Amenazas ultra en aumento

El documento de 19 puntos presentado por Vox al Partido Popular durante las negociaciones de su alianza en Andalucía resume con palmaria claridad hacia dónde apunta el acelerado resurgir de la extrema derecha en Europa: la restauración de un pasado indeseable, la impugnación de la cultura política liberal puesta a salvo por la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y, en el caso de España, la recuperación del legado franquista. Los ademanes y la fraseología rescatados del sumidero ideológico ultra por Santiago Abascal, Javier Ortega Smith y otros portavoces no desmerecen ni en una coma las andanadas de Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders y demás adversarios declarados del régimen de libertades trabajosamente construido durante décadas. Nada hay en las exigencias de Vox para sumergir en un lodazal a la Junta de Andalucía que se desvíe de la línea argumental desarrollada por las fuerzas europeas más retardatarias y, por esta razón, más empeñadas en anteponer la nación al europeísmo, los mitos de la historia a las complejidades del presente y la negación de una sociedad en rápida transformación mediante el recurso a un tradicionalismo profundamente reaccionario.

Las facilidades dadas por el PP a Vox para convertirse en actor político de primer orden resultan sorprendentes. Con la vista puesta únicamente en lograr la presidencia de Andalucía para Juanma Moreno, se ha adaptado a un léxico y unos objetivos que son los de la extrema derecha de siempre. Es una falacia el mensaje de Pablo Casado según el cual los populares han probado en Andalucía –negociando en Madrid, no se olvide– que son el único partido capacitado para negociar con quienes desfilan a su derecha y a su izquierda. En realidad solo ha quedado demostrada su disposición a entenderse con la extrema derecha sin necesidad de ponerse una pinza en la nariz; en la práctica ha confirmado que responde a una pregunta inquietante: ¿vale todo para alcanzar el poder?

El dontancredismo de Ciudadanos no resulta menos perturbador. Al ponerse de perfil y no darse por enterado de en qué condiciones compartirá el Gobierno andaluz con el PP, bendice la componenda y alarma a la familia liberal europea, singularmente a Manuel Valls, que persigue la alcaldía de Barcelona con el apoyo de los de Albert Rivera, y a Emmanuel Macron, presidente de Francia. Ambos entienden que no cabe pacto alguno con los partidos extramuros del sistema que pretenden desdibujar las libertades mediante demagógicas apelaciones a la seguridad, a la desnaturalización de la identidad nacional y a una tópica serie de emociones primarias.

Todo ello invita a recordar las advertencias de dos grandes pensadores europeos, Edgar Morin y Stéphane Hessel, que advirtieron reiteradamente en el pasado de los peligros que se ciernen sobre Europa, sometida a inacabables reivindicaciones nacionalistas, a los efectos sociales de la salida de la crisis y al desparpajo de la extrema derecha para arremeter contra el proyecto de integración a través de una mezcla heterogénea de promesas sociales y contracción de las libertades. Al mismo tiempo, la situación que se da en los prolegómenos de la campaña para las elecciones europeas de mayo permite a autores como la profesora Paola Subacchi, de la Universidad de Bolonia, referirse al “viejo nuevo populismo de Italia”, y a Barry Eichengreen, de la Universidad de California, mencionar la necesidad que tiene Europa de “avanzar para evitar retroceder”, puesto que si no se encamina hacia nuevas metas, la presión de la extrema derecha puede llevarla a dar marcha atrás en muchos ámbitos.

Desde que Morin y Hessel publicaron en 2012 El camino de la esperanza hasta el presente, bastantes cosas en el mosaico político europeo han cambiado a peor, y la más preocupante es justamente la recomposición de la extrema derecha y la disposición de un segmento muy importante de las clases medias defraudadas a dejarse seducir. Con dos momentos excepcionalmente importantes en el desarrollo de los acontecimientos: el éxito del nacionalismo británico más rancio en el referéndum del brexit (junio de 2016) y la victoria de Donald Trump (noviembre del mismo año). En ambos casos, la extrema derecha se ha sentido reconfortada con una andanada contra la línea de flotación de la Unión Europea y con la consagración del presidente de Estados Unidos como referencia ineludible de la nueva internacional retrógrada que aspira a todo.

Al mismo tiempo, las advertencias reiteradas dirigidas a los partidos conservadores para que aíslen la oferta ultra han caído en saco roto con demasiada frecuencia. Cada vez que el conservadurismo clásico pacta con los extremistas no hace otra cosa que alimentar las expectativas de crecimiento de estos últimos de acuerdo con el viejo axioma según el cual las copias salen perdedoras –siempre juegan en campo contrario– cuando imitan a los originales a fin de neutralizarlos. Pero ni siquiera los precedentes históricos inducen a rectificar a los conservadores partidarios del posibilismo a ultranza.

En palabras de Edgar Morin, “la política del día a día alienta a la extrema derecha” por varias razones que se retroalimentan: el coste social de la salida de la crisis, el desprestigio de los políticos, sometido a los rigores de las tecnofinanzas, la corrupción allí donde es rampante y ostentosa y la certidumbre cada vez más extendida de que los hijos de la generación que ha padecido y gestionado la última crisis vivirán peor que sus padres. Poco importa que los programas ultraconservadores pretendan retrasar el reloj de la historia en apartados tan relevantes y variados como los anotados por Vox –violencia de género, memoria histórica, colectivos con diferentes orientaciones sexuales, atención de los flujos migratorios, etcétera–, lo que cuenta para una franja del electorado es salir como sea del laberinto en el que se siente abandonado por el establishment. Se ha dicho ad nauseam y no está de más repetirlo: la mayoría de los electores que han otorgado su favor a la extrema derecha en Andalucía y en otros lugares no son representantes de un posfacismo renacido, sino integrantes de una minoría en crecimiento entre harta y desilusionada

Buscar la complicidad de la extrema derecha para alcanzar el poder o caricaturizarla no hace más que alimentar sus expectativas y difundir su discurso en todas direcciones. Diríase incluso que reconforta a sus votantes si en algún momento han dudado del acierto de su elección porque en la medida en que políticos ultras entran en las instituciones, su oferta pasa a ser, al menos teóricamente, la de una fuerza convencional y deja de ser, asimismo teóricamente, la de un grupo antisistema, aunque su programa sea netamente anticonstitucional, como sucede en el caso de Vox. De lo que se desprende que el cordón sanitario en torno a la extrema derecha no es una opción más, sino una necesidad imperiosa para preservar la vigencia de la cultura democrática.

Vox marca el paso en Andalucía

La eclosión del huevo de la serpiente en las elecciones andaluzas –el resultado de Vox– ha colocado a la derecha constitucionalista ante el dilema de seguir siéndolo o buscar atajos para legitimar a los ultras y buscar formas de colaboración que descabalguen del poder a Susana Díaz. La presidenta en funciones simplifica el significado de los resultados del último domingo y se da por vencedora –una amarga victoria, se diría– a pesar del descalabro sufrido, se siente con títulos suficientes para aspirar a gobernar o para encabezar la oposición en el peor de los casos, presumiblemente el que cuenta con más números para concretarse en las próximas semanas. En medio, una sociedad cada vez más distanciada del quehacer de los políticos se siente más inclinada a abstenerse, aunque haya sido la abstención la herramienta más útil de Vox para conseguir 12 escaños con 400.000 votos.

La charcutería política poselectoral ha hecho un regate en corto al realismo necesario para inducir tres conclusiones. La primera certifica que un pacto del PP y C’s con Vox lleva inexorablemente a un estado de complicidad permanente entre la derecha convencional y la extrema derecha que, dicho sea de paso, no pierde ocasión para arremeter contra la Constitución, con el Estado de las autonomías como obsesión permanente. La segunda es que la única medida proporcional al retroceso experimentado por los socialistas solo deja una puerta de salida a quien encabezó el cartel electoral: presentar la dimisión. La tercera es que la disminución de votantes está íntimamente relacionada con la desnaturalización de la campaña, con demasiados asuntos ajenos a la sociedad andaluza o que solo la afectan tangencialmente: la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, la situación en Catalunya –con una gran comunidad de ascendencia andaluza–, los presupuestos empantanados en Madrid y otros horizontes lejanos.

La cuarta conclusión, aquella que más debería preocupar, es la europeización del resultado de las elecciones por el peor camino posible: la comparecencia de Vox, un partido que compendia el regreso al centralismo, la homofobia, la eurofobia, la islamofobia, un racismo encubierto, diferentes formas de machismo disimulado y otros ingredientes compartidos por partidos ultras de toda Europa que se han hecho un hueco en los parlamentos para arremeter contra la democracia liberal, la UE, una gestión decente de los flujos migratorios y otros ingredientes de la tradición política europea. La alegría mostrada por la ultraderechista francesa Marine Le Pen al conocer los resultados de Andalucía acredita cuál es el enfoque de Vox, hacia qué dianas apunta; la disposición de Pablo Casado y Albert Rivera a hablar con Santiago Abascal para ocupar el palacio de San Telmo revela que ambos estiman más importante hacerse con el poder que entrar a analizar enojosos detalles del programa ultra.

Nada es nuevo bajo el sol y la consolidación del desafío neofascista, posfascista o ultranacionalista en Europa avanza sin obstáculos relevantes. Como si del recuerdo de los años 30 no cupiese sacar conclusiones para el presente, las alianzas entre conservadores demócratas y ultras llevan camino de convertirse en un modelo a seguir, mientras son pocos los partidarios de la técnica del cordón sanitario para aislar a la extrema derecha. En el caso de Andalucía, en minoría manifiesta el PSOE y sin posibilidad de lograr la mayoría a través de la marca andaluza de Podemos, todo vale para llevar a la derecha al poder (ya nadie en el PP recurre al mantra de que la lista más votada es la que debe encabezar el Gobierno). Importa poco que Vox llegue a las elecciones de mayo robustecido, que el saludo romano asome de vez en cuanto en la vía pública sobre un fondo de banderas o que el infortunio de los inmigrantes que huyen de la miseria y de la guerra se haya convertido en un resorte eficacísimo para sumar votos en electorados fácilmente manipulables.

Escribió Manuel Vázquez Montalbán en La aznaridad (2003): “Para mí que ese rictus constantemente tenso de Aznar es porque está conteniendo el Aznar que lleva dentro”. Hoy se multiplican las opiniones que dan a José María Aznar como ganador sobrevenido de las elecciones andaluces, aquel Aznar que criticó sin freno en las páginas de La Nueva Rioja (23 de febrero de 1979) la Constitución aprobada en referéndum menos de tres meses antes, y que cuenta por fin con uno de sus herederos ideológicos al frente del PP para relajar el rictus y soñar, quién sabe, con una operación de altos vuelos a imagen y semejanza de la CEDA, tiempos de la República. ¿Es este Aznar el que Aznar lleva dentro?

Hay en marcha una operación destinada a someter a revisión por la vía de los hechos la estructura territorial, el engarce con Europa y el régimen de libertades. Mientras unos hablan de que la Constitución precisa ser reformada para ponerla al día, otros quieren sacralizarla como si se tratara de un texto intocable y, al mismo tiempo, persiguen darle la interpretación más restrictiva y retardataria posible para afrontar los desafíos que plantea el presente. No es de extrañar que con tal deriva o proyecto se alarme el republicano Manuel Valls –la tradición de las Luces– cuando los líderes de C’s, sus presuntos compañeros de andadura en las municipales de Barcelona, se prestan a escuchar a Vox sin mayores incomodidad y desasosiego.

 

Más munición para la derecha populista

La decisión del Gobierno polaco de desandar el trecho recorrido y dejar sin efecto el adelanto de la edad de jubilación de los integrantes del Tribunal Supremo so pena de castigo de la UE no deja de ser una excepción en la estrategia de las extremas derechas de impugnar el acervo legal europeo, la separación de poderes y la independencia de jueces y magistrados. El famoso twit del desprestigiado Ignacio Cosidó y la crisis abierta en la renovación del Consejo General del Poder Judicial apunta en idéntica dirección y el choque frecuente de la Casa Blanca con jueces que bloquean las acometidas del presidente Donald Trump transita por el mismo camino (con el discutido nombramiento de Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo). No hay día en el que no surja una polémica por el control de las togas de por en medio, salpimentada en España con la certidumbre de que el Poder Judicial pasó de la dictadura a la democracia sin renovar la atmósfera que se respira en la cima de la institución, por decirlo de forma contenida.

Aunque Alfonso Guerra dio en su día por superado a Montesquieu –a saber si se trató de una boutade o de una opinión arraigada en el personaje–, el cometido de los jueces debe disfrutar de independencia de criterio para que la interpretación que de la ley hagan no esté bajo permanente sospecha. Tan malo resulta politizar la justicia –controlarla entre bambalinas, según el mensaje de Cosidó– como judicializar la política –el camino elegido por el anterior Gobierno–, porque en ambos casos se adultera o modifica el cometido de las instituciones. Tan negativo es para el prestigio de la función del Gobierno pasar la patata caliente a los jueces como lo es para los jueces la revisión inaudita de una sentencia del Supremo promovida por el mismo Supremo a causa del perjuicio –relativo, hay que añadir– que podía causar a los bancos.

En plena efervescencia y auge de los populismos, tal cadena de despropósitos da alas a la extrema derecha vociferante, a los nacionalismos encendidos y a la división de la sociedad en dos realidades enfrentadas: el pueblo, mencionado sin más especificaciones, y los políticos. Dos grandes periódicos europeos han publicado en fechas recientes artículos que analizan por qué el desgaste de las democracias liberales ha facilitado el ascenso del griterío demagógico de los populismos, que disparan a cuanto se mueve: el historiador Thomas Branthôme escribe en Le Monde que “el populismo es menos un concepto analítico que una estrategia” y el politólogo holandés Cas Mudde, en The Guardian, define el populismo “como una ideología que considera la sociedad separada en dos bloques, el pueblo puro frente a la élite corrupta”. En ambos casos hay una convicción implícita, compartida por el politólogo francés Alexandre Dorna: se trata de una enfermedad contraída por la democracia.

El hecho es que el contagio de la enfermedad ha contaminado a la derecha clásica, dispuesta a asumir partes significativas de los programas de las organizaciones ultras y a practicar un nacionalismo ruidoso y exaltado, que en España ha transformado el perfil ideológico del Partido Popular y de Ciudadanos, amenaza con hacer lo propio con la CDU en cuanto Angela Merkel deje la dirección –ahí están las primeras salvas disparadas por Friedrich Merz– e impregna las proclamas de la derecha francesa desplazada del poder por un partido de perfiles tan inconcretos como La République En Marche de Emmanuel Macron. Todo ello forma parte del paisaje político europeo, es fácil encontrarlo detrás del galimatías del brexit y amenaza con dañar toda la política, con sumar adeptos a la idea expresada por el alemán Jan-Werner Müller: “El populismo no es solo antielitista, sino también y sobre todo antipluralista”.

¿Por qué este populismo de derechas, depositario de algunas inquietudes sociales, se tiene en Europa por más lleno de riesgos para el futuro que el así llamado populismo de izquierdas? Porque salvo en el caso de Italia, con el experimento en curso del M5S asociado a La Liga, los partidos populistas que rondan a la izquierda clásica –la socialdemocracia y derivados– han atenuado el discurso –el ejemplo de Podemos–, ejercen una radicalidad mayor en el léxico que a la hora de actuar y han asumido como algo insuperable que el electorado de izquierdas es mayoritariamente moderado y nunca apoyará experimentos políticos de desenlace manifiestamente incierto. Esto es, el votante de izquierdas aspira a preservar el Estado de bienestar, a combatir la pobreza y a garantizar la continuidad sin sorpresas del régimen de libertades.

De ahí que sea mucho mayor la alarma de la izquierda populista cuando el sistema liberal quiebra las reglas, cuando las instituciones presentan vías de agua que es imposible taponar, cuando los parlamentos se convierten en foros aptos para oradores destemplados –el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya estos días–, donde el debate político se transforma en una mera disputa entre enemigos y deja de ser un diálogo entre adversarios. En estos episodios cada vez más frecuentes, la extrema derecha desarrolla a brochazos una teoría del pueblo “como si lo conociese de memoria, como si lo hubiese hecho” (Noémie Rousseau, en Libération después de la victoria de Trump).

Son demasiados los motivos de insatisfacción o de queja que los gestores de las instituciones dan a los ciudadanos para que estos no se suman en una desorientación creciente, conscientes quizá de que todo es política, y no pueden excluirla de sus vidas, pero hartos de asistir a las mismas peleas por los mismos motivos. Así empieza lo malo, puede decirse, remisión a la frase escrita por William Shakespeare que da título a una gran novela de Javier Marías; así empieza lo malo porque los caminos elegidos impiden enfrentar la realidad presente o la soslayan, o la desvirtúan groseramente, y todo empeora sin remedio.

Baviera marca el camino

El batacazo de la CSU en las elecciones celebradas en Baviera es una señal más de la transformación de los partidos y los electores de perfil conservador. La irrupción de la extrema derecha en la política alemana, con una confortable presencia en el Bundestag, ha llevado a la CSU a asumir parte de la gesticulación pública y los eslóganes de Alternativa para Alemania (AfD por sus siglas en alemán), pero como suele suceder casi siempre en los casos de imitación oportunista del adversario, es este quien sale beneficiado y no el imitador. O lo que es lo mismo, entre el original y la copia, muchos votantes prefieren al primero.

Si hasta la fecha se ha dicho que la izquierda tradicional europea no sale de su desorientación y pena su incapacidad para disponer de un programa propio poscrisis, ahora cabe decir lo mismo del universo conservador, zarandeado por la extrema derecha. Los flujos migratorios, la convivencia con el islam en suelo europeo y el terrorismo global, más una eurofobia sin descanso, han alimentado los programas ultra, simplificando al máximo los problemas y las soluciones, como si la complejidad extrema del momento pudiera gestionarse con enunciados tan genéricos como cerrar las fronteras, salir del euro o poner en marcha un proceso masivo de repatriaciones. El líder de la CSU, Horst Seehofer, ministro del Interior –y de Patria, una aportación suya de inquietante significado–, da la impresión de haber olvidado la sentencia de Konrad Adenauer: “La historia es la suma total de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse”.

El contagio del virus ultra se extiende entre las derechas convencionales a la velocidad propia de las grandes epidemias. El caso de Vox, con un Vistalegre lleno en el zurrón, no es ajeno a los giros hacia la derecha de la derecha del PP y de Ciudadanos, temerosos de que finalmente la segmentación del voto conservador les condene a la derrota electoral. El temor a aparecer demasiado blandos, demasiado contemporizadores, demasiado liberales y poco nacionalistas lleva a algunos de sus dirigentes a subrayar sus coincidencias con los propósitos que animan a Vox, retardatarios cuando no claramente contrarios a la Constitución (la supresión de las autonomías, por ejemplo).

Se frustra así el papel moderador de la democracia cristiana y afines en entornos tan distintos como Alemania, Italia, Austria y en España al final del franquismo al neutralizar los ímpetus de la extrema derecha en sus diferentes versiones. Una operación que condenó a los irreductibles a la irrelevancia durante décadas, convertidos poco menos que un pintoresco residuo del pasado. Carente de líderes asentados y de una base electoral suficiente, el universo ultra hubo de recorrer una larga travesía del desierto hasta que el coste social de la salida de la crisis económica, la decepción de una parte de los más vulnerables con los partidos tradicionales y la insensibilidad de los tecnócratas de la UE al hacer el recuento de bajas puso en bandeja el renacimiento de los partidos con una nueva generación de líderes: Marine Le Pen, Frauke Petry, Matteo Salvini, Geert Wilders, Heinz-Christian Strache y otros menos renombrados.

La mayoría de ellos remaron contracorriente durante muy poco tiempo: si las elucubraciones del Tea Party fueron una primera fuente de inspiración, junto con el legado de la extrema derecha de entre guerras, la victoria de Donald Trump les procuró un líder universal, predicador de la nación agresiva frente al multilateralismo pactista, liquidador del statu quo y de la globalización. Puestos a minar la UE y las exigencias políticas de Bruselas, hallaron en Trump el pilar adecuado para debilitar la propuesta europeísta y sumarse a la labor de zapa de estrategas como Steve Bannon y otros ideólogos del nacionalismo de última generación, tan ajeno al cosmopolitismo que alienta en el proyecto europeo.

Basta sumar la inclusión de programas sociales en las arengas de la extrema derecha para comprender lo atractivo de la oferta en caladeros tradicionales de la izquierda golpeados por la crisis, sometidos a las políticas de austeridad y condenados a  sufrir un mercado laboral precario (pobres con trabajo). Los resultados en la periferia de París de la elección presidencial de mayo de 2017 –victoria de Emmanuel Macron– ilustran sobradamente este fenómeno de transferencia del voto de izquierdas al lado opuesto del espectro político y contribuyen en todas partes a ahondar la desorientación de la izquierda tradicional, a dar vida a proyectos políticos de influencia limitada –los insumisos en Francia– y a alentar diferentes formas de populismo progresista que impugnan el reparto de papeles en los regímenes democráticos.

La más genuina diferencia entre Alemania y casos como los de Francia y España, es que la configuración del Parlamento está lejos de compensar el afloramiento de la extrema derecha con una similar capacidad de movilización de nuevas formas de la izquierda –Die Linke es un partido estancado–, capaces de retener una parte del electorado que ha abandonado a la socialdemocracia (SPD). Los resultados de Baviera tienden a consolidar ese modelo y ahora la mayor de las incógnitas es saber hasta qué punto el traspiés bávaro de la democracia cristiana puede repetirse a escala federal. Porque si, como parece, Angela Merkel se ve obligada a adelantar las elecciones, someterá a su partido, la CDU, a una dura prueba de resistencia frente a las acometidas de AfD y a la prédica nacionalista y poco menos que xenófoba de la CSU, cada vez más presunta aliada y menos aliada sin más de la CDU.

Resulta innecesario subrayar que una Alemania enfrentada al desafío de AfD influiría en el curso de los acontecimientos en el resto de la UE y daría alas a la extrema derecha en todas partes. No es ni exagerado ni grandilocuente imaginar que los sucesivos ascensos en los resultados obtenidos por AfD mejoran las perspectivas del voto ultra, amenazan el proyecto político europeo y contribuyen a endurecer los programas de la derecha tradicional por esa tendencia suya a intentar la neutralización de sus adversarios ultraderechistas mediante la asimilación de parte de sus programas. Y sobre todo de su lenguaje, de un léxico agresivo y extemporáneo que lo mismo le vale a Pablo Casado para referirse a un supuesto efecto llamada en el Estrecho, que a Horst Seehofer para amenazar con el cierre de fronteras.

Quienes se adueñan del lenguaje, siquiera sea para amedrentar, tienen mucho camino recorrido, porque al final es el instrumento para prometer la Luna, desacreditar a los rivales y administrar las victorias. Si la apropiación se produce en entornos marcados por las desigualdades y la decepción de los ciudadanos, entonces se dan dos de las condiciones básicas para que los demagogos sin escrúpulos se suban a la tribuna y atraigan voluntades.

Acercamientos y recalentamiento del ‘procés’

El último episodio del procés, el de los mensajes difundidos en un chat por jueces de perfil presumiblemente conservador, no hace más que avivar el fuego, enardecer la controversia y dañar la imagen global de unos funcionarios públicos que más parecen adscritos a las pasiones de la política y los políticos que a la tantas veces invocada fría ecuanimidad de quienes tienen por misión aplicar la ley a quienes la infringen. Las informaciones de eldiario.es y elmon.cat confirman, además, la división tajante dentro de la carrera judicial –críticas dirigidas a las organizaciones de orientación progresista: Jueces para la Democracia y Ágora Judicial– entre lo que bien cabe calificar de togas airadas y cuantos manifiestan su preocupación frente a lo que entienden que se trata de una minoría –el chat tiene más de 5.000 usuarios– que expresa “un pensamiento tan ofensivo”.

En pleno calendario recordatorio de los sucesos de hace un año, de aquella sucesión de jornadas alejadas de todas las convenciones políticas conocidas, los mensajes divulgados contribuyen a agrandar las dificultades para sistematizar la crisis y acotar el terreno de juego. Si cada día surgen nuevos factores de inestabilidad o desconcierto que modifican lo hasta entonces sabido, engordan los respectivos memoriales de agravios y enriquecen las arengas de los hiperventilados a ambos lados de la divisoria, mal puede serenarse el debate, la negociación o los acercamientos en curso.

De nada vale apelar a la consabida recomendación de que no debe confundirse la parte –los autores de los mensajes– con el todo –los integrantes de la carrera judicial– cuando toda ocasión es buena para desacreditar al adversario, haya o no motivos suficientes para hacerlo. Resulta por lo demás ingenuo dar pábulo a la creencia de que las opiniones contenidas en los mensajes no recogen el sentir de una parte de la judicatura, defraudada con la suerte corrida por las euroórdenes del magistrado Pablo Llarena y asaeteada por las críticas movilizadoras del independentismo catalán más un conglomerado de voces de diferentes izquierdas.

El desaparecido Butros Butros-Ghali, viejo zorro de la política, sostenía que para iniciar una negociación con futuro hay que dejar a un lado cuanto sucede a partir del momento en que se empieza a hablar, porque toda negociación, decía, tiene siempre enemigos que se oponen a ella. Pero en el procés no se ha llegado a este punto, sino más bien a una terra ignota en la que cada día surge una nueva trampa para osos, un exabrupto ofensivo, una convicción desmadrada o cualquier otro ingrediente que llena de riesgos la exploración para hablar y acordar. Lo mismo vale bloquear una moción en el Congreso para negociar con el Gobierno de acuerdo con la ley –victoria del independentismo fundamentalista– que asegurar la presencia de la Generalitat en la Comisión de Financiación Autonómica –triunfo del nacionalismo posibilista– para alterar los biorritmos: cada parte se frota las manos o se rasga las vestiduras según los casos, el momento, las mayorías y la política de las emociones en la vía pública.

En este terreno abonado a la simplificación de los argumentos, los populismos de nuevo cuño (quizá no tan nuevo) fundamentan su discurso a voces y creen que pueden erosionar de una sola tacada la imagen del Gobierno y la facción más realista del independentismo. Las piezas a cobrar son Pedro Sánchez, con las encuestas de cara, y la voluntad electoral de la España alarmada por el desafío catalán al orden constitucional, y ahí vale todo o poco menos, llenas las tribunas de exaltados que piden la vuelta al 155 y su aplicación sine díe mientras la ANC, Òmniun Cultural, los CDR, la CUP y un variado tutti fruti de siglas reclama la república exprés en medio de un mar de lazos amarillos.

Estos jueces del chat, con su recurso a adjetivos hirientes y consideraciones más propias de los excesos verbales de una sobremesa que del ilustre colectivo al que pertenecen, han rendido un impagable servicio a los exaltados adscritos al cuanto peor mejor. Lo dejado por escrito por estas señorías vale lo mismo para un roto que para un descosido, es tan útil a los que se mudaron a Bélgica hará pronto un año como a los que creen que la defensa de la unidad ha quedado en manos de los jueces, y cualquier alternativa no es más que blandenguería posmoderna. Ahí están las cuatro exigencias hechas por Quim Torra a renglón seguido de la publicación de los mensajes de los jueces y los aplausos de la derecha para confirmar que en este laberinto de pasiones todo el mundo es capaz de sacar tajada de cualquier situación. Y aun así resulta poco realista suponer que el tropiezo puede cercenar los movimientos de aproximación o de tanteo entre Madrid y Barcelona, que existen y tienen en un grito al independentismo sin fisuras y al nacionalismo español.

Por más que Carles Puigdemont pida a los catalanes afectos a su causa que “se planten” –poco antes declaró que la independencia será para dentro de 20 o 30 años– y que el president Torra, auxiliado por la ANC y Òmnium, haya convertido el primer aniversario del 20-S en un alegato contra el sistema judicial (una multitud frente a la Conselleria de Economia), solo una componenda presentable y defendible puede sacar al convoy de la vía muerta en el que quedó aparcado después del choque de trenes. Si no fuera así, carecerían de sentido el bloqueo del Parlament, que sigue cerrado por el desacuerdo entre independentistas, las palabras de Josep Borrell y Meritxell Batet lamentando las prisiones preventivas, tan inconvenientes para lograr que baje el souflé, y tantas declaraciones solemnes que luego no se traducen en nada, pero que alimentan la política del balcón tan diferente siempre a lo que se cuece entre bambalinas.

La crisis migratoria, una crisis moral

La marcha atrás de Donald Trump en el caso de los menores, hijos de inmigrantes, separados de sus padres y encerrados a menudo en jaulas no neutraliza la naturaleza deshumanizada de las políticas dictadas desde la Casa Blanca para combatir los flujos de migración irregulares. Al mismo tiempo que Estados Unidos anuncia que se retira de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por ser una instancia “hipócrita y egoísta”, particularmente parcial en contra de Israel, el presidente ha dado muestras de un desprecio absoluto por los derechos de los más vulnerables, decidido a utilizar cuanto esté en su mano para mostrarse como el más duro de los duros. En realidad, debería decirse el más insensible de los insensibles.

Lo peor del comportamiento de Trump, injustificable y sin otro objetivo que contentar a sus electores y sacar partido de las contradicciones del sistema, lo más pernicioso es que crea escuela, alienta a neofascistas como el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, e inspira las políticas xenófobas de dirigentes como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Nada pueden ni las consideraciones morales ni los datos objetivos de informes que subrayan el efecto positivo de las migraciones en sociedades envejecidas como las europeas –el último de ellos, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia–  cuando de lo que se trata es de explotar políticamente la peor versión de la política de las emociones, de los padecimientos de los sectores más deprimidos de una sociedad –la estadounidense, la italiana, la húngara o cualquier otra– para mantener en marcha el taxímetro de los votos. La explotación de sentimientos primarios ha sido siempre un resorte de movilización política que en nuestros días se manifiesta como un dinamismo preocupante.

La posibilidad de habilitar bases militares de Estados Unidos para alojar a inmigrantes entrados en el país de forma irregular mientras se decide si procede su expulsión resulta tan humanamente discutible como el proyecto europeo de crear campos de acogida de inmigrantes económicos y potenciales refugiados fuera de las fronteras de la UE. Si de hecho el acuerdo con Turquía para que almacene a tres millones de migrantes de todas clases ha convertido a los estados europeos en rehenes –potenciales al menos– del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, qué cabe esperar que sucedará con futuros campos situados en Libia, un Estado fallido, o cualquier otro territorio sin garantías o con tendencia a la cirugía de hierro.

El caso del barco Aquarius, atendido con dignidad y eficiencia por el Gobierno español, se multiplicará en otros lugares del Mediterráneo, con otros desaprensivos al frente de las operaciones –otros Salvini–, porque el desembarco en Valencia no deja de ser una excepción, un caso aislado, una reacción que no puede equipararse a una solución. Las referencias genéricas que se hacen en la UE y en Estados Unidos a actuar en origen para alumbrar las condiciones de vida, trabajo y progreso que acaben con los flujos migratorios no son más que justificaciones: todo el mundo sabe que incluso en el hipotético caso de existir y aplicarse estos programas de actuación en origen –algo bastante dudoso–, es improbable que surtan efecto antes de una generación. Dicho de otra forma: en el medio y largo plazo no decrecerá el problema mediante un efecto inmediato y poco menos que milagroso de cambio de las condiciones sociales que se dan en la mayoría de países de África, en Siria, Irak, Afganistán y otros lugares con una historia torturada.

El cambio de paradigma de la aldea global a sociedades amuralladas plantea multitud de incógnitas referidas a la coexistencia de dos mundos frente a frente: uno próspero o relativamente próspero y otro condenado a la pobreza, la dependencia y la sumisión. Muchas de las críticas hechas por políticos republicanos y demócratas de Estados Unidos, enfrentados a las imágenes de niños separados de sus progenitores, remiten a ese diseño insostenible de segmentación de la comunidad internacional. Cuando el ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, amenaza con cerrar las fronteras a los no comunitarios si el Gobierno no arbitra una fórmula para bloquear los flujos migratorios, no hace más que perpetuar la división entre ricos y dsposeídos, a un lado y otro del Mediterráneo, sin mayor preocupación por la suerte que corran en el futuro las víctimas que se arriesgan a cruzar el mar en embarcaciones de fortuna. Seehofer es quizá menos bocazas que Salvini, pero no es menos peligroso ni pone menos en riesgo la decencia como norma en las sociedades democráticas.

La crisis migratoria sienta ante el espejo de su historia a Estados Unidos y a Europa por razones diferentes, pero determinantes. En el caso estadounidense, porque el país creció y cuajó como una gran potencia mediante la consolidación de sucesivas oleadas migratorias; en el caso europeo, porque muchos de cuantos ahora llegan a las costas del sur son los descendientes de aquellos otros que vivieron la experiencia de formar parte de grandes imperios coloniales –el británico y el francés, los más importantes– y hoy pasan por el trance de verse rechazados por los descendientes de quienes en otro tiempo los gobernaron. En ambos casos, ningún líder o gestor saldrá indemne de esta crisis lacerante, ni siquiera aquellos que acuden a las encuestas y comprueban que tienen el viento a favor, porque la idea y la doctrina de los derechos humanos ha arraigado en sectores muy importantes y dinámicos del primer mundo que son quizá los mejor dispuestos para contener el episodio de populismo, xenofobia y nacionalismo exacerbado que atenaza a muchas sociedades por no decir a todas.

“Europa no conseguirá sobrevivir sin inmigración”, sostenía Günter Grass. Su convencimiento de que todas las grandes culturas han surgido de procesos de mestizaje debería orientar la reunión de ocho líderes europeos este domingo en Bruselas para discutir el problema y vislumbrar soluciones realistas y humanizadas. Es difícil que el pensamiento del gran escritor alemán prevalezca, y aún lo es más que los gobiernos se sustraigan al influjo de la extrema derecha, cada día más crecida y con mejores expectativas electorales en Francia, Alemania, Italia y Austria, la mitad de los países convocados. Aunque suene a disparate, los estrategas políticos han llegado a la conclusión de que para neutralizar a los ultras hay que asumir como propio parte de su discurso y aceptar como irremediable que el presidente Trump, con obsceno desparpajo, aparece en todas partes como su líder carismático.

 

Pedro Sánchez dirige la catarsis

Las contradicciones son uno de los motores de la historia y la suma de voluntades tan heterogéneas como las que han descabalgado al PP del Gobierno es la última prueba de que tal afirmación se ajusta a la realidad. Con independencia de la naturaleza del casus belli que desencadenó la moción de censura, la confluencia de intereses que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa debería mover a los populares a buscar una respuesta convincente a la pregunta formulada por el secretario general del PSOE durante el debate: ¿por qué nadie quiere ser compañero de viaje del PP en una situación de crisis extrema? Una respuesta que ineludiblemente debe incluir el reconocimiento de los errores cometidos –la pestilencia de la corrupción, en primer lugar– y la sensación de hartazgo a causa del precio social pagado por la salida de la crisis económica y no restituido a los millones de perjudicados.

La obstinación del PP en desentenderse de la primera de las sentencias del caso Gürtel, como si el partido pudiese salir indemne de los efectos políticos de su contenido, ha desencadenado un terremoto político sin precedentes que ha reunido a una veintena de partidos detrás del PSOE. Pero quizá sin el capital de espinosos asuntos pendientes acumulados por el Gobierno y el partido que lo sostenía, empezando por el damero territorial (Catalunya), el acopio de apoyos hubiese sido menor o menos virulento; acaso los síntomas de desgaste no hubiesen llevado a tan variopinto mosaico de opiniones a dar por bueno el final del Gobierno del PP y las contradicciones habrían impedido tal desenlace. Tampoco es seguro que Ciudadanos se hubiese lanzado a la piscina sin comprobar antes si estaba llena o no si la reacción del PP, conocida la sentencia, hubiese sido otra, por ejemplo mediante la dimisión de Mariano Rajoy.

Lo cierto es que el PP no recurrió a ninguno de los resortes defensivos hipotéticamente eficaces para contrarrestar o asumir la sentencia como problema propio. No recurrir a la moción de censura en tal situación habría sido poco menos que poner sordina a la estridencia del fallo, encubrir su alcance y transmitir la imagen de que los políticos profesionales se afanaban en proteger un particular corralito de intereses y complicidades cruzadas. Era necesario un ejercicio de ventilación democrática del Parlamento y de exigencia de responsabilidades para evitar la deshonra del encubrimiento por inacción, para neutralizar la sensación de que entre ellos –los integrantes del establishment político– todo pasteleo es posible.

Cuantos se rasgan las vestiduras hoy en razón de la formación de un Gobierno sostenido por un partido que no ganó las elecciones callan siempre que en las legislativas no se vota al presidente del Gobierno, sino antes bien a un partido, y que salvo en los casos de mayoría absoluta, la formación de mayorías parlamentarias no tiene por qué atender al principio de que el partido más votado es aquel que debe encabezar el Ejecutivo. Quienes desde la tribuna del Congreso, en las tertulias organizadas por RTVE y en otros barrios sostuvieron y sostienen que los españoles quisieron en 2016 que el PP fuese el partido más votado, como si tal cosa impidiera gobernar al PSOE, habrían de repasar en algún manual los fundamentos de la democracia parlamentaria, tan sencillos y convenientes: quien arma una mayoría tiene derecho a gobernar, a intentarlo al menos, sin asomo de duda democrática.

De igual manera, cuantos defienden que la única salida honorable era convocar elecciones se escudan con frecuencia en el perfil de fracasado en las urnas y conflictivo en su partido que acompaña a Pedro Sánchez. Al adentrarse por este sendero, olvidan que el interesado ha dado muestras de una capacidad de supervivencia política fuera de toda duda, de tal manera que aquel que dejó el acta de diputado para no verse obligado a abstenerse en la última investidura de Mariano Rajoy, ganó unas primarias en el PSOE con el aparato en contra y ha regresado al Congreso para sentarse en el banco azul después de concertar por lo menos una vez una mayoría ad hoc multicolor. Ciertamente, la legislatura está a un paso del agotamiento, pero las prisas de Ciudadanos por acudir a las urnas, espoleado por las encuestas y envuelto en la bandera de un nacionalismo a la antigua usanza, ha condenado al partido a sostener un discurso identitario tan perturbador como muchos de los oídos en Catalunya al socaire del procés.

Para el otro partido de la derecha española, la tensión territorial es el resorte que pone en marcha el taxímetro de los votos. En consecuencia, toda aproximación política al problema catalán es una malísima noticia, porque corre el riesgo de que a medio plazo dé resultado, se concrete en alguna forma de pacto que deje el discurso de Albert Rivera sin acomodo, fuera de la realidad, con menos público del que ahora tiene. La aplicación del artículo 155 y su propuesta de mantenerlo después de la formación de un Govern viable ha tenido tal rentabilidad en las encuestas que cualquier cambio en la gestión de la crisis catalana, por pequeño que sea, puede dañar sus expectativas.

La coalición en minoría y de facto entre el PSOE y Podemos ha roto el esquema de Ciudadanos sin que, por lo demás, quepa deducir del discurso de Pablo Iglesias y del abrazo final con Sánchez la consistencia de tal alianza. Este Podemos del jueves y del viernes es bastante diferente de aquel otro que hablaba de la casta, del que se opuso a un Gobierno en minoría de los socialistas con Ciudadanos y del que presentó una moción de censura hace un año. La complejidad de la política y la arriesgada apuesta de estos días han llevado al partido a moderar el discurso radical y el programa máximo con dosis de realismo –comerse el presupuesto con patatas, dijo Iglesias–, con la necesidad de lograr que encajen todas las piezas en una organización que está lejos de ser un partido homogéneo. Pero, al mismo tiempo, la certidumbre que tiene Podemos de que uno de los caladeros en los debe pescar es en el de los votantes socialistas obliga a preguntarse cuánta vida útil puede tener su entendimiento o colaboración con el PSOE.

El sistema político español explora así en terreno desconocido y se suma a otros experimentos en curso en Europa obligados por la fragmentación electoral, la existencia de parlamentos sin mayorías claras, el desafío populista y la extrema derecha renacida. Por primera vez en 40 años ocupará el Gobierno un partido en manifiesta minoría, con una mesa del Congreso controlada por sus adversarios y con mayoría absoluta de estos en el Senado. Será el PSOE un partido empeñado en un proyecto de regeneración del Estado y de sus instituciones, pero obligado a gestionar una geometría variable llena de aristas, con su propio lastre de juicios en los que deben sustanciarse presuntos casos de corrupción. Nada será fácil en esa catarsis que desembocará en unas elecciones anticipadas aún sin fecha y de resultado imprevisible porque Sánchez se ha convertido en un líder visible.

El hartazgo de las mujeres toma la calle

Las versiones más sórdidas del sexo han acompañado desde la noche de los tiempos el ejercicio del poder, de la peor versión del poder, para mayor precisión. Nada de lo que ahora se descubre y agita las conciencias es nuevo u original, sino más bien una constante histórica, casi siempre oculta bajo la apariencia de honorabilidad perseguida por sus perpetradores. De las presuntas miserias morales de Donald Trump a las también presuntas del senador Pedro Agramunt, queda al descubierto una historia completa de malas artes entre bastidores. De las fechorías de Harvey Weinstein al abuso detrás del brillo diamantino del jurado del Premio Nobel de Literatura, el hilo conductor es siempre el mismo: el sometimiento de la autonomía y la seguridad de las mujeres por decisión de hombres poderosos.

Al mismo tiempo, se reducen los espacios de impunidad de los asaltantes y acosadores del sexo. La movilización alcanza dimensiones hasta ahora desconocidas y hay en ello una impugnación general del orden social. Cuando la Academia Sueca cancela el Nobel de Literatura un año, no reconoce solo la necesidad de sanear la institución, sino que admite también la urgencia perentoria de restaurar la decencia, de garantizar que los dorados de los salones donde se entrega el premio dejarán de ser encubridores de una realidad vergonzosa. Aplazar un año la concesión del Nobel de Literatura de 2018 tiene además un enorme valor simbólico, porque pocos actos sociales están tan íntimamente vinculados a la cultura del establishment, sea cual sea el perfil del ganador. La liturgia laica del Nobel se asocia sin mayor esfuerzo a los rituales del poder –político, económico, cultural–, bajo escrutinio de una variada gama de mujeres en el pasado y en el presente, decididas a pensar por sí mismas y a hacerse oír.

La capacidad de movilización transversal de la vanguardia feminista, cada vez más poblada, resquebraja las convenciones, obliga a revisar a toda prisa los ingredientes de la igualdad y fuerza al universo conservador a un aggiornamento acelerado. Hay en cuanto ha sucedido durante el último año una señal de hartazgo colectivo, de exigencia de responsabilidades y de reparación de daños en la que chirrían como los frenos de un viejo coche la sentencia disparatada de La Manada, exageraciones como la de Mario Vargas Losa –el feminismo es “el más resuelto enemigo de la literatura”, escribió– y opiniones encaminadas con harta frecuencia a épater le bourgeois. La discusión del status quo de la mujer en sociedades abiertas ha ocupado la tribuna y eso, cabe presumir, no tiene vuelta de hoja, es una característica del presente con mucho futuro (parafraseando a Gabriel Celaya, el feminismo es un arma cargada de futuro).

En el preciso momento en el que el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani reconoce en un estudio de Fox News (derecha recalcitrante) que Donald Trump reembolsó a uno de sus abogados los 130.000 dólares pagados a la actriz de cine porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, es insostenible la teoría de la conspiración –caza de brujas–, tan invocada por el presidente. En cambio, gana enteros otra mucho más simple y verosímil: la de un millonario convencido de que todo es posible y de que todo el mundo tiene un precio haya o no sexo de por medio. Se desmorona así la operación encaminada a crear universos paralelos, a encubrir con una realidad virtual otra perfectamente real, penalmente perseguible o moralmente reprobable (a saber en qué apartado encaja mejor el caso Trump-Daniels).

Cuando el senador del PP Pedro Agramunt echa mano de respuestas chungas para zafarse de sus acusadores en el Consejo de Europa a nadie convence dentro y fuera de la institución, dentro y fuera de su partido. Así sucede también con aquellos, no demasiados, que en Hollywood y otros vecindarios del show business han querido salir al paso de revelaciones oprobiosas echas por mujeres. Que en un número indeterminado de casos haya salido mal parada la presunción de inocencia –un daño difícilmente reparable– subraya la radicalidad del momento, la aceleración histórica promovida en Occidente por las mujeres y con un poder de expansión enorme porque se ha convertido en un artículo informativo de primera magnitud, difundido en todas direcciones en la aldea global.

“Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra”, dejó dicho Simone de Beauvoir. Puede que esta suerte de fatalismo se haya quebrado en el último decenio al madurar un proceso de cambio aparentemente irreversible. Al mismo tiempo, toma cuerpo la convicción de Shahida el Baz, y con ella de otras muchas autoras, según la cual “la liberación de los hombres está íntimamente ligada a la de las mujeres”. La mutación del ADN en las manifestaciones del primero de mayo lo atestigua al equipararse las reivindicaciones clásicas de la jornada en la calle con las exigencias de las mujeres, secundadas por los hombres. Hay en todo ello una parte de escenografía apresurada, de complicidad masculina reciente, pero se dan también señales inequívocas de un cambio de paradigma que la decisión de la Academia Sueca no hace más que confirmar.

 

 

Puigdemont, una estrategia encubridora

La nueva entrega del circo de Puigdemont, expresión manejada por la profesora danesa Marlene Wind, tan poco sometida a los encantamientos del procés y de la internacionalización de la crisis pretendida por el soberanismo, ha certificado el error táctico cometido por el expresident en su pretensión de situar en el centro del conflicto la restauración de una presunta legitimidad democrática y no el cumplimiento de la ley. Las preguntas de la docente, tan precisas y concluyentes, se han vuelto contra los objetivos perseguidos por Puigdemont, acaso también por una parte del independentismo al galope, al aparecer las leyes vigentes, aprobadas por dos parlamentos democráticos, el español y el catalán, como una línea infranqueable que separa lo ilegítimo de lo que no lo es. Las leyes no son inmutables, ni siquiera perfectas y a gusto de todos, deben reformarse cuando son inadecuadas o quedan superadas por la realidad, pero no pueden soslayarse o incumplirse en nombre de principios genéricos tan traídos por los pelos como el derecho a decidir, en nombre de la abusiva creencia de que hay un mandato popular que legitima transgredir la Constitución y cuanto de ella se deriva.

El enfado con la Unión Europea del huidizo Puigdemont es perfectamente lógico y comprensible: esperaba que fuese la caja de resonancia que ampliara las exigencias independentistas frente a la cerrazón, asimismo abusiva y, sin duda, paralizante del Gobierno español. Pero se ha dado de bruces con la realidad, tan tozuda, con la solidaridad interestatal y con la opinión mayoritaria en la comunidad académica de que la ley puede y debe cambiarse mediante mayorías indiscutibles y de acuerdo con los mecanismos que la propia ley prevé, empezando por la Constitución misma. Dicho en corto: si una ley no funciona, es ineficaz o queda superada por los acontecimientos, hay que cambiarla a la mayor brevedad siempre y cuando sea mayoritaria la percepción de dicha urgencia en las instituciones –los parlamentos– encargadas de hacerlo. Si se suplanta el camino fijado por la ley misma por una simple maniobra de transgresión, el disparate o el despropósito están servidos.

Los argumentos de los encarcelados posteriormente liberados y de quienes siguen en prisión y han pedido al juez Pablo Llarena salir de ella han esgrimido por activa y por pasiva, sea de forma implícita o explícita, este principio de acatamiento de la ley –añadir por imperativo legal es una redundancia–, y a nadie puede sorprender que lo hayan hecho porque es consecuencia de la estrategia de sus defensas, del todo coherente con el acervo europeo en cuanto atañe al respeto por la ley. La reacción de los gobernantes europeos no es ni una excepción ni una sorpresa, sino todo lo contrario: era impensable que dudaran y transmitieran la impresión de que pasaban la maroma sin red tendida a medio camino de la defensa del Estado de derecho y de la comprensión con los arrebatos soberanistas registrados en Catalunya entre primeros de septiembre y finales de octubre. Y tal actitud ha continuado después del 21 de diciembre, habida cuenta de que la convocatoria electoral, el resultado de las urnas y la formación del nuevo Parlament es inseparable de los requisitos establecidos por las mismas leyes que el núcleo bruselense quiere dejar sin efecto mediante alguna alternativa, más chocante siempre que imaginativa (la proclamación de Puigdemont plasma mediante, por ejemplo).

El viaje a Bruselas del presidente del Parlament, Roger Torrent, para despachar o auscultar al expresident tiene el valor que se le quiera dar, pero pudiera ser el último acto necesario para certificar que con su eventual elección en el puente de mando del Gobierno catalán sería inalcanzable el objetivo fijado por el propio Torrent: que el Ejecutivo sea eficaz y útil desde el primer día, dicho con estas u otras palabras. Forzar el reglamento de la Cámara y consagrar a Puigdemont lleva indefectiblemente a perpetuar la aplicación del artículo 155 , la división social y la permanencia de la autonomía en la UVI. No hace falta echar mano de los argumentos del bloque constitucionalista para llegar a esta conclusión: los comuns, tan contemporizadores con el soberanismo, descartan apoyar la investidura de un president virtual, cuya primera herramienta de trabajo debería ser Skype.

Quizá la jornada bruselense de Torrent sea un paso obligado, profesional, quizá se trata del último acto de sometimiento de la mayoría parlamentaria a los planes pergeñados por Puigdemont y no tiene más objetivo que demostrar la inviabilidad del propósito. Quizá todo se deba a la necesidad de demostrar que es indispensable la aparición de un candidato alternativo, capaz de formar un Govern en activo desde el primer día, que pueda acudir al despacho todas las mañanas, que haga de la aplicación del artículo 155 un enojoso paréntesis del pasado y que esté en condiciones de pilotar el independentismo sin saltarse la Constitución, el Estatut, los dictámenes de los letrados del Parlament y el reglamento a las primeras de cambio. Quizá el relato vaya de eso o de algo parecido a eso; si, por el contrario, va de insistir en el vértigo de 2017, el propósito último de los rectores del independentismo es volver a la casilla de salida, y salga el sol por Antequera.

En la espera, en el descanso antes de que empiece la segunda parte, el soberanismo desvía la atención de asuntos acuciantes para medir la solvencia de sus gobernantes del pasado, imbuidos la mayoría de un pétreo sentimiento de posesión de la verdad, de una verdad absoluta e indiscutible, depositaria de una superioridad moral sin parangón posible. Así sucede con la sentencia del caso Palau, tan esclarecedora de los manejos del universo convergente y de algunos de sus sucesores, y así sucede con esa revelación reciente, no menos esclarecedora, referida al propósito del mando de los Mossos de incinerar las pruebas del aviso procedente de Estados Unidos (mayo de 2017) acerca del riesgo que corría Barcelona de sufrir un atentado. En ambos casos, no se ha dejado oír una sola voz pidiendo disculpas por la pestilencia del 3% y por la arremetida contra EL PERIÓDICO, dentro y fuera de las redes sociales, en cuanto reveló la existencia de la comunicación estadounidense.

En tradiciones democráticas y periodísticas de otras latitudes, la conclusión del caso Palau y ocultar las falsedades sostenidas por el Govern con posterioridad al atentado del 17 de agosto –no hubo aviso desde Estados Unidos, aseguró– hubiesen desencadenado una crisis de confianza en todas direcciones, seguido de dimisiones, mea culpas y otros daños colaterales. El simple encabezamiento de la información publicada el lunes por EL PERIÓDICO habría zarandeado las columnas del templo (ilustra mucho leer cada cierto tiempo Todos los hombres del presidente, el caso Watergate  propiamente dicho, el precio que retrospectivamente tiene mentir). Aquí no ha pasado nada, o casi nada, o muy poco, porque el circo de Puigdemont lo encubre todo, pasa por encima de cualquier acontecimiento relevante, mantiene a una parte considerable de la opinión pública absorta en el viaje a Ítaca con parada y fonda en Bruselas por tiempo indeterminado, como un atasco en hora punta.

Solo incertidumbres a las puertas del 21D

Al acercarse el día D, multiplicarse las encuestas, desbordarse las promesas electorales y proliferar los análisis se asientan en los votantes emociones encontradas, las más de las veces condimentadas con dosis variables de desconcierto, de asombro y aun de hartazgo. En esa extraña campaña con candidatos en la cárcel, candidatos en libertad bajo fianza, candidatos exaltados por agravios de diferente signo y naturaleza y candidatos distribuidos en bloques, apenas importan los programas, reducido todo a una brega sin cuartel por sostenella y no enmendalla en el campo soberanista y por enmendalla del todo en el universo constitucionalista, tan improbable como universo, como bloque o como agrupación instrumental.

Así están las cosas: Carles Puigdemont cree atesorar títulos y sacrificios –bruselenses– para ser el único candidato legitimado para volver a la presidencia, previo cruce de la frontera blindada; ERC espera contener el deslizamiento de votos para situar en la presidencia a Oriol Junqueras o Marta Rovira, según sea la situación futura del exvicepresidente encerrado en Estremera; Inés Arrimadas (C’s) echa cuentas en pos de una victoria y Miquel Iceta (PSC) hace lo propio sin pensar en la victoria, dispuesto a encarnar la síntesis necesaria para evitar una confrontación estéril entre minorías parlamentarias que lleve indefectiblemente a nuevas elecciones (un posibilidad que viste los ropajes de lo que sería un doble fracaso político y económico). Así están las cosas, con el dato añadido de que el perfil ascendente de JxCat merced a la participación activa de Puigdemont en la campaña, entre otras razones, coincide inevitablemente con el perfil declinante de Junqueras, imposibilitado este de recurrir al plasma para estar presente en los actos de su partido.

Por detrás de este cuarteto asoman tres candidaturas a la búsqueda de un papel relevante en la obra: los comuns, la CUP y el PP. Los primeros creen ver su futuro convertidos en muleta o aliados accidentales del PSC, los segundos apuntan por la vía unilateral a pesar de la experiencia vivida a partir del 27 de octubre, los terceros no tienen quien les escriba, salvo que el porvenir presidencial de Arrimadas dependa de ellos. Todo bastante confuso e inconcreto, más próximo a una operación aritmética imposible que a un desenlace verosímil de la crisis, aquel que permitiría rebajar la tensión, activar la economía y llevar al ánimo del Tribunal Supremo la necesidad de que la justicia se ponga al servicio de la concordia y no viceversa (dicho sea sin poner en duda la vigencia de la división de poderes, tan abusivamente citada). Todo condicionado o sometido a un frentismo en el que, a cada lado de la divisoria, hay codazos para ocupar el centro y atraer voluntades que permitan conquistar la presidencia.

Pero la confusión se impone en los prolegómenos del día D (el jueves,21), espoleada por la radicalización en el campo soberanista, herido por los encarcelamientos y la instalación sine díe del expresident en Bélgica, por el desasosiego inquietante provocado por el presunto propósito del Gobierno de mantener la vigencia del 155 si de las urnas no sale el futuro deseado –que el independentismo no regrese al puente de mando– y por esa tendencia a la arenga constitucionalista de algunos candidatos –Arrimadas y García Albiol–, más propia de fundamentalistas que de políticos. Y la confusión se acrecienta con las discrepancias argumentales entre la celda de Estremera –la unilateralidad ha muerto; solo cabe la bilateralidad– y esa contaminación cupaire de los mítines de ERC, tan necesitada de contrarrestar las soflamas de Puigdemont desde una pantalla.

La oratoria encendida de los debates en televisión, el tono de las entrevistas en TV3 –la de Miquel Iceta, el ejemplo más llamativo–, la animadversión indisimulada entre candidatos –el cara a cara à bout de souffle de Rovira y Arrimadas en Salvados– y un encono sin comparación posible con otras campañas presagian un día siguiente al día D de una complejidad irresoluble, próxima a las adivinanzas que la cruel princesa Turandot planteaba a sus pretendientes. De momento, brilla por su ausencia la voluntad de encontrar un punto medio entre los objetivos de ambos bandos o trincheras, como si la degradación del marco político, la fractura de la calle y la incompatibilidad de propósitos configuraran una lucha entre adversarios irreconciliables.

El espacio dedicado a la autocrítica ha quedado reducido a su más mínima expresión, singularmente en el campo soberanista, donde la mezcla de arrepentimientos de primera hora y reconocimientos de que bastantes cosas se hicieron mal y hubo engaño manifiesto, ha dado paso a una exacerbación de las pasiones, estimulada por los encarcelamientos, primero, por la decisión del magistrado Pablo Llarena de mantener entre rejas a Junqueras, Forn y los Jordis, por el episodio de Sijena, más tarde, y por un sinfín de investigaciones en curso, siempre en primera página los rostros más visibles del independentismo. De la misma manera, ha quedado reducido a su más mínima expresión, por no decir que se ha esfumado, el papel reservado a las opciones intermedias, susceptibles de ahormar alguna forma de conciliación, porque todo el mundo aspira a lograr una victoria por sus propios medios sin ceder un milímetro (la lógica de los eslóganes obliga a ello).

Esta es la situación, agravada por la desaparición de los bloques ideológicos (derecha, izquierda), suplantados por los instrumentales (independencia, sí; independencia, no). Un agravamiento reflejado en los comentarios suscitados por la configuración de la candidatura de Miquel Iceta, una versión de bolsillo del compromiso histórico y de la complicidad política de democristianos y socialdemócratas en la construcción de la Europa que conocemos, dos tradiciones en la articulación de la Europa de nuestro tiempo que, trasladadas a Catalunya, han dado pie a caricaturas y simplificaciones. Poco importan las ideas, solo importan la identidad y la mitología de las naciones, sean estas las que sean.

“La política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre política generalizada”, afirma Edgar Morin, y en esas estamos. Una incertidumbre corregida y aumentada por la negativa de todos a pagar el precio político de llegar a una solución transaccional que, quizá, supusiese el final del recorrido político de los implicados en la operación. Por el contrario, las encuestas indican que los partidarios de los desenlaces rotundos suman adeptos con mayor y más continuada tendencia a ascender que los dispuestos a alguna forma de acuerdo o pacto. A escala catalana y española, a través de la sacralización de los nacionalismos, de la simplificación del conflicto, reducido en los discursos a un choque irresoluble de identidades reales o fabricadas, ocultas detrás de la “negra espalda de tiempo” (William Shakespeare, varias veces citado por Javier Marías), y que el día 22 estarán sobre la mesa al margen de cuál sea el resultado electoral.