Banderas en campaña

Solo la creencia de que prohibir la exhibición de estelades durante la final de la Copa del Rey llenaría de votos el zurrón del PP el 26-J explica el despropósito de Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid, de promover tal medida. Las referencias a la ley del deporte del 2007, a la ley contra la violencia, el racismo y la xenofobia y al riesgo de que se vea alterada la seguridad durante la celebración del partido abundan en el disparate y causan estupor porque no son más que cortinas de humo para encubrir el sectarismo de una decisión descabellada. Es innecesario ser independentista para llegar a la conclusión de que la iniciativa de Dancausa establece un límite arbitrario a la libertad de expresión que ningún antecedente justifica: la estelada es, sin duda, la bandera de una facción política, pero hasta la fecha no ha sido sinónimo o coartada para recurrir a la violencia.

La sensata decisión del juez de Madrid Jesús Torres Martínez de invalidar la prohibición debiera sonrojar a quienes la defendieron, de Jesús Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, al orfeón gubernamental. Que a estas alturas de la historia alguien quiera sostener en España que el fútbol es solo fútbol y nada más que fútbol, resulta francamente pintoresco: en un espectáculo deportivo que comporta la interpretación de himnos, flamear de banderas y presencia abundantísima de autoridades en el palco, incluida la del jefe del Estado, pretender que la política no debe estar presente es una distorsión de la realidad que atenta contra la fuerza de los hechos. Si estos fueran otros, no aparecería la bandera española en el Bernabéu y otros campos (los que la enarbolan están en su perfectísimo derecho), y Manuel Vázquez Montalbán nunca hubiese dicho del Barça que es “el ejército de un país desarmado” (¡viva la ironía!).

En todos los nacionalismos, y el español no es una excepción, hay un fondo de fundamentalismo excluyente, y el conflicto asociado a la final no es diferente a otros muchos episodios que responden a una gran simplificación: nosotros y ellos. En el bien entendido de que tal simplificación lleva sin remedio a alguna forma de confrontación irresoluble. Si, además, hay una cita electoral a la vista y prevalece la suposición de que cuanto peor, mejor, entonces la prohibición de Dancausa se inscribe en una estrategia de propaganda y agitación encaminada a presentar al PP como el guardián de las esencias frente a otras opciones debilitadas por la propensión a la conllevancia orteguiana; menos patrióticas dirían los puristas partidarios de envolverse en la bandera.

Claro que luego sucede que entre los compañeros de partido de la promotora de la medida que tumbó el juez surgen no solo las dudas, sino la incomodidad evidente de verse obligados a defender lo indefendible y, por este camino, arrojar piedras contra su propio tejado. Así los dirigentes catalanes del PP de Ciudadanos, nada sospechosos de promover la independencia, pero tan desasistidos por el núcleo duro de los populares. En fin, basta aceptar que dos y dos son siempre cuatro en base diez, como enseñan en la escuela, para llegar a la conclusión de que no hay mejor manera de inyectar dosis extra de entusiasmo a la brega independentista y, quizá, de producir militantes para la causa de nuevo cuño que dar la vara durante unas horas con la prohibición de la estelada en el estadio Vicente Calderón.

Que desde entornos académicos tan diferentes como los de los profesores Francesc Valls, de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Javier García Roca, de la Universidad Complutense de Madrid, se llegue a conclusiones coincidentes debiera preocupar a los rigoristas del Gobierno que tantas veces confunden la ley con un texto revelado y ven en toda discrepancia una afrenta. Dice García Roca: “La estelada es un símbolo de independencia, no de violencia. No es, por ejemplo, una cruz gamada nazi. No tiene nada que ver”. Y tal afirmación es tan meridianamente exacta que resulta agotador tener que repetirla ad nauseam, de la misma manera que lo es tener que recordar que el Tribunal Constitucional estableció en 1982 que la libertad de expresión es uno de los fundamentos de la sociedad democrática incluso cuando contiene opiniones que “pueden inquietar al Estado”.

¿Cómo es posible que antes de la resolución del juez Torres Martínez nadie en los despachos del Gobierno cayese en la misma cuenta que quien ha atendido los recursos presentados? Se dice en el texto salido del juzgado que la prohibición impide manifestar de forma pacífica una ideología política “sin que concurran razones y motivos con la entidad suficiente para poder restringir el uso de un derecho fundamental”. Es preocupante que sea preciso tal recordatorio, porque ese derecho fundamental, la libertad de expresión, es indisociable de la calidad de una democracia, resulte de ello algo que pueda “inquietar al Estado” o a quienes lo administran, o genere el ejercicio de tal libertad una atmósfera favorable a los gobernantes. Y es asimismo preocupante el apoyo dado por la fiscalía a la prohibición dictada por Dancausa en nombre de hipotéticos “perjuicios graves a intereses de terceros”, sin que se especifique si esos terceros son los seguidores del Sevilla (no parece), parte de los espectadores que verán el partido por televisión o quienes siguen creyendo que la calle no es de todos y los estadios, tampoco.

Resulta incomprensible que la misma semana que la deuda del Estado supera el valor del PIB, que la Unión Europea considera imponer a España una multa de 2.000 millones por incumplir el déficit –en realidad, se la impondría a los españoles, que sin comerlo ni beberlo sufrirían las consecuencias–, que la Púnica se asemeja a una hidra de siete cabezas y que el incendio de Seseña deja al descubierto la ineficacia de varias administraciones, pueda alguien perder el tiempo con una guerra de banderas. Como si la política de las emociones, si es que de eso de trata, hubiese de ser la piedra sillar sobre la que se asentará la campaña electoral; como si esa trifulca tuviese por objetivo o misión desviar el foco de asuntos menos triviales, más urgentes, más trascendentes, pero también de más difícil y costosa gestión. ¡Ay, las banderas!

 

Francia, en el túnel de la fractura social

La reforma laboral puesta en marcha en Francia ha enardecido la calle, dividido al Partido Socialista (PS) una vez más y dejado en estado de debilidad extrema a François Hollande a un año justo de la elección presidencial. La conocida como ley El Khomri por el apellido de la ministra que la promueve, tiene el perfume inconfundible de la legislación española impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y hace temer a los sindicatos, a diferentes versiones de la izquierda y a organizaciones cívicas de nuevo cuño que el efecto inmediato de la reforma sea una desregulación del mercado de trabajo que, en el colmo de las paradojas, ni siquiera complace a la derecha, siquiera sea porque todo vale para disparar al pianista (Hollande) a un año de que el despacho del Eliseo esté en juego.

Al recurrir a un privilegio del Ejecutivo para sacar adelante la ley mediante una aplicación forzada de la Constitución, el presidente de la República y el Gobierno de Manuel Valls han oficializado la fractura entre el Ejecutivo y una parte no desdeñable del grupo parlamentario socialista, mayoritario en la Asamblea Nacional, pero minado por el debate ideológico. Nunca se ha sentido el ala izquierda del PS satisfecha con el rumbo dado por Hollande a su presidencia, pero cuando pertenecen al partido 26 de los 56 firmantes de una moción de censura animada por diferentes fuerzas progresistas, la situación adquiere tintes de extrema gravedad. Que luego faltaran dos firmas y la moción no prosperara es menos importante que el hecho mismo de que sumaran su nombre a una iniciativa que, a fin de cuentas, fue la respuesta a una ley considerada regresiva, que el Gobierno defiende como fundamental, ineludible, para rescatar la economía francesa de la atonía, pero que es tenida por desastrosa por cuantos la impugnan desde la izquierda, atentos todos ellos a la degradación del mercado de trabajo en España (precariedad, contratación temporal creciente, caída de los salarios, etcétera).

Está la atmósfera de Francia cargada con la electricidad de un gran divorcio entre el poder y la calle; entre las exigencias de la economía global y las conquistas sociales de la Quinta República; entre las recetas de los eurócratas y el sentimiento nacional herido. Las concentraciones en la plaza de la República de París, el movimiento Nuit Debout, las proclamas de Les Économistes Atterrés, del que forma parte el elocuente Frédéric Lordon, uno de los rostros más visibles de las protestas, todo configura una doble fractura: genérica, porque aleja al Gobierno de su electorado tradicional, y generacional en el seno de la clase media, de donde procede el grueso de los jóvenes movilizados contra la ley, decepcionados por un futuro que temen peor que el presente, y que están convencidos de que deberán amoldarse a unos estándares de vida menos confortables que los que disfrutaron sus padres. De tal manera que se antoja demasiado fácil, por no decir injusto, aplicar el sobrenombre de bobobourgeois-bohème– a los movilizados de hoy, rescatando el apelativo aplicado por el frente gaullista a los agitadores de la Sorbona en mayo de 1968.

El argumento central de la izquierda para presentar la moción de censura que en última instancia no prosperó se remite a un solo dato: “A una situación excepcional, una respuesta excepcional”. La reflexión de la derecha al presentar una moción de censura, finalmente derrotada, fue un paso más allá al preguntarse si el presidente no debía disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones para abrir la posibilidad de que se forme una nueva mayoría. El periódico conservador Le Figaro trasmitió la pregunta a sus lectores a sabiendas de que Hollande no se expondrá a una debacle electoral antes de tiempo, pero desde el mismo momento en que el Gobierno optó por el camino expeditivo del artículo 49.3 de la Constitución –lo que evitó en primera instancia que la reforma laboral fuese debatida en la Cámara– se abrió la veda; pudiera decirse que la campaña electoral ha empezado once meses antes de lo previsto.

El intelectual Jean Daniel entiende que cuanto sucede es resultado de un largo proceso en el que “la izquierda ha intentado acomodarse a la economía de mercado, llamada también capitalismo, mientras que la derecha se habituaba a ser liberal y centrista”. “Este trastorno se producía suavemente –sigue Daniel en las páginas de Le Nouvel Observateur, el semanario que fundó–, en todo caso sin una agresividad provocadora. Hasta que llegaron las consecuencias de la mundialización, de la descolonización, de la inmigración, de las primaveras árabes y de la demencia revolucionaria. Sufrimos el paro y la falta de crecimiento, y hemos visto aparecer la violencia religiosa en todo su nihilismo. La reacción se ha producido”.

Quizá el conglomerado social de Nuit Debout, semejante en muchas cosas al 15-M español, no comparta por completo el punto de vista de Daniel, pero puede seguirse en él el rastro de una sociedad en crisis. Si a ello se añade la incapacidad manifiesta de Hollande y Valls para reformar a través del consenso, como se argumenta en un análisis publicado por el diario progresista Le Monde, es fácil llegar a la conclusión de que el modelo francés de sociedad del bienestar, superviviente de numerosas pruebas, emite señales de agotamiento, genera dosis cada vez mayores de insatisfacción y desorienta a una parte de la opinión pública, dispuesta a invocar los valores intangibles de la nación mediante la peor de las opciones posibles: la extrema derecha encabezada por Marine Le Pen. No hay en la demagogia del Frente Nacional otra cosa que la explotación del miedo acumulado por ciudadanos asustados por los desafíos de un mundo cambiante, las finanzas globales, el terrorismo yihadista y una sensación de vulnerabilidad extrema, pero no por ello deja de resultar atractiva la oferta para los electores con alma conservadora.

La fronda en el Parlamento y en la calle, tan apegada a la historia de Francia desde los días del cardenal Mazarino y de Luis XIV, no es formalmente muy distinta a las anteriores, salvo en el apego al realismo: nadie busca la playa bajo los adoquines como en las jornadas del 68, sino que no se configure un futuro poco halagüeño, con una acumulación insoportable de víctimas de la historia en la cuneta del camino hacia no se sabe dónde. El filósofo Edgar Morin habla de una crisis planetaria, de civilización, a la que no escapa Francia, cuya primera consecuencia es un deterioro social, industrial, geográfico, territorial y humano. El futuro no es solo una incógnita, como siempre lo ha sido desde la noche de los tiempos, sino una angustia; cada vez son menos los que confían en que el mañana sea mejor que el presente y, al mismo tiempo, redoblan sus esfuerzos para convencer los profetas del crecimiento ilimitado, de la liberación tecnológica y de la marginalidad de los saberes humanísticos.

La composición heterogénea de las manifestaciones y concentraciones que desde hace días alteran la agenda política del Gobierno de Francia es la prueba fehaciente de que la sensación de oscuridad que viene del futuro es compartida por un segmento ideológico y social cada vez más amplio. El profesor Roland Gori se refiere en las páginas de Libération a la vigencia del taylorismo (por Frederick Taylor), aquella corriente económica de principios del siglo XX orientada a aumentar la productividad y a neutralizar el control sindical sobre los ritmos de producción, un pensamiento que quizá reverdece, aunque hasta no hace mucho pareció superado por el pacto social y la confluencia de la democracia cristiana y la socialdemocracia en un modelo humanamente sostenible. Quién y en qué condiciones puede capitalizar el subsiguiente descontento angustiado, es impredecible; depende en gran medida de cuál sea la sensibilidad del establishment para evitar la fractura o para dar vida a nuevas etiquetas políticas atentas a las reclamaciones de los movilizados, de cuantos ven en la salida de la crisis la quiebra de un engarce social equilibrado.

 

 

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.

El ‘establishment’ presiona al PSOE

La movilización del panteón de vivos ilustres, jarrones chinos y otros clásicos retirados de la política no es más que la punta de lanza de otra movilización, esta de europeos ilustres en activo, encaminada a encarrilar la formación de una mayoría de gobierno en España a gusto del establishment. El enigmático deseo manifestado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, “quiero que España esté a la altura”, es en realidad poco enigmático: confía en que el desenlace se ajuste a lo que se espera en los despachos de la UE. Que se atenga a la manifiesta voluntad de cambio expresada por los electores el 20 de diciembre pasado es menos importante; lo que realmente cuenta es que nada perturbe la ortodoxia.

La proclama o manifiesto de la Fundación España Constitucional, donde se exalta la necesidad de que las negociaciones en curso garanticen “la unidad de España, la igualdad de los españoles, la estabilidad política, el progreso económico, el desarrollo social y la regeneración democrática” mediante una coalición de dos o más “partidos constitucionalistas” –es innecesario enumerarlos–, desprende el mismo aroma que las palabras de Juncker. Habida cuenta de la procedencia de los integrantes de la fundación, exministros de UCD, del PSOE y del PP, no es exagerado concluir que estar a la altura consiste justamente en cumplir con los objetivos prefijados en el texto: la gran coalición o algo parecido, una reforma constitucional contenida para parchear el problema catalán y un enfoque de la economía que respete hasta la última coma la voluntad de los llamados mercados.

Otra proclama en forma de artículo, esta de Luis Solana en elplural.com, completa la de la fundación. Dice su autor que compete al PSOE educar a Podemos, “un partido imposible de encajar en una democracia europea”, pero necesario, “porque es imposible llegar a mayorías democráticas de cambio sin Podemos y porque el PSOE sabe muchísimo de cómo hay que educarse para lograr una izquierda eficaz para los desfavorecidos”. ¿Se refiere Luis Solana al PSOE de la chaqueta de pana de Felipe González o al de Alfonso Guerra cuando amenazaba –no le faltaba razón– con aplicar a algunos latifundistas la ley de fincas manifiestamente mejorables? Porque si se remonta a aquel PSOE, el que sometió a Adolfo Suárez a una moción de confianza sin posibilidades, el de La OTAN de entrada, no y otros eslóganes osados, hay que decir que no le pudo ir mejor su falta de educación política: en 1982 obtuvo 202 diputados, una mayoría absoluta nunca igualada ni de lejos.

Esto es, quizá las presiones para encauzar las cosas mientras se educa a Podemos sea el modo más directo para que este partido llene con más votos el zurrón en el próximo asalto, puede que dentro de un par de años, cuando, consumada la reforma constitucional, según se prevé, se disuelva el Parlamento y se convoquen elecciones. La inquietante idea expresada en su día por Artur Mas a tenor de la cual había que corregir aquello que las urnas no habían otorgado, se diría que hace escuela, gana adeptos que desoyen a quienes advierten de que forzar las cosas más allá de toda lógica puede ser pan para hoy y hambre para mañana (Gobierno para hoy, oposición dentro de un tiempo). Podemos es un conglomerado ideológico con frecuencia imprevisible, pero con una capacidad de movilización que no permite hacer vaticinios sobre cuál es su techo electoral si, mientras se le educa, se mantienen algunas constantes en la reforma económica vigente: crecimiento de las desigualdades, desregulación del mercado de trabajo, aumento de la frustración entre los más jóvenes e insensibilidad social de los gobernantes, trufado todo con una corrupción endémica.

Las presiones para esa coalición de lo previsible soslayan esos datos; sus urdidores se remiten a las cifras macroeconómicas, tan engañosas con frecuencia, a las estadísticas y a la actuación de la policía y los jueces para dejar al descubierto a los corruptos. Pero al parapetarse detrás de tales muros dejan sin respuesta la pregunta formulada por Tony Judt en el 2009: “En nuestro tiempo, ¿cómo hemos llegado a pensar en términos exclusivamente económicos?” Porque detrás de la opinión de cuantos creen, con Felipe González a la cabeza, que ni el PP ni el PSOE deben impedir que el otro gobierne, se adivina la convicción no confesa de que lo que más importa es poner a salvo el statu quo –el económico en primer lugar– y, en cambio, es menos acuciante ser eficaz en auxiliar a los desfavorecidos, el término elegido por Luis Solana.

Claro que no hay forma de situar la multiplicación de gestos y declaraciones de Podemos en el terreno de lo razonable, sino más bien en el de la prepotencia, cuando no de la burla o del desprecio, pero promover su aislamiento no hace más que alentar el discurso fácil, aquel que, prescindiendo de la realidad, desgasta al adversario. Desde la descalificación de la casta a la reclamación de todos los ministerios importantes en una hipotética coalición con el PSOE ha transcurrido muy poco tiempo, suficiente en todo caso para que, guste a no a Pablo Iglesias y su equipo, Podemos se haya adecuado a los peores hábitos de la charcutería política o educado según ella demanda. De ahí que resulte particularmente sorprende que Albert Rivera diga con gesto convincente que no se puede arrinconar al partido que ha obtenido más de siete millones de votos (el PP) a pesar de las últimas pestilencias –el gang valenciano, Acuamed– y, al mismo tiempo, actúe convencido de que sí se puede arrinconar al que ha obtenido más de cinco millones (Podemos), tan acogido a las reglas del sistema, aunque se le tilde de fuerza radical, de extrema izquierda o de antisistema.

Todo lo cual lleva a suponer que las presiones de los poderes fácticos, es decir, financieros, para un pronto desenlace aspiran a que cuanto tenga que suceder no vaya más allá de un reformismo lampedusiano o cosmético para que nada cambie demasiado, aunque vaya en ello la supervivencia de algunas siglas venerables como las del PSOE. ¿Por qué el PSOE? Cuando se invoca la gran coalición que gobierna en Alemania para justificar aquí la conveniencia de imitar el modelo se parte de dos falsos supuestos: que la CDU que fundó Konrad Adenauer es equiparable al PP que creó Manuel Fraga y que el SPD responde a la misma peripecia histórica que el PSOE. No hace falta ser doctor en ciencias políticas para comprender que lo que en Alemania resulta más o menos útil, aquí tiene todas las trazas del abrazo del oso, de una operación que defraudaría al grueso de los votantes socialistas, más de cinco millones también, integrantes de la izquierda clásica española hasta donde alcanza la memoria. A modo de resumen: para el PSOE, la gran coalición pudiera ser una inmolación; la gran coalición de hoy pudiera ser causa primera del desfondamiento de mañana.

“El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado o estalla”, opinaba Enrique Tierno Galván, mente lúcida. El poder no es una entelequia, es algo concreto, tangible, expresión de una compleja trama de intereses y presiones, y lo que se negocia en este cursillo acelerado de pactismo que realizan los partidos para resolver el crucigrama del 20 de diciembre es exactamente eso, el poder. Para algunos, correr el riesgo de que le estalle en las manos puede significar un viaje hacia la nada; para otros, contemplar el estallido desde el patio de butacas puede ser una inyección de votos para pasmo del establishment que ahora presiona desde Bruselas y más acá.

Partidos bajo la lupa

En esta tierra de nadie o de todos entre el 27-S y el 20-D se suceden los acontecimientos, crecen la confusión y aún más la dudas acerca de la investidura del president Artur Mas, y la tentación a envolverse en la bandera está siempre ahí como último recurso. Acabada la legislatura, el PP se fue en busca del apoyo de sus socios europeos en el congreso de Madrid, más que un acto político, una preelectoral claque –“grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra buscando algún provecho” (segunda acepción del diccionario de la RAE)–, el mismo día que la Guardia Civil y los fiscales se personaron en el domicilio de Andreu Viloca, tesorero de CDC, y en la sede del partido en busca de pruebas del famoso 3%, de esa presunta financiación irregular que todo lo enturbia. Nada está escrito acerca de cuál debe ser el equipaje para realizar el viaje a Ítaca, pero es oportuno recordar la siguiente frase de Joan J. Queralt de su artículo del jueves en EL PERIÓDICO: “A Ítaca no puede llevarse como lastre la podredumbre de la corrupción”.

La incomodidad manifiesta de los socios de CDC, en una situación más imposible cada día, confirma lo atinado del aserto. No es solo la CUP la que reitera con más determinación que nunca que Mas no reúne las condiciones para repetir en la presidencia; el silencio de ERC y de las entidades soberanistas que alientan el procés es del todo elocuente. Como ha publicado El País en un editorial, “por muchísimo menos de lo que aquí se investiga, dirigentes políticos de los países con los que Mas gusta de comparar a Catalunya habrían dimitido ya”, y su disposición a presentarse a toda prisa en el Parlament para dar explicaciones apenas corrige su debilidad extrema para pilotar la nave. Todo el mundo tiene derecho a creer en tramas conspirativas, pero habida cuenta del tiempo que el asunto rueda por los juzgados y de los precedentes –los casos Palau, Pujol, Innova y otros–, nadie debe llamarse a engaño: algo no pequeño está por esclarecer.

Apelar a la inoportunidad del momento y la aparatosidad de las formas resulta pueril. Con el calendario preelectoral, electoral y poselectoral en la mano es imposible que la labor de los tribunales no pise o provoque un cortocircuito en las estrategias de los estados mayores de los partidos. Salvo que todo el aparato judicial pospusiera durante varios meses –quizá hasta enero– sus indagaciones relacionadas con la actividad de partidos o políticos bajo sospecha, es inevitable que a cada auto o diligencia se le encuentre un pero, un propósito oculto para dañar los planes de alguien. Es tan ingenuo no sospechar que en este embrollo y en otros –los Bárcenas, los Gürteles, los ERE, la Púnica y otras lindezas– no hay dosis de juego sucio como maliciar que todo responde a un plan predeterminado para neutralizar a adversarios políticos. Más que a simplificación de la realidad suena a manipulación de la historia.

Después de la publicación de las declaraciones de Francisco Correa en eldiario.es, lo menos que puede decirse es que la plaga del 3% –o de otros porcentajes– adquiere la categoría de pandemia. De ser cierto lo dicho por el cabecilla de la trama Gürtel, y hoy ya todo es posible o verosímil, “se trataba de adjudicar obras a empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, gerente y tesorero del PP. Tampoco ahí tiene sentido buscar la acción de una mano negra que pretende chafar la precampaña de los populares, con Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y compañía en la tribuna de oradores, sino esperar que los jueces hagan la luz y pongan a cada cual en su lugar, aunque tenga un elevado coste para la credibilidad del sistema la judicialización de la política, inevitable cuando la opacidad es un hecho. “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”, el sms que Mariano Rajoy mandó a Bárcenas un día de principios del 2013, lastra irremediablemente el relato elaborado por el PP para distanciarse de los presuntos manejos del extesorero.

Ese 3% ominoso y desvergonzado que aparece en todas partes debe esclarecerse, sea cual sea el coste, para evitar que arraigue la sospecha generalizada, se propague el escepticismo como enfermedad incurable y los ciudadanos lleguen a la conclusión de que son víctimas de un engaño permanente y premeditado. Es preciso, asimismo, para que queden a salvo de recelos cuantos se dedican a la política y no recurren al 3% (para que les cuadren las cuentas del partido o para procurarse todos los meses un sobresueldo dentro de un sobre). Es una necesidad de higiene democrática inaplazable que prevalezca la honorabilidad de las instituciones y de quienes las sirven. La regeneración democrática requiere reformas de todo tipo, entre ellas la de la Constitución, pero precisa ante todo descontaminar el aire viciado que se respira en demasiados despachos, en demasiadas tramas de poder, en los intersticios a través de los cuales es posible adulterar la financiación de los partidos políticos, necesarios por lo demás para que una democracia realmente lo sea.

Sería muy de lamentar que la Reforma para la Agilización de la Justicia Penal –nombre oficial del invento–, una iniciativa del PP aprobada por las Cortes, provocara un cuarteamiento de las causas en curso, como teme el exfiscal José María de Mena, debido a la obligatoriedad de que las investigaciones no se prolonguen más allá de 18 meses, prorrogables si lo autoriza el juez a petición del fiscal. “Preocupado el Gobierno, al parecer, por los macroprocesos, como el de la Gürtel –escribe Mena–, ha decidido agilizar la justicia acabando con ellos. Con la reforma legal, los grandes procesos deberán trocearse. Se juzgará a cada uno de los delincuentes por separado, con lo que, en la práctica, se difuminarán las grandes tramas de criminalidad financiera colectiva, y punto final”. Porque los males de la nación, sea la que sea la dimensión del territorio al que se aplica el término, no son asunto en manos de individuos que actúan por su cuenta y riesgo, sino que hay algo más que indicios de que en los 3% y otros enredos el funcionamiento se atiene a una logística precisa, a sólidas redes clientelares en las que participan corruptores y corrompidos con parecido desparpajo.

La mera posibilidad de imponer un punto final a las investigaciones supone dejar la puerta abierta a cegar los caminos para la depuración de responsabilidades en los casos del primer partido de Catalunya, del que hasta ahora ha dispuesto de la mayoría parlamentaria en España y de otros muchos asuntos que afectan a la limpieza y solvencia de las instituciones. Y esa mera posibilidad, de hacerse realidad, llevaría inevitablemente a una parte de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes a la desafección, a pensar que nada es trigo limpio, que todo es fruto de un rosario de componendas innobles. Porque rige hoy más que nunca en toda su extensión el juicio del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes”.

 

Vigilias ruidosas

A saber si se ha dado el salto de la política de las emociones a los fundamentalismos obsesivos que nublan el juicio y arrinconan la razón, el caso es que en las vigilias tormentosas de la campaña electoral que se avecina, previsiblemente ruidosa, se han adueñado del puente de mando los fabricantes de frases rotundas, que suministran a  los líderes políticos para que las suelten a diestro y siniestro. Nadie está dispuesto a bajar la pelota a ras de suelo –que alguien la baje gritaba Alfredo Di Stefano cuando el balón circulaba cerca de las nubes– o eso parece antes de que se abran las urnas el día 27 y Catalunya pase por ellas en medio de un clima entre confuso y estrambótico, propenso a los excesos verbales, a la demagogia y a despreciar la realidad. Las voces sensatas son inaudibles a causa del griterío y cuando alguna de ellas trata de abordar el asunto con solvencia académica es inmediatamente sometida al arbitraje destemplado de las redes sociales –a favor y en contra–, canchas ideales para que el ruido sea aún mayor.

De todo esto hay muestras sobradas en los periódicos, las radios, las televisiones, las webs y demás circuitos de la aldea global, y es de temer que el guirigay tendrá un crescendo a la medida del momento a partir de la tarde del día 11, cuando la Meridiana hará las veces de aplausómetro del independentismo o del procés. Si se toma como referencia el ambiente en las postrimerías de agosto, quedan pocas esperanzas de que se serenen los estrategas de campaña, los tribunos, los presuntos agraviados de cada bando y otras categorías de agitadores presentes en la contienda. Pásese revista a lo sucedido en un suspiro:

Jordi Sánchez dice que una Catalunya independiente quedaría fuera de la UE y debería negociar su ingreso desde cero, pero enseguida rectifica y matizan, él y su entorno, que no fue bien interpretado, que no quiso decir lo que dijo, aunque lo dijo.

Felipe González publica en El País una carta dirigida al electorado catalán y velozmente sale al quite Josep Antoni Duran Lleida con otra carta en el mismo diario. Cada uno ellos cosecha los parabienes y las críticas esperadas (el proceso no admite sorpresas).

-La Guardia Civil asoma por domicilios de Convergència y aledaños en búsqueda afanosa del 3% y la dirección del partido ve en ello una maniobra política, electoralista, de utilización de las instituciones con fines inconfesables.

-El Gobierno anuncia que tramitará una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que este tenga capacidad sancionadora. El propósito es que la reforma quede aprobada el 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas, por si es preciso aplicar cirugía de urgencia al proceso o contra el proceso. La oposición se lleva las manos a la cabeza y los victimistas ponen en marcha el victimismo.

Artur Mas comparece en el Parlament para explicar por qué anticipa las elecciones y para dar explicaciones por el 3%, y no encuentra mejor línea de defensa que acusar a otros partidos, no dice cuáles, de haber cobrado de Teyco (se antoja una variable ad hoc de la vieja táctica y tú más).

Salvo una milagrosa rectificación colectiva no prevista en el guion, con estos moldes es de esperar que, ya ahora, los autores de los argumentarios –¡qué palabro!– de todos los partidos, coaliciones y candidaturas hayan puesto manos a la obra para presentarse como vencedores la noche del 27, solos o en compañía de terceros, sea cual sea el resultado. Sobra decir que no todos pueden ganar, menos cuando unos se dan por satisfechos con tener mayoría de escaños, otros exigen que solo la mayoría de votos otorgue la victoria, y aun hay quienes entienden que, salga lo que salga, no quedará otra que negociar una salida airosa en la que imperen la prudencia y la razón. Pero la tentación de cantar victoria será tan poderosa que cuesta imaginar que alguien reconozca haber perdido.

O puede que no. Puede que la multiplicación de declaraciones en la Unión Europea de aquí al 27 sea más efectiva que cualquier otro mecanismo de rectificación imaginable. El significado de las palabras de Angela Merkel en Berlín al final de la visita de Mariano Rajoy no admite dudas: Europa entiende que los estados-nación son los actores políticos de la Unión y todo cambio debe atenerse a la ley. Puede gustar más o menos, ser más o menos justo y aceptable, pero así están las cosas. Colegir de lo dicho por la cancillera que no está en contra “de lo que supone el 27-S” (Neus Munté) es una falta de realismo que bordea la manipulación. Lo dicho por Merkel ni es ambiguo ni confuso, sino un gesto político cuyo significado no da pie a barrocas interpretaciones. Ni puede medirse con el mismo rasero que la alarma expresada por la patronal Foment del Treball ni puede atenderse con la misma actitud con que se acoge el diagnóstico de un jurista tan experimentado y prestigioso como Jean-Claude Piris: “Desde el punto de vista de los dirigentes de muchos estados miembros, como Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, etcétera, nadie va a defender esa posición [la de los promotores del proceso], sería tanto como arriesgarse a abrir la puerta a un posible contagio y provocar problemas políticos internos, por no hablar de los estados que se han negado a reconocer a Kosovo por razones parecidas (Chipre, Grecia, Rumanía, Eslovaquia)”. Y la declaración de Merkel no se puede aquilatar de igual forma que otras porque no es un dictamen técnico, sino un compromiso político público y sin reservas de la gobernante más poderosa de la Unión Europea, que influye en todos los ámbitos de la organización para bien y para mal (pregúntese a los griegos).

Sería tranquilizador que los argumentos de autoridad puestos a disposición del electorado fueran los que se desprenden de solventes trabajos académicos y sería asimismo un tributo a la serenidad que se fuese respetuoso con el significado de las palabras. Pero al prevalecer la propaganda política y la simplificación de conceptos, resulta más eficaz o ilustrativo para el debate en curso una frase de Merkel que el libro de Josep Borrell y Joan Llorach, que induce a reflexionar sobre Las cuentas y los cuentos de la independencia, o El llarg procés, la esclarecedora digresión histórica de Jordi Amat. Cuando unas elecciones autonómicas como las del día 27 mutan en plebiscitarias o Xavier García Albiol, que no es diputado, se presenta en el Congreso de acompañante de Rafael Hernando en el momento de presentar el proyecto de reforma de las atribuciones del Tribunal Constitucional, es que la veda de la mixtificación se ha levantado oficialmente y, en ese trance, entrar en detalles es menos efectivo que la escueta sintaxis de Angela Merkel.

Si alguien creyó alguna vez que un gran Estado de la Unión Europea podía ser desairado por algún otro gran Estado, o frecuenta poco Bruselas o cree con una fe inasequible al desaliento que cuenta con recursos suficientes para superar todos los obstáculos sin sufrir grave daño. Lo primero es un error de escala fácilmente remediable; lo segundo es un caso de autosuficiencia injustificable. Todos los juegos de manos destinados a presentar la continuidad de Catalunya en la Unión Europea como algo remediable y a bajo coste están tan alejados de la realidad como la creencia del Gobierno de que tiene un cheque en blanco para utilizar la Constitución como un arma arrojadiza contra algo que, como señalan las encuestas y se verá en la Meridiana, moviliza a una multitud (el último sondeo del CEO otorga un 42% al independentismo).

Al final, quizá todo se reduce a dos nacionalismos antagónicos, el catalán y el español, que han llegado a la infeliz conclusión de que cuanto más enconamiento más votos –cuánto peor, mejor, en la escuela clásica–, así en el 27-S como en el domingo de diciembre que se celebren las elecciones legislativas españolas. En medio, en tierra de nadie, quedan los estupefactos, los equidistantes, los sorprendidos y los hartos por esa disparatada transformación de la política en un diálogo de sordos, en un entremés o en un sainete, en un tan estéril como aparatoso intercambio de declaraciones a cual más altisonante o desdeñosa con el rival. Diríase que, sin darnos cuenta, hemos pasado del golpe de Estado permanente, que François Mitterrand atribuyó al general Charles de Gaulle, al disparate diario, que nadie se atribuye, pero que asoma por todas partes acompañado de los peores presagios.

EEUU-Cuba, primer acto

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba saca brillo a la política exterior del presidente Barack Obama y, al mismo tiempo, abre un compás de espera. La complejidad de los asuntos pendientes, aparcados durante más de medio siglo por Washington y La Habana, impide que la situación evolucione con rapidez en igual o mayor medida que la oposición surgida en las filas republicanas y en una parte del exilio cubano de Florida, que siguen aspirando a la claudicación del castrismo con similar empeño al exhibido durante la guerra fría. Al mismo tiempo, a nadie se le oculta en la isla, como ha destacado la prensa liberal de Estados Unidos, que una rápida transición económica puede entrañar costes tangibles en los servicios básicos de educación y sanidad, puede que en vivienda. Como ha publicado The New York Times, muchos cubanos han depositado sus esperanzas en el desarrollo de la iniciativa privada, de la organización de un régimen multipartidista, pero, al mismo tiempo, otros muchos temen que las llamadas conquistas sociales se diluyan en la economía de mercado.

El rompecabezas está lejos de tener fácil solución. La derecha republicana presente en el Congreso, el exilio recalcitrante y los ideólogos neoconservadores que calientan motores a año y medio de la elección presidencial quieren impedir que el proceso abierto no tenga marcha atrás o freno, por lo menos, si no se solucionan antes asuntos tan endiabladamente envenenados como el resarcimiento o devolución de las propiedades estadounidenses en Cuba incautadas por la revolución. La Administración demócrata espera que la nueva situación con Cuba sea uno de sus legados históricos. El Gobierno de Raúl Castro se dispone a poner sobre la mesa la continuidad de la base que Estados Unidos tiene en Guantánamo en virtud de un acuerdo-imposición que se remonta a 1903, considerado tradicionalmente por la revolución como la ocupación ilegal de un territorio. Los líderes menos obcecados de la comunidad cubana de Miami ven en el momento la gran ocasión de pasar página y hacer buenos negocios, opinión compartida por una parte relevante de las empresas turísticas norteamericanas que operan en el Caribe e inversores que ven en la isla un lugar ideal para desembarcar con sus dólares. Los cubanos, en fin, curtidos en mil situaciones comprometidas, entienden que ha llegado quizá el momento de dar el gran paso y dejarse de nostalgias y romanticismos.

Por si fuera poco, hay una variable decisiva: la promesa de Raúl Castro de dejar la presidencia en el 2018 y –eso no forma parte de la promesa– la probable dilución de la gerontocracia castrista en un ecosistema político rejuvenecido. Porque a pesar de que el Partido Comunista ha actuado en la normalización de relaciones con Estados Unidos como lo que por tradición es, una estructura monolítica sin fisuras, en la práctica es indiscutible que el peso de las emociones y el recuerdo del pasado influye más en el comportamiento de quienes llegaron a bordo del yate Granma o formaron parte de las unidades dirigidas por los comandantes históricos de Sierra Maestra. Y puede que si muchos de aquellos líderes recorrieron el trecho que iba de un nacionalismo socializante a un socialismo apegado a la URSS, así también en un futuro no muy lejano los herederos del régimen pueden desandar algunos pasos para salirse de un modelo agotado de economía planificada para hacerse cargo de otro nacionalista con inquietudes socializantes y sin demasiados prejuicios anticapitalistas. Solo así cabe imaginar que puede concretarse el levantamiento más o menos equilibrado del embargo comercial de Estados Unidos que la isla soporta.

Mientras llega ese momento, el caso cubano será uno de los argumentos favoritos del republicanismo inquisitorial, que persigue el desgaste de Obama y, con él, el de Hillary Clinton, la gran favorita a ser la candidata demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre del año próximo. Precandidatos de ascendencia cubana como Ted Cruz y Marco Rubio, alentados por el Tea Party, y libertarios muy conservadores como Rand Paul, asimismo adscrito a la prédica del Tea Party, no han perdido tiempo en denostar la iniciativa de Obama, y William Kristol, uno de los líderes de opinión de la derecha destemplada, no ha dudado en decir que lo que quiere el presidente es remodelar las relaciones de Estados Unidos con sus oponentes y enemigos.

Con una macedonia de precandidatos de todos los colores y ni una sola encuesta que dé a uno de ellos vencedor frente a Clinton, Cuba –Irán también– no es el peor de los recursos para atacar al adversario. Ni siquiera los más avezados en la realpolitik, como Jeb Bush, han dejado de aprovechar la ocasión, y conforme se pase de izar las banderas y escuchar los himnos a la política de las cosas, mayor será la presión desde el campo republicano dentro y fuera del Congreso. Si Cuba fue durante decenios un símbolo de las izquierdas, puede que un ejemplo, el régimen de la isla sigue siendo hoy una obsesión imperecedera para la derecha menos reflexiva, la misma que, por cierto, cierra sin mayores problemas suculentos negocios con China, nominalmente comunista. Pone incluso a China como ejemplo de productividad y eficacia, y deja a un lado cuanto atañe al respeto por los derechos humanos, al pluralismo político y a la libertad de información entre otros asuntos no menores.

No hay duda de que quienes más necesitaban encauzar las relaciones eran los cubanos y el régimen cubano, pero el gran negocio previsible es el de las compañías estadounidenses que dentro y fuera del sector turístico, de los servicios y de la tecnología se llevarán la gran tajada. Algo que convierte el disgusto conservador con la iniciativa de Obama en un gesto que solo cabe mantener mientras no se gobierna, pero que debe esfumarse si se llega a empuñar el timón. En todo caso, la historia demuestra que todas las leyes aprobadas para asfixiar al régimen cubano han sido inútiles para acabar con él, han sometido a la población de la isla a un castigo injustificable y, en muchos casos, no han impedido la presencia de inversores europeos y latinoamericanos desde bastante antes de que hombres de negocio chinos se interesaran por el Caribe.

De ahí que resulte sorprendente la tibieza del Gobierno español y su escasa implicación en los sucesos en curso. Y resulta sorprendente porque las empresas españoles que han invertido en Cuba se hallan en una situación privilegiada para sacar el máximo partido a la nueva situación, pero acaso no lo logren por el retraimiento o la falta de iniciativa gubernamental. La situación no es nueva y se remonta a los dos mandatos de José María Aznar, que antepuso sus prejuicios ideológicos a la realidad y sometió las relaciones con Cuba a un régimen de ducha escocesa. Algo perfectamente inútil, cuando no contraproducente, a la vista de la tozuda realidad: la inevitable evolución, transformación o cambio del régimen de la isla, protegido casi siempre por la nueva realidad latinoamericana, aunque de eso último nunca ha resultado una vida confortable para los cubanos. Alguien debió haber apercibido al Gobierno de que nada es para siempre, ni siquiera el régimen cubano, como seguramente saben los propios cubanos, y aun el extremismo republicano en Estados Unidos, aunque no se da por enterado.

 

 

 

Nadie ganará en Grecia

Todos los referéndums se convocan con el propósito de ganarlos, y el de este domingo en Grecia no es una excepción, aunque a causa de la confusión que envuelve la crisis griega, la victoria del Gobierno de Alexis Tsipras radica en el no (a la propuesta de los acreedores) y la derrota se halla en el . No es esta la primera ni la mayor de las confusiones. También resulta francamente oscuro el hecho de que se someta a referéndum un programa de actos que, en la práctica, el convocante da por vencido e inservible y trabaja sobre la hipótesis de una nueva propuesta incompatible con la que se votará. Y no lo es menos que a solo tres días del referéndum se divulgue un informe del FMI que, grosso modo, alerta de que la deuda griega es inasumible –¡gran descubrimiento!– , muy probablemente harán falta 51.500 millones de euros adicionales para suturar la herida y, claro, será precisa una quita que aligere la montaña de millones que se supone debe salir del bolsillo del contribuyente griego de aquí a la eternidad.

Esa confusión o propensión a violentar la lógica tiene que ver en gran medida con la tendencia a abordar la crisis desde planteamientos binarios: la propuesta de la troika, ahora ya no llamada así, y la de Tsipras-Varoufakis; la supuesta solidez conceptual del establishment europeo (conservadores, liberales y socialdemócratas) y la heterodoxia presuntamente utópica de Syriza; la intolerancia alemana frente a intolerancia griega; la hipotética insensibilidad social de la derecha frente a las presumibles inquietudes sociales de la nueva izquierda. Y así hasta llegar a un punto de no retorno, a este referéndum con el que, gane el o gane el no, nadie ganará al final de un portentoso error de cálculo colectivo, aquel que llevó a las acreedores a creer que, a última hora, el Gobierno griego cedería mediante un apaño presentable a sus votantes, y aquel otro que indujo a Syriza a medir mal sus fuerzas y a pensar que, con la suerte del euro en juego, o eso creyó, era posible lograr un acuerdo menos gravoso que los suscritos por los gobiernos que le precedieron. Nadie es inocente en ese disparate ejemplar que subraya la precariedad de fondo del proyecto europeo en cuanto se complican las cosas y, como en este caso, se ausenta la política y todo se circunscribe al análisis económico.

Debió de tenerse por mal presagio la opinión vertida hace unos días por Luis de Guindos al adelantar que la solución al problema debía ser económica y no política. Podía haber dicho, pero no lo dijo, que el desenlace debía ser a un tiempo político y económico; debía haber poseído el ánimo de ambas partes que la argumentación política de la salida de la crisis debía legitimar la económica, así en Atenas como en Bruselas, pero no fue así. Lo que sucedió, en cambio, es que los gobiernos de los países baqueteados por la salida de la crisis hasta extremos de sobra conocidos, España entre ellos, se aplicaron en reclamar a Grecia hasta el último céntimo de la deuda y, otra vez España, aprovecharon de paso el momento para desacreditar a fuerzas emergentes que, con más o menos fundamento, aplauden al Gobierno griego y quizá antes de Navidad sean determinantes en el resultado de las elecciones legislativas para configurar una nueva mayoría.

Resulta revelador que, en medio de la crisis del euro, el presidente Mariano Rajoy no deje pasar ocasión para asaetear a Alexis Tsipras con sus críticas, como si fuese con él con quien deberá medir sus fuerzas antes de acabar el año. Resulta revelador porque, en la estrategia conservadora europea, la ruina del primer ministro griego equivale a la de Podemos y, por extensión, a la de todos los movimientos políticos emergentes que ponen en duda la orientación de la cultura político-económica hegemónica en la Unión Europea. La única forma de neutralizar a los adversarios del modelo es garantizar el fracaso de toda alternativa y desprestigiar a sus aliados, a cuantos estiman, como el partido de Pablo Iglesias, que el referéndum es un recurso democrático y una manifestación de soberanía.

Esa cicatería conservadora de vuelo gallináceo salió reforzada con los excesos verbales de los negociadores griegos, su desprecio por los requisitos técnicos de la negociación y su dificultad para aceptar la realidad, unida a la ortodoxia de los eurócratas y a la suposición de que, con las cifras de crecimiento del PIB griego antes de la victoria de Syriza, era posible a medio plazo solventar la crisis (nadie se molestó en calcular la cuantía de los costes sociales al final del camino). La arquitectura del euro descansa sobre supuestos en las antípodas neokeynesianas que han llevado a Paul Krugman y a Joseph Stiglitz a declararse partidarios de que los griegos den la victoria al no. El plan expuesto por Jean-Claude Juncker al inicio de su mandato para reactivar la economía no es más que un tímido mecanismo de corrección de las servidumbres impuestas por Alemania a todos los europeos: austeridad y contención del gasto. El euro no es, como el dólar, la moneda única de un Estado único, sino la moneda única de 19 estados que están lejos de presentar un mismo o parecido perfil.

La camisa de fuerza económica que Krugman ve para Grecia en el euro responde, en gran medida, a la imposibilidad que tiene Grecia de actuar con su moneda tal cómo podría hacerlo si no fuese la de otros 18 estados. Pero Grecia no puede prescindir de esa camisa de fuerza sin grave quebranto. Resucitar la dracma significaría poner en circulación una divisa sin apenas valor de mercado, algo que no escapa al análisis de la situación que hacen muchos ciudadanos griegos cuando, en medio de la pesadilla, prefieren seguir en el euro a embarcarse en aventuras de final más que incierto, de ahí el empate técnico del con el no a pesar de la popularidad de la que aún disfruta el Gobierno de Tsipras, que promueve el no. De ahí, también, el empeño de Barack Obama de mantener a Grecia en el euro para evitar que, acuciado por la asfixia económica, se rinda a los cantos de sirena de Rusia y debilite el flanco sudeste de la OTAN en compañía que no aliada con Turquía.

De forma que si alguien se siente vencedor la madrugada del lunes deberá manifestar su alegría sin mencionar las consecuencias de su victoria porque, de hacerlo, quedará al descubierto que tal victoria es inexistente. Sí gana el no, el Gobierno de Tsipras volverá a la negociación con un nuevo plan, renegociación de la deuda incluida, que sus interlocutores no aceptan con el beneplácito de Alemania, y con el 20 de julio como nueva fecha decisiva (pagos por valor de más de 3.000 millones).Si gana el , quizá los acreedores echen las campanas al vuelo, pero se abrirá en Grecia un periodo de provisionalidad con la probable caída del Gobierno, creciente inestabilidad y quizá una inevitable convocatoria electoral, una situación incompatible con la dinámica de negociaciones que requiere el momento. Horizontes lúgubres encerrados en nubes de tormenta, con el corralito camino del corralón y el futuro del euro, de las primas de riesgo y de la solvencia de otros socios de la moneda única prendido con alfileres.

Puede que haya quienes ven en esa crisis cada vez más compleja el momento ideal para la catarsis de la que debe salir reforzada la identidad europea y la complicidad entre socios. Pero ese enfoque parece fruto de un exceso de optimismo porque se antoja imposible que cuanto está sucediendo no cause algún daño a la moneda única, a la complicidad necesaria entre estados y al apego de muchos europeos hacia la Unión Europea. Sobre todo si el establishment se obstina en presentar su recetario como el único posible y, diciéndolo o sin decirlo, deslegitima cualquier otra opinión que se salga de lo que ahora todo el mundo llama mainstream, que no quiere decir otra cosa que corriente dominante. Una corriente que, no por ser mayoritaria, es seguro que sea la única que está en lo cierto, la única posible, la única que redundará en una vida mejor para los ciudadanos por más que así se presente.

Hedor insoportable en la FIFA

Es imposible aventurar las dimensiones que finalmente tendrá el escándalo que zarandea a la FIFA desde que varios de sus directivos fueron detenidos en un hotel de Zúrich a raíz de una investigación iniciada por el FBI y desvelada por The New York Times. Después de la dimisión de Joseph Blatter solo cuatro días más tarde de ser reelegido presidente de la organización, es de temer que la carcoma ha llegado hasta la médula ósea del fútbol y el hedor es más insoportable a cada día que pasa. Nadie desconoce que la FIFA es un gran negocio privado, privadísimo cabe decir, que forma parte de las finanzas globales; solo los incautos o los ingenuos pueden sostener que la FIFA no forma parte de la política, no se atiene a criterios políticos; solo los niños pueden creer que un Mundial va a Rusia y otro a Catar por razones objetivas: mejor proyecto, gasto contenido, clima idóneo, etcétera. En suma, casi todo el mundo admite que detrás de la puerta de la FIFA se esconde un misterio envuelto en un enigma cuya única y mejor explicación se encuentra en las cuentas corrientes de algunos –¿muchos, pocos, bastantes?– de sus dirigentes.

Nada es transparente en la FIFA: ni el criterio de adjudicación del Mundial cuatrienal, ni la política de sanciones, ni las preferencias electorales de sus integrantes para prolongar el mandato de los presidentes, ni los contratos publicitarios, ni la negociación de los derechos de televisión ni nada que huela a dólar, euro, franco suizo o cualquier otra divisa fuerte. Todo resulta rematadamente sospechoso cuando una entidad impide a sus miembros recurrir a los tribunales ordinarios bajo amenaza de sanción. Lo realmente sorprendente es que el pastel haya tardado tanto en ocupar las portadas desde que Joao Havelange –mediados de los años 70– estableció un vínculo indisoluble entre fútbol y negocio (en realidad, hizo del fútbol, de la FIFA, un gran negocio a escala mundial); un negocio sin inquietudes éticas, gestionado en la más absoluta y categórica oscuridad, insensible ante la situación interna de países que han acogido mundiales con las cárceles llenas de perseguidos políticos (Argentina 78) o que los acogerán  (Rusia y Catar) a pesar de las dudas más que fundamentadas que despiertan sus gobernantes. El negocio es el negocio y lo demás poco importa.

A raíz de la sanción impuesta a Luis Suárez por el mordisco a Giorgio Chiellini, Ramón Besa escribió en El País: “El máximo organismo futbolístico ha perdido cualquier autoridad moral desde que no sanciona la corrupción de sus miembros y ejemplariza sin criterio los castigos a los jugadores”. Pudiera parecer a alguien exagerado el juicio del periodista, pero otros muchos pensaban como él: así el escritor Eduardo Galeano, que antes del Mundial de Brasil declaró al periódico O Estado de Sao Paulo: “Hay dictaduras visibles e invisibles. La estructura de poder del fútbol en el mundo es monárquica. Es la monarquía más secreta del mundo: nadie sabe de los secretos de la FIFA, cerrados bajo siete llaves. Los dirigentes viven en un castillo muy bien resguardado”. Así consideran muchos una desmesura la reserva media de mil millones de dólares que maneja la FIFA para que no se detenga la máquina.

En todo ello hay algo enfermizo, nocivo, malsano. Cuando un periódico liberal como The Guardian considera a Blatter el “dictador de más éxito”, poco puede añadirse. Aun admitiendo la posibilidad de que el autor del texto lastre su opinión con el disgusto por la concesión del Mundial del 2018 a Rusia y no a Inglaterra, 17 años de presidencia de Blatter y decenios en los pasillos de la FIFA es demasiado tiempo para no temer lo peor. Incluso admitiendo que el celo investigador del FBI no es absolutamente desinteresado, y que el deseo de perjudicar a Rusia forma parte de las pesquisas, esos 10 millones de dólares en sobornos son una razón más que suficiente para que se multipliquen las exigencias de que la FIFA ventile el local y dé cuenta de sus cuentas. Mientras no se regenere la institución de pies a cabeza, irán en aumento la desconfianza y la atmósfera estará cada vez más viciada.

El profesor Mauricio Santoro, de la Universidad de Río de Janeiro, ha recordado en un artículo la opinión vertida hace unos años por el expresidente costarricense Óscar Arias: “El fútbol no trata de la guerra y la paz. Es algo mucho más importante”. Ese algo más es la movilización de fuerzas políticas y económicas a través de un deporte que apasiona a cientos de millones de personas, y que ha dejado de ser, como dijo Galeano en su día, “la más importante de las cosas poco importantes” para transformarse en una de las cosas más importantes entre las importantes. Al mismo tiempo que los futbolistas y los aficionados mantienen encendida la llama de las grandes pasiones, Montoro se ocupa de recordar que comprar un club de fútbol o dirigir una federación nacional “es un pasaporte a la política que proporciona una enorme visibilidad” (véanse los casos de Silvio Berlusconi y Mauricio Macri, entre otros, o el palco del Bernabéu sin ir más lejos). Eso es lo que importa a los ideólogos de la FIFA.

Sería extraordinario que todo en el fútbol se redujera a las emociones en la despedida de Xavi, al baile de entrenadores, a la desmesura en los fichajes y a la pitada de la final de Copa, pero ese escándalo inaudito coloca al fútbol de élite entre los negocios de dudosa estirpe, aquellos que hace falta limpiar a conciencia para que siga el espectáculo sin que nadie tenga mala conciencia. El fútbol ha adquirido tales dimensiones que precisa gestores profesionales –no Diego Armando Maradona, ocurrencia de Nicolás Maduro; no lo quieran los idus de todos los meses del año–, pero también transparentes, que expliquen de dónde viene el dinero, a cuánto asciende, en qué se gasta, para qué se guarda y dónde se guarda. Es algo indispensable, acuciante, inaplazable.

No hacerlo es dar pie a la sospecha, es dejar que vuele la imaginación en busca de explicaciones al comportamiento errático de Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, que en pleno escándalo votó la reelección de Blatter. Dejar sin sancionar los partidos amañados, la elección forzada de sedes, los maletines de aquí para allá, no hará más que alimentar la creencia de que la FIFA es una organización dirigida por sospechosos habituales. De la misma manera que mantener según qué castigos –la prohibición al Barça de fichar hasta el 1 de enero del 2016, por ejemplo–, incluso en el supuesto de que obedezcan a razones objetivas y defendibles, quizá a chapuzas administrativas de los sancionados que nunca debieron darse, alentarán la creencia de que la FIFA mantiene la fea costumbre de utilizar diferentes varas de medir o se mueve a instancia de parte para perjudicar a unos (a saber quiénes) en beneficio de otros (a saber quiénes).

Esa es la situación. Cuando The New York Times habla de “corrupción institucionalizada” (27 de mayo), describe una paisaje; cuando L’Équipe (28 de mayo) se refiere a “efluvios pestilentes liberados por la máquina que gobierna el fútbol mundial”, describe un estado moral: el desbordamiento de las alcantarillas de la FIFA, según el mismo periódico. Y que el montaje quede al descubierto es un triunfo del fútbol –final de un editorial de The Guardian (2 de junio)– sobre las tinieblas, pero si estas no se desvanecen, si una cortina de humo oculta las miserias ahora apenas intuidas, será un triunfo pírrico que dará pie como mucho a una reforma lampedusiana destinada a limitar la lista de bajas. No sería la primera vez que tal cosa sucediese en un negocio a escala planetaria.