imposición de la sharia en algunos lugares bajo control islamista. Los sondeos en Francia revelan que el 74% de la población se opone a la presencia en Siria, pero esa misma población se moviliza para paliar las consecuencias de la crisis de subsistencias que deben afrontar dos millones de refugiados y cuatro millones de desplazados. En Estados Unidos, el recuerdo de Irak pesa como una losa y son pocos los que creen que están en juego intereses vitales; el recurso al armamento químico repugna a las conciencias, pero resulta insoportable la perspectiva de otra larga y lejana guerra. En ambos casos, los comandantes en jefe prometen una actuación limitada en el tiempo y sin soldados en tierra, pero después del primer disparo todo es posible.

Superados largamente los 100.000 muertos, dividida la Liga Árabe de forma irremediable, abierta la disputa por la hegemonía regional –Egipto, Turquía– y sumidas en el ocaso las primaveras, las incertidumbres paralizan a los estrategas. Pero al activar los resortes de la intervención, llevar el asunto a los respectivos parlamentos y buscar aliados, Obama y Hollande han situado la partida en un punto de no retorno. Si ahora hiciesen marcha atrás, la credibilidad de ambos resultaría dañada sin que mejorara la de la ONU, condenada a la parálisis por el derecho de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. No se vislumbran luces en el horizonte.

 

 

 

Realismo de EEUU en Oriente Próximo

Un realismo sin fisuras se impone en la actuación de Estados Unidos en Oriente Próximo, con el desastroso precedente de la presidencia de George W. Bush (2001-2009) para desvanecer la más mínima tentación de agarrar de nuevo el palo y renunciar a la zanahoria. El establishment de Washington y el mundo académico que nutre los think tank han llevado al ánimo de la Administración del presidente Barack Obama y al grueso de los legisladores el riesgo que se oculta detrás de toda intervención armada: repetir los mismo errores cometidos en Afganistán e Irak sin asegurar, por lo demás, ninguna ventaja estratégica sobre el terreno.

Seth G. Jones, profesor de la Universidad John Hopkins e investigador de la Rand Corporation, ha expresado en un artículo colgado en la web de la revista Foreign Affairs, los anhelos que deben guiar a Estados Unidos y sus aliados en relación con los acontecimientos que se desarrollan en Egipto desde el 3 de julio. “Deben pensar en primer lugar en proteger sus intereses estratégicos vitales en Egipto y en la región”, escribe Jones, prototipo del analista armado con dosis inagotables de realismo, dispuesto a reprochar a los diplomáticos occidentales el entusiasmo conque acogieron la caída de Hosni Mubarak y la frustración que les ha invadido a causa del golpe de Estado que ha depuesto al presidente Mohamed Mursi. Resulta imposible imaginar alguien con menos apego al paradigma idealista y más inclinado a la realpolitik de todos los días.

¿Cuáles son los objetivos irrenunciables de Occidente en Egipto y, por extensión, en Oriente Próximo? El profesor Jones enuncia tres:

1º Ayudar a prevenir una guerra civil. Para evitarla, propone inducir al Gobierno egipcio a que facilite la participación en las próximas elecciones a los Hermanos Musulmanes y a otras organizaciones islamistas a fin de conjurar el riesgo de una situación a la argelina (la guerra civil de los años 90 que siguió a la intervención del Ejército para evitar que el Frente Islámico de Salvación llegara al poder a través de las urnas).

2º Trabajar con Egipto para que mantenga el compromiso de combatir el terrorismo fundamentalista, alimentado por Hamás y Ansar Bait al Maqdis en la península del Sinaí, a las puertas de la franja de Gaza.

3º Animar la adopción por Egipto de reformas liberales, apoyar a la sociedad civil y proveer de asistencia técnica para que se revise la Constitución.

Este último punto pudiera llevar a la conclusión de que la democratización del Estado preocupa a los realistas en igual o parecida medida que la recuperación económica, el restablecimiento del principio de legalidad y otros requisitos esenciales para que el nuevo Egipto eche a andar. Habida cuenta de que, de acuerdo con la encuesta elaborada por el Pew Center en mayo de este año, las ansias de democracia en la sociedad egipcia marchan por detrás del deseo de disponer de una economía fuerte, un sistema judicial sólido y un funcionamiento institucional que garantice ley y orden, los analistas del perfil de Jones poco menos que se desentienden del compromiso democratizador de las nuevas autoridades y de llevar la prédica democrática a las calles de El Cairo: “La democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”.

¿Por qué lo dicho para Egipto vale para otros puntos de la región? En primer lugar, porque Egipto tiene un poder de irradiación sin comparación en el resto del mundo árabe; puede decirse que Egipto dispone de la masa crítica suficiente para desencadenar el efecto dominó, para bien y para mal. En segundo lugar, porque las grandes crisis de Oriente Próximo se abordan en público en Estados Unidos en términos de pérdidas y ganancias, y cada vez menos en términos mesiánicos, como si formara parte del rango internacional de Estados Unidos llevar la buena nueva de la democracia liberal a cualquier parte, por las buenas o a cañonazos. Puesto que “la democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”, es mejor plegarse a la realidad: “Washington debe conducir su política con el mundo árabe que tiene, no con el mundo árabe que desearía tener”.

Cabe detectar cierto fatalismo social en esa cosmovisión, pero resulta menos arriesgada que la utopía neocon –de un sectarismo ideológico agresivo y costosísima en vidas, material y dinero– y, desde luego, más útil para complementar el multilateralismo enunciado por Obama a continuación del fracaso del mundo unipolar soñado por Bush, que debía ser administrado por la hiperpotencia sin rival. Así se entiende mejor la resistencia de los estrategas de los departamentos de Estado y Defensa a enfangarse en la guerra de Siria, el alejamiento de Irak –julio está siendo el mes más sangriento en lo que llevamos de años–, la nueva coreografía negociadora en el conflicto palestino-israelí, sin más esperanzas de éxito que en ocasiones precedentes, e incluso la disposición a buscar la cara amable del nuevo presidente de Irán, el clérigo Hasán Rohani –léase a Ramin Jahanbegloo en El País–, que pasa por moderado aunque forma parte de la teocracia de los ayatolás. Así se entiende mejor que, antes de tomar cualquier decisión, se formulé siempre la misma pregunta: ¿qué vamos a sacar en limpio?

El general Marty Dempsey, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, ha remitido un memorando a Carl Levin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, en el que analiza el coste de una eventual intervención en Siria: 1.000 millones de dólares al mes durante el primer año para atacar objetivos de alto valor, lo que requeriría “utilizar cientos de aviones, barcos y submarinos, además del establecimiento de una zona de excusión aérea”, según los párrafos reproducidos por Gordon Lubold en Foreign Policy. Pero lo más significativo del memorando de Dempsey, un militar experimentado y en absoluto alarmista, viene a continuación: “En los diez últimos años hemos aprendido que no es suficiente un simple cambio en el equilibrio del poder militar sin considerar de forma cuidadosa qué es necesario para preservar el funcionamiento del Estado”.

La referencia implícita a la posguerra de Irak no escapa a nadie. Los riesgos que se pueden correr en Siria son de naturaleza similar: desmantelar el Estado, dar alas al islamismo en armas y desalojar a un dictador que se ha ensañado con su pueblo para, acto seguido, tener que hacer frente a la presión de los fundamentalistas adscritos a la guerra de guerrillas. Y esa es una hipótesis que excluye otra tanto o más perturbadora, aquella que admite la posibilidad de que el rearme y la ayuda directa a la resistencia provoque una dinámica de rearme permanente de las partes –Occidente, con la oposición; Rusia, Irán y alguna otra potencia, con Bashar el Asad–, el enquistamiento de la guerra civil y la contaminación de la crisis al entorno (Líbano) con mayor virulencia que hasta la fecha.

La consecuencia de todo ello es lo que la analista de la Chatham House Claire Spencer llama en la revista británica Prospect “el dilema diplomático”. Pudiera hablarse incluso del bloqueo diplomático que lleva a dejar sin efecto, y sin alternativa posible, el propósito reiteradamente expresado por Estados Unidos y sus aliados de apoyar a la oposición armada siria. Spencer cree que si se orientaran “las prioridades hacia los costes humanos a largo plazo en la lucha de Siria”, la diplomacia podría superar las contradicciones que la atenazan. Pero siempre está ahí la pregunta: qué ganamos con chapotear en el barrizal. Y ese realismo descarnado impide entrar en otras consideraciones morales que son, por cierto, las que movilizan a la opinión pública que contempla la degollina en el televisor de la sala de estar.

Pareciera que después de las experiencias afgana e iraquí, cuajadas de muertos, decepciones políticas y ruina económica, la democracia agresiva ha dado paso a la democracia traumatizada. Si el largo recorrido desde la guerra contra el terror global que siguió al 11-S debe terminar en la búsqueda del talibán moderado, con quien el secretario de Estado, John F. Kerry, cree que es posible llegar a un pacto político para poner a salvo la república de Hamid Karzai, y el nuevo Irak no es mucho más que el Estado de los atentados, qué sentido tiene aterrizar en Siria, se preguntan en Washington. Si el sueño democrático egipcio acabó en un golpe de Estado aplaudido por la multitud de la plaza de Tahrir, a qué viene preocuparse por la democratización del país, meditan en los aledaños del Despacho Oval. Los realistas tienen clarísimas las respuestas. Y la suficiencia energética de Estados Unidos hacia el 2020 refuerza las certidumbres.

La ‘primavera’ egipcia viste uniforme

Si alguien puso alguna vez en duda que es el Ejército el que dicta las normas en Egipto, con primavera o sin ella, los acontecimientos que se desarrollaron entre la tarde del lunes y la del miércoles deben haber convencido a los más incrédulos. El Ejército es la columna vertebral del Estado, la única institución con una capacidad ilimitada de intervención política, prestigiada a través de la herencia de Gamal Abdel Naser, del apoyo por omisión prestado a la caída de Honsi Mubarak y del apoyo activo ahora a cuantos reclamaban la liquidación de la presidencia de Mohamed Mursi. La capacidad de los generales de ajustarse a situaciones cambiantes y extremadamente volátiles, de mostrar su mejor rostro en los peores momentos, de aparecer ante la opinión pública como los hermeneutas cabales de las reivindicaciones populares, los colocan por encima de las contingencias de la lucha partidista y de la crisis social.

El editorial de The New York Times de dos días antes del golpe de Estado era concluyente: “(Mursi) utilizó las elecciones para monopolizar el poder, denigrar a los adversarios y solidificar los vínculos con la línea dura islamista”. Incluso admitiendo que puede haber una sobrecarga emocional en ese juicio, lo cierto es que no solo en Occidente, sino en las filas de la oposición laica arraigó la idea de que las tres victorias electorales de los Hermanos Musulmanes, las legislativas, las presidenciales y el referendo constitucional, habían sido el punto de apoyo de la palanca manejada por el presidente Mursi para desnaturalizar los objetivos y anhelos de la movilización que acabó con la autocracia de Mubarak. Un medio tan comedido como Al Ahram, el diario árabe de mayor difusión, se sumó a la tesis de los excesos del poder y alimentó las pasiones desatadas.

Al Sisi

El ministro de Defensa, Abdul Fatá al Sisi (centro) anuncia la noche del miércoles la destitución del presidente Mohamed Mursi. El primero por la izquierda es Mohamed el Baradei, líder de la oposición laica, y el segundo por la izquierda es Mahmud Badr, líder del movimiento Tamarrud. El segundo por la derecha es el papa copto Tawadros II, y el tercero por la derecha es el gran jeque de Al Azhar, Ahmed el Tayeb.

Pero lo cierto es que Mursi llegó a la presidencia del país en unas elecciones limpias y ha caído a causa de un golpe de Estado que viola las reglas de la democracia. Al salir de los cuarteles y asumir el papel de garantes de las reclamaciones de la calle, los militares han actuado como una institución por encima de la ley, del control civil de sus actos, de la soberanía popular y de la confrontación política entre iguales. Han acudido a la tradición para rescatar la figura del príncipe justo que se atiene a la ideología espontánea de la comunidad, interpreta sus deseos y se pone a su servicio, aunque cuando se trata de una institución que gestiona no menos del 40% de la economía del país, más parece que lo que realmente hace es poner sus intereses a buen recaudo. En cuanto a su compromiso democrático, hacen innecesario todo comentario la detención de los líderes más destacados de los Hermanos Musulmanes y del Partido Libertad y Justicia, brazo político de la Hermandad, las órdenes de arresto y el cierre de canales de televisión, además del confinamiento de Mursi en dependencias oficiales.

Dicho de forma muy resumida: el Egipto descontento que se hartó de la incapacidad de la cofradía para ofrecer resultados y, en cambio, abundó en un sectarismo destemplado, se ha echado en brazos del Ejército sin mayores garantías de que los uniformados respeten el pluralismo, la división de poderes y la libertad de prensa, acepten unas elecciones sin excluir ninguna sigla y, por último, vuelvan a los cuarteles y aparquen los tanques. En la mitología nacional de ese Egipto movilizado ha pesado más la tradición militarista que el recuerdo de la degradación sufrida por el Estado bajo la autocracia de Mubarak; el nacionalismo con galones naserista ha conquistado la calle más que otras consideraciones. Y en esa operación llena de riesgos se han subido al carro del disgusto popular personajes como Mohamed el Baradei y Amr Musa que, en otras circunstancias, hubiesen tenido poco que decir y si ahora se les escucha es porque el frente laico ha sido incapaz de consolidar nuevas figuras políticas a través de la unidad de acción.

A decir verdad, la unidad de acción del bloque opositor que se enfrentó a Mursi es poco menos que una entelequia. El tótum revolútum de laicos, liberales, naseristas, paniaguados de la dictadura de Mubarak, jerarcas coptos y clérigos de la mezquita de Al Azhar lo es todo menos el caldo de cultivo adecuado para construir un frente civil razonablemente sólido frente a los uniformados, acostumbrados a redactar el orden del día sin consultar a nadie. Antes bien, ese mosaico con piezas de todos los tamaños y colores tiene todas las trazas de acoger discursos incompatibles, más adecuados para alimentar la fractura social que para promover la unidad de acción. Una fractura social condenada a agravar los efectos de otra, delimitada después del golpe de Estado, que enfrenta a los partidarios de la Hermandad con quienes depusieron al presidente Mursi.

Egipto. DatosEn la concreción del combinado ideológico que ha aceptado que el Ejército marque el paso, la debilidad está garantizada, que es tanto como decir que la iniciativa de los militares también lo está. Se trata de un mal presagio para encarar las jornadas que se avecinan y para hacer frente a una reforma de la economía que ha de tener un indudable coste político. Es un punto de partida desconcertantemente insuficiente para cohesionar el próximo Gobierno y fijar un programa de mínimos en el que deben figurar la crisis de subsistencias, la degradación de los servicios y la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un préstamo de 4.800 millones de dólares que evite la quiebra del Estado y la suspensión de pagos. Es decir, es de temer que se ponga de relieve la inconsistencia de la oposición a Mursi y el generalato se presente como aún más imprescindible para encauzar el futuro en cuanto se pase del aplauso a los blindados y los fuegos artificiales en la plaza de Tahrir a la gestión del día a día.

¿O es que cuantos se sentaron a ambos lados de la tribuna desde la que el general Abdul Fatá al Sisi anunció la consumación del golpe están dispuestos a sufrir el desgaste de las condiciones que impondrá el FMI para poner un parche a la economía? ¿Acaso alguien cree que es posible lograr un préstamo sin recortar drásticamente las subvenciones de algunos artículos de primera necesidad? ¿Puede pensarse que los reunidos por Al Sisi están dispuestos a pedir a los militares que renuncien a una parte sustancial de los sectores de la economía que gestionan para aliviar las estrecheces de una población golpeada por un rápido proceso de empobrecimiento? ¿Cabe pensar que el presidente Adli Mansur, nombrado por los generales, se sumará a una estrategia siquiera sea de deliberación que ponga en duda los intereses de estos?

Se cumple así en todos sus extremos el vaticinio contenido en el informe entregado al Congreso de Estados Unidos por el analista Jeremy M. Sharp el 6 diciembre del 2012: “Si no alcanzan un compromiso las facciones políticas enfrentadas, la legitimidad de la transición de Egipto se pondrá permanentemente en cuestión, creando una atmósfera de inestabilidad para un futuro imprevisible”. Lo confirma el relato del fracaso histórico de los islamistas publicado en Le Monde por Benjamin Barthe, tan cierto como el horizonte de incertidumbres que sigue al fracaso a causa de la dispersión de mensajes en bandos irreconciliables, a imagen y semejanza de lo pronosticado por Sharp. Porque se trata de bloques políticos con muy poca cintura y aún menos experiencia, enzarzados en una pelea, mientras el Ejército ha pasado de tutelar la transición a dirigirla. “Después de la primavera árabe y el invierno islamista, ¿es el turno del verano pretoriano?”, se pregunta Christophe Ayad.

Sea cual sea la nueva estación, el hecho de que el primer presidente civil de Egipto haya durado un año en el cargo induce a pensar que aguardan al país días de climatología rigurosa que repercutirán en otras latitudes del paisaje árabe, en el engarce de intereses en Oriente Próximo y, de forma general, en la comunidad árabe-musulmana. Algo se ha roto entre las concentraciones de la plaza de Taksim, en Istambul, y la caída de Mursi en Egipto. En el primer caso, porque se desvanecieron muchas de las esperanzas depositadas en la experiencia posibilista del islamismo político en Turquía, un país musulmán, pero no árabe, en cuanto Recep Tayyip Erdogan recurrió a la mano dura y liquidó su imagen de islamista contenido, digno de ser referencia para otros. En el segundo caso, porque Egipto es el Estado árabe más influyente, el más poblado, el de mayor proyección exterior, que es depositario de un legado histórico y cultural inigualable… y es limítrofe con Israel, con quien suscribió un tratado de paz.

Algo se ha roto en las primaveras árabes al pasar en un mínimo de tiempo de las reivindicaciones poco menos que revolucionarias del movimiento Tamarrud en la plaza Tahrir al desfile de los centuriones ante una multitud que los aclamaba. Y la tibieza de la comunidad internacional ante lo sucedido, con  Estados Unidos y la Unión Europea en primer lugar, no hace más que confirmar que prefiere una democracia restringida, sometida a vigilancia, antes que una transición larga, con momentos complicados, avances y retrocesos, crisis y vacilaciones. Otra cosa es que eso sea posible dos años y medio después de la caída de Mubarak y de la desinhibición de la calle árabe.

Hartazgo por el autoritarismo de Erdogan

La concentración de la plaza Taksim de Estambul pone a prueba la ductilidad del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y, por extensión, del islamismo moderado, que lleva más de una década en el poder. La propagación de la protesta a las grandes ciudades de Turquía, la escenografía, semejante a la de los días del gran cambio en las primaveras árabes, y el choque entre una sociedad descontenta y un poder omnipresente inducen a sacar conclusiones precipitadas sobre la naturaleza de un movimiento acéfalo y genuinamente diferente al que se alzó contra los autócratas en Túnez, Egipto, Libia, Yemen y otros paisajes de la geografía árabe. Entre las diferencias, no es un dato menor que Erdogan cuenta sus comparecencias en las urnas por victorias y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas turcas) se ha convertido en referencia ineludible del islam político, dispuesto a acatar las reglas básicas de la democracia.

Mustafá Kemal

Mustafá Kemal Ataturk (1881-1938), padre de la Turquía moderna.

Desde la liquidación de la monarquía, la sociedad turca se debate entre la tradición y la república laica, entre la ideología espontánea heredada del sultanato y la secularización promovida por Mustafá Kemal Ataturk y custodiada hasta anteayer por el Ejército, entre la división de poderes y la intromisión de la religión en la política. A horcajadas entre Europa y Asia, la sociedad urbana se ha adaptado al cambio, pero el mundo rural ha mantenido los preceptos islámicos como el factor determinante de la vida cotidiana. Así se ha mantenido la controversia entre el Estado secular y la unidad entre política y religión, consustancial al orbe musulmán. Con el añadido de que Erdogan encabeza un experimento en el que han de tener cabida forzosamente los partidarios del Estado laico, salvo riesgo manifiesto de que se consume una fractura social.

A partir de ahí, de esa dualidad llena de complejidades, poco importa cuál es el pretexto para la protesta y cuáles son las razones esgrimidas por el poder para recurrir a los gases lacrimógenos. Como ha escrito el periodista Mahir Zeymalov en Today’s Zaman, diario turco editado en inglés, “Erdogan comprende que unos cuantos árboles no pueden ser el motivo que hay detrás de la escalada de protestas”, pero, al mismo tiempo, se resiste a aceptar que su forma de entender el poder sea la causa primera de cuanto sucede. El atropello de talar unos cuantos árboles en el parque de Gezi para construir un centro comercial da para desencadenar una repulsa ciudadana con objetivos limitados, pero no para encender un país y movilizar a medios de comunicación de todo el mundo. En cambio, el hartazgo por el autoritarismo de Erdogan sí da sentido a la ocupación de la plaza Taksim.

Turquía. EconomíaMientras una parte importante del AKP y el propio presidente del país, Abdullah Gül, parecen entender que el reformismo islamista descansa sobre un pacto entre sectores sociales que hoy debe renovarse, Erdogan da la impresión de haberse despegado de la realidad y no acepta que las contradicciones propias de una comunidad joven y dinámica incorporan indefectiblemente tensiones sociales. En el caso turco, se traducen en la distancia entre el colchón de votantes que mantienen a Erdogan en el poder, procedentes en gran medida del campo, de las ciudades medianas y pequeñas y del interior de Anatolia, y los actores del milagro económico turco, instalados en las grandes ciudades y deseosos de adoptar los comportamientos de un capitalismo desarrollado. Esa dualidad tiene una significativa traducción en cifras: el 45% de la población activa trabaja en el sector primario, pero produce el 30% de la riqueza del país; el 55% restante está empleada en la industria y los servicios y produce el 70% de la renta nacional, garantiza el grueso de los ingresos en divisas y es el imán que atrae la inversión exterior.

Cuando Zeymalov titula su artículo El final de la ‘primavera’ turca, transmite a la opinión pública un doble mensaje: que ha dejado de ser posible el reformismo islamista sin tensiones y que Erdogan ha revelado su verdadera naturaleza política. Ambas posibilidades parecen verosímiles y algunas voces autorizadas entienden que, salvo rectificación del Gobierno, el riesgo es que se enquiste el descontento social. Al menos, eso se desprende de la preocupación expresada por personajes como Fethullah Gülen, un intelectual y erudito musulmán que la revista estadounidense Foreign Policy incluye en la lista de los cien pensadores más influyentes a escala mundial. “Compartimos la culpa” por los disturbios, ha declarado Gülen, que ve más peligro en subestimar la protesta que en escuchar a los concentrados.

“Esa actitud insensible refleja claramente la inclinación del Gobierno hacia el autoritarismo”, manifiesta el novel de literatura Orhan Pamuk, defensor del Estado neutral y el Gobierno laico, en un artículo publicado en el diario turco Milliyet, de centroizquierda, y en la revista estadounidense The New Yorker, de orientación liberal. Justamente, para tranquilizar a cuantos comparten la opinión de Pamuk, el viceprimer ministro Huseyn Celik ha querido construir aprisa y corriendo una imagen de comprensión hacia los manifestantes, pero en las capas profundas de la protesta prevalece la idea de que no es posible regresar a casa sin que el Gobierno se comprometa a parar la máquina de la islamización. La tendencia del AKP a ocupar todo el espacio político admite pocas dudas, el Gobierno encaja cada día peor las críticas –hay 70 periodistas en la cárcel, ominoso récord mundial– y la ocupación por la religión del espacio público es un hecho. En resumen, la sociedad laica cree que todas las alarmas están justificadas.

Taksim

Ceyda Sungur (de rojo), que recibe una descarga de gas lacrimógeno en la plaza Taksim, se ha convertido en símbolo de la protesta.

¿Cómo se ha fraguado esa situación? La causa más transversal es la presión de Erdogan sobre la herencia laica, pero hay otros dos factores que han llevado al primer ministro a radicalizarse: la convicción de que el ingreso en la UE ha dejado de ser un objetivo prioritario y la voluntad de asentar a Turquía como potencia regional, aprovechando que Egipto transita por la inestabilidad política y la crisis económica subsiguientes a su primavera. Para Occidente, los riesgos son menores porque Turquía es socio de la OTAN y el Gobierno de Erdogan no pone en duda el significado y los compromisos que entraña pertenecer a la organización, todo lo cual permite a Erdogan mostrar su verdadero código genético, mientras que hasta hace muy poco estaba obligado a proyectar una imagen menos rígida para no alarmar a Europa y hacer negocios con Israel.

Acaso la mayor ventaja con la que cuenta Erdogan es que los partidos que le disputan la supremacía electoral “sufren una crisis de identidad tan profunda como la que padecen partidos similares en la toda la cuenca del Mediterráneo”, escribe el profesor Francisco Veiga en la web de Eurasian Hub. Eso explica en parte la ausencia de una dirección coordinada de la protesta, la función movilizadora de las redes sociales sin líderes visibles –como sucedió en Túnez y Egipto en el 2011– y la desorientación de los partidos y sindicatos tradicionales, pero no justifica en ningún caso la soberbia del primer ministro. Sí se entiende, por el contrario, a la luz de la convicción de los asesores de Erdogan de que la intensidad de la protesta no supone un cambio sustancial en la intención de voto, tal como destaca Veiga.

Esa masa de votantes inasequible al debate social, apegada a la tradición y al mensaje de las mezquitas es un capital político formidable porque contrarresta el dinamismo de una sociedad multiforme, adscrita a diferentes corrientes ideológicas y con frecuencia refractaria a las urnas. En una parte importante de la clase media urbana se conserva el recuerdo de la ineficacia y la pelea de gallos que muchas veces caracterizó la pugna entre los partidos laicos, y la articulación de un gran partido o coalición de partidos que se oponga al AKP es una empresa llena de dificultades y recelos. Por eso la protesta estambulí plantea tantas incógnitas como el comportamiento del Gobierno en el doble plano interior y exterior. Y, de paso, abre un gran interrogante en cuanto atañe a la consideración del AKP como la referencia ineludible en la que pueden inspirarse los partidos islamistas que, con desigual fortuna, gobiernan en Marruecos, Túnez y Egipto. Mientras, otra gran pregunta sobrevuela el mundo musulmán: ¿hasta qué punto los partidos islamistas moderados están dispuestos a aceptar que el pacto político entre adversarios es un requisito de la democracia?

 

Incertidumbres árabes a las puertas de Israel

Después de bombardear la instalación militar siria de Jamraya y de obtener la consabida comprensión de Estados Unidos, el Gobierno de Israel ha tomado la iniciativa antes de recibir a finales de mes a John Kerry, secretario de Estado. Este se propone respetar la simetría formal al entrevistarse con el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, y cruzar el muro de Cisjordania para hacer lo propio con el presidente palestino, Mahmud Abás. En la práctica, tal simetría no existe, pero es preciso simularla porque la guerra de Siria y la fractura política en Egipto configuran la periferia de Israel como un ecosistema propenso a la inestabilidad, condicionado por las incertidumbres árabes y por la aparición más o menos imprevista de nuevos actores como China.

La política israelí de hechos consumados incomoda a Estados Unidos, pero, al mismo tiempo, la Casa Blanca se acerca inexorablemente al momento en el cual un presidente cree llegado el día de pasar a la historia por algún hecho notable antes de que su condición de pato cojo –los dos últimos años del segundo mandato– proyecte una imagen de debilidad. El precedente de las negociaciones de Camp David del verano del 2000 –Ehud Barak y Yasir Arafat–, que promovió Bill Clinton y acabaron sin resultado, son el ejemplo más socorrido de las urgencias de un presidente que persigue la gloria histórica urgido por la inexorable marcha del tiempo. Pero hay otro factor que opera a favor de los renovados esfuerzos de Estados Unidos en Oriente Próximo: su deseo de modular su compromiso en la región con la poco menos que total independencia energética que garantizan los últimos yacimientos descubiertos en territorio norteamericano.

Los riesgos que debe medir Barack Obama no son menores. El programa de asentamientos seguido por el Gobierno israelí en Cisjordania amenaza con hacer definitivamente inviable la solución de los dos estados en no más de dos años (Miguel Ángel Moratinos), una situación que invalidaría el posibilismo de la Autoridad Palestina. La guerra en Siria tiene un poder de contaminación que llega hasta la frontera de Israel mediante los milicianos de Hizbulá, asentados en el sur de Líbano. La crisis política y económica en Egipto desgasta el islamismo político y da alas al salafismo, alentado desde los púlpitos de las mezquitas y que atrae a las bases del Partido de la Libertad y la Justicia, la marca electoral de los Hermanos Musulmanes. De todas las rutas trazadas en ese laberinto, la única que Estados Unidos conoce como la palma de la mano es la que lleva a Jerusalén; para las otras carece de una guía de viaje fiable.

El diplomático canadiense Michel Duval, exembajador de su país en la ONU y en el Líbano, sostiene que no es posible encontrar una solución factible al caso sirio fuera del Consejo de Seguridad. Duval habla con conocimiento de causa cuando señala que Rusia y China se oponen a una intervención en Siria autorizada por las Naciones Unidas porque tienen muy presente lo sucedido en Libia, donde la OTAN “fue increíblemente más allá del mandato de la ONU”. Eso debilita a Lajdar Brahimi, el enviado especial despachado al conflicto por la comunidad internacional, porque “lleva dos sombreros incompatibles”, en palabras de Duval a La Presse, el gran periódico centrista de Montreal: el de la ONU, que aspira a la imparcialidad, y el de la Liga Árabe, que ha tomado partido por la oposición siria en armas. Habría que añadir que en la memoria colectiva de la Administración de Obama están muy vivas las desastrosas intervenciones en Afganistán e Irak, que desgastaron la imagen internacional de Estados Unidos y alimentaron las corrientes antioccidentales más radicales en el mundo árabe, incluido el frente yihadista.

Por si esas razones no fueran suficientes, hay una de orden práctico que respetan todas las cancillerías: carece de sentido político intervenir en Siria a cambio de nada. El apoyo que otorgan Rusia y China a Bashar el Asad es a cambio de algo –influencia en la región–; el de Irán está íntimamente relacionado con la praxis del chiismo en tierra hostil y en su pulso con el islam suní del Golfo, más el programa nuclear de la república islámica. La eventual implicación de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido se produciría a cambio de muy poco y sería bastante mal recibida por la calle árabe, que vería la mano de Israel, seguramente con razón, en el compromiso de las potencias occidentales. Las mismas que encabezaron la intervención en Libia después de haber rehabilitado a Muamar Gadafi durante la primera década del siglo. Las mismas que, a falta de otros motivos, esgrimen el temor de que quienes con más atributos mueven los hilos de la oposición son los yihadistas curtidos en mil batallas, que se han adueñado de la dirección de las operaciones y son hoy tan sospechosos de recurrir a las armas químicas (Carla Del Ponte) como el Ejército de Asad.

En Egipto, los presagios no son mucho mejores. El Gobierno mantiene unas interminables negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 4.800 millones de dólares que le permita tapar agujeros, pero el martes hubo una remodelación de Gobierno que incluyó, entre otros, el nombramiento de un nuevo ministro de Economía, Fayad Abdel Moneim, un perfecto desconocido especialista en finanzas islámicas. Mientras tanto, la inflación interanual supera el 8%, la libra egipcia se ha depreciado con respecto al dólar el 15% desde primeros de año y el Gobierno ha decidido recortar los subsidios a la energía, que representan un quinto del presupuesto. Se supone que esta y otras medidas futuras, como subir los impuestos sobre las ventas, persiguen el equilibrio fiscal y anticiparse al programa de austeridad que impondrá el FMI, pero los funcionarios de la organización se declaran desconcertados con los cambios de responsables políticos. “Cada vez que conocemos el comportamiento de un ministro, este desaparece”, le manifestaron representantes del FMI a Samir Raduan, primer ministro de Economía después de la caída de Hosni Mubarak, según recoge la edición digital en inglés del diario cairota Al Ahram.

En el baile de nombres desencadenado por el presidente de Egipto, Mohamed Mursi, ven algunos la presión del ala menos política de los Hermanos Musulmanes, cuya influencia habría crecido a partir de la crisis de diciembre y el endurecimiento de la oposición. Es posible que se haya producido esa deriva de la Hermandad hacia el radicalismo, pero un especialista como Abdalá Schleifer, profesor emérito de la Universidad Americana de El Cairo, pone en duda que se haya producido una hermanización de Egipto, el diario Daily News Egypt destaca que solo un tercio de los ministros procede de la Hermandad y el profesor Shadi Hamid, director de investigación del Brookings Doha Center, concluye con una afirmación contundente un largo artículo en el último número de la revista Foreign Policy: “Las auténticas batallas ideológicas realmente aún no han empezado”.

Esas batallas venideras interesan directamente a los gobernantes israelís, que hasta la fecha han sorteado la inestabilidad egipcia mediante el acuerdo directo entre generales a un lado y otro de la frontera del Sinaí. Se trata de una solución inconcebible fuera de la militarización de los espíritus en Israel y de los privilegios hors catégorie de los que disfrutan los uniformados en Egipto, pero es una alternativa útil, razonablemente estable y de naturaleza técnica hasta donde cabe aplicar este adjetivo al cometido de militares profesionales, teóricamente sujetos a la política de seguridad diseñada por cada Gobierno. Al mismo tiempo, es una fórmula que puede quebrarse en la medida en que el enconamiento político en Egipto lleve a la mesa del Consejo de Ministros el disgusto de la calle árabe por la gestión del problema palestino, algo que por lo demás se percibe en la base de los Hermanos Musulmanes y en las redes sociales, caja de resonancia de una opinión pública disconforme.

Hasta que se consume el acuerdo con el FMI, la pugna entre las dos grandes ramas del islamismo político conocerá un crescendo lleno de riesgos. Tal como explica Hamid en su artículo, la Hermandad mantiene viva la discusión en cuanto a la prevalencia de la sharia como fuente de derecho, a diferencia del rumbo seguido por el partido Ennahda, que gobierna en Túnez, a pesar de su ideología asimismo islamista. Y está lejos de haber cerrado la discusión referida a cuál es el límite aceptable de las condiciones que impondrá el FMI, un factor de división que también se da en las filas de una oposición aglutinada en torno a la defensa de un Estado laico y bastante menos homogénea en cuanto atañe a la economía, el agravio palestino y las relaciones con los vecinos, así se trate de Israel o de las petromonarquías.

Todo esto importa a Israel y afecta a su estabilidad emocional, dañada todos los días por episodios simbólicos, pero de gran repercusión, como la decisión del físico Stephen Hawking de sumarse al boicot académico y no acudir a una conferencia en Jerusalén para protestar contra la política que el Gobierno de Netanyahu sigue con los palestinos. La efervescencia a las puertas de Israel, bastante fuera del control de sus aliados más sólidos, transita entre la institucionalización de la primavera egipcia y la escalada bélica siria, alienta a agitadores armados como Hasán Nasrala, líder de Hizbulá, que se declara dispuesto a ayudar a Siria para que reconquiste el Golán, y lleva a las opiniones públicas árabe e israelí a radicalizarse. Y en esta atmósfera enrarecida desde siempre por pasiones desbordadas, los partidarios de mantener los equilibrios tienen un margen de maniobra más estrecho a cada día que pasa, como si la única elección posible fuese entre lo malo y lo peor.

‘Dies irae’ a causa de Chipre

La torpeza de muchos parece encaminada a dar la razón al economista José Carlos Díez: Europa no da muestras de albergar vida inteligente. Entendámonos: la referencia a Europa engloba a cuantos forman parte de la maquinaria que gestiona la crisis y que, a poco que se empeñen, pueden empeorarla con esa sucesión de desatinos inquietantes. Resulta que mientras el 0,5% del PIB europeo –Chipre– pone a todo el mundo contra las cuerdas, el denostado neokeynesianismo de Barack Obama es útil para reactivar incluso el sector inmobiliario de Estados Unidos, según información destacada del jueves en The New York Times. Resulta que casi al mismo tiempo que Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de la Banca, vaticina que el 2013 será “un año puente hacia la recuperación”, aparece en Bruselas Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, y amenaza con retorcer las condiciones de austeridad –miseria sobre miseria– a aquellos países que pidan el alargamiento de los plazos para sanear las cuentas. Sucede, en fin, como ha escrito Joan Tapia, que la desconfianza entre la Europa del norte y del sur crece todos los días, depositaria una de la ética protestante y de los dies irae, inclinada la otra a cultivar cierto relativismo escéptico.

El paseante

Cartel de la película titulada en España ‘El paseante del Champ de Mars’.

Ese galimatías se completa con temores y rivalidades entre aliados más atentos a la prima de riesgo que a los padecimientos de sociedades deprimidas que albergan a ciudadanos convencidos de que el sistema financiero les ha birlado el Estado del bienestar y, puede, el futuro de una generación obligada a oír promesas sin fundamento sobre la salida de la crisis. Por este camino se ha llegado a la absurda información diaria en la que se compara la mejora o empeoramiento de la prima de riesgo española con la italiana, como si un eventual sorpasso de la de Italia fuese un gran triunfo de la de España, cuando en realidad se trata de una carrera sin meta final entre dos corredores empobrecidos, por no decir arruinados. Lleva razón el François Mitterrand de El paseante del Champ de Mars, de Robert Guidiguian, cuando, más o menos, le dice a un periodista: “Yo soy el último presidente de Francia; los que vendrán a partir de ahora serán contables”.

Ahí están los contables con todas las trazas de que, Alemania mediante, el Bundesbank mediante o lo que sea mediante, oscilan entre la improvisación y los ultimátums. Andan con sus modelos matemáticos en la faltriquera, son inmunes a la tragedia humana y se sienten liberados de contestar a algunas preguntas que cualquier estudiante de primer año de facultad es capaz de formular:

  1. ¿Cómo es posible que la diminuta Chipre, mitad meridional de una isla dividida, reuniera siquiera aproximadamente las condiciones para ingresar en la UE con toda clase de garantías?
  2. ¿Cómo es posible que alguien creyera la fantasía de que Chipre podía adoptar el euro sin mayores problemas?
  3. ¿Cómo es posible que no se atajara la conversión de la banca chipriota en uno de los lavaderos de dinero procedente de Rusia?
  4. ¿Cómo es posible que quieran que creamos que la UE no dispone de recursos para solucionar el problema chipriota sin ponerlo todo patas arriba?
  5. ¿Cómo es posible que nadie cayese en la cuenta de que la quita de Grecia abría una herida en el costado de los bancos chipriotas?
  6. ¿Cómo es posible que cunda el rumor de que todo obedece al deseo de imponer un castigo ejemplar a Chipre por haberse echado en brazos de Vladimir Putin y nadie lo desmienta?
  7. ¿Cómo es posible que el Eurogrupo y Alemania digan que no tienen arte ni parte en el corralito chipriota –confiscación parcial, si se prefiere– aprobado en primera instancia?
  8. ¿Cómo es posible que se osara provocar una enorme inseguridad jurídica que perjudicará las inversiones en la periferia de la UE porque el Eurogrupo ha sentado un precedente alarmante en cuanto a la volatilidad de los depósitos bancarios?

Nadie en su sano juicio cree que el futuro dependa del medio por ciento del PIB europeo cuando se ha movilizado un billón de euros en rescates y otros parches. Es tan desmesurado que no hace falta acudir al servicio de estudios de un gran banco para comprender dentro de qué límites nos movemos. Para ser exacto, nadie cree que su futuro dependa del medio por ciento de sus ingresos; nadie cree que de ello dependa su capacidad de producir, de generar riqueza. Si así fuese, la mayoría de empresarios habrían echado el cerrojo, la mayoría de los trabajadores habrían sucumbido a los tajos en cascada y apenas quedaría piedra sobre piedra. No, no, el rescate de Chipre se ha transformado en un bochornoso espectáculo injustificable porque la fórmula para sanear las finanzas responde solo a la lógica desastrosa que ha condenado al continente al estancamiento o, aún peor, a la recesión, mientras en Alemania se desarrolla una larga campaña preelectoral en la que Angela Merkel resalta todos los días el perfil de dama de hierro que, se supone, le otorgará la victoria.

ChipreEs la misma lógica que lleva a afirmar al economista Hans Werner Sinn, presidente del instituto Ifo, con sede en Múnich, que Mariano Rajoy “debe aprobar otra reforma laboral que flexibilice los salarios a la baja”, a imagen y semejanza de lo que en su día hizo Gerhard Schröder, canciller socialdemócrata que, prosigue Sinn, “eliminó el salario mínimo y laminó el Estado del bienestar, privando a millones de personas de sus ayudas sociales”. Aunque no hacía falta recordarlo, es evidente que a los contables que quieren salvar el euro a machetazos, el Estado del bienestar les resulta un incordio insoportable, aunque el modelo europeo y la dignidad de millones de personas dependen de su existencia. Es tan grande la distancia entre Hans Werner Sinn y alguien como Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca –“no vamos a poder salir de la crisis si los ciudadanos no salen de la crisis”–, que el proyecto europeo se vislumbra condenado a la falta de equidad, quizá de vertebración.

¿Por qué está en riesgo la vertebración de Europa? Porque la creencia de que, a falta de la institucionalización solvente de un poder colegiado supranacional, bien está la dirección germánica del continente, aparece ante la opinión pública no alemana como un diktat insoportable. Cada vez que se dice que la solución a los males presentes es más Europa, la calle entiende que se dice más Alemania y menos de todo lo demás. Y así crecen la desafección, los nacionalismos extravagantes, el euroescepticismo y la creencia de muchos de que Europa y el euro han resultado ser una trampa para elefantes. El lenguaje hermético, falsamente académico, de los eurócratas ha situado la construcción de Europa en el terreno de la economía sin alma y el sueño de los padres fundadores y de algunos de sus herederos se desvanece en los ordenadores de los operadores financieros. ¿Quedan aún apóstoles de las crisis europeas como barro moldeable o motor para avanzar en la construcción política de Europa?

A nadie puede sorprender que la reacción visceral, inmediata, de una parte de la calle chipriota haya sido pedir la salida de la UE, el abandono del euro y la asociación con Rusia, que en el pasado prestó más de 2.000 millones a Chipre para tapar agujeros. Si sucediese algo así, la UE haría un triple mal negocio: perdería toda posibilidad de participar en la administración de los yacimientos de gas que duermen bajo el lecho marino, abriría a Rusia la posibilidad de negociar en suelo chipriota la instalación de una base militar que, llegado el caso, sustituyera a la de Tartus (Siria) y apartaría a Europa más de lo que ahora lo está de un área estratégica –el Mediterráneo oriental– donde coinciden una primavera árabe (Egipto), el conflicto palestino-israelí, la guerra civil siria y el afianzamiento de Turquía como potencia regional.

El negocio sería ruinoso. ¿O no? ¿O hay quien barrunta que es más rentable ser intermediario en el negocio del gas que gestionar los yacimientos? ¿O resulta que no está claro quiénes tienen derecho a extraer el gas y Turquía y Grecia pedirán su parte del pastel? Es capital dar una respuesta creíble a estas preguntas, siquiera sea para ahuyentar el fantasma de un nuevo batacazo, que tantos temen cada vez que analizan los datos de crecimiento –mejor, decrecimiento– del último trimestre del 2012. Lo temen algunos grandes inversores, que no se fían de las componendas europeas, pero también los analistas sociales que observan a lo lejos –tampoco tanto– la formación de una borrasca. Así Susan Sontag, que ve indicios de que un huracán es posible: “La falta de control del sector financiero ha incrementado el riesgo de un nuevo crash financiero mundial cuyas consecuencias podrían ser peores que el anterior”. No hay eurócrata capaz de asegurar que se trata de una alarma injustificada.

Makarios III

El arzobispo Makarios III, primer presidente de Chipre (1960-1977).

Recordatorio. No debiera sorprender la oferta de la Iglesia chipriota, de rito ortodoxo griego, de poner sus bienes a disposición de los gestores de la crisis. Se trata de una Iglesia nacional que es, en la práctica, la organización más sólida, potente y bien estructurada de la república, con intereses importantísimos en el sector bancario. Y, además, es una constante histórica la intervención del clero en la política de la isla: el caso más significativo fue el del arzobispo Makarios III (1913-1977), primer presidente del Chipre indepediente (1960-1977), salvo entre julio y diciembre de 1974, cuando ocupó la presidencia Nikos Sampson. Al arzobispo Makarios se le relacionó al final del periodo colonial con la EOKA, organización armada partidaria de la enosis (unión con Grecia).