Trump o el desbarajuste como sistema

La destitución de Rex Tillerson refuerza la sensación de desbarajuste o improvisación en la Casa Blanca y subraya al mismo tiempo la inconsistencia de los nombramientos hechos por Donald Trump al ocupar la presidencia. Los medios liberales o simplemente ecuánimes entienden que el final de la carrera política de Tillerson obedece a la determinación presidencial de apoyarse solo en el círculo de leales que comparten con él el eslogan América primero por encima de cualquier otra consideración (The New York Times) y, al mismo tiempo o como resultado inmediato, pone en riesgo algunos de los pilares de la estabilidad internacional: el acuerdo nuclear con Irán (Politico.com), el precario sistema de equilibrios en Oriente Próximo y la colaboración con los aliados. Mientras los analistas, las publicaciones y las televisiones que arropan a Trump transpiran entusiasmo, una parte del Partido Republicano teme que en noviembre las elecciones castiguen la ejecutoria del presidente, no exenta de frivolidad.

Se dice que los nombramientos posteriores al 20 de enero del año pasado pretendieron satisfacer las expectativas de los diferentes sectores del republicanismo, desde la extrema derecha surgida del caldo de cultivo del Tea Party al ala conservadora más convencional e influyente durante décadas. Acaso fue una operación de maquillaje para poner en marcha la maquinaria, pero enseguida afloró la incomodidad de Trump con cuantos discreparon de su pensamiento. En poco más de un año, el presidente ha prescindido de una veintena de colaboradores de primer orden, sometidos a un enfoque enteramente personalista e imprevisible de los asuntos públicos, donde siempre han pesado más las opiniones de su hija Ivanka, una especie de primera dama bis al lado de Melania, y de Jared Kushner, marido de Ivanka y tanto o más conservador que el presidente. A pesar de su inexperiencia política, de los escándalos reales o supuestos que le persiguen desde el principio, Trump se ha rodeado de un limitadísimo equipo de fieles, dispuestos a poner en práctica un programa sin conexión argumental con sus predecesores.

Quizá sea cierto que nunca pensó el candidato republicano que ganaría las elecciones de noviembre del 2016, como afirma Michael Wolff en Fuego y furia, pero una vez lograda la victoria adecuó la tarea a su perfil egocéntrico, propio de un empresario acostumbrado a tambalearse en la cima, rehacerse y volver a empezar, y así varias veces en el transcurso de su dilatada biografía. Todas las reorganizaciones, destituciones, controversias con sus asesores y colaboradores se deben a la propensión presidencial a cambiar el paso sobre la marcha cuantas veces haga falta con tal de que prevalezca su propósito de desarmar parte sustancial de la herencia recibida de los últimos presidentes, especialmente de Barack Obama, obsesión permanente de la ultraderecha estadounidense.

Cuando un semanario tan conservador como The Weekly Standard describe el despido de Tillerson de forma especialmente rotunda, cabe suponer que el modus operandi del presidente incomoda incluso a sus alentadores de primera hora: “El despido del secretario de Estado, Rex Tillerson, fue un ejemplo de libro de texto sobre el enfoque de Donald Trump respecto a las decisiones de personal: abrupto, humillante y ejecutado desde una distancia segura”. Esta distancia de seguridad fue la cuenta personal de Trump en Twitter, el mismo canal por el que avanzó el nombre del sustituto, Mike Pompeo, un halcón obsesionado con Irán, y de la sucesora de este al frente de la CIA, Gina Haspel, una exagente de la casa partidaria de la tortura, tan parecida en sus rasgos esenciales a alguno de los personajes de la película La noche más oscura; personajes entregados a aplicar los llamados eufemísticamente “interrogatorios reforzados”, promovidos por la Administración de George W. Bush después del 11-S.

Una vez más, los acontecimientos dan la razón al escritor Richard Ford. Para él, la mayor diferencia entre Obama y Trump es que el primero se tomó la presidencia en serio, en actitud reflexiva, y el segundo cree poder manejarla según sus designios, sin utilizar el gran angular que requiere una ocupación tan compleja. Frente al compromiso internacional de combatir el cambio climático, con China y la Unión Europea al frente, el presidente invoca la necesidad de reactivar la industria para encubrir que sus inquietudes medioambientales tienden a cero; frente a la libertad de comercio promovida por la OMC, se remite a la necesidad de proteger a los productores estadounidenses de la competencia exterior; frente al compromiso iraní de aparcar el programa nuclear, se remite a una idea preconcebida: que el acuerdo de Obama con los ayatolás es el peor de todos los tratos posibles, aunque la información recogida sobre el terreno desmiente el aserto. Y así con todo: de la posesión de armas a la efervescencia supremacista; de la reforma sanitaria, denostada todos los días, a la construcción de una muralla en la frontera con México.

Aunque le echaron de la Casa Blanca hace unos meses, las decisiones que toma Trump revelan que sigue en vigor una de las máximas más conocidas de Steve Bannon, publicista de extrema derecha y estratega de cabecera del presidente hasta que decidió prescindir de él. La lucha hoy no es entre derecha e izquierda, sino entre nacionalistas y globalizadores, dice Bannon en cuanto tiene ocasión, y esta idea tan simple, propia de un populismo esquemático, impregna todas las decisiones del Despacho Oval, incluso cuando los versados en diferentes materias avisan de que se perpetrará un disparate, así sea reconociendo la capitalidad de Jerusalén mediante el traslado allí de la Embajada de Estados Unidos en Israel o imponiendo gravámenes a las importaciones de acero y aluminio. Es poco menos que imposible encontrar en la historia de la presidencia del país un primer año más desconcertante y errático, incluso entre aquellos inquilinos de la Casa Blanca que han pasado a los anales como ejemplos de lo que nunca debió suceder (Herbert Hoover, Richard Nixon y George W. Bush, tres de ellos).

Gary Younge, uno de los editores del periódico progresista británico The Guardian, no se ha andado por las ramas al describir la línea de conducta seguida por Trump y sus allegados: “La venalidad es tan barroca, la vulgaridad tan ostentosa, las inconsistencias tan severas, la incompetencia tan épica y las mentiras tan descaradas, que te deja sin palabras”. Cree Young que la presidencia se desmorona, pero junto a esta impresión de naturaleza política se manifiesta todos los días otra realidad: la mayoría de los votantes de Trump están encantados con los alardes presidenciales, y movilizaciones como las de los estudiantes contra la permisividad en la tenencia de armas les parecen inspiradas por un espíritu radical o, peor aún, por el contagio de socialistas europeos (no se citan nombres ni procedencia).

Puede que sea verdad que se asiste a un desmoronamiento de la presidencia, es cierto que el índice de popularidad de Trump al cumplir su primer año de mandato era insólitamente bajo, pero mientras siga disfrutando del colchón de adeptos detectado por las encuestas, tiene muchas posibilidades de salir airoso de la prueba electoral de noviembre. En una sociedad tan radicalmente dividida como la estadounidense, más importa conservar los votantes captados que andar a la trabajosa búsqueda del consenso nacional, siempre tan indeterminado y volátil, que Obama persiguió con escasa fortuna. Y Trump, carente de otras virtudes, tiene la de resistir a los adversarios detrás de un muro infranqueable de seguidores que juzgan necesario demoler las convenciones políticas que se olvidaron de ellos. En este tablero juega el presidente la partida.

 

Otra huida hacia adelante de Maduro

La decisión de la oposición venezolana de ausentarse de la elección presidencial fijada para el próximo 22 de abril es motivo de controversia dentro del bloque enfrentado al régimen chavista y en las filas de su electorado potencial. Si no cambian las cosas de aquí al próximo jueves, fecha límite para la presentación de candidatos, Nicolás Maduro prolongará su mandato sin mayores esfuerzos y competencia, reelegido por los suyos sin adversario con el que medirse, mientras los ciudadanos sin candidato se quedarán en sus casas con la frustración de no haber podido siquiera forzar al chavismo a echar toda la carne en el asador y sin necesidad alguna de manipular el recuento.

Frente a la idea de que es mejor presentarse, perder y, en última instancia, provocar el fraude, ha prevalecido la suposición de que el amaño está asegurado de antemano y no merece la pena desgastar a nadie en una batalla de costes políticos impredecibles. Con el candidato presidencial de las últimas convocatorias, Henrique Capriles, inhabilitado, la Asamblea Constituyente neutralizando al Parlamento elegido en 2015 y todo el sistema orbitando alrededor del núcleo duro del PSUV, la decisión tomada por los líderes de la oposición –los encarcelados, los vigilados y los exiliados– resulta comprensible, pero políticamente es más estéril que presentarse y perder, porque desaparece la posibilidad de medir la capacidad de movilización de los rivales de Maduro. Y condena a la frustración a una parte importante del electorado, desorientada y sin espacio político en el que encontrar cobijo.

La degradación del experimento venezolano ha convertido la apuesta populista en una pesadilla: ha destruido la economía, ha ahondado en la fractura social y ha adulterado la planta institucional mediante una exuberante proliferación de organismos paralelos a los oficiales o convencionales cuyo único fin es neutralizarlos. Cuando el cambio oficial del dólar ronda los 240.000 bolívares, nada es posible: la crisis de subsistencias se agrava todos los días, el petróleo ha dejado de ser el bálsamo de Fierabrás que cura todos los males y el régimen se escuda en su propaganda, en las proclamas grotescas de su presidente y en las referencias constante al padre fundador. Por eso resulta especialmente chocante la decisión de la oposición de dejar el campo libre a Maduro para consagrarse en el poder, incluso admitiendo que han sido muchas las ocasiones en las que el Gobierno se ha saltado todas las reglas y demasiadas las ocasiones en las que el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral han actuado como simples correas de transmisión de las necesidades del chavismo.

“O enfrentamos el fraude con el apoyo de la comunidad internacional y evitamos que esa elección ilegal se realice, o participamos con un candidato de consenso que sea capaz de convertir el descontento de la mayoría en una verdadera rebelión de votos que saque a Maduro de Miraflores”, reclama el editorialista de Tal Cual, el periódico fundado por Teodoro Petkoff, prestigioso líder de la izquierda y fundador del Movimiento al Socialismo. Puesto que evitar la elección resulta harto improbable por no decir imposible, la única vía es participar mediante una acción concertada de toda la oposición, subraya el diario, sean más o menos buenas las relaciones en el variopinto conglomerado de siglas que reúne la Mesa de la Unidad Democrática.

En los artículos de Andrés Oppenheimer, columnista del Miami Herald, resuena el punto de vista de la Administración de Trump, que es partidaria de utilizar la campaña como altavoz de los males presentes y resorte para una gran movilización popular, aunque al final, si las circunstancias lo exigen, no quede más remedio que retirarse de la contienda. Todos los think tank acreditados descartan la posibilidad, siquiera sea remota, de una intervención militar, según se molesta en subrayar Oppenheimer. No se trata de una renuncia ética, sino que es resultado de un análisis aplastantemente realista: una intervención encabezada por Estados Unidos silenciaría las voces latinoamericanas críticas con el régimen venezolano y reforzaría a sus últimos aliados, con Cuba en cabeza.

Se dice que la Casa Blanca espera que la presión de la calle, unida a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, acabe por desestabilizar al régimen y provocar su implosión. Pero es este un esquema que contradicen experiencias anteriores en las que regímenes dictatoriales monolíticos, apoyados en la movilización de sus afectos, han dado pruebas de una resistencia casi ilimitada a pesar de las hambrunas, las enfermedades y otras lacras fruto del aislamiento. Cierto que el ambiente en Latinoamérica ha dejado de ser propicio a los herederos de Hugo Chávez, pero ellos confían en que una conjunción de fenómenos favorables les permita salir del pozo. Confían, por ejemplo, en un ascenso del precio del petróleo; confían también en una victoria de Andrés Manuel López Obrador en México, que proporcionaría a la causa un aliado de peso; confían, en fin, en que se aligere la protesta en la calle mediante el incesante flujo migratorio de descontentos en todas direcciones.

Puede que tales esperanzas no sean más que un remedo del cuento de la lechera, pero son las que hace creer al grupo de Maduro que el tiempo corre a su favor. Más aún, en la vecindad de Maduro son varios los que piensan –Diosdado Cabello, el primero de ellos– que permanece viva en la memoria de los sectores sociales más vulnerables el recuerdo de la pobreza en los años de abundancia, cuando se turnaban en el palacio de Miraflores presidentes del Copei y de Acción Democrática. No cree Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas exiliado en Madrid, que la rememoración del pasado consuele o justifique a nadie en el presente, tampoco lo cree el círculo de Leopoldo López, en arresto domiciliario, a pesar de que el aparato de propaganda del chavismo ha dado muestras de una eficacia y poder de convicción nada desdeñables a partir del momento en que la revolución bolivariana emitió las primeras señales de agotamiento.

Si fueron ciertas las estadísticas referidas a la situación social en Venezuela antes de 1999 (elección de Chávez), en aquel entonces el 65% de la población vivía en el umbral de la pobreza o en sus aledaños, y en este caso el tiempo transcurrido para olvidar el pasado es insuficiente y la base argumental de la arenga revolucionaria sigue plenamente vigente. Si es cierto que los ascensores sociales apenas funcionaban en Venezuela al producirse el caracazo (27 de febrero de 1989), entonces es más que factible que el chavismo disfrute todavía de un importante y dinámico apoyo popular. Y si es así, el empeño de la oposición en negar las debilidades del pasado como causa primera de los problemas del presente es del todo preocupante.

Nada justifica el viaje a ninguna parte o, aún peor, hacia el gran desastre, emprendido por el régimen, pero su permanente huida hacia adelante no sería posible sin que desigualdades lacerantes hicieran posible hace casi 20 años que los electores llevaran en volandas a Chávez hasta la presidencia a pesar de su pasado golpista. Por aquel entonces, con un sistema de partidos minado por la corrupción y una economía descoyuntada, movimientos políticos de todos los colores, los empresarios, la Iglesia y organizaciones civiles de todos los ámbitos creyeron que la única forma de salir del atolladero era ventilar los salones del poder. Y aunque la atmósfera hoy está tanto o más emponzoñada que entonces, el recuerdo de aquel oscuro pasado sigue siendo útil para la legitimación propagandística de las directrices chavistas, presentadas como el instrumento para la redención de los oprimidos.

La crisis de la política desfigura Europa

Dice el profesor Daniel Innerarity que “la democracia está bastante bien” y que “lo que está mal es la política”, una forma concisa, provocativa si se quiere, de describir dentro de qué laberinto transita Europa –Occidente en general– después de una crisis que ha desfigurado su rostro. Esto es, siguiendo con el razonamiento de Innerarity, la tradición democrática salvaguarda los derechos a protestar, a votar, a opinar, a ir de un sitio a otro, a mandar un twit, en general a expresarse y a vigilar los poderes públicos, a veces de una forma radical e innovadora, pero falla la política, “la capacidad de recoger todas esas reivindicaciones caóticas, a veces contradictorias e incluso incompatibles, y darles un formato positivo”, según manifestó el último lunes en el programa Millennium de La 2, emitido en horario solo apto para insomnes.

La mezcla de escepticismo, desconfianza y auge de la extrema derecha, tan visible en las elecciones celebradas en Europa durante el 2017, le dan en gran parte la razón: las referencias clásicas de la política han dejado de producir ideas nuevas y en su lugar se han dedicado a gestionar miedos colectivos –los flujos migratorios, el desafío islamista, la degradación del mercado de trabajo, etcétera– y a someterse a las exigencias de la economía global. Mientras, los movimientos sociales surgidos durante el desenlace de la crisis –el 15-M en España, fenómenos de similar naturaleza en otros lugares– han quedado como “una indignación un poco improductiva, como un gesto desesperado o desesperanzado porque lo que no está bien es la política” (otra vez Innerarity). La política no funciona para encauzar inquietudes y situaciones nuevas.

La crisis del sistema de partidos en varios países se atiene a la doble lógica de desgaste e ineficacia de organizaciones incapaces de interpretar los mensajes que envían los movimientos sociales, las oenegés, la comunidad académica y los medios de comunicación. En Francia dispone de mayoría absoluta un partido creado deprisa y corriendo por el presidente Emmanuel Macron al tiempo que los instrumentos clásicos de la derecha y de la izquierda languidecen o se enfrascan en estériles batallas internas. En Alemania, la formación de Gobierno es un calvario para regocijo de Alternativa para Alemania, un grupo de extrema derecha tan cercano a los peores momentos de la historia del país que causa desasosiego imaginarlo como primer partido de oposición subido a la tribuna de oradores del Bundestag. En España, el salto de un bipartidismo imperfecto a un tetrapartidismo no menos imperfecto resulta escasamente productivo o atractivo para una sociedad decepcionada, con las heridas de la crisis sin curar. En Austria y Holanda, el populismo ultra lleva a los partidos que no lo son o no lo fueron a abrazar el canon ultraconservador; en Polonia, Hungría y otros lugares la prédica ultranacionalista gana adeptos sin cesar.

La democracia funciona, pero la política se ensimisma y desoye las voces que creen indispensable una mise à jour. Jean Daniel recogió el año pasado, en uno de sus comentarios en el semanario L’Obs, párrafos como el que sigue de la introducción de Pierre Rusch para el libro La idea del socialismo, del alemán Axel Honneth: “Hace menos de cien años, el socialismo era un movimiento tan pujante en el seno de la sociedad moderna que no había ningún gran representante de las teorías sociales que no estimara necesario consagrarle un estudio profundo”. Para John Stuart Mill, Emile Durkheim y Max Weber, explica el prologuista, el socialismo era “un desafío intelectual que sin duda acompañaría de forma duradera al capitalismo”. “Hoy las cosas dejaron de ser así”, añade.

En parecidos términos se expresa Fareed Zakaria desde el campo liberal en un artículo publicado en The Washington Post: Estados Unidos ha decidido dejar de ser el instrumento que da forma al mundo mediante un multilateralismo de amplio espectro. Si para el pensamiento liberal y conservador europeo, la inspiración vino de Estados Unidos en muchas ocasiones desde el final de la segunda guerra mundial, con Donald Trump en la Casa Blanca todo es completamente diferente. Zakaria se refiere a esta nueva situación como un problema “casi existencial” para dirigentes como el socialdemócrata alemán Sigmar Gabriel, y aporta un dato determinante para entender el alcance del repliegue estadounidense, su ausencia de la política exterior salvo cuando es estrictamente necesario: Donald Trump es “el primer presidente en cerca de un siglo en cumplir su primer año en el cargo sin haber celebrado una cena de Estado con un líder extranjero”.

Norberto Bobbio explicó a principios de siglo la quiebra del modelo liberal, antiperfeccionista, porque “cree que la historia de la libertad es una historia de continuos pasos del bien al mal, de intentos logrados y fallidos”, en favor de las utopías reaccionarias, que persiguen un fin último predeterminado y, en este sentido cabe calificarlas de perfeccionistas. En estas utopías, acaso distopías, “de transformación radical de la sociedad está implícita una idea antiliberal”, sostuvo Bobbio. Y no hay duda de que en el seno de este pretendido perfeccionismo ultraconservador, donde los equilibrios sociales deben funcionar como un mecanismo de relojería, sucumbe el dinamismo social, esa característica de las sociedades abiertas en las que nada está escrito de antemano, ni siquiera los rasgos de identidad que el nacionalismo de última generación ha resucitado para reconstruir comunidades homogéneas y contener el mestizaje a medio y largo plazo, fruto de los flujos migratorios que tienen como destino Europa.

En un seminario celebrado en noviembre en Madrid por el Comité Económico y Social de la Unión Europea se debatió largamente cuál debería ser el papel de los movimientos sociales frente al auge populista ultraconservador y a la crisis de la política, un factor siempre implícito en las discusiones. De aquellas reflexiones en voz alta surgió una conclusión bastante repetida: Europa arriesga su identidad política si las instituciones, los resortes políticos de que dispone, no dan con la tecla que permita poner a salvo, con errores y aciertos, su condición de sociedad acierta, antiperfeccionista puede decirse. “No nos engañemos –afirma Daniel Innerarity en una entrevista en La Vanguardia–: en última instancia son los Estados y sus democracias quienes están en cuestión en este proceso. La integración europea comenzó después de la segunda guerra mundial como un instrumento para salvar al Estado de los excesos del nacionalismo. El desafío actual es continuar esta misión en un mundo muy diferente”. Una empresa urgente y al mismo tiempo compleja en pleno cambio del modelo productivo, condicionado todo por la primacía de las finanzas globales sobre cualquier otra consideración.

Lucha por el poder en Irán

La lucha por el poder en Irán entre el ala dura del régimen y los reformistas ha entrado en una nueva fase a raíz de las manifestaciones registradas en una cuarentena de ciudades, las contramanifestaciones promovidas por los clérigos conservadores y la represión desencadenada por los guardianes de la revolución y adláteres, que ha dejado más de veinte muertos. Si las elecciones presidenciales de mayo último hicieron aflorar las diferencias sustanciales entre Hasán Rohani, el presidente saliente y finalmente reelegido, y el líder supremo, Alí Jamenei, la reacción de ambos ante la movilización de la calle ha concretado las divergencias entre las dos referencias primeras de la República Islámica. Mientras el entorno de Jamenei ha amenazado a los manifestantes con la pena de muerte, Rohani ha reconocido públicamente el derecho a ser oídos de quienes protestan.

En la compleja estructura ideada por el ayatolá Ruholá Jomeini para situar a los clérigos por encima y al margen de la planta institucional del régimen que él fundó, no cabe imaginar a una sola autoridad política o religiosa como representante de la disidencia o la oposición, al menos dando a este término el significado que tiene en los sistemas pluralistas. El reparto del poder hasta el último alvéolo del sistema está en manos de hijos del sistema, formados y adscritos a su lógica. Dicho de otra manera: Jamenei y Rohani proceden del mismo crisol, aunque discrepen en los métodos y aun en la orientación de sus programas. El hecho mismo de que los candidatos a las elecciones deban contar con la previa aprobación del líder supremo (vilayat e faqih) subraya el carácter extremadamente restrictivo de los mecanismos de participación; no hay carrera política posible sin el nihil obstat del establishment.

En la elección de mayo, la candidatura de Ibrahim Raisi, un clérigo adscrito al ala dura del régimen, fue promovida por Jamenei, que ve en Raisi el sucesor ideal en la plaza de líder supremo de la revolución previo paso por la presidencia del país, un camino que él mismo siguió hasta convertirse en sucesor de Jomeini. Raisi obtuvo el 38,3% de los votos, un resultado decoroso para seguir en la brega en las presidenciales de 2021 y para agavillar a todas las facciones conservadoras, incluida la que durante ocho años encabezó Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Rohani. Un plan de actuación destinado a desbaratar la pretensión de los reformistas de perpetuarse en la presidencia –ya lo intentaron en tiempos de Mohamed Jatamí– y apoyado por la élite política de Teherán.

Más allá de Teherán y de la marcha de los negocios en el bazar, esa trastienda política escapa al interés del país y de los menores de 30 años –el 50% de la población–, que sufren un paro estimado del 40% para los mayores de 16 años. A diferencia de las manifestaciones que siguieron a las elecciones presidenciales de 2009, que movilizaron a la clase media urbana, en esta ocasión la iniciaron jóvenes afincados en zonas rurales, en ciudades medianas y pequeñas donde la crisis económica tiene efectos especialmente graves, donde la filtración por primera vez de partidas secretas del presupuesto destinadas al Ejército, a instituciones religiosas y a la Guardia Revolucionaria han soliviantado a poblaciones muy castigadas por la subida de algunos productos de primera necesidad (gasolina, huevos) y por la reducción de ayudas sociales destinadas a los más vulnerables. ¿Cómo es posible que miles de millones de dólares se desvíen a intervenciones en el exterior –Siria, Irak, Líbano– mientras el estancamiento económico se torna insuperable?, se pregunta la calle en ascuas.

“Es la base social del régimen la que se manifiesta”, sostiene el analista Stéphane Dudoignon, atendiendo al hecho de que el triunfo de la revolución jomeinista se fundamentó en la adhesión de los jóvenes de 1979 y de una parte de las élites ilustradas, opuestas a la monarquía. Pero los jóvenes que hoy protestan carecen del vínculo de complicidad con los clérigos que si se dio hace cuarenta años. Ni vivieron la revolución ni secundaron la exaltación patriótica de la guerra con Irak (1980-1988) ni forman parte de su recorrido histórico los años más enconados de la pugna con Estados Unidos. Se esfumó la complicidad que un día hubo entre el grueso de los iranís y sus gobernantes más allá de Teherán; hoy la capital permanece básicamente en calma y el resto de la república islámica, con el ánimo exaltado.

Debe añadirse al vacío entre la base social y los líderes, los diferentes enemigos que se ha labrado Rohani dentro y fuera de Irán a partir del acuerdo alcanzado con el presidente Barack Obama –final de las sanciones a cambio de la cancelación del programa militar nuclear–, bendecido por Jamenei, pero denostado sotto voce por el ala dura sin demasiado disimulo. Un clima enrarecido más si cabe por las invectivas de Donald Trump, tan contrario al acuerdo con Irán como partidario de Arabia Saudí en su larga disputa con los ayatolás por la hegemonía regional.

En cualquier otro escenario que no fuera el iraní cabría decir que acaso lo que se dilucida es una crisis del régimen. Pero la solidez de los principales resortes del poder –el líder supremo con su red clientelar por todo el país, incluidas las universidades y todos los centros de culto–, los guardianes de la revolución, el Ejército y los basij (paramilitares) aconsejan descartar una conclusión tan rotunda. Por lo demás, los episodios de descontento popular, con mayor o menor repercusión en las redes sociales y en los medios especializados, se producen desde hace tres años, con la crisis económica y el recorte de las subvenciones como causa inmediata.

Hesamodin Ashna, asesor de Rohani, reconoce que se da “una distribución desequilibrada del presupuesto”, según recoge The New York Times, y Abbas Milani, director de Estudios Iranís de la Universidad de Stanford, insiste en la pretensión de Jamenei de interferir en el segundo mandato de Rohani, como si se tratara de alguien que da muestras de haberse escapado a su control. La suma de ambas opiniones, más la obstinación de Trump en desandar el camino seguido por Obama, lleva directamente a formular la pregunta principal: ¿quiénes mueven de verdad los hilos de la protesta? Seguida de esta otra: ¿a quiénes beneficia más la calle enardecida? Las apariencias suelen engañar y el control sobre las redes sociales, la actividad incesante de los servicios de información, con un tupido sistema de agentes en todas partes, y la dimensión misma de la protesta lleva a excluir que se trata sin más de un estallido espontáneo que pilló al régimen por sorpresa, algo improbable.

 

Trump prende la mecha en Jerusalén

La decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel es una bomba incendiaria lanzada sobre un medio en el que prende el fuego con extraordinaria facilidad. Es también un trágala impuesto a la sociedad palestina, tantas veces sometida a agravio, y es un desafío dirigido a la comunidad internacional por un presidente peligroso, insensible a la trágica historia del conflicto árabe-israelí y a los riesgos que corre con su gusto por la fuerza y su alergia al diálogo. Trump cumple así uno de sus compromisos electorales más llamativos, pero elude sopesar los costes que tendrá en el futuro inmediato.

La alarma en el Departamento de Estado está por demás justificada. Los diplomáticos que con diferentes administraciones y hojas de ruta han seguido el día a día del litigio palestino-israelí son conscientes de que todo empeorará con el regalo navideño de la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, y a su Gobierno de nacionalistas de extrema derecha y fundamentalistas mosaicos. Jerusalén no es cualquier cosa, no es una porción más de los territorios ocupados por el Ejército israelí en junio de 1967, sino que tiene un doble valor político y religioso, no solo para la comunidad palestina, sino para el orbe musulmán. Y el paso dado por Trump es una afrenta cuyas consecuencias inmediatas nadie puede prever. O quizá sí: el lenguaje apocalíptico de Hamas se ha adueñado de las protestas y vuelve a pronunciarse la palabra intifada (la venidera o ya en sus inicios sería la tercera).

Si el llamado proceso de paz hace años que es poco más que una idea vacía de contenido, al desafiar a la historia con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, Estados Unidos simplemente liquida para mucho tiempo la posibilidad de un acuerdo negociado que alumbre un Estado palestino. Pero, además, pone los cimientos o desencadena otros efectos indeseables: refuerza la iniciativa de las facciones palestinas más radicales, obliga a la Liga Árabe a aparentar –de momento, solo aparentar– alguna forma de disgusto y suministra argumentos a la prédica yihadista para atraer más voluntades a su causa. Algo tan previsible y elocuente que ninguno de los presidentes que han precedido a Trump ha estimado oportuno alterar el estatus provisional de la ciudad tres veces santa –aquella que alienta las emociones de los seguidores de las tres religiones del libro– a pesar de la ley aprobada por el Congreso en 1995 para el reconocimiento sin fecha de Jerusalén como capital de Israel.

Cuando aliados fundamentales de Estados Unidos –Alemania, Francia y Reino Unido– se han apresurado a desaprobar sin reservas la decisión de Trump, cuando Arabia Saudí y Jordania hacen lo propio y Turquía amenaza con romper todo vínculo con Israel, cuando todo esto sucede, la atmósfera se carga de electricidad. Como ha escrito Ignacio García Gascón en EL PERIÓDICO, “puede calificarse de hipocresía” la gesticulación de los gobiernos francés y alemán, es incluso razonable hacer extensivo el reproche a cuantos ahora protestan –las presiones sobre Israel para resucitar el proceso de paz nunca han sido mucho más que simbólicas–, pero no es menos cierto que el paso dado por la Casa Blanca agravará la gangrena de la región. Esto es, repercutirá en todas partes en términos políticos y de seguridad.

Si todo el mundo ha preferido congelar el caso de Jerusalén durante 70 años, menos los gobernantes israelís a partir de 1967, es porque nadie cree que sea saludable, estable y pacificador otorgar a la ciudad la capitalidad de Israel a espaldas de los árabes (de los palestinos, para mayor precisión). Todo el mundo ha sido consciente de que era mejor no meterse en el avispero, singularmente a partir de las fracasadas conversaciones de Camp David (julio del 2000) para la creación del Estado palestino, en las que Israel, según varios negociadores, llegó a aceptar alguna forma de presencia institucional de la presidencia palestina en Jerusalén Oriental. En aquella ocasión, Ehud Barak y Yasir Arafat lograron por unos días rescatar la discusión del ámbito de las emociones para llevarla al campo estrictamente político; ahora, a causa de la decisión de Trump, la manipulación de las emociones –los sentimientos religiosos, tan ingobernables– volverá a ser la norma.

El periódico progresista israelí Haaretz se ha molestado en recordar a causa de qué profundas e intrincadas razones la comunidad internacional se ha negado a reconocer la capitalidad de Jerusalén y hasta qué punto fue ambivalente la relación de muchos de los padres fundadores de Israel con la ciudad y sus significados, incluido David ben Gurión. Al citar el libro Jerusalén: la ciudad de los espejos, de Amos Elon, el periódico no hace más que objetivar las dificultades intrínsecas para otorgar un estatus político a Jerusalén que nadie discuta, que a nadie dañe u ofenda. Basta remontarse al plan de partición de Palestina, aprobado por la ONU en 1947, que otorgaba a la ciudad la condición de corpus separatum bajo administración internacional para desgajar el control y uso político de la ciudad y cercanías –Belén, el lugar más sensible– del de por sí complejísimo reparto de la tierra en disputa.

Las referencias a la extrema derecha cristiana de Estados Unidos –si Jerusalén no ha de ser del orbe cristiano, que lo sea al menos del pueblo elegido–, la influencia en el comportamiento de la Casa Blanca de Sheldon Adelson, un contribuyente entregado a la campaña de Trump, y de Jared Kushner, yerno el presidente, ambos destacados integrantes de la comunidad judía estadounidense de registro muy conservador, y la voluntad de contrarrestar el factor iraní en la guerra de Siria se han manejado como resortes principales para accionar la palanca del reconocimiento de la capitalidad. Se trata de ingredientes importantes, pero se antojan insuficientes o revelan por parte del presidente y sus colaboradores más cercanos un desprecio absoluto por los equilibrios estratégicos a que obliga el rompecabezas de Oriente Próximo. En cambio, ese mismo desprecio reafirma la voluntad de Trump de imponer en la política exterior de Estados Unidos una unilateralidad a ultranza, como si el objetivo último fuese desmantelar o borrar del mapa el multilateralismo practicado con Barack Obama y sus dos secretarios de Estado, Hillary Clinton y John Kerry. Que tal unilateralidad sea eficaz o siembre de riesgos las áreas más calientes del planeta cuenta menos que llevar hasta sus últimas consecuencias el eslogan América primero, aunque está por demostrar que una decisión como la que atañe a Jerusalén favorezca los intereses de Estados Unidos más allá del impacto inicial.

Si asisten razones históricas –mitológicas también– para que Jerusalén sea la capital de Israel, se dan estas en igual medida en el campo árabe-musulmán a través de la comunidad palestina. Cuantos invocan la necesidad de negociar entienden que cualquier otro camino lleva indefectiblemente a una solución injusta, inmoral puede decirse, pero cada vez se aleja más la posibilidad de negociar una salida y, al mismo tiempo, cada vez está más cerca un desenlace semejante al apartheid sudafricano, a la consolidación de un sistema arbitrario impuesto por la fuerza por los gobernantes israelís.

 

El califato se adapta a la derrota

Los más de 300 muertos habidos en el atentado del Estado Islámico contra una mezquita en la península del Sinaí confirmó los peores presagios: la victoria militar casi consumada sobre los combatientes del califato en Irak y Siria desvanece la pretensión yihadista de disponer de un territorio propio, pero garantiza una multiplicación de los golpes de mano en todas direcciones, dentro y fuera de sociedades de mayoría musulmana. Que Rusia dé por acabada la fase militar de la guerra en Siria –contra el terrorismo y contra las diferentes oposiciones al presidente Bashar al Asad– no significa que cesará o se diluirá la iniciativa de los combatientes de la yihad, sino que cambiarán las características del desafío, se acentuará la libertad de acción de las células durmientes y los lobos solitarios seguirán siendo un riesgo permanente en todas partes. La impregnación de la causa de los muyahidines de Abú Bakr al Bagdadi en la prédica del islam ultraconservador y sectario no permite aventurar un escenario mejor.

En Egipto, el presidente Abdel Fatá al Sisi no ha podido cumplir la promesa de proporcionar seguridad, estabilidad política y progreso económico a cambio de acumular todos los poderes efectivos del Estado –una vez neutralizados los islamistas que capitalizaron la primavera de 2011–, sino que ha claudicado y se ha sometido a los designios de Arabia Saudí, ha defraudado a unas clases medias empobrecidas y ha condenado a la juventud a una situación de postración extrema (30% de paro). Una atmósfera social irrespirable, propicia para que el yihadismo piense que el laberinto egipcio dispone de caladeros en los que echar las redes. De hecho, la estrategia de seguridad desplegada por Al Sisi en el Sinaí ha provocado desplazamientos forzosos de población, con el consiguiente descontento de los afectados, mientras la efervescencia de la franquicia local del ISIS ha arruinado la industria turística y la estabilidad política no es más que un subproducto del estado de excepción establecido en la península en 2014 y extendido a todo el país en abril de este año.

La especialista Robin Right escribe en el semanario The New Yorker que Al Sisi “reina como el más poderoso hombre fuerte entre los gobernantes de más de veinte países árabes, pero más allá de eso, su estrategia en el Sinaí no funciona”. No solo no funciona en términos de seguridad, sino que la osadía de los yihadistas ha vaciado los hoteles, ha privado a Egipto de una de sus más saneadas fuentes de ingresos y ha sembrado dudas sobre la capacidad del país para evitar que un pequeño territorio a las puertas de Israel se consolide como un santuario del islamismo radical.

Quizá no todo lo que sucede en el Sinaí sea culpa en exclusiva de la ineficacia egipcia, quizá los requisitos exigidos por Israel en su día para devolver la península a Egipto –una desmilitarización casi total del área– tenga que ver con el éxito de la colonización yihadista, pero al final los resultados son los que son y las implicaciones políticas ahí están. Ni las promesas de Al Sisi y sus generales de controlar la estrategia del terror entre el canal de Suez y la franja de Gaza ni el apoyo oficial de Occidente al presidente de Egipto logran contrarrestar la máquina propagandística del Daesch, su compromiso de llevar la guerra santa a cualquier lugar.

Dispuestos a dar la razón al título del libro de Loretta Napoleoni, El Fénix islamista, este renace una y otra vez con una extraordinaria capacidad de adaptación a todos los terrenos y circunstancias, convertido en un mecanismo de agitación política que ha arraigado con fuerza inusitada, disfruta de cierta hegemonía cultural en segmentos minoritarios, pero importantes, de las sociedades musulmanas y está lejos de ser una propuesta de acción directa en retirada. Frente a las simplificaciones y certidumbres elementales que atrae a los seguidores de la prédica yihadista, los países occidentales han abrazado una vez más la solución del mal menor, han aceptado que gobiernos venales o teocracias retrógradas se mantengan en el puente de mando y han dejado que la desilusión, el desengaño y la frustración sucedan a la breve ilusión reformadora de las primaveras árabes. Y al tomar este camino, Estados Unidos y sus aliados no han hecho más que consolidar zonas de inestabilidad crónica –Libia, Siria– en los que es imposible un final feliz.

El recurso a la religión como coartada ideológica es más eficaz que la confusa doctrina europea y estadounidense de actuar en origen –en la economía, en las ayudas al desarrollo, en la seguridad– para evitar la exportación del terrorismo. Todo cuanto inspira la estrategia yihadista apunta siempre a la política de las emociones –el sacrificio de los mártires, las apelaciones a Al Ándalus, el califato, los clérigos exaltados– y a la incompatibilidad insuperable del islam ortodoxo –sea lo que sea lo que esto significa– con otras versiones del mismo islam –la mezquita del Sinaí acoge a una congregación sufí– y con el modelo occidental de sociedad. Fuera de ese islam monolítico, que opera como ideología movilizadora, todo debe ser combatido; la convivencia de credos, culturas y modelos políticos se tiene no ya por imposible, sino que se presenta como degradante para el futuro de la comunidad musulmana.

En la historia egipcia, donde coinciden desde el final de la monarquía la secularización objetiva de una parte de la sociedad, una dictadura militar de pulso cambiante, el crecimiento de los Hermanos Musulmanes y una prolongada crisis económica, agravada por la corrupción, se dan bastantes de los ingredientes esenciales para que la propaganda radical tenga eco. El golpe de Estado de 2013 que devolvió a los militares la presidencia del país y la represión desencadenada contra la Hermandad, con el beneplácito de los salafistas y de varias personalidades laicas, no ha hecho más que facilitar las cosas a los ideólogos del califato, dispuestos a ensangrentar otros escenarios con un mínimo de recursos –los que aún tienen a pesar de las últimas derrotas– y sin que importen demasiado las bajas propias en combate (una vez más, la cultura del martirio).

Cuenta el arabista Gilles Kepel que el día que asesinaron al presidente Anuar el Sadat se encontraba en El Cairo. Horas después del magnicidio, de vuelta al lugar donde vivía, preguntó a la encargada del establecimiento si sabía qué había sucedido. “Sí”, contestó. Y añadió más o menos: “Se lo había buscado”. Sadat, tan apreciado por los gobernantes occidentales, resultó ser un traidor para muchos egipcios a causa de los acuerdos que suscribió con Israel; hoy Al Sisi, aceptado por Europa y Estados Unidos como un aliado necesario, acaso sin alternativa posible, es un apóstata para sus enemigos emboscados en el pedregal del Sinaí (como el rey Salmán de Arabia Saudí y muchos otros). Esto es, lo presentan como un gobernante ilegitimado para liderar a musulmanes. Todo tiene la coloración de un futuro sin futuro.

Arabia Saudí calienta Oriente Próximo

Desde que un ministro saudí dijo el día 6 que el Ejecutivo libanés sería tratado como “un Gobierno que declara la guerra” la escalada verbal y los gestos hostiles han ido en aumento, empezando por la retención o secuestro de Saad Hariri un día después de anunciar desde Riad que renunciaba al puesto de primer ministro. La rivalidad estratégica por la hegemonía en la región entre Arabia Saudí e Irán alienta detrás de este nuevo foco de tensión en el que coinciden la presencia del movimiento chií Hizbulá en el Gobierno libanés, la preocupación de siempre de Israel por lo que sucede más allá de su frontera norte; la suerte de la guerra del Yemen, donde los saudís están muy lejos de poder cantar victoria; el aislamiento catarí promovido por la diplomacia saudí en el seno de la Liga Árabe, sometida a los intereses de la dinastía Saúd; y la decisión del rey Salman de nombrar sucesor a su hijo Mohamed, con su correlato de purgas en las estancias de palacio.

Todo esto concurre en la peligrosa iniciativa saudí de tensar la cuerda en Líbano, con el beneplácito de Estados Unidos y el consentimiento implícito de Israel. “Cuanto hace Arabia Saudí más allá de sus fronteras tiene que ver con Irán”, dice Tamara Wittes, de la Brookings Institution, y esta vez no es una excepción. Los caminos y los intereses de ambos países chocan en el golfo Pérsico, colisionan en Siria a causa del apoyo permanente de los ayatolás a Hizbulá, aliado de Bashar al Asad, se enfrentan en Yemen por la asistencia iraní a los hutís (chiís) y se entrecruzan desde tiempo inmemorial en la rivalidad histórica entre la mayoría suní del mundo musulmán y la minoría chií, cuya referencia primera es la República Islámica fundada por Jomeini. Nada es nuevo en esta última entrega del conflicto salvo la doble aquiescencia estadounidense, que apoya a un tiempo a sus dos grandes socios en el teatro de operaciones, Israel y Arabia Saudí, concretando una triple alianza perfectamente operativa.

Puede decirse que nada es contra natura en esta entente cordiale con israelís y saudís en el mismo bando. Para los primeros, el mayor riesgo en su frontera norte es Hizbulá –20.000 milicianos con un entrenamiento equiparable al de cualquier Ejército convencional, 25.000 reservistas y un arsenal generosamente provisionado por Irán–; para los segundos, Hizbulá es uno de los factores clave de la capacidad de resistencia de Bashar al Asad y un instrumento en manos de los iranís para ampliar su área de influencia. Para ambos, el régimen iraní es el gran adversario a neutralizar para asentar el control sobre el mundo árabe y para mantener la tutela permanente de Estados Unidos sobre el desarrollo de los acontecimientos en Irak (el 60% de la población es chií).

Si hasta la fecha la contención se ha impuesto en el Gobierno israelí a pesar de las presiones de la extrema derecha es a causa de los malísimos antecedentes de las dos anteriores guerras del Líbano, en las que la presión de la comunidad internacional en la primera (1982) y de la opinión pública en la segunda (2006) se entendieron como dos derrotas apenas encubiertas por la propaganda. Pero analistas como el diplomático Dan Shapiro, exembajador estadounidense en Israel, ven en la situación actual los riesgos de un conflicto militar inducido por terceros. “Puede suceder –estima Shapiro– que los saudís intenten crear las condiciones para una forma diferente de impugnar a Irán en el Líbano: una guerra de Israel contra Hizbulá”. Y en este hipotético caso, el temor es que una operación a gran escala contra los milicianos incendiara la región; conllevara costes inasumibles para el Gobierno israelí.

¿Cuáles serían estos costes? Los mismos que en el 2006: un elevado número de bajas, la humillación del empate en el campo de batalla frente a un ejército de milicianos y el rechazo de una opinión pública traumatizada por la llegada de los ataúdes a las bases militares. Los generales entienden que solo una operación relámpago de entre 48 y 60 horas garantizaría una intervención corta y victoriosa, aunque extremadamente cruenta entre la población civil y con un altísimo precio para la imagen internacional del país. “Si se desencadena una guerra (…) necesitamos actuar con todas nuestras fuerzas desde el principio”, declaró en junio el mayor general Amir Eshel, a la sazón comandante de la fuerza área. Con el probable añadido de considerar al Ejército regular libanés, de recursos modestos, “un enemigo al lado de Hizbulá”, según la fórmula usada por el apocalíptico Avigdor Lieberman, ministro de Defensa de Israel.

Sostiene Amos Arel, un analista del periódico progresista israelí Haaretz, que la volatilidad del momento entraña un riesgo añadido: que un incidente local provoque una escalada militar. Este es el peor escenario imaginable para Israel y quizá el más apetecible para Hizbulá y su dirección política, donde Hasán Nasrala ha impuesto la doctrina de los resultados por encima de la preocupación por el parte de bajas. Así sucedió en 2006, así sucede hoy en las operaciones llevadas a cabo en apoyo de Bashar al Asad y así probablemente sucederá en el futuro, completamente ajena la organización a cómo puede reaccionar la opinión pública mundial, tal como ha demostrado con su prolongada participación en la matanza siria. Hizbulá cuenta con la generosa ayuda iraní y con la complicidad rusa en el frente, y esto le basta para justificarse ante sus seguidores.

Cuanto más se prolongue la estancia de Saad Hariri en Riad más delicada se tornará la situación porque mayor peso específico tendrá el frente radical en el Gobierno libanés. El pasa dado por el rey Salman es un recurso insólito y un dato a tener en cuenta en el futuro inmediato al analizar la pretensión saudí de tratar como disidentes a cuantos discutan o perturben sus designios para Oriente Próximo. De hecho, el programa que aplica la corte de Riad no está exento de riesgos mayores que la teocracia saudí trata de encubrir con gestos modernizadores y una pretendida guerra abierta contra la corrupción, pero el delicado equilibrio en la región más caliente del planeta, en una atmósfera de crisis crónicas, puede saltar por los aires a poco que alguien cometa un error de cálculo. No es tan difícil que esto suceda en el complejo entramado donde porfían actores políticos, con armas o sin ellas, que se oponen a la lógica saudí, con Rusia en primer lugar.

Rusia, de nuevo en la senda de Trump

El zarpazo yihadista del martes en Nueva York es útil al presidente Donald Trump para volver a la carga en su propósito de restringir al máximo la entrada de inmigrantes en Estados Unidos, en especial los que proceden de países de mayoría musulmana, pero es insuficiente para neutralizar el nuevo frente abierto por los tribunales en relación con la implicación rusa en la campaña del candidato presidencial republicano en las elecciones del 2016, de las que el miércoles próximo se cumplirá un año. La tragedia que precedió al desfile de Halloween por el centro de Manhattan volvió a subrayar la vulnerabilidad de las grandes ciudades, la generalización de la técnica del atropello masivo mediante un vehículo robado o alquilado –los casos de Barcelona y de Nueva York– y el previsible aumento de los golpes de mano en nombre del ISIS en cualquier parte, destinados a contrarrestar la derrota militar del Daesh en Siria e Irak. Pero la repercusión de las ocho muertes en un carril-bici es improbable que contrarreste las dudas cada vez mayores acerca de los compromisos privados adquiridos por Trump y su equipo con los gobernantes rusos.

El caso de Paul Manafort y sus asociados vuelve a alimentar las mismas suspicacias de siempre: ¿hasta dónde llegó la injerencia rusa en la campaña?, ¿qué intereses no conocidos hipotecan las decisiones de la Casa Blanca o pueden hacerlo?, ¿hasta qué punto la intromisión rusa alejó a Hillary Clinton de la presidencia y la acercó a Donald Trump?, ¿hasta dónde los intereses del millonario Trump interfieren en las decisiones del presidente Trump? No es solo que se multipliquen las voces que ponen en duda la capacidad y preparación del presidente para cumplir con su cometido, es que se pone asimismo bajo sospecha la transparencia de quienes contribuyeron a sentarlo en el Despacho Oval (Manafort fue director de campaña entre junio y agosto del 2016).

¿Quién es Manafort? Un lobista, un personaje cuyas convicciones políticas sintonizan con quien le paga en cada caso, así se trate de un aspirante a suceder a Barack Obama, de tres de sus antecesores –Gerald Ford, Ronald Reagan y George H. W. Bush, a quienes asesoró–, de los dictadores Ferdinand Marcos (Filipinas) y Mobutu Sesé Seko (Zaire, hoy República Democrática del Congo) y del líder guerrillero Jonás Savimbi (Angola), y más recientemente de Víktor Yanukóvich, expresidente ucraniano, un peón en el tablero de Vladimir Putin. Cuando un lobista representa en Estados Unidos los intereses de un Gobierno foráneo, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, en vigor desde 1938, obliga al interesado a dar cuenta de su trabajo ante la Administración, algo que Manafort no hizo al asumir la asesoría de Yanukóvich en compañía de su socio Rick Gates.

Manafort y Gates se han entregado al FBI y se encuentran bajo arresto domiciliario, acusados de actuar de acuerdo con los intereses de una potencia extranjera sin haberlo notificado, de blanquear dinero y de diez cargos más de acuerdo con la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller. Para redondear el pastel, otro exasesor de Trump, George Papadopoulos, ha admitido que mintió con anterioridad y que mantuvo contactos con alguien del entorno del Kremlin que le prometió procurarle información relativa a algún trapo sucio de Hillary Clinton (correos electrónicos comprometedores). Todo francamente maloliente y que remite a la labor encubridora puesta al servicio de la presidencia por los colaboradores de Richard Nixon, urdidores o simples ejecutores de lo que entre 1972 y 1974 se conoció como caso Watergate. Como entonces, lo que se va sabiendo da a entender que la campaña republicana lo fue todo menos limpia.

Que el equipo de asesores de Hillary Clinton elaborara un dosier recopilatorio de la Russian connection, tan llamativo como de dudosa veracidad, no reduce el impacto que sobre la opinión pública y el prestigio de la presidencia tiene el proceso en curso. Porque mientras la excandidata demócrata carece de poder y recursos para interferir en la labor presidencial, Trump tiene en su mano todos los resortes para aplicar un programa presidencial ensombrecido por la sospecha, con el control de las dos cámaras del Congreso asegurado hasta noviembre del 2018. Que, por lo demás, tal control se ponga a menudo en duda por la incompatibilidad entre Trump y el republicanismo clásico no disipa los riesgos potenciales derivados de un vínculo nunca aclarado entre el Kremlin y la Casa Blanca, unos riesgos que apenas alteran el apoyo del que Trump disfruta entre el electorado republicano –alrededor del 78%–, mientras senadores críticos como John McCain, Jeff Flake y Bob Corker pierden peso o apoyos a un año de las elecciones legislativas.

La cadena de televisión Fox News, altavoz oficioso de Trump, ha encontrado en las revelaciones de The Washington Post sobre el dosier clintoniano un argumento definitivo para intensificar la campaña contra Robert Mueller, exigir que deje de husmear en la campaña de Trump y exigir al mismo tiempo que ponga proa a Clinton. “Es hora de desactivarlo, voltear las mesas y encerrarla [a Hillary Clinton]”, ha clamado Jeanine Pirro en la emisora ultraconservadora, mientras se acumulan las pruebas probablemente incriminatorias del ecosistema trumpiano. “Nixon hizo esto en 1973, despidiendo al fiscal especial Archibald Cox y provocando un bramido nacional de indignación”, recuerda Nicholas Kristof, pero el precedente histórico importa poco a un presidente que se siente a salvo con el apoyo de los defraudados por la globalización, por el precio pagado para superar la crisis y por la decadencia de una parte de la industria.

La utilización política de un atentado resulta siempre repulsiva, y la maniobra de Trump y su séquito no es una excepción. Es un síntoma elocuente de la degradación de una parte del establishment y del recurso permanente al oportunismo para imponer un programa de Gobierno que choca demasiadas veces con los tribunales, con la tradición política estadounidense y con la cultura liberal. Es posible que la hipoteca rusa en el mandato de Trump sea menos determinante de lo que se cree o se vislumbra a partir de informaciones fragmentadas, pero hasta que no se aclare el alcance real de la Russian connection la Casa Blanca seguirá envuelta en una atmósfera viciada que, en última instancia, favorece a Putin en diferentes escenarios –en Siria sin ir más lejos– y desorienta a los aliados de Estados Unidos, singularmente a los europeos. Y si cuanto permanece oculto o solo insinuado es tan definitivo como algunos pronostican, entonces las consecuencias futuras de la quiebra moral y política son imprevisibles.

 

Todo el poder para Xi Jinping

La equiparación de Xi Jinping a Mao Zedong y a Deng Xiaoping como referente ideológico absoluto del régimen chino ha puesto en manos del presidente una acumulación de poder del que carecieron sus antecesores, ha cercenado las aspiraciones de quienes podían ansiar sucederle en el 2022 y da pie a toda clase de especulaciones acerca de su propósito de seguir en el poder más allá de este año. Contra lo que se ha convertido en un hábito en la China del capitalismo tutelado por el partido, la limitación a dos mandatos de cinco años del presidente es ahora una incógnita, la edad de los cinco nuevos miembros del comité permanente de siete del Partido Comunista Chino (PCCh) –tienen todos más de 60 años, los inhabilita para la sucesión– no incluye ningún tapado y es imposible saber si entre los jóvenes del politburó lo hay. Como ha titulado un artículo Chris Patten, último gobernador británico de Hong Kong, Xi es en muchos sentidos el nuevo emperador chino.

¿Cómo es posible tal entronización, acompañada del inevitable culto a la personalidad? Un largo análisis publicado por Foreign Policy subraya la preocupación de Xi por combatir a sus adversarios antes de 2012, cuando alcanzó la presidencia. Urgido por el descontento social a causa de la corrupción, el contagio momentáneo de las primaveras árabes y algunas señales de agotamiento del modelo de crecimiento, el futuro presidente se desembarazó de sus competidores o de quienes podían limitar su poder en el seno del PCCh, algo que no estuvieron en situación de hacerlo sus predecesores, Hu Jintao y Jiang Zemin. La purga de Bo Xilai, cabeza de una tupida red de corrupción fue, en este sentido, un episodio determinante para que Xi llegara a la cima sin grandes contrincantes que pudieran discutirle su autoridad.

Claro que tal acumulación de poder es “una espada de doble filo” (Patten), aunque las imágenes del 19 congreso del PCCh, rendidos los delegados ante las proclamas de Xi, pueden inducir a pensar justo lo contrario. Y lo es porque la concentración de competencias entraña una contrapartida no escrita: sus adversarios actuales o futuros descargarán sobre el presidente toda la responsabilidad política si se tuercen las cosas. Una posibilidad que en absoluto debe descartarse habida cuenta de los desafíos que deberá afrontar durante los próximos cinco años en tres frentes: el asentamiento de China como potencia global en todos los ámbitos, no solo en el económico, la atenuación de las desigualdades sociales, siempre en aumento, y la corrección que los efectos del desarrollo a toda máquina ha tenido en el medio ambiente (contaminación de las aguas y del aire en las grandes ciudades, destrucción de cultivos, crecimiento desordenado de las periferias urbanas, etcétera).

Se dice que su gran aliado para vender ante el mundo la consistencia del modelo de “socialismo con características chinas” es Donald Trump, ensimismado por una política errática, empeñado en liquidar cuanto hizo su antecesor en el plano internacional y en promover un modelo de crecimiento económico del todo permisivo con las agresiones al medio natural. Pero esa hipótesis de trabajo –la involuntaria complicidad de Trump en la consagración de Xi como líder mundial con inquietudes sociales– no es mucho más que una posibilidad basada en datos aislados, imprecisos las más de las veces. Hay otros muchos, desde la crisis desencadena por Corea del Norte con su programa nuclear hasta las reivindicaciones chinas en el Pacífico occidental que pueden otorgar a Trump en algún momento el inesperado perfil de renovado protector de los intereses de terceros desde Corea del Sur a Filipinas.

Pesa sobre China y su éxito económico del último cuarto de siglo la desconfianza de sus vecinos, persuadidos de que su papel hegemónico en Asia tiene el perfil de la amenaza o la presión a largo plazo, algo que favorece a Trump y perjudica a Xi. La concentración de poder, que desentierra el modelo de dictadura leninista como característica esencial del régimen chino, y el presupuesto de Defensa alarman a países esenciales en el dispositivo de seguridad de Estados Unidos, caso de Japón. Nadie es capaz de vaticinar, por lo demás, cuál es el verdadero significado de la etiqueta “socialismo con características chinas” mientras crecen las desigualdades y los inversores extranjeros se pregunta cada vez con más frecuencias qué riesgos correrá el modelo a poco que el ciclo económico le sea adverso.

Un dato no desmentido es que con un aumento del PIB por debajo del 7% anual –una barbaridad–, la maquinaria económica china es incapaz de absorber los 15 millones de habitantes del campo que cada año se trasladan a las grandes ciudades (cifras de 2011). La decisión del partido de legitimar el enriquecimiento, mantenerse nominalmente como comunista, pero comportarse como un conglomerado nacionalista, y aceptar el papel de gran fábrica del mundo ha permitido hasta la fecha que la nueva China mantenga un crecimiento sostenido sin tensiones inflacionistas, pero la pretensión de que aumente el consumo interno y de que se acorte algo la distancia entre los muy ricos y los rematadamente pobres –una multitud inconmensurable– puede desajustar el engranaje. De hecho, son varios los economistas que afirman que el modelo solo es viable en sus características actuales con una mano de obra extremadamente barata y sin amortiguadores asistenciales (las prestaciones sociales habituales en el Estado del bienestar).

Que esto preocupara poco a los inversores y consumidores occidentales hasta hace unos pocos años no quiere decir que hoy pueda soslayarlo Xi como un molesto dato marginal. Si hasta hace unos pocos años nadie aplicaba a China la convicción de John Mearsheimer de que las superpotencias buscan constantemente “demostrar su fuerza ante sus rivales más allá de sus esferas de influencia”, hoy precisa Xi hacerlo para acallar a cuantos más o menos quedamente, en nombre de la naturaleza nacionalista del partido, exigen una política de mantequilla y cañones. Y en ambos frentes debe actuar Xi para que los destellos del poder absoluto no se conviertan en una cortante espada de doble filo, tan monolíticamente compleja y opaca la estructura del poder en China como un jeroglífico demasiadas veces indescifrable.

 

El ‘Irma’, otro síntoma grave

La devastación causada por los huracanes Harvey e Irma añade argumentos a cuantos se esgrimieron durante la presidencia de Barack Obama para que finalmente Estados Unidos firmara el acuerdo trabajosamente negociado en París en 2015. No hay un solo informe que niegue la contribución humana al cambio climático capaz de refutar la realidad y de poner en duda la solidez de las pruebas. El empeño del presidente Donald Trump de favorecer la minería del carbón, autorizar las explotaciones petrolíferas en ecosistemas especialmente delicados y justificar tales medidas en la necesidad de que la economía se reactive en entornos sociales deprimidos –uno de sus nichos de votos– no es más que una forma de agravar el problema y hacerlo quizá irresoluble.

Salvo los productores de informes adscritos a la estrategia de algunas multinacionales del sector de la energía, no todas por fortuna, que presentan los efectos del calentamiento global como uno de tantos episodios de cambio climático vividos por el planeta y niegan que la acción del hombre tenga algo que ver, todos los modelos elaborados por la comunidad científica coinciden en el diagnóstico. Ningún estudio solvente descarta el factor humano en el aumento de la temperatura media con su correlato de ascenso del nivel del mar, avance del desierto y lluvias torrenciales de efectos catastróficos, por no hablar de la calidad del aire en las grandes conurbaciones, de la sobreexplotación de los mares y de la acumulación incontrolada de residuos. Esto es, no hay modelo o previsión de futuro que no plantee una revisión en profundidad del modelo económico, de las formas de crecimiento y de la sostenibilidad del sistema productivo.

Los grandes países contaminantes han aceptado tomar medidas acordes con el acuerdo de París, siquiera sea por preservar su imagen ante la opinión pública y ganar influencia ante la comunidad internacional. Este es el caso de China, cuyo Gobierno se ha convertido en paladín de las inquietudes climáticas después de años de vulneración sistemática del Protocolo de Kioto (1997) en nombre del desarrollo económico que precisaba el país. A diferencia del rumbo fijado por el Gobierno indio por razones parecidas a las esgrimidas con anterioridad por el chino y de la doctrina defendida por la Casa Blanca, el presidente Xi Jinping ha tomado la iniciativa y ha asociado su nombre al de la Unión Europea para reducir el calentamiento global, promover las energías renovables y detener la depauperación del medio ambiente. Se trate de una maniobra oportunista o de una sincera conversión a la causa ecologista, algo improbable, el compromiso chino pone en evidencia la insensibilidad de Trump ante sociedades cada día más preocupadas por la degradación galopante de los ecosistemas y las hipotecas de futuro que ello conlleva.

Declaraba el escritor José Luis Sampedro al final de su vida –murió el 8 de abril del 2013– que nos hallamos “al final de una cultura” y en “el inicio de algo muy diferente”.  Y mencionaba a China, India, Rusia y Brasil como actores determinantes de esta cultura o mundo diferentes: “En estas circunstancias se mezclan –decía– la evolución del sistema en sí mismo, la endógena, con las influencias externas que pueden ser absorbentes o disolventes con los resultados que en cada caso se produzcan”. Sampedro intuyó, con su habitual brillantez, que la hegemonía cultural en la aldea global no estaría solo al alcance de los grandes poderes consagrados en el pasado, sino de aquellos emergentes que sintonizaran con procesos de cambio muy rápidos, entre ellos la panoplia de problemas relacionados con el cambio climático.

Trump y su equipo navegan por mares bastante alejados de tal percepción de futuro y desprecian o ignoran los argumentos de las distopías más difundidas relacionadas con la mutación genética del medio ambiente desencadenada por el hombre y perceptible en todas partes. Cuando George Steiner afirma que el progreso de Europa obedece a que “la naturaleza nunca aplastó al ser humano”, invoca una condición en proceso de cambio alarmante: basta repasar los momentos de catástrofe en lo que llevamos de siglo XXI para concluir que algo grave nos amenaza y solo serán eficaces a largo plazo las soluciones globales. Aunque los asesores de cabecera de Trump lo pongan en duda, el efecto mariposa es algo más que una mera hipótesis; la necesidad de un análisis holístico del medio ambiente y de acciones a escala planetaria es una exigencia irrenunciable.

De hecho, renunciar a ello lleva directamente a la crisis pronosticada por la fallecida nobel de la Paz Wangari Maathai: “En pocas décadas, la relación entre el medio ambiente, los recursos y el conflicto puede parecer casi tan evidente como la conexión que vemos hoy entre los derechos humanos, la democracia y la paz”. Hay ejemplos que ilustran esa deriva hacia la tensión entre estados o grupos de estados por el control de los recursos naturales –petróleo, agua y minerales–, y son numerosísimos los ejemplos que ilustran el choque entre intereses privados y responsabilidades públicas para preservar el futuro viable del planeta. Es este uno de los grandes debates éticos del presente y uno de los terrenos de juego en los que el neoliberalismo se siente más incómodo cuando debe confrontar sus teorías del crecimiento con la prueba del nueve de la sostenibilidad.

A raíz de la arremetida del huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans a finales de agosto del 2005, se creyó que los neocon se habían visto obligados a someter a revisión sus opiniones sobre el estado de salud del ecosistema planetario. Fue un espejismo o una opinión precipitada. En el pensamiento conservador, en general, y en el estadounidense en particular, prevalece la creencia y defensa del crecimiento ilimitado, de la sostenibilidad mediante el progreso tecnológico y del derecho de los individuos a gestionar los recursos de la Tierra en función de sus necesidades. Que cualquier trabajo de campo medianamente riguroso desautorice tal esquema importará muy poco mientras los intereses económicos en juego se impongan a cualquier otra consideración. Esta situación no solo se da en Estados Unidos, donde el punto de vista de Trump es heredero de una larga lista de negacionistas, sino en la mayoría de lugares en los que la preservación del medio es incompatible con las finanzas globales… Y como en toda enfermedad, la ecológica se agrava a cada día que pasa sin actuar.