Ucrania cambia el ciclo en Europa

Doblado el cabo del primer mes de guerra en Ucrania, las dos únicas certidumbres son que la cohesión de los aliados occidentales sigue incólume y la determinación de Vladimir Putin de no detener la invasión hasta alcanzar sus objetivos no presenta grietas o al menos estas no son visibles. La otra certidumbre derivada de la guerra, no sobre su desarrollo, es que el statu quo heredado del final de la Segunda Guerra Mundial, varias veces parcheado y puesto al día, sufre daños irreparables y cualquiera que sea el desenlace de la crisis, será preciso poner en pie otro de nueva planta que atienda al multilateralismo o multipolaridad, puede que menos estable, pero más acorde con la herencia que dejará la batalla.

Es patente la sensación de final de ciclo en Europa, con repercusión directa en todo el mundo, con China expectante ante un futuro que necesita razonablemente previsible para no dañar sus negocios. Es igualmente manifiesta y urgente la necesidad de Europa de garantizar su independencia energética o, por lo menos, de borrar la imagen de una dependencia sumamente debilitadora de su capacidad para actuar liberada de servidumbres como la del suministro de gas ruso. Y queda por ver si la globalización supera la prueba de resistencia a la que está siendo sometida desde que Vladimir Putin dio la orden de ataque.

La invasión rusa ha cambiado todas las reglas del juego; la agresión a un Estado soberano es un casus belli de libro –lo fue, por ejemplo, la ocupación iraquí de Kuwait en 1990–, pero el escudo nuclear ruso y la inconcreción de China hacen imposible una reacción coordinada de la comunidad internacional para restablecer el orden dañado. Al mismo tiempo, es una incógnita indescifrable saber cuál es de verdad la relación de fuerzas dentro de las murallas del Kremlin, hasta qué punto los intereses de los oligarcas obligan a estos a seguir a Putin como la nobleza seguía al zar y los apparatchik, al secretario general del PCUS, y cuál es el estado de ánimo del generalato –el gran mudo– un mes después de desencadenar la carnicería (lo único cierto es que el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, brillan por su larga ausencia de los focos).

Son tantas las incógnitas que el politólogo canadiense Michael Ignatieff cree que los aliados occidentales deben fijar sus propios objetivos, aunque tal cosa implique “caminar por una delgada línea entre la desgracia de una acción insuficiente y el riesgo de una arrogancia estratégica”. “Pero la estrategia de Occidente no puede construirse sobre qué no hacer –escribe Ignatieff–. La OTAN y sus aliados deben definir un objetivo positivo”. Algo que choca o, por lo menos, está condicionado por el recuerdo que el presidente Joe Biden conserva de las dos semiderrotas de los últimos veinte años. “En Estados Unidos, los síndromes de Irak y de Afganstán no se han disipado”, sostiene Alain Frachon en Le Monde. El temor a incurrir en “arrogancia estratégica” pesa más que la necesidad de dar con las medidas apropiadas para contener a Rusia y neutralizar los riesgos de la escalada en la que se ha instalado Putin.

La teoría de la contención del adversario –la Unión Soviética–, desarrollada por el diplomático estadounidense George F. Kennan y mil veces retocada durante la guerra fría, dio paso al hundimiento de la URSS a una exaltación sin matices de la globalización. El comercio mundial debía fluir al margen de la política en beneficio de todo el mundo, cuenta Tom McTague en The Atlantic, debía traducirse en una asociación ideal de intereses, una especie de utopía posmoderna que llevó a Alemania y otros países a atender sus necesidades energéticas mediante contratos de suministros con Rusia, la construcción de gasoductos y la consolidación de una dependencia que nadie quiso prever. De lo que deduce el articulista que detrás de la unidad occidental asoman contradicciones de difícil resolución, porque para Estados Unidos no tiene coste efectivo alguno prescindir del gas ruso, pero para muchos estados europeos significa poco menos que un cambio de paradigma.

En estas condiciones, definir “un objetivo positivo”, como reclama Ignatieff, resulta más que complicado. Lo es, desde luego, el propósito de defender Ucrania, su derecho a no ser un Estado vasallo, pero es este también un objetivo genérico, un desenlace ideal de la crisis que seguramente no se hará efectivo en los términos planteados por los aliados occidentales. El problema es que ir más allá, con exigencias inasumibles para Europa en el corto y medio plazo, entraña el riesgo de que aparezcan líneas de factura que, aunque queden desdibujadas por las declaraciones oficiales, debilitarán la respuesta occidental. Sobre todo si es preciso, como se antoja probable, que se llegue a la paradójica situación de que, para evitar males mayores, los responsables del despliegue militar de la OTAN en el frente oriental deban comunicarse con sus iguales del lado ruso si la arremetida del Ejército de Putin se acerca peligrosamente a la frontera occidental de Ucrania. No descarta tal cosa Sarah Bidgood, directora del Eurasia Nonproliferation Program.

Todo lo cual contribuye a esa sensación de final de ciclo, a alimentar todos los días más dudas sobre qué deparará un futuro cada día más imprevisible. En cierta forma, los hechos han dado una vez más la razón a Sandro Pertini, que en cierta ocasión dijo: “A veces en la vida hay que saber luchar no sólo sin miedo, sino también sin esperanza”. El veterano político italiano no se refirió a una situación en concreto, sino al état d’esprit que con tanta frecuencia se adueña de litigios en los que la victoria es imposible y la derrota, inasumible. Así sucede en Ucrania, sumida en la desolación.

 

Mar embravecido en Ucrania

Llegada la crisis de Ucrania al territorio de los aspavientos en público, podría ser sumamente revelador conocer cómo se desarrollan los acontecimientos bajo la superficie de un mar encrespado. Se llame a esto diplomacia secreta o labor de inteligencia, o ambas cosas al mismo tiempo, importa saber siempre quiénes mueven los hilos para lograr un desenlace no traumático en una crisis que reúne todos los ingredientes de la exasperación. Tal estado de ánimo es detectable en el campo euroatlántico y en el ruso más allá de la propaganda y de la versión oficial que suministran los portavoces del Kremlin y de la Casa Blanca. En su empeño por transmitir una determinación ilimitada, tales voceros contribuyen a alterar el pulso a opiniones públicas más inclinadas a temer lo peor que a confiar en que, en última instancia, se imponga la razón.

Los precedentes de acuerdos logrados entre bambalinas son demasiado abundantes como para descartar que esta vez, vencido el plazo de la retórica apocalíptica, sea posible una salida honorable y defendible por todas las partes, aunque cada una se presente como vencedora de la crisis para consumo interno. Los perjuicios asociados a una salida no equilibrada resultan demasiado evidentes y predecibles; los factores de vulnerabilidad de unos y otros ahí están, con la repercusión económica negativa en primer plano de las predicciones. Porque la Unión Europea y Estados Unidos ya han amenazado a Rusia con sanciones de un alcance desconocido hasta la fecha si desencadena alguna forma de ataque o injerencia en la política interna ucraniana y porque, sin duda alguna, un corte del suministro de gas ruso a Europa, incluso siendo remediable mediante el recurso a nuevos proveedores, dispararía los precios de la energía y, en cascada, de casi todo, y la recuperación prevista para 2022 quedaría tan hipotecada como poner coto a la inflación.

En un largo comentario firmado por Tom McTague en el mensual progresista estadounidense The Atlantic, se subrayan las contradicciones que debe afrontar el bloque occidental, englobado en la OTAN, tanto desde la perspectiva europea como desde el punto de vista de Estados Unidos. Defiende McTague que las tres grandes potencias europeas –el Reino Unido, Alemania y Francia– afrontan la crisis desde posiciones y objetivos no coincidentes. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden quiere proyectar una imagen de fuerza, pero es consciente de que el premio inherente al desenlace de la crisis puede ser para Rusia acabar o por lo menos reducir el papel determinante desempeñado en Europa por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con el análisis de McTague, Boris Johnson quiere aprovechar el momento para reforzar el papel británico en el seno de la OTAN; para el premier, “lo más importante en la política mundial es el zeitgeist, sean o no sólidas las ideas que lo sustentan”. Alemania se empeña en mantener un perfil relativamente bajo para preservar sus vínculos económicos con Rusia a pesar de ser de largo la primera potencia europea. Y Francia intenta conservar su status de medidora indispensable a través de la pervivencia del Cuarteto de Normandia –Francia, Alemania, Ucrania y Rusia–, cuyo mayor logro fue establecer un alto el fuego en el Donbáss, aunque luego se impuso la realidad en el campo de batalla y hoy suman más de 14.000 los muertos habidos en una guerra inconclusa.

“La ironía es que cada posición adoptada por los tres grandes de Europa socava a los otros dos. Estados Unidos sigue siendo el señor paternal de Europa, al igual que lo fue cuando los Balcanes se derrumbaron a principios de la década de 1990, solo que esta vez es un protector envejecido y algo más desaliñado, con enemigos que parecen más fuertes de lo que eran. El resultado, en otras palabras, es la inmovilidad, que, si se es cínico, conviene a todos en Europa: Estados Unidos sigue pagando y no hay que enfrentarse a decisiones difíciles”, escribe McTague. Claro que este esquema de trabajo no es para toda la vida: si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en 2025, volverán los reproches de Washington a los europeos, poco dados a incrementar las partidas destinadas a defensa.

Al final, es de aplicación a la atmósfera europea, por encima de las declaraciones de unidad que prodigan las cancillerías, la primera frase de la novela Ana Karenina: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. La ausencia de desavenencias públicas no puede soslayar esa realidad: en cada capital influyente hay un fondo de insatisfacción, de infelicidad por cómo se gestiona la crisis, por el daño potencial que puede hacer mella en sus intereses inmediatos. Cierto es que la cohesión europea se ha conseguido asentar de una forma razonablemente segura a golpe de sucesivas crisis resueltas sin que nadie pudiese declararse por completo vencedor, pero en esta ocasión, como en los 90 durante la crisis de los Balcanes, los resortes de la tensión interna tienen un origen externo.

Al acudir al criterio de los analistas rusos, también cabe detectar el silencio sobre uno de los grandes temores de Vladimir Putin: que un gesto de fuerza sin paliativos dé como resultado una Ucrania permanentemente antirrusa, hostil, semillero de un conflicto interno que afecte a su poder omnímodo. Aunque a la opinión pública rusa le parece remota la posibilidad de una guerra, y atribuye los vaticinios en este sentido a los medios informativos de Estados Unidos y el Reino Unido, lo cierto es que es cada vez menor el margen de seguridad para evitar que se acelere la escalada. Esto es, nadie quiere que la crisis ucraniana derive en una guerra, pero hay demasiada agitación en ese mar embravecido, tan alejado de las sutilezas del ajedrez y tan cercano a una confrontación sin las reglas no escritas que en el pasado acotaron la guerra fría.

Cita crucial por el clima

La conferencia COP 26 que empieza este domingo en Glasgow es una de esas ocasiones en las que será un sonoro fracaso todo lo que no sea levantarse de la mesa con acuerdos concretos y aplicables a la mayor brevedad. En este caso, cabe añadir que, además de sonoro, el fracaso, de darse, puede resultar dramático porque la degradación del clima avanza y se manifiesta con mayor rotundidad a cada día que pasa. Todos los trabajos producidos por los científicos coinciden en que en que los plazos se agotan para que muchos efectos de la emergencia climática no sean irreversibles y el precio a pagar por el género humano, inabarcable. Desde el informe IPCC, apoyado por las Naciones Unidas, al del Centro Euromediterráneo para el Cambio Climático, dado a conocer esta misma semana, hay coincidencia generalizada y expresa de que todo lo que no sea limitar el aumento de la temperatura media de la Tierra en 1,5 grados condenará al planeta a un calentamiento inasumible con la generalización de fenómenos atmosféricos extremos, aumento del nivel de los mares, desaparición de tierras emergentes, degradación de la calidad del aire y crisis sanitarias constantes.

Ese es el panorama de futuro y no otro si no se actúa, y es suficiente para resaltar la irresponsabilidad de cuantos niegan los riesgos inherentes al cambio climático con argumentos tan peregrinos y puede que cínicos como que no es ninguna novedad para la Tierra que el clima mute. La influencia de la verborrea de Donald Trump durante cuatro años ha sido en este sentido desastrosa porque ha envalentonado a la extrema derecha de todo el mundo, por lo general negacionista, y ha procurado un gran aliado a sectores económicos de influencia universal que anteponen la cuenta de resultados a cualquier otra consideración. Pero no solo la demagogia de Trump ha dañado la aplicación de los acuerdos de París mediante medidas concretas, sino que la necesidad de afrontar un cambio radical de modelo energético, que implica un cambio sustancial de los sistemas de producción y consumo, ha aplazado sin fecha precisa la adopción de medidas que, al menos momentáneamente, afectarán la tasa de beneficios.

Puede parecer exagerado el convencimiento del nobel Paul Krugman de que la pasividad ante el cambio climático “amenaza el futuro de la civilización”, pero le dan la razón las proyecciones nada improvisadas que manejan para 2100 la hipótesis de un incremento de tres grados de la temperatura media de la Tierra. Estos presagios derivan de las previsiones de inversión y crecimiento de las industrias extractivas de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y China, entre otros países, por un monto total de 1,4 billones de dólares, dadas a conocer antes de la COP25, celebrada en Madrid en 2019, que están lejos de haberse cancelado o revisado de forma sustancial.

El estallido de la pandemia y la momentánea congelación de la economía hicieron creer que la progresiva recuperación de la normalidad se haría teniendo en cuenta la leve mejoría experimentada por la calidad del aire y otros parámetros esenciales. Nada de esto ha sucedido: en cuanto ha mejorado la situación sanitaria en el mundo desarrollado han reaparecido los mismos problemas, quizá corregidos y aumentados por el crecimiento, se han disparado de nuevo las tasas de contaminación del aire y una vez más se han manifestados las resistencias a afrontar a escala global un problema de dimensiones globales. Esto es, las soluciones parciales, regionales o locales, sin duda cargadas de buenas intenciones, carecen de eficacia porque la humanidad enfrenta una crisis que no entiende de fronteras.

Pocos gobernantes abordan con determinación práctica el hecho de que si la economía se ha globalizado, los daños causados por el modelo productivo deben remediarse de forma global con medidas concretas, recogidas en un calendario preciso y sometidas al control de instituciones independientes. En caso contrario, los daños colaterales están garantizados en el espacio –la totalidad de la Tierra– y en el tiempo –el avance de la degradación– así para los cumplidores de lo acordado como para los remisos a hacerlo. Pero esa idea de globalidad, que ni siquiera ha prevalecido a la hora de procurar vacunas a todo el mundo para combatir la pandemia, es inasumible para demasiados gestores económicos, que ven en ello una limitación o aplazamiento de beneficios, de la amortización de costosas inversiones correspondientes a modalidades de negocio con un componente contaminante.

Ese es el fondo de la cuestión: ¿cabe imaginar un crecimiento ilimitado de la economía en un espacio limitado o solo la limitación del crecimiento puede evitar el desastre? Es imperiosa la respuesta a esa pregunta y a otras relativas al crecimiento de la población, al aumento de las desigualdades, al crecimiento del consumo, a la frivolidad suntuaria de segmentos sociales minoritarios, pero muy influyentes en la difusión de la cultura del lujo. Y es asimismo imperiosa la concreción de compromisos para rescatar del sometimiento los países que carecen de recursos propios para afrontar el cambio hacia la sostenibilidad y la preservación del medio natural.

Ninguno de los grandes problemas logísticos que enfrentan los mercados a la salida de la pandemia, si es que en tal momento nos encontramos, son del calibre suficiente como para anteponerlos al combate contra la emergencia climática. Ni el desbarajuste del mercado eléctrico causado por el aumento de la demanda y el encarecimiento del gas ni la crisis de suministros y el encarecimiento del transporte desde Extremo Oriente a Europa y Estados Unidos son razones suficientes para no avanzar, para salir del COP26 con un programa de buenas intenciones y poco más. El nobel Joseph Stiglitz lo resume en una idea: la sociedad pospandémica debe perseverar en la igualdad y en la economía verde para proteger el medioambiente. El objetivo parece simple, pero en Glasgow se levantarán seguramente muros defensivos y frentes agresivos que pretenderán convencer a la opinión pública de que nada de lo que está pasando es de una gravedad extrema, aunque lo es y mucho.

 

El medioambiente suma enemigos

La Cumbre del Clima (COP25) que se desarrolla en Madrid debe afrontar adversarios poderosos, que niegan la influencia del factor humano y del modelo industrial-energético en la degradación del medioambiente. Desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de París, ha decaído el compromiso de varios estados y de grupos financieros para lograr que el aumento de la temperatura media del planeta a finales de siglo sea a lo sumo de 1,5º. La decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo ha movilizado al frente negacionista; mientras la comunidad académica insiste en que caminamos hacia un futuro inasumible, científicos irreductibles siguen entonando el estribillo de que el cambio climático y los desastres asociados a él son fruto de un fenómeno natural no muy diferente al registrado en otros momentos de la historia de la Tierra. Pero lo cierto es que, al multiplicarse los desastre y cumplirse todos los pronósticos con puntualidad rigurosa, se consolida la impresión de que la comunidad humana del siglo XXI se adentra en la mayor crisis imaginable.

El Global Climate Risk Index para el año 2020 recoge datos alarmantes, por ninguna autoridad científica desmentidos, según los cuales el sector extractivo de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y algún otro país –China, uno de ellos– ha planeado inversiones por un monto total de 1,4 billones de dólares que hacen del todo imposible limitar el calentamiento del planeta. Estas inversiones pretenden perpetuar el modelo económico, incluso dando por descontado que incluyan mejoras en la eficiencia de la combustión, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero e incluso su almacenamiento y utilización. De tal manera que las advertencias de los expertos tienen un efecto limitado frente a las decisiones políticas y económicas que se adoptan en el día a día, a espaldas muchas veces de la opinión pública.

Solo cuatro años después de firmarse el Acuerdo de París, Laurent Fabius, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia que presidió los debates, reconoce que ahora es más difícil la aplicación de los compromisos suscritos en 2015 y que a partir del próximo año sustituirán al Protocolo de Kioto. “El Acuerdo de París sigue manteniendo toda su fuerza, pero el contexto internacional hace que su aplicación sea más complicada”, opina Fabius, que teme que el género humano se vea a largo plazo en el trance de tener que afrontar una situación irreversible.

Una horizonte posible que niegan quienes se mueven entre la negación y el escepticismo y, al mismo tiempo, ponen en marcha políticas que favorecen la marcha atrás de algunos países, aparentemente dispuestos hasta hace poco a introducir factores de corrección en la agresión y degradación del medioambiente. El caso más patente es el de China, que se dispone a poner en marcha centrales térmicas alimentadas con carbón para abaratar la producción de energía y hacer frente a los efectos del proteccionismo y de la política arancelaria de Estados Unidos. El único y al mismo tiempo enorme perjuicio derivado del programa chino es que recurrir al carbón –el país dispone de grandes reservas– es altamente contaminante y no hará más que agravar la calidad del aire, aumentar las enfermedades provocadas por la atmósfera emponzoñada y quizá llevar a competidores de China a recurrir a fuentes de energía sucias para operar en los mercados en igualdad de condiciones.

El ejemplo de China es especialmente significativo, no solo porque es uno de los grandes focos de contaminación a escala planetaria, sino porque a raíz de los Acuerdos de París apareció como el país paladín del cambio de modelo energético al lado de la Unión Europea. Ni siquiera ha precisado el Gobierno chino buscar un científico ad hoc para negar que la situación sea tan grave como se dice: lo que ha hecho simplemente es anteponer el cálculo económico y la necesidad de crecer a cualquier otra consideración, aunque los episodios de contaminación se multiplican en las grandes ciudades chinas, y la contribución de la industria a la emisión de gases de efecto invernadero es, junto a la de Estados Unidos, India y Rusia, la más alta del mundo.

En términos generales, se diría que muchas empresas con peso específico en el sector energético siguen sin creerse que la transformación del modelo basado en los combustibles fósiles es un nicho de nuevas oportunidades de negocio. La descarbonización plantea un desafío tecnológico enorme, dice Laurent Fabius, pero también está provocando el desarrollo de nuevos sectores, incluso en países con grandes reservas de petróleo y gas. Que cunda el ejemplo es más complejo: mientras personajes como Jair Bolsonaro nieguen que la Amazonia –una formidable depuradora del aire– es patrimonio de la humanidad y Donald Trump eluda toda consideración global en nombre del interés nacional, es improbable que al día siguiente de la clausura de la Cumbre del Clima cambie la atmósfera de compromiso y sensación de urgencia que reclaman los entendidos.

El auge de la extrema derecha europea, casi siempre negacionista, y su impacto en el comportamiento de los partidos conservadores y la demasiado frecuente tibieza de la izquierda convierten la ruta hacia una transformación del modelo económico, de crecimiento y de consumo en un campo de minas, en una interminable sucesión de buenas intenciones que no llegan a puerto o lo hacen manifiestamente recortadas. Al mismo tiempo, la discusión sobre el papel desempeñado por algunos actores da pie a debates insustanciales que enturbian o desvían la atención de los importantes. El tiempo consumido en dilucidar si la joven Greta Thunberg es una líder autónoma o utilizada es quizá el más difundido, sin que, por lo demás, se haya prestado atención a la falta de líderes adultos que sintonicen con la sensibilidad de los jóvenes que ven como día a día, salvo ceguera manifiesta, se oscurece su horizonte de futuro. Parece que todo vale para que, como tantas veces sucede, los árboles no dejen ver el bosque.

El Pérsico se calienta

La paulatina tendencia a la baja del precio del barril de Brent, que el lunes rozó los 68 dólares, es un buen indicio de hasta qué punto se han serenado los ánimos después del ataque con drones del día 14 contra dos refinerías saudís. Pero este no es el único parámetro válido para medir la volatilidad del momento en la pugna histórica entre Irán y Arabia Saudí, alimentada por Estados Unidos e Israel, para hacerse con la hegemonía en el golfo Pérsico, para controlar las rutas de suministro desde los yacimientos de Oriente Próximo hacia el océano Índico, y a través de este, hacia Extremo Oriente y hacia Europa a través del estrecho de Bab el Mandeb. Y puesto que de esta disputa histórica depende en gran medida la estabilidad de precios del crudo, una mejora de la estabilidad política y militar en la región y el comportamiento de la Liga Árabe, debe concluirse que se multiplican las incógnitas y es harto arriesgado hacer vaticinios.

Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limite sus amenazas a un aumento de las sanciones económicas impuestas a Irán y evite recurrir a las armas –esta prudencia relativa fue una de las razones de la destitución de John Bolton, aguerrido consejero de Seguridad Nacional– tiene mucho que ver con el hecho de que dentro de poco más de un año se someterá a reelección. Una razón de peso para evitar que el comandante en jefe dé la orden de ataque, pero una posición frecuentemente contestada desde el entorno presidencial, que ve en la república de los ayatolás el gran adversario del dispositivo de seguridad en Oriente Próximo. Un punto de vista compartido por el príncipe Mohamed bin Salmán, hombre fuerte de Arabia Saudí y heredero de la corona, muy bien relacionado con Trump y su entorno, cuyos planes de diversificación e internacionalización de la economía de su país incluyen acabar con la competencia iraní.

Al mismo tiempo, el régimen iraní recurre directa o indirectamente a provocar fluctuaciones en el precio del petróleo para dañar la economía de quienes se benefician de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Mediante las acciones de algún aliado –la rebelión hutí en Yemen– o con iniciativas que perturban el tránsito de buques tanque por el estrecho de Ormuz. En el primer caso, la responsabilidad iraní queda difuminada –el ataque a las refinerías saudís–, pero no caben demasiadas dudas acerca de la asistencia tecnológica de Irán –el suministro de drones, probablemente– en el golpe de mano, perpetrado, según ellos lo reclaman, por quienes desde 2015 están condenados a la política de tierra quemada aplicada en Yemen por los saudís y apoyada con más o menos entusiasmo por la mayoría de capitales árabes.

Nada escapa a esta lógica, ni siquiera el nombramiento de Robert C. O’Brien para ocupar el puesto de John Bolton. Más allá de la frivolidad subyacente al hecho de que Trump vaya por el cuarto asesor de Seguridad Nacional desde que llegó a la Casa Blanca (20 de enero de 2017), la elección de O’Brien obedece a la necesidad de contar con un analista moderado que sintonice con la necesidad de llegar a las elecciones del 3 de noviembre de 2020 sin más compromisos militares que los actuales. Que esto complazca más o menos a saudís e israelís es harina de otro costal, pero es improbable que en ambos casos radicalicen el enfrentamiento con Irán sin contar con el visto bueno y la complicidad de Estados Unidos, algo improbable.

Por lo demás, la confusión política que enmaraña a los partidos israelís después de las elecciones legislativas de este último martes, que han dejado las cosas más o menos igual que después de la convocatoria de abril, y la debilidad o incapacidad demostrada por el Ejército saudí para neutralizar el ataque con drones, facilita la pretensión de Trump de prolongar esta situación de ni paz ni guerra, un conflicto crónico de baja intensidad que daña la economía iraní, pero que no incendia la región ni lleva inexorablemente a contabilizar bajas. La “furia y el fuego” deben ser sobre todo alegóricos –véase la evolución de los acontecimientos en Corea del Norte–, pero resulta determinante el convencimiento de que la opinión pública de Estados Unidos es del todo reacia a nuevas aventuras en el exterior; abunda la radicalidad en las redes sociales sin que se den pasos irreversibles sobre el terreno.

Ahora mismo es imposible prever cuál será la solución del crucigrama israelí, que por primera vez en mucho tiempo puede disponer de un Gobierno de concentración nacionalista laico, con los partidos religiosos en la oposición y la Lista Conjunta –coalición de partidos árabes– como el primer grupo de la oposición. Un dato esencial para saber si la hostilidad permanente hacia Irán se mantendrá tal cual en el futuro, se moderará o adquirirá un perfil más o menos imprevisible. Algo asimismo esencial es saber si el resultado de las elecciones consagra a Benny Gantz y señala el final de la carrera política de Binyamin Netanyahu o puede prolongarla, y en tal caso, mantenerse inmutable la consideración de Irán como un enemigo estratégico y de Arabia Saudí como un aliado necesario, Estados Unidos mediante.

Las incógnitas son igualmente llamativas en el futuro inmediato de la monarquía saudí, sometida de tiempo en tiempo a los vaivenes de las peleas en el seno de la familia reinante. Si se repasa la historia de las disputas de palacio durante el último medio siglo, se comprueba fácilmente que en cada situación excepcional o cada vez que Arabia Saudí ha emitido señales de debilidad, algún movimiento telúrico ha propiciado cambios significativos en la corte. Sin duda, los daños causados por un ataque con drones, procediera de donde procediera –Washington y Riad dicen que de suelo iraní–, cabe incluirlo en el capítulo de los episodios capaces de desencadenar una sacudida en las inmediaciones del trono.

Aunque toda situación es susceptible de empeorar, las variables a tener en cuenta en Oriente Próximo son tantas y están tan llenas de riesgos que la mejor opción hoy es dejar las cosas tal como están, piensan los asesores electorales. Porque cualquier forma de empeoramiento posible seguramente tendría reflejo en las encuestas, en la tendencia de voto, facilitaría la campaña del candidato demócrata, sea quien sea este, y llevaría a Donald Trump a una encrucijada altamente peligrosa para la reelección, contando incluso con la fidelidad de la mayoría de sus electores, para quienes la política exterior es un asunto menor salvo, quizá, cuando se trata de ir a la guerra.

El ‘Irma’, otro síntoma grave

La devastación causada por los huracanes Harvey e Irma añade argumentos a cuantos se esgrimieron durante la presidencia de Barack Obama para que finalmente Estados Unidos firmara el acuerdo trabajosamente negociado en París en 2015. No hay un solo informe que niegue la contribución humana al cambio climático capaz de refutar la realidad y de poner en duda la solidez de las pruebas. El empeño del presidente Donald Trump de favorecer la minería del carbón, autorizar las explotaciones petrolíferas en ecosistemas especialmente delicados y justificar tales medidas en la necesidad de que la economía se reactive en entornos sociales deprimidos –uno de sus nichos de votos– no es más que una forma de agravar el problema y hacerlo quizá irresoluble.

Salvo los productores de informes adscritos a la estrategia de algunas multinacionales del sector de la energía, no todas por fortuna, que presentan los efectos del calentamiento global como uno de tantos episodios de cambio climático vividos por el planeta y niegan que la acción del hombre tenga algo que ver, todos los modelos elaborados por la comunidad científica coinciden en el diagnóstico. Ningún estudio solvente descarta el factor humano en el aumento de la temperatura media con su correlato de ascenso del nivel del mar, avance del desierto y lluvias torrenciales de efectos catastróficos, por no hablar de la calidad del aire en las grandes conurbaciones, de la sobreexplotación de los mares y de la acumulación incontrolada de residuos. Esto es, no hay modelo o previsión de futuro que no plantee una revisión en profundidad del modelo económico, de las formas de crecimiento y de la sostenibilidad del sistema productivo.

Los grandes países contaminantes han aceptado tomar medidas acordes con el acuerdo de París, siquiera sea por preservar su imagen ante la opinión pública y ganar influencia ante la comunidad internacional. Este es el caso de China, cuyo Gobierno se ha convertido en paladín de las inquietudes climáticas después de años de vulneración sistemática del Protocolo de Kioto (1997) en nombre del desarrollo económico que precisaba el país. A diferencia del rumbo fijado por el Gobierno indio por razones parecidas a las esgrimidas con anterioridad por el chino y de la doctrina defendida por la Casa Blanca, el presidente Xi Jinping ha tomado la iniciativa y ha asociado su nombre al de la Unión Europea para reducir el calentamiento global, promover las energías renovables y detener la depauperación del medio ambiente. Se trate de una maniobra oportunista o de una sincera conversión a la causa ecologista, algo improbable, el compromiso chino pone en evidencia la insensibilidad de Trump ante sociedades cada día más preocupadas por la degradación galopante de los ecosistemas y las hipotecas de futuro que ello conlleva.

Declaraba el escritor José Luis Sampedro al final de su vida –murió el 8 de abril del 2013– que nos hallamos “al final de una cultura” y en “el inicio de algo muy diferente”.  Y mencionaba a China, India, Rusia y Brasil como actores determinantes de esta cultura o mundo diferentes: “En estas circunstancias se mezclan –decía– la evolución del sistema en sí mismo, la endógena, con las influencias externas que pueden ser absorbentes o disolventes con los resultados que en cada caso se produzcan”. Sampedro intuyó, con su habitual brillantez, que la hegemonía cultural en la aldea global no estaría solo al alcance de los grandes poderes consagrados en el pasado, sino de aquellos emergentes que sintonizaran con procesos de cambio muy rápidos, entre ellos la panoplia de problemas relacionados con el cambio climático.

Trump y su equipo navegan por mares bastante alejados de tal percepción de futuro y desprecian o ignoran los argumentos de las distopías más difundidas relacionadas con la mutación genética del medio ambiente desencadenada por el hombre y perceptible en todas partes. Cuando George Steiner afirma que el progreso de Europa obedece a que “la naturaleza nunca aplastó al ser humano”, invoca una condición en proceso de cambio alarmante: basta repasar los momentos de catástrofe en lo que llevamos de siglo XXI para concluir que algo grave nos amenaza y solo serán eficaces a largo plazo las soluciones globales. Aunque los asesores de cabecera de Trump lo pongan en duda, el efecto mariposa es algo más que una mera hipótesis; la necesidad de un análisis holístico del medio ambiente y de acciones a escala planetaria es una exigencia irrenunciable.

De hecho, renunciar a ello lleva directamente a la crisis pronosticada por la fallecida nobel de la Paz Wangari Maathai: “En pocas décadas, la relación entre el medio ambiente, los recursos y el conflicto puede parecer casi tan evidente como la conexión que vemos hoy entre los derechos humanos, la democracia y la paz”. Hay ejemplos que ilustran esa deriva hacia la tensión entre estados o grupos de estados por el control de los recursos naturales –petróleo, agua y minerales–, y son numerosísimos los ejemplos que ilustran el choque entre intereses privados y responsabilidades públicas para preservar el futuro viable del planeta. Es este uno de los grandes debates éticos del presente y uno de los terrenos de juego en los que el neoliberalismo se siente más incómodo cuando debe confrontar sus teorías del crecimiento con la prueba del nueve de la sostenibilidad.

A raíz de la arremetida del huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans a finales de agosto del 2005, se creyó que los neocon se habían visto obligados a someter a revisión sus opiniones sobre el estado de salud del ecosistema planetario. Fue un espejismo o una opinión precipitada. En el pensamiento conservador, en general, y en el estadounidense en particular, prevalece la creencia y defensa del crecimiento ilimitado, de la sostenibilidad mediante el progreso tecnológico y del derecho de los individuos a gestionar los recursos de la Tierra en función de sus necesidades. Que cualquier trabajo de campo medianamente riguroso desautorice tal esquema importará muy poco mientras los intereses económicos en juego se impongan a cualquier otra consideración. Esta situación no solo se da en Estados Unidos, donde el punto de vista de Trump es heredero de una larga lista de negacionistas, sino en la mayoría de lugares en los que la preservación del medio es incompatible con las finanzas globales… Y como en toda enfermedad, la ecológica se agrava a cada día que pasa sin actuar.

 

 

El chavismo, en el ocaso

La crisis política, económica y social que zarandea Venezuela se ha adentrado en el frondoso bosque del referéndum revocatorio (cancelación del mandato del presidente Nicolás Maduro), lleno de trampas para elefantes y propicio para los debates bizantinos. Los esfuerzos de la oposición para reunir las firmas necesarias para que se celebre la consulta chocan con la predisposición del Comité Nacional Electoral a bloquear el proceso; las proclamas del Gobierno de someterse a lo dispuesto en la ley del 2007 son escasamente convincentes al predominar en ellas el indisimulado propósito de evitar a Maduro la prueba; ambos bandos, en fin, aparecen enfrentados en un litigio que difícilmente admite una gestión estrictamente institucional.

Se respira en Venezuela el aire viciado por un Parlamento abiertamente hostil al presidente y viceversa, una gestión económica errática cuando no insostenible y el hartazgo de una población que debe amoldar su vida cotidiana a tres desafíos: la inseguridad sin remedio, una inflación galopante y la escasez de productos de primera necesidad. Algunas de las medidas adoptadas para ahorrar energía –en realidad se deben a los cortes en el suministro eléctrico–, señal inequívoca de la gravedad del momento, y la sensación de que las teorías conspirativas se han convertido en la gran justificación para todas las penalidades inducen a pensar que el Gobierno marcha muy por detrás de los acontecimientos, improvisa todos los días y aspira a salvar los muebles con la movilización del núcleo de adeptos que aún le quedan.

Si la inflación superó en el 2015 el 200%, según datos que maneja la oposición, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la de este año llegue al 700% –cien puntos de más o de menos poco importan–, no es exagerado decir que el bolívar ha dejado de tener valor y todos los aumentos salariales anunciados por Maduro no son mucho más que un brindis al sol. Si el precio del petróleo se mantiene en los parámetros actuales, no es desmesurado decir que el país se encuentra ante un problema irresoluble, típico de economías basadas en un monocultivo: a corto plazo, no hay alternativas visibles para superar la escasez y la crisis social en ciernes. Si el Gobierno no admite la realidad de que el Parlamento le es hostil –la oposición dispone de una mayoría aplastante–, se condena a sí mismo a convertirse en una máquina de poder cada día más alejada de la calle y con menos medios para forjar complicidades.

Mientras Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dispone a recibir en Washington a una delegación de parlamentarios de la oposición venezolana, la cancillera Delcy Rodríguez considera ridícula la pretensión de activar la Carta Democrática Interamericana. “Además de la profunda ignorancia que significa esta solicitud, además de esta profunda ignorancia que demuestra la derecha, lo único que está en su corazón y en su pretensión es la intervención de Venezuela. Eso no procede. No nos dejemos presionar por esos fantasmas que no existen”, declaró la titular de Relaciones Exteriores a Globovisión. Y la referencia a la derecha apareció entrecomillada en la frase recogida por diario El Universal, altavoz de la oposición, porque es bastante cierto que el conglomerado de los descontentos ha dejado de ser solo el punto de encuentro de los conservadores alarmados desde el principio por el chavismo, y es hoy un movimiento que acoge un amplio abanico ideológico.

Da la impresión de que los herederos de Hugo Chávez han ahuyentado o defraudado a una parte importante de la base social sobre la que se levantó un proyecto de naturaleza populista destinado a refundar la república. El nacionalismo panamericano representado en su día por Simón Bolívar fue el santo y seña genérico de un programa reformista, si no viable, sí al menos posible, financiado con las rentas de un petróleo caro. El rescate de una parte de la población, condenada hasta entonces a vivir en condiciones de pobreza extrema, llevó a los rescatados a aspirar a unas condiciones mínimas de estabilidad para consolidar su nueva situación, pero entre tanto el Estado no buscó en otros campos ingresos diferentes a los del petróleo, y cuando estos menguaron, el mecanismo reformista empezó a fallar por falta de recursos. Si a lo dicho se suman una fiscalidad desconcertante, la corrupción y la tendencia a simplificar los problemas del equipo de Maduro, todo lleva a pensar que el experimento ha llegado al ocaso de su existencia.

El desplome del PIB contabilizado por el Banco Central de Venezuela presagia lo peor. En el 2014 cayó el 4%; en el 2015, el 5,7%; para el 2016 se estima que la caída será del 8%. Con estas cifras no hay sistema económico que resista, y menos en un entorno poco propicio en el que Cuba mira a Estados Unidos y a la Unión Europea, Brasil se debate en una crisis existencial, Argentina emite las primeras señales de conflicto social desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri y en Bolivia no prosperó en las urnas el deseo de Evo Morales de aspirar a un nuevo mandato. No es solo que Chávez tuviese un poder de atracción del que carece Maduro, es que además se movió en un ecosistema político latinoamericano propicio, muy diferente al presente.

La incontinencia verbal del presidente venezolano, que lo mismo arremete contra Mariano Rajoy que contra Barack Obama, contra la oposición o contra los defensores –Felipe González entre otros– de los líderes encarcelados, ha dejado de ser el resorte adecuado para desviar la atención de los problemas internos. Cuando la cultura de las colas frente a los comercios desabastecidos se suma a la falta de medicamentos, a los apagones y muchas pequeñas carencias presentes en todas partes, solo los muy convencidos siguen pensando que la culpa es de los otros y no de quienes gobiernan y se obstinan en perseverar en un programa que no aporta ninguna solución o solo una: una permanente y estéril huida hacia adelante.

La demanda por traición a la patria que los diputados chavistas interpondrán en el Tribunal Supremo contra los de la oposición que han instado a la OEA a activar la Carta Democrática Interamericana no es más que una maniobra de evasión para soslayar la realidad. Diosdado Cabello, expresidente del Parlamento y promotor de la iniciativa, es la viva imagen del distanciamiento de la realidad que cultiva el régimen. Ni siquiera la izquierda ilustrada que apoyó al chavismo en sus inicios ve hoy en sus continuadores el remedio a los males que atenazan a la sociedad venezolana. Tampoco se vislumbra una receta eficaz en las proclamas de la oposición, bastante menos cohesionada de lo que pudiera pensarse, pero de momento está legitimada por el apoyo de las urnas y por su apego a los usos democráticos. Si este punto de partida es suficiente para rescatar al país de la postración y evitar la fractura social, nadie lo sabe, pero es de temer que no baste si no es posible un pacto político en el que participe el chavismo, que controla todos los resortes del Estado y tiene por el momento al Ejército de su parte. O eso parece.

 

Una tregua bombardeada

La degollina de Alepo certifica la debilidad de la gestión política de la guerra en Siria a partir de la aprobación en diciembre de 2015 de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos frutos más visibles hasta la fecha han sido la tregua acordada a finales de febrero y las negociaciones iniciadas en Ginebra entre el Gobierno y la oposición. El único resultado tangible de las conversaciones es que han sobrevivido a toda clase de vacilaciones y zozobras; los bombardeos de la última semana amenazan con sepultar el alto el fuego aunque el pretexto para martirizar Alepo es acabar con los focos de resistencia terrorista que cobija y que alimentan la guerra. Al sumar la atmósfera de Ginebra a la matanza en curso, una más, se adueña de los análisis la idea expresada por diferentes integrantes del Alto Comité de Negociaciones, que engloba a la oposición y varios grupos armados apoyados por Occidente, Arabia Saudí, Catar y Turquía: el desarrollo de los acontecimientos en Ginebra depende de las acciones sobre el terreno en Siria. Dicho de otra forma: el riesgo de que sucumban las negociaciones es hoy mayor que nunca.

Como ha manifestado Basma Kodmani, uno de los delegados de la oposición desplazado a Ginebra, la continuidad del diálogo “depende de cuanto pasa sobre el terreno y del mando que controlan rusos y estadounidenses” a distancia, o según conviene a la barroca complejidad de las desavenencias entre la Casa Blanca y del Kremlin. Para Vladimir Putin, salvar el régimen de Bashar al Asad es el objetivo principal y el combate contra el Estado Islámico es secundario, al menos por el momento; para Barack Obama, lo que más importa es acabar con el califato e insertar a Siria en el dispositivo general de seguridad de Oriente Próximo. Para el presidente de Rusia, nada es más importante que asegurarse un papel relevante en la región; para el de Estados Unidos, en año electoral, toda muestra de debilidad se convierte en un arma que carga el diablo y pone en manos de los republicanos, singularmente del imprevisible Donald Trump, promotor exaltado de un incremento del presupuesto de defensa para disponer de una force de frappe amedrentadora en cualquier lugar y circunstancia.

De acuerdo con la descripción de Dmitri Trenin, del Carnegie Moscow Center, Rusia actúa en Siria para restaurar su papel de gran potencia en la región,  condición que perdió cuando el último presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, se retiró del escenario al comienzo de la primera guerra del Golfo. Además, sostiene Trenin, la política de Putin persigue otros objetivos menos llamativos, pero no menos importantes: contener y disminuir la presión del islamismo radical; apoyar a regímenes y fuerzas aliadas en la región; asentar el despliegue militar en y alrededor de la región; ampliar la presencia militar rusa en los mercados de armas, nuclear, de gas, de petróleo y de alimentos de Oriente Próximo; atraer a inversores de los países del Golfo y concertar con los grandes productores del Pérsico una política de precios sostenible en los mercados energéticos. En suma, el objetivo ruso es consolidarse como un interlocutor ineludible de igual manera a como Estados Unidos lo es, con la diferencia de que Obama intenta ahorrarse el coste económico y político de otra guerra.

La percepción del conflicto que tiene la opinión pública europea es sustancialmente diferente al que manejan rusos y estadounidenses. La capacidad de actuación del Estado Islámico en suelo europeo a través de una red muy dinámica de militantes dispuestos a inmolarse, la presencia de los refugiados en el Egeo, y de allí al corazón del continente, y el efecto que todo ello tiene en las políticas nacionales sitúa la neutralización de los yihadistas en el centro del debate. Pero tal operación es inseparable de una implicación decidida en la guerra –qué hay que hacer, en qué condiciones, en cuánto tiempo, etcétera–, y ahí las sociedades europeas se muestran reticentes. Y aunque cada día son más las voces que consideran ineficaz el combate contra el islamismo en armas si se afronta solo como un problema de seguridad, las iniciativas relacionadas con la presencia activa en Siria son tan modestas o más que aquellas necesarias para actuar en un entramado económico que es de facto un criadero de muyahidines, en Europa y en el orbe musulmán.

Salvo en la coordinación cada vez más estrecha de la comunidad de inteligencia europea y en el almacenamiento de refugiados en Turquía, sigue en pie la pregunta de Henry Kissinger: ¿qué número hay que marcar para conocer la posición de Europa? En la laberíntica guerra siria, en la que coinciden en el campo de batalla los generales de un régimen vesánico, diferentes islamismo políticos, musulmanes deseosos de construir un Estado laico, profetas del Apocalipsis, los socios de Al Qaeda (Al Nusra) y los combatientes del califato, las actitudes contemplativas son clamorosamente estériles, y las reacciones viscerales o emocionales –la de François Hollande después del 13 de noviembre, por ejemplo– apenas sirven para modificar el curso general de los acontecimientos; puede que ni siquiera sean útiles para tranquilizar a sociedades asustadas. El poder blando europeo es un valor en sí mismo, pero solo es eficaz cuando se fundamenta en la unidad de acción, algo que está lejos de haber logrado la Unión Europea después de más de cinco años de guerra en Siria.

La carnicería en un hospital de Médicos sin Fronteras y en una clínica deslegitima a quienes ordenaron el bombardeo, invalida toda justificación y pone en evidencia una vez más la textura moral del régimen sirio, pero es improbable que las imágenes de la tragedia y el testimonio de las víctimas modifiquen el comportamiento de las partes implicadas en la crisis y sus asociados. Por el momento, no hay una alternativa a la guerra y al sectarismo que contente a los aliados respectivos del Gobierno sirio y de las oposiciones, representantes de un variopinto espectro ideológico. El propósito alentado en febrero por Staffan de Mistura, mediador de las Naciones Unidas, para celebrar en 18 meses unas elecciones sometidas a control o tutela internacional estuvo tan cargado de buenas intenciones como falto de realismo. Como dijo en su momento Kofi Annan, ninguna de las partes está dispuesta a salir con heridas visibles de un proceso en el que, además de la presencia inevitable de Bashar al Asad o de sus herederos, apoyados por Rusia, tendrían algo que decir y defender Irán, China, Turquía, la Unión Europea y, desde luego, Estados Unidos, directamente o a través de sus respectivos socios en las trincheras. Aquella idea angelical de las elecciones que todo debían curarlo se antoja una utopía; es ilusorio creer que bandos irreconciliables pueden aceptar el dictamen de las urnas, puestas en medio de los cascotes humeantes de la guerra civil.

El escritor sirio Basel al Awadat ha descrito la falta de resultados en el foro de Ginebra con una frialdad muy precisa: “Rusia siguió apoyando la posición del régimen [sirio] y comenzó a decantarse por otras oposiciones. Además, hizo propuestas para sustituir a la principal delegación negociadora de la oposición por otra que incluya a otros opositores menos extremistas y más próximos a la visión del régimen. Mientras tanto, este seguía violando la tregua y bombardeando las ciudades que apoyan a la oposición. Estados Unidos, por su parte, se limitó a contemplar lo que sucedía sin reaccionar en señal de apoyo a la oposición, e incluso el enviado de la ONU para Siria y encargado de la supervisión de las negociaciones, Staffan de Mistura, se tomó a la ligera la decisión de la oposición de abandonar las negociaciones, que lo calificó de ‘show diplomático’, y confirmó que las negociaciones seguirían su curso con quienes estuvieran presentes”. Diríase que se impusieron las actitudes políticamente correctas, aquellas del todo previsibles, sin que fuesen alteradas ni por un momento por la hecatombe de Alepo. Hay demasiado en juego, según parece, para que alguien ose romper las perversas reglas de un juego que puede llegar a considerar la guerra un mal menor.

 

Ceremonia de tránsito en Venezuela

La determinación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de seguir con el programa bolivariano sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas alarma a la oposición y pone en guardia a los adversarios del régimen fundado por Hugo Chávez, pero no deja de ser un síntoma inequívoco del agotamiento del modelo. Al parapetarse detrás de la memoria del gran ausente, en un gesto característico de los populismos en circulación, el establishment poschavista da la razón o eso parece a cuantos dentro y fuera del país piensan que el experimento no da más de sí, que solo le queda recurrir a la épica de la resistencia, de enrocarse en sus propias convicciones sin atender a la reacción de la calle, a los riesgos cada vez mayores de fractura social, a la quiebra económica y al veredicto de las urnas.

La efervescencia en los medios y la controversia sobre el rumbo que debe tomar la revolución si el escrutinio da el triunfo a la oposición encuadrada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) –pronóstico de las encuestas– alienta el debate sobre el compromiso del bando bolivariano con los usos democráticos. Al mismo tiempo, el debate ensombrece o empequeñece la debilidad poselectoral que se atribuye a la MUD a causa de su diversidad y de la pugna no extinta entre personalidades a menudo incompatibles. De tal manera que el entorno de Maduro no solo no ha sabido explotar en su beneficio tal circunstancia, sino que ha permitido a los interesados –democristianos, socialdemócratas, liberales, diferentes izquierdas decepcionadas– soslayarla y exacerbar la crítica al madurismo, si así puede llamarse, en especial a partir de la condena impuesta a Leopoldo López al final de un proceso preñado de sospechas.

“Esto no es la fiesta del Chivo [Leónidas Trujillo, dictador dominicano] ni la de Blas [canción popular en los 60], pero todos pretenden colearse [adelantarse a alguien quitándole el puesto en una fila]. El 7 de diciembre, víspera de aquel 8 de luna llena [primera victoria de Chávez], el pueblo celebrará, mientras los entrometidos de todo el mundo sufrirán la decimonovena resaca que les provoca la soberana patria de Bolívar y Chávez”, escribe Earle Herrera en Últimas Noticias. Pero esa ensoñación, esa victoria presentida o deseada está lejos del vaticinio de los sondeos y, en consecuencia, presagia un pospartido lleno de tensiones en el tránsito de las ilusiones a la realidad.

Si hasta ahora las limitaciones del sistema –desabastecimiento, inseguridad, inflación, entre otros– han tenido una repercusión limitada en los comportamientos políticos de la calle, todo puede cambiar a poco que se resquebraje el mito del chavismo invencible, sostenido por los desheredados. Maduro carece del poder de convicción, de movilización y de resistencia que demostró tener Chávez, y que varias veces atenuó el descontento de una clase media urbana exhausta. El trono de Chávez sigue vacío más allá de los formalismos del poder, y han bastado menos de tres años para dejar en evidencia las limitaciones de su sucesor, transmutado con demasiada frecuencia en caricatura extemporánea del fundador del régimen bolivariano.

Ese tránsito de las ilusiones a la realidad puede realzar el perfil depresivo del momento, la esperanza poco fundamentada puesta por los ideólogos del poschavismo en una pronta subida, poco menos que milagrosa, del precio del petróleo en la franja de los 70-80 dólares el barril (ahora se mueve alrededor de los 45 dólares; Chávez soñó en el 2008 que llegaría a los 200 dólares). Las proyecciones son muy otras, aunque en Caracas se esgrima como un acto de justicia histórica el ascenso de la cotización del oro negro. El clima en la OPEP es más propicio a mantener las vigentes cuotas de producción que a reducirlas el 5%, como quiere Venezuela, y el petroislam sigue en la porfía de retrasar la autonomía energética de Estados Unidos mediante un abaratamiento del barril que, dicho en corto, hace imposible que sean rentables los yacimientos que requieren el costoso recurso a la tecnología del fraking.

“Hoy Maduro, proclamado como su hijo [de Fidel y de Raúl Castro], conduce el país al peor barranco de su historia”, sostiene Nelson Baracanda en El Universal, el diario caraqueño de oposición más leído. Más allá del gesto militante del articulista, deseoso de que la victoria sea para la MUD, lo cierto es que la falta de realismo en una situación económicamente insostenible deja el campo libre a los críticos acérrimos, a cuantos arremetieron contra el chavismo antes de que vieran la luz las primeras reformas sociales. Y esa negación de la realidad incluye no admitir la vulnerabilidad de un modelo que fió gran parte del éxito en el monocultivo petrolero, asociado, para mayor contradicción, a la exportación masiva a Estados Unidos, un negocio en el ocaso y a punto de pasar a la historia. Venezuela carece hoy de alternativas, de lo que los expertos llaman explotación de nuevos nichos de negocio.

La experiencia chavista se ha sumido en un ensimismamiento autocomplaciente, ha renunciado a la crítica desde dentro y ha echado mano todos los días a la redención de los pobres para encubrir sus fracasos, sus contradicciones y su tendencia a enrocarse en su prontuario ideológico. Si esto sirvió hasta la fecha para sumar adeptos y desarrollar una política clientelar no siempre saludable y mucho menos sostenible, ahora tiene todas las hechuras de una pesada carga que da alas a la oposición sin que, por lo demás, esta haya concretado cuáles son los grandes objetivos materiales que persigue.

“Nunca antes una votación electoral tuvo la importancia de medir verdaderamente cuánto han calado en el ánimo del ciudadano las presiones, el miedo y la incapacidad para gobernar y echar para adelante al país más prometedor del nuevo mundo”, concluye Álvaro G. Requena en un artículo publicado en el periódico de oposición El Nacional. Con independencia de la adscripción ideológica del firmante, esta es otra realidad ineludible. Nunca antes fue tan grande la sensación de que Venezuela celebra este domingo una ceremonia de tránsito, uno de esos ritos políticos que, como la victoria de Chávez en 1998, abren o cierran un ciclo político, según se mire; abren o cierran un cambio de régimen, de pacto social o de encaje social, como se prefiera, y sitúan a la comunidad ante un desafío nuevo e inaplazable. Las elecciones tienen ese poder taumatúrgico, de modificación de la hegemonía política al final de un proceso de maduración de cambios sociales que casi siempre pasan desapercibidos a ojos del poder, pero ahí están y dislocan un ecosistema político que hasta aquel momento parecía inalterable. Eso parece ocurrir en Venezuela.

Rusia, condenada a una crisis

“Si Rusia no empieza hoy su modernización, corre el riesgo de convertirse mañana en un país del Tercer Mundo”, vaticinó en el 2012 el analista IgorYurgens. Dos años antes, varios líderes políticos, exdirigentes de la Unión Soviética, economistas y empresarios habían dado público apoyo a un proceso de modernización acelerada de la economía rusa, excesivamente dependiente de la exportación de energía y, por esa razón, de las fluctuaciones de un mercado sometido o influido a todas horas por los vaivenes de la política. La caída de los precios del petróleo a finales de 2008 puso en evidencia la debilidad de los países dependientes del monocultivo del petróleo, fuente principal de los ingresos en dólares, y hoy como ayer vuelven a cernirse sobre la economía rusa los peores presagios –la caída en picado del rublo, la escalada inflacionista y la contracción del mercado interior–, agravados por las sanciones de Occidente a causa de la crisis de Ucrania.

En realidad, el rosario de datos concatenados que determinan las dificultades de la economía rusa revelan hasta qué punto es esta vulnerable. No solo porque carece de alternativas rentables e inmediatas para compensar el efecto de las sanciones impuestas por Occidente, sino porque está a merced de las fluctuaciones del precio del petróleo, que está condicionado por la capacidad de producción y distribución de la OPEP y la acumulación de reservas en todo el mundo. Por utilizar la terminología al uso, Rusia tiene una muy limitada capacidad de resistencia, aunque durante la presidencia de Dmitri Medvédev, gracias al buen momento de las relaciones ruso-estadounidenses, la impresión fuese otra.

Según un artículo de William E. Pomeranz distribuido por la agencia Reuters, “la espectacular caída del precio del petróleo supone un descenso de las rentas del Estado y menos dinero para los ambiciosos proyectos de gasto militar y social de Putin”, que debe unirse a la fuga de capitales, cuya cuantía es imposible calcular. En cualquier otro escenario que no fuera el ruso, se diría que se dan las condiciones para una crisis social o, al menos, hay el riesgo cierto de que se produzca, pero en el proceso de rearme moral colectivo emprendido por el Kremlin a raíz de la crisis ucraniana y del consiguiente distanciamiento de Estados Unidos y de la Unión Europea, es posible que, a pesar de los pesares, siga influyendo más el reflejo nacionalista que el efecto inmediato de la crisis económica.

Eso es, al menos, lo que daban a entender las encuestas de hace solo un mes, que otorgaban a Putin un índice de aceptación de alrededor del 80%. Cosa distinta es que el restablecimiento de la grandeza de Rusia como gran potencia sea viable sin una economía que no dependa solo de las fluctuaciones del precio del petróleo y de la exportación de gas. Porque cuando la propaganda rusa amenaza con buscar otros clientes para sustituir a los recelosos europeos, oculta un dato: solo China puede compensar una disminución significativa de las ventas en el mercado europeo, como ha entendido Vladimir Putin, que ha firmado acuerdos de suministro con los gobernantes chinos que empezarán a aplicarse en el 2018. E incluso así, la falta de acuerdo para el gaseoducto South Stream, que debe conectar la red rusa a la de la UE por Bulgaria después de cruzar el lecho del mar Negro, daña sin remisión la política de ventas diseñada por Gazprom, la primera empresa rusa, para evitar el paso del combustible por Ucrania.

De ahí a concluir que la decisión de la OPEP de mantener la producción –30 millones de barriles diarios– está relacionada con la situación de Rusia media solo un paso. A pesar de los datos que reflejan una caída del consumo, un aumento de las reservas y un descenso de las importaciones en Estados Unidos a raíz de la explotación de los yacimientos de esquisto, indicadores todos ellos que aconsejarían una disminución de las extracciones, la reacción ha sido justamente la contraria y el barril de Brent se ha situado por debajo de los 70 dólares –llegó en junio a los 115 dólares–, con grave perjuicio para monocultivadores de energía como Venezuela o Irán, sin otro producto que exportar, o para aquellos con una presencia muy limitada en otros campos, caso de Rusia. Dicho de otro modo: la decisión impuesta a la OPEP por Arabia Saudí y las petromonarquías del Golfo es hija seguramente de la determinación de Estados Unidos y sus aliados de presionar indirectamente a Rusia sin sufrir o afrontar el desgaste político de un nuevo motivo de tensión después del de Ucrania.

Hay en este relato ingredientes suficientes para vislumbrar una nueva guerra fría posmoderna en la que ya no cuentan tanto la ocupación de áreas específicas, con la consiguiente parafernalia nuclear y la rivalidad entre modelos económicos diferentes, sino el recurso a la economía global para domeñar voluntades. La economía rusa dejó de ser, con el hundimiento del bloque socialista, la isla no contaminada o no relacionada con la red de intereses de la economía occidental, y no puede sostener por tiempo ilimitado la situación actual so pena de aceptar un empobrecimiento acelerado de la clase media surgida de las privatizaciones, las inversiones extranjeras y la exportación de energía como instrumento casi exclusivo para financiar la modernización del país. Las compras de propiedades hechas en dólares y euros, que son ahora inasumibles a causa de la devaluación incesante del rublo hasta perder un 40% de su valor, constituyen el ejemplo más llamativo de una situación que puede llegar a ser insostenible para el grupo social que ha asentado en el poder el nacionalismo encarnado por Putin.

En el trabajo Rusia en el siglo XXI. Una visión para el futuro, del año 2010, varios autores insisten en que las élites no lograron llevar a la práctica el programa de modernización necesario para no ser un país diferente. Pero enseguida surgió en aquel entonces la respuesta del bando contrario a cambiar las coordenadas políticas rusas con el argumento harto discutible de que los fracasos en materia económica no significan que sea necesario un cambio en el sistema. Por el contrario, el artilugio constitucional que llevó a Medvédev a la presidencia para permitir luego el regreso de Putin al frente del Estado se entendió como una garantía de progreso, cuando en la práctica cegó las vías de acceso a cambios políticos significativos, a la alternancia en el poder de diferentes opciones y a la competencia entre programas. Que esto fuese útil en un primer momento, final de la década de los 90, para atajar la decadencia sin remisión de la Rusia de Boris Yeltsin no significa que lo sea ahora para guardar los estandartes en el cuarto de banderas, abordar la crisis ucraniana con realismo y dar con una solución equilibrada que no sea una claudicación, pero que permita acabar con la incertidumbre de una economía en caída libre.

Es posible que en algún momento pensara Putin que podía derrocar al Gobierno de Ucrania, como ha escrito Paul Krugman, pero tal ensoñación se desvaneció en cuanto se multiplicaron en Occidente los valedores del Gobierno de Kiev. Se trató de un gesto lleno de oportunismo, de un desafío a la convicción de Putin de que sólo él tiene derecho a mantener ordenado y a su conveniencia el vecindario más inmediato, pero fue un acontecimiento decisivo para consagrar la división ucraniana, hacer de la guerra una enfermedad crónica y abrir un paréntesis para reflexionar. Lo que se cruzó luego en el camino del presidente ruso fue el cambio acelerado en el mercado de la energía, la falta de alternativas para cobrar en otros caladeros los dólares de menos obtenidos en los yacimientos de gas y petróleo.

Aun así, no creía Krugman este último verano que se diesen en el libro de ruta de las finanzas globales las condiciones necesarias para la concreción de una nueva guerra fría. Aludía el economista a la probada capacidad del capitalismo para adaptarse a todo tipo de situaciones, pero, y siempre hay un pero, en aquel tan cercano como lejano último agosto no ensombrecía las murallas del Kremlin la densa nube de la crisis social que ahora se teme o se presiente. Y Occidente no estaría libre de culpa si se cumpliera la sabia creencia de que cualquier situación siempre es susceptible de empeorar.