Encubiertos por la guerra

La gran obscenidad de nuestros días es la guerra de Ucrania. Pero hay otras obscenidades, algunas muy antiguas, otras no tanto, algunas muy recientes que parecen poco menos que haberse esfumado tras el parte de guerra diario. La matanza que no cesa corre el riesgo de ser útil como instrumento de encubrimiento, de olvido, de atenuación de la gravedad de los hechos que quieren deslizarse sin que nadie o muy pocos sean capaces de seguir su rastro. Frente a las atrocidades servidas por los noticiarios, el resto parece carecer de importancia, conmovida la opinión pública por la tragedia humana.

Ahora mismo hay un envalentonamiento de la ofensiva del neofranquismo en España que permite al diputado de Vox José María Sánchez llamar führer al presidente del Gobierno y equiparar al ministro Félix Bolaños con Joseph Goebbels sin que, por lo demás, pase nada especialmente relevante en orden a restablecer la decencia en los debates parlamentarios. Es decir, nadie con una tribuna a su disposición ha dicho que el diputado es un personaje peligroso, movido por pulsiones ajenas a la democracia, que, sin embargo, se sirve de ella para degradarla. De la misma manera que en un informativo de Tele5 apareció María Jamardo para distorsionar la historia a propósito de la referencia al bombardeo de Gernika hecha por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su videoconferencia en el Congreso. “Ni el que bombardeaba era malo ni los bombardeados, tan buenos”, dijo Jamardo, militante de un revisionismo histórico ad hoc muy del momento.

El riesgo cierto es que este tipo de mensajes pasen a formar parte de la hegemonía cultural, de esa amalgama que configura el pensamiento y las opiniones dominantes, tengan estas que ver o no con los datos históricos y el trabajo de los expertos. La recensión de la biografía de Antonio Gramsci, escrita por Jean-Yves Frétigné, que el profesor Thomas Meany ha publicado en el mensual estadounidense The New Republic resalta justamente el valor anticipatorio del intelectual comunista, analista riguroso de los ingredientes constitutivos de la hegemonía. “Nadie entendió mejor los frentes de la batalla política”, afirma Meany, y la brega diaria del campo ultraconservador europeo, inspirado casi siempre por el legado dejado por la presidencia de Donald Trump –la difusión de una realidad alternativa–, no hace más que darle la razón.

Resulta por lo menos inquietante que en medio del fragor por la hegemonía, por la relativización del pasado, cuando no distorsión o deformación de los hechos, aparezca Alberto Núñez Feijóo, recién elegido presidente del Partido Popular, y no vea mayor inconveniente en entenderse con Vox, habida cuenta de que ha llegado al Parlamento a través de las urnas y se ajusta a las formalidades democráticas. El argumento es de una pobreza manifiesta porque el mismo líder que sostiene tal principio denuesta el pacto de Gobierno del PSOE con Podemos, y la mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez, formada por diputados cuyo mecanismo de legitimación fue el mismo que el de Vox. Con una diferencia moral sustantiva: ninguno de los partidos de la investidura considera mejores a los gobiernos del franquismo que al que encabeza Pedro Sánchez; Vox, por el contrario, sí lo cree y manifiesta.

Todo esto pasa desapercibido, se diluye enseguida porque lo que urge y conturba las conciencias es la invasión de Ucrania. Con lo que, en última instancia, Vladimir Putin resulta doblemente útil para el populismo ultra: lo fue en el pasado, viva imagen del líder investido con los atributos del macho alfa, jefe de la manada, y lo es ahora mediante una guerra que convierte en peccata minuta cualquier otro asunto por grave que sea, y el envalentonamiento del neofranquismo lo es sin duda. Antonio Gramsci acuñó el término revolución pasiva para referirse, entre otros procesos, al ascenso del fascismo en Italia, y esa aparición de la extrema derecha para impugnar la cultura democrática reúne muchos de los ingredientes del análisis gramsciano (Steve Bannon seguramente leyó al pensador italiano en beneficio propio).

Surge así una corriente revisionista del statu quo social de la posguerra, concretado en el Estado del bienestar, en plena revisión forzosa del statu quo internacional a causa de la guerra de Ucrania. Aquello que desde los escaños de Vox se denomina pensamiento progre no es más que la mistificación de una realidad histórica,  el dinamismo de los cambios sociales, tan combatidos desde siempre por el conservadurismo recalcitrante. No hay que rascar mucho en la superficie para dar con las verdaderas razones de tal comportamiento, encaminado a salvaguardar situaciones de privilegio, disfrazado todo con una propuesta de nacionalismo agresivo para el que el gran adversario es el Estado dispensador de servicios y corrector de desigualdades. Claro que los desastres de la guerra todo lo encubren, y eso también; claro que el asalto al Congreso de Estados Unidos dejó al descubierto todas las vergüenzas del populismo ultra y es preciso recordarlo todos los días.

Mohamed VI entra en acción

El giro de la diplomacia española en el conflicto del Sáhara, por no decir bandazo, suma un nuevo dato a tener en cuenta: la aparición de Mohamed VI en la gestión final de la crisis de confianza –enfado mayúsculo marroquí, cabe decir– a raíz de la presencia en España, abril del año pasado, de Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, para ser tratado de covid. La invitación cursada por el rey de Marruecos a Pedro Sánchez para que acuda a Rabat en los próximos días y selle la reconciliación ha de servir para olvidar la provocación de palacio de enviar a la playa de Ceuta, mayo último, a miles de jóvenes e inducir una situación imposible, no resuelta del todo, con un flujo migratorio que fijó en la retina de la opinión pública imágenes ciertamente turbadoras. Pero ha de servir o debería servir –el modo potencial, tan necesario en estos casos– para dejar la seguridad de Ceuta y Melilla a salvo de manipulaciones desde el otro lado de sus respectivas fronteras, y para que los flujos migratorios con origen en Marruecos no sean terreno abonado para las mafias.

El caso es que el comportamiento de Mohamed VI y de su Gobierno es difícil de prever más allá de la gesticulación presente que ha permitido al rey asegurarse que es él quien fija el ritmo de los acontecimientos: enfado, crisis en Ceuta, retirada de la embajadora, visitas de enviados de Estados Unidos en Rabat, apoyo español al plan autonomista de Marruecos para el Sáhara, regreso a Madrid de la embajadora, visita de Pedro Sánchez a Rabat, y aquí paz y después gloria, con la brújula en manos de palacio. El caso es que la posición de Marruecos en el flanco sur de la OTAN se ha visto singularmente reforzada desde que Donald Trump reconoció la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas con Israel. El caso es que, de iure, el Sáhara Occidental es un territorio por descolonizar y que, al mismo tiempo, la ONU carece de los resortes mínimos necesarios para que tenga algún efecto la labor de intermediación de Staffan de Mistura, el enviado especial de la ONU para el Sáhara.

Ese marco de referencia se ha consolidado sin que nadie se haya preocupado en poner en antecedentes o prevenir al exilio saharaui en Tinduf, en ponerse en contacto con el Frente Polisario, que la Unión Africana considera el legítimo representante del pueblo saharaui. Atrás ha quedado la iniciativa de las Naciones Unidas para celebrar un referéndum de autodeterminación y la escandalosa negativa de Marruecos a aceptar la revisión del censo reclamada por la dirigencia saharaui a partir del hecho indiscutible de que la guerra y el exilio han falseado la composición del censo original de residentes en el Sáhara, sometido a una marroquinización intensiva a partir de la Marcha Verde y la subsiguiente evacuación española. Todo se ha olvidado, todo ha sido arrasado por la realpolitik y por las perentorias urgencias impuestas por la guerra de Ucrania y la necesidad de la OTAN de liberar el flanco sur, más allá de los límites de la Alianza, de situaciones potencialmente inestables, y eso incluye mantener a Argelia alejada del influjo ruso, históricamente importante desde los tiempos de la Unión Soviética.

Es más que discutible que ese zurcido apresurado sea útil y eficaz. En primer lugar, porque el Frente Polisario no se siente obligado por nada de lo acordado y seguirá reclamando el referéndum, aun a costa de prolongar la condena del exilio en el desierto y de depender del enfoque que Argelia haga del caso en cada momento. En segundo lugar, porque Estados Unidos, España, Francia, Alemania y algún otro Estado de los que apoyan la autonomía carecen de influencia para cambiar la posición saharaui a fin de dar con un atajo para liquidar la crisis. En tercer lugar, porque décadas de penalidades han establecido un vínculo emocional muy especial entre la opinión pública española y la comunidad de Tinduf, y es imposible que una resolución destemplada del conflicto, sea cual sea el Gobierno que la apoye, no entrañe un coste político con un gran potencial divisivo en el seno de una sociedad abonada a la división y a las polarizaciones extremas.

En la práctica, lo que ha sucedido estos días es que el rey de Marruecos se ha procurado un falso mecanismo de legitimación del plan de autonomía para el Sáhara, pero tal cosa no lo hace ni más viable, ni más aceptable ni más resolutivo. La única legitimación posible, al menos en términos morales, es aquella que tenga en cuenta a los representantes de la comunidad saharaui y cuente con el respaldo de la comunidad internacional; cualquier otra desviación para resolver el crucigrama tendrá un carácter superestructural, de imposición a la fuerza de una solución ajena al sentir mayoritario de los saharauis y a la percepción que la opinión pública tiene del caso. Es posible que más temprano que tarde saque el Gobierno de Marruecos de su chistera una ley de autonomía del Sáhara, y aun sea capaz de instalar un Gobierno ad hoc, pero tal cosa, de darse, no cambiará sustancialmente los enunciados del problema, es posible incluso que los empeore.

En un artículo publicado en 1994 por el escritor marroquí de expresión francesa Tahar Ben Jelloun, este recordaba, desde su convicción de que el Sáhara Occidental debe ser parte integrante de Marruecos, que Mohamed Boudiaf, el único presidente argelino que creyó factible llegar a un acuerdo con sus vecinos, incluido un pacto sobre el futuro del Sáhara, murió asesinado en circunstancias nunca esclarecidas al poco de regresar de su exilio en Rabat. Fuese o no la muerte de Boudiaf fruto de una conspiración urdida en el seno del Frente de Liberación Nacional, el partido que logró la independencia de Argelia, para mantener viva la política de confrontación con Marruecos, el recuerdo de aquel lejano episodio (29 de junio de 1992) ilustra hasta qué punto el emponzoñamiento del conflicto del Sáhara es una constante histórica, de parecida manera a cómo lo es en la arena de Tinduf el desencanto ante un futuro desesperanzado, tan incierto desde hace décadas.

 

Un tiro en cada pie del PP

La insólita pelea que amenaza con despedazar al Partido Popular está lejos de ser una adaptación posmoderna de una tragedia shakespeariana y anda muy cerca del goyesco Duelo a garrotazos, el famoso cuadro en el que dos hombres, con las piernas hundidas en la tierra, es imposible que salgan indemnes de la disputa que los enfrenta. La insensatez se ha adueñado del primer partido de la oposición, embarcado en una lucha fratricida que deja sin efecto cuanto hasta el jueves parecía ser el asunto inmediato a debatir por la derecha española: ¿debe el PP compartir el poder con Vox allí donde le haga falta para disponer de la mayoría para gobernar o debe sumarse al cordón sanitario para aislar al partido ultra y proteger la cultura democrática de las arremetidas de sus adversarios?

Habita la semilla de la división irremediable en el paso dado por Isabel Díaz Ayuso para ocultar detrás de una cortina de humo el posible caso de corrupción que alienta en la compra de mascarillas por la Comunidad de Madrid, en abril de 2020, por valor de 1,5 millones de euros, con el hermano de la presidenta como privilegiado comisionista de la operación –286.000 euros, según parece–, un entramado típico de mordida, especialmente sórdido por el momento en que se produjo, en plena pandemia, con cientos de muertos todos los días. La misma semilla germina en forma de división en las explicaciones dadas por José Luis Martínez-Almeida en su condición de alcalde de Madrid, que no de portavoz nacional del PP, una diferenciación imposible en pleno paroxismo, y también se detecta el germen de la división en la comparecencia de Teodoro García Egea, tan agresiva como la crisis misma. Por no hablar de la decisión de Pablo Casado de dar explicaciones en el estudio de la COPE en vez de hacerlo en una conferencia de prensa abierta a todos los medios.

Hay demasiados estrategas de la guerra sucia en la división del partido como para que quepa suturar la herida, aunque quede a la vista de todo el mundo la cicatriz de la refriega (una más, una de tantas). No es posible vaticinar quién puede ganar el envite –nadie, seguramente– y quién deberá retirarse del campo de batalla sin poder gritar siquiera, como Ricardo III lo hace en todos los escenarios del mundo, “mi reino por un caballo”. Solo es posible intuir que planea sobre el futuro la sombra de la escisión, la eficacia del populismo practicado por Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez mediante, para movilizar a los afectos a su causa; planea también el beneficio inmediato que puede sacar Vox del lamentable espectáculo; planea, en fin, la zozobra en las áreas de poder de las que dispone el PP en diferentes comunidades autónomas, coligado con Ciudadanos o sustentado en el apoyo parlamentario de la extrema derecha.

Del deleznable espíritu cainita que se manifiesta en la crisis, nadie puede salir indemne. Todos los cortafuegos son ineficaces cuando el incendio ha penetrado en el bosque; nada sanea la atmósfera emponzoñada el apartamiento de subalternos –Ángel Carromero, uno de ellos–, sino que alimenta la sospecha de que, de una forma u otra, hubo una trama en el interior del PP para contener la ambición de Díaz Ayuso (el recurso al espionaje, el detective privado que no quiso enfangarse en la operación). Incluso es posible prever en los despachos de la calle Génova, con el expediente informativo sobre la mesa, que la presidenta de Madrid líe el petate y vaya en busca del apoyo de Vox para crispar más la situación y poner al PP entre la espada y la pared más de lo que ya lo está.

Las encuestas que a buen seguro aparecerán a no tardar arrojarán luz sobre cuánto puede costarle al PP la pelea interna por el poder en la que se ha enzarzado. Como es sabido, cabe atraer a toda la opinión pública durante algún tiempo y a una parte de la opinión pública durante todo el tiempo, pero es imposible atraer a toda la opinión pública durante todo el tiempo, incluso en sistemas totalitarios de largo recorrido. Esto es, hay que ver cuál es el grado de fidelidad de los votantes del PP y cuál es la parte de estos que prefieren acomodarse a otras ofertas, existentes ahora o que puedan aparecer en el futuro, fruto de una eventual escisión del PP. De hecho, como ha subrayado Enric Juliana en La Vanguardia, los populares ya han pasado por una experiencia similar con la transferencia de votantes a Vox, un conglomerado desgajado del conservadurismo templado y dirigido por Santiago Abascal, un antiguo militante del PP.

Todo adquiere así un aire de provisionalidad, de incertidumbre irremediable, mientras se multiplican las declaraciones rotundas a ambos lados de la divisoria sin la posibilidad de dilucidar lo enunciado por Walter Lippmann en el clásico La opinión pública: ¿propenderá el universo conservador a guiarse por imágenes preexistentes –el PP como única alternativa potencial al gobierno de la izquierda– o reaccionará de forma diferente a partir de un juicio crítico de los acontecimientos en curso? Puesto que no hay antecedentes de una crisis similar en el sistema de partidos en España, solo cabe esperar y ver; carece de sentido buscar referencias apropiadas en crisis como la muy viva en el Partido Conservador británico o en el desfondamiento de Forza Italia hace unos años.

Es más aleccionadora, aunque mucho más antigua, la atención que en su día prestó Maurice Duverger al “círculo interior” de los partidos políticos. Se encuentra en este núcleo el poder real de un partido de puertas adentro y, como consecuencia, de puertas afuera, pero si este espacio exclusivo no controla todos los frentes y se cuartea en facciones, pierde progresivamente la iniciativa. Si este es el caso del PP, y parece que algo hay de eso en su crisis a voces, el futuro se presiente borrascoso y el liderazgo se pone en discusión. Ignacio Escolar lo resume en Eldiario en muy pocas palabras: “Esta nueva guerra en el PP no es comparable, ni siquiera, a la que se vivió entre Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Porque en aquella época el presidente del PP era más fuerte de lo que lo es Pablo Casado hoy. Entonces tampoco existía Vox”.

Decir que el PP se ha descerrajado un tiro en un pie es más que insuficiente. Los tiros han sido por lo menos dos, uno en cada pie, y eso hace harto difícil mantener el equilibrio.

Puigdemont, en plena escapada

La última salida de pata de banco de Junts ha consolidado una situación paradójica: una parte de la oposición del Govern de la Generalitat forma parte del susodicho Govern, y no hay remedio ni factor de corrección a la vista que acabe con tal anormalidad política. Cualquier otra coalición en cualquier otro lugar no superaría la prueba. Esto es, después de la delegación propuesta el martes por Junts y de la reunión de la mesa de diálogo habida el miércoles, la coalición se rompería y cada parte acudiría en busca de nuevos aliados para gobernar o para perseverar en su oposición, pero en el caso catalán tal cosa no sucede: el president Pere Aragonés informó el jueves al vicepresidente ausente de la mesa, Jordi Puigneró, de Junts, mientras Elsa Artadi y Jordi Turull, asimismo de Junts, desacreditaban cuanto podían la reunión del día anterior, en la que no comparecieron porque el mismo Aragonés informante no aceptó la representación que propuso el partido.

Decir que la mano de Waterloo es muy larga es decir poco. Es insuficiente decir que Carles Puigdemont cree a pies juntillas que cuanto peor, mejor. Decir que el gusto por la extravagancia se ha adueñado del escenario es simplificar la realidad. Decir, como lo hace Ferran Pedret (PSC) que a la coalición no le queda “otro remedio que continuar porque es muy elevado el coste de explicar a sus votantes que la independencia no es posible”, recoge solo una parte de las razones que han llevado a esa inusual pelea en la que los contendientes no aspiran a derrotar al adversario, sino a debilitarlo para tenerlo a merced de sus designios. Desde el bando de ERC, para seguir por la senda posibilista de la Realpolitik sin tener siempre el moscón detrás de la oreja; desde el universo enardecido de Junts, para recuperar la presidencia que, creen, es de su exclusiva propiedad y disfrute desde los días del pujolismo gobernante.

Es fácil descubrir en todo eso una disputa sin cuartel por la hegemonía política y cultural, por mantener la primacía en el reparto del poder y consagrar la idea de que el camino hacia la independencia solo puede ser de naturaleza insurreccional –unilateral, se dice– mientras sean otros quienes fijen el rumbo (ese es el punto de partida de Junts). Luego, cuando se restablezca la normalidad –disponer de la presidencia– ya se verá si no queda otra que instalarse en el posibilismo, habida cuenta las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas, tan útiles y a tener en cuenta para no estrellarse contra el muro infranqueable de la realidad.

En plena escapada, que no al final de la escapada, y a mayor abundamiento en la huida hacia adelante, al orbe puigdemontiano le vale cualquier cosa para seguir en la brecha, menos que la mesa de diálogo se traduzca en algo efectivo, constatable y contable, que saque la cuestión catalana de la vía muerta, de esa tierra yerma que lo mismo vale para que las empresas catalanas de referencia lleven sus sedes sociales a plazas seguras que para que la inversión en el aeropuerto de Barcelona quede para quién sabe cuándo. Cualquier pretexto es útil para exaltar la confrontación, para alentarla y ampliarla, aunque lo cierto sea que la mitad del censo, por lo menos, no experimenta tal enconamiento en la vida cotidiana, en la relación con su entorno inmediato. Laura Borràs, presidenta del Parlament, exhibe gran maestría para dar con motivos para encadenar arremetidas.

Decía Josep Tarradellas que todo es admisible en política menos hacer el ridículo. La frase se recuerda con frecuencia, especialmente en estos días de comportamientos tan poco convencionales. Presentar la mesa del miércoles como una reunión de partidos –PSOE y ERC– y no de gobiernos bordea el ridículo; considerar como sobrevenida la legitimidad de Aragonés y auténtica la de Puigdemont, también lo es; es desmesurado creer que todo sacrificio futuro será poco si se alcanza la independencia. Esta última convicción es un rasgo específico de los nacionalismos: si hay que elegir entre la nación y la gente, no hay duda, la nación es lo que realmente importe. Por el contrario, mentes esclarecidas como la de George Steiner desvelaron en su día que la preferencia por la nación no es más que una añagaza: “La muerte de Sócrates pesa más que la supervivencia de Atenas”, escribió.

En las soflamas independentistas exaltadas hay mucho de este poso nacionalista, de la tendencia a soslayar el cálculo de costes. Hay en ello un riesgo grande porque siempre es peligroso tirarse a la piscina sin comprobar si en ella hay agua y si esta es suficiente. Es peligroso agarrase a la bandera y entrañan cierto peligro cuantos están dispuestos a hacerlo, a poner en marcha operaciones divisivas, ajenas a los grandes consensos, que ni son clara y específicamente mayoritarias en Catalunya ni cuentan con el menor respaldo en Europa. Hay poca agua en la piscina para tocar a rebato; hay demasiado en juego para no salir del laberinto y adentrarse por la senda del pacto. Ni siquiera es necesario reconocer en público que se acabó el procés; basta con ajustar los comportamientos al hecho de que efectivamente dio sus últimas bocanadas al dictar el Gobierno los indultos.

Decía el egipcio Butros Butros Ghali que lo más reseñable de los pactos es su existencia. Por encima incluso de su cumplimiento, porque comprometen siempre a dos o más partes en situaciones que, por lo común, son de complejidad extrema para los implicados. El pacto es el compromiso, el punto de encuentro que a nadie satisface del todo, pero permite dar con una salida honorable. Para llegar a un pacto, las partes deben renunciar de antemano a ejercer el enojoso y pueril papel de Pepito Grillo, de guardián de las esencias, de depositario de la verdad y la justicia universales, de guardaespaldas del programa máximo.

Una soleada mañana de la primavera de 2015 desayunaba Alfredo Pérez Rubalcaba en la terracita de la cafetería del Centro de Cultura Contemporània de Barcelona antes de participar en un debate sobre una alternativa federalista para España. Había dejado el veterano político socialista los salones del poder y había vuelto a la docencia universitaria; nada le obligaba a emitir diagnósticos políticamente correctos. El periodista Carles Pastor y yo mismo le preguntamos por la atmósfera que se respiraba en Catalunya, y él fue categórico: “La salida está en Europa, cada vez con menos fronteras y más integrada”. Luego se explayó en consideraciones sobre el porqué de la utilidad de la idea europea para salir del atolladero. Seis años después cabe añadir que fuera de Europa y de los estados europeos hace un frío polar; dentro, hay días de todo –bonancibles unos, tormentosos otros–, pero se mantiene la aspiración de la cesión de soberanías o de las soberanías compartidas, de la construcción de una identidad cultural mestiza. No es la Arcadia feliz, pero es más atrayente que los viejos mitos de la nación irredenta que son solo eso, mitos.

La extrema derecha asalta el lenguaje

El sabio George Steiner recogió en 1959, en el ensayo El milagro hueco, una cita de Thomas Mann que empieza así: “Grande es el misterio del lenguaje; la responsabilidad ante un idioma y su pureza es de cualidad simbólica y espiritual; responsabilidad que no lo es meramente en sentido estético. La responsabilidad es, en esencia, responsabilidad humana”. Se refería Mann, y lo secundaba Steiner, a la adulteración de los significados, a la degradación de las palabras, a la pretensión de superar la barrera de lo inefable o lo indefinible mediante la apropiación del idioma por los propagandistas nazis a partir de 1933. Nada es hoy equiparable a la atmósfera podrida de la Alemania hitleriana, pero hay en Europa una masa crítica de ciudadanos dispuesta a dejarse convencer por los nuevos manipuladores del lenguaje, de los expertos en construir una realidad alternativa o paralela –otra versión de la realidad, dijo una colaboradora de Donald Trump a poco de la toma de posesión– que va mucho más allá de las ocasionales fake news o de la tarea de los agitprop, muy requeridos en las instancias de poder públicas y privadas.

Hay en ese clima propicio a la mutación de significados ejemplos numerosos y aplastantes. El más reciente, la acusación de promarroquíes hecha a todos los partidos representados en la Asamblea de la ciudad autónoma de Ceuta por Carlos Verdejo, de Vox, un orador bociferante sin mayor mérito que disparar contra cuanto se mueve. Otro muy reseñable es el caso de Ignacio Camuñas, que niega que los sucesos del 18 de julio de 1936 fuesen un golpe de Estado –Pablo Casado guardó silencio al oír tal disparate–, con lo que se cargó –con fortuna o no está por ver– todas las teorías asentadas sobre qué es y qué no es un golpe de Estado. Y otro episodio muy llamativo es la pretensión conservadora de cambiar el concepto reparador de Ley de Memoria Democrática por el de Ley de Concordia, una mistificación flagrante de los significados que pretende liquidar o por lo menos neutralizar el legado ominoso aún presente de la guerra civil.

¿Por qué suceden tales cosas? Porque la constante histórica del combate por la hegemonía cultural ha adquirido la virulencia desasosegante que caracteriza a la extrema derecha desde tiempo inmemorial o no tan inmemorial como pueda parecer. A la sucesión de crisis de orden moral y material que caracterizan los dos primeros decenios del siglo XXI, con la emergencia y concreción de nuevos actores políticos –el feminismo, las nuevas izquierdas, el ecologismo, las oenegés y otros–, ha seguido la respuesta de aquellos sectores que impugnan el Estado del bienestar, se apropian de conceptos clásicos de la cultura democrática para adulterarlos o subvertirlos, niegan la gravedad de los grandes desafíos –la emergencia climática, el aumento de las desigualdades– y plantean otros –los ataques a la división de poderes, el nacionalismo y el populismo como expresión de la identidad colectiva, las cortapisas a la ciudadanía europea– con el objetivo de consagrar nuevas formas de sometimiento e intoxicación de la opinión pública.

El nobel Paul Krugman se pregunta esta semana en The New York Times si debe ser solo “la gente pequeña” la que pague impuestos. El interrogante abierto por Krugman es meramente retórico, pero hay una corriente de opinión animada por Trump y sus émulos que es partidaria de que, en efecto, la contribución al erario de las clases opulentas, incluidas las grandes empresas, sea simbólica o muy limitada. Mientras tanto, la multiplicación de la pobreza o de los pobres con empleo es una realidad que la cultura hegemónica en Estados Unidos soslaya o encubre con datos macroeconómicos sin ninguna conexión con los padecimientos de quienes asisten a una degradación imparable de sus condiciones de vida. Sigue pendiente la operación de rescate de la clase media vapuleada.

Lo que Krugman plantea de forma implícita es si el discurso cotidiano de los políticos de la extrema derecha –confesos o encubiertos– obliga a disponer de un descodificador para descubrir con él el nuevo significado de las palabras. Cuando Iván Espinosa de los Monteros se refiere a los progres, al pensamiento pogre y a otros conceptos parecidos no hay una delimitación específica de a quiénes alude, sino más bien una referencia genérica a cuanto queda fuera del universo de Vox, incluida el ala menos afecta al discurso dominante en el PP. Dicho de otra forma: Espinosa de los Monteros participa de una técnica de adulteración del lenguaje que violenta la “responsabilidad humana”, según la entendió Thomas Mann.

Este juego de las palabras violentadas lo practican personajes ideológicamente tan próximos como Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders y tantos otros, entregados a la empresa de construir una realidad paralela, compatible con un conservadurismo radical y retardatario que pretende restaurar espacios de privilegio –una fiscalidad a la medida–, de exclusión –la Europa fortaleza cerrada a los flujos migratorios– y de neutralización de las dinámicas sociales, según la ocasión, el momento y los vaticinios de las encuestas. La extrema derecha vulnera el significado de las palabras para dotar a su mensaje de una aparente coherencia y compromiso con la realidad.

La economista estadounidense Deirdre N. McCloskey sostuvo el 9 de mayo en El País que “el negocio del populismo que vemos crecer cada día es hacer que la gente tenga miedo”. ¿Acaso al violentar los significados se alimenta el miedo? Seguramente sí, seguramente se compone un mosaico lleno de amenazas que configura un futuro caótico o inviable, desposeído de las referencias aportadas por la cultura dominante, hegemónica, la que algunos autores llaman cultura espontánea, entendida tal espontaneidad como efecto sobrevenido de la hegemonía. Pero, como afirma el filósofo Edgar Morin, “la política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre generalizada”, de lo que se colige que debiera carecer de efectividad la siembra del miedo mediante la desfiguración de las palabras porque el futuro es una puerta permanentemente abierta a la incertidumbre; ninguna mutación puede corregir la naturaleza incierta del porvenir.

 

La cultura democrática se degrada

Dice el filósofo Emilio Lledó que la corrupción que más le preocupa es la de la mente. Lo dice con la convicción de quien asiste a un proceso de degradación de la cultura democrática, acosada por la propaganda destemplada de movimientos políticos, partidos y organizaciones, difusores instalados en una grosera simplificación de los problemas, en nacionalismos de campanario y en una neutralización vociferante del pensamiento crítico. Pareciera que a grandes rasgos se cumple el vaticinio del historiador Pierre Rosanvallon: el populismo se ha subestimado o despreciado durante demasiado tiempo.

También se cumple el pronóstico compartido por muchos según el cual quedaron en la cuneta promesas de cambio social o simplemente de asistencia social en entornos caracterizados por enormes desequilibrios y, simultáneamente, se ha agravado la desigualdad en sociedades con una clase media consolidada a causa de la salida neoliberal de la crisis financiera desencadenada en 2008. La ortodoxia macroeconómica ha operado como un factor de erosión –préstese atención a autores como Paul Krugman, Thomas Piketty y Joseph Stiglitz entre otros muchos– y a continuación han hecho fortuna los hombres-pueblo –como encarnación de la comunidad, se presentan– sin mayores escrúpulos y propósitos que impugnar el acervo cultural y político de la democracia en nombre de una variada panoplia de argumentos, de eslóganes pergeñados por los spin doctor y por los profesionales que operan en las redes sociales.

No hace falta remontarse en la historia más allá de la última semana para dar con comportamientos inquietantes: la derecha española en bloque le da una vuelta judializadora al procés al recurrir los indultos, un recurso político para serenar los espíritus sin desacreditar a los jueces; Daniel Ortega transmuta los prolegómenos de una campaña electoral en una persecución sistemática de sus adversarios; Viktor Orbán alarma a la Unión Europea con su pretensión de silenciar a los homosexuales o, aún peor, de cerrar las escuelas al conocimiento de la diversidad afectiva; la UEFA impide que un estadio de Múnich se ilumine con la bandera arcoíris –la selección de Hungría, en el césped– por estrafalarios motivos en defensa de la neutralidad política, como si tal cosa fuera posible en un espectáculo político multitudinario. Seguir con más ejemplos resultaría fatigoso y es innecesario.

La cultura democrática es un logro de la modernidad que incluye la autonomía de los individuos, el libre pensamiento y la libertad de expresión, la separación de la religión y el Estado, la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos y otros derechos y deberes sobradamente conocidos y pautados. Como explicó en su día Raymond Aron en Democracia y totalitarismo, “los regímenes aparecen como soluciones opuestas a problemas”, con un ingrediente añadido en el caso de las democracias deliberativas: la oposición de diferentes fórmulas para abordar un mismo problema. Se trata de una norma tan simple y conocida como difícil de digerir por corrientes de opinión para las que, más allá de su parecer, nada es admisible.

Los recursos que el PP y Vox presentarán contra la ley que regula la eutanasia van en esa dirección: la convicción de una inefable superioridad moral, encubierta en argumentos de naturaleza constitucional, mueve a los dos partidos a soslayar el dato incontrovertible de que la opinión pública es partidaria de permitir y regular la muerte asistida. La ley de la eutanasia no es de aplicación obligada, sobra recordarlo, pero para los recurrentes no cabe poner límites a la defensa de la vida ni siquiera cuando la vida se convierte en una experiencia invivible (sus motivos son estrictamente personales, de inspiración religiosa; antes sucedió con las leyes del aborto).

Volvamos a Aron, que no fue, por cierto, un revolucionario radical ni cosa parecida: “La elección en política no es entre el bien y el mal, sino entre lo preferible y lo detestable”. Hoy hay demasiadas cosas detestables, fruto más del oportunismo que del goyesco sueño de la razón. Cuando Keiko Fujimori y sus corifeos accidentales arremeten contra el escrutinio que coloca a Pedro Castillo en la presidencia del Perú se provoca una situación realmente detestable: se pretende deslegitimar el triunfo del maestro rural para neutralizar una posible y futura decantación del ganador hacia una imitación del modelo venezolano, suficientemente desacreditado como para aparezcan émulos que en él se inspiren. La obligación de respetar los derechos del triunfador –todos los candidatos se comprometieron a hacerlo en su día– resulta suplantada por una acción preventiva en la que los antecedentes escasamente democráticos y transparentes de la candidata Fujimori se dejan a beneficio de inventario o se dan por amortizados.

En el caso peruano y en muchos otros, a un lado y otro de la divisoria ideológica, es reseñable que la desnaturalización del significado de las palabras ha encubierto y enturbiado el debate político. Cuando se califica a alguien de fascista –una referencia correspondiente a un momento histórico muy concreto– o alguien se define como liberal –un concepto polisémico o poliédrico– no hay forma de saber si efectivamente tales elementos descriptivos se corresponden con la realidad o son fruto de una apresurada asignación de etiquetas. Con todo ello, sale perdiendo la cultura democrática, la convivencia entre puntos de vista diferentes; al desgastarse la cultura democrática, ocupan la tribuna de oradores cuantos se ven capaces de sacar partido a la ceremonia de la confusión, tanto más productiva para sus fines cuanto más confusa.

En junio de 1979 acudieron al palacio del Eliseo los pensadores André Glucksmann, Raymond Aron y Jean-Paul Sartre, nada coincidentes sus respectivas visiones del mundo y del hombre, para reunirse con el presidente Valéry Giscard d’Estaing, un liberal, quien, a instancias suyas, decidió acoger a 100.000 refugiados vietnamitas. ¿Es en el presente posible una escena de naturaleza similar? Probablemente, no; cualquier ocasión es buena –Ceuta, hace unas semanas– para alentar el enconamiento.

Los indultos encrespan la política

El dictamen del Tribunal Supremo absolutamente contrario a la concesión de indultos a los condenados del procés ha dado pie a la multiplicación de opiniones apasionadas, oportunistas, juiciosas y emocionales en todos los foros de opinión política. El texto de los magistrados excluye que se dé cualquiera de las circunstancias que justifican en principio la concesión de un indulto, incluida la “utilidad pública”, un concepto polisémico de posible aplicación, por ejemplo, a la atenuación de tensiones sociales o políticas de alcance y consecuencias perfectamente reconocibles. Desde la derecha exasperada por el propósito del Gobierno de dar curso a los indultos a sectores del PSOE y barones regionales, que ven en los indultos diferentes riesgos, entre ellos de naturaleza electoral –Castilla-La Mancha, Extremadura–, pasando por el alineamiento de los medios y la difusión de opinantes que conservan gran influencia –así Felipe González–, pareciera que el cielo puede desplomarse sobre la tierra si el Ejecutivo se mantiene dispuesto a seguir adelante con las medidas de gracia.

En todo ello hay una agudización del léxico populista –la crisis de Ceuta ha contribuido a ello–, apegado a un nacionalismo español ad hoc para sacar partido a una situación con inevitables costes y beneficios a ambos lados de la divisoria. En medio de esa atmósfera desgarrada, mientras en Murcia se aprueba a instancias de Vox que en las escuelas públicas suene todos los días el himno nacional y en la Asamblea ceutí un representante del mismo partido se desgañita con un discurso racista aborrecible, las voces que se remiten a la Constitución, a la necesidad objetiva de buscar una tercera vía en Catalunya para que baje el soufflé, encuentran enormes dificultades para dejarse oír. Como si todo lo que no sea apoyar el cumplimiento íntegro a las condenas suponga una afrenta a las esencias patrias.

Nunca el fundamentalismo ha estado menos justificado. Es políticamente estéril, aunque puede ser electoralmente rentable, perderse en razonamientos jurídicos, en un laberinto sin salida donde solo cuenta la opinión de los jueces –respetable, pero, por fortuna, discutible– y se soslayan los problemas políticos, la necesidad de dar a tales problemas una solución política. Son demasiadas las pruebas como para desconocer que nada mejorará en la llamada cuestión catalana si la cárcel no deja de ser uno de los escenarios en los que se desarrollan los acontecimientos. No hace falta ser independentista ni siquiera nacionalista para llegar a tal conclusión.

El profesor Javier Pérez Royo recuerda en Eldiario.es que la Constitución establece en el artículo 97 que “el Gobierno dirige la política”. “Ningún órgano que no sea el Gobierno tiene atribuida la función de ‘dirección política’ con carácter primordial y alcance general –escribe más adelante–. En esto consiste su especificidad. Todas las funciones concretas que la Constitución atribuye al Gobierno tienen que ser interpretadas a partir de esa tarea de alcance general con la que el constituyente abre su definición del Gobierno. En esto consiste la especificidad del órgano constitucional Gobierno”. Y finalmente, razona: “Tras la solicitud del indulto y la tramitación del correspondiente expediente administrativo, únicamente queda dar respuesta al siguiente interrogante: ¿cuál es la decisión más apropiada desde la perspectiva de la dirección política del país? A este interrogante únicamente puede dar respuesta el Gobierno. Tendrá que hacerlo de manera motivada, justificando de manera objetiva y razonable el porqué de su decisión”.

La respuesta que dé a cuál es la decisión más apropiada no anulará la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el juicio del procés, que es firme, ni tendrá otros efectos diferentes para los condenados que los propios del indulto. Su utilidad no será de naturaleza jurídica, sino política, porque cambiará sin duda el marco de referencia en la discusión de la concertación y el encaje de Catalunya en España. ¿Dejará de hablar el independentismo de amnistía, autodeterminación y referéndum? Seguramente, no. ¿Tendrá la misma trascendencia o influencia que tiene ahora el discurso militante? Seguramente, tampoco.

Decir, como ha hecho Felipe González, que en las “actuales condiciones” no daría los indultos equivale a pensar que tales condiciones pueden cambiar, mejorar, ser más favorables, sin mayor acercamiento o gestión que la mesa de diálogo que el mes próximo debe reunir a Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Lo cierto es que la mesa y de lo que de ella puede salir depende de que antes cambien las referencias externas –la salida de la cárcel de los condenados, quizá la más relevante– para que los fundamentalistas de la independencia, en Catalunya y en Waterloo, se acojan a la Realpolitik y renuncien o dosifiquen las ocurrencias y la propaganda de los spin doctor. Nada es seguro, pero es juicioso pensar que nada será igual después de los indultos en orden a modular las pasiones.

¿Se pondrá con ello en duda la división de poderes? Esa será la línea argumental de quienes han puesto el grito en el cielo, de quienes anuncian que recurrirán la concesión de los indultos. Pero, una vez más, conviene recordar que la judicialización de la política nunca ha sido útil para abordar problemas políticos. Y en la posible concesión de los indultos no hay una impugnación de la sentencia o desautorización del tribunal, sino más bien el reconocimiento de una realidad que, de una u otra forma, afecta a la política española en su totalidad. Que para una parte sustancial de la opinión pública de Catalunya la imputación del delito de sedición fuese un disparate y la sentencia, un acto de injusticia manifiesta tiene poco que ver con la disposición del Gobierno a dotarse de un instrumento para resolver el crucigrama, heredado del Gobierno anterior y, aun antes, de la decisión del Partido Popular de recurrir ante el Tribunal Supremo el Estatut aprobado por las Cortes y mediante referéndum en Catalunya.

De aquellos polvos y otros muchos –la mutación genética del nacionalismo catalán durante la presidencia de Artur Mas, uno fundamental– se llegó a estos lodos. A esa situación imposible solo se puede hacer frente desde la competencia constitucional, exclusiva del Gobierno, de “dirigir la política”. Sin duda, hay otras opiniones y caminos posibles al que elija el Ejecutivo, pero deben desecharse por improductivos todos aquellos que tienden a hacer crónica una crisis, que es tanto como apostar por su empeoramiento, por el ahondamiento en una situación que en Catalunya y en el resto de España tiene una evidente fuerza divisiva.

La UE se persona en Ceuta

La europeización de la crisis diplomática desencadenada por Marruecos en la raya de Ceuta, playa del Tarajal, confiere rasgos definitivamente nuevos a la siempre compleja relación entre Madrid y Rabat. Nada de lo sucedido en Ceuta es demasiado nuevo, todo remite a la pretensión marroquí de dar por zanjado el caso del Sáhara Occidental, de alentar el irredentismo a propósito de las ciudades españolas en el norte de África, y al muy especial vínculo de Marruecos con Estados Unidos, en el que la Realpolitik prevalece desde hace decenios por encima de cualquier otra consideración. Lo único realmente novedoso, y acaso determinante, es la implicación de la Unión Europea en la defensa inviolable de su frontera sur, de la que Ceuta y Melilla forman parte; lo más reseñable es que los Veintisiete no se han andado con subterfugios a la hora de secundar la posición de España en una situación en extremo delicada y en defender, a la luz del derecho internacional, la integridad territorial y el principio de soberanía.

Es improbable que eso redunde en una atenuación de la tendencia marroquí a utilizar cualquier pretexto para avivar las brasas, siquiera sea para consumo interno y movilización de unos ciudadanos exhaustos a causa de la crisis económica, ahora, o para alcanzar en el futuro cualquier otro objetivo. Pero sí es posible que la reacción europea ante el desafío marroquí sea fruto de lo aprendido de los errores cometidos en la gestión de los flujos migratorios, en especial a partir de 2016, cuando la solución turca del problema no hizo más que someter a la UE a chantaje permanente, a la utilización por Recep Tayyip Erdogan de los más de tres millones de personas alojadas en campos de refugiados en Asia Menor. Y en cualquier caso, es más que posible que la salida al paso del atropello perpetrado por el Gobierno marroquí active la revisión del dispositivo Frontex y del sistema de control y acogida de migrantes en suelo europeo, tan insuficiente.

De darse de una manera continuada y sistemática ese cambio de actitud en Europa, cabe suponer que quizá Marruecos deje de ser el instigador de crisis encadenadas, fundamentadas en un nacionalismo cuya intensidad regulan palacio y el Gobierno de turno, que en la práctica son poco menos que lo mismo en el difuso reparto del poder asentado por la tradición en la cultura política marroquí. Tanto pesan en la movilización de recursos emocionales el Gobierno en la sombra conocido como majzén –el entorno del rey Mohamed VI , la corte si se quiere–, un conglomerado de intereses económicos y complicidades políticas, como el Gobierno visible, encabezado ahora por Saadeddine Othmani, del Partido Justicia y Desarrollo (islamista moderado), muy vinculado y bien acogido por el majzén.

Si hasta la fecha se ha cumplido el vaticinio del periodista Ignacio Cembrero sobre el empeoramiento de la situación en Ceuta, quizá ahora tengan una oportunidad la prudencia y la sensatez. Incluso sin que cambie el engarce especial de Estados Unidos con Marruecos, fruto de una decisión geoestratégica relacionada con el sistema de seguridad diseñado por el Pentágono para el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo sur. Ni desaparecerá la pretensión marroquí de que la comunidad internacional legitime su soberanía sobre el Sáhara Occidental ni renunciará a reclamar de vez en cuando Ceuta y Melilla, pero quizá desista el entramado político rabatí de dramatizar, como ha hecho estos días, dos asuntos en los que está lejos de ser depositario de la razón histórica.

Tal cambio es preciso para evitar que asuntos de tan poco peso como la hospitalización en Logroño del líder saharaui Brahim Ghali den pie a situaciones de enorme gravedad y alienten la demagogia de la extrema derecha española, movilizada para el caso poco menos que para reclamar la militarización de un conflicto desencadenado por el oportunismo irreflexivo de Marruecos y concretado en la llegada a la playa ceutí de unas 8.000 personas, muchas de ella menores de edad, procedentes de entornos de una vulnerabilidad y pobreza extremas. El espectáculo ofrecido por los voceros ultras, deudores de la peor tradición africanista española, con Santiago Abascal al mando de las operaciones, no es más que la explotación oportunista de la exaltación nacionalista marroquí; una vez más se echa mano de la política de las emociones para difundir una imagen distorsionada de la naturaleza y dimensiones de la crisis. El recurso a la palabra invasión para describir el desarrollo de los acontecimientos expresa el afán de atribuir a los hechos un carácter apocalíptico que nunca tuvieron.

Es igualmente precisa la maduración del sentido de Estado en los escaños del Congreso. Resulta por lo menos chocante que los gobiernos de los 27 países de la UE hablen con un solo timbre de voz para responder a Marruecos y que, al mismo tiempo, el Partido Popular toque a rebato en el Congreso y descalifique al Gobierno en este asunto. Qué duda cabe de que todo es mejorable, pero cuando el problema es de la naturaleza del ceutí, la única posición defendible es apoyar a quienes deben afrontarlo en primera estancia. Hacer lo contrario es acogerse a un indefendible oportunismo –de nuevo la misma palabra– como si no hubiera mañana para analizar y criticar lo hecho hoy; el cometido de la oposición no es arremeter contra todo, todos los días, como si la razón estuviera inequívocamente de su parte por el simple hecho de ser oposición.

Una vez se supere la crisis –queda un largo trecho por recorrer–, nada será como antes en la relación con Marruecos y, por tal razón, conviene que el sentido de Estado inspire en España los discursos y saque provecho de la complicidad europea. Ya que la miseria envolvente en Marruecos parece condenada a prolongarse por mucho tiempo, no puede descartarse su utilización futura en los mismos términos que ahora, y entonces, antes que hablar de invasión y de torpedear al Gobierno, sea cual sea este, habrá que distinguir nítidamente entre víctimas y victimarios. Es lo mínimo exigible para evitar que el peso del apoyo europeo se malgaste en charcutería política de bajísima calidad.

Campaña tóxica en Madrid

La enrarecida campaña electoral de Madrid ha puesto por enésima vez sobre la mesa la conveniencia, oportunidad o necesidad de levantar un cordón sanitario en torno a la extrema derecha para preservar la democracia de sus arremetidas. Se trata de un debate abierto en muchos países, España entre ellos, y cerrado en muchos otros, Alemania entre ellos, donde han llegado a la conclusión de que el aislamiento de los ultras es un requisito ineludible para poner a salvo el sistema de injerencias tóxicas. El punto de partida es en todas partes el mismo; la pregunta es siempre la misma: ¿cabe aplicar el mismo trato a quienes se sirven de la democracia para degradarla o combatirla que al resto?

En general, la izquierda entiende que es improcedente por arriesgado buscar una forma de entendimiento o conllevancia con la extrema derecha que, por lo demás, la rechaza de plano (las proclamas de los líderes de Vox son una prueba). Los partidos que cubren el espectro político desde la derecha conservadora al liberalismo de centro oscilan entre la voluntad de pactar con los ultras, si ello les permite desalojar del poder a la izquierda, y la estrategia no exenta de peligros de neutralizarla mediante un proceso de asimilación de parte del programa de quienes acampan a su diestra (véase la campaña de Isabel Díaz Ayuso). Y aun hay partidos (la democracia cristiana alemana, una prueba) que solo estiman prudente y razonable renunciar a tales pactos.

A los que sin militar en ningún bando sostienen que la democracia no puede excluir a nadie, ni siquiera a sus acérrimos adversarios, se les acusa con frecuencia de pecar de ingenuos, de desconocer o soslayar los antecedentes históricos; se les reprocha cultivar un idealismo plagado de riesgos. A cuantos en nombre del realismo reclaman el aislamiento concertado de la extrema derecha se les reprocha una tendencia a la intolerancia. A los primeros, se les aplica poco menos que la sentencia de Friedrich von Schiller sobre la permanencia siempre joven de la fantasía, porque “lo que no ha sucedido jamás no envejece nunca”; a los segundos se les identifica con frecuencia como previsores depositarios de las reacciones preventivas: vence a tu enemigo antes de que se manifieste como tal.

Lo que sucede en Madrid desde hace semanas se asemeja a una oscura ceremonia de la confusión en la que la candidata del PP, precisada de unir a Vox a la causa para completar la mayoría absoluta en la Asamblea, da por hecho que el pacto es seguro, aunque insiste en que aspira alcanzar la mayoría absoluta en solitario (ninguna encuesta lo vaticina). Dentro de esa confusión está también la sorprendente petición al PSOE de la presidenta para que vote su investidura y la libere de la dependencia de Vox –¿para gobernar en minoría durante dos años?–, mientras Ciudadanos, a un paso de la extinción, se presenta como la bisagra –cabe decir que improbable– capaz de evitar que Vox sea en Madrid partido de gobierno.

El caso es que hay demasiadas pistas que inducen a concluir que las intemperancias de Vox han envenado la densidad de la campaña con su algarabía, con esa mueca mitad sonrisa mitad desafío de Rocío Monasterio, y que los sobres con balas de Cetme han completado la obra y han permitido a los líderes de los diferentes conservadurismos en liza ausentarse del debate programático. De tal manera que mientras las diferentes izquierdas han limado sus discrepancias por imperiosa necesidad y han orientado la campaña hacia una defensa sustancial de la democracia, sus adversarios han pasado del dilema comunismo o libertad –tan desmesurado y demagógico– a una equiparación de la libertad con el horario de cierre de la hostelería en plena emergencia sanitaria y cuando las estadísticas epidemiológicas no remiten.

Así se ha degradado la campaña más allá de cualquier precedente y así se ha convertido en el campo de minas donde todos los partidos han entendido que la elección del martes es solo nominalmente autonómica, pero de facto tendrá repercusión a escala nacional. Porque no está en juego solo el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante los próximos dos años, sino saber hasta qué punto una victoria de Díaz Ayuso debilitará a la facción centrista del PP y obligará a las izquierdas a encarar una renovación de los liderazgos madrileños, y asimismo hasta qué punto una derrota del PP erosionará el futuro de Pablo Casado. Siempre con el papel de Vox en discusión, complete la mayoría de la derecha o se instale en la oposición.

Hay en el insoportable tono de la campaña de Madrid los peores presagios de futuro. La ponzoña ha contaminado la política a una velocidad inusitada hasta dar la razón a Claudio Vercelli: “La historia no se repite, pero algunos de sus elementos se proponen de nuevo con el paso del tiempo. La crisis de la democracia es la incubadora de tal proceso”. En esa crisis del sistema democrático en la que coincide un progresivo alejamiento del debate político de lo que en mayor medida importa a los ciudadanos con una crisis de resultados, de eficacia, de vulnerabilidades desatendidas, resuena el juicio de Maurice Merleau-Ponty: “El mal no se crea a través de nosotros o de los otros, sino que nace en la tela que hemos tejido y que nos ahoga”.

La sustitución del bipartidismo imperfecto de antaño por la configuración de la política de bloques del presente complica de tal manera la concreción de mayorías que es determinante en ese encrespamiento del léxico, en esa tendencia acrecentada a descalificar al adversario, a llegar al insulto si es preciso para desgastar al rival. Ha renunciado la derecha a admitir la legitimidad democrática de la alianza para gobernar de Unidas Podemos y del PSOE, y se han adueñado de la tribuna los productores de eslóganes hirientes, alumnos o imitadores de los agitprop de los que se rodeó Donald Trump. Ha caído la izquierda en la trampa para osos de las frases altisonantes y fuera de lugar –Ángel Gabilondo, Mónica García y Yolanda Díaz, tres excepciones– que llevan sistemática y estérilmente la política al terreno de las emociones. Y en esa laguna enfangada ha nadado Vox como pez en el agua hasta dar la impresión de que la partida se ha jugado según las reglas que más le convenían.

La pandemia se reactiva

A las puertas de la cuarta hola de la pandemia, si no es que ya estamos en ella, los europeos se preguntan por qué la exuberante campaña de vacunación en Estados Unidos no ha sido  posible hasta la fecha en la Unión Europea, donde cunde una mezcla de inseguridad, pesimismo y la sensación de que algo se ha hecho considerablemente mal para que el progreso para alcanzar la inmunidad de grupo se demore tanto. Mientras crecen una vez más las estadísticas de infectados y se cumplen con pasmosa puntualidad los vaticinios de los epidemiólogos, se asiste a un combate contra el mal no siempre coordinado –a veces, por desgracia, en orden disperso– en el que coinciden crisis políticas asociadas a la batalla contra el covid-19, el aumento de casos, la conversión de Madrid en capital europea del ocio etílico, discusiones bizantinas sobre dónde es y no es imprescindible usar la mascarilla y la certidumbre de que para que el 70% de la población quede inmunizada durante el próximo verano es preciso que cambien bastante las cosas.

Cuando todo haya pasado, quizá deban pedirse responsabilidades políticas a quienes negociaron los contratos de suministro con las farmacéuticas visto el grado de cumplimiento muy laxo de los mismos sin que, por lo demás, haya forma de esclarecer a cuánto obligan y a qué se debe de verdad que no se cumplan las previsiones. Pero, de momento, sería suficiente con que todo el mundo supiese en Europa, con un margen de error lo más pequeño posible, cuándo será citado para que le administren la vacuna. Y lo sería porque al mismo tiempo que el presidente Joe Biden anuncia que el próximo 4 de julio –fiesta nacional– será el día de la independencia de Estados Unidos frente al coronavirus, en Europa todo son aproximaciones inconcretas, poco tranquilizadoras, sobre el ansiado día en el que la población se encontrará a salvo y se acabará la pesadilla. Es decir, es posible hacer previsiones verosímiles si se tiene la seguridad de que las vacunas fluirán sin pausa, según lo anunciado por las autoridades y esperado por la población.

El diario Le Monde atribuye el retraso de Europa en neutralizar la enfermedad a la falta de audacia y de riesgo puestos de manifiesto en Estados Unidos –Donald Trump, en la Casa Blanca– al financiar el año pasado con 14.000 millones de dólares la operación Warp Speed, que llevó a los laboratorios a trabajar a toda máquina para desarrollar vacunas en el menor plazo de tiempo posible. La consecuencia es obvia: en un país con un más que desigual grado de cumplimiento de las medidas establecidas para frenar los contagios, la vacunación sin descanso ha desbordado muchas previsiones sobre la contención de la enfermedad. Por el contrario, un editorialista del periódico La Repubblica ha llegado a escribir que la compra masiva de vacunas decidida en Bruselas ha sido ineficaz porque “nunca fue posible un control efectivo de la producción y de la distribución”.

Si a todo ello se añaden las dudas suscitadas por la vacuna de AstraZeneca, la única conclusión posible es que el bloqueo emocional de una parte no pequeña de la opinión pública europea es por lo menos comprensible. Seguramente, los expertos están en lo cierto cuando declaran la idoneidad del fármaco, pero en la memoria de muchos potenciales receptores prevalece la impresión de que los riesgos son demasiados. Que sea infinitamente pequeño el porcentaje de los vacunados que han padecido efectos secundarios o han perdido la vida no evita que las dudas en la calle sean las que son. Lo realmente sorprendente en sociedades habituadas a una más que razonable seguridad sanitaria sería que el estado de ánimo fuese otro. Es evidente que estar vacunado es una liberación –desaparece el peligro de resultar contagiado–, pero si surge la sombra de un riesgo sobrevenido por el hecho de vacunarse, es posible que afloren la desconfianza y la zozobra.

Daniel Cohen, de la Escuela Normal Superior de París, afirma en el semanario L’Obs que el Gobierno de Francia, “al rehusar el confinamiento para ocultar su vergüenza al no haber podido vacunar rápidamente, ha perdido el rumbo en la gestión de la pandemia”. El profesor Cohen cree que las autoridades antepusieron a las advertencias del consejo científico su convicción de que los ciudadanos “estaban al borde de la crisis nerviosa y no soportarían la carga mental de un nuevo confinamiento”. El caso es que, finalmente, la fuerza de los hechos ha obligado al presidente Emmanuel Macron a confinar Francia durante un mes y a cerrar las escuelas un mínimo de tres semanas, un síntoma inquietante de que, como sostiene Cohen, el desarrollo de los acontecimientos marcha muy por delante de las decisiones del Gobierno a un año de que Macron opte a la reelección.

Son demasiados los países en los que la impresión es la misma. Cuando la OMS califica de inaceptable la lentitud de la vacunación en Europa lo hace atendiendo a criterios a salvo de la necesidad inmediata de fomentar corrientes de opinión favorables, pero también recogiendo la queja de cuantos creen que el ritmo actual es inadmisible. A nadie escapa la complejidad de la adquisición de las vacunas, la distribución y administración de las mismas, pero cabía esperar que, a la luz de los recursos humanos y materiales de que dispone la Unión Europea, todo fuera bastante menos premioso de lo que en realidad es. Si a ello se añaden juegos de manos políticos como los de Isabel Díaz Ayuso –los ambulatorios de Madrid cerrados durante cuatro días de la Semana Santa y las terrazas a rebosar–, solo puede añadirse que la queja de la OMS está más que justificada.

Cierto que nada escapa a la política, y la pandemia no es una excepción, pero como en este caso, al final de la discusión, lo único que importa es salvar vidas, la politización de la pandemia, de su gestión, debiera ser lo más atenuada, comedida y resolutiva posible. La pandemia ha hecho posibles pocas treguas, pero hay una que urge: la que contenga el parte diario de bajas y los estragos económicos imparables. En este desastre planetario no ha lugar para las medias tintas y el oportunismo político; lo único realmente decente es renunciar a los argumentos falaces y no escatimar recursos para vencer al mal cuanto antes.