Las dos orillas otra vez

Está de vuelta la vieja teoría o soflama de las dos orillas de la izquierda mediante la discusión habida en Vistalegre 2, tan antigua (la discusión, no Vistalegre). Aquello que surgió de la estrategia diseñada en su día por Julio Anguita ha reaparecido en la asamblea de Podemos y ha arrasado con otras hipótesis de trabajo, en especial la de comunicar las dos orillas con alguien a horcajadas –un pie en cada orilla–, Íñigo Errejón, un suponer. Esa determinación de ahora, que todo lo supedita a la victoria en las urnas –improbable–, renuncia al posibilismo y pretende consagrar como un acierto ante la opinión pública el voto de Podemos contra la investidura de Pedro Sánchez y, a partir de aquel momento, la convocatoria de nuevas elecciones, la pérdida de un millón de sufragios del conglomerado Unidos Podemos (27 de junio de 2016) y el asentamiento en la Moncloa de Mariano Rajoy.

Ese Retorno al pasado obliga a contar, como en la película de Jacques Tourneur, qué sucedió no hace tanto. Dicho sucintamente: los gobiernos de José María Aznar contaron con el inestimable apoyo indirecto –en diferido, diría María Dolores de Cospedal– de una de las orillas, la dirigida por Anguita, frente a la socialdemócrata, identificada por este, es posible afirmar, como el adversario a batir, a fagocitar o a debilitar. El éxito fue arrollador: en las elecciones del 2000, el PSOE perdió 16 diputados (se quedó en 125) y un millón y medio de votos menos con relación a 1996, no todos desaparecidos a causa de la doctrina orillista; Izquierda Unida se quedó sin 13 diputados y obtuvo solo 8 para una pérdida de 1,4 millones de votos, y el PP logró la mayoría absoluta (10,3 millones de votos y 183 diputados). La marea alta de los conservadores invadió las dos orillas sin mayores problemas ante la desorientación de los votantes de izquierda, sin distinción de orillas la mayoría de las veces.

A saber si la desorientación se mantiene o se ha abierto desde la orilla de Podemos una fase de esclarecimiento. De momento, se ha entrado en un periodo que reproduce, con otros actores, una división clásica en el bando de la izquierda heredera de la tradición política de los partidos comunistas, bien conocida en España a raíz del proceso de liquidación, política por lo menos, del PCE y del PSUC. La misma fragmentación desencadenada en Italia por la transformación del PCI, el más esclarecido e influyente de los pecés de Occidente, y en Francia, por la miniaturización del PCF y la aparición de nuevas siglas de futuro incierto. Favorecido todo en el presente por los efectos sociales de la crisis económica, la propensión de la familia socialdemócrata a plegarse a las recetas conservadoras y la aparición de terceras o cuartas vías de emergencia, de naturaleza populista, a ratos victoriosas (en Grecia, Syriza, atrapada en un laberinto de contradicciones).

En una situación de minorías enfrentadas –la aprobación del presupuesto, tan dificultosa–, con un Gobierno en minoría ejerciendo de facto con enorme desparpajo una hegemonía cultural–véanse los Telediarios, la composición de las tertulias en TVE y las entregas de Informe Semanal, tan analizadas por Ferran Monegal, entre otros fenómenos– que poco tiene que ver con los resultados de junio, y con la función catártica de los tribunales –corrupción, independentismo y otras complicaciones–, la apelación genérica a la movilización contrasta con la realidad: una izquierda sociológica dividida entre la desilusión, el escepticismo y el comportamiento de bastantes de sus líderes, no solo los de Podemos. Hacer política a ratos en el Congreso a ratos en la calle (Pablo Iglesias, en la tarima) o denostar la orilla opuesta (se hace en ambos sentidos) se antoja lejos de la lógica aspiración del votante progresista medio de contar de nuevo con certidumbres razonables.

¿Alguien en la izquierda emite señales de renovación y compromiso para alcanzar objetivos concretos? Ni Podemos, dispuesto más que nunca a disputar el espacio político al PSOE a toda costa, ni el PSOE, condenado a la larga interinidad de una gestora y que ve en Podemos su mayor adversario, están en disposición de poner remedio a la desorientación. La idea de Antonio Gramsci de forjar alianzas que contrarresten el modelo cultural hegemónico vive muy malos días, ensombrecido por la pugna para una hipotética aunque improbable hegemonía en las urnas, según todas las encuestas. Cuando la disputa no es por lograr la victoria, sino por quedar segundo en el mejor de los casos, o se opta por sumar fuerzas o se instala en el ánimo el complejo de Poulidor, aquel ciclista francés que anduvo siempre a rueda de Anquetil, a veces más cerca, a veces más lejos, pero nunca ganó el Tour.

Si en la confrontación por la segunda plaza se abunda en la simplificación de los problemas, es posible que se logre retener a los convencidos, pero es dudoso que se atraiga nuevos efectivos a la causa, según atestiguan las oscilaciones de voto entre diciembre del 2015 y junio del 2016. “Nuestros sistemas políticos no están siendo capaces de gestionar la creciente complejidad del mundo y son impotentes ante quienes ofrecen una simplificación tranquilizadora, aunque sea al precio de una grosera falsificación de la realidad y no representen más que un alivio pasajero”, ha escrito Daniel Innerarity, y algún papel se ha reservado a la simplificación en la nueva versión de las dos orillas. Porque la aparente lejanía entre una y otra obedece más al discurso reiterativo de los líderes que a la percepción de bastantes votantes, siempre muchos más que los militantes.

En el mismo artículo afirma Innerarity que quien osa desarrollar una aproximación argumentada a problemas complejos tiene las de perder “frente a quien establezca unas demarcaciones rotundas entre nosotros y ellos, o entre las élites y el pueblo, de manera que la responsabilidad y la inocencia se localicen de un modo tranquilizador”. No es el caso solo de Podemos, pero este partido ha sucumbido a la tentación de levantar una barrera infranqueable entre nosotros y ellos, y ha llevado al establishment del PSOE a sentirse legitimado para presentar como una herejía cualquier forma de acercamiento a la orilla podemista (Susana Díaz, en la tribuna de oradores). Algo seguramente útil para desactivar a quienes siguieron a Pedro Sánchez en su experiencia al frente del partido después de las elecciones del 2015 y hoy le siguen en su brega por regresar al puente de mando, pero insuficiente para recomponer la red de complicidades sociales que en su día distinguió al PSOE.

“Los partidos de hoy son sobre todo máquinas de poder y de clientelismo, con un escaso o erróneo conocimiento de la vida y de los problemas de la sociedad, de la gente”, dijo en 1981 Enrico Berlinguer, secretario general del PCI. ¿Cómo corregir esa tendencia degenerativa del papel de los partidos? No es esta una pregunta que afecte solo o principalmente a la izquierda, pero en un periodo de retroceso de las fuerzas progresistas, un cambio de hábitos es casi una necesidad acuciante para sobrevivir, para abandonar el papel secundario a que parecen condenados, más con dos orillas que con una, según es posible deducir del presente y de la progresión de las utopías regresivas en todas partes.

Nacionalismos en ascenso

El eslogan Brexit is brexit, tan repetido, se ha transmutado en otro más rotundo e inquietante: Brexit is hard brexit (tradúzcase hard por duro o extremo). La transformación se ha producido a lomos del caballo desbocado del nacionalismo que todo lo coloniza, de esa propensión irrefrenable en mirarse el ombligo, volver la vista al pasado y dar rienda suelta a un sectarismo desmedido. Cuando Theresa May, primera ministra del Reino Unido, sostiene que quien se declara ciudadano del mundo no es ciudadano de ninguna parte, no hace más que reafirmarse en la idea de que la nación debe prevalecer por encima de cualquier otro interés o seña de identidad, sea esta la Unión Europea u otro ámbito que dé cobijo a más de una bandera.

La dolencia no es solo británica o especialmente británica, aunque allí haya desencadenado la salida de la UE en plazos y condiciones por el momento inextricables. En la disparatada campaña de Donald Trump hay dosis espectaculares de demagogia e ignorancia extravagantes, pero también mucho nacionalismo exacerbado, una forma de fundamentalismo tan pernicioso y corto de miras como cualquier otro que se precie, sea en nombre de Dios o de los hombres. En el cruce de despropósitos que ha dejado a Trump sin partido y a los republicanos, sin candidato a la presidencia, un nacionalismo rudimentario y ramplón ha desempeñado un papel principal. Que este nacionalismo a toda máquina se antoje incompatible con la devoción –real o fingida– de Trump por otro nacionalista sin freno como Vladimir Putin resulta al cabo menos importante que los cuatro tópicos que cautivan a una parte del electorado blanco –clase media empobrecida o desencantada– que busca en la bandera la restitución de los privilegios perdidos, la reparación del desposeimiento que sintió con la elección de Barack Obama y que desde entonces no lo ha abandonado.

El fenómeno se extiende por doquier con pasmosa facilidad. Nicolas Sarkozy adopta los ingredientes más sectarios del Frente Nacional para neutralizar a Marine Le Pen mediante una adaptación tan cercana de su programa al de la líder de la extrema derecha de Francia que muy pronto no habrá forma de distinguir uno y otro. En Hungría solo la tasa de abstención en un referéndum ha evitado la aplicación de un nacionalismo xenófobo y destemplado en la gestión de la crisis de los refugiados. Aquí y allá la mitología de las identidades locales se impone a cualquier otra consideración y, llegado el caso, se construye un relato histórico ajeno a la historia, apegado al mito, a las edades de oro que pueden exhibir todas las naciones, comunidades y grupos humanos, aunque para ello sea necesario remontarse a un remoto pasado cuya verosimilitud resulta indescifrable, indemostrable o por lo menos discutible.

La globalización ha desenterrado los mitos nacionales y ha restablecido su vigencia a causa de los costes sociales de las finanzas y el comercio sin fronteras, de la asimetría cada vez mayor en el reparto de la riqueza, del paulatino desmoronamiento del Estado del bienestar en Europa, del modelo social regresivo articulado por las economías emergentes, de los flujos migratorios provocados por las guerras inconclusas y la pobreza extrema y del estéril desgaste de los sistemas democráticos al justificar lo injustificable. Frente al horror vacui por la ausencia de futuro surge el recurso a la nación como puerto de refugio; la nación como salvación colectiva que contiene la presión exterior, se impone a los requisitos de sistemas supranacionales y se desentiende de cuanto siente que puede modificar sus señas de identidad: los refugiados, el euro, los inmigrantes hispanos –en Estados Unidos– y otros ingredientes de naturaleza muy variada.

El larguísimo editorial publicado el último domingo por el semanario británico The Observer, de alma liberal y tradición comedida, rompió por una vez con su estilo contenido para afirmar lisa y llanamente que Liam Fox, secretario de Comercio Exterior, “debe buscarse otro trabajo” si cree de verdad que el Reino Unido, negociando a solas, puede lograr mejor trato en China, la India o Estados Unidos que haciéndolo como socio de la UE. Y esta no era la peor de las críticas dirigidas a un Gobierno que, adaptado a los excesos verbales del UKIP, un partido en crisis después de lograr la victoria del brexit, parece haberse sumido en la irreflexión en nombre de las esencias, así se ponga en juego la suerte de la libra, la pertenencia al mercado único o el futuro de los centenares de miles de extranjero que han construido su vida en el Reino Unido. Con una paradoja o consecuencia inmediata: alimentar el nacionalismo escocés, que se alarma y moviliza ante la posibilidad de quedar fuera de la UE no a causa de su eventual independencia, sino del viaje a ninguna parte emprendido por el Gobierno británico.

Este renacimiento de la nación como referencia primera y razón última suplanta el debate ideológico o lo simplifica. Susana Díaz puso patas arriba el PSOE con el argumento rotundo de que –más o menos– ahora España es lo primero y luego ya se verá adónde se encamina el partido, algo que firmaría cualquier nacionalista rancio con independencia de su adscripción política. Promover la abstención en el Congreso no es el resultado de una reflexión ideológica, sino de una necesidad acuciante sobrevenida, tener Gobierno, aunque este Gobierno que urge sea el mismo o casi el mismo que se pone de perfil cuando declara Francisco Correa, y las apelaciones a las necesidades apremiantes de la nación resultan insuficientes para atenuar la pestilencia. Mientras el profesor Ignacio Sánchez-Cuenca ve “simple y llanamente, condonar la corrupción del PP” en la abstención que permitirá a Mariano Rajoy formar Gobierno, el nacionalismo (español en este caso) ve en el gesto un sacrificio necesario en el altar de la nación, una obligación ineludible.

¿A quién puede sorprender que frente a esta modalidad de nacionalismo centrípeto surja, se consolide y llene la calle otro centrífugo, asimismo simplificador del presente y del pasado? ¿A quién puede sorprender que en Europa se multipliquen los casos de desafección, de incomodidad dentro de algunos estados si estos, a su vez, alumbran todos los días nuevas formas de nacionalismo antieuropeo, a veces muy agresivo, o de europeísmo sin más interés que hacer buenos negocios en una zona de libre cambio? ¿A quién puede sorprender, en fin, que el populismo asome por todas partes si comparte con el nacionalismo, tan difundido, el hábito de simplificar los conflictos sociales y políticos, reduciéndolos a eslóganes llamativos con una capacidad de convicción inmediata? A nadie, seguramente.

 

Una crisis de identidad

La crisis que despedaza al PSOE y pone al más veterano partido español en la senda del caos obedece a muy variados factores, entre ellos la crisis de identidad de la socialdemocracia europea, que se remonta a los albores de la globalización como santo y seña de la economía occidental. Desde aquel entonces, comienzos de los 80, todos los cambios ocurridos –creación del Sistema Monetario Europeo, desaparición de la Unión Soviética, unificación de Alemania, ampliación de la UE y respuesta a la crisis de 2008, entre otros– han empequeñecido la alternativa socialdemócrata, sometida a un posibilismo de bajos vuelos y resignada a aceptar las reglas impuestas por la charcutería política y el reparto del poder más allá de las urnas. Si alguna vez la hegemonía cultural tuvo perfil socialdemócrata, y esto es mucho suponer, hace tiempo que pasó a manos del pensamiento conservador más retardatario y menos comprometido en el combate contra la desigualdad social, y la pelea en curso en las filas del PSOE no es ajena a esa desfiguración socialdemócrata, aunque los personalismos pesen lo suyo y hayan marginado la discusión ideológica.

François Mitterrand declaró en febrero de 1983: “Estoy dividido entre dos ambiciones: la de la construcción europea y la de la justicia social. El Sistema Monetario Europeo es necesario para lograr la primera y limita mi libertad para la segunda”. En la práctica, la construcción europea, tal como se enfocó en los años siguientes, hizo poco menos que inviable todo reformismo que obligara a replantearla. Decir “no, por ahí no” en nombre de los equilibrios sociales se hizo cada vez más difícil, y la socialdemocracia se alejó sin pausa de su legado histórico, aquel que después de la segunda guerra mundial le otorgó el papel de contrapeso del pensamiento conservador y le permitió ser un factor determinante en la reconstrucción de Europa junto con la democracia cristiana. Así mutó el ADN de los partidos socialdemócratas hasta aparecer como partidos social-liberales, cada vez más liberales y menos sociales, cada vez más sorprendentemente transmutados en parte inseparable y muy poco distinguible del resto del establishment europeo.

Es una ingenuidad suponer que el PSOE vivió al margen de esta lógica. La hegemonía cultural del pensamiento conservador también afectó a su deriva ideológica, en 34 años pasó de 202 diputados (octubre de 1982) a 85 (junio de 2016) y careció de capacidad de respuesta frente a la aparición de movimientos políticos nuevos, surgidos en medio de la crisis social, el empobrecimiento de las clases medias y las exigencias abusivas de Bruselas para corregir desequilibrios económicos estructurales casi endémicos. Mientras el sistema financiero jaleó la cirugía de hierro practicada por el PP, la contención socialista produjo una legión de defraudados, así se pasó del equilibrio social como objetivo a los desequilibrios sociales como sistema –leer a Thomas Piketty es poco menos que imprescindible–, y de ahí a la aparición de Podemos, mezcla heteróclita de corrientes políticas de izquierda –no todas radicales, por mucho que se diga– en situación de resucitar la vieja teoría de las dos orillas (de la izquierda, claro).

Quienes gasten buena memoria recordarán que este de las dos orillas fue el gran invento o juego de manos de Julio Anguita, que resultó del todo beneficioso para los gobiernos de José María Aznar y desorientó a una parte de los votantes tributarios de la cultura política comunista en sus muchas y muy variadas acepciones. Porque aquella teoría de las dos orillas llevaba implícita al erosión del PSOE a cambio de un crecimiento siempre modesto de la izquierda de la socialdemocracia, insuficiente en todo caso para alarmar a los conservadores. Puede que en el fondo de la teoría de las dos orillas alentara el recuerdo de aquel crucigrama francés llamado Programa Común, pilotado por Mitterrand, que le permitió llegar a la presidencia y devastó al Partido Comunista; quizá la teoría de las dos orillas fuera un apósito, un parche para contener una hemorragia: el lento proceso de jibarización del poscomunismo.

Pablo Iglesias ha vuelto a las dos orillas o algo parecido, aunque sin mencionarlo o darle nombre. Su abrazo emocionado a Anguita (13 de mayo) pareció confirmarlo después de que el exlíder de Izquierda Unida declarara que Podemos había logrado lo que él siempre persiguió. Hay en todo ello riesgo de absorción, de debilitamiento del PSOE al pasar los votantes de una orilla a otra, decepcionados con la respuesta socialdemócrata a la crisis, descontentos con esa adecuación a los aspectos más lacerantes de la resolución o salida de la crisis. Y en este punto se entienden los recelos de los barones y aún su oposición a pergeñar un pacto con Podemos de estabilidad más que dudosa y rentabilidad política desconocida.

Lo que resulta por lo menos discutible, y lleva directamente a buscar explicaciones en el desfallecimiento de la socialdemocracia europea, de su identidad política, es la insistencia de las baronías en facilitar la investidura de Mariano Rajoy en nombre de una difusa, profusa y confusa responsabilidad política o razón de Estado, un pretexto tan socorrido que merece aplicársele la irónica sentencia surgida de la pluma de Miguel de Cervantes: “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura” (la del Estado). Como si fuese más responsable y razonable dar facilidades al PP mediante la abstención para que pueda formar Gobierno que atender a los argumentos de Pedro Sánchez hasta llegar a la situación presente, con el secretario general atrincherado en su despacho, la vieja guardia en un grito y la militancia y los votantes –siempre menguantes– preguntándose qué está sucediendo, cómo es posible que se haya impuesto la táctica de la derecha –esperar a que el tiempo pudra la situación– hasta dejar al partido exhausto.

No hay peor ni más dañino fuego que el fuego amigo, y este se dispara a discreción o mediante ocultamiento en la sede socialista desde bastante antes de que Sánchez encadenara errores hasta aparecer como un líder obstinado y parapetado en el puente de mando. Hay tanto ruido en esta insólita crisis, tantos personalismos envueltos en la bandera –debiera decirse acaso las banderas, sumadas al suceso las de varias autonomías–, que no hay forma de deslindar las preocupaciones legítimas por la gobernabilidad de la reyerta interna por el poder, reducido a su mínima expresión el debate de las ideas. Pero esta historia de despropósitos no debiera extrañar a nadie porque, como ha quedado dicho, la hegemonía cultural –de cultura política– la ostenta la derecha y la socialdemocracia busca sin encontrar. Véase la desnaturalización del Partido Socialista en Francia, sometido a la ducha escocesa de Manuel Valls –un día el Estado lo es todo y al día siguiente lo es el mercado– y a las divagaciones de François Hollande, véase la sujeción de la socialdemocracia alemana a la receta de Angela Merkel o esa enigmática apuesta del laborismo británico por Jeremy Corbyn, tan propia del comportamiento errático del partido; véase todo, quizá, bajo la luz de una identidad desdibujada por la Realpolitik en su significado menos tolerable.

“Esta extraña época no solo ha conformado a las élites y a los hombres de Estado, sino que, además, se dotó de un cuerpo doctrinal que postulaba el inmovilismo”, escribió Alain Minc en La nueva Edad Media. El libro fue publicado en Francia en 1993, y la frase remite a las reglas de la guerra fría y del equilibrio nuclear, pero puede aplicarse al presente, al inmovilismo que atenaza a la izquierda clásica, la socialdemocracia forma parte de ella, frente a la lógica innegociable de la globalización, de la salida de la crisis mediante la austeridad como receta única y asimismo innegociable. Muchas de las debilidades del PSOE que han aflorado en ese terremoto por el poder que zarandea al partido son de estricta obediencia española, pero otras, bastantes, proceden de una pregunta sin respuesta en el espacio socialdemócrata europeo: ¿adónde vamos? No sería mal comienzo que los nietos de Willy Brandt sometieran a reflexión esta frase suya: “Estamos contra los cínicos que oprimen a sociedades enteras”.

La extenuación saharaui

La muerte de Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), devuelve a un lugar destacado el tan a menudo olvidado conflicto del Sáhara Occidental, que se remonta a 1975. Ninguna de las iniciativas promovidas por la comunidad internacional para rescatar al pueblo saharaui de la vida precaria en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) ha desatascado un conflicto que Marruecos, de facto, da por amortizado, y sucesivos gobiernos argelinos han sustentado como parte de su disposición a mantener la vigencia de su enfrentamiento con Marruecos. Tampoco han sido especialmente fructíferos los intentos de varios gobiernos españoles de mediar en el conflicto, y demasiadas veces la política de las emociones se ha impuesto a la de los hechos, al dato ineludible de que 40 años de resistencia no han aportado mejoras reconocibles a los saharauis acampados en el desierto.

Como ha explicado Beatriz Mesa en EL PERIÓDICO, la estrategia política del Frente Polisario, fundado en 1973, emite señales de agotamiento, defrauda desde hace tiempo a una parte importante de la juventud saharaui y ha perdido el prestigio del que gozó en el pasado. El anquilosamiento de las estructuras del movimiento y la voluntad de sus dirigentes de perpetuarse en el poder han inducido cada día a más refugiados a preguntarse qué sentido tiene seguir en el desierto si, a la hora de la verdad, la posibilidad de que se celebre un referéndum de autodeterminación forma parte de los sueños irrealizables. Dicho de otra forma: a qué puerto de llegada conduce encastillarse en la reivindicación de la independencia.

Aunque la Unión Africana ha reconocido a la RASD, la causa saharaui despierta simpatías en Europa, singularmente en España, y los programas sociales sirven para atenuar los efectos del exilio, lo cierto es que el bloqueo de la situación, las relaciones de Marruecos con España y los argumentos a favor de la anexión esgrimidos por el grueso de la comunidad académica y de los intelectuales marroquís apenas dejan margen de maniobra. Un autor tan relevante de la cultura marroquí de expresión francesa como Tahar ben Jelloun ha escrito: “Cada vez que Marruecos propone una solución, es seguro que Argelia se opondrá. Este escenario simplista es desgraciadamente cierto. Lo que está en juego en este caso no es ni la autodeterminación del pueblo saharaui, que vive bajo la presión de Argelia en las tiendas de Tinduf, ni el respeto a los principios y valores democráticos, sino el rechazo sistemático a lo que es Marruecos: un vecino incómodo al que no se puede mover de sitio”.

Incluso admitiendo que el parecer de Ben Jelloun es discutible, y que recoge en todos sus extremos la posición de palacio y de todos los gobiernos de Rabat desde 1975, hay en la opinión pública marroquí un sentimiento poco menos que unánime en cuanto a la pertenencia histórica del Sáhara Occidental al reino. Más allá de la fantasía desbocada que invoca el gran Marruecos que existió en un pasado del todo confuso, ha arraigado la sensación de que la salida al conflicto saharaui debe buscarse en formas que excluyan la independencia y garanticen, al mismo tiempo, que los acampados en Tinduf no serán absorbidos o asimilados y su cultura no se disolverá en el entramado sociopolítico marroquí. Otros caminos son teóricamente posibles, pero no se adivina quiénes pueden forzar la situación para que sean viables y para que Marruecos se resigne, llegado el caso, a perder la gestión de los recursos naturales –fosfatos, pesca y otros– de la excolonia española.

La multiplicación de declaraciones, resoluciones, gestiones diplomáticas con participación de nombres de peso como el de James Baker, idas y venidas de los líderes saharauis y toda clase de campañas internacionales han tenido una eficacia que tiende a cero. Es más que posible que los argumentos morales estén del lado de los saharauis, pero estos son insuficientes para desenredar la madeja según se puede comprobar. No falta razón a quienes entienden que el pueblo saharaui fue víctima de un doble atropello: el de una descolonización sin garantías por parte de España y el causado por Hasán II al poner en movimiento una multitud para ocupar el territorio, pero la comunidad internacional se puso de perfil y las reglas de juego de la guerra hicieron el resto. Que luego la ONU concluyera que no podía considerarse a Marruecos potencia administradora tuvo tanto valor jurídico como nulos efectos prácticos.

Al mismo tiempo, es perfectamente reconocible la utilización del conflicto por Argelia y, por tal razón, el porvenir incierto que aguarda a los instalados en campos de refugiados. La protección argelina de la causa saharaui responde a intereses reseñables relacionados con la influencia regional, con las ventas de petróleo y gas como armas de presión sobre terceros y como método para contrapesar la importancia de Marruecos en términos de seguridad (control del yihadismo en el Magreb) y de atenuación de los flujos migratorios. Esa lógica argelina responde a las necesidades y al cálculo de riesgos de hoy, que pueden no ser los de un futuro lleno de incógnitas a causa del cambio generacional que se avecina en los pasillos del poder en Argel y del ocaso del presidente Abdelaziz Buteflika.

La alternativa autonomista, denostada por los ideólogos de la independencia, queda lejos de los objetivos iniciales de la resistencia, pero se antoja factible, que no fácil. Desde que el 21 de abril del 2008, Peter van Walsum, enviado especial del secretario general de la ONU, declaró que “un Sáhara Occidental independiente no es una proposición realista”, ha ganado enteros la opción autonomista y se ha debilitado la de la autodeterminación, con la consiguiente controversia interna en el seno de la comunidad saharaui entre los jóvenes que propugnan romper la tregua de 1991 y volver a las armas y los que forman en el bando partidario de aceptar la autonomía como la solución menos mala para disfrutar de condiciones de vida dignas y despejar el camino a las generaciones venideras. Ni siquiera el rebrote de la resistencia en el 2010 ha modificado los términos de estos dos enfoques excluyentes y que entrañan el riesgo cierto de fractura en la sociedad saharaui.

Se dan en el conflicto del Sáhara Occidental factores históricos que sustentan el deseo de lograr la independencia, pero hay demasiados datos que operan en su contra: debilidad demográfica –cerca de 600.000 habitantes–, ensimismamiento de la RASD, el sistema de alianzas de Marruecos, la atonía argelina y varios factores de índole económica. Frente a ese marco de referencia, tienen menos importancia efectiva a cada año que pasa las discusiones sobre la legitimidad de la ocupación marroquí a partir de la Marcha Verde (1975), de la guerra, del alto el fuego y de la división del territorio mediante una barrera defensiva que se extiende de norte a sur. Y, al mismo tiempo, son cada día más los saharauis que no han conocido otro hogar que campamentos en medio del desierto, educados en una cultura de la resistencia agotadora y sin más horizonte que subsistir en medio de la nada desde hace 40 extenuantes años. El precio pagado parece demasiado alto como para no rectificar el rumbo aunque se tenga razón.

Banderas en campaña

Solo la creencia de que prohibir la exhibición de estelades durante la final de la Copa del Rey llenaría de votos el zurrón del PP el 26-J explica el despropósito de Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid, de promover tal medida. Las referencias a la ley del deporte del 2007, a la ley contra la violencia, el racismo y la xenofobia y al riesgo de que se vea alterada la seguridad durante la celebración del partido abundan en el disparate y causan estupor porque no son más que cortinas de humo para encubrir el sectarismo de una decisión descabellada. Es innecesario ser independentista para llegar a la conclusión de que la iniciativa de Dancausa establece un límite arbitrario a la libertad de expresión que ningún antecedente justifica: la estelada es, sin duda, la bandera de una facción política, pero hasta la fecha no ha sido sinónimo o coartada para recurrir a la violencia.

La sensata decisión del juez de Madrid Jesús Torres Martínez de invalidar la prohibición debiera sonrojar a quienes la defendieron, de Jesús Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, al orfeón gubernamental. Que a estas alturas de la historia alguien quiera sostener en España que el fútbol es solo fútbol y nada más que fútbol, resulta francamente pintoresco: en un espectáculo deportivo que comporta la interpretación de himnos, flamear de banderas y presencia abundantísima de autoridades en el palco, incluida la del jefe del Estado, pretender que la política no debe estar presente es una distorsión de la realidad que atenta contra la fuerza de los hechos. Si estos fueran otros, no aparecería la bandera española en el Bernabéu y otros campos (los que la enarbolan están en su perfectísimo derecho), y Manuel Vázquez Montalbán nunca hubiese dicho del Barça que es “el ejército de un país desarmado” (¡viva la ironía!).

En todos los nacionalismos, y el español no es una excepción, hay un fondo de fundamentalismo excluyente, y el conflicto asociado a la final no es diferente a otros muchos episodios que responden a una gran simplificación: nosotros y ellos. En el bien entendido de que tal simplificación lleva sin remedio a alguna forma de confrontación irresoluble. Si, además, hay una cita electoral a la vista y prevalece la suposición de que cuanto peor, mejor, entonces la prohibición de Dancausa se inscribe en una estrategia de propaganda y agitación encaminada a presentar al PP como el guardián de las esencias frente a otras opciones debilitadas por la propensión a la conllevancia orteguiana; menos patrióticas dirían los puristas partidarios de envolverse en la bandera.

Claro que luego sucede que entre los compañeros de partido de la promotora de la medida que tumbó el juez surgen no solo las dudas, sino la incomodidad evidente de verse obligados a defender lo indefendible y, por este camino, arrojar piedras contra su propio tejado. Así los dirigentes catalanes del PP de Ciudadanos, nada sospechosos de promover la independencia, pero tan desasistidos por el núcleo duro de los populares. En fin, basta aceptar que dos y dos son siempre cuatro en base diez, como enseñan en la escuela, para llegar a la conclusión de que no hay mejor manera de inyectar dosis extra de entusiasmo a la brega independentista y, quizá, de producir militantes para la causa de nuevo cuño que dar la vara durante unas horas con la prohibición de la estelada en el estadio Vicente Calderón.

Que desde entornos académicos tan diferentes como los de los profesores Francesc Valls, de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Javier García Roca, de la Universidad Complutense de Madrid, se llegue a conclusiones coincidentes debiera preocupar a los rigoristas del Gobierno que tantas veces confunden la ley con un texto revelado y ven en toda discrepancia una afrenta. Dice García Roca: “La estelada es un símbolo de independencia, no de violencia. No es, por ejemplo, una cruz gamada nazi. No tiene nada que ver”. Y tal afirmación es tan meridianamente exacta que resulta agotador tener que repetirla ad nauseam, de la misma manera que lo es tener que recordar que el Tribunal Constitucional estableció en 1982 que la libertad de expresión es uno de los fundamentos de la sociedad democrática incluso cuando contiene opiniones que “pueden inquietar al Estado”.

¿Cómo es posible que antes de la resolución del juez Torres Martínez nadie en los despachos del Gobierno cayese en la misma cuenta que quien ha atendido los recursos presentados? Se dice en el texto salido del juzgado que la prohibición impide manifestar de forma pacífica una ideología política “sin que concurran razones y motivos con la entidad suficiente para poder restringir el uso de un derecho fundamental”. Es preocupante que sea preciso tal recordatorio, porque ese derecho fundamental, la libertad de expresión, es indisociable de la calidad de una democracia, resulte de ello algo que pueda “inquietar al Estado” o a quienes lo administran, o genere el ejercicio de tal libertad una atmósfera favorable a los gobernantes. Y es asimismo preocupante el apoyo dado por la fiscalía a la prohibición dictada por Dancausa en nombre de hipotéticos “perjuicios graves a intereses de terceros”, sin que se especifique si esos terceros son los seguidores del Sevilla (no parece), parte de los espectadores que verán el partido por televisión o quienes siguen creyendo que la calle no es de todos y los estadios, tampoco.

Resulta incomprensible que la misma semana que la deuda del Estado supera el valor del PIB, que la Unión Europea considera imponer a España una multa de 2.000 millones por incumplir el déficit –en realidad, se la impondría a los españoles, que sin comerlo ni beberlo sufrirían las consecuencias–, que la Púnica se asemeja a una hidra de siete cabezas y que el incendio de Seseña deja al descubierto la ineficacia de varias administraciones, pueda alguien perder el tiempo con una guerra de banderas. Como si la política de las emociones, si es que de eso de trata, hubiese de ser la piedra sillar sobre la que se asentará la campaña electoral; como si esa trifulca tuviese por objetivo o misión desviar el foco de asuntos menos triviales, más urgentes, más trascendentes, pero también de más difícil y costosa gestión. ¡Ay, las banderas!

 

Francia, en el túnel de la fractura social

La reforma laboral puesta en marcha en Francia ha enardecido la calle, dividido al Partido Socialista (PS) una vez más y dejado en estado de debilidad extrema a François Hollande a un año justo de la elección presidencial. La conocida como ley El Khomri por el apellido de la ministra que la promueve, tiene el perfume inconfundible de la legislación española impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y hace temer a los sindicatos, a diferentes versiones de la izquierda y a organizaciones cívicas de nuevo cuño que el efecto inmediato de la reforma sea una desregulación del mercado de trabajo que, en el colmo de las paradojas, ni siquiera complace a la derecha, siquiera sea porque todo vale para disparar al pianista (Hollande) a un año de que el despacho del Eliseo esté en juego.

Al recurrir a un privilegio del Ejecutivo para sacar adelante la ley mediante una aplicación forzada de la Constitución, el presidente de la República y el Gobierno de Manuel Valls han oficializado la fractura entre el Ejecutivo y una parte no desdeñable del grupo parlamentario socialista, mayoritario en la Asamblea Nacional, pero minado por el debate ideológico. Nunca se ha sentido el ala izquierda del PS satisfecha con el rumbo dado por Hollande a su presidencia, pero cuando pertenecen al partido 26 de los 56 firmantes de una moción de censura animada por diferentes fuerzas progresistas, la situación adquiere tintes de extrema gravedad. Que luego faltaran dos firmas y la moción no prosperara es menos importante que el hecho mismo de que sumaran su nombre a una iniciativa que, a fin de cuentas, fue la respuesta a una ley considerada regresiva, que el Gobierno defiende como fundamental, ineludible, para rescatar la economía francesa de la atonía, pero que es tenida por desastrosa por cuantos la impugnan desde la izquierda, atentos todos ellos a la degradación del mercado de trabajo en España (precariedad, contratación temporal creciente, caída de los salarios, etcétera).

Está la atmósfera de Francia cargada con la electricidad de un gran divorcio entre el poder y la calle; entre las exigencias de la economía global y las conquistas sociales de la Quinta República; entre las recetas de los eurócratas y el sentimiento nacional herido. Las concentraciones en la plaza de la República de París, el movimiento Nuit Debout, las proclamas de Les Économistes Atterrés, del que forma parte el elocuente Frédéric Lordon, uno de los rostros más visibles de las protestas, todo configura una doble fractura: genérica, porque aleja al Gobierno de su electorado tradicional, y generacional en el seno de la clase media, de donde procede el grueso de los jóvenes movilizados contra la ley, decepcionados por un futuro que temen peor que el presente, y que están convencidos de que deberán amoldarse a unos estándares de vida menos confortables que los que disfrutaron sus padres. De tal manera que se antoja demasiado fácil, por no decir injusto, aplicar el sobrenombre de bobobourgeois-bohème– a los movilizados de hoy, rescatando el apelativo aplicado por el frente gaullista a los agitadores de la Sorbona en mayo de 1968.

El argumento central de la izquierda para presentar la moción de censura que en última instancia no prosperó se remite a un solo dato: “A una situación excepcional, una respuesta excepcional”. La reflexión de la derecha al presentar una moción de censura, finalmente derrotada, fue un paso más allá al preguntarse si el presidente no debía disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones para abrir la posibilidad de que se forme una nueva mayoría. El periódico conservador Le Figaro trasmitió la pregunta a sus lectores a sabiendas de que Hollande no se expondrá a una debacle electoral antes de tiempo, pero desde el mismo momento en que el Gobierno optó por el camino expeditivo del artículo 49.3 de la Constitución –lo que evitó en primera instancia que la reforma laboral fuese debatida en la Cámara– se abrió la veda; pudiera decirse que la campaña electoral ha empezado once meses antes de lo previsto.

El intelectual Jean Daniel entiende que cuanto sucede es resultado de un largo proceso en el que “la izquierda ha intentado acomodarse a la economía de mercado, llamada también capitalismo, mientras que la derecha se habituaba a ser liberal y centrista”. “Este trastorno se producía suavemente –sigue Daniel en las páginas de Le Nouvel Observateur, el semanario que fundó–, en todo caso sin una agresividad provocadora. Hasta que llegaron las consecuencias de la mundialización, de la descolonización, de la inmigración, de las primaveras árabes y de la demencia revolucionaria. Sufrimos el paro y la falta de crecimiento, y hemos visto aparecer la violencia religiosa en todo su nihilismo. La reacción se ha producido”.

Quizá el conglomerado social de Nuit Debout, semejante en muchas cosas al 15-M español, no comparta por completo el punto de vista de Daniel, pero puede seguirse en él el rastro de una sociedad en crisis. Si a ello se añade la incapacidad manifiesta de Hollande y Valls para reformar a través del consenso, como se argumenta en un análisis publicado por el diario progresista Le Monde, es fácil llegar a la conclusión de que el modelo francés de sociedad del bienestar, superviviente de numerosas pruebas, emite señales de agotamiento, genera dosis cada vez mayores de insatisfacción y desorienta a una parte de la opinión pública, dispuesta a invocar los valores intangibles de la nación mediante la peor de las opciones posibles: la extrema derecha encabezada por Marine Le Pen. No hay en la demagogia del Frente Nacional otra cosa que la explotación del miedo acumulado por ciudadanos asustados por los desafíos de un mundo cambiante, las finanzas globales, el terrorismo yihadista y una sensación de vulnerabilidad extrema, pero no por ello deja de resultar atractiva la oferta para los electores con alma conservadora.

La fronda en el Parlamento y en la calle, tan apegada a la historia de Francia desde los días del cardenal Mazarino y de Luis XIV, no es formalmente muy distinta a las anteriores, salvo en el apego al realismo: nadie busca la playa bajo los adoquines como en las jornadas del 68, sino que no se configure un futuro poco halagüeño, con una acumulación insoportable de víctimas de la historia en la cuneta del camino hacia no se sabe dónde. El filósofo Edgar Morin habla de una crisis planetaria, de civilización, a la que no escapa Francia, cuya primera consecuencia es un deterioro social, industrial, geográfico, territorial y humano. El futuro no es solo una incógnita, como siempre lo ha sido desde la noche de los tiempos, sino una angustia; cada vez son menos los que confían en que el mañana sea mejor que el presente y, al mismo tiempo, redoblan sus esfuerzos para convencer los profetas del crecimiento ilimitado, de la liberación tecnológica y de la marginalidad de los saberes humanísticos.

La composición heterogénea de las manifestaciones y concentraciones que desde hace días alteran la agenda política del Gobierno de Francia es la prueba fehaciente de que la sensación de oscuridad que viene del futuro es compartida por un segmento ideológico y social cada vez más amplio. El profesor Roland Gori se refiere en las páginas de Libération a la vigencia del taylorismo (por Frederick Taylor), aquella corriente económica de principios del siglo XX orientada a aumentar la productividad y a neutralizar el control sindical sobre los ritmos de producción, un pensamiento que quizá reverdece, aunque hasta no hace mucho pareció superado por el pacto social y la confluencia de la democracia cristiana y la socialdemocracia en un modelo humanamente sostenible. Quién y en qué condiciones puede capitalizar el subsiguiente descontento angustiado, es impredecible; depende en gran medida de cuál sea la sensibilidad del establishment para evitar la fractura o para dar vida a nuevas etiquetas políticas atentas a las reclamaciones de los movilizados, de cuantos ven en la salida de la crisis la quiebra de un engarce social equilibrado.

 

 

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.

El ‘establishment’ presiona al PSOE

La movilización del panteón de vivos ilustres, jarrones chinos y otros clásicos retirados de la política no es más que la punta de lanza de otra movilización, esta de europeos ilustres en activo, encaminada a encarrilar la formación de una mayoría de gobierno en España a gusto del establishment. El enigmático deseo manifestado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, “quiero que España esté a la altura”, es en realidad poco enigmático: confía en que el desenlace se ajuste a lo que se espera en los despachos de la UE. Que se atenga a la manifiesta voluntad de cambio expresada por los electores el 20 de diciembre pasado es menos importante; lo que realmente cuenta es que nada perturbe la ortodoxia.

La proclama o manifiesto de la Fundación España Constitucional, donde se exalta la necesidad de que las negociaciones en curso garanticen “la unidad de España, la igualdad de los españoles, la estabilidad política, el progreso económico, el desarrollo social y la regeneración democrática” mediante una coalición de dos o más “partidos constitucionalistas” –es innecesario enumerarlos–, desprende el mismo aroma que las palabras de Juncker. Habida cuenta de la procedencia de los integrantes de la fundación, exministros de UCD, del PSOE y del PP, no es exagerado concluir que estar a la altura consiste justamente en cumplir con los objetivos prefijados en el texto: la gran coalición o algo parecido, una reforma constitucional contenida para parchear el problema catalán y un enfoque de la economía que respete hasta la última coma la voluntad de los llamados mercados.

Otra proclama en forma de artículo, esta de Luis Solana en elplural.com, completa la de la fundación. Dice su autor que compete al PSOE educar a Podemos, “un partido imposible de encajar en una democracia europea”, pero necesario, “porque es imposible llegar a mayorías democráticas de cambio sin Podemos y porque el PSOE sabe muchísimo de cómo hay que educarse para lograr una izquierda eficaz para los desfavorecidos”. ¿Se refiere Luis Solana al PSOE de la chaqueta de pana de Felipe González o al de Alfonso Guerra cuando amenazaba –no le faltaba razón– con aplicar a algunos latifundistas la ley de fincas manifiestamente mejorables? Porque si se remonta a aquel PSOE, el que sometió a Adolfo Suárez a una moción de confianza sin posibilidades, el de La OTAN de entrada, no y otros eslóganes osados, hay que decir que no le pudo ir mejor su falta de educación política: en 1982 obtuvo 202 diputados, una mayoría absoluta nunca igualada ni de lejos.

Esto es, quizá las presiones para encauzar las cosas mientras se educa a Podemos sea el modo más directo para que este partido llene con más votos el zurrón en el próximo asalto, puede que dentro de un par de años, cuando, consumada la reforma constitucional, según se prevé, se disuelva el Parlamento y se convoquen elecciones. La inquietante idea expresada en su día por Artur Mas a tenor de la cual había que corregir aquello que las urnas no habían otorgado, se diría que hace escuela, gana adeptos que desoyen a quienes advierten de que forzar las cosas más allá de toda lógica puede ser pan para hoy y hambre para mañana (Gobierno para hoy, oposición dentro de un tiempo). Podemos es un conglomerado ideológico con frecuencia imprevisible, pero con una capacidad de movilización que no permite hacer vaticinios sobre cuál es su techo electoral si, mientras se le educa, se mantienen algunas constantes en la reforma económica vigente: crecimiento de las desigualdades, desregulación del mercado de trabajo, aumento de la frustración entre los más jóvenes e insensibilidad social de los gobernantes, trufado todo con una corrupción endémica.

Las presiones para esa coalición de lo previsible soslayan esos datos; sus urdidores se remiten a las cifras macroeconómicas, tan engañosas con frecuencia, a las estadísticas y a la actuación de la policía y los jueces para dejar al descubierto a los corruptos. Pero al parapetarse detrás de tales muros dejan sin respuesta la pregunta formulada por Tony Judt en el 2009: “En nuestro tiempo, ¿cómo hemos llegado a pensar en términos exclusivamente económicos?” Porque detrás de la opinión de cuantos creen, con Felipe González a la cabeza, que ni el PP ni el PSOE deben impedir que el otro gobierne, se adivina la convicción no confesa de que lo que más importa es poner a salvo el statu quo –el económico en primer lugar– y, en cambio, es menos acuciante ser eficaz en auxiliar a los desfavorecidos, el término elegido por Luis Solana.

Claro que no hay forma de situar la multiplicación de gestos y declaraciones de Podemos en el terreno de lo razonable, sino más bien en el de la prepotencia, cuando no de la burla o del desprecio, pero promover su aislamiento no hace más que alentar el discurso fácil, aquel que, prescindiendo de la realidad, desgasta al adversario. Desde la descalificación de la casta a la reclamación de todos los ministerios importantes en una hipotética coalición con el PSOE ha transcurrido muy poco tiempo, suficiente en todo caso para que, guste a no a Pablo Iglesias y su equipo, Podemos se haya adecuado a los peores hábitos de la charcutería política o educado según ella demanda. De ahí que resulte particularmente sorprende que Albert Rivera diga con gesto convincente que no se puede arrinconar al partido que ha obtenido más de siete millones de votos (el PP) a pesar de las últimas pestilencias –el gang valenciano, Acuamed– y, al mismo tiempo, actúe convencido de que sí se puede arrinconar al que ha obtenido más de cinco millones (Podemos), tan acogido a las reglas del sistema, aunque se le tilde de fuerza radical, de extrema izquierda o de antisistema.

Todo lo cual lleva a suponer que las presiones de los poderes fácticos, es decir, financieros, para un pronto desenlace aspiran a que cuanto tenga que suceder no vaya más allá de un reformismo lampedusiano o cosmético para que nada cambie demasiado, aunque vaya en ello la supervivencia de algunas siglas venerables como las del PSOE. ¿Por qué el PSOE? Cuando se invoca la gran coalición que gobierna en Alemania para justificar aquí la conveniencia de imitar el modelo se parte de dos falsos supuestos: que la CDU que fundó Konrad Adenauer es equiparable al PP que creó Manuel Fraga y que el SPD responde a la misma peripecia histórica que el PSOE. No hace falta ser doctor en ciencias políticas para comprender que lo que en Alemania resulta más o menos útil, aquí tiene todas las trazas del abrazo del oso, de una operación que defraudaría al grueso de los votantes socialistas, más de cinco millones también, integrantes de la izquierda clásica española hasta donde alcanza la memoria. A modo de resumen: para el PSOE, la gran coalición pudiera ser una inmolación; la gran coalición de hoy pudiera ser causa primera del desfondamiento de mañana.

“El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado o estalla”, opinaba Enrique Tierno Galván, mente lúcida. El poder no es una entelequia, es algo concreto, tangible, expresión de una compleja trama de intereses y presiones, y lo que se negocia en este cursillo acelerado de pactismo que realizan los partidos para resolver el crucigrama del 20 de diciembre es exactamente eso, el poder. Para algunos, correr el riesgo de que le estalle en las manos puede significar un viaje hacia la nada; para otros, contemplar el estallido desde el patio de butacas puede ser una inyección de votos para pasmo del establishment que ahora presiona desde Bruselas y más acá.

Partidos bajo la lupa

En esta tierra de nadie o de todos entre el 27-S y el 20-D se suceden los acontecimientos, crecen la confusión y aún más la dudas acerca de la investidura del president Artur Mas, y la tentación a envolverse en la bandera está siempre ahí como último recurso. Acabada la legislatura, el PP se fue en busca del apoyo de sus socios europeos en el congreso de Madrid, más que un acto político, una preelectoral claque –“grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra buscando algún provecho” (segunda acepción del diccionario de la RAE)–, el mismo día que la Guardia Civil y los fiscales se personaron en el domicilio de Andreu Viloca, tesorero de CDC, y en la sede del partido en busca de pruebas del famoso 3%, de esa presunta financiación irregular que todo lo enturbia. Nada está escrito acerca de cuál debe ser el equipaje para realizar el viaje a Ítaca, pero es oportuno recordar la siguiente frase de Joan J. Queralt de su artículo del jueves en EL PERIÓDICO: “A Ítaca no puede llevarse como lastre la podredumbre de la corrupción”.

La incomodidad manifiesta de los socios de CDC, en una situación más imposible cada día, confirma lo atinado del aserto. No es solo la CUP la que reitera con más determinación que nunca que Mas no reúne las condiciones para repetir en la presidencia; el silencio de ERC y de las entidades soberanistas que alientan el procés es del todo elocuente. Como ha publicado El País en un editorial, “por muchísimo menos de lo que aquí se investiga, dirigentes políticos de los países con los que Mas gusta de comparar a Catalunya habrían dimitido ya”, y su disposición a presentarse a toda prisa en el Parlament para dar explicaciones apenas corrige su debilidad extrema para pilotar la nave. Todo el mundo tiene derecho a creer en tramas conspirativas, pero habida cuenta del tiempo que el asunto rueda por los juzgados y de los precedentes –los casos Palau, Pujol, Innova y otros–, nadie debe llamarse a engaño: algo no pequeño está por esclarecer.

Apelar a la inoportunidad del momento y la aparatosidad de las formas resulta pueril. Con el calendario preelectoral, electoral y poselectoral en la mano es imposible que la labor de los tribunales no pise o provoque un cortocircuito en las estrategias de los estados mayores de los partidos. Salvo que todo el aparato judicial pospusiera durante varios meses –quizá hasta enero– sus indagaciones relacionadas con la actividad de partidos o políticos bajo sospecha, es inevitable que a cada auto o diligencia se le encuentre un pero, un propósito oculto para dañar los planes de alguien. Es tan ingenuo no sospechar que en este embrollo y en otros –los Bárcenas, los Gürteles, los ERE, la Púnica y otras lindezas– no hay dosis de juego sucio como maliciar que todo responde a un plan predeterminado para neutralizar a adversarios políticos. Más que a simplificación de la realidad suena a manipulación de la historia.

Después de la publicación de las declaraciones de Francisco Correa en eldiario.es, lo menos que puede decirse es que la plaga del 3% –o de otros porcentajes– adquiere la categoría de pandemia. De ser cierto lo dicho por el cabecilla de la trama Gürtel, y hoy ya todo es posible o verosímil, “se trataba de adjudicar obras a empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, gerente y tesorero del PP. Tampoco ahí tiene sentido buscar la acción de una mano negra que pretende chafar la precampaña de los populares, con Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y compañía en la tribuna de oradores, sino esperar que los jueces hagan la luz y pongan a cada cual en su lugar, aunque tenga un elevado coste para la credibilidad del sistema la judicialización de la política, inevitable cuando la opacidad es un hecho. “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”, el sms que Mariano Rajoy mandó a Bárcenas un día de principios del 2013, lastra irremediablemente el relato elaborado por el PP para distanciarse de los presuntos manejos del extesorero.

Ese 3% ominoso y desvergonzado que aparece en todas partes debe esclarecerse, sea cual sea el coste, para evitar que arraigue la sospecha generalizada, se propague el escepticismo como enfermedad incurable y los ciudadanos lleguen a la conclusión de que son víctimas de un engaño permanente y premeditado. Es preciso, asimismo, para que queden a salvo de recelos cuantos se dedican a la política y no recurren al 3% (para que les cuadren las cuentas del partido o para procurarse todos los meses un sobresueldo dentro de un sobre). Es una necesidad de higiene democrática inaplazable que prevalezca la honorabilidad de las instituciones y de quienes las sirven. La regeneración democrática requiere reformas de todo tipo, entre ellas la de la Constitución, pero precisa ante todo descontaminar el aire viciado que se respira en demasiados despachos, en demasiadas tramas de poder, en los intersticios a través de los cuales es posible adulterar la financiación de los partidos políticos, necesarios por lo demás para que una democracia realmente lo sea.

Sería muy de lamentar que la Reforma para la Agilización de la Justicia Penal –nombre oficial del invento–, una iniciativa del PP aprobada por las Cortes, provocara un cuarteamiento de las causas en curso, como teme el exfiscal José María de Mena, debido a la obligatoriedad de que las investigaciones no se prolonguen más allá de 18 meses, prorrogables si lo autoriza el juez a petición del fiscal. “Preocupado el Gobierno, al parecer, por los macroprocesos, como el de la Gürtel –escribe Mena–, ha decidido agilizar la justicia acabando con ellos. Con la reforma legal, los grandes procesos deberán trocearse. Se juzgará a cada uno de los delincuentes por separado, con lo que, en la práctica, se difuminarán las grandes tramas de criminalidad financiera colectiva, y punto final”. Porque los males de la nación, sea la que sea la dimensión del territorio al que se aplica el término, no son asunto en manos de individuos que actúan por su cuenta y riesgo, sino que hay algo más que indicios de que en los 3% y otros enredos el funcionamiento se atiene a una logística precisa, a sólidas redes clientelares en las que participan corruptores y corrompidos con parecido desparpajo.

La mera posibilidad de imponer un punto final a las investigaciones supone dejar la puerta abierta a cegar los caminos para la depuración de responsabilidades en los casos del primer partido de Catalunya, del que hasta ahora ha dispuesto de la mayoría parlamentaria en España y de otros muchos asuntos que afectan a la limpieza y solvencia de las instituciones. Y esa mera posibilidad, de hacerse realidad, llevaría inevitablemente a una parte de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes a la desafección, a pensar que nada es trigo limpio, que todo es fruto de un rosario de componendas innobles. Porque rige hoy más que nunca en toda su extensión el juicio del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes”.