Puigdemont, una estrategia encubridora

La nueva entrega del circo de Puigdemont, expresión manejada por la profesora danesa Marlene Wind, tan poco sometida a los encantamientos del procés y de la internacionalización de la crisis pretendida por el soberanismo, ha certificado el error táctico cometido por el expresident en su pretensión de situar en el centro del conflicto la restauración de una presunta legitimidad democrática y no el cumplimiento de la ley. Las preguntas de la docente, tan precisas y concluyentes, se han vuelto contra los objetivos perseguidos por Puigdemont, acaso también por una parte del independentismo al galope, al aparecer las leyes vigentes, aprobadas por dos parlamentos democráticos, el español y el catalán, como una línea infranqueable que separa lo ilegítimo de lo que no lo es. Las leyes no son inmutables, ni siquiera perfectas y a gusto de todos, deben reformarse cuando son inadecuadas o quedan superadas por la realidad, pero no pueden soslayarse o incumplirse en nombre de principios genéricos tan traídos por los pelos como el derecho a decidir, en nombre de la abusiva creencia de que hay un mandato popular que legitima transgredir la Constitución y cuanto de ella se deriva.

El enfado con la Unión Europea del huidizo Puigdemont es perfectamente lógico y comprensible: esperaba que fuese la caja de resonancia que ampliara las exigencias independentistas frente a la cerrazón, asimismo abusiva y, sin duda, paralizante del Gobierno español. Pero se ha dado de bruces con la realidad, tan tozuda, con la solidaridad interestatal y con la opinión mayoritaria en la comunidad académica de que la ley puede y debe cambiarse mediante mayorías indiscutibles y de acuerdo con los mecanismos que la propia ley prevé, empezando por la Constitución misma. Dicho en corto: si una ley no funciona, es ineficaz o queda superada por los acontecimientos, hay que cambiarla a la mayor brevedad siempre y cuando sea mayoritaria la percepción de dicha urgencia en las instituciones –los parlamentos– encargadas de hacerlo. Si se suplanta el camino fijado por la ley misma por una simple maniobra de transgresión, el disparate o el despropósito están servidos.

Los argumentos de los encarcelados posteriormente liberados y de quienes siguen en prisión y han pedido al juez Pablo Llarena salir de ella han esgrimido por activa y por pasiva, sea de forma implícita o explícita, este principio de acatamiento de la ley –añadir por imperativo legal es una redundancia–, y a nadie puede sorprender que lo hayan hecho porque es consecuencia de la estrategia de sus defensas, del todo coherente con el acervo europeo en cuanto atañe al respeto por la ley. La reacción de los gobernantes europeos no es ni una excepción ni una sorpresa, sino todo lo contrario: era impensable que dudaran y transmitieran la impresión de que pasaban la maroma sin red tendida a medio camino de la defensa del Estado de derecho y de la comprensión con los arrebatos soberanistas registrados en Catalunya entre primeros de septiembre y finales de octubre. Y tal actitud ha continuado después del 21 de diciembre, habida cuenta de que la convocatoria electoral, el resultado de las urnas y la formación del nuevo Parlament es inseparable de los requisitos establecidos por las mismas leyes que el núcleo bruselense quiere dejar sin efecto mediante alguna alternativa, más chocante siempre que imaginativa (la proclamación de Puigdemont plasma mediante, por ejemplo).

El viaje a Bruselas del presidente del Parlament, Roger Torrent, para despachar o auscultar al expresident tiene el valor que se le quiera dar, pero pudiera ser el último acto necesario para certificar que con su eventual elección en el puente de mando del Gobierno catalán sería inalcanzable el objetivo fijado por el propio Torrent: que el Ejecutivo sea eficaz y útil desde el primer día, dicho con estas u otras palabras. Forzar el reglamento de la Cámara y consagrar a Puigdemont lleva indefectiblemente a perpetuar la aplicación del artículo 155 , la división social y la permanencia de la autonomía en la UVI. No hace falta echar mano de los argumentos del bloque constitucionalista para llegar a esta conclusión: los comuns, tan contemporizadores con el soberanismo, descartan apoyar la investidura de un president virtual, cuya primera herramienta de trabajo debería ser Skype.

Quizá la jornada bruselense de Torrent sea un paso obligado, profesional, quizá se trata del último acto de sometimiento de la mayoría parlamentaria a los planes pergeñados por Puigdemont y no tiene más objetivo que demostrar la inviabilidad del propósito. Quizá todo se deba a la necesidad de demostrar que es indispensable la aparición de un candidato alternativo, capaz de formar un Govern en activo desde el primer día, que pueda acudir al despacho todas las mañanas, que haga de la aplicación del artículo 155 un enojoso paréntesis del pasado y que esté en condiciones de pilotar el independentismo sin saltarse la Constitución, el Estatut, los dictámenes de los letrados del Parlament y el reglamento a las primeras de cambio. Quizá el relato vaya de eso o de algo parecido a eso; si, por el contrario, va de insistir en el vértigo de 2017, el propósito último de los rectores del independentismo es volver a la casilla de salida, y salga el sol por Antequera.

En la espera, en el descanso antes de que empiece la segunda parte, el soberanismo desvía la atención de asuntos acuciantes para medir la solvencia de sus gobernantes del pasado, imbuidos la mayoría de un pétreo sentimiento de posesión de la verdad, de una verdad absoluta e indiscutible, depositaria de una superioridad moral sin parangón posible. Así sucede con la sentencia del caso Palau, tan esclarecedora de los manejos del universo convergente y de algunos de sus sucesores, y así sucede con esa revelación reciente, no menos esclarecedora, referida al propósito del mando de los Mossos de incinerar las pruebas del aviso procedente de Estados Unidos (mayo de 2017) acerca del riesgo que corría Barcelona de sufrir un atentado. En ambos casos, no se ha dejado oír una sola voz pidiendo disculpas por la pestilencia del 3% y por la arremetida contra EL PERIÓDICO, dentro y fuera de las redes sociales, en cuanto reveló la existencia de la comunicación estadounidense.

En tradiciones democráticas y periodísticas de otras latitudes, la conclusión del caso Palau y ocultar las falsedades sostenidas por el Govern con posterioridad al atentado del 17 de agosto –no hubo aviso desde Estados Unidos, aseguró– hubiesen desencadenado una crisis de confianza en todas direcciones, seguido de dimisiones, mea culpas y otros daños colaterales. El simple encabezamiento de la información publicada el lunes por EL PERIÓDICO habría zarandeado las columnas del templo (ilustra mucho leer cada cierto tiempo Todos los hombres del presidente, el caso Watergate  propiamente dicho, el precio que retrospectivamente tiene mentir). Aquí no ha pasado nada, o casi nada, o muy poco, porque el circo de Puigdemont lo encubre todo, pasa por encima de cualquier acontecimiento relevante, mantiene a una parte considerable de la opinión pública absorta en el viaje a Ítaca con parada y fonda en Bruselas por tiempo indeterminado, como un atasco en hora punta.

Solo incertidumbres a las puertas del 21D

Al acercarse el día D, multiplicarse las encuestas, desbordarse las promesas electorales y proliferar los análisis se asientan en los votantes emociones encontradas, las más de las veces condimentadas con dosis variables de desconcierto, de asombro y aun de hartazgo. En esa extraña campaña con candidatos en la cárcel, candidatos en libertad bajo fianza, candidatos exaltados por agravios de diferente signo y naturaleza y candidatos distribuidos en bloques, apenas importan los programas, reducido todo a una brega sin cuartel por sostenella y no enmendalla en el campo soberanista y por enmendalla del todo en el universo constitucionalista, tan improbable como universo, como bloque o como agrupación instrumental.

Así están las cosas: Carles Puigdemont cree atesorar títulos y sacrificios –bruselenses– para ser el único candidato legitimado para volver a la presidencia, previo cruce de la frontera blindada; ERC espera contener el deslizamiento de votos para situar en la presidencia a Oriol Junqueras o Marta Rovira, según sea la situación futura del exvicepresidente encerrado en Estremera; Inés Arrimadas (C’s) echa cuentas en pos de una victoria y Miquel Iceta (PSC) hace lo propio sin pensar en la victoria, dispuesto a encarnar la síntesis necesaria para evitar una confrontación estéril entre minorías parlamentarias que lleve indefectiblemente a nuevas elecciones (un posibilidad que viste los ropajes de lo que sería un doble fracaso político y económico). Así están las cosas, con el dato añadido de que el perfil ascendente de JxCat merced a la participación activa de Puigdemont en la campaña, entre otras razones, coincide inevitablemente con el perfil declinante de Junqueras, imposibilitado este de recurrir al plasma para estar presente en los actos de su partido.

Por detrás de este cuarteto asoman tres candidaturas a la búsqueda de un papel relevante en la obra: los comuns, la CUP y el PP. Los primeros creen ver su futuro convertidos en muleta o aliados accidentales del PSC, los segundos apuntan por la vía unilateral a pesar de la experiencia vivida a partir del 27 de octubre, los terceros no tienen quien les escriba, salvo que el porvenir presidencial de Arrimadas dependa de ellos. Todo bastante confuso e inconcreto, más próximo a una operación aritmética imposible que a un desenlace verosímil de la crisis, aquel que permitiría rebajar la tensión, activar la economía y llevar al ánimo del Tribunal Supremo la necesidad de que la justicia se ponga al servicio de la concordia y no viceversa (dicho sea sin poner en duda la vigencia de la división de poderes, tan abusivamente citada). Todo condicionado o sometido a un frentismo en el que, a cada lado de la divisoria, hay codazos para ocupar el centro y atraer voluntades que permitan conquistar la presidencia.

Pero la confusión se impone en los prolegómenos del día D (el jueves,21), espoleada por la radicalización en el campo soberanista, herido por los encarcelamientos y la instalación sine díe del expresident en Bélgica, por el desasosiego inquietante provocado por el presunto propósito del Gobierno de mantener la vigencia del 155 si de las urnas no sale el futuro deseado –que el independentismo no regrese al puente de mando– y por esa tendencia a la arenga constitucionalista de algunos candidatos –Arrimadas y García Albiol–, más propia de fundamentalistas que de políticos. Y la confusión se acrecienta con las discrepancias argumentales entre la celda de Estremera –la unilateralidad ha muerto; solo cabe la bilateralidad– y esa contaminación cupaire de los mítines de ERC, tan necesitada de contrarrestar las soflamas de Puigdemont desde una pantalla.

La oratoria encendida de los debates en televisión, el tono de las entrevistas en TV3 –la de Miquel Iceta, el ejemplo más llamativo–, la animadversión indisimulada entre candidatos –el cara a cara à bout de souffle de Rovira y Arrimadas en Salvados– y un encono sin comparación posible con otras campañas presagian un día siguiente al día D de una complejidad irresoluble, próxima a las adivinanzas que la cruel princesa Turandot planteaba a sus pretendientes. De momento, brilla por su ausencia la voluntad de encontrar un punto medio entre los objetivos de ambos bandos o trincheras, como si la degradación del marco político, la fractura de la calle y la incompatibilidad de propósitos configuraran una lucha entre adversarios irreconciliables.

El espacio dedicado a la autocrítica ha quedado reducido a su más mínima expresión, singularmente en el campo soberanista, donde la mezcla de arrepentimientos de primera hora y reconocimientos de que bastantes cosas se hicieron mal y hubo engaño manifiesto, ha dado paso a una exacerbación de las pasiones, estimulada por los encarcelamientos, primero, por la decisión del magistrado Pablo Llarena de mantener entre rejas a Junqueras, Forn y los Jordis, por el episodio de Sijena, más tarde, y por un sinfín de investigaciones en curso, siempre en primera página los rostros más visibles del independentismo. De la misma manera, ha quedado reducido a su más mínima expresión, por no decir que se ha esfumado, el papel reservado a las opciones intermedias, susceptibles de ahormar alguna forma de conciliación, porque todo el mundo aspira a lograr una victoria por sus propios medios sin ceder un milímetro (la lógica de los eslóganes obliga a ello).

Esta es la situación, agravada por la desaparición de los bloques ideológicos (derecha, izquierda), suplantados por los instrumentales (independencia, sí; independencia, no). Un agravamiento reflejado en los comentarios suscitados por la configuración de la candidatura de Miquel Iceta, una versión de bolsillo del compromiso histórico y de la complicidad política de democristianos y socialdemócratas en la construcción de la Europa que conocemos, dos tradiciones en la articulación de la Europa de nuestro tiempo que, trasladadas a Catalunya, han dado pie a caricaturas y simplificaciones. Poco importan las ideas, solo importan la identidad y la mitología de las naciones, sean estas las que sean.

“La política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre política generalizada”, afirma Edgar Morin, y en esas estamos. Una incertidumbre corregida y aumentada por la negativa de todos a pagar el precio político de llegar a una solución transaccional que, quizá, supusiese el final del recorrido político de los implicados en la operación. Por el contrario, las encuestas indican que los partidarios de los desenlaces rotundos suman adeptos con mayor y más continuada tendencia a ascender que los dispuestos a alguna forma de acuerdo o pacto. A escala catalana y española, a través de la sacralización de los nacionalismos, de la simplificación del conflicto, reducido en los discursos a un choque irresoluble de identidades reales o fabricadas, ocultas detrás de la “negra espalda de tiempo” (William Shakespeare, varias veces citado por Javier Marías), y que el día 22 estarán sobre la mesa al margen de cuál sea el resultado electoral.

 

Vías nuevas hacia el 21D

El curso acelerado de Derecho Penal a que ha sido sometida la opinión pública desde que entró en acción el inquietante José Manuel Maza hasta la liberación de Carme Forcadell después de pasar una noche en la cárcel y de depositar una fianza de 150.000 euros abre nuevas rutas en el laberinto catalán, aunque el camino de salida no se adivine o siga sujeto a toda clase de interpretaciones apasionadas. De momento, ha quedado meridianamente claro que el Tribunal Supremo practica la virtud de la proporcionalidad, el magistrado Pablo Llarena su representante, y la Audiencia Nacional, Carmen Lamela su cara visible en este caso, tiende a la desmesura. Si la DUI no fue más que simbólica, si todo fue un exceso al calor de las emociones y la movilización en la calle, como dice la presidenta del Parlament, mejor abrir las celdas, destensar la cuerda y esperar a ver qué deciden los votantes el 21D.

De hecho, si todo el mundo está dispuesto a participar en la cita electoral, incluida la expedición bruselense, todo el mundo acata implícitamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, nada simbólica, y deja en el desván de la memoria las agitadas jornadas que transcurrieron entre el 6 de septiembre y la declaración de la DUI, el 27 de octubre. Si cuanto se aprobó aquel día careció de valor jurídico –ni siquiera se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat–, si todo fue un error, un despropósito y un exceso, según se afirma ahora, la rebelión, la sedición o cualesquiera otras figuras que se le puedan ocurrir al inquietante Maza son meramente simbólicas y no tiene sentido tener a los exconsellers en la cárcel y a la calle, en un grito.

Si, por el contrario, un problema político de dimensiones inabarcables se reduce a una disputa entre diferentes formas de fundamentalismo autoritario, entonces todo se complica, el cielo se oscurece y surge la duda, la gran duda: qué capacidad aclaratoria puede tener el 21D si hemos de seguir oyendo que la ley dice, que la Constitución dice o que la república llegó para quedarse, aunque nadie la reconozca. Que hay que cumplir la ley es una obviedad, que toda opción política no violenta está legitimada en un marco democrático, también lo es, pero cuando surgen incompatibilidades manifiestas entre la aplicación de la ley y un determinado proyecto político con peso específico en una comunidad –hoy sucede en Catalunya–, los únicos caminos que ni siquiera hay que considerar son el recurso a los tribunales desde una acera y los métodos expeditivos desde la otra.

Las soluciones binarias debieran estar proscritas en los conflictos políticos de nuestro tiempo: o estás conmigo o contra mí; o proclamas la independencia o eres un traidor; o cumples la ley o la fiscalía se pone en marcha sin mayores consideraciones de oportunidad y tiempo; y así hasta ninguna parte. Las tertulias plurales en la televisión y la radio –bastante menos frecuentes de lo deseable– suelen acabar en empate porque los planteamientos binarios no conducen a ninguna estación de llegada, aunque se abren vías nuevas hacia el 21D, sobre todo si el magistrado Llarena reclama para sí la causa seguida por la jueza Lamela contra Oriol Junqueras y más de la mitad del Govern suspendido. Y si eso sucede es porque el enconamiento, fruto de un enfoque binario del problema ha calado en muchos opinantes con la misma o parecida pasión que los seguidores de un club (como fans envueltos en la bandera las más de las veces; excepcionalmente, como hooligans tempestuosos).

En la frase de Pablo Llarena “tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional” hay dosis muy estimables de sentido común –tan invocado desde todos los frentes; Mariano Rajoy el más proclive a hacerlo– y puede que también una vieja disputa jurisdiccional. En cualquier caso, la razón última de las libertades bajo fianza decididas por el magistrado importa menos que el hecho de que rompe con los planteamientos binarios, los excesos procesales y los agravios comparativos. Rompe asimismo con el dilema de quién, por encima o al margen de la ley, es poseedor de la hegemonía político-cultural en el marco de la crisis: el Gobierno, que activó a la fiscalía, o el soberanismo catalán, que aplaudió la DUI (ese es también un esquema binario).

La partida que se disputa no es a blanco o negro, a par o impar y así sucesivamente, como en la ruleta, ni es tampoco un juego de astucias o engaños, como el póker, sino más bien una partida reservada a jugadores sutiles, a adictos a la inacabable gama de grises que caracteriza la política moderna, sin buscar la derrota humíllate del adversario. Acaso el viaje de descubierta de Carles Puigdemont y acompañantes a Bruselas persiga lograr un triunfo sin paliativos, pero no es precisamente la UE el lugar mejor para ir en pos tal objetivo, tan acostumbrados los timoneles de la institución a situarse en el gris propio de la transacción y del pacto, de un juego de pesas y medidas apegado al realismo a todas horas. No hay en las gestiones bruselenses del expresident el menor atisbo de apego al gris, a esa zona indeterminada en la que todo es posible y, al mismo tiempo, nada es para toda la vida.

Como en la película À bout de souffle, vivir sin aliento impone un desgaste, un cansancio y finalmente una desazón insoportables. El vigor de las protestas, el recurso a las estelades, las manifestaciones que desbordan las avenidas, la solidaridad con los Jordis y esa secuencia interminable de actos reivindicativos de toda índole impone una tensión colectiva en ambos bandos condenada a transformarse en decepción si, como es muy probable que suceda, nadie queda completamente satisfecho con el desenlace del 21D. A los cómicos de la legua de Viaje a ninguna parte, Fernando Fernán Gómez el autor, les vence el cansancio y el fracaso, algo a lo que ahora se exponen en otro viaje aventurado quienes creen que el partido puede disputarse aún en Bruselas y no, en Madrid y en Barcelona.

Todo escuece en Catalunya

 “No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres, las más veces, serán sin remedio; y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda”.

‘Don Quijote de la Mancha’. Segunda parte. Capítulo XLII

Cuando el Estado desenfunda la porra, todo cambia, sube la temperatura en la calle hasta alcanzar la del hierro fundido, aparecen los monstruos que produce el sueño de la razón (Francisco de Goya) y cobra vida el Duelo a garrotazos (Goya de nuevo). En esas estamos desde el domingo ominoso último: la arremetida contra los votantes de una votación sin valor, ilegal, acaso simbólica, la acometida contra votantes indefensos y pacíficos las más de las veces –todas las veces quizá– por orden de fundamentalistas de la aplicación de la ley hizo descarrilar el tren de la esperanza o de los buenos propósitos. Contra toda lógica, quienes deben garantizar la seguridad pública, incluso si hay urnas aunque las urnas no procedan, sembraron la inseguridad cuando no el pavor, en directo y a la vista de todo el mundo. Por ahí escuece la herida.

Es harto sabido que el Estado ostenta el monopolio de la fuerza, el recurso a la violencia en situaciones extremas, en especial cuando los ciudadanos se enfrentan a una situación que pone en jaque su seguridad, un derecho y no un privilegio, según abundante bibliografía. Pero este monopolio no es ilimitado como lo fueron en el pasado el de la sal o el del tabaco. Cuando se cruzan determinados límites que atañen a la proporcionalidad y a la oportunidad, el poder se deslegitima y las apelaciones al cumplimiento de la ley, a la preservación de la democracia y a otras solemnidades suenan a pretexto, a coartada o a encubrimiento del simple y escueto abuso de poder, una forma espuria de ejercerlo. Por ahí también escuece la herida.

Al convertir la política en una pelea entre machos alfa y sus coadjutores de ambos sexos, surge la gran duda: ¿la disputa es por la unidad del Estado, por la independencia de Catalunya, por la ley sin mácula, por la dignidad del Parlament o, menos románticamente, por el poder y los votos? Asalta la duda porque los partidos –todos los partidos, sin distinción ni reservas– echan cuentas sotto voce a ver si los palos de ayer, la tozudez de hoy y las incógnitas de mañana dan fruto en las urnas, proporcionan mayorías y abastecen de más poder a quienes creen tenerlo ahora en grado o cuantía insuficiente. Nadie afloja en la disputa permanente entre nacionalismos –de Alfonso Guerra a Oriol Junqueras; de Soraya Sáenz de Santamaría a Marta Rovira; de una parte y de la otra–, por futuros votos útiles y para afinar permanentemente el recuento de efectivos por si hay que pasar por las urnas. Por ahí se intensifica el escozor de la herida.

También escuece la herida cada vez que alguien sale por la televisión o recurre a las redes sociales para disparatar mientras se aleja más allá de la línea del horizonte la posibilidad de un acuerdo, de una conversación, de una transacción. Así se trate del portavoz de turno –cualquiera de ellos–, del jefe del Estado, de los presidentes en litigio o de otros renombrados actores de la crisis, cada palabra empeora la situación, acorta la distancia al precipicio. De hecho, el ambiente no ha dejado de emponzoñarse desde hace mucho tiempo, y aún más desde que asomaron las porras; cada día es peor que el anterior, cada declaración chirría más, es más hiriente y anima en igual medida la huelga general, las caceroladas vespertinas y el griterío de los tifosi diurnos: “¡A por ellos, oé!”, “¡que viva España!”, “¡que nos dejen actuar!”, etcétera, etcétera.

Los lesionados y contusionados del último domingo erosionan la legitimidad de quienes se encuentran en el puente de mando del Estado, convertidos en defensores de lo indefendible: el recurso a la porra. Al mismo tiempo, con una contumacia digna de mejor causa, los profetas de la independencia insisten en consumar la profecía y desoyen a cuantos ven en la DUI una peligroso paso en falso, la pérdida acelerada del capital político acumulado mediante el impacto emocional causado por los guardias, el helicóptero en la vertical de la plaza de Catalunya y la difusión de los porrazos por todos los medios y redes. Y ese doble juego de deslegitimaciones y proclamas independentistas hace cundir la alarma en los circuitos del dinero –bancos, grandes empresas, los sindicatos mayoritarios, otros actores sociales–, y se repite a todas horas la misma pregunta: ¿quién puede desactivar los pilotos automáticos de dos naves en rumbo de colisión? Por ahí también escuece la herida o debiera escocer.

El Gobierno de Mariano Rajoy cree tener a su favor la correlación de fuerzas en España y el de Carles Puigdemont entiende que las urnas han confirmado la hegemonía social de los suyos en Catalunya, aunque la consulta reuniera todas las imperfecciones imaginables en una consulta insuficiente. Son dos puntos de partida francamente débiles incluso en el improbable caso de que fueran objetivamente mesurables mediante un exhaustivo trabajo de campo. Su debilidad se desprende de la decisión de ambos bandos de tirar por la calle de en medio a sabiendas de que, a cada paso que dan, ciegan una ruta hacia una negociación política sin apriorismos. Por ahí escuece asimismo la herida.

Cada vez que alguien del Gobierno dice que les han obligado a hacer lo que no querían hacer –la policía en acción– y alguien del Govern o de su mayoría parlamentaria reconoce que han hecho lo que han hecho –el irregular y proceloso camino hacia la independencia– porque no les dejaron alternativa (legal, se sobrentiende), se zarandea la consistencia moral de lo hecho hasta ahora. Si alguien no quiere hacer algo por razones de orden moral –un poder del Estado, un gobernante, un colectivo, un ciudadano cualquiera–, no lo hace; si alguien reconoce que hizo lo que no quería hacer, admite implícitamente que lo que hizo estuvo mal. Ni hace falta ser un independentista de manual para concluir que lo ejecutado hasta ahora por el Gobierno es de todo punto criticable ni es preciso ser un españolista sin fisuras para deducir que la praxis política del Govern es manifiestamente mejorable. Más escozor en la herida abierta.

Creyeron a ambos lados de la divisoria que su comportamiento, las motivaciones de su conducta política, les iban a granjear aliados de peso. Esperó el president Puigdemont un gesto de la Unión Europea que fortaleciera su posición en el tablero y confió Rajoy en que, al actuar en nombre de la defensa de la Constitución y de la democracia, nadie le pidiera explicaciones. Ninguna de estas dos suposiciones se concretó de forma explícita. Las palabras de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, no neutralizaron la incomodidad europea frente a las imágenes del domingo; la misma incomodidad no aminoró la oposición de los europeos a una declaración de independencia que violenta los fundamentos constitucionales del Estado de derecho, de un actor político de primer orden en el puzle de la UE. Escozores compartidos que no arreglan nada.

Lo único que se ha concretado de forma expresa y sin ambages es la estampida del dinero, las oscilaciones de la bolsa y las señales que emite la prima de riesgo. Aquí no hay escozores, aquí rige la lógica de las finanzas, el confort dentro del entramado europeo y las dificultades previsibles fuera de él. Aquí prevalecen ante todo las cuentas de resultados, el euro, el sistema bancario europeo, la libre circulación de bienes y capitales –la de personas, no tanto–, y esa primacía quizá desatasque más que las políticas de balcón, que los redactores de discursos al servicio de causas antagónicas, que los llamados argumentarios y que la brega de la fiscalía y de los jueces cuando se esfuma la política. ¡Ah, el dinero! Acaso sea en última instancia el agente que obligue a suturar algunas heridas, aunque se mantenga por mucho tiempo el escozor bajo la epidermis, puede que para siempre.

 

 

Escalada sin freno hacia el 1-O

Llegados a este punto, una semana antes del día D del referéndum, cabe decir que la intensidad de la confrontación o el enfrentamiento se agrava, la desorientación atenaza a bastantes y la calle se calienta entre cánticos, registros, pancartas, detenciones, proclamas y muestras de cabreo con la música tintineante de las cacerolas caída la noche. Nadie es inocente en este mecanismo de acción-reacción puesto en marcha hace años, con responsabilidades compartidas desde que el PP impugnó el Estatut y el andamiaje empezó a zarandearse; nadie puede sentirse satisfecho con la senda elegida ni exhibir una superioridad moral inexistente en nombre de un respeto casi sobrenatural a la ley o de una defensa virginal de la democracia con atributos (el derecho a decidir). Nadie ha renunciado a recurrir a los agit-prop, a los analistas de cabecera reclutados por los medios públicos para defender con ahínco, desde la trinchera más que desde la razón, lo defendible y lo que acaso no lo es, o eso le parece al adversario (esperemos que no enemigo).

Todo vale para que bulla el caldo. Un comentarista o tertuliano, o agitador, o lo que sea dice en una televisión de extrema derecha, después de tener noticia de que Corea del Norte dispone de un misil balístico que puede alcanzar Barcelona (a saber si es cierto): “No hay huevos, Kim. Dispara que ganamos todos”. Inmediatamente, el futbolista Gerard Piqué agarra el móvil y tuitea: “A estos no los vais a visitar, ¿no?” (se refiere a las detenciones de funcionarios de la Generalitat). Va Irene, el personaje de Cayetana Guillén Cuervo en El ministerio del tiempo, suelta que “ser independiente no está bien visto en este país” y ha de salir enseguida el guionista a apagar el fuego en las redes: “No os tiréis a la piscina que no hay agua” (la frase fue escrita, recuerda, mucho antes de los rigores de estos días de autos tan acalorados). Toma nota del lío en curso el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y se apresura a agitar una estelada a 939 kilómetros de Barcelona. Y así.

Más allá del choque de poderes, de los cálculos electorales de cada bando –del Gobierno y del Govern, al mismo tiempo o por separado; de los partidos y de sus ideólogos, si los hay–, de la profusión de consignas, de nacionalismos enfrentados, surge la capacidad de movilización de la política de las emociones, tan alejada de la política de lo verosímil, de lo eficaz y de lo útil. La razón –de nuevo la razón– induce a pensar que ambas partes, el Gobierno y el Govern, debieran optar por una negociación sin apriorismos, pero luego trazan en las ruedas de prensa líneas rojas que sus potenciales interlocutores dicen no poder aceptar; la razón lleva a desear que nadie rompa la baraja o se oculte detrás de las togas (Margarita Robles dixit), pero todo esto sucede con profusión de gestos airados, declaraciones hirientes y la sensación muy extendida de que a cada hora que pasa es más difícil dar con un atajo en medio del laberinto.

“La existencia de una nación es un plebiscito cotidiano, como la existencia del individuo es una afirmación perpetua de vida”, afirmó Ernest Renan en la famosa conferencia ¿Qué es una nación?, que pronunció en la Sorbona en 1882. A tal idea se acogen ambas partes cuando entienden que España gana todos los días ese plebiscito cotidiano (tesis del Gobierno) a través del respeto colectivo a la Constitución o que quien lo gana es Catalunya mediante el apoyo popular a lo votado en el Parlament el 6 y el 7 de septiembre (tesis del Govern). En ambos casos se recurre a una simplificación que no hace sino ahondar en la crisis, alimentar la escalada y desoír las razones del adversario (esperemos que no enemigo), mientras en todas partes surge la misma pregunta: y el 2-O, ¿qué?

Nadie tiene una respuesta y si alguien la tiene, no da pistas. Entretanto, a ambos lados de la divisoria crece la impaciencia a lomos de la incertidumbre. Alguien recuerda en Twitter la frase de Albert Einstein: “El nacionalismo es una enfermedad infantil, es el sarampión de la humanidad”, pero nadie se da por aludido, aunque el componente nacionalista es consustancial a la escalada en curso y todas las intervenciones llevan su sello. Hay un timbre nacionalista no reconocido, además de una inexactitud histórica, en la afirmación de Mariano Rajoy de que España es la nación más antigua de Europa; lo hay asimismo, en este caso aceptado, en la oratoria de Carles Puigdemont y sus aliados. Lo hay de forma manifiesta en la profusión de banderas en los balcones y en el argumentario desarrollado para la ocasión por los implicados en el problema (gobiernen o sean oposición).

Es de temer que de ahora al día D todo empeore, incluidas las pulsiones nacionalistas envueltas en dos banderas y en la remisión al heroísmo de los antepasados. Algo que lleva inexorablemente a la confrontación crónica, de acuerdo con el diagnóstico del filósofo italiano Norberto Bobbio: hablar o volver a combatir. En el caso hispano-catalán, hablar o seguir en ese viaje a ninguna parte que tensa las relaciones sociales, las perspectivas económicas, la convivencia entre ciudadanos y la inquina entre discrepantes. Hablar o volver a combatir, hablar o seguir como estamos, sumergidos en una discordia permanente en la que cada parte cree ser depositaria de lo cierto, de lo noble, de lo honrado, de lo decente, de aquello que no admite discusión porque lo dice un juez o tribunal, porque así lo aprobaron unos diputados, porque así se entiende en el derecho internacional o porque así es la democracia y cualquier opinión alternativa está cargada de impurezas. Todo verdades parciales, medias verdades, verdades incompletas que condenan a los litigantes a seguir litigando. En esas estamos.

Viaje a lo desconocido de Venezuela

La carrera al galope hacia la fractura social y el enfrentamiento civil emprendida por Venezuela mediante la pugna entre Gobierno y oposición dispensa este fin de semana un nuevo marco de referencia: la elección de una llamada asamblea constituyente que pretende desactivar la Mesa de Unidad Democrática (MUD) mediante la creación de una nueva planta institucional que deje sin efecto la mayoría parlamentaria –112 escaños de 167–, obtenida por los adversarios del chavismo en las elecciones de 2015. Ninguna de las mediaciones, intermediaciones y misiones de buena voluntad que han viajado a Venezuela estos últimos meses han conseguido bajar las pulsaciones a una crisis que se desarrolla en medio de un descalabro económico asfixiante, y con el contador de muertos en la calle en marcha en esas manifestaciones y huelgas promovidas por la oposición y reprimidas sin contemplaciones.
El principio de acción y reacción se ha convertido en el único programa político que sobrevive a la pelea entre enemigos irreconciliables, entre un Parlamento legitimado por la victoria electoral y un Ejecutivo empecinado en seguir su camino aunque carece de mayoría para aplicar la receta bolivariana sin atenerse a los requerimientos de la MUD. Respaldado por los restos de la mayoría social que dio la victoria a Hugo Chávez en 1999 y en varias elecciones posteriores, el poschavismo nunca ha aceptado la exigencia democrática de que el Gobierno se someta al control del Parlamento y acepte la independencia del poder judicial; se ha creído con la autoridad moral o la legitimidad histórica de seguir con un programa impugnado en las urnas por la mayoría. El encarcelamiento de Leopoldo López, el estilo desafiante de Nicolás Maduro, el conflicto con la Fiscalía, la idea misma de abrir un proceso constituyente para liquidar al Parlamento, todo cuanto sucede hoy en el país ha agravado el desprestigio de un experimento sociopolítico que empezó a dar señales de agotamiento en cuanto el precio del petróleo cotizó a la baja. Frente a las teorías conspiratorias de Maduro y su círculo más cercano, que quizá contienen algo de verdad, prevalece la impresión de que la desastrosa gestión de la economía durante los años de bonanza ha condenado a Venezuela a la ruina y a la revolución bolivariana, al desprestigio.
Cuando el sociólogo francés Alain Touraine puso en duda en 2006 la capacidad transformadora del modelo chavista, abundaron las críticas. Pero el tiempo ha dado la razón a Touraine y se la ha quitado al coro encargado de exaltar la figura del líder desaparecido: “A pesar de los progresos logrados desde su elección –escribió–, el de Chávez sigue siendo un modelo débil de transformación social, si se consideran los inmensos recursos obtenidos por Venezuela por el aumento brutal del precio del petróleo”. Esto es, la aplicación de las misiones chavistas (programas sociales) fueron un ejemplo de políticas rentistas en una economía poco menos que de monocultivo, cuya viabilidad se desvaneció en cuanto el precio del barril dejó de ser el cuerno de la abundancia. Y el descenso del precio del petróleo coincidió en el tiempo con un retroceso de los abanderados del reformismo social en América Latina; se esfumó aquella atmósfera tan propicia a los ensayos socializantes.
Si a todo esto se añade la proliferación de errores de manual –expulsión de Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times, arremetidas contra Mariano Rajoy, recurso al populismo económico (subidas de dos dígitos del salario mínimo con una inflación de tres dígitos, invocación de líderes desprestigiados (Daniel Ortega) o crepusculares (Raúl Castro)–, se llega a esta estación de fin de semana que no es de llegada a ninguna parte, sino que abre una gran incógnita: ¿al día siguiente qué? ¿Será suficiente sacar todo el jugo a la incontinencia verbal de Mike Pompeo, director de la CIA, que el 20 de julio dijo en Aspen (Colorado) que trabajaba duro para restablecer la democracia en Venezuela? ¿Será suficiente con presentar a México y Colombia como el frente conspirador manipulado por Estados Unidos para hacerse con el petróleo venezolano, según repite Maduro? ¿Será necesario que el poschavismo aguce el ingenio para dar vida a nuevos fantasmas?
Sorprende a un analista tan situado en las antípodas de la causa bolivariana como Andrés Oppenheimer que los despachos de Caracas insistan en la codicia estadounidense para hacerse con las reservas de crudo cuando se dan al menos tres factores para dudar de ello: Estados Unidos está a un paso de consolidar su autonomía energética, los países más ricos de la OPEP trabajan en programas para desollar energías alternativas o invertir en ellas y muchos de los yacimientos descubiertos los últimos años entrañan un coste de explotación ruinoso. Al mismo tiempo, resulta indescifrable el diseño de las relaciones con la Unión Europea –a través de España principalmente–, tan al alcance del equipo de Maduro. Y aún resulta más incomprensible que los admiradores de la república bolivariana en el exterior –aquí Podemos y vecindarios próximos– se pongan de perfil, incapaces de distinguir entre lo que es y lo que pudo ser, entre una vía de agua más o menos controlable y el hundimiento del Titanic.
Venezuela puso rumbo a lo desconocido hace tiempo y la elección de una constituyente vislumbrada por los ideólogos del poschavismo no hace más que oscurecer el futuro y suministrar a la oposición argumentos definitivos para ganar la batalla de la opinión pública, no solo de fronteras afuera, sino en el interior del país. Pretender que una asamblea elegida a espaldas de la legitimada por la Constitución puede desposeer a esta de sus competencias, disolverla, soslayar sus funciones o condenarla a vivir en tierra de nadie, sin que se debilite la solvencia y la imagen del Estado, es tanto como pensar que no pasará mucho más de lo que ya pasa: más de cien muertos en las manifestaciones, desabastecimiento, inflación galopante –puede llegar al 700% al acabar el año–, degradación de la sanidad y un largo etcétera de miserias.
No hay nada peor que desentenderse de la realidad cuando esta es tan evidente como el caos de Venezuela de todos los días. En las crisis sociales, ninguno de los inductores suele ser completamente inocente -solo las víctimas que las padecen lo son-, pero sí hay quienes tienen más medios para acometerlas y paliarlas. Seguramente el Gobierno de Venezuela los tuvo en algún momento, pero hoy carece de ellos salvo que lograse llegar a un acuerdo de mínimos con la oposición, algo tantas veces intentado y no conseguido que hoy se antoja una quimera. O acaso la antesala de una pesadilla porque lo peor aún puede estar por llegar.

El ‘caso Villar’, otro síntoma

La lógica de las finanzas globales se adueñó del deporte de élite hace mucho tiempo. El caso de Ángel María Villar, su hijo Gorka, un vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y un ejecutivo de la federación canaria se enmarca en esa nuevo ámbito de actividad, o quizá no tan nuevo, en el que los asientos contables van por un lado y la realidad marcha por otro. Las cifras mareantes del deporte profesional, manejadas por gestores sometidos a controles poco contundentes, cuando los hay, hace posible que cada día sean más las áreas ensombrecidas por comisiones, contratos, prácticas dudosas y coleccionistas de estrellas dispuestos a destinar una ínfima parte de sus ingentes patrimonios para darse caprichos que rara vez no son de ocho cifras.
A todo esto, la televisión de pago ha abierto un nuevo frente en el que las federaciones, los clubes, los intermediarios, los organizadores de eventos y una legión de ejecutantes disponen de una fuente espectacular de ingresos. Por no hablar de los contratos de imagen de las grandes estrellas, con manifiesta propensión a cobijar sus cuentas corrientes en paraísos fiscales. Nada de lo desvelado estos días en el caso Villar escapa a este marco de referencia que envenena el espectáculo con dosis cada vez mayores de sospecha, de que algo profundamente insano mina el deporte de masas.
Después de los escándalos de la FIFA y de la UEFA, de la sorprendente elección de Catar para albergar el Mundial de Fútbol de 2022, del procesamiento de Sandro Rosell, del rompecabezas del fichaje de Neymar y de otros casos menores, pero no menos sintomáticos, el abrupto final del ciclo Villar –29 años en la presidencia– no hace más que subrayar la existencia de una trama de intereses, amiguismo y probables complicidades familiares que escapa a todo control hasta que un día interviene un juez. El economista José María Gay de Liébana insiste en cuanto tiene ocasión en la mala gestión económica de los clubs de fútbol españoles que disputan las ligas de Primera y de Segunda, la mayoría de ellos sociedades anónimas en situación delicada o en manos de empresarios geográficamente muy alejados de las pasiones que desata la competición. Y muchas de las cosas que suceden todos los días en los despachos tienen la apariencia de juegos de manos que se empeñan en dar la razón a Gay de Liébana.
Cuando aparece el propietario de un club dispuesto a pagar 80 millones de euros por Álvaro Morata, suplemente en el Real Madrid y en la selección española, no es que se distorsione el mercado, es que se esfuma en manos de un millonario ruso para quien desprenderse de tal cantidad no plantea mayores problemas, según se desprende de la cuantiosa operación. Cuando Cristiano Ronaldo se siente profundamente ofendido por habérsele reclamado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el país en el que se ha hecho millonario, es mayúscula la sorpresa para el resto de contribuyentes, modestos o no, que se personan todos los años en la ventanilla de Hacienda. Cuando por una localidad en la final de la última Champions se paga algún millar de euros, el disparate se consuma y todas las sospechas están fundamentadas. Cuando unos pocos futbolistas valen lo mismo para enardecer a multitudes que para anunciar cualquier cosa a cambio de contratos de imagen astronómicos, lo menos que puede decirse es que el río se ha salido de madre y lo de Villar y asociados está en consonancia con la incontrolada circulación de dinero que encubre un deporte cuya belleza e importancia social están sobradamente probadas.
“Pronto aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde se espera que venga. Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser siempre lo que se dice derecha”, escribió el nobel Albert Camus, un apasionado del deporte, en el artículo Lo que le debo al fútbol. Pier Paolo Pasolini vio en el fútbol un sistema de signos, un lenguaje, un mecanismo de comunicación. Manuel Vázquez Montalbán, entre la política y la ironía, describió el Barça como “el ejército desarmado de Catalunya”. Y Eduardo Galeano colgaba un letrerito a la puerta de su casa, “Cerrado por fútbol”, en cuanto empezaba un Mundial. Hoy muchos domicilios cierran por fútbol con frecuencia, pero el fútbol como valiosa herramienta de socialización corre riesgos ciertos de mutar en algo ajeno al deporte o disfrazado de deporte.
A decir verdad, la desnaturalización o falseamiento o adulteración del deporte, siquiera sea financiera, no es solo un peligro para el fútbol. En torno a otras especialidades o acontecimientos –el boxeo, el baloncesto y el fútbol americano en Estados Unidos, los Juegos Olímpicos, un espectáculo multideportivo de alcance universal– los desafíos no son menores. Hace unas fechas, Juan Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente del COI, explicó la procedencia de los ingresos de la organización y el destino de los mismos: todo perfectamente comprensible, pero evidentemente complicado por una red capilar de supervisión inevitablemente intrincada que se extiende por medios sociales, políticos y culturales muy diferentes, con un muy desigual sentido del rigor y la utilidad pública. Otras veces, por algún motivo especial, entidades gestores del deporte a gran escala han hecho lo mismo que Samaranch, pero siempre ha quedado en el aire la sombra de la duda sobre hasta qué punto lo que figura en los papeles se corresponde con la verdad o, por el contrario, siempre hay resquicios para que circule el dinero extraoficial, poco o mucho, al apagarse los focos.
¿Es posible afirmar que hay demasiado dinero en juego para que todo sea transparente y cristalino? ¿El deporte que moviliza multitudes solo puede funcionar con algún sistema paralelo de ganancias y prebendas? Volvamos a Camus: “Después de muchos años en los que el mundo me ha procurado variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Lo que aprendí con el RUA –su club–, no puede morir. Preservémoslo. Preservemos esta gran y digna imagen de nuestra juventud. También os vigilará a vosotros”. Sería reconfortante que el párrafo siguiera teniendo sentido.

La UE, en busca de su futuro

Vuelve la Unión Europea a preguntarse quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos con el desasosiego propio de un proyecto en crisis, consecuencia directa de una sociedad en crisis. Se preguntan los gestores de la UE si hay que seguir como hasta ahora para alcanzar un destino enigmático o indescifrable, si conviene volver al pasado del mercado único y poco más o es más atinado admitir que hay europeísmos y europeísmos y, en este caso, aceptar que quizá la respuesta se halle en una Europa a dos velocidades, aunque se ponga en riesgo la unidad de acción. Así cabe resumir las cinco opciones de futuro contenidas en el Libro blanco aprobado por la Comisión Europea y que deposita en manos de los estados para que sean sus gobernantes quienes indiquen el camino a seguir.

El procedimiento es razonable, pero los precedentes son desalentadores. En una atmósfera de pesimismo y provisionalidad a causa de las elecciones a la vista –Francia (abril-mayo) y Alemania (septiembre)–, cabe esperar un análisis confuso de los gobiernos, seguido de las consabidas discrepancias entre los grandes estados de la mitad occidental de la UE, el escepticismo del norte y el muy difuso europeísmo de los socios del este, metidos de hoz y coz en la recuperación del relato nacionalista que interrumpieron la segunda guerra mundial y las servidumbres de la guerra fría (dependencia de la Unión Soviética, economía planificada, partido único, etcétera).

Lo deseable sería que la cumbre convocada en París por François Hollande para reunir a Francia, Alemania, Italia y España en un debate que dé respuesta a la pregunta qué hacer fuese asimismo el punto de partido para sanear el ambiente, pero la debilidad de los convocados –un presidente con los días contados (Hollande), una cancillera al parecer declinante (Angela Merkel), un primer ministro de perfil bajo (Paolo Gentiloni) y Mariano Rajoy (presidente de un Gobierno minoritario)– presagia poco más que un catálogo de buenas intenciones, que no evitará los recelos de los no convocados, tan contrarios siempre a la concreción de un núcleo duro. Y a pesar de esa desconfianza y después del Brexit, la historia induce a pensar que sin un equipo directivo capaz de sobreponerse a las rivalidades nacionalistas, la UE tiende a desnaturalizarse, a aceptar como irremediable la cicatería de los europeístas a su pesar –Polonia, Hungría, la República Checa y otros–, las arengas populistas y el aplazamiento sine díe de la idea de unión entre diferentes.

La pregunta “¿quién gobernará en un mundo roto?”, formulada hace unas semanas por el profesor Dirk Helbing, puede trasladarse a Europa con pequeños retoques: ¿quién gobernará una Europa que tiende a romperse? Hay demasiadas amenazas en el horizonte para soslayar una respuesta imperiosamente necesaria, para corregir la distancia cada vez mayor entre las pulsiones de la opinión pública y las decisiones de los gobiernos (recuérdese la manifestación de Barcelona, tan reciente), para devolver a la política europea el prestigio que en su día tuvo mediante su capacidad para reinventarse.

La opinión muy extendida de que el poder está cambiando de manos a toda prisa a causa de la transformación de la economía, la degradación del Estado del bienestar después del hundimiento del universo comunista y el éxito momentáneo del modelo chino de expansión debiera llevar a la UE a algo más que a redactar un Libro blanco y sumergirse en la lógica estéril de las cumbres encadenadas que nada resuelven. Porque la claudicación de los grandes bloques ideológicos –democristianos, socialdemócratas y liberales– frente a los requisitos de las finanzas globales ha dañado la idea primigenia de los padres fundadores: el compromiso social para corregir las desigualdades. Ni siquiera se habla del capitalismo compasivo (días de Ronald Reagan) o de la refundación del capitalismo (excesos verbales de Nicolas Sarkozy), sino más bien del sometimiento de los programas políticos a las imposiciones de un modelo económico sin fronteras que escapa al control de las instituciones, cuando no condiciona su funcionamiento.

El vaticinio de Mark Leonard, director del European Council on Foreign Relations, de que los países occidentales deberán plantearse en un futuro inmediato la restitución del orden liberal frente al orden de facto surgido al margen de él, implica directamente a la UE frente al enfoque imprevisible que Donald Trump puede dar al asunto, secundado por el Gobierno de Theresa May, embarcada en reforzar una relación privilegiada con Estados Unidos al tiempo que negocia la deserción de la UE. Eso incluye subrayar el compromiso social de la organización y el de cada uno de sus estados, incluso en apartados tan incómodos para la contabilidad general como lo es el griego. Porque quizá es posible el futuro de la UE sin Grecia en términos superestructurales, o con Grecia convertida en un enfermo crónico, pero es improbable que en tal caso se restaure el prestigio institucional de la UE, ahora muy dañado por una resolución de la crisis que ha dejado demasiadas víctimas por el camino.

“Contra lo que solemos pensar, la historia se repite siempre, solo que se repite de formas tan distintas que a veces es difícil reconocerla. Ahora ni siquiera es difícil: ahora, sobre todo después de que los británicos hayan cometido el disparate de aislarse de Europa, como si fueran españoles del siglo XVII, y después de que los norteamericanos le hayan entregado el poder a un demagogo siniestro, casi se ha convertido en un cliché comparar nuestra época con la de los años treinta, hasta el punto de que algunos historiadores se han sentido obligados a recordar las diferencias entre ambas”, dijo el escritor Javier Cercas el 7 de diciembre al recibir el Premio al Libro Europeo por El impostor. Cercas ha dicho con frecuencia que “una Europa unida es la única utopía razonable”, y, claro, hay diferencias entre la pestilencia los años treinta y los populismos vociferantes de nuestros días, porque los colchones sociales, aunque averiados, siguen ahí. Pero si la UE se pliega a exigencias que aumenten el censo de vulnerables –ya son legión y no paran de crecer–, entonces todo es posible, incluso que se haga realidad el juego de palabras de George Bernard Shaw, citado por Cercas: “Lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia”. Para el caso, la vuelta a una Europa dislocada y sin peso, incapaz de desagraviar a los sacrificados en el altar de la austeridad y de una visión meramente contable de la UE.

Las dos orillas otra vez

Está de vuelta la vieja teoría o soflama de las dos orillas de la izquierda mediante la discusión habida en Vistalegre 2, tan antigua (la discusión, no Vistalegre). Aquello que surgió de la estrategia diseñada en su día por Julio Anguita ha reaparecido en la asamblea de Podemos y ha arrasado con otras hipótesis de trabajo, en especial la de comunicar las dos orillas con alguien a horcajadas –un pie en cada orilla–, Íñigo Errejón, un suponer. Esa determinación de ahora, que todo lo supedita a la victoria en las urnas –improbable–, renuncia al posibilismo y pretende consagrar como un acierto ante la opinión pública el voto de Podemos contra la investidura de Pedro Sánchez y, a partir de aquel momento, la convocatoria de nuevas elecciones, la pérdida de un millón de sufragios del conglomerado Unidos Podemos (27 de junio de 2016) y el asentamiento en la Moncloa de Mariano Rajoy.

Ese Retorno al pasado obliga a contar, como en la película de Jacques Tourneur, qué sucedió no hace tanto. Dicho sucintamente: los gobiernos de José María Aznar contaron con el inestimable apoyo indirecto –en diferido, diría María Dolores de Cospedal– de una de las orillas, la dirigida por Anguita, frente a la socialdemócrata, identificada por este, es posible afirmar, como el adversario a batir, a fagocitar o a debilitar. El éxito fue arrollador: en las elecciones del 2000, el PSOE perdió 16 diputados (se quedó en 125) y un millón y medio de votos menos con relación a 1996, no todos desaparecidos a causa de la doctrina orillista; Izquierda Unida se quedó sin 13 diputados y obtuvo solo 8 para una pérdida de 1,4 millones de votos, y el PP logró la mayoría absoluta (10,3 millones de votos y 183 diputados). La marea alta de los conservadores invadió las dos orillas sin mayores problemas ante la desorientación de los votantes de izquierda, sin distinción de orillas la mayoría de las veces.

A saber si la desorientación se mantiene o se ha abierto desde la orilla de Podemos una fase de esclarecimiento. De momento, se ha entrado en un periodo que reproduce, con otros actores, una división clásica en el bando de la izquierda heredera de la tradición política de los partidos comunistas, bien conocida en España a raíz del proceso de liquidación, política por lo menos, del PCE y del PSUC. La misma fragmentación desencadenada en Italia por la transformación del PCI, el más esclarecido e influyente de los pecés de Occidente, y en Francia, por la miniaturización del PCF y la aparición de nuevas siglas de futuro incierto. Favorecido todo en el presente por los efectos sociales de la crisis económica, la propensión de la familia socialdemócrata a plegarse a las recetas conservadoras y la aparición de terceras o cuartas vías de emergencia, de naturaleza populista, a ratos victoriosas (en Grecia, Syriza, atrapada en un laberinto de contradicciones).

En una situación de minorías enfrentadas –la aprobación del presupuesto, tan dificultosa–, con un Gobierno en minoría ejerciendo de facto con enorme desparpajo una hegemonía cultural–véanse los Telediarios, la composición de las tertulias en TVE y las entregas de Informe Semanal, tan analizadas por Ferran Monegal, entre otros fenómenos– que poco tiene que ver con los resultados de junio, y con la función catártica de los tribunales –corrupción, independentismo y otras complicaciones–, la apelación genérica a la movilización contrasta con la realidad: una izquierda sociológica dividida entre la desilusión, el escepticismo y el comportamiento de bastantes de sus líderes, no solo los de Podemos. Hacer política a ratos en el Congreso a ratos en la calle (Pablo Iglesias, en la tarima) o denostar la orilla opuesta (se hace en ambos sentidos) se antoja lejos de la lógica aspiración del votante progresista medio de contar de nuevo con certidumbres razonables.

¿Alguien en la izquierda emite señales de renovación y compromiso para alcanzar objetivos concretos? Ni Podemos, dispuesto más que nunca a disputar el espacio político al PSOE a toda costa, ni el PSOE, condenado a la larga interinidad de una gestora y que ve en Podemos su mayor adversario, están en disposición de poner remedio a la desorientación. La idea de Antonio Gramsci de forjar alianzas que contrarresten el modelo cultural hegemónico vive muy malos días, ensombrecido por la pugna para una hipotética aunque improbable hegemonía en las urnas, según todas las encuestas. Cuando la disputa no es por lograr la victoria, sino por quedar segundo en el mejor de los casos, o se opta por sumar fuerzas o se instala en el ánimo el complejo de Poulidor, aquel ciclista francés que anduvo siempre a rueda de Anquetil, a veces más cerca, a veces más lejos, pero nunca ganó el Tour.

Si en la confrontación por la segunda plaza se abunda en la simplificación de los problemas, es posible que se logre retener a los convencidos, pero es dudoso que se atraiga nuevos efectivos a la causa, según atestiguan las oscilaciones de voto entre diciembre del 2015 y junio del 2016. “Nuestros sistemas políticos no están siendo capaces de gestionar la creciente complejidad del mundo y son impotentes ante quienes ofrecen una simplificación tranquilizadora, aunque sea al precio de una grosera falsificación de la realidad y no representen más que un alivio pasajero”, ha escrito Daniel Innerarity, y algún papel se ha reservado a la simplificación en la nueva versión de las dos orillas. Porque la aparente lejanía entre una y otra obedece más al discurso reiterativo de los líderes que a la percepción de bastantes votantes, siempre muchos más que los militantes.

En el mismo artículo afirma Innerarity que quien osa desarrollar una aproximación argumentada a problemas complejos tiene las de perder “frente a quien establezca unas demarcaciones rotundas entre nosotros y ellos, o entre las élites y el pueblo, de manera que la responsabilidad y la inocencia se localicen de un modo tranquilizador”. No es el caso solo de Podemos, pero este partido ha sucumbido a la tentación de levantar una barrera infranqueable entre nosotros y ellos, y ha llevado al establishment del PSOE a sentirse legitimado para presentar como una herejía cualquier forma de acercamiento a la orilla podemista (Susana Díaz, en la tribuna de oradores). Algo seguramente útil para desactivar a quienes siguieron a Pedro Sánchez en su experiencia al frente del partido después de las elecciones del 2015 y hoy le siguen en su brega por regresar al puente de mando, pero insuficiente para recomponer la red de complicidades sociales que en su día distinguió al PSOE.

“Los partidos de hoy son sobre todo máquinas de poder y de clientelismo, con un escaso o erróneo conocimiento de la vida y de los problemas de la sociedad, de la gente”, dijo en 1981 Enrico Berlinguer, secretario general del PCI. ¿Cómo corregir esa tendencia degenerativa del papel de los partidos? No es esta una pregunta que afecte solo o principalmente a la izquierda, pero en un periodo de retroceso de las fuerzas progresistas, un cambio de hábitos es casi una necesidad acuciante para sobrevivir, para abandonar el papel secundario a que parecen condenados, más con dos orillas que con una, según es posible deducir del presente y de la progresión de las utopías regresivas en todas partes.

Nacionalismos en ascenso

El eslogan Brexit is brexit, tan repetido, se ha transmutado en otro más rotundo e inquietante: Brexit is hard brexit (tradúzcase hard por duro o extremo). La transformación se ha producido a lomos del caballo desbocado del nacionalismo que todo lo coloniza, de esa propensión irrefrenable en mirarse el ombligo, volver la vista al pasado y dar rienda suelta a un sectarismo desmedido. Cuando Theresa May, primera ministra del Reino Unido, sostiene que quien se declara ciudadano del mundo no es ciudadano de ninguna parte, no hace más que reafirmarse en la idea de que la nación debe prevalecer por encima de cualquier otro interés o seña de identidad, sea esta la Unión Europea u otro ámbito que dé cobijo a más de una bandera.

La dolencia no es solo británica o especialmente británica, aunque allí haya desencadenado la salida de la UE en plazos y condiciones por el momento inextricables. En la disparatada campaña de Donald Trump hay dosis espectaculares de demagogia e ignorancia extravagantes, pero también mucho nacionalismo exacerbado, una forma de fundamentalismo tan pernicioso y corto de miras como cualquier otro que se precie, sea en nombre de Dios o de los hombres. En el cruce de despropósitos que ha dejado a Trump sin partido y a los republicanos, sin candidato a la presidencia, un nacionalismo rudimentario y ramplón ha desempeñado un papel principal. Que este nacionalismo a toda máquina se antoje incompatible con la devoción –real o fingida– de Trump por otro nacionalista sin freno como Vladimir Putin resulta al cabo menos importante que los cuatro tópicos que cautivan a una parte del electorado blanco –clase media empobrecida o desencantada– que busca en la bandera la restitución de los privilegios perdidos, la reparación del desposeimiento que sintió con la elección de Barack Obama y que desde entonces no lo ha abandonado.

El fenómeno se extiende por doquier con pasmosa facilidad. Nicolas Sarkozy adopta los ingredientes más sectarios del Frente Nacional para neutralizar a Marine Le Pen mediante una adaptación tan cercana de su programa al de la líder de la extrema derecha de Francia que muy pronto no habrá forma de distinguir uno y otro. En Hungría solo la tasa de abstención en un referéndum ha evitado la aplicación de un nacionalismo xenófobo y destemplado en la gestión de la crisis de los refugiados. Aquí y allá la mitología de las identidades locales se impone a cualquier otra consideración y, llegado el caso, se construye un relato histórico ajeno a la historia, apegado al mito, a las edades de oro que pueden exhibir todas las naciones, comunidades y grupos humanos, aunque para ello sea necesario remontarse a un remoto pasado cuya verosimilitud resulta indescifrable, indemostrable o por lo menos discutible.

La globalización ha desenterrado los mitos nacionales y ha restablecido su vigencia a causa de los costes sociales de las finanzas y el comercio sin fronteras, de la asimetría cada vez mayor en el reparto de la riqueza, del paulatino desmoronamiento del Estado del bienestar en Europa, del modelo social regresivo articulado por las economías emergentes, de los flujos migratorios provocados por las guerras inconclusas y la pobreza extrema y del estéril desgaste de los sistemas democráticos al justificar lo injustificable. Frente al horror vacui por la ausencia de futuro surge el recurso a la nación como puerto de refugio; la nación como salvación colectiva que contiene la presión exterior, se impone a los requisitos de sistemas supranacionales y se desentiende de cuanto siente que puede modificar sus señas de identidad: los refugiados, el euro, los inmigrantes hispanos –en Estados Unidos– y otros ingredientes de naturaleza muy variada.

El larguísimo editorial publicado el último domingo por el semanario británico The Observer, de alma liberal y tradición comedida, rompió por una vez con su estilo contenido para afirmar lisa y llanamente que Liam Fox, secretario de Comercio Exterior, “debe buscarse otro trabajo” si cree de verdad que el Reino Unido, negociando a solas, puede lograr mejor trato en China, la India o Estados Unidos que haciéndolo como socio de la UE. Y esta no era la peor de las críticas dirigidas a un Gobierno que, adaptado a los excesos verbales del UKIP, un partido en crisis después de lograr la victoria del brexit, parece haberse sumido en la irreflexión en nombre de las esencias, así se ponga en juego la suerte de la libra, la pertenencia al mercado único o el futuro de los centenares de miles de extranjero que han construido su vida en el Reino Unido. Con una paradoja o consecuencia inmediata: alimentar el nacionalismo escocés, que se alarma y moviliza ante la posibilidad de quedar fuera de la UE no a causa de su eventual independencia, sino del viaje a ninguna parte emprendido por el Gobierno británico.

Este renacimiento de la nación como referencia primera y razón última suplanta el debate ideológico o lo simplifica. Susana Díaz puso patas arriba el PSOE con el argumento rotundo de que –más o menos– ahora España es lo primero y luego ya se verá adónde se encamina el partido, algo que firmaría cualquier nacionalista rancio con independencia de su adscripción política. Promover la abstención en el Congreso no es el resultado de una reflexión ideológica, sino de una necesidad acuciante sobrevenida, tener Gobierno, aunque este Gobierno que urge sea el mismo o casi el mismo que se pone de perfil cuando declara Francisco Correa, y las apelaciones a las necesidades apremiantes de la nación resultan insuficientes para atenuar la pestilencia. Mientras el profesor Ignacio Sánchez-Cuenca ve “simple y llanamente, condonar la corrupción del PP” en la abstención que permitirá a Mariano Rajoy formar Gobierno, el nacionalismo (español en este caso) ve en el gesto un sacrificio necesario en el altar de la nación, una obligación ineludible.

¿A quién puede sorprender que frente a esta modalidad de nacionalismo centrípeto surja, se consolide y llene la calle otro centrífugo, asimismo simplificador del presente y del pasado? ¿A quién puede sorprender que en Europa se multipliquen los casos de desafección, de incomodidad dentro de algunos estados si estos, a su vez, alumbran todos los días nuevas formas de nacionalismo antieuropeo, a veces muy agresivo, o de europeísmo sin más interés que hacer buenos negocios en una zona de libre cambio? ¿A quién puede sorprender, en fin, que el populismo asome por todas partes si comparte con el nacionalismo, tan difundido, el hábito de simplificar los conflictos sociales y políticos, reduciéndolos a eslóganes llamativos con una capacidad de convicción inmediata? A nadie, seguramente.