La monarquía, en la encrucijada

Nunca la Corona había pasado por una situación de desgaste y vulnerabilidad tan manifiesta desde la restauración de la monarquía en 1975. Las comisiones o regalos, o quizá ambas cosas al mismo tiempo, percibidos por el rey emérito y de nuevo regalados o transferidos o adjudicados a Corinna Larsen, “amiga íntima” de Juan Carlos I en palabras de la interesada, sitúan a la institución en el centro de toda clase de sospechas, alimentadas por la reacción de las justicias suiza y española y por las diferentes informaciones de una consistencia poco discutible difundidas por medios de comunicación, dentro y fuera de España. Las teorías conspiratorias carecen de sentido una vez más, cuando los hechos son de una elocuencia sin fisuras.

Las monarquías de los países democráticos han encomendado a la transparencia y a la neutralidad de la institución el anacronismo de un sistema que fía en los caprichos de la genética la máxima representación del Estado. Pero, incluso así, muchas de las monarquías más asentadas han tenido su annus horribilis, como dijo en una ocasión la reina Isabel II, facilitado en muchos casos por cierta sensación de impunidad y por la distancia manifiesta entre los usos de palacio, de todos los palacios, y la vida cotidiana. España no es una excepción a lo que se ve, y además la restauración de la monarquía arrastra el dato inalterable de que fue una decisión del general Franco establecer la sucesión a la jefatura del Estado a título de rey en la persona de Juan Carlos de Borbón y Borbón (decreto del 22 de julio de 1969).

Detener en tal fecha el reloj de la historia resultaría tan capcioso como injusto. Es decir que el Rey, ahora emérito, se desenganchó del Movimiento Nacional y del legado institucional de la dictadura a igual velocidad que los reformistas del tardofranquismo y desempeñó un papel aparentemente crucial en el desenlace del 23-F. Pero transcurridas las décadas e instalada la Corona en la rutina y la inercia como representación máxima del Estado, surgieron las sospechas sotto voce, el caso Urdangarín causó grave daño a la imagen de La Zarzuela, lo mismo sucedió con el episodio del elefante en Botsuana, llegó la abdicación en 2014 y se supo por último la vinculación de Juan Carlos I con la concesión a compañías españolas del AVE a La Meca, propinas mediante. A partir de ahí la tormenta ha arreciado con fuerza inusitada.

Poco queda de aquella idea según la cual España era una república coronada. Es humanamente imposible separar a Felipe VI de la crisis institucional en la medida en que la monarquía se asienta en el vínculo familiar, en la norma sucesoria, en algo tan objetivo como que el hijo de Juan Carlos I era una persona adulta cuando se desarrollaron los acontecimientos, que cabe concretar en una mezcla de tres presunciones: tráfico de influencias, evasión de capitales e impago de impuestos por una cuantía sencillamente mareante. Incluso después de renunciar a la eventual herencia del dinero asociado a la operación en Arabia Saudí, parece vulnerable el perímetro de seguridad armado por el Gobierno, el PP y Vox alrededor de Felipe VI, expuesto a una dinámica judicial y política que está lejos de controlar.

Ese es un precio consustancial a la naturaleza de las monarquías. Si los partidos salen indefectiblemente dañados de los dislates de sus militantes, especialmente si ostentan alguna cuota de poder, las familias reales pagan siempre algún precio por las irregularidades de uno de sus miembros, especialmente si este fue en algún momento el cabeza de familia, con una autoridad y administración absolutas de los asuntos de palacio. En las familias reinantes solo es aplicable una cierta realidad imaginada mientras nada irregular o reprobable trasciende; cuando algo llega a la opinión pública, la imagen idílica se desmorona con estrépito. Así sucedió, por ejemplo, en Holanda cuando se supo en 1976 que el príncipe Bernardo, esposo de la reina Juliana, cobró de la empresa aeronáutica Lockheed una comisión de 1.100.000 dólares por promover ante el Gobierno de su país la compra de un determinado modelo de avión.

Si la investigación en curso no se sustancia en conclusiones concretas, el desgaste de la institución puede ser aún mayor. Por eso resulta sorprendente que un partido declaradamente monárquico como el PP vea intereses electorales en algunas reacciones y que no entienda que el saneamiento de la monarquía solo es posible si nada se oculta bajo la alfombra. Sobre todo porque la actitud protectora de Felipe VI adoptada por el PSOE, cuyo ADN republicano forma parte de su historia, solo se sostiene –ante la militancia, ante sus votantes y ante la opinión pública– si nada se guarda bajo siete llaves. Si tal cosa sucediese, la iniciativa de Podemos de crear en el Congreso una comisión de investigación estaría doblemente justificada: por la magnitud del hecho sujeto a investigación y por la obligación de exigir responsabilidades a quien supuestamente transgredió la ley.

A la densidad del momento solo se puede hacer frente con dosis ilimitadas de transparencia. No será a causa de ella que la institución monárquica saldrá más debilitada; al parecer, Juan Carlos I hizo cuanto estuvo en su mano para erosionar una institución que durante la transición apenas nadie impugnó, conscientes la mayoría de actores políticos de que la alternativa entrañaba demasiados riesgos. Fue aquel un gesto de realismo ineludible para asentar la democracia, pero más de cuarenta años más tarde, en nombre de ese mismo realismo, es insoslayable el esclarecimiento de los hechos. Cuantas más trabas se pongan a las pesquisas en curso, más alto será el precio político a pagar, porque mayores serán las sospechas que, con pruebas o sin ellas, se pondrán en circulación y más ruidoso será sin duda otro debate, el de la forma de Estado, siempre aplazado.

 

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La economía, en el laberinto de la pandemia

Después del progresivo desconfinamiento, la paulatina recuperación de la movilidad y el uso de la mascarilla a todas horas el gran reto es poner en marcha las economías paralizadas por la pandemia. El gran debate es cómo hacerlo, con qué instrumentos, en qué dirección y a qué precio, entendido este como el efecto inmediato de la fractura social y el aumento de las desigualdades derivado de la contracción de las finanzas, el reordenamiento de la industria, la caída del consumo, el ascenso mareante del paro, el crecimiento de la deuda púbica, la destrucción de una parte importante de los canales de distribución y el desplome del sector servicios entre otros muchos factores. El desafío es enorme y se debe acometer en una situación caracterizada por la ausencia de liderazgos mundiales convincentes (Sylvie Kauffmann en Le Monde), la rivalidad sin tregua entre las dos primeras economías –Estados Unidos y China–, el rumbo imprevisible o alarmante, según se mire, de Donald Trump en año electoral y las habituales peleas de familia en la Unión Europea.

El convencimiento de Kauffmann de que “estos tres meses han infligido profundos desarreglos en el orden mundial” le da pie a afirmar que se ha agravado el desfallecimiento de la gobernanza mundial. A falta de un multilateralismo consolidado y eficaz, la pandemia ha acelerado la sensación de desorden, la lucha contra el mal ha sido diferente de un país a otro y las profecías de la globalización se han venido en gran parte abajo, impugnadas con harta frecuencia por un nacionalismo de urgencia. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha podido sobreponerse a este ambiente general, discutido su liderazgo científico por la Casa Blanca, que la acusa de plegarse a las presiones de China.

El caso de la OMS no es más que reflejo de un orden cambiante desde antes de declararse la pandemia y que la covid-19 no ha hecho más que acelerar. Para el economista James K.Galbraith, de la Universidad de Texas, los efectos de la enfermedad en la economía han puesto de manifiesto la excesiva dependencia de Estados Unidos de la “demanda global de bienes avanzados” y de un consumo muy dinámico “alimentado por deudas y servicios no esenciales”, una situación, añade, que hay que someter a reformas radicales. En su ausencia, Jules Kortenhorst, del Rocky Mountain Institute, vaticina que Europa y China saldrán airosas de la prueba, con el recurso masivo a las energías limpias, mientras la economía estadounidense se verá lastrada por industrias más antiguas, emisoras de gases contaminantes.

El pronóstico de Kortenhorst está íntimamente ligado con el resultado de la elección presidencial, el 3 de noviembre, a la que el demócrata Joe Biden concurrirá con un programa probablemente muy diferente al de Donald Trump, pero depende, al mismo tiempo, de la habilidad de los europeos para no tropezar una vez más en la piedra de la desconfianza y los recelos del norte hacia el sur, y viceversa. Según la retranca de Hugh Hewitt, columnista The Washington Post, la invisibilidad de Biden permite a Trump, de momento, “competir contra sí mismo”, mientras Europa, cabe añadir, encadena episodios de sensatez con otros de desunión y exigencias de austeridad. De todo lo cual se deduce fácilmente que si Trump triunfa y la Unión Europea no se compromete con la recuperación, las previsiones de Kortenhorst pueden quedar en nada, y lo mismo puede suceder si el ganador es Biden y los europeos siguen enredados en su madeja.

Ante este futuro incierto, pero que será decisivo para una generación, resulta preocupante la decisión del Partido Popular Europeo de apoyar el enfoque para la reconstrucción económica del frente frugal –Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia–, sin que un solo diputado español haya disentido, algo que, más que preocupante, es injustificable, aunque perfectamente previsible. Detrás de la declaración del presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, el alemán Manfred Weber, de que los suyos comparten la iniciativa porque entienden que “la solidaridad va acompañada de responsabilidad”, se esconde un cambio en la posición de la democracia cristiana alemana, es decir de la cancillera Angela Merkel, y el regreso a la lógica austericista, que se impuso en la salida de la crisis desencadenada en 2008.

De todo lo cual se deduce que si Trump es reelegido y la Unión Europa no sale de la estéril ortodoxia de alguno de sus socios, el único gran sistema económico que saldrá robustecido de la pandemia será el de China. La mezcla de autoritarismo y tecnocracia libera a la Ciudad Prohibida de los debates que condicionan el comportamiento de los regímenes deliberativos, de tal manera que el Gobierno chino tiene las manos libres para fijar el rumbo sin dar mayores explicaciones y sin que se avizore una gran crisis social a pesar de la contracción de la economía. Y si el ganador es Biden, la revisión de las relaciones de Estados Unidos con China planteará muchísimos más problemas al nuevo presidente que al aparato del Partido Comunista Chino, una máquina de poder sin adversarios.

¿China ganará siempre, pase lo que pase? El analista Javier Biosca Azcoiti ha escrito en Eldiario.es: “El modelo de liderazgo elegido por las dos superpotencias durante la pandemia es un reflejo de lo que viene ocurriendo en el sistema internacional en los últimos años. Mientras EEUU se retira paulatinamente del tablero –especialmente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca–, China gana poder jugando principalmente dentro del marco de normas diseñado en gran parte por EEUU como gran arquitecto del orden mundial tras la segunda guerra mundial”. Con la particularidad añadida de que las fórmulas chinas para superar la crisis no son exportables a los países democráticos, salvo degradación de las libertades fundamentales, pero compiten con ellos en términos de eficacia y rentabilidad.

La pandemia debilita a la UE

La crisis del coronavirus ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de la sociedad del siglo XXI. La abnegación de muchos, sin condiciones ni reservas, resalta la cicatería de otros, los egoísmos nacionales y los prejuicios exacerbados. Las discusiones en la Unión Europea para superar el fallo multiorgámico que sufre la economía sin dejar a nadie en la estacada o condenándolo a un estatus disminuido, precario, atienden a esta doble condición: la decencia aconseja el esfuerzo concertado, la solidaridad y el espíritu europeo en su máxima expresión; los analistas financieros sacan luego el manual e imponen la frialdad de la cuenta de resultados o de cualquier otro dato que guía sus pasos.

En la película Presidente Mitterrand, el actor que encarna al estadista deja dos frases para la historia que el Mitterrand auténtico seguramente habría asumido: “Yo soy el último de los grandes presidentes. Después de mí no habrá más que financieros y contables”. A juzgar por las justificaciones difundidas por economistas de variada procedencia para explicar la negativa de Alemania, secundada por Holanda, Austria y algún otro socio de la UE, el Mitterrand de cine se adelantó a su tiempo. Porque tales justificaciones solo atienden a los aspectos contables para cerrar la puerta a los eurobonos, a la mutualización de la deuda, sin entrar en otras consideraciones y en la necesidad apremiante de que ningún país se quede por el camino, renqueante y sin caminos transitables cuando cese la tormenta.

El juicio de los técnicos se apoya en los datos inmediatos, pero con demasiada frecuencia soslaya la historia. Por ejemplo, sin la disposición europea a facilitar la unificación alemana, vencidas las resistencias iniciales, el proceso hubiese entrado en una provisionalidad de efectos imprevisibles, aunque algunos alemanes ilustres como Günter Grass se alarmaron con la el acuerdo cerrado por el canciller Helmut Kohl con los socios comunitarios. Por ejemplo, se olvida el dumping fiscal practicado por Holanda –un paraíso fiscal encubierto– que perjudica los erarios de otros países, entre ellos España. Por ejemplo, se deja de mencionar que las exportaciones de Holanda equivalen al 78% de su PIB y que el destino de bastante más del 50% es a países de la UE (Rotterdam es el primer puerto de Europa).

Claro que, al mismo tiempo, hay economistas que entienden que es indefendible volver al desastroso austericidio de 2010 y años sucesivos. El belga Paul de Grauwe, de la London School of Economics, ha explicado a este diario que si no hay eurobonos porque Alemania se cierra en banda, el Banco Central Europeo debe financiar los déficits, monetarizando la deuda, al mismo tiempo que califica de locura recetar austeridad a España –añádase Italia– mediante el recurso al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Y advierte que con gestos arrogantes puede crecer la desafección y pueden engordar los partidos eurófobos, que ven la construcción de la cohesión europea, de la ciudadanía europea, como un problema y no como una solución.

Los ejemplos de Hungría y Polonia son dignos de tenerse en cuenta: dos partidos de extrema derecha, nacionalistas, eurófobos y autoritarios –Fidesz y Ley y Justicia– tienen garantizado el respaldo mayoritario de la población, facilitados sus atropellos a la democracia por la pasividad de la UE, más inclinada a la retórica que ha sancionarlos. El poder de contagio de actitudes como la de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, es equiparable al del coronavirus. Líderes políticos de diferentes marcas de la extrema derecha –Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini– se encuentran en una situación propicia para asaltar el poder o por lo menos mediatizarlo, si no es que ya lo hacen ahora en alguna medida. Dicho de otra forma: la pandemia puede debilitar la UE en grado sumo como proyecto de futuro.

Muchos de estos líderes a la espera cuentan además con la ventaja de no sufrir desgaste alguno porque no gestionan la crisis, no han de tomar decisiones sobre la marcha ni dar todos los días el parte de contagiados y muertos. Con difundir la idea de que quienes gobiernan la UE y en cada uno de los países pecaron de imprevisión, son ineficaces y se ven superados por la crisis tienen suficiente para que les sonrían las encuestas y siembren la gran duda: ¿podía haberse afrontado todo de mejor manera? Una vez más, rinde o puede rendir réditos la maquinaria perversa de simplificar el cariz de los problemas para, acto seguido, ofrecer alternativas de una simplicidad absoluta.

Nada es fácil en la crisis insólita que mantiene a los ciudadanos encerrados en casa a la espera de que escampe, a los sistemas sanitarios sometidos a un estrés permanente, a las economías sin aliento y a los gobiernos obligados a atender a la vez al consejo de los especialistas y a las necesidades básicas de la población. Pero todo puede complicarse si, al mismo tiempo, llegan de Bruselas malas noticias o noticias inconcretas. Una de ellas, las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: el Plan Marshall que reclama Pedro Sánchez será el presupuesto de la UE, estará contenido en él. Si fue dicho para salir del paso, malo; si fue dicho para suavizar el debate sobre los eurobonos, peor.

Se ha quedado sola Alemania en la UE como único socio de referencia, muy debilitada Francia por los efectos de una larga crisis social y un programa de reformas promovido por Emmanuel Macron que a duras penas se concreta. Ha dejado de funcionar el eje francoalemán como un sistema de pesas y medidas capaz de equilibrar mentalidades, tradiciones políticas y lastres del pasado muy diferentes, y se ha impuesto el enfoque alemán de los problemas y de las soluciones, con Angela Merkel en el ocaso y un Parlamento que “nunca aprobará los eurobonos”, según recordó la cancillera. Y corre el riesgo la UE de olvidar algunas de las ideas que guiaron a los padres fundadores, entre ellos, Robert Schuman: “Servir a la humanidad es un deber igual que el que nos dicta nuestra fidelidad a la nación. Así es como nos encaminaremos hacia la concepción de un mundo en el que se apreciarán cada vez más la visión y la búsqueda de lo que une a las naciones, de lo que les es común, y en el que se conciliará lo que las distingue y las opone”. Unión, diversidad, solidaridad, estos son de nuevo los grandes retos.

Debate sobre el poder a raíz de la pandemia

La crisis mundial provocada por la pandemia del covid-19 ha abierto de nuevo el debate relativo a las atribuciones de los estados, al poder que ejercen, a la eficacia o ineficacia de los sistemas, a la relación de los ciudadanos con las autoridades políticas, a la competición entre adversarios políticos en situaciones de excepción como la presente. Al mismo tiempo, asoman nuevos profetas que se emplean a fondo para resaltar el éxito de China para limitar la extensión de la enfermedad y quizá vencerla; pocos de ellos emplean la misma energía en recordar la naturaleza del poder en el país donde todo empezó: una dictadura de partido único, extremadamente centralizada, sin compromiso alguno con la defensa de los derechos humanos y con el derecho a la autonomía de los individuos. Ni siquiera se sabe hasta qué punto la cicatería informativa de las autoridades chinas en las primeras semanas de la epidemia facilitó la extensión de la enfermedad, y resulta una ingenuidad dar por buenas las cifras que han facilitado (contagiados, muertos y curados).

“Somos bastante reacios a obedecer si no se nos convence y tenemos muchas fuentes de información”, ha declarado a este diario el filósofo Daniel Innerarity. Es esta una opinión tranquilizadora en una época en la que se multiplican las voces que reclaman anteponer la seguridad a cualquier otra consideración, base y fundamento de la vieja utopía reaccionaria que persigue erosionar el ejercicio de las libertades a cambio de mayores cotas de seguridad (en realidad, no hay seguridad sin libertad). El confinamiento obligado por la pandemia está lejos de ser una concreción de tal utopía -distopía,mejor-, más bien es una situación excepcional y científicamente justificada, pero todo vale en la brega de la extrema derecha y vecinos ideológicos para arremeter contra la democracia, los sistemas deliberativos y la acotación del poder.

El profesor David Runciman, de la Universidad de Cambridge, se remite en las páginas del periódico progresista The Guardian, a la aproximación de Thomas Hobbes (mediados del siglo XVII) sobre la naturaleza del poder: algunas personas pueden decir a otras qué deben hacer. Algo que por la gravedad del momento tiene justificación, pero que solo en los regímenes democráticos se contrapesa con garantías de control de los riesgos asociados a medidas limitativas de la libertad de movimientos. “Los gobiernos nacionales realmente importan, y realmente importa de cuál dependes –escribe Runciman–. Aunque la pandemia es un fenómeno global, y se está experimentando de manera similar en muchos lugares diferentes, el impacto de la enfermedad depende en gran medida de las decisiones adoptadas por los gobiernos individuales”.

Tal dependencia de las decisiones requiere un examen permanente y pormenorizado de su oportunidad y eficacia. La discusión en Estados Unidos se plantea hoy en tales términos: el presidente Donald Trump se instaló en un escepticismo sin justificación posible y dio tiempo a que avanzara la enfermedad hasta manifestarse con una virulencia extrema. La Casa Blanca despreció la experiencia europea, y cuando rectificó hubo de hacerlo urgida por el desmoronamiento de la economía y la multiplicación de los contagiados. “La economía ha entrado en una profunda recesión que tiene ecos de la Gran Depresión en la forma en que ha devastado a muchas empresas y consumidores, provocando despidos masivos y amenazando con provocar una reacción en cadena de quiebras y pérdidas financieras para empresas grandes y pequeñas”,  explica Heather Long en el liberal The Washington Post.

¿Cuánto del desastre podía haberse evitado y hasta qué punto el programa de rescate de dos billones de dólares será eficaz? Nadie lo sabe. ¿Qué dimensiones puede adquirir la epidemia en Estados Unidos? No son posibles los vaticinios. Lo único que ha confirmado la crisis es que la suficiencia es siempre ineficaz, dañina, y agrava los efectos de por sí gravísimos de una economía paralizada, sin que quepa aventurar cuándo será posible reactivarla.

¿Despreció Donald Trump los efectos de la globalización? El analista Alex Kliment contesta con una dualidad: “Algunas personas ven la crisis de covid-19 como una llamada de atención atrasada para una mayor coordinación y unidad global. Otros lo ven como una confirmación de su sensación de que la globalización había ido demasiado lejos, y que un futuro de muros más altos y menos integración económica es más seguro y saludable”. Pol Morillas, director del Cidob, abunda en El País en la misma idea de repliegue de la política en dirección a ámbitos alejados de la idea de globalización: “El coronavirus parece haber decantado el péndulo hacia lo nacional, también en la UE. Los límites a la movilidad y el confinamiento siguen regulaciones nacionales, en ausencia de directivas conjuntas. Las medidas sanitarias y de respuesta a la pandemia divergen entre los estados de la UE y a veces en su interior, entre Gobiernos centrales y regionales”.

En mitad de la batalla ha cundido la idea de que si fue útil una solución nacional, centralizada y autoritaria en China, ¿quizá este sea el camino? Al mismo tiempo, las recetas nacionales han tensado las costuras en los estados europeos de estructura federal o federalizante –el caso español no es único–, entre las autoridades a escala regional y las entidades locales, y así sucesivamente; la naturaleza y los atributos del poder, la soberanía y cuanto se refiere al equilibrio entre poderes se ha puesto a discusión entre partidarios y adversarios de soluciones autoritarias, con la referencia china siempre al fondo.

“En el corto plazo va a haber un repunte de la autoridad del Estado (…) Pero en el largo plazo el Estado-nación pensado de forma tan vertical no existe”, sostiene Daniel Innerarity. Es una opinión esperanzadora frente a quienes pronostican una mutación autoritaria del poder propiciada por la pandemia, que aceptarán sociedades asustadas y económicamente vulnerables. Sociedades en las que, antes de la crisis, anidaron opciones populistas con representación en los parlamentos, programas muy conservadores y actitudes cada vez más agresivas. David Runciman lo resume en dos preguntas: “¿Cómo ejercerán los gobiernos los poderes extraordinarios que les damos? ¿Y cómo responderemos cuando lo hagan?” Las respuestas solo podrán ser retrospectivas, pasada la tormenta.

 

 

Charcutería política en plena crisis sanitaria

La peor versión de la charcutería política ha hecho acto de presencia en medio de la crisis planetaria del coronavirus. También ha asomado con furor la vieja discusión entre el fuero y el huevo, y han proliferado como las setas en otoño (cuando llovía abundantemente) los especialistas en discusiones bizantinas. Y no han renunciado a sumarse a la función diferentes clases de visionarios, científicos o no, que desacreditan cuanto se hace o se atreven a sostener que vieron venir el desastre mucho antes, advirtieron a quienes debían y no les hicieron caso.

La crisis es mundial, pero su utilización ha adquirido tintes de local, de política de bajos vuelos. La abundancia de políticos en permanente campaña electoral empaña todas las discusiones; los disidentes a quienes la idea de unidad de acción provoca sarpullidos arremeten contra autoridades legitimadas para adoptar medidas extremas; los expertos que deben tomar decisiones arriesgadas sufren el acoso de otros expertos que no se sienten suficientemente atendidos o creen disfrutar de una excepcional clarividencia (Oriol Mitjà, uno de ellos). No es esta una situación generalizada, pero sí demasiado frecuente.

Mientras cada uno en su casa gestiona el confinamiento con un índice de seguimiento altísimo –calles vacías, tiendas cerradas, el sistema educativo paralizado, la economía en fallo multiorgánico– y una encuesta publicada por el diario El País revela una aceptación del 36% de las medidas adoptadas –65% si se suma el porcentaje de cuantos las valoran como regulares–, al escuchar según qué voces se podría llegar a la conclusión de que vivimos instalados en los errores encadenados en diferentes peldaños de la Administración. Mientras la población asume con serenidad el parte diario de bajas y da muestras reiteradas de solidaridad y disciplina social, la deslealtad se manifiesta con energías renovadas, manipula la realidad o simplemente miente a la opinión pública.

La declaración del estado de alarma ha activado los resortes de un localismo exacerbado, cuyas primeras manifestaciones precedieron al larguísimo y seguramente tormentoso Consejo de Ministros del sábado, 14. Así el papelón de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que hubo de rectificar después de referirse con desdén a los profesionales de la educación; así Quim Torra, que ocupó la noche del viernes, 13 en anunciar un confinamiento específico para Catalunya que no podía declarar, con una aclaración casi inmediata del conseller Miquel Buch y, a partir de ahí, una traslación del combate contra la pandemia a la precampaña electoral del independentismo desaforado; así, en fin, las diferentes aportaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y otros ilustres especialistas en sembrar la confusión y la duda en sociedades sometidas a una prueba de estrés sin precedentes en tiempo de paz.

Sin duda, el Gobierno ha cometido errores en la gestión de este aciago asunto porque todos los han cometido, empezando por el de China, como es de imaginar que los han cometido las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, con diferentes grados de intensidad y en diferentes momentos. Si no los hubiesen cometido, deberían pasar a los anales de la historia de la humanidad como gobiernos dotados de una lucidez sobrenatural. Es además altamente improbable que alguien disponga de un catálogo de medidas infalibles, capaces de limitar los efectos de la pandemia y de acelerar la solución de la crisis. De la misma manera que es muy improbable que, fuese la que fuese la concreción del estado de alarma, no surgieran inmediatamente voces dispuestas a considerar insuficientes, tardías e inadecuadas las medidas adoptadas.

Desde el principio, ha sido irrefrenable la propensión de bastantes a desacreditar lo hecho en el pasado mediante la información de que se dispone en el presente. Este análisis retrospectivo es, por lo menos, capcioso salvo que su pretensión última sea documentar un precedente de forma suficientemente detallada por si en el futuro hay que afrontar una crisis con la repercusión y dimensiones de la del coronavirus. Y en este análisis no podrá dejarse a beneficio de inventario el debilitamiento sufrido por la sanidad pública, en Madrid y en Catalunya, o viceversa, a causa de recortes a mansalva durante los años de crisis económica, decididos, entre otros por el Govern de Artur Mas, cuyo brazo ejecutor fue Boi Ruiz. Con la particularidad en ambos casos de que abundaron las advertencias acerca del daño que se causaba con tales recortes, incluida la contracción de plantillas.

Finalmente, la politización de la emergencia sanitaria en su fase aguda es un disparate y una irresponsabilidad. Es tanto o más grave el efecto que tiene en la opinión pública la declaración de Quim Torra a la BBC, poniendo en duda que la población esté encerrada en casa –“el coronavirus sólo se puede detener si realmente cerramos y confinamos en casa a toda la población”–, una falsedad, que la falsedad en sí misma recogida por un medio que dispone de suficiente información como para que dé crédito a las palabras del entrevistado. De igual manera, es tanto o más grave transmitir la falsa impresión de que la carta dirigida por Torra a los socios de la UE los pondrá sobre aviso de lo mal que se hacen las cosas aquí, que el ridículo institucional y la deslealtad que cabe atribuirle.

La politización de la salud es un recurso éticamente injustificable. Habitualmente, obliga a rectificaciones sobre la marcha, a escudarse en explicaciones difícilmente creíbles y a internarse a menudo por un laberinto de enrevesadas contradicciones. Sucedió con la insólita prolongación del Consejo de Ministros que aprobó el real decreto de declaración del estado de alarma –enfrascados el PSOE y Podemos en una larga discusión entre técnica y doctrinal–, sucedió también con la negligente conducta de Donald Trump y Boris Johnson, empeñados en negar la realidad y aplazar las medidas de excepción, sucedió asimismo con la inconcreción inicial de la UE, sucede con los diferentes ámbitos de la Administración en España que desacreditan sin tregua cuanto se hace y seguirá sucediendo mientras alguien crea que tal conducta puede rendir réditos electorales. Pero es tan radicalmente grave el desafío del Covid-19 que cualquier grieta en el combate unitario debilita enormemente la suerte de la batalla en curso. Dicho de otra forma: la unidad no es una imposición caprichosa, sino una necesidad ineludible.

 

Una prosperidad vulnerable y frágil

La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de un modelo económico que ha saltado por los aires en cuanto se ha expandido el contagio más allá de todo cálculo o previsión. Muchas certidumbres sobre la robustez y capacidad de resistencia del sistema se han venido abajo a igual ritmo que ha aumentado en Occidente la propagación de la enfermedad, China ha dejado de ser el gran proveedor y ha cundido el pánico en los mercados, poseídos por un episodio de histeria colectiva, mientras los especialistas en operaciones a corto esperaban llenarse los bolsillos. Y estos no eran los únicos síntomas de una vulnerabilidad acrecentada, sino que los sistemas sanitarios públicos aparecían como los únicos capaces de hacer frente a la crisis y, al mismo tiempo, se asomaban al abismo al afrontar una prueba de estrés funcional con profesionales contagiados o confinados, apartados del servicio, mientras las redes de sanidad privada daban pruebas de una capacidad de respuesta limitadísima.

¡La vulnerabilidad, la vulnerabilidad! o ¡la fragilidad, la fragilidad!, cabe exclamar hoy parafraseando las últimas palaras de Kurtz, el personaje de En el corazón de las tinieblas: “¡El horror, el horror!”. El escritor Martín Caparrós escribe en The New York Times: “Es sorprendente comprobar la fragilidad de todo eso que creíamos rocosamente sólido, cemento armado. En unos días los grandes y poderosos del mundo perdieron fortunas, la confianza de sus súbditos, el control de muchas situaciones. Los gobiernos, la gran banca, los petroleros altivos, los fabricantes de referencia, los financieros recontraglobales, los que rigen y manejan el mundo, los que nos habían convencido de que nunca nada los desarmaría, deben estar asustados preguntándose si aprenderemos la lección y decidiremos desafiar, cual virus chino, sus poderes que ya no se ven tan poderosos”.

Jacky Isabello habla en las páginas de Le Monde de “atención ciega”, que consiste en “concentrar de tal manera la atención en un fenómeno en concreto que se obvia alguna cosa que, sin embargo, debería saltarnos a la vista”, de acuerdo con el concepto de cisne negro desarrollado por el especialista en estadística Nassim Nicholas Taleb. ¿Era o es un cisne negro la excesiva dependencia de China como país proveedor? ¿Fue un cisne negro desviar la mirada de los previsibles efectos que tendrían los recortes en sanidad –en Catalunya, días de Artur Mas y Boi Ruiz– en una situación de emergencia? ¿Es un cisne negro la capacidad demostrada por la globalización de desencadenar un efecto dominó a escala mundial?

Con o sin cisne negro, la fragilidad de nuestra forma de vida ha quedado en evidencia. Hay resortes para la prosperidad extremadamente débiles –el turismo, uno de ellos– para afrontar una situación adversa; hay operadores económicos de dudosa moral dispuestos a hacer juegos de manos con el hundimiento de las bolsas; hay demasiados aspirantes a gobernantes –Pablo Casado figura en la lista– empeñados en exacerbar las críticas dirigidas a quienes intentan acotar el parte de daños, controlarlo o minimizarlo si ello es posible. Y hay, por último, el miedo, un estado de ánimo colectivo causado por la inseguridad, por el perfil psicológico de una sociedad que excluye el riesgo o la imposibilidad de prever el futuro.

Cuando la profesora Lucrezia Reichlin, de la London Business School, presenta la crisis del coronavirus como una gran ocasión para la mejora de la cooperación europea, hace un vaticinio optimista sobre el efecto de la pandemia: “Representa una oportunidad para que la UE cree un mecanismo de gestión de crisis poderoso, que aúne los recursos de los estados miembro y los canalice hacia una política fiscal coordinada. La idea de un fondo de seguro de este tipo no es nueva: varios economistas defendieron la idea después de la última crisis, cuando la discusión de una reforma de la gobernanza estaba en pleno apogeo”. Pero aquella discusión, que incluyó el atrevimiento de Nicholas Sarkozy, a la sazón presidente de Francia, de afirmar que era el momento de refundar el capitalismo, derivó justo en lo contrario: un programa de austeridad que condicionó la salida de la crisis e hipotecó el futuro de los estados rescatados en condiciones leoninas.

Lo dice el analista Kevin Allison: “Dado que el virus se está extendiendo a una franja cada vez mayor de Europa y Estados Unidos, pronto descubriremos mucho más sobre si las democracias occidentales enfrentan este desafío de forma correcta”. En otras palabras, veremos hasta qué punto son capaces de reducir la vulnerabilidad, aumentar la fiabilidad del sistema y responder a las incertidumbres a corto y medio plazo, no solo económicas, sino políticas y sociales. Pronosticar, como hace el Banco Asiático de Desarrollo, que la crisis del coronavirus puede acortar el PIB global el 0,4% es preocupante y desalentador, pero lo es más no saber en qué se traducirá tal contracción de la economía, cómo influirá en nuestra forma de vida cuando la tormenta haya pasado.

En el fondo, prevalece en la opinión pública una desconfianza muy arraigada en los poderes públicos –ante tanta alarma, no será que algo nos ocultan–, aunque al mismo tiempo casi nadie duda de que solo los estados fuertes, socialmente comprometidos y democráticamente gestionados son capaces de afrontar la prueba. Es esta una contradicción irresoluble, un estado de ánimo con el que deben pechar los gobernantes que, como en el caso de la pandemia, aparecen todos los días en los medios dando explicaciones, tomando medidas e intentando neutralizar a los desaprensivos que en las redes sociales practican el amarillismo y la irresponsable difusión de disparates. Una forma bastarda de contribuir a que crezca la sensación de vulnerabilidad, más allá de la que es posible confirmar de forma empírica; una manera de estimular comportamientos injustificables, acientíficos e incluso perjudiciales.

La vulnerabilidad habita entre nosotros, pero no es el anuncio de ningún cataclismo apocalíptico. Baste un dato: la malaria causa todos los días en los países pobres veinte veces más muertes que la pandemia en curso. No se trata de quitar importancia al parte de víctimas causadas por el coronavirus, sino de calibrar la dimensión real de los riesgos que enfrentan estos días comunidades que acaban de descubrir su fragilidad.

Nuevos riesgos de bloqueo

Llegados al gran día sin que se desvanezca la sensación de bloqueo, la mayor esperanza reside en que las urnas desmientan la casi unanimidad de las encuestas y alguien destaque por encima de los demás lo suficiente como para armar una mayoría parlamentaria estable y suficiente que saque la gobernanza de España del callejón sin salida en la que anda instalada. Ante una situación insólita, solo un desenlace electoral inesperado puede activar de nuevo los circuitos del pacto; ante un aumento alarmante de la extrema derecha, solo la determinación de las otras derechas de no pactar con Vox puede contribuir a aclarar las cosas, aunque ahora mismo carece de justificación pensar que el PP y C’s pueden adoptar la profiláctica medida de levantar un cordón sanitario que aísle al neofranquismo. Ante la más que posible repetición del reparto de papeles en la izquierda, solo una reflexión sin prejuicios de los aparatos del PSOE y de Unidas Podemos puede sacar la gobernabilidad del atolladero y allegar algunos aliados parlamentarios a la causa para completar la mayoría.

A partir del debate del día 4 se ha repetido la música del doble enfrentamiento: entre los bloques de izquierda y de derecha y en el interior de cada bloque, con la certidumbre más que asentada de que, caso de sumar, las derechas limarán sus contradicciones internas para hacerse con el poder y las izquierdas, en cambio, pueden enzarzarse en una nueva discusión interminable sobre programas, legitimidades, fidelidad a los principios y otras variables imprevisibles. Dicho de otra forma: la propensión a la crítica exhaustiva de la izquierda tiende a poner en riesgo la posibilidad de asumir contradicciones y acogerse al pragmatismo. Eso es, al menos, lo que se desprende de los discursos de la campaña a ambos lados de la divisoria.

Alienta en esta situación de enconamiento del debate de las izquierdas el objetivo del PSOE de dar continuidad al llamado régimen del 78 –una simplificación bastante tosca de la nueva izquierda sobre los términos en que se produjo la restauración democrática que siguió a la muerte del dictador– y el de Unidas Podemos de impugnar el pacto político que dio como resultado la institucionalización de una monarquía parlamentaria. Un terreno de juego en el que los independentistas catalanes se sienten particularmente cómodos al lado de los impugnadores en igual o mayor medida que se sienten acosados por el constitucionalismo socialista, un dato ineludible y fundamental en la crisis en curso en Catalunya, núcleo central de la campaña: para quienes la Constitución es un corsé asfixiante, solo es posible entenderse con quienes comparten que se trata de un modelo superado.

Después de la mezcla de manifestaciones pacíficas y noches violentas en Barcelona y otras ciudades, el endurecimiento verbal del Gobierno en funciones era más que previsible, urgido a contrarrestar las arremetidas de las derechas y a salvaguardar la vigencia de la Constitución y del Estatut. Al mismo tiempo, Unidas Podemos ha podido sortear el momento con una crítica sin reservas a los violentos, pero ha podido, también, soslayar la ambigüedad o la incomparecencia de una parte significativa de las autoridades catalanas para buscar algún atajo negociador, si es que tal cosa existe. Media un abismo de ahí a concluir que el ethos podemita es poco menos que el de un partido antisistema, pero no hay duda de que la diferencia de comportamientos tiene tal entidad que complica enormemente dar con un punto de encuentro que permita a la izquierda constituir una mayoría suficiente.

En la práctica, resulta relativamente sencillo para el bloque de la derecha desentenderse de los matices entre los diferentes independentismos, mientras que a la izquierda la condicionan de forma sustancial. La reacción a la sentencia en el mundo soberanista catalán ha quedado bastante lejos de la unanimidad porque el fraccionamiento de este bloque se oculta tras un telón de unidad apenas aparente que se rasga varias veces todos los días, singularmente cuando los incendiarios marcan la agenda y, como ha escrito Juan José López Burniol, cuando la calle prevalece “sobre las instituciones catalanas y, más aún, sobre las españolas, a las que los independentistas y asimilados no conceden ni el beneficio de la duda”.

Rescatar del debate político –del de campaña, tan ruidoso, parece imposible; de las redes sociales, también– las entelequias –el derecho a decidir– y las exageraciones grandilocuentes –aplicación de la ley de seguridad nacional o del artículo 155 de la Constitución– es prioritario así en Catalunya como entre las fuerzas que la madrugada del lunes se verán en la obligación de buscar puntos de encuentro. Como sostienen los negociadores avezados, lo primero que hay que hacer en una negociación es saber que en algún momento se habrá de renunciar a aquello que la otra parte no aceptará ni puesta boca abajo, y será necesario hacer concesiones, aunque duela hacerlas. Saben positivamente los independentistas más esclarecidos que estas son las reglas y lo saben igualmente quienes se sentarán al otro lado de la mesa si algún día la calle enardecida y los agit-prop dejan de calentar la atmósfera con su programa máximo irrealizable.

Tal aproximación al realismo afectará seguramente a la compleja relación de amor-odio que con frecuencia envuelve las riñas entre el PSOE y Unidas Podemos. Pero para que  se imponga entre ellos el realismo, hace falta que primero se dé un vuelco esencial, como señala López Burniol en su artículo en La Vanguardia: “Ante esta situación [la calle en ascuas], solo cabe esperar que, pasado un tiempo, los ciudadanos perciban el alcance de los perjuicios que este enfrentamiento les irroga y acepten una transacción ahora imposible. Aunque es cierto que, si apareciese un líder con coraje para decir la verdad, este plazo podría abreviarse. Pero ¿dónde está este líder?”

La pregunta es fundamental. Sin un líder desvinculado del fundamentalismo de Waterloo no es posible abrazar el realismo, buscar una transacción y salvaguardar la imagen de las partes en conflicto, algo esencial para que entre las izquierdas y entre el independentismo no surja de inmediato alguien con un memorial de agravios bajo el brazo dispuesto a dinamitar el posibilismo. Irreductibles los habrá siempre, porque son imposibles las transacciones por unanimidad entre polos enfrentados, pero este es el precio que deben pagar los negociadores dispuestos a renunciar a su programa máximo para sanear el clima social. En la tradición intelectual y política de la izquierda el concepto de correlación de fuerzas lleva inevitablemente a esa búsqueda del punto intermedio para no quemar las naves en un gesto de heroísmo infructuoso.

Por lo demás, resulta cansino y extremadamente repetitiva la profusión de eslóganes de campaña a ambos lados de la izquierda que persiguen subrayan con tinta roja las desavenencias, muchas de ellas históricas, entre los herederos del socialismo y los del acervo comunista, ambos bastante menos monolíticos de lo que parece. Pretender que no hay un punto de intersección en el que se crucen ambas corrientes para cooperar en las instituciones resulta tan inconsistente como olvidar que en ayuntamientos y comunidades autónomas tal colaboración es posible (con tensiones o sin ellas). Las querellas de la izquierda son tan antiguas como la izquierda misma, pero el espectáculo ofrecido por Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus aparatos respectivos refleja una hostilidad que ni siquiera las diferencias programáticas justifican. Si las encuestas aciertan, ambos se necesitarán la madrugada del lunes y no es un requisito indispensable que se caigan simpáticos para que sean capaces de sacar al país del atolladero y quizá de serenar los espíritus en Catalunya.

Una tumba en la campaña

El restablecimiento de la decencia en Cuelgamuros se produjo al mismo tiempo que la salida del ataúd del general Franco camino de Mingorrubio. El griterío y las banderas con la gallina de un grupito de neo-viejos franquistas, inundó por un momento las inmediaciones del Valle de los Caídos, pero en cuanto se elevó el helicóptero y se alejaron los restos del matarife quedó registrada en la historia una dignificación civil y democrática del lugar y empezó a prevalecer el respeto por los miles de muertos víctimas de la guerra y de la represión vesánica que la siguió. Al mismo tiempo, la exhumación del dictador metió una tumba en la campaña electoral, como si la prolongación del traslado del panteón megalómano al familiar fuese una operación calculada hasta el último detalle y no fruto de la obstinación de los Franco y del abad de la basílica del Valle para evitar, obstruir o alargar hasta la exasperación algo por lo demás inevitable: que a pesar del procedimiento, garantista en extremo, el Tribunal Supremo acabaría autorizando el traslado del general de una fosa a otra.

“Lo que terminó ayer no fue la dictadura de Franco, sino la espuria tentativa de resucitar su recuerdo en una zafia y necrofílica operación de propaganda”, ha escrito Ignacio Camacho en el muy derechista Abc, como si no fuese suficiente para justificar el traslado el hecho de que España, después de Camboya, es el país del mundo con más desaparecidos; como si separar al victimario de sus víctimas fuese menos importante que la coincidencia del cambio de localización del féretro a las puertas de una campaña electoral. Habrá que ver a partir de ahora quiénes son más propensos a echar mano del cadáver y en qué términos, pero es de temer que entre añorantes declarados y vergonzantes del franquismo, líderes con las encuestas muy a la baja y diferentes frentes a la conquista del voto necesario, Cuelgamuros y Mongorrubio enturbiarán el debate preelectoral y adulterarán el sentido de la operación del jueves.

Era de prever que tal cosa sucediese, pero era de prever también que después de la actitud de los Franco, se impusiera la prudencia en el arco parlamentario menos en el terreno de juego neofranquista de Vox. “¡Quiénes son ustedes para prohibirnos salir, esto es una dictadura!”, protestaron airadamente los familiares del general, requeridos por la policía al final de la inhumación en Mingorrubio, una escena digna de un esperpento valleinclanesco. Quizá sea cierto que es un proyecto lleno de dificultades y obstáculos cambiar la naturaleza del Valle de los Caídos, liberarlo de su condición de conjunto exaltador del franquismo y de sus herederos –el llamado franquismo sociológico–, sean estos muchos o pocos.

“¿Puede un conjunto arquitectónico franquista convertirse en un espacio democrático?”, se ha preguntado Xavier Casals en las páginas de EL PERIÓDICO. El interrogante es tan inquietante como varias posibles respuestas, entre ellas la constatación hecha en El País por la profesora Paloma Aguilar: “A la conciencia democrática le resultan ofensivas muchas cosas consustanciales al Valle de los Caídos”. De ahí a suscribir el parecer del historiador Nicolás Sánchez-Albornoz apenas media un paso: “Hemos pasado durante 40 años una vergüenza tremenda”, acaso haya llegado la hora de dejar que la naturaleza haga su trabajo y que, con el paso del tiempo, todo acabe en ruinas. Puede que las guerras civiles nunca acaben en el imaginario colectivo, pero quién sabe si sepultadas bajo el bosque indomable, los sillares desencajados y la desmemoria de las generaciones venideras, remitan las emociones y todo sea menos que un recuerdo difuso el espectáculo ofrecido ayer por el neofranquismo irreductible: “No hubo salvas ni un regimiento en posición de firmes, pero en la vacía explanada del mausoleo los vivas a España y a Franco resonaron claros aun para los que, monte abajo, seguíamos la actualidad a través de portátiles y smartphones”, ha escrito en La Vanguardia Pedro Vallín.

Nadie está en guerra con nadie, pero la democracia obliga a cumplir con ciertos requisitos y la correlación de fuerzas impone a menudo ejercitarse en la prudencia. Si durante la transición se hubiese intentado abrir la fosa del Valle, cabía la posibilidad de provocar una crisis de Estado. Luego, transcurridas décadas y aprobada la ley de memoria histórica, vilipendiada esta desde el albañal ideológico neofranquista, se abrió el camino a la reparación de la dignidad de las víctimas y de sus descendientes, pero hasta ahora no hubo un solo Gobierno con voluntad política para dar el paso. Tanta razón tienen los que entienden que la anormalidad histórica del dictador en el mausoleo se ha tardado demasiado en corregir como los que sostienen que durante decenios la opinión más extendida fue que mejor no meneallo.

Los únicos que violentan la decencia son cuantos defienden, con frecuencia a voces, que Franco debía seguir en su tumba con flores al pie del altar de la basílica per secula seculorum. Ningún carnicero del siglo XX dispone de una tumba rutilante que lo exalte, ninguna comunidad está dispuesta a poner en juego su dignidad colectiva, y por esta razón el traslado era preciso, aunque solo el 49% de los españoles consideren necesario el desenlace del jueves, según las encuestas. Ni siquiera la seguridad de que la desfranquización del Valle formará parte de la campaña electoral –domina ya la precampaña– y de la pugna política entre adversarios enconados parece digna de consideración para estimar adecuado y oportuno un aplazamiento hasta después del 10 de noviembre. Claro es que habrá quien se beneficiará en las urnas con la exhumación y quien saldrá perjudicado, pero el mayor perjuicio para la democracia hubiese sido claudicar ante la algarabía de la extrema derecha. El precio de un aplazamiento del traslado de Franco, en términos de dignidad, hubiese sido vergonzosamente alto.

 

Después de noches en llamas

Después de la sentencia del procés (durísima), de las manifestaciones pacíficas (las más) y de las noches en llamas (muy alarmantes) no parecía que el momentum fuese el mejor para las grandes proclamas, sino para las grandes prudencias. Por una elemental norma de supervivencia, se antojaba llegado el momento de desinflamar –el verbo lo eligió Pablo Iglesias después de entrevistarse con Pedro Sánchez– mediante un doble ejercicio de responsabilidad: garantizar el derecho de manifestación de quienes a él se acogen para protestar contra lo que les desagrada y negar desde el primer minuto toda legitimidad a quienes echan mano de los manuales para la insurrección y la guerrilla urbana. No lo entendió así el president Quim Torra, que soslayó las responsabilidades propias de un cargo institucional y se enfundó el traje del activista, del agitador o del predestinado, una figura arquetípica cargada de nihilismo.

Como sucede con los clubs deportivos que se entregan a las ensoñaciones de un hooligan para que los dirija y acaban en triste desastre, así sucede con quien confunde o suplanta las responsabilidades del gobernante con un fundamentalismo innegociable. Condenar a regañadientes la violencia de madrugada mientras ardían los contenedores en el centro de Barcelona y acudir al día siguiente al Parlament para comprometerse a abundar en el unilateralismo antes de que acabe la legislatura son manifestaciones de un perfil fundamentalista, incapaz de atenerse a la realidad. En el caso de un líder político, adentrarse por esta senda entraña el peligro de erosionar la institución que representa o a la que pertenece, de deslegitimarse en tanto que titular de un cargo público y de comprometer a cuantos le mantienen en su puesto, desconocedores de sus planes de futuro (eso sucedió el jueves).

La legitimidad del poder es un delicado atributo que se obtiene en democracia mediante el dictamen de las urnas. Al mismo tiempo, puede perderse con suma facilidad cuando el legitimado se comporta o actúa como si fuera poseedor de un cheque en blanco, de forma que la deslegitimación de quien es depositario del poder es consecuencia en parte de comportamientos objetivables y en parte de aquello que percibe un segmento significativo, representativo e informado de la opinión pública. Como explica Max Weber con detalle, hay quienes buscan la legitimidad en un poder carismático, y pueden obtenerla de forma momentánea o episódica, pero esta clase de poder se desgasta rápidamente –Carles Puigdemont, quizá– y rara vez encuentra continuidad en su legatario (puede que el president en ejercicio); se extingue con el titular y al fin, resulta estéril. Así están las cosas ahora mismo.

La reclamación insistente de que Torra someta el presente al dictamen de los electores obedece en gran medida al agotamiento de la vía unilateral, la desencadenante de cuanto ha sucedido desde el 6 y 7 de septiembre de 2017, más la gestión descabellada de la crisis que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en su momento y la degradación de la vía posibilista abierta por el de Pedro Sánchez, enturbiado todo por unas elecciones legislativas en las que el caso catalán aparece en el centro de todas las discusiones. El Govern es un cadáver político, un equipo dividido hasta lo indecible y apoyado por una mayoría parlamentaria que se sostiene con pinzas. No es ya un Ejecutivo sin futuro, sino un conglomerado sin presente. Disolver el Parlament y convocar elecciones cuanto antes es la forma más honorable de renovar la legitimidad institucional y acabar con la modalidad del presidente vicario.

Optar por la continuidad y seguir enredando la madeja, encarecerá el coste político elevadísimo que ya tienen ahora las noches con hogueras. Porque la discusión, el debate, la negociación del futuro de Catalunya en España quedará bajo una capa estratigráfica superior: el problema de orden público y de seguridad aparecido a partir de la noche del día 14 en el aeropuerto de Barcelona. Esa debiera ser una perspectiva indeseable e indeseada por el independentismo catalán en sus diferentes versiones porque alimenta las proclamas de cuantos desde diferentes frentes invocan la aplicación de la ley de seguridad nacional, la activación del artículo 116.1 de la Constitución (estado de alarma) y el recurso al artículo 155 de la Constitución (intervención de la autonomía). Que los partidos con vaticinios francamente ruinosos (Ciudadanos) o depositarios de un nacionalismo trasnochado (el PP) tomen este camino resulta intranquilizador, pero que alguien crea hoy en Catalunya que cuanto peor, mejor, cabe considerarlo directamente inexplicable. Toda solución es susceptible de empeorar, pero a cada empeoramiento más difícil se hace la salida, el desenlace ordenado de la crisis, que en cualquier caso será largo y lleno de episodios críticos si es que se da con la tecla adecuada.

La suma de fracasos o de despropósitos nunca se corona con el éxito. Los eslóganes de resistencia tienen el valor que se les quiera conferir, son útiles para alimentar la política de las emociones, pero no sirven para avanzar y para conseguir aliados consistentes más allá de los límites del conflicto en sí mismo. De momento, las noches calientes han internacionalizado el problema, pero en el sentido contrario al que persigue la Generalitat con escasos resultados. Las algaradas incontroladas en una ciudad repleta de turistas, la ausencia (en sentido no tan figurado) de la primera autoridad de Catalunya, la habilidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,  para dar explicaciones a todas horas y subrayar la cooperación de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil al mismo tiempo que se impugnaba la continuidad de Miquel Buch, conseller de Interior, las imágenes de la televisión y un sinfín de elementos han operado en contra de lo esperado y deseado por los estrategas de la Generalitat.

Gran parte de la imagen sembrada por la revolución de las sonrisas se ha venido abajo en horas veinticuatro a causa de las fechorías cometidas por una minoría en Barcelona y otras ciudades catalanas. Cuando una sociedad culta y desarrollada de la Unión Europa cae en manos de pandillas de incendiarios embozados, debe reaccionar de forma rápida, eficaz y concluyente, sin saltarse el principio de proporcionalidad y garantizando la seguridad a los ciudadanos, un derecho inviolable consagrado por las leyes. Si no lo hace o se enquista el problema, corre graves riesgos de orden moral, pero también social y económico, por eso es preciso que acabe cuanto antes en la programación nocturna de las cadenas de televisión el corte de calles, los contenedores incendiados, los periodistas importunados por energúmenos y el ulular de las sirenas. De paso, liquidada esta fase preocupante de la crisis, será posible (al menos, posible) abordar lo que realmente importa: qué futuro es factible construir desde la razón, el realismo y en beneficio de la mayoría.

Otra tumba para Franco

“Las guerras civiles no terminan nunca” es una frase de Sebastià Juan Arbó que hace unos días recogía en EL PERIÓDICO Care Santos a propósito de la última película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Pero resulta tan actual que es perfectamente aplicable al aproximar el objetivo a las reacciones posteriores a la decisión del Tribunal Supremo de dar por buena la exhumación de los restos del general Franco y su inhumación en el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio. No hay paz en las guerras civiles, lo sucedido en ellas se transmite de generación en generación, en el bando de los vencedores y en el de los vencidos, mientras sobre el terreno abundan las muestras de enfrentamiento entre los herederos de los vencedores, que pretenden prolongar ad infinitum los efectos de victoria, y de los vencidos, que quieren dignificar la derrota y honrar a sus muertos: a los que perdieron la vida en combate, a los represaliados, a los que fueron víctimas de la venganza en la posguerra, a aquellos que fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes.

La profusión de declaraciones del neofranquismo posteriores al fallo del Supremo abunda en la pretensión de imponer la lógica de los vencedores, de quienes se alzaron contra la legalidad republicana, sepultaron la democracia y sostuvieron una dictadura vesánica durante casi cuatro décadas. Hablar de profanación de tumbas (Santiago Abascal, líder de Vox), declarar que les “da igual que sea legal o no” (Vox de nuevo), manifestar que el único afán es dividir a los españoles (Alfonso Serrano, del PP) no son más que reacciones procedentes del mismo propósito: salvaguardar la memoria de la dictadura. Referirse a la vulneración de los derechos de la familia (Rocío Monasterio, diputada de Vox) es desconocer o manipular la historia habida cuenta de que el general Franco nunca manifestó su deseo de ser enterrado en Cuelgamuros, el Valle de los Caídos es patrimonio del Estado y, en consecuencia, es potestad suya decidir quién puede hacer uso de un bien de titularidad pública.

Es igualmente preocupante que el centroderecha presente el asunto como una herencia del pasado amortizada por el presente, por la vigencia de un régimen democrático. Es tanto como sostener que la ley de memoria histórica carece de sentido o es una concesión a los aficionados a contar batallitas. Si el general tiene derecho a una sepultura digna, según reconoce el Gobierno, no menos derecho tienen aquellos que fueron víctimas de su dictadura y fueron enterrados en fosas comunes, en cunetas y en los osarios del Valle de los Caídos, todos aquellos a quienes aún hoy sus descendientes buscan sin haber tenido siempre de su lado el presupuesto y los medios de los poderes públicos.

De la misma manera que una de las peores herencias del nazismo fue la nazificación de la sociedad alemana y uno de los grandes desafíos de la posguerra, al menos durante dos generaciones, fue la desnazificación, la peor herencia del franquismo fue la franquificación de una parte de los españoles para quienes es un dato irrelevante el hecho de que los tres poderes del Estado coincidan en el deber de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Es la franquificación la que procura argumentos para sostener que el cambio de lugar de los restos de Franco es un acto divisorio, como si la dictadura que siguió a la degollina no lo hubiese sido por definición durante décadas.

Escribe Stanley G. Payne en El régimen de Franco: “No sirve sugerir, como lo han hecho algunos, que se puede atribuir a Franco el mérito de haber creado la España democrática y tolerante de los años ochenta. Una dictadura no es una escuela de democracia y Franco no fue el responsable de la democratización de España”. No por evidente, la puntualización es innecesaria. El dictador dejó una herencia de sectarismo e intolerancia y es un hecho que la evolución del régimen democrático hubo de afrontar la resistencia permanente del franquismo sociológico, y aún hoy se dan episodios de resistencia en el Congreso, en las comunidades autónomas, en general en todas las instituciones del Estado, cuya única explicación se halla en el legado franquista.

El cambio de sepultura de Franco es un gesto de saneamiento democrático y es, al mismo tiempo, un caso insólito en Occidente. La dignificación de Cuelgamuros como cobijo de víctimas de la guerra civil y de la dictadura cumple con el deber de separar a los muertos de quien les arrebató la vida; la singularidad del caso es que ningún dictador coetáneo de Franco ha disfrutado de una exaltación post mortem como la a él dispensada. Antes al contrario, se ha procurado rodear de discreción y silencio el lugar donde los dictadores fueron enterrados, se ha evitado convertir las tumbas en santuarios de los añorantes de las dictaduras y se han borrado de todas partes los nombres de los secuaces de regímenes felones que liquidaron la libertad.

La guerra civil no es un capítulo amortizado de la historia porque a cada poco surge el recuerdo del pasado en las discusiones de ahora. Los descendientes de los agraviados, los perseguidos, los sometidos a la arbitrariedad tienen tan presente lo que sucedió que se sienten parte de la tragedia sin haberla vivido o habiéndola vivido durante sus primeros años de vida, y aspiran solo a saber dónde murieron sus antepasados para honrar su memoria. No es el caso de los Franco, movilizados para impedir la aplicación de una medida aprobada por el Parlamento, incluida en el programa del Gobierno y sancionada por el Tribunal Supremo. Es imposible dar con una mayor unanimidad democrática.