Trump prende la mecha en Jerusalén

La decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel es una bomba incendiaria lanzada sobre un medio en el que prende el fuego con extraordinaria facilidad. Es también un trágala impuesto a la sociedad palestina, tantas veces sometida a agravio, y es un desafío dirigido a la comunidad internacional por un presidente peligroso, insensible a la trágica historia del conflicto árabe-israelí y a los riesgos que corre con su gusto por la fuerza y su alergia al diálogo. Trump cumple así uno de sus compromisos electorales más llamativos, pero elude sopesar los costes que tendrá en el futuro inmediato.

La alarma en el Departamento de Estado está por demás justificada. Los diplomáticos que con diferentes administraciones y hojas de ruta han seguido el día a día del litigio palestino-israelí son conscientes de que todo empeorará con el regalo navideño de la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, y a su Gobierno de nacionalistas de extrema derecha y fundamentalistas mosaicos. Jerusalén no es cualquier cosa, no es una porción más de los territorios ocupados por el Ejército israelí en junio de 1967, sino que tiene un doble valor político y religioso, no solo para la comunidad palestina, sino para el orbe musulmán. Y el paso dado por Trump es una afrenta cuyas consecuencias inmediatas nadie puede prever. O quizá sí: el lenguaje apocalíptico de Hamas se ha adueñado de las protestas y vuelve a pronunciarse la palabra intifada (la venidera o ya en sus inicios sería la tercera).

Si el llamado proceso de paz hace años que es poco más que una idea vacía de contenido, al desafiar a la historia con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, Estados Unidos simplemente liquida para mucho tiempo la posibilidad de un acuerdo negociado que alumbre un Estado palestino. Pero, además, pone los cimientos o desencadena otros efectos indeseables: refuerza la iniciativa de las facciones palestinas más radicales, obliga a la Liga Árabe a aparentar –de momento, solo aparentar– alguna forma de disgusto y suministra argumentos a la prédica yihadista para atraer más voluntades a su causa. Algo tan previsible y elocuente que ninguno de los presidentes que han precedido a Trump ha estimado oportuno alterar el estatus provisional de la ciudad tres veces santa –aquella que alienta las emociones de los seguidores de las tres religiones del libro– a pesar de la ley aprobada por el Congreso en 1995 para el reconocimiento sin fecha de Jerusalén como capital de Israel.

Cuando aliados fundamentales de Estados Unidos –Alemania, Francia y Reino Unido– se han apresurado a desaprobar sin reservas la decisión de Trump, cuando Arabia Saudí y Jordania hacen lo propio y Turquía amenaza con romper todo vínculo con Israel, cuando todo esto sucede, la atmósfera se carga de electricidad. Como ha escrito Ignacio García Gascón en EL PERIÓDICO, “puede calificarse de hipocresía” la gesticulación de los gobiernos francés y alemán, es incluso razonable hacer extensivo el reproche a cuantos ahora protestan –las presiones sobre Israel para resucitar el proceso de paz nunca han sido mucho más que simbólicas–, pero no es menos cierto que el paso dado por la Casa Blanca agravará la gangrena de la región. Esto es, repercutirá en todas partes en términos políticos y de seguridad.

Si todo el mundo ha preferido congelar el caso de Jerusalén durante 70 años, menos los gobernantes israelís a partir de 1967, es porque nadie cree que sea saludable, estable y pacificador otorgar a la ciudad la capitalidad de Israel a espaldas de los árabes (de los palestinos, para mayor precisión). Todo el mundo ha sido consciente de que era mejor no meterse en el avispero, singularmente a partir de las fracasadas conversaciones de Camp David (julio del 2000) para la creación del Estado palestino, en las que Israel, según varios negociadores, llegó a aceptar alguna forma de presencia institucional de la presidencia palestina en Jerusalén Oriental. En aquella ocasión, Ehud Barak y Yasir Arafat lograron por unos días rescatar la discusión del ámbito de las emociones para llevarla al campo estrictamente político; ahora, a causa de la decisión de Trump, la manipulación de las emociones –los sentimientos religiosos, tan ingobernables– volverá a ser la norma.

El periódico progresista israelí Haaretz se ha molestado en recordar a causa de qué profundas e intrincadas razones la comunidad internacional se ha negado a reconocer la capitalidad de Jerusalén y hasta qué punto fue ambivalente la relación de muchos de los padres fundadores de Israel con la ciudad y sus significados, incluido David ben Gurión. Al citar el libro Jerusalén: la ciudad de los espejos, de Amos Elon, el periódico no hace más que objetivar las dificultades intrínsecas para otorgar un estatus político a Jerusalén que nadie discuta, que a nadie dañe u ofenda. Basta remontarse al plan de partición de Palestina, aprobado por la ONU en 1947, que otorgaba a la ciudad la condición de corpus separatum bajo administración internacional para desgajar el control y uso político de la ciudad y cercanías –Belén, el lugar más sensible– del de por sí complejísimo reparto de la tierra en disputa.

Las referencias a la extrema derecha cristiana de Estados Unidos –si Jerusalén no ha de ser del orbe cristiano, que lo sea al menos del pueblo elegido–, la influencia en el comportamiento de la Casa Blanca de Sheldon Adelson, un contribuyente entregado a la campaña de Trump, y de Jared Kushner, yerno el presidente, ambos destacados integrantes de la comunidad judía estadounidense de registro muy conservador, y la voluntad de contrarrestar el factor iraní en la guerra de Siria se han manejado como resortes principales para accionar la palanca del reconocimiento de la capitalidad. Se trata de ingredientes importantes, pero se antojan insuficientes o revelan por parte del presidente y sus colaboradores más cercanos un desprecio absoluto por los equilibrios estratégicos a que obliga el rompecabezas de Oriente Próximo. En cambio, ese mismo desprecio reafirma la voluntad de Trump de imponer en la política exterior de Estados Unidos una unilateralidad a ultranza, como si el objetivo último fuese desmantelar o borrar del mapa el multilateralismo practicado con Barack Obama y sus dos secretarios de Estado, Hillary Clinton y John Kerry. Que tal unilateralidad sea eficaz o siembre de riesgos las áreas más calientes del planeta cuenta menos que llevar hasta sus últimas consecuencias el eslogan América primero, aunque está por demostrar que una decisión como la que atañe a Jerusalén favorezca los intereses de Estados Unidos más allá del impacto inicial.

Si asisten razones históricas –mitológicas también– para que Jerusalén sea la capital de Israel, se dan estas en igual medida en el campo árabe-musulmán a través de la comunidad palestina. Cuantos invocan la necesidad de negociar entienden que cualquier otro camino lleva indefectiblemente a una solución injusta, inmoral puede decirse, pero cada vez se aleja más la posibilidad de negociar una salida y, al mismo tiempo, cada vez está más cerca un desenlace semejante al apartheid sudafricano, a la consolidación de un sistema arbitrario impuesto por la fuerza por los gobernantes israelís.

 

El califato se adapta a la derrota

Los más de 300 muertos habidos en el atentado del Estado Islámico contra una mezquita en la península del Sinaí confirmó los peores presagios: la victoria militar casi consumada sobre los combatientes del califato en Irak y Siria desvanece la pretensión yihadista de disponer de un territorio propio, pero garantiza una multiplicación de los golpes de mano en todas direcciones, dentro y fuera de sociedades de mayoría musulmana. Que Rusia dé por acabada la fase militar de la guerra en Siria –contra el terrorismo y contra las diferentes oposiciones al presidente Bashar al Asad– no significa que cesará o se diluirá la iniciativa de los combatientes de la yihad, sino que cambiarán las características del desafío, se acentuará la libertad de acción de las células durmientes y los lobos solitarios seguirán siendo un riesgo permanente en todas partes. La impregnación de la causa de los muyahidines de Abú Bakr al Bagdadi en la prédica del islam ultraconservador y sectario no permite aventurar un escenario mejor.

En Egipto, el presidente Abdel Fatá al Sisi no ha podido cumplir la promesa de proporcionar seguridad, estabilidad política y progreso económico a cambio de acumular todos los poderes efectivos del Estado –una vez neutralizados los islamistas que capitalizaron la primavera de 2011–, sino que ha claudicado y se ha sometido a los designios de Arabia Saudí, ha defraudado a unas clases medias empobrecidas y ha condenado a la juventud a una situación de postración extrema (30% de paro). Una atmósfera social irrespirable, propicia para que el yihadismo piense que el laberinto egipcio dispone de caladeros en los que echar las redes. De hecho, la estrategia de seguridad desplegada por Al Sisi en el Sinaí ha provocado desplazamientos forzosos de población, con el consiguiente descontento de los afectados, mientras la efervescencia de la franquicia local del ISIS ha arruinado la industria turística y la estabilidad política no es más que un subproducto del estado de excepción establecido en la península en 2014 y extendido a todo el país en abril de este año.

La especialista Robin Right escribe en el semanario The New Yorker que Al Sisi “reina como el más poderoso hombre fuerte entre los gobernantes de más de veinte países árabes, pero más allá de eso, su estrategia en el Sinaí no funciona”. No solo no funciona en términos de seguridad, sino que la osadía de los yihadistas ha vaciado los hoteles, ha privado a Egipto de una de sus más saneadas fuentes de ingresos y ha sembrado dudas sobre la capacidad del país para evitar que un pequeño territorio a las puertas de Israel se consolide como un santuario del islamismo radical.

Quizá no todo lo que sucede en el Sinaí sea culpa en exclusiva de la ineficacia egipcia, quizá los requisitos exigidos por Israel en su día para devolver la península a Egipto –una desmilitarización casi total del área– tenga que ver con el éxito de la colonización yihadista, pero al final los resultados son los que son y las implicaciones políticas ahí están. Ni las promesas de Al Sisi y sus generales de controlar la estrategia del terror entre el canal de Suez y la franja de Gaza ni el apoyo oficial de Occidente al presidente de Egipto logran contrarrestar la máquina propagandística del Daesch, su compromiso de llevar la guerra santa a cualquier lugar.

Dispuestos a dar la razón al título del libro de Loretta Napoleoni, El Fénix islamista, este renace una y otra vez con una extraordinaria capacidad de adaptación a todos los terrenos y circunstancias, convertido en un mecanismo de agitación política que ha arraigado con fuerza inusitada, disfruta de cierta hegemonía cultural en segmentos minoritarios, pero importantes, de las sociedades musulmanas y está lejos de ser una propuesta de acción directa en retirada. Frente a las simplificaciones y certidumbres elementales que atrae a los seguidores de la prédica yihadista, los países occidentales han abrazado una vez más la solución del mal menor, han aceptado que gobiernos venales o teocracias retrógradas se mantengan en el puente de mando y han dejado que la desilusión, el desengaño y la frustración sucedan a la breve ilusión reformadora de las primaveras árabes. Y al tomar este camino, Estados Unidos y sus aliados no han hecho más que consolidar zonas de inestabilidad crónica –Libia, Siria– en los que es imposible un final feliz.

El recurso a la religión como coartada ideológica es más eficaz que la confusa doctrina europea y estadounidense de actuar en origen –en la economía, en las ayudas al desarrollo, en la seguridad– para evitar la exportación del terrorismo. Todo cuanto inspira la estrategia yihadista apunta siempre a la política de las emociones –el sacrificio de los mártires, las apelaciones a Al Ándalus, el califato, los clérigos exaltados– y a la incompatibilidad insuperable del islam ortodoxo –sea lo que sea lo que esto significa– con otras versiones del mismo islam –la mezquita del Sinaí acoge a una congregación sufí– y con el modelo occidental de sociedad. Fuera de ese islam monolítico, que opera como ideología movilizadora, todo debe ser combatido; la convivencia de credos, culturas y modelos políticos se tiene no ya por imposible, sino que se presenta como degradante para el futuro de la comunidad musulmana.

En la historia egipcia, donde coinciden desde el final de la monarquía la secularización objetiva de una parte de la sociedad, una dictadura militar de pulso cambiante, el crecimiento de los Hermanos Musulmanes y una prolongada crisis económica, agravada por la corrupción, se dan bastantes de los ingredientes esenciales para que la propaganda radical tenga eco. El golpe de Estado de 2013 que devolvió a los militares la presidencia del país y la represión desencadenada contra la Hermandad, con el beneplácito de los salafistas y de varias personalidades laicas, no ha hecho más que facilitar las cosas a los ideólogos del califato, dispuestos a ensangrentar otros escenarios con un mínimo de recursos –los que aún tienen a pesar de las últimas derrotas– y sin que importen demasiado las bajas propias en combate (una vez más, la cultura del martirio).

Cuenta el arabista Gilles Kepel que el día que asesinaron al presidente Anuar el Sadat se encontraba en El Cairo. Horas después del magnicidio, de vuelta al lugar donde vivía, preguntó a la encargada del establecimiento si sabía qué había sucedido. “Sí”, contestó. Y añadió más o menos: “Se lo había buscado”. Sadat, tan apreciado por los gobernantes occidentales, resultó ser un traidor para muchos egipcios a causa de los acuerdos que suscribió con Israel; hoy Al Sisi, aceptado por Europa y Estados Unidos como un aliado necesario, acaso sin alternativa posible, es un apóstata para sus enemigos emboscados en el pedregal del Sinaí (como el rey Salmán de Arabia Saudí y muchos otros). Esto es, lo presentan como un gobernante ilegitimado para liderar a musulmanes. Todo tiene la coloración de un futuro sin futuro.

Arabia Saudí calienta Oriente Próximo

Desde que un ministro saudí dijo el día 6 que el Ejecutivo libanés sería tratado como “un Gobierno que declara la guerra” la escalada verbal y los gestos hostiles han ido en aumento, empezando por la retención o secuestro de Saad Hariri un día después de anunciar desde Riad que renunciaba al puesto de primer ministro. La rivalidad estratégica por la hegemonía en la región entre Arabia Saudí e Irán alienta detrás de este nuevo foco de tensión en el que coinciden la presencia del movimiento chií Hizbulá en el Gobierno libanés, la preocupación de siempre de Israel por lo que sucede más allá de su frontera norte; la suerte de la guerra del Yemen, donde los saudís están muy lejos de poder cantar victoria; el aislamiento catarí promovido por la diplomacia saudí en el seno de la Liga Árabe, sometida a los intereses de la dinastía Saúd; y la decisión del rey Salman de nombrar sucesor a su hijo Mohamed, con su correlato de purgas en las estancias de palacio.

Todo esto concurre en la peligrosa iniciativa saudí de tensar la cuerda en Líbano, con el beneplácito de Estados Unidos y el consentimiento implícito de Israel. “Cuanto hace Arabia Saudí más allá de sus fronteras tiene que ver con Irán”, dice Tamara Wittes, de la Brookings Institution, y esta vez no es una excepción. Los caminos y los intereses de ambos países chocan en el golfo Pérsico, colisionan en Siria a causa del apoyo permanente de los ayatolás a Hizbulá, aliado de Bashar al Asad, se enfrentan en Yemen por la asistencia iraní a los hutís (chiís) y se entrecruzan desde tiempo inmemorial en la rivalidad histórica entre la mayoría suní del mundo musulmán y la minoría chií, cuya referencia primera es la República Islámica fundada por Jomeini. Nada es nuevo en esta última entrega del conflicto salvo la doble aquiescencia estadounidense, que apoya a un tiempo a sus dos grandes socios en el teatro de operaciones, Israel y Arabia Saudí, concretando una triple alianza perfectamente operativa.

Puede decirse que nada es contra natura en esta entente cordiale con israelís y saudís en el mismo bando. Para los primeros, el mayor riesgo en su frontera norte es Hizbulá –20.000 milicianos con un entrenamiento equiparable al de cualquier Ejército convencional, 25.000 reservistas y un arsenal generosamente provisionado por Irán–; para los segundos, Hizbulá es uno de los factores clave de la capacidad de resistencia de Bashar al Asad y un instrumento en manos de los iranís para ampliar su área de influencia. Para ambos, el régimen iraní es el gran adversario a neutralizar para asentar el control sobre el mundo árabe y para mantener la tutela permanente de Estados Unidos sobre el desarrollo de los acontecimientos en Irak (el 60% de la población es chií).

Si hasta la fecha la contención se ha impuesto en el Gobierno israelí a pesar de las presiones de la extrema derecha es a causa de los malísimos antecedentes de las dos anteriores guerras del Líbano, en las que la presión de la comunidad internacional en la primera (1982) y de la opinión pública en la segunda (2006) se entendieron como dos derrotas apenas encubiertas por la propaganda. Pero analistas como el diplomático Dan Shapiro, exembajador estadounidense en Israel, ven en la situación actual los riesgos de un conflicto militar inducido por terceros. “Puede suceder –estima Shapiro– que los saudís intenten crear las condiciones para una forma diferente de impugnar a Irán en el Líbano: una guerra de Israel contra Hizbulá”. Y en este hipotético caso, el temor es que una operación a gran escala contra los milicianos incendiara la región; conllevara costes inasumibles para el Gobierno israelí.

¿Cuáles serían estos costes? Los mismos que en el 2006: un elevado número de bajas, la humillación del empate en el campo de batalla frente a un ejército de milicianos y el rechazo de una opinión pública traumatizada por la llegada de los ataúdes a las bases militares. Los generales entienden que solo una operación relámpago de entre 48 y 60 horas garantizaría una intervención corta y victoriosa, aunque extremadamente cruenta entre la población civil y con un altísimo precio para la imagen internacional del país. “Si se desencadena una guerra (…) necesitamos actuar con todas nuestras fuerzas desde el principio”, declaró en junio el mayor general Amir Eshel, a la sazón comandante de la fuerza área. Con el probable añadido de considerar al Ejército regular libanés, de recursos modestos, “un enemigo al lado de Hizbulá”, según la fórmula usada por el apocalíptico Avigdor Lieberman, ministro de Defensa de Israel.

Sostiene Amos Arel, un analista del periódico progresista israelí Haaretz, que la volatilidad del momento entraña un riesgo añadido: que un incidente local provoque una escalada militar. Este es el peor escenario imaginable para Israel y quizá el más apetecible para Hizbulá y su dirección política, donde Hasán Nasrala ha impuesto la doctrina de los resultados por encima de la preocupación por el parte de bajas. Así sucedió en 2006, así sucede hoy en las operaciones llevadas a cabo en apoyo de Bashar al Asad y así probablemente sucederá en el futuro, completamente ajena la organización a cómo puede reaccionar la opinión pública mundial, tal como ha demostrado con su prolongada participación en la matanza siria. Hizbulá cuenta con la generosa ayuda iraní y con la complicidad rusa en el frente, y esto le basta para justificarse ante sus seguidores.

Cuanto más se prolongue la estancia de Saad Hariri en Riad más delicada se tornará la situación porque mayor peso específico tendrá el frente radical en el Gobierno libanés. El pasa dado por el rey Salman es un recurso insólito y un dato a tener en cuenta en el futuro inmediato al analizar la pretensión saudí de tratar como disidentes a cuantos discutan o perturben sus designios para Oriente Próximo. De hecho, el programa que aplica la corte de Riad no está exento de riesgos mayores que la teocracia saudí trata de encubrir con gestos modernizadores y una pretendida guerra abierta contra la corrupción, pero el delicado equilibrio en la región más caliente del planeta, en una atmósfera de crisis crónicas, puede saltar por los aires a poco que alguien cometa un error de cálculo. No es tan difícil que esto suceda en el complejo entramado donde porfían actores políticos, con armas o sin ellas, que se oponen a la lógica saudí, con Rusia en primer lugar.

Rusia, de nuevo en la senda de Trump

El zarpazo yihadista del martes en Nueva York es útil al presidente Donald Trump para volver a la carga en su propósito de restringir al máximo la entrada de inmigrantes en Estados Unidos, en especial los que proceden de países de mayoría musulmana, pero es insuficiente para neutralizar el nuevo frente abierto por los tribunales en relación con la implicación rusa en la campaña del candidato presidencial republicano en las elecciones del 2016, de las que el miércoles próximo se cumplirá un año. La tragedia que precedió al desfile de Halloween por el centro de Manhattan volvió a subrayar la vulnerabilidad de las grandes ciudades, la generalización de la técnica del atropello masivo mediante un vehículo robado o alquilado –los casos de Barcelona y de Nueva York– y el previsible aumento de los golpes de mano en nombre del ISIS en cualquier parte, destinados a contrarrestar la derrota militar del Daesh en Siria e Irak. Pero la repercusión de las ocho muertes en un carril-bici es improbable que contrarreste las dudas cada vez mayores acerca de los compromisos privados adquiridos por Trump y su equipo con los gobernantes rusos.

El caso de Paul Manafort y sus asociados vuelve a alimentar las mismas suspicacias de siempre: ¿hasta dónde llegó la injerencia rusa en la campaña?, ¿qué intereses no conocidos hipotecan las decisiones de la Casa Blanca o pueden hacerlo?, ¿hasta qué punto la intromisión rusa alejó a Hillary Clinton de la presidencia y la acercó a Donald Trump?, ¿hasta dónde los intereses del millonario Trump interfieren en las decisiones del presidente Trump? No es solo que se multipliquen las voces que ponen en duda la capacidad y preparación del presidente para cumplir con su cometido, es que se pone asimismo bajo sospecha la transparencia de quienes contribuyeron a sentarlo en el Despacho Oval (Manafort fue director de campaña entre junio y agosto del 2016).

¿Quién es Manafort? Un lobista, un personaje cuyas convicciones políticas sintonizan con quien le paga en cada caso, así se trate de un aspirante a suceder a Barack Obama, de tres de sus antecesores –Gerald Ford, Ronald Reagan y George H. W. Bush, a quienes asesoró–, de los dictadores Ferdinand Marcos (Filipinas) y Mobutu Sesé Seko (Zaire, hoy República Democrática del Congo) y del líder guerrillero Jonás Savimbi (Angola), y más recientemente de Víktor Yanukóvich, expresidente ucraniano, un peón en el tablero de Vladimir Putin. Cuando un lobista representa en Estados Unidos los intereses de un Gobierno foráneo, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, en vigor desde 1938, obliga al interesado a dar cuenta de su trabajo ante la Administración, algo que Manafort no hizo al asumir la asesoría de Yanukóvich en compañía de su socio Rick Gates.

Manafort y Gates se han entregado al FBI y se encuentran bajo arresto domiciliario, acusados de actuar de acuerdo con los intereses de una potencia extranjera sin haberlo notificado, de blanquear dinero y de diez cargos más de acuerdo con la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller. Para redondear el pastel, otro exasesor de Trump, George Papadopoulos, ha admitido que mintió con anterioridad y que mantuvo contactos con alguien del entorno del Kremlin que le prometió procurarle información relativa a algún trapo sucio de Hillary Clinton (correos electrónicos comprometedores). Todo francamente maloliente y que remite a la labor encubridora puesta al servicio de la presidencia por los colaboradores de Richard Nixon, urdidores o simples ejecutores de lo que entre 1972 y 1974 se conoció como caso Watergate. Como entonces, lo que se va sabiendo da a entender que la campaña republicana lo fue todo menos limpia.

Que el equipo de asesores de Hillary Clinton elaborara un dosier recopilatorio de la Russian connection, tan llamativo como de dudosa veracidad, no reduce el impacto que sobre la opinión pública y el prestigio de la presidencia tiene el proceso en curso. Porque mientras la excandidata demócrata carece de poder y recursos para interferir en la labor presidencial, Trump tiene en su mano todos los resortes para aplicar un programa presidencial ensombrecido por la sospecha, con el control de las dos cámaras del Congreso asegurado hasta noviembre del 2018. Que, por lo demás, tal control se ponga a menudo en duda por la incompatibilidad entre Trump y el republicanismo clásico no disipa los riesgos potenciales derivados de un vínculo nunca aclarado entre el Kremlin y la Casa Blanca, unos riesgos que apenas alteran el apoyo del que Trump disfruta entre el electorado republicano –alrededor del 78%–, mientras senadores críticos como John McCain, Jeff Flake y Bob Corker pierden peso o apoyos a un año de las elecciones legislativas.

La cadena de televisión Fox News, altavoz oficioso de Trump, ha encontrado en las revelaciones de The Washington Post sobre el dosier clintoniano un argumento definitivo para intensificar la campaña contra Robert Mueller, exigir que deje de husmear en la campaña de Trump y exigir al mismo tiempo que ponga proa a Clinton. “Es hora de desactivarlo, voltear las mesas y encerrarla [a Hillary Clinton]”, ha clamado Jeanine Pirro en la emisora ultraconservadora, mientras se acumulan las pruebas probablemente incriminatorias del ecosistema trumpiano. “Nixon hizo esto en 1973, despidiendo al fiscal especial Archibald Cox y provocando un bramido nacional de indignación”, recuerda Nicholas Kristof, pero el precedente histórico importa poco a un presidente que se siente a salvo con el apoyo de los defraudados por la globalización, por el precio pagado para superar la crisis y por la decadencia de una parte de la industria.

La utilización política de un atentado resulta siempre repulsiva, y la maniobra de Trump y su séquito no es una excepción. Es un síntoma elocuente de la degradación de una parte del establishment y del recurso permanente al oportunismo para imponer un programa de Gobierno que choca demasiadas veces con los tribunales, con la tradición política estadounidense y con la cultura liberal. Es posible que la hipoteca rusa en el mandato de Trump sea menos determinante de lo que se cree o se vislumbra a partir de informaciones fragmentadas, pero hasta que no se aclare el alcance real de la Russian connection la Casa Blanca seguirá envuelta en una atmósfera viciada que, en última instancia, favorece a Putin en diferentes escenarios –en Siria sin ir más lejos– y desorienta a los aliados de Estados Unidos, singularmente a los europeos. Y si cuanto permanece oculto o solo insinuado es tan definitivo como algunos pronostican, entonces las consecuencias futuras de la quiebra moral y política son imprevisibles.

 

Todo el poder para Xi Jinping

La equiparación de Xi Jinping a Mao Zedong y a Deng Xiaoping como referente ideológico absoluto del régimen chino ha puesto en manos del presidente una acumulación de poder del que carecieron sus antecesores, ha cercenado las aspiraciones de quienes podían ansiar sucederle en el 2022 y da pie a toda clase de especulaciones acerca de su propósito de seguir en el poder más allá de este año. Contra lo que se ha convertido en un hábito en la China del capitalismo tutelado por el partido, la limitación a dos mandatos de cinco años del presidente es ahora una incógnita, la edad de los cinco nuevos miembros del comité permanente de siete del Partido Comunista Chino (PCCh) –tienen todos más de 60 años, los inhabilita para la sucesión– no incluye ningún tapado y es imposible saber si entre los jóvenes del politburó lo hay. Como ha titulado un artículo Chris Patten, último gobernador británico de Hong Kong, Xi es en muchos sentidos el nuevo emperador chino.

¿Cómo es posible tal entronización, acompañada del inevitable culto a la personalidad? Un largo análisis publicado por Foreign Policy subraya la preocupación de Xi por combatir a sus adversarios antes de 2012, cuando alcanzó la presidencia. Urgido por el descontento social a causa de la corrupción, el contagio momentáneo de las primaveras árabes y algunas señales de agotamiento del modelo de crecimiento, el futuro presidente se desembarazó de sus competidores o de quienes podían limitar su poder en el seno del PCCh, algo que no estuvieron en situación de hacerlo sus predecesores, Hu Jintao y Jiang Zemin. La purga de Bo Xilai, cabeza de una tupida red de corrupción fue, en este sentido, un episodio determinante para que Xi llegara a la cima sin grandes contrincantes que pudieran discutirle su autoridad.

Claro que tal acumulación de poder es “una espada de doble filo” (Patten), aunque las imágenes del 19 congreso del PCCh, rendidos los delegados ante las proclamas de Xi, pueden inducir a pensar justo lo contrario. Y lo es porque la concentración de competencias entraña una contrapartida no escrita: sus adversarios actuales o futuros descargarán sobre el presidente toda la responsabilidad política si se tuercen las cosas. Una posibilidad que en absoluto debe descartarse habida cuenta de los desafíos que deberá afrontar durante los próximos cinco años en tres frentes: el asentamiento de China como potencia global en todos los ámbitos, no solo en el económico, la atenuación de las desigualdades sociales, siempre en aumento, y la corrección que los efectos del desarrollo a toda máquina ha tenido en el medio ambiente (contaminación de las aguas y del aire en las grandes ciudades, destrucción de cultivos, crecimiento desordenado de las periferias urbanas, etcétera).

Se dice que su gran aliado para vender ante el mundo la consistencia del modelo de “socialismo con características chinas” es Donald Trump, ensimismado por una política errática, empeñado en liquidar cuanto hizo su antecesor en el plano internacional y en promover un modelo de crecimiento económico del todo permisivo con las agresiones al medio natural. Pero esa hipótesis de trabajo –la involuntaria complicidad de Trump en la consagración de Xi como líder mundial con inquietudes sociales– no es mucho más que una posibilidad basada en datos aislados, imprecisos las más de las veces. Hay otros muchos, desde la crisis desencadena por Corea del Norte con su programa nuclear hasta las reivindicaciones chinas en el Pacífico occidental que pueden otorgar a Trump en algún momento el inesperado perfil de renovado protector de los intereses de terceros desde Corea del Sur a Filipinas.

Pesa sobre China y su éxito económico del último cuarto de siglo la desconfianza de sus vecinos, persuadidos de que su papel hegemónico en Asia tiene el perfil de la amenaza o la presión a largo plazo, algo que favorece a Trump y perjudica a Xi. La concentración de poder, que desentierra el modelo de dictadura leninista como característica esencial del régimen chino, y el presupuesto de Defensa alarman a países esenciales en el dispositivo de seguridad de Estados Unidos, caso de Japón. Nadie es capaz de vaticinar, por lo demás, cuál es el verdadero significado de la etiqueta “socialismo con características chinas” mientras crecen las desigualdades y los inversores extranjeros se pregunta cada vez con más frecuencias qué riesgos correrá el modelo a poco que el ciclo económico le sea adverso.

Un dato no desmentido es que con un aumento del PIB por debajo del 7% anual –una barbaridad–, la maquinaria económica china es incapaz de absorber los 15 millones de habitantes del campo que cada año se trasladan a las grandes ciudades (cifras de 2011). La decisión del partido de legitimar el enriquecimiento, mantenerse nominalmente como comunista, pero comportarse como un conglomerado nacionalista, y aceptar el papel de gran fábrica del mundo ha permitido hasta la fecha que la nueva China mantenga un crecimiento sostenido sin tensiones inflacionistas, pero la pretensión de que aumente el consumo interno y de que se acorte algo la distancia entre los muy ricos y los rematadamente pobres –una multitud inconmensurable– puede desajustar el engranaje. De hecho, son varios los economistas que afirman que el modelo solo es viable en sus características actuales con una mano de obra extremadamente barata y sin amortiguadores asistenciales (las prestaciones sociales habituales en el Estado del bienestar).

Que esto preocupara poco a los inversores y consumidores occidentales hasta hace unos pocos años no quiere decir que hoy pueda soslayarlo Xi como un molesto dato marginal. Si hasta hace unos pocos años nadie aplicaba a China la convicción de John Mearsheimer de que las superpotencias buscan constantemente “demostrar su fuerza ante sus rivales más allá de sus esferas de influencia”, hoy precisa Xi hacerlo para acallar a cuantos más o menos quedamente, en nombre de la naturaleza nacionalista del partido, exigen una política de mantequilla y cañones. Y en ambos frentes debe actuar Xi para que los destellos del poder absoluto no se conviertan en una cortante espada de doble filo, tan monolíticamente compleja y opaca la estructura del poder en China como un jeroglífico demasiadas veces indescifrable.

 

El ‘Irma’, otro síntoma grave

La devastación causada por los huracanes Harvey e Irma añade argumentos a cuantos se esgrimieron durante la presidencia de Barack Obama para que finalmente Estados Unidos firmara el acuerdo trabajosamente negociado en París en 2015. No hay un solo informe que niegue la contribución humana al cambio climático capaz de refutar la realidad y de poner en duda la solidez de las pruebas. El empeño del presidente Donald Trump de favorecer la minería del carbón, autorizar las explotaciones petrolíferas en ecosistemas especialmente delicados y justificar tales medidas en la necesidad de que la economía se reactive en entornos sociales deprimidos –uno de sus nichos de votos– no es más que una forma de agravar el problema y hacerlo quizá irresoluble.

Salvo los productores de informes adscritos a la estrategia de algunas multinacionales del sector de la energía, no todas por fortuna, que presentan los efectos del calentamiento global como uno de tantos episodios de cambio climático vividos por el planeta y niegan que la acción del hombre tenga algo que ver, todos los modelos elaborados por la comunidad científica coinciden en el diagnóstico. Ningún estudio solvente descarta el factor humano en el aumento de la temperatura media con su correlato de ascenso del nivel del mar, avance del desierto y lluvias torrenciales de efectos catastróficos, por no hablar de la calidad del aire en las grandes conurbaciones, de la sobreexplotación de los mares y de la acumulación incontrolada de residuos. Esto es, no hay modelo o previsión de futuro que no plantee una revisión en profundidad del modelo económico, de las formas de crecimiento y de la sostenibilidad del sistema productivo.

Los grandes países contaminantes han aceptado tomar medidas acordes con el acuerdo de París, siquiera sea por preservar su imagen ante la opinión pública y ganar influencia ante la comunidad internacional. Este es el caso de China, cuyo Gobierno se ha convertido en paladín de las inquietudes climáticas después de años de vulneración sistemática del Protocolo de Kioto (1997) en nombre del desarrollo económico que precisaba el país. A diferencia del rumbo fijado por el Gobierno indio por razones parecidas a las esgrimidas con anterioridad por el chino y de la doctrina defendida por la Casa Blanca, el presidente Xi Jinping ha tomado la iniciativa y ha asociado su nombre al de la Unión Europea para reducir el calentamiento global, promover las energías renovables y detener la depauperación del medio ambiente. Se trate de una maniobra oportunista o de una sincera conversión a la causa ecologista, algo improbable, el compromiso chino pone en evidencia la insensibilidad de Trump ante sociedades cada día más preocupadas por la degradación galopante de los ecosistemas y las hipotecas de futuro que ello conlleva.

Declaraba el escritor José Luis Sampedro al final de su vida –murió el 8 de abril del 2013– que nos hallamos “al final de una cultura” y en “el inicio de algo muy diferente”.  Y mencionaba a China, India, Rusia y Brasil como actores determinantes de esta cultura o mundo diferentes: “En estas circunstancias se mezclan –decía– la evolución del sistema en sí mismo, la endógena, con las influencias externas que pueden ser absorbentes o disolventes con los resultados que en cada caso se produzcan”. Sampedro intuyó, con su habitual brillantez, que la hegemonía cultural en la aldea global no estaría solo al alcance de los grandes poderes consagrados en el pasado, sino de aquellos emergentes que sintonizaran con procesos de cambio muy rápidos, entre ellos la panoplia de problemas relacionados con el cambio climático.

Trump y su equipo navegan por mares bastante alejados de tal percepción de futuro y desprecian o ignoran los argumentos de las distopías más difundidas relacionadas con la mutación genética del medio ambiente desencadenada por el hombre y perceptible en todas partes. Cuando George Steiner afirma que el progreso de Europa obedece a que “la naturaleza nunca aplastó al ser humano”, invoca una condición en proceso de cambio alarmante: basta repasar los momentos de catástrofe en lo que llevamos de siglo XXI para concluir que algo grave nos amenaza y solo serán eficaces a largo plazo las soluciones globales. Aunque los asesores de cabecera de Trump lo pongan en duda, el efecto mariposa es algo más que una mera hipótesis; la necesidad de un análisis holístico del medio ambiente y de acciones a escala planetaria es una exigencia irrenunciable.

De hecho, renunciar a ello lleva directamente a la crisis pronosticada por la fallecida nobel de la Paz Wangari Maathai: “En pocas décadas, la relación entre el medio ambiente, los recursos y el conflicto puede parecer casi tan evidente como la conexión que vemos hoy entre los derechos humanos, la democracia y la paz”. Hay ejemplos que ilustran esa deriva hacia la tensión entre estados o grupos de estados por el control de los recursos naturales –petróleo, agua y minerales–, y son numerosísimos los ejemplos que ilustran el choque entre intereses privados y responsabilidades públicas para preservar el futuro viable del planeta. Es este uno de los grandes debates éticos del presente y uno de los terrenos de juego en los que el neoliberalismo se siente más incómodo cuando debe confrontar sus teorías del crecimiento con la prueba del nueve de la sostenibilidad.

A raíz de la arremetida del huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans a finales de agosto del 2005, se creyó que los neocon se habían visto obligados a someter a revisión sus opiniones sobre el estado de salud del ecosistema planetario. Fue un espejismo o una opinión precipitada. En el pensamiento conservador, en general, y en el estadounidense en particular, prevalece la creencia y defensa del crecimiento ilimitado, de la sostenibilidad mediante el progreso tecnológico y del derecho de los individuos a gestionar los recursos de la Tierra en función de sus necesidades. Que cualquier trabajo de campo medianamente riguroso desautorice tal esquema importará muy poco mientras los intereses económicos en juego se impongan a cualquier otra consideración. Esta situación no solo se da en Estados Unidos, donde el punto de vista de Trump es heredero de una larga lista de negacionistas, sino en la mayoría de lugares en los que la preservación del medio es incompatible con las finanzas globales… Y como en toda enfermedad, la ecológica se agrava a cada día que pasa sin actuar.

 

 

Cartas marcadas en Corea

Alguien ha dicho que Kim Jong-un y Donald Trump son dos pirómanos a quienes corresponde apagar un fuego. El escritor Paul Auster ve en Trump el perfil de un neurótico y dice rezar para que no repita mandato. Vladimir Puntin vislumbra una “catástrofe global” a causa de la escalada de la crisis con Corea del Norte, pero se opone a nuevas sanciones. China ha dejado de ver en Kim al aliado necesario, pero sigue viéndolo como el peón indispensable. En el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras tanto, suenan las alarmas y Japón y Corea del Sur sienten el calor de las llamas, de esa hoguera encendida por los generales norcoreanos para hacer de su pequeño país un territorio invulnerable gracias a su arsenal nuclear de bolsillo, pero de Pekín y Moscú llega la orden de no sumar más sanciones a las ya aprobadas.
Donald Trump declaró, recién elegido, que no tenía inconveniente en entrevistarse con Kim. Pasados los meses, las pruebas con misiles intercontinentales, la detonación de bombas atómicas y la amenaza de un ataque contra la isla de Guam llevaron al presidente de Estados Unidos a amenazar asimismo a Corea del Norte con una lluvia de “furia y fuego”. Cundió el desasosiego en el Pentágono y el secretario de Defensa, James Mattis, apeló a la diplomacia para superar la crisis, pero no se desvaneció la intranquilidad porque es el presidente quien gestiona su cuenta de Twitter y, como tantos usuarios, sus mensajes parecen responder a impulso primarios, poco reflexivos, carentes de un plan surgido del análisis de la situación. Se puede decir que Trump está empeñado en dar la razón a los que ven en él a alguien poco o nada preparado para ocupar el lugar que ocupa.
Así están las cosas, envueltas en la improvisación permanente y la imposibilidad de acogerse a precedentes más o menos útiles para afrontar la crisis con imaginación, prudencia y realismo (tampoco desde la trinchera norcoreana, sobra decirlo). No valen aquí los hábitos de la guerra fría, tantas veces citados con poco fundamento, a pesar de la lejana inspiración de los esquemas mentales de la dictadura de Kim en los mecanismos de acción-reacción que prevalecieron hasta la caída del muro de Berlín y la desaparición de la URSS. Tampoco vale fiarlo todo a la creencia de que, si China se lo propone, el desafío de Pyongyang tiene una salida relativamente fácil y rápida. En ningún caso, en fin, se pueden minimizar los riesgos con la simple creencia de que Estados Unidos y Corea del Norte son conscientes de que una guerra es imposible.
Como ha escrito Katharine H. S. Moon en Foreign Affairs, atrapada en medio de la escalada se halla Corea del Sur, con una capacidad muy limitada para gestionarla, con su capital, Seúl, a 50 kilómetros de la divisoria vigente desde 1953 –la zona desmilitarizada que tiene como referencia el paralelo 38– y al alcance de la artillería de largo alcance del norte, y con el primer socio comercial, China, al lado de su adversario. A lo que quizá debe añadirse el desconocimiento absoluto de los auténticos planes de la Casa Blanca para contener la peor de las inercias: la que margina la negociación y opta por la acción directa. Un disparate absoluto según todas las teorías de la escalada militar tal y como se deduce fácilmente de conflictos archiestudiados –Vietnam, Afganistán, Irak, etcétera– en los que la voluntad negociadora fue a menudo poco más que una simulación para justificar lo injustificable ante la opinión pública.
A primera vista resulta desconcertante que el presidente Trump haga coincidir la última prueba nuclear norcoreana –la detonación de una bomba de hidrógeno– con reproches a Corea del Sur a causa de la disposición al diálogo y al apaciguamiento del Gobierno liberal de Seúl. Pero detrás de la crítica presidencial se adivina el propósito de vincular la crisis de seguridad a los objetivos económicos de la Casa Blanca, según ha puesto de relieve The New York Times; esto es, hacer frente a la competencia asiática siempre creciente en el comercio global, en cuyo núcleo se encuentran China y Corea del Sur. Cuando el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anuncia un plan para cortar los lazos económicos con “cualquiera que haga negocios con Corea del Norte” se dirige indirectamente tanto al Gobierno de Pekín como al de Seúl, al menos teóricamente, y refuerza la hipótesis de una posible respuesta dura a la exhibición nuclear norcoreana (las maniobras con fuego real en Corea del Sur, un ejemplo).
Hay en todo ello una mezcla del populismo servido por los estrategas de la campaña de Trump en 2016 más la dificultad manifiesta de la Casa Blanca para aceptar las convenciones más elementales y el código de señales en vigor en la península de Corea desde el armisticio de 1953, que creó una zona desmilitarizada de cuatro kilómetros de anchura que separa los dos países. Desde entonces, todo es excepcional y complejo, y ha dado pie al desarrollo de dos regímenes antagónicos, representantes de dos comunidades con designios opuestos: al norte, una dinastía heredera del stalinismo más hermético y propulsora de un nacionalismo extremo; al sur, una república decidida a seguir los pasos de Japón, una suma de tradición, tecnología de última generación y disciplina sin excepciones. Pero esa dualidad evidente no ha roto la unidad cultural a pesar de la propaganda a ambos lados de la frontera, del esfuerzo estéril por separar a ambas comunidades, utilizadas hasta la saciedad por las grandes potencias para sus propios fines a cambio de una prosperidad deslumbrante.
Que los últimos presidentes de Estados Unidos no hayan logrado destensar la situación mediante la negociación y proyectos de cooperación económica no significa que la brocha gorda entrañe mayores posibilidades de éxito. De hecho, la nuclearización de la crisis ha confirmado cuanto se ha dicho del poder de disuasión de los arsenales atómicos: que quienes los poseen ponen a salvo su existencia a causa de su capacidad para desencadenar una respuesta devastadora. La gran diferencia entre el equilibrio del terror de hoy y el de la guerra fría es que este obedecía a un sistema que desde 1962 (crisis de los misiles de Cuba) quedó resguardado de sobresaltos inesperados y el de ahora se da en ausencia de un sistema o acuerdo tácito que regule, paute, module las desavenencias entre adversarios en situaciones límite.
“No ha habido ninguna generación anterior de hombres de Estado que haya tenido que dirigir los asuntos públicos en un ambiente tan desconocido y al borde del Armagedón”, dijo en cierta ocasión Henry Kissinger, convencido de que la coexistencia pacífica era la única forma posible de riesgo calculado entre contrincantes con arsenales nucleares. Hoy el aserto sigue teniendo todo su sentido, aunque en el entorno de Trump haya quien cree en una posible victoria militar o destrucción del régimen norcoreano sin que, por lo demás, Rusia y China pidan explicaciones. Esta crisis es tan antigua y está tan manoseada que todas las cartas están marcadas y ningún tahúr logró nunca ganar la partida.

 

Viaje a lo desconocido de Venezuela

La carrera al galope hacia la fractura social y el enfrentamiento civil emprendida por Venezuela mediante la pugna entre Gobierno y oposición dispensa este fin de semana un nuevo marco de referencia: la elección de una llamada asamblea constituyente que pretende desactivar la Mesa de Unidad Democrática (MUD) mediante la creación de una nueva planta institucional que deje sin efecto la mayoría parlamentaria –112 escaños de 167–, obtenida por los adversarios del chavismo en las elecciones de 2015. Ninguna de las mediaciones, intermediaciones y misiones de buena voluntad que han viajado a Venezuela estos últimos meses han conseguido bajar las pulsaciones a una crisis que se desarrolla en medio de un descalabro económico asfixiante, y con el contador de muertos en la calle en marcha en esas manifestaciones y huelgas promovidas por la oposición y reprimidas sin contemplaciones.
El principio de acción y reacción se ha convertido en el único programa político que sobrevive a la pelea entre enemigos irreconciliables, entre un Parlamento legitimado por la victoria electoral y un Ejecutivo empecinado en seguir su camino aunque carece de mayoría para aplicar la receta bolivariana sin atenerse a los requerimientos de la MUD. Respaldado por los restos de la mayoría social que dio la victoria a Hugo Chávez en 1999 y en varias elecciones posteriores, el poschavismo nunca ha aceptado la exigencia democrática de que el Gobierno se someta al control del Parlamento y acepte la independencia del poder judicial; se ha creído con la autoridad moral o la legitimidad histórica de seguir con un programa impugnado en las urnas por la mayoría. El encarcelamiento de Leopoldo López, el estilo desafiante de Nicolás Maduro, el conflicto con la Fiscalía, la idea misma de abrir un proceso constituyente para liquidar al Parlamento, todo cuanto sucede hoy en el país ha agravado el desprestigio de un experimento sociopolítico que empezó a dar señales de agotamiento en cuanto el precio del petróleo cotizó a la baja. Frente a las teorías conspiratorias de Maduro y su círculo más cercano, que quizá contienen algo de verdad, prevalece la impresión de que la desastrosa gestión de la economía durante los años de bonanza ha condenado a Venezuela a la ruina y a la revolución bolivariana, al desprestigio.
Cuando el sociólogo francés Alain Touraine puso en duda en 2006 la capacidad transformadora del modelo chavista, abundaron las críticas. Pero el tiempo ha dado la razón a Touraine y se la ha quitado al coro encargado de exaltar la figura del líder desaparecido: “A pesar de los progresos logrados desde su elección –escribió–, el de Chávez sigue siendo un modelo débil de transformación social, si se consideran los inmensos recursos obtenidos por Venezuela por el aumento brutal del precio del petróleo”. Esto es, la aplicación de las misiones chavistas (programas sociales) fueron un ejemplo de políticas rentistas en una economía poco menos que de monocultivo, cuya viabilidad se desvaneció en cuanto el precio del barril dejó de ser el cuerno de la abundancia. Y el descenso del precio del petróleo coincidió en el tiempo con un retroceso de los abanderados del reformismo social en América Latina; se esfumó aquella atmósfera tan propicia a los ensayos socializantes.
Si a todo esto se añade la proliferación de errores de manual –expulsión de Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times, arremetidas contra Mariano Rajoy, recurso al populismo económico (subidas de dos dígitos del salario mínimo con una inflación de tres dígitos, invocación de líderes desprestigiados (Daniel Ortega) o crepusculares (Raúl Castro)–, se llega a esta estación de fin de semana que no es de llegada a ninguna parte, sino que abre una gran incógnita: ¿al día siguiente qué? ¿Será suficiente sacar todo el jugo a la incontinencia verbal de Mike Pompeo, director de la CIA, que el 20 de julio dijo en Aspen (Colorado) que trabajaba duro para restablecer la democracia en Venezuela? ¿Será suficiente con presentar a México y Colombia como el frente conspirador manipulado por Estados Unidos para hacerse con el petróleo venezolano, según repite Maduro? ¿Será necesario que el poschavismo aguce el ingenio para dar vida a nuevos fantasmas?
Sorprende a un analista tan situado en las antípodas de la causa bolivariana como Andrés Oppenheimer que los despachos de Caracas insistan en la codicia estadounidense para hacerse con las reservas de crudo cuando se dan al menos tres factores para dudar de ello: Estados Unidos está a un paso de consolidar su autonomía energética, los países más ricos de la OPEP trabajan en programas para desollar energías alternativas o invertir en ellas y muchos de los yacimientos descubiertos los últimos años entrañan un coste de explotación ruinoso. Al mismo tiempo, resulta indescifrable el diseño de las relaciones con la Unión Europea –a través de España principalmente–, tan al alcance del equipo de Maduro. Y aún resulta más incomprensible que los admiradores de la república bolivariana en el exterior –aquí Podemos y vecindarios próximos– se pongan de perfil, incapaces de distinguir entre lo que es y lo que pudo ser, entre una vía de agua más o menos controlable y el hundimiento del Titanic.
Venezuela puso rumbo a lo desconocido hace tiempo y la elección de una constituyente vislumbrada por los ideólogos del poschavismo no hace más que oscurecer el futuro y suministrar a la oposición argumentos definitivos para ganar la batalla de la opinión pública, no solo de fronteras afuera, sino en el interior del país. Pretender que una asamblea elegida a espaldas de la legitimada por la Constitución puede desposeer a esta de sus competencias, disolverla, soslayar sus funciones o condenarla a vivir en tierra de nadie, sin que se debilite la solvencia y la imagen del Estado, es tanto como pensar que no pasará mucho más de lo que ya pasa: más de cien muertos en las manifestaciones, desabastecimiento, inflación galopante –puede llegar al 700% al acabar el año–, degradación de la sanidad y un largo etcétera de miserias.
No hay nada peor que desentenderse de la realidad cuando esta es tan evidente como el caos de Venezuela de todos los días. En las crisis sociales, ninguno de los inductores suele ser completamente inocente -solo las víctimas que las padecen lo son-, pero sí hay quienes tienen más medios para acometerlas y paliarlas. Seguramente el Gobierno de Venezuela los tuvo en algún momento, pero hoy carece de ellos salvo que lograse llegar a un acuerdo de mínimos con la oposición, algo tantas veces intentado y no conseguido que hoy se antoja una quimera. O acaso la antesala de una pesadilla porque lo peor aún puede estar por llegar.

Mosul, una victoria sin gloria

La ocupación de Mosul por el Ejército de Irak, la más que probable muerte de Abú Bakr al Bagdadi, fundador del Estado Islámico y transmutado en el califa Ibrahim, y el atisbo de colaboración entre Estados Unidos y Rusia en Siria, tregua mediante, han desatado la incontinencia de los propagandistas frente a la prudencia de los analistas. Dicen los primeros que si la ocupación de Mosul en 2014 sin apenas combates alarmó a la comunidad internacional, la recuperación de la ciudad por los iraquís, apoyados por Estados Unidos, debe ser tenida igualmente como un hecho relevante que cambia por completo la presión de los yihadistas en el laberinto de Oriente Próximo. Matizan los segundos que el episodio de Mosul conlleva una redistribución del poder en Irak y también en el islamismo radical, capacitado para llevar su desafío a otros lugares menos controlables –el Sahel, por ejemplo– o con una mayor capacidad de intimidación en la aldea global: las grandes áreas urbanas de Europa occidental.

Varias veces se ha puesto de manifiesto la falta de justificación del entusiasmo desencadenado por un éxito en concreto en el campo de batalla o en la neutralización de un líder político –así el apresamiento de Sadam Husein el 13 de diciembre de 2003–, porque las organizaciones muy centralizadas y con una sólida estructura militar suelen contar con mecanismos de sustitución inmediatos. El Estado Islámico o ISIS o Daesch no es una excepción y, aun debilitado, conserva una respetable fuerza de choque dentro y fuera del territorio que controla. En el plano interior, gracias a la logística aplicada por su Gobierno en las sombras o no tanto; en el ámbito internacional, gracias al dinamismo de sus afectos, cuyas filas seguramente engrosarán en el futuro cuantos logren huir de la derrota de Mosul y de otras previsibles en un futuro no muy lejano. El destino de estos últimos será, como se ha repetido hasta la saciedad, su lugar de origen –el Gobierno de Marruecos cree que los retornados del campo de batalla que salieron del país no bajarán de 1.800–, muchos de ellos con pasaporte europeo y larga experiencia en combate, cuyo cálculo es extremadamente difícil (puede que algunos miles).

Como explica con precisión el profesor Ignacio Álvarez-Ossorio en Siria. Revolución sectarismo y yihad, el doble frente del Estado Islámico contra el enemigo interior y contra el exterior es la esencia de su combate en todas direcciones, y tal planeamiento no decae por más que la pérdida de Mosul haya sido un duro golpe. Es más, tal como advierten los analistas, un hipotético final del Estado Islámico no significaría forzosamente la neutralización efectiva del yihadismo, sino que posiblemente sería el inicio de otra cosa, de otra planta organizativa con otro equipo dirigente, pero la idea de los dos frentes seguiría vigente.

Sigue en pie toda la fraseología de Abú Umar al Bagdadi, predecesor del fundador del califato sedicente, recogida por Álvarez-Ossorio. Nadie pone en duda en el conglomerado yihadista el siguiente enunciado: “Los gobernantes de los territorios islámicos son traidores, infieles, pecadores, mentirosos y criminales (…) La lucha contra ellos es más importante que la lucha contra los ocupantes cruzados”. Nadie disiente en el campo yihadista cuando se dice que los occidentales son “infieles a los que se debe atacar en su propio territorio”. Se trata en ambos casos de poco menos que dogmas de obligada observancia cuyo poder de convicción va más allá de la supervivencia del califato. Y esa fundamentación ideológica de la yihad, con estos términos u otros, la comparten Al Qaeda, sus numerosas franquicias y otras organizaciones terroristas surgidas en el orbe musulmán.

De hecho, al contemplar el paisaje desolado de Mosul después de la gran batalla –del 17 de octubre del año pasado al 9 de julio en curso–, es legítimo preguntarse: ¿es esta la imagen de la victoria o la de una derrota encubierta? Porque Mosul, como antes Palmira, como la mayoría de ciudades sirias sometidas a una doble guerra, por lo menos –la de Bashar al Asad y sus aliados y la del Estado Islamico–, no es más que una montaña de escombros, un paisaje en ruinas del que han tenido que huir cientos de miles de personas. Porque la capacidad de resistencia de los muyahidines ha puesto en duda el reparto del poder en Irak, de aquel poder surgido de la ensangrentada posguerra que nunca ha sido capaz de llevar su autoridad a todos los rincones del país.

Maria Fantappie, del International Crisis Group, distingue hasta tres cambios sustanciales en la estructura de poder iraquí, impuesta y tutelada por Estados Unidos. Primero, la difícil coexistencia entre los políticos que llegaron al poder a la caída de Sadam Husein y los que han encabezado la ofensiva de Mosul, que incluye a los combatientes kurdos. Segundo, el arraigo de redes de poder informal –dicho de otra forma, no institucional– que en muchos casos sustituyen al Estado. Tercero, una nueva relación entre el Estado central y el territorio que obliga a descifrar quién ejercerá en el futuro el poder real. No cuesta demasiado asociar estos tres puntos al perfil de un Estado fallido o camino de serlo, o quizá obligado a una transformación institucional que impone un nuevo esquema del poder por la fuerza de los hechos.

Sostiene Richard N. Haass, presidente del Council on Foreign Relations, que el presidente George W. Bush eligió en 2003 ir a la guerra porque le persuadieron de que “podían lograrse grandes cosas con un pequeño coste”. Si fue así, y ese es el punto de partida de su tesis en el libro que sobre las dos guerras de Irak publicó en 2009, tan error fue optar por las armas como carecer de un plan para gestionar la posguerra que evitara que esta se convirtiera, como sucedió, en una violenta continuación de la guerra misma. “Una pobre elección pobremente llevada a la práctica”, dice Haass. La aparición de Al Qaeda en suelo iraquí, donde nunca antes estuvo, y el nacimiento del ISIS son consecuencia directa de tales falta de previsión y pobreza de medios, porque todo Oriente Próximo sucumbió a la desestabilización, arraigó un sentimiento generalizado de agravio en el mundo árabe y acaso una parte del fracaso de las primaveras deba atribuirse también a aquella democracia controlada que Estados Unidos quiso imponer a cañonazos.

Si ya nadie niega que la captura de Mosul por el ISIS en junio de 2014 y la huida en desbandada del Ejército iraquí fueron la prueba fehaciente de que los yihadistas eran capaces de desafiar a un Estado sin atributos, ¿quién puede dudar de que es discutible que consiga hacerse con ellos sobre un océano de ruinas? Más parece que esta victoria sin gloria lo es todo menos un capítulo definitivo en la construcción del Irak vislumbrado por los neocon y en la neutralización de la yihad global, incluso si el Estado Islámico deja algún día de existir o se dice que dejó de existir.

 

Trump, en la hora de la ‘finezza’

Para alguien tan poco dado a las sutilezas de la política exterior como Donald Trump, el desafío norcoreano del 4 de julio resulta doblemente complejo porque se trata de una amenaza real a la seguridad de Estados Unidos y porque no puede afrontarse con una exuberante exhibición de fuerza. El lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong 14 ha cambiado por completo los términos de la ecuación coreana hasta el punto de que el presidente ha reconocido por primera vez que no afecta solo a la seguridad del noreste de Asia y a la de sus dos principales aliados, Corea del Sur y Japón, sino directamente a Estados Unidos: las islas Aleutianas y el territorio continental de Alaska. Y ha dado especial valor a la puntualización hecha por Philip Bump en The Washington Post: “Olvidamos a veces que la retórica del presidente Trump no se forjó durante años de análisis políticos o en discusiones con expertos en política exterior y asuntos internos, sino en la entrevista telefónica semanal con Fox and Friends (un talk show)”.

El recordatorio resulta pertinente porque es una forma simple y rápida de prever el acercamiento a la crisis que puede realizar el presidente más allá de los factores que objetivamente la delimitan:

-Corea del Norte ha dejado de ser una amenaza potencial para convertirse en real, gestionada además por un dirigente imprevisible, Kim Jong-un, necesitado de gestos contundentes para mantenerse al frente del régimen fundado por su abuelo.

-China y Rusia preservan el régimen de Corea del Norte y lo utilizan por razones diferentes, pero igualmente eficaces, en su competición a escala planetaria con Estados Unidos y más específicamente en el este de Asia.

-Cualquier recurso a la fuerza de Estados Unidos afectaría directamente a Corea del Sur y a Japón.

-La artillería pesada de Corea del Norte, situada a un tiro de piedra de la línea de armisticio, tiene a Seúl a su alcance, según le consta al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En fecha tan relativamente lejana como el 22 de junio del 2006, Ashton B. Carter, futuro secretario de Defensa de Barack Obama, y William J. Perry, uno de los secretarios de Defensa de Bill Clinton, firmaron un artículo en The Washington Post, recordado ahora por The New York Times, que contenía la siguiente afirmación: “Si Corea del Norte persiste en sus preparativos para el lanzamiento [de misiles], Estados Unidos debe dejar clara inmediatamente su intención de bombardear y destruir” las instalaciones en tierra. Eran los tiempos de George W. Bush, tan aguerridos, pero en el caso coreano prevaleció la creencia de que carecía el país de capacidad para dotarse de un pequeño arsenal nuclear que lo convirtiera en un territorio inatacable ante el riesgo de una respuesta con armas atómicas.

Hoy puede decirse que Estados Unidos renunció a limitar la capacidad de su adversario mediante la adaptación al caso de la doctrina de contención del enemigo, desarrollada por George F. Kennan en los albores de la guerra fría con la Unión Soviética, y en cambio ahora parece la única salida apropiada para un conflicto que ha crecido exponencialmente, aunque “esto no soluciona el problema; es solo una forma de vivir con él”, según el análisis de David E. Sanger en The New York Times. Pero esta contención del enemigo debe excluir un análisis meramente militar o especialmente militar de la situación por las antedichas implicaciones; debe, por el contrario, buscar la negociación y la complicidad internacional para evitar riesgos mayores, tal como ha transmitido a Trump el presidente surcoreano, Moon Jae-in. Un camino complejo, pero más seguro que el recurso a los generales, y al alcance de la mano de los tres tenores (en la reunión en Hamburgo del G20, el presidente de Estados Unidos tiene cita con Xi Jinping, presidente de China, y Vladimir Putin, presidente de Rusia).

En este enfoque con predominio de la diplomacia, respaldada por la potencia de fuego, la finezza es esencial. ¿La tiene Trump, exigido por los halcones del Partido Republicano, pero aconsejado por el general Herbert R. McMaster, un analista bastante respetado en Washington? Las dudas ensombrecen el cielo de la Casa Blanca. Philip Bump ha recordado esta semana, en un análisis que se remite a la cuenta de Twitter del presidente, algunos de sus mensajes más rotundos, como este del 8 de abril del 2013: “Pienso que China tiene un control total de la situación (…) [Corea del Norte] no podría existir ni un mes sin China. Y pienso francamente que (…) China no es nuestro amigo”. Ni absolutamente falso ni absolutamente cierto, sino más bien una simplificación de una realidad llena de matices no siempre evidentes, desaparecidos definitivamente en el fragor de la campaña –marzo del 2016–, cuando tachó al líder norcoreano de maníaco y reprochó a Obama no despachar una fuerza de choque al teatro de operaciones (él dijo haberlo hecho en abril del año en curso, pero en realidad nunca hubo barcos en ruta).

No es la primera vez que una Administración siente a su espalda el aliento de la amenaza nuclear. El presidente John F. Kennedy tuvo que afrontar en octubre de 1962 la crisis provocada por la instalación en Cuba de silos de misiles soviéticos de alcance medio, y en aquella ocasión, a pesar de las presiones de una parte del generalato, esa finezza de la que ahora se duda hizo posible una salida que conjuró el Armagedón y, de paso, sistematizó para siempre la guerra fría, la alejó de situaciones altamente peligrosas o ingobernables. Hoy no hay sistema o el sistema está poco asentado, depara sorpresas todos los días y, por esta razón, requiere más que nunca la intervención de gestores que rehúyan los planteamientos binarios, que no comulguen con la creencia de que es posible aplicar soluciones fáciles a problemas enrevesadamente complejos.

“Para un presidente casado con su propia versión de las fake news –pudiera decirse posverdad–, la manera más fácil de afrontar una verdad inconveniente puede ser redefinir o simplemente soslayar la línea roja original”, aquel presupuesto a partir del cual solo es posible una respuesta o reacción contundente, sostiene el analista John Nilsson-Wright, del think tank Chatham House. Pero, en el caso norcoreano, es poco menos que imposible no darse por enterado de que el lanzamiento del misil intercontinental ha ido más allá de cualquier previsible amenaza o línea roja, es imposible consagrar la improvisación para gestionar el problema sin tomar decisiones que blinden la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados sin agravar la situación, grave de por sí.

David Talbot recuerda en su libro La conspiración que el presidente Kennedy creía que la guerra en la era nuclear “constituía un asunto demasiado importante” como para que quedara en manos de los generales. Eran los tiempos de Curtis LeMay y otros uniformados de gatillo fácil, dispuestos a desencadenar una hecatombe planetaria con tal de barrer a la Unión Soviética de la faz de la Tierra. ¿En qué papel se siente más a gusto Trump: en el de Kennedy o en el de LeMay; en el de posibilista paciente o en el de comandante en jefe desbocado? A saber.