La pandemia desgasta la democracia

Las cifras de la pandemia después de fiestas transmiten en Europa y en Estados Unidos una sensación de desbordamiento, de descontrol, de ineficacia e insuficiencia objetivas en la mayoría de las medidas adoptadas por los gobiernos para alcanzar dos metas: doblegar la curva de contagios y no dañar en exceso la economía. Lo cierto es que la marcha de los negocios sigue dejando damnificados todos los días y los datos de contagiados y muertos no menguan en medio de una atmósfera de cansancio y pesimismo que apenas palían las esperanzas depositadas en la vacunación masiva. Que el nuevo presidente de Estados Unidos haya hecho de la lucha contra el mal el primero de sus grandes objetivos no deja de ser significativo habida cuenta de los despropósitos heredados de su antecesor.

Al mismo tiempo, la opinión pública asiste aquí y allá a la utilización política y la pelea de gallos entre adversarios desencadenada por la pandemia –España, uno de los ejemplos más resonantes–, mientras los llamamientos a la unidad caen en saco roto, los países tienden a combatir la covid-19 en orden disperso y la opinión pública se siente a menudo defraudada por la falta de coordinación de esfuerzos. Nadie sabe a ciencia cierta  dónde se ha acertado con las medidas adoptadas, cuándo darán un resultado tangible y qué hace falta para que cesen la política de balcón, las declaraciones destempladas y la estela de oportunismo que dejan a su paso tantos gobernantes, agravado de vez en cuando por quienes se benefician de una situación de privilegio (cuantos se vacunan sin que les corresponda por el simple hecho de manejar los resortes administrativos que les permiten cometer tal tropelía).

Han pasado demasiados meses desde que se tuvo noticia de la aparición del virus como para que, con harta frecuencia, se improvise, se tomen decisiones sobre la marcha, infructuosas las más de las veces, mientras sus promotores las presentan como el resultado acabado y preciso de un plan meditado. De tal manera que la disposición de los ciudadanos en muchos lugares a sentirse requeridos en el combate contra la enfermedad deja paso al escepticismo; de tal forma que la unidad europea reclamada por los expertos nunca llega a concretarse y la española resulta del todo imposible. Y sin embargo, el grado de disciplina, paciencia y disposición al sacrificio de la mayoría no decae a pesar de personajes divisivos y aguijoneadores como Isabel Díaz Ayuso, una émula castiza del trumpismo con mascarilla, o la Administración catalana, atrapada en la tela de araña de un decreto para el aplazamiento o suspensión de las elecciones –la confusión es grande– que no ha pasado de momento la prueba del nueve del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Con esa propensión en todas partes a no salir del atasco, sino de agravarlo, los gobiernos occidentales dañan el aprecio por algunas de las conquistas de la democracia y alientan el discurso admirativo de la fructífera gestión china de la pandemia, como si las diferencias culturales no contasen y fuese preferible la disciplinada militarización de los espíritus, como si el éxito chino no tuviese nada que ver con el perfil de un régimen de partido único con un poder omnímodo y no sometido a control. “La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”, dejó dicho Charles Bukowski, y tal circunstancia conlleva un cierto número de debilidades y vulnerabilidades reconocibles, pero quienes gestionan la crisis bajo el paraguas de la democracia, deberían reducirlas al mínimo para evitar daños mayores a los de la pandemia. Lograr una eficacia razonable a cuanto se hace es una necesidad acuciante porque las democracias ineficaces vulneran la idea misma de democracia.

Hay esparcidos por Europa, y no digamos en Estados Unidos, demasiados profetas del Apocalipsis como para creer que el universo democrático podrá salir sin mácula de la prueba. Mientras los medios se sigan viendo obligados a suministrar el parte diario de muertos envuelto en el número creciente de contagios, la discusión entre adversarios políticos sobre las medidas a adoptar y las proclamas de demagogos de diferentes estirpes, la desconfianza irá en aumento. Si tal desconfianza no se ha impuesto por completo, es a causa de lo que Jean-Philippe Vincent llama en Le Figaro “la lógica del miedo”, el sentimiento muy extendido de que la muerte ronda por la calle oculta en un enemigo invisible, pero aniquilador.

Esa lógica del miedo no es especialmente deseable en las sociedades democráticas. Es preferible el imperio de la razón, afrontar la enfermedad con datos precisos y medidas realistas, admitiendo que hay un margen de error, que no hay certidumbres absolutas en ese desigual combate para domeñar un adversario sigiloso y adaptativo. La lógica del miedo da pie, en cambio, a una paulatina renuncia de la razón en los comportamientos colectivos. Como dijo Franklin D. Roosevelt, solo hay que tener miedo al miedo; el resto debe fiarse al análisis de los hechos y las conclusiones correspondientes. Sin dar por supuesto que, de tal ejercicio, surgirán decisiones y medidas infalibles.

Hace un siglo, durante la llamada gripe española, llevar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia social fueron las medidas dispuestas por los especialistas para evitar el contagio. Aquella pandemia dejó 50 millones de muertos en un mundo que salía muy herido de la primera guerra mundial. Para los agoreros recalcitrantes, hoy estamos donde estuvieron entonces las sociedades atacadas por la enfermedad y apenas hemos avanzado; para las mentes despiertas, un siglo de ciencia ha hecho posible que dispongamos de vacunas a la vuelta de menos de un año de que se declarara en España el estado de alarma. Pero para que esa realidad incontrovertible prevalezca sobre cualquier otra y el mal deje de dañar la calidad de la democracia es preciso que la sanidad de emergencia quede fuera de la pugna política cotidiana, porque la plaga ha descoyuntado la cotidianidad y todo lo condicionará hasta que acabe la pesadilla.

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Trump zarandea el sistema

El estupor y la desorientación que han seguido al asalto al Capitolio de Washington de una multitud de seguidores de Donald Trump tardará mucho tiempo en metabolizarlo una sociedad enfrentada a sus demonios familiares, a esa incompatibilidad poco menos que orgánica entre la tradición liberal y la conservadora, entre dos universos con visiones radicalmente diferentes de la nación, de la identidad colectiva, del papel de Estados Unidos en un mundo cambiante, cada vez más alejado de las grandes certidumbres de antaño, acaso del legado de los padres fundadores. Nada de cuanto ha destilado el paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha atenuado el clima de confrontación extrema que empezó a gestarse en tiempos de Bill Clinton y que se agravó durante los dos mandatos de George W. Bush, con el auge de los neocon en la Administración y con la sensación creciente de que el Partido Republicano claudicó ante el éxito electoral de un conservadurismo extremo, todo ello en mitad del entusiasmo por la consagración de una hiperpotencia a escala global sin adversario posible que le pudiera discutir tal papel.

Pareció que la América mesiánica, cuya presunta misión debe ser siempre difundir la democracia cueste lo que cueste, había llevado con éxito al puente de mando a los herederos de Leo Strauss, de cuantos asumieron el mensaje del profesor de la Universidad de Chicago: la impugnación de la modernidad como una ruptura con los fundamentos del pensamiento clásico. Lo que realmente sucedió fue que fraguó en el crisol del conservadurismo la impresión de que era posible una cierta vuelta al pasado, a un país blanco, condescendiente con las minorías y al servicio de un capitalismo sin cortapisas. De ahí que la victoria de Barack Obama en 2008 fuese interpretada por el grueso del mundo conservador como una derrota sufrida por la nación clásica frente a un conglomerado de minorías movilizadas por un presidente afroamericano, moderadamente reformista. Así las cosas, el grueso del establishment republicano aceptó el deslizamiento hacia la extrema derecha con la vista puesta en la reconquista de la Casa Blanca.

La llegada al poder de un populista megalómano como Donald Trump fue a partir de entonces solo una cuestión de tiempo y de los errores cometidos por el Partido Demócrata en la campaña de 2016. Hillary Clinton nunca consiguió arrastrar a las minorías que siguieron a Obama en los estados industrializados más dañados por el coste social que para las clases medias tuvo la salida de la crisis financiera de 2007-2008. Trump tomó prestados los votos de un electorado especialmente decepcionado y, al mismo tiempo, supo encarnar el arquetipo del estadounidense de la llamada América profunda, receloso del poder federal, de la libertad de costumbres, que nunca ha dudado de la excepcionalidad de la nación a la que pertenece.

Lo que ha propiciado el asalto al Capitolio es que una parte de la multitud de portavoces desinteresados con los que ha contado Trump han comprendido que los exaltados, alentados por el presidente, han puesto el sistema al borde del precipicio. Si en las filas republicanas del trumpismo se han multiplicado las deserciones –Mitch McConnell, uno de los casos más destacados por su apoyo al presidente hasta fecha reciente–, fuera de ellas, entre los electores que creyeron de verdad que se produjo un fraude electoral, han aumentado las dudas en cuanto a la idoneidad y limpieza del método escogido para protestar. Aunque, según las encuestas, el 75% de los votantes de Trump sigue pensando que se manipuló el escrutinio, seguramente un porcentaje significativamente menor está de acuerdo con arremeter contra las instituciones. Y hay quien incluso se arrepiente públicamente de haber seguido a Trump en su prédica apocalíptica en las redes sociales posterior al 3 de noviembre.

Es especialmente significativo de la fractura en las filas trumpistas la reacción de clérigos evangelistas blancos analizada por David Brooks en The New York Times a la luz de las últimas encuestas, que registran entre los seguidores de Trump una caída media de diez puntos en el índice de aceptación de su comportamiento. El predicador Jeremiah Johnson, muy conservador, escribió el día 7 en su cuenta de Facebook, que “Dios destituyó a Donald Trump de su cargo por su orgullo y arrogancia, para humillar a quienes lo habían apoyado fervientemente” (Johnson, uno de ellos). Otro pastor, Tim Remington, asimismo muy conservador, exige que “se acabe esta basura”, y Brooks concluye con una idea harto repetida: la sinrazón “es una bestia voraz” que puede devorar no solo a un partido (el republicano), sino a una nación.

Esa sin sinrazón a la que alude el analista da pie a diferentes supuestos –nacisistas secundado a un narcisista (Joshua Hart y Nathaniel Stekler), terrorismo interior o diferentes formas de nacionalismo extremo–, posibles todos ellos gracias a las redes sociales, herramientas ideales para la demagogia, la intoxicación política y el sectarismo. Lo que lleva directamente a preguntar por el papel desempeñado en la red por Twitter, Facebook, Instagram y otras aplicaciones de alcance universal, por la tolerancia extrema con Trump y sus disparates cotidianos, por cuáles deben ser los límites de la libertad de expresión cuando un usuario de las redes tan relevante como el presidente de Estados Unidos defiende desde el inicio de su mandato la existencia de una “realidad alternativa”. La pregunta que formula Joyce White Vance, profesora se la Universidad de Alabama, en el semanario Time cabe hacerla extensiva a los gestores de las redes sociales: ¿puede haber una responsabilidad penal por la inducción de actos violentos limitada solo al autor de los mensajes o es extensible a los responsables de las plataformas que han consentido su difusión?

El mismo o parecido planteamiento tiene sentido cuando se trata de calibrar si la responsabilidad de Trump en el asalto obliga a incluir su nombre en la lista de los investigados por el FBI y que en su día pueden ser juzgados, acusados de un delito de terrorismo interior. La profesora White se remite a la definición de terrorismo consagrada por el FBI: actos de naturaleza violenta y criminal cometidos de forma individual o por grupos con diferentes objetivos ideológicos. Para Eugene Robinson, en The Washington Post, los republicanos “están fuera de tiempo para repudiar las mentiras electorales de Trump”, pero puede que no para contribuir a que se sustancien responsabilidades dentro y fuera de las redes sociales, para esclarecer quién apretó el botón del asalto a la democracia,

Esta es en última instancia la cuestión esencial para que el mandato de Joe Biden no empiece en una atmósfera viciada por el encubrimiento de responsabilidades. Porque es evidente que ni todo el conservadurismo es responsable del disparatado final de Trump ni nadie es responsable de nada; porque no hay duda que de que las redes sociales no pueden seguir siendo el refugio de difusores de todas las formas imaginables de odio y manipulación hasta que una insurrección como la del 6 de enero las obliga a actuar a toda prisa (Trump disfrutó en ellas de barra libre durante cuatro años). Si la democracia es un modelo pautado de derechos y libertades, es preciso dar con la tecla para que años de mensajes divisivos, de descalificaciones del sistema y del principio de legalidad, no vuelvan a zarandear las libertades y a inspirar a otros, en los cuatro puntos cardinales, dispuestos a imitar a Trump para asaltar el poder.

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Golpe de Trump a los saharauis

La operación de Donald Trump destinada a acolchar la relación de Israel con el mundo árabe ha cubierto una nueva etapa con el reconocimiento de la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental a cambio de que el reino alauí establezca relaciones diplomáticas con Israel. Con independencia de lo que disponga la Administración de Joe Biden a partir del 20 de enero, el paso dado por el presidente saliente debilita enormemente las de por sí menguadas fuerzas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para hacer efectiva la celebración de un referéndum de autodeterminación en el territorio, la vía defendida por la ONU para una descolonización efectiva de la excolonia española.

Asiste a la RASD el derecho moral, respaldado por el derecho internacional, de no cejar en su propósito de que se celebre la consulta; no hay duda de que Trump ha actuado una vez más de espaldas al derecho internacional, pero es asimismo indiscutible que sobre el terreno la situación política es cada vez más adversa a las reivindicaciones políticas de la comunidad saharaui. El encomiable testimonio de resistencia de los campamentos de Tinduf  –más o menos, un microestado en el exilio– se ha convertido en la práctica en un coto cerrado con un relativamente reducido número de complicidades externas, más resonantes en las iniciativas particulares –intelectuales, artistas, onegés– que en la movilización de las cancillerías. Por decirlo suavemente, Tinduf es un instrumento en manos de Argelia al que algún recurrirá si es preciso para relajar las relaciones con Marruecos, aunque de momento es la cobertura argelina la que procura alguna esperanza a los refugiados del desierto.

Cumplidos 45 años de la Marcha Verde, sumadas las diferentes situaciones que ha conocido la crisis saharaui –la última de ellas, la de la frontera con Mauritania–  y comprendida la necesidad de implicar a Marruecos en asuntos tan relevantes para los europeos como el control de los flujos migratorios y la seguridad en el flanco sur, está fuera de toda duda que la formalización de un referéndum está muy lejos de ser viable. Nunca aceptará Marruecos una revisión del censo que maneja y que la RASD impugna. Desde que el Frente Polisario se avino a negociar la consulta, la lista de posibles votantes presentada por Rabat ha sido rechazada por los dirigentes saharauis, que echan en falta decenas de miles de nombres de quienes en su día abandonaron sus hogares camino de Argelia y de sus descendientes, y en cambio incluye a los colonos llegados al territorio durante décadas y que, a todos los efectos legales, son ciudadanos marroquís.

El caso es que, con ser ciertas estas formalidades, los saharauis que viven en Tinduf son las víctimas de una situación a la que se han habituado, pero sin buenos vaticinios de futuro. Si resulta desoladora la creciente insensibilidad de la mayoría de regímenes árabes con relación al porvenir de la comunidad palestina, no lo es menos la inoperancia efectiva del reconocimiento de la RASD por más de 80 países. Es reseñable que España haya acordado con Marruecos aplazar la cumbre bilateral fijada para el 17 de diciembre, pero no deja de tener un valor meramente simbólico cuando el Gobierno vincula el cambio de fecha con la necesidad de concentrar los esfuerzos en la gestión de la epidemia y, acto seguido, se sabe que la reunión se incluirá en la agenda de febrero de 2021. Es significativo que muchos países, entre ellos España, se remitan a las resoluciones de la ONU relativas a la descolonización del Sáhara Occidental y a la creación de un Estado palestino, pero no es menos significativo que tales declaraciones no tengan nunca un efecto práctico.

La propuesta marroquí de convertir el Sáhara Occidental en una autonomía, presentada por Trump como la única salida realista y viable, ha sido repetidamente rechazada por los dirigentes saharauis, y quizá ahora lo sea aún más habida cuenta del perfil político de su último valedor. Pero la única posibilidad de que los exiliados del desierto vislumbren un futuro más confortable es dar con una solución intermedia entre la situación actual y el referéndum de autodeterminación. Por lo demás, hay en Marruecos un nutrido grupo de personalidades de la cultura, el arte y la academia que tienen el Sáhara por parte irrenunciable de su país. Así el escritor Tahar ben Jelloun, tajante en sus opiniones: “Ningún ciudadano puede aceptar que su país sea privado de una parte. Sobre todo cuando hay otro país, Argelia, que se esconde tras el llamado movimiento de liberación y lo sostiene. Esa es una estafa histórica que ningún marroquí puede aceptar. Ni siquiera yo, que jamás he sentido ese nervio patriótico y nacionalista”.

No hay ningún dato referido al futuro inmediato que permita detectar una mejora de ese clima de confrontación radical. Ni siquiera una hipotética rectificación de Estados Unidos cerrando el consulado en Dajla, que Trump piensa abrir, cambiará el enunciado del problema. Ni Estados Unidos ni Europa pueden renunciar a la complicidad de Marruecos en diferentes ámbitos, todos ellos relevantes y trascendentales. Esa es otra realidad incontrovertible que hace impensable retrasar varias décadas el reloj de la historia y volver al punto de partido. Lo cierto es que el rey Hasán II supo aprovechar con diligencia la debilidad de España –agonía del franquismo– y puso en marcha una dinámica que ha seguido su camino desde entonces a despecho de los pronunciamientos de la antigua potencia colonial y de la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas.

La consolidación de anexiones territoriales de facto son una malísima noticia que violenta los fundamentos del derecho internacional, pero la Realpolitik se impone casi siempre. Las condiciones en que se dan tales anexiones son muy variadas, pero corregirlas o revisarlas es inviable con harta frecuencia a pesar de que en cada una de ellas sale perjudicada una comunidad que se ve forzada a pechar con un destino que no ha elegido. No hace falta entrar en detalles para comprender que los saharauis de Tinduf ni decidieron poner su futuro en manos de Marruecos ni optaron por el exilio en el desierto entre varias opciones posibles. Es decir, condenados a ser víctimas en una situación que no controlaban, los saharauis se vieron forzados a adaptarse a ella. Y hoy, tantos años después, el Frente Polisario debe reflexionar sobre el coste humano de cuanto ha sucedido y sopesar hasta qué punto el programa máximo debe adecuarse a la correlación de fuerzas sobre el terreno para rescatar a las víctimas de su condición de tales.

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La democracia suma adversarios

Todo cuanto pueda pensarse y decirse del comportamiento de Donald Trump después de consumarse su derrota es inseparable del clima de impugnación de los procesos democráticos pautados. El enroque del presidente de Estados Unidos degrada el sistema en igual o parecida medida que la sucesión de presidentes en Perú entre el griterío y la represión en la calle, el sectarismo encubierto de los gobernantes en tantos lugares, el chantaje de Hungría y Polonia a la Unión Europea y un sinfín de focos infecciosos cuya pretensión es reducir el pluralismo político, el sufragio universal y la división de poderes a poco más que una formalidad o coartada para sus designios. Si Trump es el gran oficiante de esa nueva iglesia política –quizá no tan nueva–, la multiplicación de monaguillos le asegura un largo y a saber si próspero futuro, aunque sus efectos sean ruinosos.

El espectáculo ofrecido por las diferentes derechas representadas en el Congreso a raíz de la aprobación de la llamada ley Celaá –gritos de ¡libertad!, ¡libertad! a pleno pulmón– forma parte de ese oficio de tinieblas en el que la adulteración de los hechos corre parejo con el propósito de deslegitimar a voces el derecho a gobernar conquistado en las urnas. Entre la algarabía en el Parlamento y la última conferencia de prensa de Rudolph Giuliani para tachar de fraude y manipulación la victoria de Joe Biden no hay mayor diferencia en el objetivo perseguido de desacreditar al adversario, convertido en enemigo; las demás distancias son meramente físicas, idiomáticas y de paisaje. El punto de mira se fija en el mismo blanco: dejar sin efecto cuanto se deriva de un resultado electoral mediante la concreción de una versión sin fundamento de cuanto acontece.

“Incluso si Trump pierde, lo que parece probable, su marca distintiva de populismo divisivo conservará una potente fuerza en la política americana”, ha escrito un analista estadounidense. Como sucede con la emergencia climática, la contaminación no cesará aunque el agente contaminante se ponga en evidencia. Es improbable que las cajas destempladas de Alejandro Hernández en el Parlamento andaluz hagan mella en las convicciones de los votantes de Vox; es altamente improbable que el autoritarismo incontinente de Viktor Orbán lleve a recapacitar a una parte significativa de los electores de Fidesz; nadie espera que el populismo del Gobierno polaco afecte sustancialmente al integrismo nacionalista que ocupa el puente de mando. La praxis política de demasiados no hace más que recurrir a las instituciones democráticas para socavar los valores de la democracia.

El espectáculo representado en Perú, con una alocada sucesión de presidentes, más de la mitad de los 120 integrantes del Congreso sometidos a proceso judicial y la calle encendida es la última aportación al descabalgamiento de la democracia, transformada en una forma caricaturesca de regeneración del poder a causa del recurso abusivo a las previsiones constitucionales y a las funciones del Parlamento. “La frágil institucionalidad política del país” y la pérdida de un quinquenio por el sumidero de la corrupción han llevado al analista Gianfranco Castagnola a avizorar el riesgo de caer en la decadencia, pero de las declaraciones hechas en el entorno de Francisco Sagasti, el tercer presidente en muy pocos días, es fácil deducir que subsistirá la fragilidad de las instituciones, que es tanto como decir que se mantendrá el desprestigio del sistema y, quizá, la búsqueda de un atajo para dejar a salvo los desafueros del establishment.

Las elecciones convocadas en Venezuela para el próximo mes, boicoteadas por la oposición, tienen el mismo perfil y propósito: recurrir a un instrumento democrático para violentar los requisitos mínimos de la democracia y liquidar la disidencia de quienes antes apoyaron el régimen y ahora claman contra él. “Después de haber desmantelado a los partidos políticos que se oponían a su versión del socialismo, Maduro ha apuntado a su aparato de seguridad hacia los aliados ideológicos desilusionados, repitiendo el camino recorrido por los autócratas de izquierda desde la Unión Soviética hasta Cuba”, se afirma en un largo reportaje publicado por The New York Times. Sea cual sea el resultado de unas elecciones en las que el único vencedor posible es el Partido Socialista Unido de Venezuela, la invocación de la democracia apenas será una coartada.

Las viejas convicciones democráticas carecen de la agresividad gestual de sus adversarios. Eso es al mismo tiempo una virtud y una debilidad: preservan el pluralismo, pero su capacidad de respuesta es a menudo insuficiente. La opinión expresada por François Mitterrand en 1989 de que no habrá “democracia sólida ni paz en el mundo sin el florecimiento de culturas seguras de sí mismas y capaces de enriquecerse mutuamente” tiene hoy un sentido renovado debido a la floración de sectarismos en el seno mismo de democracias consolidadas, ofertas políticas para las que las reglas de la democracia son un estorbo en cuanto llegan al poder. Recuérdese y véase la rudeza de personajes tan del momento como Jair Bolsonaro, Recep Tayyip Erdogan y tantos otros que, con su comportamiento, han confirmado que el paso por las urnas fue para ellos un mero trámite sin ulteriores compromisos morales.

Los impugnadores de las pautas democráticas han encontrado en los sinsabores de la pandemia el terreno abonado para su populismo demagógico. Su falseamiento de la realidad cautiva a algunos auditorios ávidos de superar el momento y realizar un rápido viaje de retorno al pasado. Claro que tal viaje no es posible, pero la mistificación es suficiente para que la lógica populista ocupe audiencias y espacios de poder, sume adeptos y erosione la democracia con promesas ajenas a los datos del presente, sumida la aldea global en una crisis sin fronteras.

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EEUU, enfrentado consigo mismo

Aunque Joe Biden ocupe finalmente la Casa Blanca el próximo 20 de enero, el daño infligido por Donald Trump al sistema, a las reglas esenciales de la democracia y al respeto a las instituciones seguramente permanecerá en el imaginario colectivo de Estados Unidos mucho más tiempo del deseable. La alocución del presidente la madrugada del viernes fue una sarta de disparates y falsedades manifiestas, una insólita ceremonia de intoxicación que reprobaron de inmediato los grandes medios –algunas televisiones cortaron la conexión a mitad del monólogo–, encaminada a desacreditar un recuento que no por farragoso e inacabable es menos legítimo y está menos sometido a toda clase de garantías. Al insistir en la división entre votos legales (los contados la noche electoral) e ilegales (los escrutados en los días siguientes) y pedir la suspensión de los recuentos allí donde iba perdiendo o se acortaba la ventaja que le sacaba a Biden, Trump llevó su desprecio por las normas más allá de toda medida.

Nada hay de nuevo o inesperado en el comportamiento de la Casa Blanca, que ha movilizado a un número enorme de abogados para impugnar el proceso; todo fue advertido y adelantado por el presidente durante la campaña, como si el único resultado aceptable fuese su victoria; nada puede sorprender hoy ante la amarga frustración de un candidato que aun obteniendo siete millones de votos más que en 2016 se ve superado por un adversario que ha conseguido ocho millones más que los sumados por Hillary Clinton. Un dato que, en otras circunstancias, debería interpretarse como un síntoma de buena salud de la democracia participativa, pero que para el caso se antoja más un signo inquietante de la división de una sociedad, de la rivalidad irreconciliable entre dos realidades excluyentes: puede decirse que medio país ha dejado de soportar al otro medio o eso parece. La tensión en la calle en cuanto se cerraron las urnas, las proclamas en apoyo de un recuento hasta el último voto o, en sentido contrario, para la suspensión del proceso nada bueno presagian porque el caudal de las dos riadas desborda los cauces cívicos.

La condición de hombre-pueblo que cabe atribuir a Trump –“yo soy vuestra voz”, dijo durante la campaña de 2016 a auditorios entregados–, transformada en culto a la personalidad durante su mandato a través de todos los instrumentos a su alcance, ha desembocado en algo parecido a una militancia política sobrevenida, como si los movilizados de cada bloque creyesen que el otro es la semilla a punto de germinar de una distopía. Y quien ha incitado esta confrontación insana desde el primer día ha sido sin duda el presidente, convertido en el culmen de un proceso que se inició con el conservadurismo del Tea Party, siguió con la llegada al poder de la prédica neocon con George W. Bush, continuó con la desfiguración del Partido Republicano y ha llegado hasta esta mezcla sin precedentes de populismo, egolatría y desprecio por las convenciones. Serenar los espíritus se vislumbra ahora mismo una empresa imposible.

“Una amplia proporción del electorado optó por el sociópata”, titula Tom Nichols su artículo en The Atlantic; “no debería ser necesaria la mayor participación de votantes en la historia de Estados Unidos para garantizar que un presidente rechazado por la mayoría del pueblo estadounidense deje de ser presidente”, escribe en la misma publicación David Frum, que fue redactor de discursos de Bush hijo. El diagnóstico de Nichols es visceral, en consonancia con el aire que se respira: “No importa cómo acabe esta elección, América es ahora un país diferente. Cerca de la mitad de los votantes han visto a Trump en todo su esplendor –sus diatribas infantiles, sus desastrosas y letales políticas, su desprecio por la democracia en todas sus formas– y decidieron que querían más de eso”. El de Frum tiene más profundidad porque atañe a la solvencia misma del sistema, a la fiabilidad de las instituciones y a la alternancia no traumática del poder. Entre ambos límites se concreta la reacción de una opinión pública que asiste atónita o crispada a un espectáculo que causa sonrojo incluso entre aquellos republicanos –Marco Rubio, Mitch McConnell y algunos otros– que entienden que la Casa Blanca ha traspasado todos los límites.

Decir que Trump ha decidido quemar sus naves es solo una aproximación inmediata al caso. Lo que realmente importa si funcionan los mecanismos de control del poder que establece la Constitución y hay relevo en la presidencia, es que el trumpismo se ha instalado en el andamiaje político de Estados Unidos para quedarse, aun perdiendo la presidencia, porque desborda energía, porque ha suplantado al Partido Republicano como gran adversario del Demócrata. La mutación genética es muy relevante: el partido –la institución– se ha visto ampliamente superado por la dinámica de un personaje ajeno a la historia y tradiciones de la formación, que ahora depende en todo de su poder de captación.

La repercusión mundial del proceso en curso será notable en términos de consolidación de diferentes modalidades de populismo de extrema derecha. Tiene mucho sentido la teoría de Peter Baker y Maggie Haberman expuesta en The New York Times según la cual Trump abre el camino para disputas legales sin futuro para presentarse luego como mártir de la causa, como alguien vencido por sus enemigos con malas artes, pero sobrado de seguidores en todo el país. Otra manera de reforzar su figura de hombre-pueblo y de dejar a un lado los requisitos inherentes a la democracia. A Trump le da igual el principio de checks and balances (controles y equilibrios) que se desprende de la Constitución, y muchos de sus seguidores en la calle consideran que las cosas han ido demasiado lejos en los campos cultural, social y político como para detenerse en enojosos detalles. A lo que debe añadirse que la presidencia de Barack Obama fue la gota que colmó el vaso para una gran parte de la llamada América profunda.

Si finalmente se da el relevo, la primera tarea de Joe Biden será una triple misión poco menos que imposible: recoser los costurones que seguramente dejará la larga disputa en los tribunales que se avecina, sanear el clima político para que deje de ser un combate sin reglas y restablecer los consensos sociales básicos. Porque el enconamiento presente, por muchas que sean las razones que lo expliquen, no hará más que agravar el enfrentamiento del país consigo mismo, debilitará la democracia y erosionará la influencia de Estados Unidos, la hiperpotencia de finales del pasado siglo y comienzos de este sumida hoy en una crisis de identidad sin parangón.

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El Congreso aísla a Vox

La derecha española llegó el jueves a la conclusión, siquiera fuera por un día, de que la única forma de contener a la extrema derecha es “enfrentarse directamente, frontalmente, a su discurso”, como sostuvo en Barcelona hace dos años el politólogo francés Sami Naïr. No hay atajos o veredas que permitan otra neutralización de la enfermedad política que se expande por Europa con inusitada rapidez y que amenaza con necrosar el tejido democrático del continente en muchos lugares, no solo en Polonia y Hungría, donde la crisis de las libertades remite a un fallo multiorgánico. Después de escuchar la venenosa ración de sectarismo, xenofobia, antieuropeísmo y trumpismo administrada por Santiago Abascal a la opinión pública mediante la defensa de una moción de censura, lo único que cabe esperar del Partido Popular es que, de acuerdo con el discurso pronunciado por Pablo Casado, deje de blanquear la oferta de Vox, que es tanto como decir que deje de rescatar del vertedero de la historia la herencia del franquismo.

Es posible que Abascal hiciese el ridículo a partir del momento en que Pedro Sánchez le respondió con el que quizá ha sido su mejor discurso desde que es presidente del Gobierno, pero es asimismo posible que el menú de disparates de Abascal fuese muy esclarecedor de la verdadera carnadura moral de Vox. Hasta ahora, el populismo neofranquista del partido se había manifestado por entregas, como un manual por fascículos de la extrema derecha; en la tribuna del Congreso lo resumió Abascal con el léxico agresivo y excluyente propio de los totalitarismos, con apelaciones explícitas e implícitas que entroncan directamente con la versión corregida y aumentada de las proclamas ultra que Blas Piñar llevó por primera vez al Congreso en los albores de la restauración democrática.

Finalmente ganó Europa, la tradición política y ética de Europa, inquieta por el populismo que arrecia en el Este. “Casado se aleja del trumpismo y Sánchez se aleja de la línea Óder-Neisse [al aparcar la reforma para la elección del CGPJ]”, ha escrito Enric Juliana en La Vanguardia, una percepción que puede completarse con esta otra: son demasiados los precedentes devastadores para la derecha clásica debidos a la complacencia o tolerancia con la extrema derecha desafiante. Singularmente, en la colonización del Partido Republicano de Estados Unidos a partir de la aparición del Tea Party, hace una década, de la marginación de voces críticas y de la aceptación por su establishment de una situación nueva, que en gran medida no controlaba, pero que era y hasta ahora es electoralmente eficaz. Una situación que llevó a la mutación genética alentada por la elección de Donald Trump en 2016.

El resultado de la votación en el Congreso, sin abstención alguna, es un primer muro de contención; estos 52 síes y 298 noes, una diferencia insólita en las mociones de censura que hasta la fecha se han presentado, es un gesto de salud democrática. Pero habrá que ver en los días que se avecinan qué continuidad tiene en aquellos entornos en los que Vox es determinante para que los gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos sigan adelante. Los cordones sanitarios en torno a los partidos ultra dispuestos en Alemania y Suecia, entre otros países, están lejos de formar parte de la estrategia diseñada por los estados mayores de los dos partidos de la derecha española después de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Ambas fuerzas defienden las coaliciones en minoría con apoyo externo de Vox como parte de la lógica política, cuando en la práctica adulteran la cultura democrática, que entiende que no cabe concertar compromisos con fuerzas no democráticas, colectivos que persiguen liquidar la democracia, pero que se sirven de sus palancas institucionales para acabar con ella.

Ese sería en principio el hilo argumental de Cayetana Álvarez de Toledo y de cuantos jalean sus discursos si no fuera por su “no al no” que promovió antes de que empezara el debate de la moción. Hubo en el parti pris de la diputada la confirmación de que siguen teniendo cobijo en el PP quienes añoran ingredientes esenciales de un pasado no por lejano, olvidado, sino más bien añorado, sobre todo en cuanto atañe al monolitismo cultural, el centralismo, la pretensión o encantamiento de un país uniforme, por lo demás inexistente, pero deseado por algunos. Se trata de una facción o ala o tendencia que abjura del diseño constitucional y reprocha al Gobierno una interpretación laxa de la Carta Magna y de las reglas siempre complejas consustanciales a un Estado descentralizado.

Si en su día el gran acierto de Manuel Fraga fue meter dentro del PP a la derecha más conservadora y refractaria, la historia demuestra que aún es numerosa y activa la minoría que manifiesta gran incomodidad ante la impugnación del legado franquista, de un régimen vesánico y liberticida. La simple desaparición del callejero de Madrid de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero sirve de prueba del nueve de esa movilización permanente de una minoría para reivindicar el ominoso pasado a la que con demasiada facilidad y frecuencia se someten el PP (con más intensidad) y Ciudadanos (con menos entusiasmo).

No hay ninguna señal de injusticia o abuso en el aislamiento en el Congreso de Abascal y los suyos, sino un reproche generalizado por cuanto proponen. Contra el parecer de quienes dentro del PP lamentan, con la boca pequeña o sin tapujos –de nuevo Álvarez de Toledo–, el trato dispensado al líder del Vox, el hecho es que la democracia parlamentaria solo puede defenderse desacreditando a quien es su enemigo objetivo. Y en un país en el que se ha abierto el melón de la solvencia o consistencia de la forma de Estado es especialmente oportuno encauzar el debate, si se da, en términos que impidan a los portavoces ultras con sus insensateces presentarse como los grandes defensores de la Corona, de la monarquía parlamentaria y del llamado régimen del 78 por parte de la izquierda y por diferentes nacionalismos con inquietudes secesionistas. Acabar con la crispación alocada de todos los días es una necesidad cívica.

 

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Trump y “El cuento de la criada”

Después del primer debate de campaña entre Donald Trump y Joe Biden ha quedado meridianamente claro que el presidente no aceptará el 3 de noviembre otro resultado que no sea el de su victoria. Se trata de una situación insólita en la historia de Estados Unidos que da pie a los peores presagios o, como mínimo, hace temer que el escrutinio se prolongue lo indecible, se ponga en marcha una campaña de intoxicación informativa desde la Casa Blanca, se multipliquen los recursos ante los tribunales y quién sabe si, en caso de relevo, el presidente saliente obstaculizará finalmente el traspaso de poderes. Todo es posible porque, al tiempo que los analistas menos apasionados coinciden en que los grandes perdedores del debate del martes fueron los electores, las encuestas siguen dando una ventaja sustancial a Biden y pronostican que Trump tiene todas las de perder en alguno de los swing states que le dieron la victoria en 2016.

Hay tres factores desde la noche ominosa del 29 de septiembre que pueden agravar la situación de Trump: el positivo en coronavirus de él y su esposa, la negativa del equipo de la campaña presidencial a cambiar algunas reglas para el segundo debate a fin de evitar el espectáculo bochornoso del primero –Biden fue interrumpido más de 30 veces– y la inquietud de una parte seguramente minoritaria, pero significativa del establishment republicano. Al enfermar el matrimonio Trump han quedado más en evidencia que nunca los disparates y la estupidez presidencial al encarar la pandemia –“solo quiero decir que el final de la pandemia está a la vista y el próximo año será uno de los mejores en la historia de nuestro país”, declaró pocas horas antes de certificarse su contagio–; al no aceptar cambios en el formato de los debates propuesto por la comisión nacional ad hoc certifica que donde se siente más a gusto es en medio de un barrizal; al multiplicarse las opiniones de republicanos compungidos se manifiesta una alteración de efectos imprevisibles en el ecosistema electoral del partido.

Joe Scarborough, un exmiembro republicano de la Cámara de Representantes por el estado de Florida y respetado analista, sostiene en The Washington Post que el comportamiento de Trump en el primer debate “probablemente le costará la reelección” porque la reacción que suscitó fue “rápida y radical”. Scarborough recoge opiniones autorizadas como la del historidor Jon Meacham, premio Pulitzer –“fue el momento más bajo de la presidencia desde los informes racistas de Andrew Johnson”–, la del también historiador Michael Beschloss –“la democracia fue barrida”– y la del periodista Bob Woodward, que acusa a Trump de “asesinar la presidencia”. Todo remite en el fondo a la opinión tantas veces manifestada por el senador por Arizona John McCain, republicano, fallecido en 2018, que no dejó de deplorar hasta el último días la forma y los mensajes del presidente, siempre hirientes, siempre desaforados, siempre despectivos con sus adversarios.

Nada hay de extraordinariamente original en la vulgaridad del personaje, en su falta de principios, en la catadura moral de quienes le inspiran o en quienes se apoya para capturar la atención de un segmento muy importante de votantes conservadores que han encontrado en la propuesta política de Trump el antídoto a cuanto les molesta procedente de Washington, de los ambientes liberales, de quienes discuten la posesión de armas, de quienes recelan de la proliferación de predicadores retardatarios, afectos a una aplicación radical y zafia de las escrituras. Son los mismos electores que acogieron con angustia la elección de Barack Obama, los mismos que se reconocen como guardianes de las esencias en la llamada América profunda. Son electores que nada tienen que ver ni política ni culturalmente con los electores de estados industrializados, votantes asimismo de Trump, dañados por los efectos sociales de la salida de la crisis de 2008, que optaron por él en 2016 porque creyeron que sanaría sus heridas.

Lo cierto es que la pandemia ha trastocado todos los esquemas, y el endurecimiento del presidente tiene mucho que ver con la tragedia humana y la crisis económica que ha desencadenado. Todo cuanto dice, hace y prevé el presidente está íntimamente relacionado con esa realidad inesperada e insoslayable, desde la propuesta de que Amy Coney Barrett, una integrista católica, sea la sucesora en el Tribunal Supremo de la progresista Ruth Bader Ginsburg, hasta su mención positiva en el debate de los Pround Boys, una organización supremacista blanca (Trump renegó de sus palabras dos días después para remansar las aguas en el Partido Republicano, pero fue demasiado tarde).

No es de extrañar que lo que Donald Trump hace y representa se vea a menudo como una precuela de El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y de la subsiguiente teleserie; no debe sorprender que se perciba como el primer sillar de un universo que tiende a las ideas totalitarias, que discute las reglas básicas de la democracia liberal, que ve a la Administración federal como un mecanismo intrusivo. De momento, la Casa Blanca ha sido capaz en cuatro años de alterar la relación entre republicanos y demócratas de tal manera y con tal intensidad que ha agudizado sin freno la división social; ha convertido en norma el desprecio al adversario hasta hacer imposible las políticas bipartidistas, consustanciales al sistema.

Martin Luther King III dijo el mes de junio, a propósito de los disturbios raciales en varias ciudades, que el presidente “se mantenía sordo a la realidad” e “incitaba a la violencia”. Lo más probable es que no se trate de sordera, sino de la traducción práctica del eslogan Ley y orden, pasadas ambas exigencias por el tamiz de la extrema derecha, de igual manera a cómo en la obra de Atwood el fundamentalismo religioso da origen de una teocracia asfixiante y cruel. Hay algo de intrínsecamente dañino en el mundo de Trump porque atenta directamente contra la vigencia de la democracia; en el entorno de la Casa Blanca se esconde algo de profundamente peligroso para la solvencia moral del poder, para la diversidad cultural y la convivencia entre diferentes. Declarar que “la democracia está amenazada”, como han hecho un grupo de escritores estadounidenses, convocados por Paul Auster y Siri Hustvedt, no es resultado de un alarmismo extemporáneo, sino de una atmósfera irrespirable que envenena el futuro.

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La pandemia siembra la división

Los rebrotes de la pandemia en Europa amenazan con descoyuntar la recuperación económica y con desmoralizar a franjas amplísimas de una opinión pública en la que cunden las dudas, los agravios comparativos, la sensación de ineficacia y, al mismo tiempo, la tendencia a relativizar los riesgos asociados a un cumplimiento laxo de las medidas orientadas a limitar las redes de contagio. La segunda ola se ha convertido en un actor político invisible que lo mismo sirve agravar la división política –España, uno de los casos más reseñables– que para reforzar a un gobernante (Giuseppe Conte), que tanto vale para que alguien se vea obligado a sentarse ante el espejo de sus errores (Boris Johnson) como para que abunde en un sectarismo desbocado (Viktor Orbán). El covid-19 es una amenaza multifuncional que los gobernantes europeos creyeron tener bajo un relativo control a finales de la primavera, pero que se reactivó en verano con fuerza inusitada y amenaza con un otoño tóxico.

Las trifulcas políticas contribuyen de forma decisiva a la relajación de la disciplina social. El comportamiento errático de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es tan perjudicial para que los ciudadanos se atengan al cumplimiento de medidas restrictivas de diversa índole como lo son los profesionales del alarmismo, los negacionistas, los difusores de extravagantes teorías pseudicientíficas y personajes nefastos para afrontar la enfermedad como Donald Trump y Jair Bolsonaro. De tal manera que cada vez es mayor la desorientación ante la falta de resultados y el cruce de puntos de vista contradictorios, cuando muchas veces obedecen simplemente a un cálculo electoral, mientras se disparan las estadísticas, cada día se da un paso más hacia la tensión hospitalaria y toda esperanza se reduce al alumbramiento de una vacuna a la mayor brevedad.

El analista Alexander Friedman, cofundador de la Jackson Hole Economics, va más allá y sospecha que en Estados Unidos “la disparatada cifra de muertos de la pandemia”, por encima de los 200.000, puede contribuir a insensibilizar a una opinión pública capaz de asumir la observación de Stalin: “Un muerto es una tragedia; un millón de muertos es una estadística”. Lo que lleva a Friedman a temer que la insensibilización arraigue en amplias capas de población y que el Gobierno se sienta liberado de su obligación de actuar. Un peligro del que las sociedades europeas no están vacunadas; de hecho cada día son más frecuentes los opinantes que achacan la aparición de los rebrotes en todas partes a la indisciplina social, al comportamiento de los jóvenes y a otras causas ajenas a la actuación de los poderes públicos.

Lo cierto es que una simple aproximación a cifras comparativas, tal como hace Friedman en su análisis, es suficiente. Basta un solo ejemplo: el Ejército de Estados Unidos contabilizó en Europa 104.812 muertos entre el 6 de junio de 1944 (desembarco de Normandía) y el 8 de mayo de 1945 (rendición de Alemania). Las víctimas del coronavirus no son una mera estadística, son una tragedia que desautoriza a quienes la minimizan, a quienes rehúyen pechar con el coste social y político de tomar medidas radicalmente limitativas de la movilidad y creen que es posible salvar la situación con restricciones parciales o simples recomendaciones. Cuantos así encaran el problema dan por supuesto que ser más contundente dañará su futuro político, pero lo sucedido en Italia en las elecciones del domingo y el lunes pasado desarma esa presunción: los votantes de muchos lugares han entendido que el Gobierno ha actuado de forma útil y razonable en una situación endiablada.

La gestión de la pandemia ni admite medias tintas ni posponer medidas que ya son aconsejables hoy. Tampoco admite la descoordinación entre unidades territoriales y entidades políticas como sucede a escala española entre comunidades autónomas y a escala europea, entre estados. Hay bastante unanimidad entre los científicos acerca de qué hay que hacer y en que los trabajos para lograr la ansiada vacuna obligan a observar plazos y cautelas por razones evidentes de seguridad. El resto es una mezcla de ineficacia, propaganda política e incapacidad para fajarse con la realidad. El llamamiento a la coordinación entre gobiernos hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es perfectamente extensible a la realidad española, donde la descentralización sanitaria exige un altísimo grado de responsabilidad a los gobiernos de las autonomías para perseverar en la humildad y no dar lecciones a nadie.

Tampoco deben los gestores de la pandemia dejar de neutralizar la intoxicación informativa y los efectos de lo que la OMS llama infodemia, que define así: “Una sobreabundancia de informaciones –algunas ciertas, otras que no lo son– que complica la tarea de quienes tratan de dar con las fuentes y los consejos fiables que precisan”. Las redes sociales han hecho posible el crecimiento de un conglomerado de informaciones falsas, inexactas, imprecisas, a menudo descabelladas, que requieren de la respuesta autorizada y permanente de los expertos. No se trata de ejercer la censura o de silenciar, sino que es un deber cívico desautorizar aquello que nada tiene que ver con los datos que manejan los científicos. De no cumplirse con esa tarea, se contribuye a que se agrave la desorientación de la opinión pública, sometida a un bombardeo de datos y teorías sin mayor fundamento.

Las investigadoras Françoise Barré-Sinoussi, premio Nobel de Medicina en 2008, y Adeeba Kamarulzaman, especialista del sida, alertan de los riesgos asociados a las falsas informaciones referidas a la pandemia, de determinados tratamientos sin el aval de los epidemiólogos y de la utilización que de este material hacen líderes populistas, narcisistas sin escrúpulos y desaprensivos sin conocimientos. Y al llamar la atención sobre este fenómeno, que con frecuencia adquiere una naturaleza viral en las redes sociales, reclaman alguna forma de combate contra la confusión mientras no deja de crecer el parte de bajas.

Este desafío global no es un juego de estrategia que ganarán los más astutos, los más críticos o los más desacomplejados. La pandemia es un reto a escala universal que requiere un altísimo grado de complicidad entre administradores y administrados, y que no debe buscar en el tratamiento de la pandemia aplicado en otros lugares –China, Corea del Sur– la solución idónea para las sociedades europeas. Dicho de otra forma: el precio de vencer la enfermedad no debe ser que la cultura política europea salte por los aires, no únicamente por razones de estricta higiene democrática, sino porque no hay un solo especialista que defienda tal cosa. Tampoco debe ser el precio a pagar para frenar los contagios un agravamiento de la fractura social que, esta sí, ha erosionado el pacto social en las sociedades europeas y tiende a empeorar. La situación en Madrid es un ejemplo clamoroso.

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Trump saca partido al racismo

El deterioro del clima social en Estados Unidos ha llevado la campaña electoral al terreno en el que Donald Trump se siente más cómodo, aquel en el que no importan los datos y los programas, sino la explotación de sentimientos tan primarios como el miedo. El correlato de las convenciones demócrata y republicana ha sido en un primer momento el acercamiento de las expectativas de voto del presidente a las de Joe Biden, confirmando así la creencia de algunos asesores políticos de que quien más grita parece, de entrada, estar en lo cierto, llevar razón. Pero, al mismo tiempo, las baladronadas de Trump da la impresión de que desconciertan a una parte de su electorado sobrevenido de 2016, que buscó en él el antídoto a los efectos de la crisis económica y se encuentra hoy con el paro desbocado, la pandemia fuera de control y un aire irrespirable en las calles de demasiados lugares.

La comprensión del presidente con el joven ultraderechista que mató a dos personas en Kenosha (Wisconsin) y su defensa sin excepciones del comportamiento de la policía, inaceptable con preocupante frecuencia, devuelve la imagen de un racista cada día menos encubierto y más dispuesto a sacar partido de los disturbios que han desfigurado a veces la campaña Black lives matter. Al mismo tiempo, la reiteración de casos de violencia -el último, en Rochester (Nueva York)- induce a pensar que la peor tradición policial en Estados Unidos cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y que sus ejecutantes se sienten legitimados para perseverar en prácticas brutales. Es un hecho que hacía décadas que el problema racial en Estados Unidos no se manifestaba de forma tan lacerante, tan fuera de control y tan próximo a invocar todos los demonios familiares, todos los fantasmas de la historia del país.

En plena refriega, con la movilización de sectores con gran proyección social como el deporte profesional, el cine y el mundo académico, los sondeos intentan desentrañar hasta qué punto el paisaje favorece a Trump. Las cifras publicadas el jueves por Politico.com referidas a diferentes encuestas nacionales y estatales indican que la aproximación de Trump a Biden es menor a lo que pareció inmediatamente después de la convención republicana. Según la recopilación de datos hecha por el medio, Biden mantiene una ventaja sustancial sobre Trump, “aunque está lejos de ser segura”, un matiz importante porque faltan dos meses para las elecciones y las variables se suceden a velocidad de vértigo. Es decir que aunque ninguna encuesta da al candidato demócrata una intención de voto inferior al 49% ni al presidente una superior al 43%, nada está ni mucho menos decidido.

Alguien tan poco sospechoso de veleidades liberales como el muy conservador Bill Kristol estima que un segundo mandato de Trump es muy peligroso. Desde luego, lo puede ser para la cohesión social de una sociedad atravesada de parte a parte por varias fallas tectónicas, de las que la provocada por el problema racial es quizá la más preocupante en términos de estabilidad, equilibrio emocional e igualdad ante la ley. En la complejidad moral de una sociedad para la que, en términos históricos, la herencia de la esclavitud es algo presente en la vida cotidiana de muchos estados, es determinante el poso dejado por la guerra civil, la cultura de los prejuicios raciales, las movilizaciones por los derechos civiles y la respuesta del racismo organizado.

El analista Robert North Patterson formula una doble pregunta íntimamente relacionada con tal herencia: ¿cuánto tiempo preocupará a la comunidad blanca la violencia policial ejercida sobre la afroamericana y en qué momento se truncará su apoyo a causa de la violencia y el desorden en la calle? La pregunta no pretende generalizar –una parte de la sociedad blanca seguirá al lado de la negra y de sus reivindicaciones pase lo que pase–, pero sí alertar sobre un riesgo cierto de futuro. Seguramente, los estrategas de Trump cuentan con ello y las declaraciones a televisiones nacionales y extranjeras de ciudadanos blancos de Portland, Kenosha y otros lugares parecen dar la razón a Patterson: muchos se inquietan por las noches de saqueo y a regañadientes o convencidos se inclinan por la ley y el orden que predica la Casa Blanca.

No todo vale para captar votos durante una campaña electoral. Pero este fundamento de la democracia, que impone límites éticos al comportamiento de los candidatos, tiene un valor secundario para Trump y su entorno. Al manifestar el escritor Colson Whitehead en EL PERIÓDICO que “un gato muerto sería mejor presidente que Trump” no hace más que recoger el sentir liberal, el mayoritario en la sociedad afroamericana y en diferentes minorías, pero hay una comunidad realmente grande de votantes que han encontrado en el presidente el escudo de seguridad necesario para protegerse en tiempos de zozobra. Nada es más importante para ellos que mantenerse en una zona de relativo confort, sin que importe demasiado cuál es el precio a pagar. Para los acogidos a tal planteamiento, lo más importante es sentirse preservados de los efectos de las sacudidas sociales, y ese enfoque del futuro engrana sin dificultad con el discurso de Trump.

Cuando un presidente incita a sus seguidores de Carolina del Norte a votar por correo y luego de forma presencial en su circunscripción, algo que es un delito y no solo una infracción administrativa, no hace más que dar la razón a Kristol sobre los riesgos que entraña un segundo mandato. Si el jefe del Estado es capaz de invitar a los suyos a vulnerar la ley, ¿cuál puede ser el paso siguiente? Ni siquiera el propósito de Trump de deslegitimar el voto por correo justifica la maniobra porque, llegado el caso, podría provocar un bloqueo institucional sin precedentes si la victoria es para Biden el 3 de noviembre y la Casa Blanca pone en marcha una estrategia de impugnación general del resultado, algo que cada día temen más voces acreditadas. Pero tal posibilidad queda muy lejos de las preocupaciones inmediatas de muchos partidarios del presidente que, cuatro años después, ven en él al restaurador de las esencias después de la pesadilla de ocho años que para ellos fue la presidencia de Barack Obama. Por eso Trump tiene posibilidades y las encuestas pueden equivocarse.

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Irak, una crisis muy envenenada

El recuerdo de la invasión de Kuwait por Irak hace treinta años (2 de agosto de 1990) lleva inevitablemente a la conclusión de que aquella operación desencadenó un proceso de degradación del statu quo en Oriente Próximo que está lejos de haber sido contenido. Aunque quizá sea más adecuado remontarse a 1980, cuando Estados Unidos decidió inducir una guerra entre el régimen iraquí de Sadam Husein y el iraní de los ayatolás para contener la capacidad de contagio de este último en la región. Las administraciones de Jimmy Carter, muy brevemente, y de Ronald Reagan aceptaron sin decirlo que Sadam desempeñara el papel de aliado necesario en su operación para contener el potencial expansivo de la república islámica y así empezó a descoyuntarse todo el sistema desde el Mediterráneo oriental hasta el golfo Pérsico.

De esa guerra prefabricada surgieron dos realidades divergentes: la urgencia de Irak de sanear su imagen ante la calle árabe y la comunidad suní y la consolidación efectiva del régimen fundado por el ayatolá Jomeini. Así fue cómo el modelo iraní se despegó en lo que pudo de las tensiones en el seno del mundo árabe y, al mismo tiempo, cómo Sadam puso proa a Kuwait y multiplicó sus ataques verbales a Israel, dos enfoques que obedecieron a un mismo propósito: encabezar la disidencia en el orbe árabe por oposición al posibilismo de Egipto, Jordania, Arabia Saudí y, en general, de las monarquías petroleras.

La historia que siguió es de sobra conocida: Estados Unidos entendió que la seguridad de Israel pasaba por liquidar el régimen iraquí, este le proporcionó con la anexión de Kuwait un pretexto convincente para la primera guerra del Golfo y a partir de ahí Sadam pasó a ser el enemigo público número uno, una de las estrellas del eje del mal –Irán, Irak y Corea del Norte– y el líder condenado a la derrota y a la extinción para salvaguardar el equilibrio en la región. De la segunda guerra del Golfo, cuyo presunto objetivo era llevar la democracia a Mesopotamia, surgió un Irak nuevo, debilitado, habitualmente ensangrentado en una competición sectaria entre comunidades y sometido a la tutela de Estados Unidos. La opinión del general Wesley K. Clark de que el Ejército de Estados Unidos no era “de momento” un ejército imperialista quedó desmentida por los hechos; la incapacidad de Estados Unidos para construir estados se confirmó en todos sus extremos.

Tres décadas después de la invasión de Kuwait sigue vigente el análisis de Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations, sobre la naturaleza de las dos guerras del Golfo, su articulación y consecuencias. En su libro de 2009 War of necessity, war of choice (Guerra de necesidad, guerra de elección), Haass enmarca la de 1991 en la categoría de guerra justa, entendida esta como una operación militar que permitió restaurar el poder legítimo en el emirato de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas y, por el contrario, considera la segunda guerra una decisión adoptada por Estados Unidos y parte de sus aliados, fundamentada en informaciones falsas y sin base legal, se diría que poco menos que destinada a empeorar la situación.

Haass describe la primera guerra de Irak “como necesaria por una doble razón, simbólica y estratégica” y juzga que se vio coronada por el éxito al “alcanzar sus objetivos a un coste relativamente modesto”. En cambio, disiente de cuantos admiten que la segunda guerra no era necesaria, pero la creen justificada por la situación general posterior a la guerra de Afganistán (octubre-diciembre de 2001). Y concluye al criticar la invasión de Irak en marzo-abril de 2003: “El uso de la fuerza militar para expulsar regímenes y construir democracias es simplemente demasiado costoso y demasiado incierto en los resultados para constituir un enfoque sostenible”. Una opinión especialmente valiosa porque lo es de un experimentado analista que colaboró con las administraciones de los dos presidentes Bush.

La realidad es que Irak es hoy un Estado al que no se le puede aplicar el calificativo de fallido, pero que carece de la cohesión política y la estabilidad social mínima necesaria para prescindir de la custodia de Estados Unidos. No solo a causa de la fragmentación entre chiíes, suníes y kurdos, más otras minorías menos conocidas, sino por la capacidad de deterioro de cualquier situación a causa de contradicciones no resueltas y rivalidades históricas que se remontan a la creación del reino de Irak en 1932. Para precisar cuál es el alcance de la degradación del Estado basta comparar las cifras en sanidad, educación y otros apartados anteriores a la primera guerra, las que siguieron a esta y las posteriores a la segunda guerra: resulta que las de la dictadura vesánica de Sadam eran mejores, aun siendo modestas.

Nada en el presente supera al pasado, y para muchos autores ni siquiera la primera guerra debió ver la luz, convencidos como están de que el casus belli hubiese podido desarmarse mediante algún tipo de componenda regional en forma de créditos para Irak, que efectivamente salió muy endeudado de ocho años de guerra con Irán, y la subsiguiente restauración de la monarquía en Kuwait. El testimonio del periodista Robert Fisk resulta demoledor: “Bush habló de las decenas de miles de oponentes de Sadam Husein que habían sido arrestados, encarcelados, ejecutados sumariamente, torturados –‘todos estos horrores le fueron ocultados al mundo por el aparato de un Estado totalitario’–, pero no mencionó que esas mismas palizas, quemaduras, descargas eléctricas, mutilaciones y violaciones se perpetraban también sin ningún problema cuando Estados Unidos mantenía buenas relaciones con Irak, antes de 1990, cuando los servicios secretos del Pentágono enviaban información a Sadam para ayudarlo a matar más iranís”.

Puede decirse que Irak ha sido sacrificado varias veces en el altar de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y del pensamiento hegemónico en las cancillerías árabes. Nada hay en el rastro dejado por tres guerras en la historia reciente de Irak que permita tener confianza en el futuro. Antes al contrario, el país parece condenado a un sometimiento permanente, a soportar unas instituciones desprestigiadas y venales, con el riesgo permanente de verse utilizado en un entorno que tiende a la volatilidad. Esos han sido los frutos de la siembra de la democratización a cañonazos diseñada por los neocon incrustados en la Administración del presidente George W. Bush, de la que alguno de sus colaboradores, entre ellos el general Colin Powell, se arrepintieron en público cuando la situación era ya irreversible por demasiado envenenada.

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