Un ‘impeachment’ muy lejano

Se preguntaba Miguel Ángel Bastenier en uno de los últimos artículos que publicó en El País si Donald Trump tiene política exterior, y concluía que cuando más cómodo se siente es cuando actúa como “jefe de una tribu, más que de presidente”. Se diría que su papel favorito es el de macho alfa, mientras que las sutilezas de un mundo complejo, globalizado, escapan a su propensión a los planteamientos binarios de los problemas dentro y fuera de Estados Unidos. En esta forma atropellada de dirigirse a la opinión pública, en ese léxico exento de matices, como si mediante la simplificación de sus mensajes en Twitter simplificara asimismo el alcance de los desafíos, cree haber encontrado Trump la manera de contrarrestar la supuesta conspiración –caza de brujas, la llama– que arremete contra él.

Frente a la idea de un orden mundial 2.0 en el que todo está interconectado, sigue vendiendo Trump a sus seguidores el American first, aunque el 60% de los estadounidenses se declaran contrarios a la gestión del empresario solo cinco meses después de instalarse en la Casa Blanca, casi un asalto. Escribió Richard N. Haas, presidente del think tank Council on Foreign Relations, a poco de que Trump ocupara el Despacho Oval: “Las realidades de hoy exigen actualizar el sistema operativo –un orden mundial 2.0– basándose en la obligación soberana, la noción de que los estados soberanos no solo tienen derechos, sino también obligaciones hacia los demás”. Tal matiz no figura en el catálogo de preocupaciones del presidente a pesar de que las obligaciones –la lucha contra el cambio climático, una de ellas; la libertad de comercio, otra– son consustanciales a la globalización, a la noción última de que no hay compartimentos estancos, torres de marfil o jaulas de cristal a salvo de contingencias planetarias de efectos catastróficos, empobrecedores, al menos.

Detrás de todo ello, alienta un nacionalismo lleno de sonoros enunciados, pero de difícil concreción; un nacionalismo suficiente para captar el voto de las víctimas primeras de la crisis económica y de la desindustrialización, pero que con harta frecuencia se antoja destinado a encubrir un conflicto de intereses en el corazón del Estado. Salvo imperdonable ingenuidad, no hay forma de separar los objetivos empresariales de Donald Trump y su familia –la hija Ivanka, first daughter, acaso, y Jared Kushner, su marido– de los políticos del presidente en Estados Unidos y más allá. Algo que recuerda tanto el caso de Silvio Berlusconi, tan estudiado, que parece una nueva versión, puede que el plagio de una teleserie con muy parecidos actores y guionistas, rodada en inglés, por supuesto (un inglés bastante vulgar y poco trabajado, dicho sea de paso).

¿Es suficiente este populismo ultraconservador para salir al cruce de sospechas cada vez mayores acerca de los manejos poco escrupulosos de Trump? ¿Puede salvarle del impeachment, citado abusivamente, la posverdad ocultadora de la verdad, de los hechos empíricamente demostrables si es que existen tales hechos o embrollos o marañas? De momento, la deposición de James Comey, el director del FBI destituido por el presidente, ante el Comité de Inteligencia del Senado, deja a Trump aparentemente muy cerca de una futura acusación de obstrucción a la justicia, y el trabajo del fiscal especial Robert Mueller abunda en idéntica dirección a propósito de los intentos de la Casa Blanca de cercenar la investigación de la trama rusa durante la campaña electoral del presidente y en fechas posteriores. Para completar el cuadro, la relevancia que está adquiriendo la figura de Marc E. Kasowitz, abogado personal de Donald Trump, recuerda mucho la que en su día tuvo Herbert W. Kalmbach, abogado personal de Richard Nixon durante el escándalo Watergate.

Dicho esto, no puede soslayarse el hecho histórico de que solo en dos ocasiones la mecánica del impeachment ha llegado hasta el final y en ambas pararon el golpe los presidentes: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. El tercer caso, el más recordado y citado ahora, es el de Nixon, que presentó la dimisión el 8 de agosto de 1974 y evitó someterse a la preceptiva votación, fue perdonado por su sucesor, Gerald Ford, y tuvo tiempo de rehabilitar su figura ante el establishment de Washington o eso pareció al cabo de unos años. Y la historia pesa mucho, los precedentes son una referencia y los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, un dato fundamental por más que el republicanismo clásico reniegue de un presidente tan improbable como Trump, tan sujeto a un programa indescifrable no solo en política exterior, que sin duda lo es, sino en el resto de apartados que indican cuáles son los objetivos tangibles de una Administración.

Que el presidente dé muestras reiteradas de desconocer la división de poderes –al menos, lo aparenta–, el sistema de contrapesos institucionales diseñado por los padres de la nación y los límites de la presidencia a pesar de la amplitud de sus atribuciones no significa que se avizore un impeachment a la vuelta de la esquina. “Sobre Trump y sus intereses con Rusia hay muchas sospechas, pero a fecha de hoy es pronto para plantear su destitución. Hay que encontrar las pruebas y demostrarlas”, ha declarado a EL PERIÓDICO Bob Woodward, develador del caso Watergate junto con su compañero Carl Bernstein. “No se pueden establecer paralelismos. Nixon estaba dispuesto a romper la ley y no le importaba hacerlo de forma agresiva y constante (…) Esto no lo hemos visto aún en el actual presidente. A fecha de hoy, Trump es una incógnita”, dice Woodward, esto es, no hay pruebas para fundamentar una acusación, un requisito ineludible.

Todas las teorías para sustituir al presidente eluden o apenas insisten en el doble principio acusatorio, competencia de la fiscalía, y probatorio más allá de toda duda razonable. Los juegos recreativos que sitúan al vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca antes de las elecciones legislativas de noviembre del 2018 y a Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, en la vicepresidencia obedecen más al deseo de quienes fabulan que a la posibilidad cierta de que los acontecimientos se desarrollen de acuerdo con este guion. Ni siquiera se atreve a ir tan lejos alguien con opiniones tan contundentes contra Trump como Paul Krugman –“Su combinación de revanchismo mezquino y descarada indolencia, lo hace inepto para el cargo. Y eso es un enorme problema. Piensen por un minuto cuánto daño ha hecho este hombre en múltiples frentes en solo cinco meses”–; más bien teme que costará mucho moverle la silla por clamorosos que sean sus errores o desmanes.

Como explica el profesor Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, el populismo es la negación del pluralismo, sustituido por el concepto de pueblo unido; este es el gran éxito de Donald Trump en lo que lleva de mandato. Y añade: “Hasta hoy, ningún ala derecha del populismo ha alcanzado el poder en Europa Occidental o en Estados Unidos sin la colaboración de las élites conservadoras instaladas”. Quiere decirse que Trump llegó a la Casa Blanca con el apoyo más o menos entusiasta del 90% de los votantes que se declaran republicanos a pesar de que muchos albergaban dudas sobre la solvencia del candidato, y las encuestas indican que apenas ha decrecido el entusiasmo entre los electores de base, sin que les importen demasiado las flagrantes contradicciones presidenciales entre los eslóganes y la praxis, entre el interés general y los intereses de sus empresas. Carece de sentido insistir con la hipótesis del impeachment a corto plazo salvo que el fiscal especial levante el pico de la alfombra y dé con las pistolas humeantes (la prueba irrefutable) del Rusiagate o con la pista oculta de los negocios trumpianos (“siga la pista del dinero”, le dijo Garganta Profunda a Bob Woodward en mitad de la tormenta del Watergate). Todo lleva su tiempo.

Seis días y medio siglo

Al cumplirse medio siglo de la Guerra de los Seis Días (5-1o de junio de 1967), lo menos que puede decirse es que la soberbia israelí, apoyada en la complacencia de Estados Unidos, y el agravio palestino dividen a la opinión pública, radicalizan las opiniones y alimentan los aspectos emocionales del conflicto por encima de otras consideraciones. Todas las consecuencias de aquella guerra han acentuado año tras año la postración palestina y la política de hechos consumados de Israel en los territorios ocupados de Gaza, condenada al asedio permanente, y de Cisjordania, sometida a la lógica humillante de la ocupación, el apartheid y la proliferación de asentamientos, una forma de colonización encaminada a hacer imposible la solución de los dos estados.

Los seis días de junio de 1967 en los que Israel se adueñó de la península del Sinaí, la franja de Gaza, Jerusalén oriental, Cisjordania y los altos del Golán cambió para siempre los datos esenciales del conflicto árabe-israelí y condenó a la comunidad palestina a la postración y al sometimiento. Ni la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que impone a Israel la devolución de la tierra conquistada, ni las que la siguieron hasta la fecha, redactadas todas en idéntico sentido, cambiaron la inercia política. La evolución de los acontecimientos que permitió llegar a los acuerdos de Oslo, y de allí a un desenlace de la crisis resumido en la máxima paz por territorios, en la idea de los dos estados, fue una gran esperanza marchitada por la Realpolitik, la libertad de acción de los colonos y la enérgica oposición de la derecha israelí, la extrema derecha religiosa y diferentes formas de nacionalismo bíblico de desalojar el espacio destinado al Estado palestino, un proyecto sumido hoy en la desesperanza.

“Nadie puede limitar nuestras fronteras”, dijo en 1948 David ben Gurión, padre del Estado de Israel, y a él se atribuye la frase más rotundas de cuantas resumen la línea de conducta seguida por sus sucesores: “Los límites de nuestro Estado está en la punta de nuestros fusiles”. ¿Qué integrante del Gobierno de Binyamin Netanyahu negaría la vigencia práctica de la sentencia? ¿Quién puede negar en nuestros días que la de 1967 fue una guerra de elección con un objetivo territorial? ¿Quién puede negar que la derrota árabe de los seis días fue una segunda naqba (catástrofe) porque convirtió a los palestinos en un pueblo sojuzgado, permitió a Israel fijar la agenda y condenó al olvido el ideal panarabista, predicado por Gamal Abdel Naser, sustituido por el pragmatismo financiero de las petromonarquías, encabezadas por Arabia Saudí?

Sucedió además que, más allá de la resolución 242, la guerra borró muchas de las preocupaciones de los aliados de Israel, y en primer lugar de Estados Unidos, que siempre vieron en el rais a un adversario, cuando no a un enemigo. Pero ese alivio hizo posible un futuro en el que con harta frecuencia el Departamento de Estado anduvo por detrás de los acontecimientos, inclinado demasiadas veces a justificar lo injustificable o a aceptarlo de facto en nombre de la seguridad en Oriente Próximo y de la influencia estadounidense en una región inclinada a la inestabilidad. Si en un primer momento cupo atribuir esta situación a la lógica de la guerra fría, superada esta no quedó otro argumento sobre la mesa que la necesidad de Estados Unidos de contar con un aliado fiable en el centro del mundo árabe, pertrechado de una superioridad tecnológico-militar sin comparación posible con sus vecinos.

El convencimiento de intelectuales palestinos tan relevantes como Edward W. Said de que los acuerdos de Oslo no fueron más que “un instrumento de la rendición palestina, un Versalles palestino” obedeció al hecho de que, analizada la situación desde 1967, el objetivo del acuerdo fue comprometer a los líderes Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en un proceso sujeto a las necesidades de Estados Unidos e Israel. Mientras Occidente y la OLP, dirigida por Yasir Arafat, saludaron la creación de la Autoridad Nacional Palestina como el paso definitivo para liquidar la ocupación y dar una oportunidad a la solución de los dos estados (paz a cambio de territorios), el frente crítico entendió que quedaba en manos de la disposición israelí a hacer concesiones el alumbramiento de un Estado en Cisjordania y Gaza. La historia les ha dado la razón.

También ha dado la razón a quienes vieron en el desplazamiento del eje árabe de Egipto a Arabia Saudí la progresiva mutación genética de la crisis: de un conflicto árabe-israelí a otro palestino-israelí (con el apoyo sentimental del mundo árabe). La derrota de Naser, un autócrata nacionalista con inquietudes socializantes, fue la ocasión propicia para cambiar el signo de los tiempos: los señores del petróleo se sintieron liberados para acercarse a Estados Unidos, condicionar el comportamiento de la Liga Árabe y explorar terceras vías para hacer negocios en Occidente. La muerte de Naser en 1970, la guerra árabe-israelí de 1973 y el subsiguiente embargo petrolífero fueron tres acontecimientos definitivos para el acuerdo que permitió a Egipto establecer relaciones con Israel sin que, por lo demás, se tuviera en cuenta el coste que la operación tuvo para los palestinos.

Puede decirse que la Guerra de los Seis Días y cuanto sucedió después de ella se hizo a costa de una alternativa política razonable para la comunidad sometida a ocupación. La multiplicación de proyectos radicales, tintados de yihadismo –Hamás, la Yihad Islámica y algún otro–, la división de las facciones palestinas y el desprestigio de la autonomía son la consecuencia directa de la manipulación del agravio palestino por todo el mundo, incluidos muchos de los dirigentes que acompañaron a Yasir Arafat en su larga peripecia personal y que ahora constituyen el entorno de Mahmud Abás.

Golda Meir dijo en 1969: “¿Cómo nos piden que nos retiremos de los territorios ocupados si allí no vive nadie?” Si alguien sostuviera hoy esto en público, le lloverían las descalificaciones. Y acaso sea este el mayor de todos los cambios habidos en esa larga crisis: la decantación de la opinión pública, el impacto moral de un conflicto asimétrico sin visos de que pueda evolucionar hacia un divorcio amistoso, ya que se antoja poco probable una vecindad cooperativa. Otros logros posibles son meros deseos que no hay forma de encauzar salvo que se den por lo menos dos cambios significativos: la implicación decidida de Estados Unidos en el conflicto, por un lado, y la unidad de la dirección palestina, por otro. Mientras esto no suceda, las penalidades palestinas remitirán siempre a la derrota de 1967, a aquellos seis días que cambiaron por tiempo indeterminado el mapa de Oriente Próximo; mientras prevalezca la lógica israelí de los hechos consumados, de los asentamientos, del muro de Cisjordania y de las operaciones de tierra quemada en Gaza, ganarán adeptos los predicadores del apocalipsis en el universo palestino.

Trump ya tiene su Watergate

Los  vapores nauseabundos del caso Watergate empiezan a envolver la atmósfera viciada de la Casa Blanca a causa de las prácticas poco convencionales del presidente Donald Trump y su equipo. Los prolegómenos de este Rusiagate que todo lo contamina reúne demasiados ingredientes coincidentes o que recuerdan aquel otro escándalo que costó la presidencia a Richard Nixon en 1974. Como entonces, medios prestigiosos vituperados desde el Despacho Oval han puesto manos a la obra para, en este caso, desvelar el argumento no escrito del camino seguido por Trump para ganar las elecciones en noviembre con la ayuda de Vladimir Putin. Como ha escrito John Yoo en The New York Times, de momento no hay constancia de que el presidente haya obligado a mentir a algunos testigos, haya destruido pruebas o haya bloqueado el trabajo de agentes del FBI, pero se multiplican las sospechas de que todo esto ha podido suceder.

En una de sus informaciones del jueves, el mismo diario utiliza el verbo engulf (envolver) para referirse a la situación de Trump, origen de todas las dudas y envuelto en la investigación que dirigirá el fiscal especial Robert S. Mueller, exdirector del FBI (2001-2013), para esclarecer si en efecto el Kremlin intervino en la campaña del presidente. Pero engulf tiene otras acepciones o posibles traducciones más inquietantes –tragar, sepultar–, que presagian que se cierne sobre Washington una tempestad política y constitucional habida cuenta de que el foco de la investigación apunta a la cima del sistema. Y al enumerar las preguntas que de una u otra forma saldrán al paso del trabajo de Mueller se hace aún más evidente la inconmensurable dimensión del conflicto, desde la interferencia rusa en la campaña a la por lo menos sorprendente decisión del presidente de facilitar a Serguei Lavrov información en materia de seguridad obtenida por otra potencia –quizá Israel– y que puede poner en riesgo a quienes la obtuvieron.

Algunas de estas preguntas pueden formularse mediante enunciados muy simples, pero dan pie a respuestas eventualmente intranquilizadoras para los conciudadanos de Donald Trump, que pueden sentirse legítimamente defraudados por prácticas ajenas a la transparencia democrática exigible en cualquier proceso electoral. Al preguntar cuál fue el alcance de la intromisión rusa en la campaña, hasta dónde llegaron las presiones para que el FBI dejara de investigar la russian connection de Michael T. Flynn, efímero consejero de Seguridad Nacional, y qué información se llevó Lavrov a Moscú, facilitada por Trump, caben toda clase de respuestas alarmantes para el sistema, en general, para la continuidad en las tradiciones políticas de Estados Unidos y para la inconsistencia de un Ejecutivo que sigue creyendo que el Estado puede gestionarse como una empresa asociada a otras empresas. Sin sutilezas ajenas a la rentabilidad del momento, condicionado todo por la fijación de metas rentables y nada más.

Dice Donald Trump sentirse perseguido como no lo fue ningún otro presidente, una exageración sin duda. En todo caso, ninguno de sus predecesores empezó con tan mal pie, suscitando tantas dudas acerca de su capacidad para ocupar el puesto que ocupa y tan contestado en la calle. Pero hay más: desde que el republicano Kevin McCarthy le dijo a Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y asimismo republicano, que está convencido de que Putin paga a Trump (15 de junio de 2016) y James Comey, destituido por Trump como director del FBI, anotó en un memorándum que el presidente le exigía que dejara de investigar a Flynn (febrero de este año), puede decirse que se dispone de algo bastante cercano a pruebas documentales para colegir que algo huele a podrido en la Casa Blanca. Y es poco menos que imposible que el olfato de Mueller no lo detecte.

Es tan poco probable que el nombramiento de un fiscal especial, decidido por Rod J. Rosenstein, número dos del Departamento de Justicia, es un movimiento político lleno de riesgos para la estabilidad republicana. La CNN sostiene que los republicanos juegan al todo o nada, algo siempre peligroso, salvo que haya ganado adeptos la hipótesis desarrollada por uno de los analistas de Politico.com, insinuada varias veces las últimas semanas: que el establishment del partido daría por buena, impeachment mediante, una resolución de la crisis institucional con Mike Pence, vicepresidente ahora, en la presidencia, y Paul Ryan en la vicepresidencia. Un juego de manos, una componenda para serenar el republicanismo y apartar del puente de mando a la extrema derecha populista que lleva en él desde el 20 de enero.

Todo esto es algo más que una teoría de la conspiración ad hoc porque, salvo ingenuidad manifiesta, es imposible que Trump salga indemne del laberinto en el que se ha metido, rodeado de asesores inexpertos o poco rodados que son incapaces de ordenar la Administración, fijar prioridades y desarrollar un programa reconocible. Dana Milbank, un reputado analista de The Washington Post, sostiene que acaso el nombramiento de Mueller sirva para salvar al Partido Republicano y al presidente de sí mismos, pero es inimaginable que tal salvamento no deje algunas víctimas para preservar el sistema, respetar la división de poderes y salvaguardar el equilibrio entre Gobierno y Parlamento. Aquí no valen la posverdad, los hechos alternativos y otras zarandajas pensadas en el ala oeste de la Casa Blanca para construir una realidad virtual a gusto del presidente.

Por decirlo con palabras muy de cuando el escándalo Watergate: hay pistolas humeantes en el horizonte. En los días de Richard Nixon fueron las cintas grabadas en el Despacho Oval, que sumieron a la presidencia en el oprobio; hoy son las conversaciones de unos, las anotaciones de otros y esa transcripción del diálogo de Trump con Lavrov que reclaman los dos grandes partidos y que Putin dice estar dispuesto a entregar, aunque la fidelidad documental del presidente ruso sea más que discutible y la utilidad probatoria de lo que dé por escrito sea poco más que papel mojado. “Entonces como ahora el problema principal no es el delito en sí mismo, sino el intento de encubrirlo”, explica un analista de The Guardian al comparar las miserias del caso Watergate con esas otras miserias tan recientes, esa frase recogida por Comey de labios de Trump: “Espero que pueda dejarla” (la investigación sobre los contactos de Flynn en Rusia).

La mezcla explosiva de mentiras, encubrimientos y obstrucción a la justicia hace cada día más difícil que Trump pueda recuperar su imagen pública, incluso entre una parte de quienes lo votaron hace solo medio año. Al cumplir cuatro meses en el Despacho Oval, el desprestigio de la presidencia es de tal calibre que va más allá del simple desgaste personal del titular de la institución, alcanza al partido y agrava la fractura social en una sociedad profundamente dividida por dos visiones antagónicas, irreconciliables, del futuro de Estados Unidos. Como en los días del Watergate, lo excepcional se ha convertido en cotidiano, el presidente ha pasado a ser un sospechoso habitual y su equipo de colaboradores más cercanos ha quedado en evidencia, desacreditado por una política errática que incomoda a los aliados y carece de precedentes en la historia del país. Todos los hombres del presidente, la gran investigación periodística de Bob Woodward y Carl Bernstein, vuelve a ser de lectura imprescindible.

Trump, el guerrero sin antifaz

El ataque con misiles de una base del Ejército sirio en la provincia de Homs ha permitido a Donald Trump encarnar por primera vez la figura del guerrero sin antifaz. Como George W. Bush en febrero del 2001 al ordenar un bombardeo en Irak menos de un mes después de haber tomado posesión, Trump emerge como el administrador de una presunta justicia armada universal, impugna el orden internacional tutelado por las Naciones Unidas y despierta del sueño de una noche de invierno –primeras semanas de su mandato–, cuando vislumbró una posible entente o conllevancia con Rusia para acabar con la guerra en Siria sin expulsar del poder a Bashar al Asad y para someter a presión a la Unión Europea por el este y por el oeste. O ocaso el sueño nunca fue tal, sino más bien una maniobra de distracción, un amago para corregir el legado de Barack Obama: reducir al máximo la implicación directa de Estados Unidos en la gestión de las diferentes crisis que zarandean al mundo árabe y rehabilitar a Irán, aliado de Siria, ante la comunidad internacional.

Para todo esto puede valerle a Trump la salvajada cometida en Jan Sheijun, provincia de Idleb, que ha causado conmoción en todas partes y ha resignado a los aliados a aceptar los hechos consumados de una mayor presencia sobre el terreno de Estados Unidos después de que Rusia haya impedido que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución de condena de lo sucedido. Ninguna de las alegaciones presentadas por los embajadores ruso y sirio ha convencido al auditorio, y sí, en cambio, las informaciones suministradas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres. Nadie ha creído que la oposición islamista sea la responsable de todo al guardar un arsenal químico en un almacén bombardeado por la aviación de Al Asad. Está muy presente en la memoria colectiva lo sucedido en el 2013 –más de 1.400 muertos en un ataque con gas sarín– y la decisión posterior de los generales sirios de deshacerse de su armamento químico, un gesto inducido por Rusia que desactivó la amenaza de Obama de intervenir in situ en el conflicto si el Gobierno de Damasco cruzaba de nuevo la línea roja de un ataque con armas de destrucción masiva.

La posibilidad de un conflicto crónico, con el Estado Islámico como gran adversario y razón suficiente para una alianza táctica con Rusia, da paso a una nueva realidad: la indigencia moral del régimen sirio obliga a Estados Unidos a matizar la disposición a entenderse con Vladimir Putin. Mientras Devin Nunes, presidente republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, acusado de plegarse a los deseos del Gobierno, deja de participar en la investigación abierta por presunta connivencia de los estrategas de campaña de Trump con los intoxicadores de campaña de Putin, asoma por una esquina la Realpolitik, la tozuda evidencia de la incompatibilidad entre la estrategia rusa de recuperación del tiempo perdido a la disolución de la URSS y las políticas globales de seguridad diseñadas por Estados Unidos. Prueba todo ello de la bisoñez o impericia de una Administración sumida en la desorganización y el oportunismo, y falta de referencias para justificar la utilidad de la russian connection en cuanto el gas sarín ha segado la vida de cerca de 90 personas (una veintena, niños).

Superados los seis años de guerra en Siria, la hipótesis del conflicto crónico como mal menor ha dejado de tener sentido. Think tanks conservadores como Rand Corporation admiten en un informe elaborado por varios expertos que se precisarán años para que mejore la situación en el frente de batalla y cese la matanza, y subrayan al mismo tiempo que es preciso prestar apoyo a fuerzas aliadas para que tengan efecto a ras de suelo los bombardeos desde el aire y el despliegue de alguna unidad de tierra (la última entrega, 400 soldados). Un panorama poco compatible con el diseño de las operaciones rusas en apoyo de Al Asad, dirigidas más a combatir a la oposición englobada en la Coalición Nacional Siria que al Estado Islámico.

Ni siquiera el atentado presumiblemente islamista en el metro de San Petersburgo –14 muertos– altera la naturaleza de la alianza ruso-siria, pues es la que garantiza la influencia decisiva del Kremlin en el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Próximo. Desde la liquidación de la resistencia en Alepo no hay duda de que el futuro pasa por el despacho de Putin y es el presidente ruso quien garantiza la continuidad del sirio. Al Asad se siente vencedor a pesar de las repetidas condenas de su régimen en toda clase de foros, de tal manera que en su última entrevista con una emisora de televisión extranjera, un canal de Croacia, ni siquiera se refiere al bombardeo de Idleb. Rusia recurre a la argucia de hablar de la oposición sin matices, mete en el mismo saco al brazo de Al Qaeda en la guerra y a los adversarios de Al Asad que apoya Occidente, y arbitra en el conflicto con la permanente pugna de fondo del chiísmo (Irán) y el sunismo (Arabia Saudí), que se disputan la hegemonía regional en el golfo Pérsico.

Todas estas sutilezas habían escapado hasta la fecha a la diplomacia de brocha gorda exhibida por Trump, al menos en público. Después de echar mano de los Tomahawk, el relato ha cambiado sustancialmente con una agresividad no tan inesperada como pudiera pensarse a la vista del diagnóstico de algunos expertos. Dennis Ross, un veterano embajador con un conocimiento detallado del escenario, ha escrito un artículo para el Washington Institute en el que exhorta al Gobierno a aceptar que la estrategia en Siria no puede reducirse a acabar con el ISIS, porque el desafío del terrorismo global excede con mucho al Estado Islámico. A mayor abundamiento, Ross entiende que la desaparición del califato no figura entre las prioridades rusas (y sirias, cabe añadir). En consecuencia, la colaboración con Rusia, pasados los ardores poselectorales del primer momento, carece de fundamento salvo que se establezcan claramente los objetivos y los límites de tal colaboración.

En un artículo publicado en The Wall Street Journal a finales del 2015 advertía Henry Kissinger que “la estructura diplomática de las últimas cuatro décadas está en ruinas”, y subrayaba que cuatro estados árabes habían dejado de funcionar como tales: Libia, Yemen, Siria e Irak. De ahí a aplicar la teoría kissingeriana del dominó media un paso: el poder de contagio de una guerra en fase aguda –Siria hoy– desencadena crisis en su periferia, y así un conflicto local se convierte a toda prisa en regional. Frente a esta teoría, fruto de la experiencia de la guerra de Vietnam y sus secuelas, parece una simplificación de 140 caracteres la del conflicto limitado a un solo país del atormentado mundo árabe, manejada hasta ahora por el círculo de Trump, y con Rusia de socio preferente.

Fujimorazo de Maduro

Lo más parecido a un golpe de Estado de palacio es la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que cancela las atribuciones del Parlamento so pretexto de que la Cámara ha cometido un delito de desacato. Porque las funciones de las que los diputados son desposeídos pasan a los jueces que firman la condena o resolución, y de ellos a Nicolás Maduro, que concentra así todos los poderes del Estado habida cuenta de la disciplina de partido observada por los magistrados desde hace demasiado tiempo como para dudar de ella.

No se trata de un golpe de Estado palaciego porque lo dice la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea neutralizada, ni porque la Organización de Estados Americanos (OEA) lo corrobora ni por ninguna otra circunstancia, lo es porque la división de poderes ha saltado por los aires. No es tampoco un golpe de Estado porque así lo ha decidido una conspiración internacional, sino porque culmina un proceso que ha llevado a la cárcel a varios líderes de la oposición, ha descoyuntado la economía y ha inducido a Maduro a dejar sin efecto cualquier aproximación al sistema de contrapesos propio de una democracia. Y por último, no es un golpe de Estado porque lo digan líderes conservadores, los de signo progresista, salvo tibiezas injustificables, están de acuerdo en que la democracia ha sido barrida por la inercia de un régimen ineficaz, imprevisible y arbitrario, incapaz de corregir sus errores.

Nunca estuvo el experimento venezolano iluminado por el halo de desafío ético al establishment que tuvo, por ejemplo, la revolución de los barbudos cubanos, pero Hugo Chávez logró construir un relato regenerador de la política de su país y fue capaz de poner en marcha programas sociales financiados con un petróleo que anduvo cerca de los 150 dólares/barril. Hoy las invocaciones a la agresión imperialista y otras soflamas de Maduro y su corte de adeptos suenan a eslóganes desgastados, tan alejados de la realidad como la pretensión de corregir los efectos de una inflación de tres dígitos con subidas del salario mínimo del orden del 40%. Nada funciona en Venezuela: una encuesta citada por El Universal, un diario de oposición, estima que un tercio de la población, 9,6 millones de personas, “ingieren dos o menos comidas al día” y “es mucho el daño que se puede hacer si seguimos por este rumbo desquiciado”, según un articulista que publica en el mismo medio.

Frente a este escenario de pesadilla resulta grotesco el pretexto esgrimido por los jueces para liquidar el régimen constitucional: la decisión del Parlamento de aceptar a tres diputados de distritos de la Amazonia cuya elección fue impugnada por el chavismo y diligentemente censurada por el Tribunal Supremo. Desde que la oposición ganó las legislativas del 2015, el objetivo del grupo de Maduro ha sido desembarazarse de los vencedores y actuar como si la república fuese de partido único, el Socialista Unido de Venezuela; luego la Mesa de la Unidad Democrática puso en marcha el proceso para convocar un referéndum revocatorio del presidente y la ansiedad de Maduro fue en aumento. Cualquier cosa valía para restablecer el orden y dejar fuera de juego a los adversarios políticos.

Ahora, en una reacción típica de toda autocracia que se precie, el Gobierno ve en cuanto viene de fuera gestos hostiles y una oposición premeditada a sus planes, especialmente desde la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, pero lo cierto es que la cercanía al fujimorismo de este golpe de Estado disfrazado de resolución judicial tiene todas las trazas de concretarse en los próximos días a poco que la oposición dispute la calle al chavismo, y este opte por la represión a palos. Dice Vladimir Adrianza en Últimas Noticias, una cabecera chavista, que “Venezuela pasa de una posición defensiva a poner los puntos sobre las íes” en la OEA, pero la organización considera activar la Carta Democrática Interamericana de 2001, a la que Venezuela se adhirió, para, en su caso, impedir la participación del país en las diversas instancias de la OEA, sin que se haya dejado oír más voz de descontento que la de Evo Morales, presidente de Bolivia.

Dice Sandra Oblitas, vicepresidenta de la Comisión Nacional Electoral: “Ningún ente o persona independientemente del cargo que tenga puede imponer ningún tipo de ordenamiento jurídico diferente al que existe en Venezuela”. Lo que sucede es que el Gobierno se ha saltado el ordenamiento jurídico con harta reiteración y ha desoído los consejos de personajes tan diferentes como el papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes es difícil imaginar metidos de hoz y coz en una conspiración internacional contra Venezuela. Más parece que el frente de rechazo formado por Nicolás Maduro, Cilia Flores, esposa de Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los ideólogos del chavismo realmente existente han optado por enrocarse en el poder e imposibilitar todo asomo de reforma de un modelo en ruinas a causa de la quiebra económica, la fractura social y la división política.

Como en los peores momentos de la historia venezolana, en los que la violencia se impuso a los programas, hoy caminan el Gobierno y sus adversarios hacia una cita que presagia inevitablemente un desenlace dramático. Quedan muy lejos los días del frente reformista con Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, acaso Nicaragua, en los que Hugo Chávez encontró el ambiente propicio, olvidados los tiempos del golpe de Estado de los carapintadas que él dirigió para acabar en la cárcel. No hay nada en el vecindario de Maduro que le sea remotamente favorable, ni siquiera las reservas de petróleo almacenadas bajo el subsuelo caribeño; Latinoamérica ha cambiado profundamente, mientras la vía venezolana hacia la redención social ha degenerado hasta desfigurar el sistema democrático mediante el que el chavismo llegó al poder.

¿Cuál será el paso siguiente en el camino desde la división de poderes a la dictadura sin aditamentos que la encubran? ¿Qué movimientos sopesa la oposición agavillada en la Mesa de la Unidad Democrática, acogida a la legitimidad que le otorga haber obtenido una aplastante mayoría en las últimas elecciones legislativas? ¿Qué papel se reserva la OEA en este desastre político, que puede convertirse en tragedia a poco que la escalada de la tensión siga su curso? Y por último, ¿qué hará el Ejército, el gran mudo, en esta carrera de despropósitos: seguirá disciplinadamente del lado del sistema, como en los días de Chávez, o solo ve en Maduro la figura de un líder fracasado? Ninguna de estas preguntas admite una sola respuesta

 

La UE, en busca de su futuro

Vuelve la Unión Europea a preguntarse quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos con el desasosiego propio de un proyecto en crisis, consecuencia directa de una sociedad en crisis. Se preguntan los gestores de la UE si hay que seguir como hasta ahora para alcanzar un destino enigmático o indescifrable, si conviene volver al pasado del mercado único y poco más o es más atinado admitir que hay europeísmos y europeísmos y, en este caso, aceptar que quizá la respuesta se halle en una Europa a dos velocidades, aunque se ponga en riesgo la unidad de acción. Así cabe resumir las cinco opciones de futuro contenidas en el Libro blanco aprobado por la Comisión Europea y que deposita en manos de los estados para que sean sus gobernantes quienes indiquen el camino a seguir.

El procedimiento es razonable, pero los precedentes son desalentadores. En una atmósfera de pesimismo y provisionalidad a causa de las elecciones a la vista –Francia (abril-mayo) y Alemania (septiembre)–, cabe esperar un análisis confuso de los gobiernos, seguido de las consabidas discrepancias entre los grandes estados de la mitad occidental de la UE, el escepticismo del norte y el muy difuso europeísmo de los socios del este, metidos de hoz y coz en la recuperación del relato nacionalista que interrumpieron la segunda guerra mundial y las servidumbres de la guerra fría (dependencia de la Unión Soviética, economía planificada, partido único, etcétera).

Lo deseable sería que la cumbre convocada en París por François Hollande para reunir a Francia, Alemania, Italia y España en un debate que dé respuesta a la pregunta qué hacer fuese asimismo el punto de partido para sanear el ambiente, pero la debilidad de los convocados –un presidente con los días contados (Hollande), una cancillera al parecer declinante (Angela Merkel), un primer ministro de perfil bajo (Paolo Gentiloni) y Mariano Rajoy (presidente de un Gobierno minoritario)– presagia poco más que un catálogo de buenas intenciones, que no evitará los recelos de los no convocados, tan contrarios siempre a la concreción de un núcleo duro. Y a pesar de esa desconfianza y después del Brexit, la historia induce a pensar que sin un equipo directivo capaz de sobreponerse a las rivalidades nacionalistas, la UE tiende a desnaturalizarse, a aceptar como irremediable la cicatería de los europeístas a su pesar –Polonia, Hungría, la República Checa y otros–, las arengas populistas y el aplazamiento sine díe de la idea de unión entre diferentes.

La pregunta “¿quién gobernará en un mundo roto?”, formulada hace unas semanas por el profesor Dirk Helbing, puede trasladarse a Europa con pequeños retoques: ¿quién gobernará una Europa que tiende a romperse? Hay demasiadas amenazas en el horizonte para soslayar una respuesta imperiosamente necesaria, para corregir la distancia cada vez mayor entre las pulsiones de la opinión pública y las decisiones de los gobiernos (recuérdese la manifestación de Barcelona, tan reciente), para devolver a la política europea el prestigio que en su día tuvo mediante su capacidad para reinventarse.

La opinión muy extendida de que el poder está cambiando de manos a toda prisa a causa de la transformación de la economía, la degradación del Estado del bienestar después del hundimiento del universo comunista y el éxito momentáneo del modelo chino de expansión debiera llevar a la UE a algo más que a redactar un Libro blanco y sumergirse en la lógica estéril de las cumbres encadenadas que nada resuelven. Porque la claudicación de los grandes bloques ideológicos –democristianos, socialdemócratas y liberales– frente a los requisitos de las finanzas globales ha dañado la idea primigenia de los padres fundadores: el compromiso social para corregir las desigualdades. Ni siquiera se habla del capitalismo compasivo (días de Ronald Reagan) o de la refundación del capitalismo (excesos verbales de Nicolas Sarkozy), sino más bien del sometimiento de los programas políticos a las imposiciones de un modelo económico sin fronteras que escapa al control de las instituciones, cuando no condiciona su funcionamiento.

El vaticinio de Mark Leonard, director del European Council on Foreign Relations, de que los países occidentales deberán plantearse en un futuro inmediato la restitución del orden liberal frente al orden de facto surgido al margen de él, implica directamente a la UE frente al enfoque imprevisible que Donald Trump puede dar al asunto, secundado por el Gobierno de Theresa May, embarcada en reforzar una relación privilegiada con Estados Unidos al tiempo que negocia la deserción de la UE. Eso incluye subrayar el compromiso social de la organización y el de cada uno de sus estados, incluso en apartados tan incómodos para la contabilidad general como lo es el griego. Porque quizá es posible el futuro de la UE sin Grecia en términos superestructurales, o con Grecia convertida en un enfermo crónico, pero es improbable que en tal caso se restaure el prestigio institucional de la UE, ahora muy dañado por una resolución de la crisis que ha dejado demasiadas víctimas por el camino.

“Contra lo que solemos pensar, la historia se repite siempre, solo que se repite de formas tan distintas que a veces es difícil reconocerla. Ahora ni siquiera es difícil: ahora, sobre todo después de que los británicos hayan cometido el disparate de aislarse de Europa, como si fueran españoles del siglo XVII, y después de que los norteamericanos le hayan entregado el poder a un demagogo siniestro, casi se ha convertido en un cliché comparar nuestra época con la de los años treinta, hasta el punto de que algunos historiadores se han sentido obligados a recordar las diferencias entre ambas”, dijo el escritor Javier Cercas el 7 de diciembre al recibir el Premio al Libro Europeo por El impostor. Cercas ha dicho con frecuencia que “una Europa unida es la única utopía razonable”, y, claro, hay diferencias entre la pestilencia los años treinta y los populismos vociferantes de nuestros días, porque los colchones sociales, aunque averiados, siguen ahí. Pero si la UE se pliega a exigencias que aumenten el censo de vulnerables –ya son legión y no paran de crecer–, entonces todo es posible, incluso que se haga realidad el juego de palabras de George Bernard Shaw, citado por Cercas: “Lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia”. Para el caso, la vuelta a una Europa dislocada y sin peso, incapaz de desagraviar a los sacrificados en el altar de la austeridad y de una visión meramente contable de la UE.

Información frente a populismo

“Soy lo bastante viejo para recordar cuando lo mejor acerca del populismo fue que no fue popular”, recuerda Chris Patten, canciller de la Universidad de Oxford, en un artículo difundido esta semana por diferentes medios. Hay en las primeras líneas del texto, titulado Populismo contra los medios, una sombra de añoranza muy parecida a la que se proyecta sobre una gran variedad de cabeceras, emisoras de radio, canales de televisión, plataformas digitales y toda clase de canales informativos que, de repente, sienten haber asumido el papel de última frontera frente a las estrategias de intoxicación informativa puestas en marcha por los conglomerados populistas que encabezan el asalto a las sociedades abiertas, a los valores de la democracia y al derecho a discrepar.

Mientras el diplomático español Emilio Menéndez del Valle se pregunta, sin asomo de retórica o provocación, si “está el régimen que Donald Trump comienza a establecer en EE.UU. a medio camino entre el tinglado de Putin y el de Xi”, el diario The Washington Post, una de las Biblias liberales de Estados Unidos, crea un equipo para desvelar las mentiras construidas por el equipo presidencial. Mientras Marine Le Pen, líder ultra francesa, fuerza una situación imposible en Beirut al visitar una mezquita, varias televisiones salen al paso de la provocación y se ocupan de recordar que mujeres con responsabilidades de gobierno o representación, han accedido a cubrirse la cabeza, entendiendo que el huevo muchas veces es más importante que el fuero. Mientras el corresponsal de Die Welt en Turquía, Deniz Yücel, es detenido bajo una extravagante acusación de terrorismo después de informar sobre la existencia de correos electrónicos comprometedores para un ministro, familiar del presidente Recep Tayyip Erdogan, varios periódicos europeos se movilizan para conjurar la arbitrariedad. Por no hablar de las autoridades de Polonia y Hungría, “ejemplos preocupantes de políticos que utilizan la retórica nacionalista y populista para alcanzar objetivos que apestan a autoritarismo incipiente”, dice Patten.

La diferencia entre Trump y Le Pen, por un lado, y Erdogan o los gobernantes húngaros y polacos, por otro, es que mientras estos últimos pertenecen a democracias degradadas (Turquía) o recién llegadas, las tradiciones democráticas en Estados Unidos y Francia cubren un muy largo recorrido. Puede decirse que el presidente de Estados Unidos y la líder del Frente Nacional han crecido en dos de las culturas democráticas más antiguas e influyentes, piedras sillares de las sociedades abiertas, de los regímenes deliberativos y de la libertad de opinión. Y en ambos casos, sin embargo, ven en el papel desempeñado por los medios, en el control de la prensa sobre el funcionamiento del sistema, el “partido de la oposición” en palabras de Steve Bannon, un demagogo de ultraderecha instalado por Trump en el Casa Blanca y en el Consejo de Seguridad Nacional.

Así es cómo la misión de la prensa en sociedades con un reparto pautado del poder ha cobrado de pronto una relevancia desconocida, más próxima a los periodos de excepción –la guerra de Vietnam, el caso Watergate, la transición española, entre otros momentos– que aquellos otros que transcurren sin grandes sobresaltos. Donald Trump ha activado los resortes de la contestación en los términos descritos por Antonio Franco el último viernes en EL PERIÓDICO: “Lo único que vertebra a quienes le plantan cara son las verdades que explican algunos medios de comunicación. Por eso el nuevo presidente los insulta y ha abierto un debate nacional sobre su legitimidad con dos eslóganes: Deben mantener la boca cerrada y Son los enemigos internos del país”.

En la agresividad ejercida desde el Despacho Oval advierte Patten una guerra contra los medios, y en la obsesión de considerar noticias falsas todas las que se apartan del halago, percibe el germen de una situación muchas veces repetida: “En los sistemas autoritarios o casi autoritarios, los medios se ven siempre como una amenaza, cuando no como objetivos para la represión”. Al mismo tiempo, los grandes medios razonablemente independientes adoptan una doble posición defensiva (de protección) y de escrutinio permanente de cuanto procede del poder. Una actitud muy próxima a la “moral del inconformista”, en expresión de Michel Foucault; una forma de contrarrestar la realidad virtual en construcción mediante hechos alternativos, un eufemismo desvergonzado que encubre lo que no son más que falsedades.

“Pensar es duro. La verdad es complicada. El enfoque es frágil. No hay duda: los tuits son excelentes para robar nuestra atención”, escribe el profesor Marty Kaplan. Pero aclara enseguida que la última frase no es un halago; es más bien una certificación, cabría añadir: la profusión de mensajes de 140 caracteres, una cadena interminable de parainformaciones, no da respiro a los seguidores, es una forma como cualquier otra de desviar la atención, de enturbiar la realidad sustentada en datos y de bloquear los mecanismos de análisis de los acontecimientos. Frente a esta fenomenología de lo que no da tiempo a comprobar, los medios cumplen una función crucial de esclarecimiento, sin que en ningún caso puedan pretender que son depositarios de una verdad absoluta e indiscutible, una característica de los tuiteros compulsivos que operan desde los despachos del poder o en su nombre.

Al mismo tiempo, los medios se asignan en muchas ocasiones la misión contraria al acercamiento a la realidad empírica: desafían algunos de los valores que desde hace mucho tiempo apuntalan “la salud y la vitalidad de la democracia”, subraya Chris Patten. Se refiere el articulista a algunos periódicos e informativos británicos a propósito del Brexit, pero no resulta especialmente difícil hacer extensivo el panorama a otros lugares, así se trate de Fox News, de la prensa que pilota Rupert Murdoch o de las televisiones rusas, controladas desde el despacho de Vladimir Putin sin ningún disimulo. No se trata de deslegitimar el pensamiento conservador frente al progresista, de ver en todas partes el fantasma del populismo o de poner bajo sospecha todo lo que queda fuera de la tradición liberal, sino de proteger la herencia liberal frente a quienes quieren destruirla utilizando, por cierto, instrumentos que solo existen en las sociedades democráticas de tradición liberal. Algo que ha descubierto demasiado tarde el republicanismo clásico en Estados Unidos, que transigió con la colonización del partido por la ultraderecha nacionalista en nombre de su eficacia electoral y que hoy no se reconoce en las bravuconadas amenazantes de Trump a todas horas.

Siria, la matanza crónica

El revés sufrido por la Casa Blanca en un tribunal de apelación de San Francisco ha reducido en parte el impacto del informe difundido por Amnistía Internacional sobre las ejecuciones masivas de opositores en la cárcel de Saidnaya, al norte de Damasco. Mientras el presidente Donald Trump intenta poner en pie una nueva política de acogida de refugiados y de seguridad –ambas cosas en un mismo paquete–, la causa primera y principal de los flujos migratorios con origen en Oriente Próximo se aborda con la indecisión exhibida por Occidente desde que estalló la guerra en Siria, va para seis años. Ante la dificultad de abordar en origen las razones de la crisis sin pagar un elevado precio político, la matanza se convierte en una enfermedad crónica y el régimen de Bashar al Asad quiere presentarse a la opinión pública como un mal de difícil curación o incluso necesario para no empeorar las cosas.

A decir verdad, la situación presente es hija de la incapacidad que caracterizó a la Administración de Barack Obama para reaccionar con determinación cada vez que el régimen sirio cruzó las líneas rojas dibujadas por la propia Casa Blanca. Pareció que la decisión de Asad de deshacerse de su arsenal químico conjuró para siempre la exigencia estadounidense de apartar del poder al autócrata y su camarilla, como si cuanto ha sucedido después en todos los frentes no fuese suficiente para buscar la complicidad de la comunidad internacional y, de paso, adelgazar la corriente de refugiados rumbo a Europa en busca de futuro. Aquel cambio de estrategia de Estados Unidos a principio del 2014 tuvo una doble consecuencia: consagró el papel de Rusia en la gestión del conflicto y dejó a Asad con las manos casi libres para proteger el cometido del ISIS –luego Estado Islámico– como el enemigo ideal para legitimar su continuidad en el poder.

Es improbable que el informe de Amnistía Internacional lleve a alguna de las partes a cambiar su política o a maquillarla. Son escalofriantes los testimonios aportados por quienes han vivido en directo los ahorcamientos masivos, resulta angustioso este trasiego de sentenciados en farsas de juicio, pero dentro de un conflicto que supera de muy largo los 400.000 muertos, los seis millones de refugiados y los seis millones de desplazados dentro de Siria, la movilización de recursos en nombre de los derechos humanos hace tiempo que dejó de invocarse cuando los medios no están presentes. Pesan más las diferentes teorías del mal menor –es preferible el régimen de Asad que la consolidación del Estado Islámico–, que rigen con más o menos efectividad desde que el terrorismo global hizo saltar por los aires las certidumbres en el orden internacional.

Las negociaciones de Kazajistán, tuteladas por Rusia en el bando gubernamental y por Turquía en el bando opositor, son reflejo vivo de esa opción por el mal menor cuyo resultado final, en el mejor de los casos, no puede ser otro que una solución menor. Ni Vladimir Putin, portaestandarte de un neoimperialismo a la rusa que entusiasma a sus conciudadanos, ni Recep Tayyip Erdogan, artífice de una autocracia con urnas que sueña con la hegemonía regional, son mucho más que aliados ocasionales en una crisis que repercute en todo el mundo árabe, inquieta a la OTAN y debilita la cohesión interna de la Unión Europea. De esta forma, mientras los apologetas de las Realpolitik creen más prudente esperar y ver, sin comprometerse ni mucho ni poco, los profetas del final del orden liberal temen que la crisis se enquiste y dé alas a los populismos de extrema derecha, cuyo mayor interés es mantener viva la llama del desafío exterior para sumar votos en el interior (de cada país).

Un minucioso trabajo de campo realizado por el think tank británico Chatham House revela que una media del 55% de los habitantes de la UE son partidarios de detener los flujos migratorios y en ningún país los favorables a acoger a más demandantes de asilo supera el 32%. Cifras ilustrativas que dan un apoyo indirecto a la política de restricciones radicales promovida por la Administración de Trump, a pesar de no ser el presidente del agrado de la mayoría de los europeos, y que disuaden a los gobiernos de implicarse de forma activa en la gestión de conflictos lejanos que, se mire por donde se mire, son el motivo principal de la presión migratoria, pero están erizados de riesgos. Quizá no sea exagerado decir que el lamento por los ahorcamientos en masa marca el límite de la disposición a revisar lo hecho hasta ahora para detener la sangría; nadie quiere ir más allá de los comunicados de condolencia.

Es justamente lo contrario de lo que analistas independientes de variada orientación ideológica creen que debería hacerse. Así Shlomo Ben Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores, que el 23 de enero explicó en Barcelona por qué cualquier tratamiento del conflicto de los refugiados que no actúe en origen está llamado al fracaso. Así las advertencias del pensador Edgar Morin, que advierte de la ceguera que afecta a los grandes partidos de Francia, empeñados en acercar sus programas de control de las migraciones al de Marine Le Pen para atenuar su predicamento en auditorios alarmados por la proliferación de atentados, votantes cada día más inclinados a otorgar un mismo significado a inmigrante y a sospechoso. Así también las advertencias del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que advierte sobre el error de proteger la frontera y soslayar cuál es el origen del mal que expulsa de su hogar a multitudes de desposeídos.

Si todo en Siria ha estado marcado por una gravedad extrema desde el principio de su primavera (marzo del 2011), la pasividad inasequible al recuento de cadáveres presagia un futuro inestable, convertidas la guerra y la paz en herramientas multiuso. La ausencia de Occidente más allá de las campañas de bombardeos sobre enclaves yihadistas apenas afecta a la continuidad del régimen sirio, mientras la garantiza el sistema de alianzas pergeñado por el Gobierno de Asad, aunque sea en un escenario devastado. Y ni siquiera informes como los de Amnistía Internacional tienen el poder de cambiar el signo de los acontecimientos en año electoral en Francia y Alemania, donde el nacionalismo xenófobo impone su agenda, o eso parece al menos, respaldado por las cuentas de Donald Trump en las redes sociales y sus discursos incendiarios sobre los peligros que acechan a la nación. Tan alejados, cabe añadir,  de los análisis desapasionados que convienen al momento.

 

 

Trayectoria de colisión en EEUU

La tormenta desatada por Donald Trump antes de cumplir dos semanas en la Casa Blanca tendría la apariencia de un sainete o una comedia de enredo si no fuese porque es motivo de alarma generalizada dentro y fuera de Estados Unidos. En la memoria colectiva de la comunidad internacional no hay ninguna referencia remotamente parecida a la sensación de que el sistema está siendo agredido desde dentro por un presidente que, en un editorial de esta semana en The New York Times, se tacha de incompetente. Ni siquiera la desafortunada y aguerrida presidencia de George W. Bush transmitió tantos riesgos ciertos como la de Trump, apenas iniciada, pero que amenaza con minar todas las convenciones imaginables, con debilitar las relaciones con Europa y con envalentonar a la extrema derecha en todas partes, que dispone ahora de un símbolo con poder para ajustar sus mensajes y estrategias.

La reacción reprobatoria del expresidente Barack Obama, a tan pocos días de dejar el Despacho Oval, es un gesto comprensible frente a la zozobra de unas instituciones que parecen condenadas a convertirse en herramientas de un sectarismo grosero, frente a unas relaciones sociales obligadas a soportar una atmósfera irrespirable y frente a la pretensión del equipo de Trump de someter el Estado a un programa que Paul Krugman estima que es fruto de la ignorancia. Esto es: al mismo tiempo que el presidente enardece a la ultraderecha populista, xenófoba y aislacionista-nacionalista hasta ser su fuente de inspiración, Obama lleva camino de asumir el papel de referencia para los defensores de las sociedades abiertas, quizá, lisa y llanamente, de las sociedades sostenibles, ya que no armoniosas.

Dentro de la tradición democrática estadounidense es explicable la decisión del profesor Peter Singer, de la Universidad de Princeton, de no bajar a la calle a protestar hasta que Trump empezara a gobernar, pero transcurrida una semana desde el 20 de enero se movilizó ante los disparates acumulados por un rosario de órdenes ejecutivas radicales, alterado en sus más profundas convicciones por la capacidad destructora de la nueva Administración. En idéntico sentido, la pronta reaparición de Obama en la escena política no tiene precedente en la biografía de los presidente que dejaron de serlo, un dato que subraya la gravedad del momento, la preocupación por la suerte que puede correr un sistema que funciona mediante un complejo engranaje de contrapesos y controles que el equipo de Trump se manifiesta dispuesto a alterar. Dicho de otra forma: si no cambia Trump o se ve obligado a echar el freno, lo que realmente cambiará será la lógica de un modelo con bastante más de dos siglos de vida.

En la mar arbolada por la que navega Trump, las contradicciones resaltan la insensatez del programa puesto en marcha. Así resulta que ninguno de los siete países de mayoría musulmana recogidos en una lista negra ha tenido nunca arte ni parte en los zarpazos del terrorismo yihadista en territorio estadounidense, pero no figuran en la relación ni Arabia Saudí ni Egipto, de donde eran los muyahidines que desataron la tragedia del 11-S: 15 eran saudís y cuatro, egipcios. Así sucede también que el presidente ha abierto las puertas del Consejo de Seguridad Nacional al intemperante Steve Bannon –ultraderechista de manual–, pero ha restringido su participación en él al jefe del Estado Mayor, el general Joseph Dunford Jr., y al director de la Inteligencia Nacional, Dan Coats, que por definición son parte comprometida en las políticas de seguridad. Y así se puede seguir con las muy difundidas acometidas dialécticas de Trump con relación a Europa –nombrar para la embajada ante la UE a un antieuropeísta reconocido como Ted Malloch es un gesto desafiante –, con el famoso muro en la frontera con México, con esa habilidad especial para arremeter contra los aliados históricos de Estados Unidos y excitar los ánimos entre sus adversarios, asimismo históricos, salvo Rusia.

“Como demostró su primera semana en el cargo, Trump no tiene conocimientos básicos de la toma de decisiones de seguridad nacional, no tiene sofisticación alguna para la gobernanza y aparentemente poca comprensión de lo que se necesita para liderar a una nación grande y diversa”, afirma el editorialista de The New York Times en el mismo texto en el que tacha al presidente de incompetente. Pero acaso no sea esta opinión lo más llamativo, sino la posibilidad de que se concrete algo así como una presidencia paralela o en la sombra, compartida por dos asesores o colaboradores de Trump tan inexpertos y poco dados a las sutilezas como Bannon y Jared Kushner, yerno del presidente. En todo caso, rompe con una constante en las presidencias, por lo menos desde John F. Kennedy: salvaguardar el Consejo de Seguridad Nacional de la pugna política en caliente mediante la colonización del organismo por agitadores de la confianza del presidente, situados en el mismo plano que el consejero de Seguridad Nacional –en el presente, Michael Flynn– y el secretario de Defensa –hoy, James Mattis–, a quienes se supone expertos en la materia.

Portada de esta semana de 'The Economist'.

Portada de esta semana de ‘The Economist’.

Para una opinión pública en la que son mayoría los partidarios de Hillary Clinton –sacó casi tres millones de votos más que Trump–, pero quedó en minoría en el Colegio Electoral, es poco menos que una afrenta el nombramiento de Bannon y su influencia en cuanto ha hecho la Casa Blanca desde el 20 de enero. Ni reúne títulos para fijar el rumbo ni habilidad para evitar que cada decisión desate una tormenta, para que no dibuje una trayectoria de colisión que haga saltar por los aires algunas de las constantes vitales de la política estadounidense. “¿Cuál es el rumbo?”, se pregunta un comentarista en The Guardian. El de Un insurgente en la Casa Blanca, responde The Economist en su titular de portada de esta semana con una ilustración de Trump a punto de lanzar un cóctel molotov contra cualquiera de los numerosos objetivos señalados por él.

Las apelaciones a la prudencia de prestigiosos analistas, como David Ignatius en The Washington Post, concuerdan con el anhelo de que el insurgente atenúe su fogosidad y entienda que, si no se modera, con amenazas dirigidas a Irán o con ataques en Yemen fruto de una improvisación que persigue el impacto emocional inmediato, alimentará con gasolina situaciones de por sí incendiarias. La preocupación del republicanismo clásico por el salto en el vacío, por la convicción de muchos colaboradores de Trump de que el país debe administrarse como una empresa, por el comportamiento irreflexivo del nuevo Gobierno en áreas muy sensibles para la seguridad y la cohesión social, traduce la intranquilidad de una nación enfrentada a sus peores presagios dentro y fuera del pensamiento conservador. Porque al contrario de la lógica política, que sostiene que una gran potencia debe ser previsible salvo en momentos excepcionales, la Administración de Trump se ha convertido en un ente imprevisible a fuerza de llevar a la práctica promesas electorales que pocos creyeron que osara cumplir si lograba la victoria el 8 de noviembre. Se dijo que el triunfo obligaría a Trump a contenerse, pero no ha sido así: para sorpresa de la mayoría, pocas veces habló a humo de pajas, aunque su oratoria fuese –sea– abrupta y desordenada.

Trump ha cogido las riendas con el desparpajo inconsciente de quien cree que puede modelar la realidad a su antojo. Quizá porque en la teoría y la práctica de la difusión de realidades alternativas –la posverdad y demás técnicas de intoxicación informativa–, los hechos importan poco, no conviene atenerse a ellos y es preferible actuar como si fuesen otros diferentes a los percibidos por la mayoría como reales o cercanos a la realidad. Que eso pueda llevar a la larga a una crisis de Estado parece importar poco a quienes han alcanzado la cima del poder después de trasgredir muchas reglas que hasta la fecha siempre fueron respetadas. He aquí el punto de inflexión del 2017 vaticinado para la historia de Estados Unidos y para la del mundo por el nobel Joseph Stiglitz. Cuando lo dijo por primera vez, pareció una exageración, pero es evidente que no lo fue.

 

May, pareja de Trump

Las características generales del Brexit expuestas el martes por Theresa May, primera ministra del Reino Unido, y la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump tres días después han alentado el pesimismo en los foros internacionales, en el mundo académico y entre los analistas del futuro inmediato. Al mismo tiempo, una opinión pública entre incrédula, sorprendida y escéptica se tienta la ropa mientras proliferan los diagnósticos catastrofistas y las profecías apocalípticas. ¿Exageración, alarmismo, ganas de hablar por no callar? “Confieso tener muchos problemas para mantenerme optimista”, declara Stephen Martin Walt, profesor de la Universidad de Harvard, al semanario progresista francés L’Obs (Le Nouvel Observateur para los clásicos). Peor aún, en los objetivos de Trump y May avizora que “se reúnen todos los ingredientes de un desastre”.

Se diría que un nacionalismo destemplado y agresivo pretende suplantar la globalización, tan llena de imperfecciones como de posibilidades. El “Brexit is Brexit” descrito por May es “Brexit is hard Brexit” –sin posibilidades de adaptar la salida al modelo de asociación de Noruega y Suiza con la UE–; el proteccionismo prometido por Trump pone el sistema de intercambios económicos tutelado por la Organización Mundial de Comercio bajo la amenaza de una guerra comercial de imprevisible virulencia. Los promotores de cambios tan radicales como los que se avecina han puesto en marcha mecanismos que, salvo rectificación, conducen directamente a un clima permanente de confrontación y desconfianza, con la UE, China y las economías emergentes obligadas a seguir una senda que es la contraria a la se entendía consolidada con la apertura de los mercados.

Frente a la unión aduanera y el mercado único, May plantea un juego de manos imposible: mantener un diálogo o relación fluidos con la UE sin disponer de ninguna de las herramientas que lo hacen posible. Frente a la herencia de Barack Obama –recuperación de la economía a través, entre otros instrumentos, de la fluidez en los intercambios comerciales– Trump predica un proteccionismo resumido en una simplificación tan llamativa como superficial: para que los BMW sigan siendo habituales en la Quinta Avenida de Nueva York deben verse Chevrolet por la Unter der Linden de Berlín. En ambos casos, la banalización de las propuestas no desfigura ni la hondura ni los riesgos asociados a ellas, entre otros el de un choque de trenes –Estados Unidos y China– y otro choque no menos ruidoso entre el Reino Unido y las grandes economías europeas. Ahí están las palabras de Xi Jinping en Davos, de Angela Merkel y de François Hollande para deducir sin esfuerzo que nada bueno se oculta a la vuelta de la esquina.

El profesor Philippe Legrain, de la London School of Economics, asesor durante tres años de José Manuel Durao Barroso, anterior presidente de la Comisión Europea, comparte una idea bastante extendida fuera de las filas del Brexiteers: en ningún lugar está escrito que el apoyo de Trump a la salida del Reino Unido de la UE sea finalmente favorable a los planes de May. El planteamiento general de la primera ministra es cerrar acuerdos bilaterales de comercio, en especial con Estados Unidos, pero tal propósito se compagina mal con el de la nueva Casa Blanca de corregir el déficit comercial con sus principales competidores. Dicho de forma resumida: la industria británica exporta bastante más a Estados Unidos de lo que la industria estadounidense vende al Reino Unido. Brexit en Trumpland se titula el artículo en el que Legrain advierte de la contradicción entre lo que proyecta May y lo que promete el presidente.

El financiero George Soros, que apoyó a Hillary Clinton, ha hecho dos vaticinios en Davos: que Donald Trump “es un estafador y fracasará” y que los británicos “pronto se darán cuenta de que tomaron una decisión equivocada y que les lleva en una mala dirección”. Aun reconociendo a Soros su demostrada habilidad para prever el futuro, sus palabras se antojan sobre todo un reflejo de sus deseos. Ni Donald Trump se encontrará todos los días la vía pública tomada por sus detractores ni la victoria de Hillary Clinton en votos –cerca de tres millones más que su oponente– neutraliza la mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso. Y aún menos parece que Theresa May y su Brexit duro deban afrontar alguna respuesta seria de la calle a pesar de que el 52% de los partidarios de la salida de la UE lo son también de mantenerse en el mercado único, al que ella renuncia.

El poder es, además de un afrodisíaco, un eficaz mecanismo de persuasión. Si antes de jurar el cargo Trump logró que algunas compañías que pensaban invertir en México dieran marcha atrás, temerosas de tener que afrontar alguna forma de penalización, ¿qué no sucederá a partir de ahora? Cosa distinta es la negociación del Brexit –aquí la persuasión no cuenta– a partir de la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión, un proceso sin precedentes, lleno de dificultades técnicas, inevitablemente afectado por el clima político, siempre cambiante, y que en teoría deberá cerrarse en menos de dos años a partir de marzo próximo. Philippe Legrain es categórico: “Es imposible negociar y ratificar un acuerdo comercial sector por sector” con tan poco tiempo. ¿Qué coste político puede tener para May llegar a 2019 con la negociación abierta?

El periódico alemán Die Welt, siempre moderado, ve en los propósitos de May el aislamiento del Reino Unido. La Repubblica, expresión del pensamiento socialdemócrata en Italia, entiende que el Gobierno británico quiere levantar un muro. Le Monde, europeísta sin fisuras, interpreta que la estrategia de Trump contra Europa ha envalentonado a la primera ministra, que porfía por construir un vínculo nuevo y diferente con Estados Unidos. ¿La complicidad de antaño entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan inspira a los herederos del conservadurismo más conservador? ¿Vuelve la agresividad de las identidades nacionales para cuartear la aldea global?

Detrás de tantas incertidumbres concatenadas asoma el fantasma de la inestabilidad política y de los mercados, una agudización de la crisis que zarandea el proyecto europeo y una fractura aún más profunda en la sociedad estadounidense, cuya foto fija más reciente es la composición de la multitud que asistió al juramento de Trump, tan llena de ausencias destacadas. Hay en todo ello muchos motivos para el desasosiego, para que cunda la impresión de que se inicia la marcha más o menos larga y decidida hacia una tierra desconocida, que no figuraba en los planes de los think tank hace solo cinco años. Hay también en todo ello una confirmación del lóbrego vaticinio que hicieron intelectuales progresistas de diferentes tradiciones políticas a raíz de la crisis económica aún vigente: el éxito contable de la globalización es un enorme fracaso social a causa de la desregulación sin cautelas, la presión del mundo financiero, la revolución tecnológica y la devaluación del trabajo. Nadie diría que la enfermedad es pasajera y pronto remitirá la amenaza contra la esencia de las sociedades abiertas.