El ‘Irma’, otro síntoma grave

La devastación causada por los huracanes Harvey e Irma añade argumentos a cuantos se esgrimieron durante la presidencia de Barack Obama para que finalmente Estados Unidos firmara el acuerdo trabajosamente negociado en París en 2015. No hay un solo informe que niegue la contribución humana al cambio climático capaz de refutar la realidad y de poner en duda la solidez de las pruebas. El empeño del presidente Donald Trump de favorecer la minería del carbón, autorizar las explotaciones petrolíferas en ecosistemas especialmente delicados y justificar tales medidas en la necesidad de que la economía se reactive en entornos sociales deprimidos –uno de sus nichos de votos– no es más que una forma de agravar el problema y hacerlo quizá irresoluble.

Salvo los productores de informes adscritos a la estrategia de algunas multinacionales del sector de la energía, no todas por fortuna, que presentan los efectos del calentamiento global como uno de tantos episodios de cambio climático vividos por el planeta y niegan que la acción del hombre tenga algo que ver, todos los modelos elaborados por la comunidad científica coinciden en el diagnóstico. Ningún estudio solvente descarta el factor humano en el aumento de la temperatura media con su correlato de ascenso del nivel del mar, avance del desierto y lluvias torrenciales de efectos catastróficos, por no hablar de la calidad del aire en las grandes conurbaciones, de la sobreexplotación de los mares y de la acumulación incontrolada de residuos. Esto es, no hay modelo o previsión de futuro que no plantee una revisión en profundidad del modelo económico, de las formas de crecimiento y de la sostenibilidad del sistema productivo.

Los grandes países contaminantes han aceptado tomar medidas acordes con el acuerdo de París, siquiera sea por preservar su imagen ante la opinión pública y ganar influencia ante la comunidad internacional. Este es el caso de China, cuyo Gobierno se ha convertido en paladín de las inquietudes climáticas después de años de vulneración sistemática del Protocolo de Kioto (1997) en nombre del desarrollo económico que precisaba el país. A diferencia del rumbo fijado por el Gobierno indio por razones parecidas a las esgrimidas con anterioridad por el chino y de la doctrina defendida por la Casa Blanca, el presidente Xi Jinping ha tomado la iniciativa y ha asociado su nombre al de la Unión Europea para reducir el calentamiento global, promover las energías renovables y detener la depauperación del medio ambiente. Se trate de una maniobra oportunista o de una sincera conversión a la causa ecologista, algo improbable, el compromiso chino pone en evidencia la insensibilidad de Trump ante sociedades cada día más preocupadas por la degradación galopante de los ecosistemas y las hipotecas de futuro que ello conlleva.

Declaraba el escritor José Luis Sampedro al final de su vida –murió el 8 de abril del 2013– que nos hallamos “al final de una cultura” y en “el inicio de algo muy diferente”.  Y mencionaba a China, India, Rusia y Brasil como actores determinantes de esta cultura o mundo diferentes: “En estas circunstancias se mezclan –decía– la evolución del sistema en sí mismo, la endógena, con las influencias externas que pueden ser absorbentes o disolventes con los resultados que en cada caso se produzcan”. Sampedro intuyó, con su habitual brillantez, que la hegemonía cultural en la aldea global no estaría solo al alcance de los grandes poderes consagrados en el pasado, sino de aquellos emergentes que sintonizaran con procesos de cambio muy rápidos, entre ellos la panoplia de problemas relacionados con el cambio climático.

Trump y su equipo navegan por mares bastante alejados de tal percepción de futuro y desprecian o ignoran los argumentos de las distopías más difundidas relacionadas con la mutación genética del medio ambiente desencadenada por el hombre y perceptible en todas partes. Cuando George Steiner afirma que el progreso de Europa obedece a que “la naturaleza nunca aplastó al ser humano”, invoca una condición en proceso de cambio alarmante: basta repasar los momentos de catástrofe en lo que llevamos de siglo XXI para concluir que algo grave nos amenaza y solo serán eficaces a largo plazo las soluciones globales. Aunque los asesores de cabecera de Trump lo pongan en duda, el efecto mariposa es algo más que una mera hipótesis; la necesidad de un análisis holístico del medio ambiente y de acciones a escala planetaria es una exigencia irrenunciable.

De hecho, renunciar a ello lleva directamente a la crisis pronosticada por la fallecida nobel de la Paz Wangari Maathai: “En pocas décadas, la relación entre el medio ambiente, los recursos y el conflicto puede parecer casi tan evidente como la conexión que vemos hoy entre los derechos humanos, la democracia y la paz”. Hay ejemplos que ilustran esa deriva hacia la tensión entre estados o grupos de estados por el control de los recursos naturales –petróleo, agua y minerales–, y son numerosísimos los ejemplos que ilustran el choque entre intereses privados y responsabilidades públicas para preservar el futuro viable del planeta. Es este uno de los grandes debates éticos del presente y uno de los terrenos de juego en los que el neoliberalismo se siente más incómodo cuando debe confrontar sus teorías del crecimiento con la prueba del nueve de la sostenibilidad.

A raíz de la arremetida del huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans a finales de agosto del 2005, se creyó que los neocon se habían visto obligados a someter a revisión sus opiniones sobre el estado de salud del ecosistema planetario. Fue un espejismo o una opinión precipitada. En el pensamiento conservador, en general, y en el estadounidense en particular, prevalece la creencia y defensa del crecimiento ilimitado, de la sostenibilidad mediante el progreso tecnológico y del derecho de los individuos a gestionar los recursos de la Tierra en función de sus necesidades. Que cualquier trabajo de campo medianamente riguroso desautorice tal esquema importará muy poco mientras los intereses económicos en juego se impongan a cualquier otra consideración. Esta situación no solo se da en Estados Unidos, donde el punto de vista de Trump es heredero de una larga lista de negacionistas, sino en la mayoría de lugares en los que la preservación del medio es incompatible con las finanzas globales… Y como en toda enfermedad, la ecológica se agrava a cada día que pasa sin actuar.

 

 

Trump ya tiene su Watergate

Los  vapores nauseabundos del caso Watergate empiezan a envolver la atmósfera viciada de la Casa Blanca a causa de las prácticas poco convencionales del presidente Donald Trump y su equipo. Los prolegómenos de este Rusiagate que todo lo contamina reúne demasiados ingredientes coincidentes o que recuerdan aquel otro escándalo que costó la presidencia a Richard Nixon en 1974. Como entonces, medios prestigiosos vituperados desde el Despacho Oval han puesto manos a la obra para, en este caso, desvelar el argumento no escrito del camino seguido por Trump para ganar las elecciones en noviembre con la ayuda de Vladimir Putin. Como ha escrito John Yoo en The New York Times, de momento no hay constancia de que el presidente haya obligado a mentir a algunos testigos, haya destruido pruebas o haya bloqueado el trabajo de agentes del FBI, pero se multiplican las sospechas de que todo esto ha podido suceder.

En una de sus informaciones del jueves, el mismo diario utiliza el verbo engulf (envolver) para referirse a la situación de Trump, origen de todas las dudas y envuelto en la investigación que dirigirá el fiscal especial Robert S. Mueller, exdirector del FBI (2001-2013), para esclarecer si en efecto el Kremlin intervino en la campaña del presidente. Pero engulf tiene otras acepciones o posibles traducciones más inquietantes –tragar, sepultar–, que presagian que se cierne sobre Washington una tempestad política y constitucional habida cuenta de que el foco de la investigación apunta a la cima del sistema. Y al enumerar las preguntas que de una u otra forma saldrán al paso del trabajo de Mueller se hace aún más evidente la inconmensurable dimensión del conflicto, desde la interferencia rusa en la campaña a la por lo menos sorprendente decisión del presidente de facilitar a Serguei Lavrov información en materia de seguridad obtenida por otra potencia –quizá Israel– y que puede poner en riesgo a quienes la obtuvieron.

Algunas de estas preguntas pueden formularse mediante enunciados muy simples, pero dan pie a respuestas eventualmente intranquilizadoras para los conciudadanos de Donald Trump, que pueden sentirse legítimamente defraudados por prácticas ajenas a la transparencia democrática exigible en cualquier proceso electoral. Al preguntar cuál fue el alcance de la intromisión rusa en la campaña, hasta dónde llegaron las presiones para que el FBI dejara de investigar la russian connection de Michael T. Flynn, efímero consejero de Seguridad Nacional, y qué información se llevó Lavrov a Moscú, facilitada por Trump, caben toda clase de respuestas alarmantes para el sistema, en general, para la continuidad en las tradiciones políticas de Estados Unidos y para la inconsistencia de un Ejecutivo que sigue creyendo que el Estado puede gestionarse como una empresa asociada a otras empresas. Sin sutilezas ajenas a la rentabilidad del momento, condicionado todo por la fijación de metas rentables y nada más.

Dice Donald Trump sentirse perseguido como no lo fue ningún otro presidente, una exageración sin duda. En todo caso, ninguno de sus predecesores empezó con tan mal pie, suscitando tantas dudas acerca de su capacidad para ocupar el puesto que ocupa y tan contestado en la calle. Pero hay más: desde que el republicano Kevin McCarthy le dijo a Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y asimismo republicano, que está convencido de que Putin paga a Trump (15 de junio de 2016) y James Comey, destituido por Trump como director del FBI, anotó en un memorándum que el presidente le exigía que dejara de investigar a Flynn (febrero de este año), puede decirse que se dispone de algo bastante cercano a pruebas documentales para colegir que algo huele a podrido en la Casa Blanca. Y es poco menos que imposible que el olfato de Mueller no lo detecte.

Es tan poco probable que el nombramiento de un fiscal especial, decidido por Rod J. Rosenstein, número dos del Departamento de Justicia, es un movimiento político lleno de riesgos para la estabilidad republicana. La CNN sostiene que los republicanos juegan al todo o nada, algo siempre peligroso, salvo que haya ganado adeptos la hipótesis desarrollada por uno de los analistas de Politico.com, insinuada varias veces las últimas semanas: que el establishment del partido daría por buena, impeachment mediante, una resolución de la crisis institucional con Mike Pence, vicepresidente ahora, en la presidencia, y Paul Ryan en la vicepresidencia. Un juego de manos, una componenda para serenar el republicanismo y apartar del puente de mando a la extrema derecha populista que lleva en él desde el 20 de enero.

Todo esto es algo más que una teoría de la conspiración ad hoc porque, salvo ingenuidad manifiesta, es imposible que Trump salga indemne del laberinto en el que se ha metido, rodeado de asesores inexpertos o poco rodados que son incapaces de ordenar la Administración, fijar prioridades y desarrollar un programa reconocible. Dana Milbank, un reputado analista de The Washington Post, sostiene que acaso el nombramiento de Mueller sirva para salvar al Partido Republicano y al presidente de sí mismos, pero es inimaginable que tal salvamento no deje algunas víctimas para preservar el sistema, respetar la división de poderes y salvaguardar el equilibrio entre Gobierno y Parlamento. Aquí no valen la posverdad, los hechos alternativos y otras zarandajas pensadas en el ala oeste de la Casa Blanca para construir una realidad virtual a gusto del presidente.

Por decirlo con palabras muy de cuando el escándalo Watergate: hay pistolas humeantes en el horizonte. En los días de Richard Nixon fueron las cintas grabadas en el Despacho Oval, que sumieron a la presidencia en el oprobio; hoy son las conversaciones de unos, las anotaciones de otros y esa transcripción del diálogo de Trump con Lavrov que reclaman los dos grandes partidos y que Putin dice estar dispuesto a entregar, aunque la fidelidad documental del presidente ruso sea más que discutible y la utilidad probatoria de lo que dé por escrito sea poco más que papel mojado. “Entonces como ahora el problema principal no es el delito en sí mismo, sino el intento de encubrirlo”, explica un analista de The Guardian al comparar las miserias del caso Watergate con esas otras miserias tan recientes, esa frase recogida por Comey de labios de Trump: “Espero que pueda dejarla” (la investigación sobre los contactos de Flynn en Rusia).

La mezcla explosiva de mentiras, encubrimientos y obstrucción a la justicia hace cada día más difícil que Trump pueda recuperar su imagen pública, incluso entre una parte de quienes lo votaron hace solo medio año. Al cumplir cuatro meses en el Despacho Oval, el desprestigio de la presidencia es de tal calibre que va más allá del simple desgaste personal del titular de la institución, alcanza al partido y agrava la fractura social en una sociedad profundamente dividida por dos visiones antagónicas, irreconciliables, del futuro de Estados Unidos. Como en los días del Watergate, lo excepcional se ha convertido en cotidiano, el presidente ha pasado a ser un sospechoso habitual y su equipo de colaboradores más cercanos ha quedado en evidencia, desacreditado por una política errática que incomoda a los aliados y carece de precedentes en la historia del país. Todos los hombres del presidente, la gran investigación periodística de Bob Woodward y Carl Bernstein, vuelve a ser de lectura imprescindible.

Francia, en la confusión

El espectáculo ofrecido por François Fillon a sus compatriotas pronostica un descalabro sin paliativos de la derecha francesa agavillada en un gaullismo desfigurado y ágrafo. La persistencia del personaje en seguir como candidato de Los Republicanos a pesar del desprestigio que lo acompaña reúne todos los ingredientes de una debacle sin paliativos, incapaces las fuerzas vivas del partido de buscar a un candidato con cara y ojos o cuando menos ajeno al rastro de nepotismo y corrupción que deja Fillon a su paso. En aras de la precisión, el vencedor de las primarias republicanas debía haberse retirado de la carrera después de las primeras informaciones publicadas por Le Canard Enchaîné y dejar el camino expedito a un sustituto con posibilidades, pero con el paso de los días ahuyentó a cuantos parecían en disposición de batirse en abril para pasar a la segunda vuelta, en especial Alain Juppé, exprimer ministro y alcalde de Burdeos, y así ha llegado el partido a una situación imposible, con un aspirante perdedor e inamovible.

¿Quién puede tener interés en ser la alternativa de Fillon después de pasar este el partido por la picadora de carne? ¿Quién puede rehabilitar la imagen de un grupo envuelto en la bandera y nada más después de la concentración de incondicionales de Fillon en la plaza de Trocadero (París, el último domingo, una tarde de perros)? ¿Quién puede levantar a la heroica un resultado frente a Marine Le Pen, gran beneficiada de esta insólita mezcla de obstinación y falta de gallardía encarnada en Fillon? ¿Qué futuro tiene Los Republicanos, enésima reorganización del conglomerado gaullista, si en el mayor de los desafíos para el partido solo es capaz de emitir señales de descomposición?

Hace años, tiempos de François Mitterrand, durante un debate televisado, alguien osó decir que la derecha francesa era “la más tonta de Europa”. Los representantes de la aludida reaccionaron a la una en defensa de su facción frente a una afirmación que se antojó exagerada. ¿Qué decir hoy? Repasar la secuencia de acontecimientos desde que se puso en marcha el mecanismo de las primarias es revelador: primero se abrieron las hostilidades con inusitada violencia entre diferentes candidatos, acto seguido se dio paso a una competición entre varios programas encaminados a quitarle votos a Marine Le Pen mediante programas tan ultras o casi como el de la líder de la extrema derecha, después François Fillon ganó el envite acompañado de su fama de hombre honrado sin fisuras y, por último, se puso de manifiesto una enfermiza falta de liderazgo en Los Republicanos cuando la pestilencia hizo el aire irrespirable.

Si en la crítica literaria “no hay ninguna utopía de la certidumbre”, afirma George Steiner, ¿qué decir de los vaivenes políticos en las sociedades democráticas? Sin embargo, de la secuencia descrita se desprende la certidumbre de la derrota, de la eliminación sin gloria del candidato en la primera vuelta. De un candidato que, no se olvide el detalle, pronto será imputado y deberá atenerse a los requisitos del procedimiento judicial que se deduzca de las sospechas que recaen sobre él, un dato que, salvo cambio de última hora en el universo del gaullismo declinante, condicionará toda su campaña, sus intervenciones, sus apariciones en los medios, la confrontación con sus adversarios y la movilización en las redes sociales. Nadie en la historia de la Quinta República se personó en las urnas con tan pesado lastre.

Que Emmanuel Macron sea al final la gran esperanza para poner a salvo los valores republicanos frente al sectarismo xenófobo y antieuropeísta de Marine Le Pen abunda en esa rara sensación de que Francia se ha sumergido en la confusión política, en una forma de desorientación de la opinión pública que el caso Fillon no ha hecho más que agravar. La lucha fratricida en el campo socialista, casi una tradición cultural, la debilidad de la presidencia de François Hollande y la derrota de Manuel Valls en las primarias del PS han realzado el papel de Macron, aunque este carece de partido –¡En Marcha! es poco más que un nombre– y no hay forma de saber a ciencia cierta si es un pragmático sin programa, un exbanquero realista, un neoliberal con inquietudes sociales muy de tarde en tarde o las tres cosas al mismo tiempo según sea el auditorio.

En una situación convencional, acorde con la lógica vigente hasta el 2002 –Jean-Marie Le Pen le disputó la presidencia a Jacques Chirac–, desahuciado el partido de la derecha, el muro de contención frente a la extrema derecha debía haber sido el candidato socialista, pero este esquema saltó por los aires cuando la elección de Benoît Hamon en las primarias dio paso a uno de los habituales debates estériles que sacuden al PS. No hay una sola encuesta que sitúe a Hamon por delante del inclasificable Macron y aún menos de la extemporánea Le Pen. Aunque por razones no intercambiables, a Hamon le sucede lo mismo que a Fillon: sus críticos más furibundos militan en campo propio (cuerpo a tierra, fuego amigo, podría gritar Hamon sin exagerar un ápice).

Finalmente, todo resulta bastante raro, sorprende e imprevisible; bastante peligroso puede decirse para la cohesión social y política de una comunidad que no puede aplazar por más tiempo la revisión de su modelo de Estado del bienestar. Lo proclama Macron, un compendio de inconcreciones, lo acepta Hamon con muchas reservas y lo promete Fillon sin soltar la bandera, pensando erróneamente que así puede pescar votos en los caladeros ultras o simplemente asustados por los males del presente, donde Marine Le Pen echa las redes. Mientras tanto, el pesimismo se adueña del electorado conservador, las disputas de familia dividen a la izquierda y, parafraseando el inicio de las memorias de Charles de Gaulle, nadie sabe si alguno de los candidatos tiene “una cierta de Francia” o solo una idea aproximada de cómo es posible lograr la victoria… y luego ya se verá.

 

 

Fillon consolida a Le Pen

El despacho del Eliseo se aleja de François Fillon en la medida en que se concreta la sospecha sobre la opacidad de los ingresos de Penelope, su esposa, y, por esta razón, se pone en duda la probidad de quien el electorado conservador francés convirtió hace unos días en el candidato de Los Republicanos (LR) a la presidencia de Francia. La portada de esta semana de la revista satírica Le Canard Enchaîné pone en la picota a un político que ha hecho de la honradez, algo por lo demás exigible a cualquier cargo público, su primera seña de identidad, porque si su pareja ingresó hasta 600.000 euros como ayudante suya y asesora literaria de La Revue de Deux Monde, tal seña de identidad se desvanecerá, se disolverá en la maraña electoral de una derecha irreconocible, heredera del poder fraguado por el general Charles de Gaulle, pero solo nominalmente depositaria de sus inquietudes.

En ningún lugar está escrito que Penelope no puede ser la asistente parlamentaria de François, el problema es que no frecuentó el Parlamento ni mucho ni poco, no se la vio por allí. Tampoco está prohibido que la esposa de un primer ministro o de un diputado haga carrera literaria, el problema es que su compromiso con las letras no fue más allá de dos o tres críticas, según se dice. Más parece que estos empleos fueron generosamente remunerados a cambio de nada, algo que tendría una importancia relativa, más allá de los precios político y judicial que debieran pagar los interesados, si no acechase entre cajas la amenaza de la extrema derecha –Marine Le Pen, cada día más crecida–, si no anduviesen los socialistas enfrascados en una competición interna sin esperanza, condenados según todas las encuestas a no pasar a la segunda vuelta. Los presuntos enjuagues de François y Penelope tendrían efectos menos dañinos si todo pudiese cerrarse con una crisis familiar, transmutada quizá en crisis de partido, de este LR de ideología difusa, pero cuando está en juego la suerte de los valores republicanos y el papel de Francia en Europa, saltan las alarmas.

Cada vez que surge un caso Fillon con nombres, apellidos e intereses reconocibles, se acrecienta “el profundo desprestigio de las élites y las instituciones democráticas y la generalizada rebelión antisistema”, en palabras del escritor Javier Cercas en el Parlamento Europeo el 7 de diciembre. En el seno de sociedades en crisis o que temen el futuro, en sociedades con cierta tendencia depresiva o faltas de acción, el grand ennui (aburrimiento), identificado por George Steiner en el siglo siguiente al final de las guerras napoleónicas, adquiere rasgos indescifrables, se transforma en algo más que la mera inacción. Cualquier botarate con ganas de jarana, recursos económicos e intuición suficiente para hipnotizar a una multitud desencantada puede ser un líder con futuro.

La desconfianza se ha instalado en los espíritus. En un régimen de opinión pública como el francés, adobado con un sentimiento nacional o nacionalista muy arraigado, los presuntos disparates cometidos por la familia Fillon es maná del cielo para la extrema derecha, pues es el candidato de LR quien parecía señalado para pararle los pies en la segunda vuelta. Bien es verdad que mediante un programa tan cercano al del Frente Nacional, el partido ultra de Le Pen, que apenas se distingue de él en asuntos cruciales de nuestro tiempo: la gestión de la inmigración, la nación como entidad competidora de Europa y cuanto de ello se deriva. ¿Cuántos potenciales electores del presidenciable Fillon pueden entender que la imitación es peor que el original y prefieren sumar su voto a la causa de Marine Le Pen?

El momento es sustancialmente diferente al del 2002, cuando Jean-Marie Le Pen cerró el paso a Lionel Jospin y disputó la elección a Jacques Chirac. Entonces, la movilización de la izquierda en las urnas con la pinza en la nariz en apoyo de Chirac impidió que el líder de la ultraderecha tuviera la más remota posibilidad de salir elegido; hoy el socialismo lame las heridas de su prolongada desorientación frente a los efectos de la crisis y se ejercita en una división estéril, mientras diferentes movimientos alternativos dan más sensación de entusiasmo que de organización y disciplina para contener el asalto al Eliseo de una facción retrógrada y sectaria. Como ha escrito Jean Daniel, la izquierda se siente huérfana a pesar de todo a causa de la crisis socialista y es difícil imaginar a alguno de sus líderes en disposición de levantar un cortafuegos que cierre el paso a la extrema derecha para entregar el poder a un líder conservador, sea este Fillon o quien le sustituya si el elegido en las primarias hace mutis por el foro a raíz del escándalo.

La desnaturalización de la izquierda mediante sucesivas disputas ideológicas, fracturas y desaciertos anduvo paralela hasta la fecha a la desfiguración del conservadurismo a través de una cadena de refundaciones, uniones y cambios de nombre que han dejado sin respuesta una pregunta esencial de los electores: ¿a quién apoyo con mi voto, cuál es su programa? La extrema derecha ha logrado, en cambio, que sus partidarios, siempre en aumento, apenas se formulen la misma pregunta o sientan la misma inquietud: la simplificación de la política y el resumen del programa en eslóganes genéricos ha sido de una pasmosa eficacia.

Nadie pone hoy en duda que nada podía reforzar más y mejor la estrategia electoral de Marine Le Pen que el Penelopegate. Incluso en el improbable caso de que los Fillon crean probar que nada de lo publicado es cierto, no desaparecerá la sombra de la duda –hay testimonios concluyentes de habituales en la Asamblea Nacional que dicen no haber visto nunca a la esposa de Fillon en el edificio– y nada podrá evitar que el hartazgo de muchos contribuyentes engorde el zurrón de votos de la candidata ultra. Ni siquiera la retirada de François Fillon y un nuevo proceso de primarias en Los Republicanos neutralizará la inercia del momento: el deslizamiento hacia el Frente Nacional de muchos votantes conservadores que se daban por satisfechos con el exprimer ministro, pero que hoy se sienten estafados.

A cada episodio que daña la imagen colectiva del establishment político europeo mayor es la tendencia de los ciudadanos a incluir a sus integrantes en la categoría de sospechosos habituales. Cada venalidad conocida resta credibilidad a las instituciones y daña la honorabilidad de sus miembros, el escepticismo pasa a ser la ideología más frecuente o, en su defecto, la de quienes recurren a las emociones primarias o a los prejuicios para sumar adeptos a su causa. Así está hoy Francia a cuatro meses de la primera vuelta de la elección presidencial, con el presidente François Hollande sumido en una impopularidad sin precedentes, con el Partido Socialista condenado a la derrota y con los conservadores clásicos apabullados por la desmoralización. Nunca antes Marine Le Pen fue una candidata tan sólida.

 

La posverdad emponzoña la democracia

Este atropello a la decencia conocido como posverdad obliga a reflexionar sobre desafíos de índole ética que no afectan solo a los políticos, sino también a los medios de comunicación, hipnotizados demasiado a menudo por los especialistas en construir una realidad que no pretenden demostrar o probar. En Estados Unidos hay quien ha ocupado su tiempo en calcular el coste que hubiese tenido la difusión de los embustes de Donald Trump si en vez de salir en la prensa y en los noticiarios de la radio y la televisión en forma de información se hubiesen difundido como publicidad de pago: la factura habría ascendido a no menos de 3.000 millones de dólares. Pero la habilidad de Trump para ser perejil de todas las salsas y la impericia de los medios al enfrentarse al fenómeno facilitó la tarea a un patán vociferante que el día 20 se instalará en la Casa Blanca.

Pero ¿qué es la posverdad? Un conjunto de mentiras o engaños vestidos y vendidos como ingredientes de la realidad. No es otra cosa. En Alemania han acuñado la expresión verdad posfactual, un poco ampulosa, pero quizá más cercana a ese presunto invento de nuestros días que viene de muy lejos (basta echar la vista atrás y hacer acopio de datos en la documentación del III Reich, del stalinismo o del franquismo para concluir que nada nuevo luce bajo el sol). Porque no importan los hechos en la posverdad –la verdad alternativa de Stephen Colbert, recordada por Timothy Garton Ash en un artículo publicado en El País–, solo la reiteración de afirmaciones surgidas en gabinetes cuya misión exclusiva es construir una realidad virtual, artificial, de usar y tirar si con ello se alcanza el objetivo perseguido (generalmente, el poder).

No exageró un ápice en Chicago el presidente Barack Obama cuando dijo que los medios de comunicación “amenazan la democracia al permitir que la gente se retire a sus propias burbujas de conocimiento”. Al contrario, al dar por buenas versiones o datos sin ninguna comprobación empírica, hinchan las burbujas y se alejan del primero de sus compromisos éticos: atenerse a los hechos. “Nos volvemos tan seguros en nuestras burbujas que solo aceptamos la información, verdadera o no, que se ajusta a nuestras opiniones, en lugar de basar nuestras opiniones en pruebas que las sustenten”, afirmó Obama. La democracia y el libre examen desaparecen cuando ocupan su lugar la demagogia y las afirmaciones sin fundamento.

Una encuesta elaborada en seis países por la Universidad de Cambridge concluye que retrocede el europeísmo en las sociedades europeas. El país con más europeístas es Dinamarca (38% de la población), seguido de España (27%), Alemania (26%) y el Reino Unido a pesar del brexit (23%), muy por delante de dos países fundadores de la Unión Europea: Italia (15%) y Francia (14%). ¿Hasta qué punto las posverdades, verdades posfactuales o verdades alternativas han contribuido al enfriamiento del europeísmo en favor de nacionalismos renacidos sobre la manipulación de los sentimientos? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación han estado en disposición de neutralizar la intoxicación informativa que ha dado alas a personajes y programas tan dados a la simplificación (enunciados simples y soluciones simples para problemas retorcidamente complejos)?

La reciente conferencia de prensa de Donald Trump ha sido una vuelta de tuerca más en la ominosa técnica de la posverdad. Según factcheck.org, fue una falsedad una afirmación tan llamativa, entre otras, como que 96 millones de personas no están incluidas en las estadísticas como “fuerza de trabajo”: lo cierto es que el cálculo trumpiano suma jubilados, estudiantes y otros colectivos que no buscan trabajo, de forma que, deducidos estos grupos, la cifra de los que quieren trabajar sin figurar en censo alguno son 5,5 millones. Tampoco es cierto que Obama decidiera la retirada de Irak “en un momento equivocado”, otra posverdad trumpiana, sino que la fecha fue establecida por su antecesor, George W. Bush. Y así sucesivamente hasta emitir un conjunto de afirmaciones sin mayor consistencia, aunque quizá sí con poder de convicción para los convencidos de antemano.

Acaso la estación de llegada de tal ceremonia de la confusión en la que participa Trump, pero en la que se aglomeran otros muchos oficiantes, sea la culminación de un largo proceso en el que los compromisos políticos de los gobernantes, de los partidos, de los titulares del poder o de los aspirantes a serlo han sido suplantados por la propaganda, por la intoxicación informativa, por la profusión de datos servidos en bruto, sin citar fuentes, sin someterlos a la prueba del nueve del trabajo de campo. Y aquí surge como un auténtico imperativo categórico el papel develador de los medios, su función esclarecedora de lo que se oculta, se maquilla o se deforma con el fin último de distorsionar la realidad. Demasiadas veces tal empeño cayó en el olvido durante el ascenso político de Trump, pero también de los nacionalismos gesticulantes que se han asomado a codazos en el escenario europeo mediante la utilización de crisis sociales inconmensurables –la llegada masiva de refugiados, las políticas de austeridad, las arremetidas del Estado Islámico– para desacreditar la vigencia del europeísmo.

Cuando un medio digital tan ajeno a la honradez informativa como breitbart.com se presenta en Europa con el propósito confeso de apoyar las campañas del Frente Nacional en Francia y de Alternativa por Alemania, dos proyectos desabridos, xenófobos y sectarios, herederos de las peores tradiciones políticas europeas, solo cabe decir que la posverdad se instalará en las campañas electorales de dos países determinantes para rescatar a Europa de la desorientación. Frente a la “apatía de los ciudadanos”, citada por Obama en el discurso de Chicago, es imprescindible la reacción de los medios, que ni creen posible la simplificación del presente ni comparten la idea cada día más extendida de que falsear la realidad es una cualidad imprescindible de la política y de los políticos. Nada tienen que ver la posverdad o breitbart.com –dos caras de una misma moneda– con la libertad de expresión, fundamento de la democracia, sino con la intoxicación.

Timothy Garton Ash recuerda en el artículo citado con anterioridad la seguridad de John Milton en que en “un combate justo y limpio” la Verdad, escrita con la inicial mayúscula, prevalece siempre sobre la Mentira, asimismo con mayúscula, una seguridad de la que debemos dudar, según el profesor de Oxford, “aleccionados por decenios de mentiras totalitarias, manipulaciones políticas y, ahora, el desafío de la posverdad”. Entonces ¿qué hacer? Esforzarnos, sostiene Garton Ash, “para que esa pelea efectivamente sea justa y sea limpia”, para que se disipe esa niebla cada vez más densa que emponzoña la democracia en la aldea global.

Trump, lastrado por la sospecha

“Las normas democráticas han sido y siguen siendo violadas, y cualquiera que rehúse reconocer esta realidad es en efecto cómplice de la degradación de nuestra república”, sostiene el nobel de Economía Paul Krugman en un artículo publicado por The New York Times con el expresivo título La elección corrompida. ¿A qué se refiere Krugman? A la movilización de hackers rusos que interfirieron en la campaña electoral en favor o apoyo de Donald Trump, un caso de deslegitimación moral agrandado con el extraño comportamiento del FBI, que diez días antes de la elección insinuó que podía disponer de nuevas pruebas que inculpaban a Hillary Clinton, pruebas que finalmente resultaron ser inexistentes. Conclusión: “El resultado fue ilegítimo de manera significativa: el ganador fue rechazado por el público y ganó el Colegio Electoral solo gracias a la intervención extranjera y al comportamiento burdo, inapropiado y partidista de los organismos nacionales de seguridad”, escribe Krugman.

Acaso sea este el artículo más duro dedicado a Trump desde su victoria del 8 de noviembre, y en él se aborda un factor primordial de la praxis política en democracia: la distinción o diferencia entre lo legal y lo legítimo. No hay en el triunfo de Trump asomo de manipulación de las papeletas o adulteración de los recuentos más allá de los inevitables errores mecánicos en un proceso en el que participan decenas y decenas de millones de ciudadanos. Pero hay demasiados datos que inducen a pensar, incluso a afirmar, que el presidente electo llegará al Despacho Oval por el tortuoso camino de la manipulación de la opinión pública trazado a la vez por una potencia extranjera y por una parte de la comunidad de inteligencia, inequívocamente decantada hacia el candidato republicano.

El nombramiento de Rex Tillerson, presidente de Exxon-Mobil y en muy buena relación con Vladimir Putin, induce a pensar que nada es casual en esta historia de interferencias en un proceso electoral que es el que entraña más consecuencias a escala planetaria. Mientras el Gobierno ruso apoya la condena al martirio decretada por el presidente de Siria, Bashar al Asad, para los habitantes de Alepo, ni una sola voz ni un solo gesto sale de la torre Trump, cuartel general del presidente electo. Nadie dice nada en el universo trumpiano para pedir que se detenga la carnicería, y la situación no es esta por respeto a la iniciativa diplomática de la Administración de Barack Obama –creerlo sería de una ingenuidad inexcusable–, sino porque Trump se dispone a cambiar por completo el marco de referencia de Estados Unidos en el mundo. Sin sopesar ni por un instante que con una diferencia de bastante más de dos millones de votos a favor de Hillary Clinton puede sostenerse sin equivocación que la mayoría en Estados Unidos se opone al giro que barrunta.

Otra vez lo legal y lo legítimo: el Colegio Electoral está legitimado para dar la presidencia a Trump, pero él no lo está para soslayar en qué condiciones se produjo la victoria y a quién votaron más ciudadanos el 8 de noviembre. Hay demasiadas sospechas de injerencias extraelectorales en el éxito de Trump como para aceptar que el único parámetro que debe tenerse en cuenta es aquel que se ciñe escrupulosamente a lo que establecen la Constitución y las leyes. De hacerlo, se alimenta la desconfianza en el sistema y el enconamiento del debate político entre bandos antagónicos.

Sin recurrir necesariamente a la propensión apocalíptica de Noam Chomsky o a un posible “fascismo amistoso”, vaticinado por Bertram Gross en 1980, la comunidad académica, el mundo de la cultura, las sociedades urbanas de las dos costas y la juventud ilustrada de Estados Unidos participan con preocupación en este doble debate: el de la legitimidad moral y el de los riesgos de fractura social. Las referencias que llegan de Europa son alarmantes: el populismo nacionalista, excluyente y xenófobo está ahí para disputar la hegemonía política a la tradición liberal, a las sociedades abiertas sustentadas en el pluralismo político, la diversidad y el respeto a la autonomía de los individuos. Y este trasfondo preocupa tanto o más que la victoria misma de Trump porque fija un rumbo que pretende contener el mestizaje cultural, la economía global y el multilateralismo, realidades todas ellas llenas de problemas, pero preferibles al sectarismo, el proteccionismo y un aislacionismo de geometría variable (business is business).

Al mismo tiempo, se antoja inquietante el papel desempeñado por las nuevas plataformas de comunicación, que quizá sean también de desinformación. La posverdad reina en las redes sociales, y el fact checking (comprobación de los hechos o de los datos) practicado por algunos medios tiene un impacto modesto en medio del ruido imperante en la aldea global. Hay ahí también un factor de deslegitimación o de manipulación a gran escala, una violación de las reglas del juego, que cada día está más presente en las campañas electorales y que en la de Estados Unidos fue moneda corriente. De la misma manera, la simplificación en el enunciado de los problemas, un rasgo tan característico de Trump, alarma a cuantos creen que las recetas milagrosas llevan directamente al fracaso y a la frustración a muchos de cuantos creyeron que el candidato republicano acudía al rescate de la clase media blanca, empobrecida por el impacto en los tejidos industrial y de servicios de la crisis económica del 2007-2008 y sucesivos años.

Cuando opina Joseph Stiglitz, otro nobel de Economía, que el programa de Trump no se sostiene y es un retroceso, lo hace a la luz de las cifras de crecimiento de Estados Unidos durante el último cuatrienio, de la reducción del paro, a un paso del pleno empleo, y del saneamiento del sistema financiero. Que Stiglitz esté o no en lo cierto solo el tiempo lo confirmará, en cambio parece inexcusable que Trump abra la puerta, como pide el ilustre economista, a políticas bipartidistas que serenen los ánimos dentro y fuera de Estados Unidos. Son demasiados los elementos concordantes que permiten afirmar que la gran superpotencia sigue siéndolo, pero no es la hiperpotencia que siguió al hundimiento de la Unión Soviética, sino otra necesitada del concurso de terceros para contrarrestar la competencia de sus adversarios históricos o recién llegados.

La agitación en los medios informativos liberales no es una pose, sino el reflejo de un clima social exacerbado por las pasiones políticas y los tics autoritarios o despectivos de Trump, por la sospecha cada vez más verosímil de que ocupará el poder lastrado por las dudas morales que suscita su triunfo. El anuncio de Barack Obama a un mes escaso de dejar la presidencia de que la intromisión de Rusia en la campaña no quedará sin respuesta no hace más que calentar el ambiente, pero acaso sea su determinación de esclarecer y responder a lo sucedido el último servicio que puede prestar a una sociedad dividida entre los aturdidos por el resultado del 8 de noviembre y los entusiasmados con la derrota de Clinton, dos versiones irreconciliables de Estados Unidos.

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

Partidos bajo la lupa

En esta tierra de nadie o de todos entre el 27-S y el 20-D se suceden los acontecimientos, crecen la confusión y aún más la dudas acerca de la investidura del president Artur Mas, y la tentación a envolverse en la bandera está siempre ahí como último recurso. Acabada la legislatura, el PP se fue en busca del apoyo de sus socios europeos en el congreso de Madrid, más que un acto político, una preelectoral claque –“grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra buscando algún provecho” (segunda acepción del diccionario de la RAE)–, el mismo día que la Guardia Civil y los fiscales se personaron en el domicilio de Andreu Viloca, tesorero de CDC, y en la sede del partido en busca de pruebas del famoso 3%, de esa presunta financiación irregular que todo lo enturbia. Nada está escrito acerca de cuál debe ser el equipaje para realizar el viaje a Ítaca, pero es oportuno recordar la siguiente frase de Joan J. Queralt de su artículo del jueves en EL PERIÓDICO: “A Ítaca no puede llevarse como lastre la podredumbre de la corrupción”.

La incomodidad manifiesta de los socios de CDC, en una situación más imposible cada día, confirma lo atinado del aserto. No es solo la CUP la que reitera con más determinación que nunca que Mas no reúne las condiciones para repetir en la presidencia; el silencio de ERC y de las entidades soberanistas que alientan el procés es del todo elocuente. Como ha publicado El País en un editorial, “por muchísimo menos de lo que aquí se investiga, dirigentes políticos de los países con los que Mas gusta de comparar a Catalunya habrían dimitido ya”, y su disposición a presentarse a toda prisa en el Parlament para dar explicaciones apenas corrige su debilidad extrema para pilotar la nave. Todo el mundo tiene derecho a creer en tramas conspirativas, pero habida cuenta del tiempo que el asunto rueda por los juzgados y de los precedentes –los casos Palau, Pujol, Innova y otros–, nadie debe llamarse a engaño: algo no pequeño está por esclarecer.

Apelar a la inoportunidad del momento y la aparatosidad de las formas resulta pueril. Con el calendario preelectoral, electoral y poselectoral en la mano es imposible que la labor de los tribunales no pise o provoque un cortocircuito en las estrategias de los estados mayores de los partidos. Salvo que todo el aparato judicial pospusiera durante varios meses –quizá hasta enero– sus indagaciones relacionadas con la actividad de partidos o políticos bajo sospecha, es inevitable que a cada auto o diligencia se le encuentre un pero, un propósito oculto para dañar los planes de alguien. Es tan ingenuo no sospechar que en este embrollo y en otros –los Bárcenas, los Gürteles, los ERE, la Púnica y otras lindezas– no hay dosis de juego sucio como maliciar que todo responde a un plan predeterminado para neutralizar a adversarios políticos. Más que a simplificación de la realidad suena a manipulación de la historia.

Después de la publicación de las declaraciones de Francisco Correa en eldiario.es, lo menos que puede decirse es que la plaga del 3% –o de otros porcentajes– adquiere la categoría de pandemia. De ser cierto lo dicho por el cabecilla de la trama Gürtel, y hoy ya todo es posible o verosímil, “se trataba de adjudicar obras a empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, gerente y tesorero del PP. Tampoco ahí tiene sentido buscar la acción de una mano negra que pretende chafar la precampaña de los populares, con Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y compañía en la tribuna de oradores, sino esperar que los jueces hagan la luz y pongan a cada cual en su lugar, aunque tenga un elevado coste para la credibilidad del sistema la judicialización de la política, inevitable cuando la opacidad es un hecho. “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”, el sms que Mariano Rajoy mandó a Bárcenas un día de principios del 2013, lastra irremediablemente el relato elaborado por el PP para distanciarse de los presuntos manejos del extesorero.

Ese 3% ominoso y desvergonzado que aparece en todas partes debe esclarecerse, sea cual sea el coste, para evitar que arraigue la sospecha generalizada, se propague el escepticismo como enfermedad incurable y los ciudadanos lleguen a la conclusión de que son víctimas de un engaño permanente y premeditado. Es preciso, asimismo, para que queden a salvo de recelos cuantos se dedican a la política y no recurren al 3% (para que les cuadren las cuentas del partido o para procurarse todos los meses un sobresueldo dentro de un sobre). Es una necesidad de higiene democrática inaplazable que prevalezca la honorabilidad de las instituciones y de quienes las sirven. La regeneración democrática requiere reformas de todo tipo, entre ellas la de la Constitución, pero precisa ante todo descontaminar el aire viciado que se respira en demasiados despachos, en demasiadas tramas de poder, en los intersticios a través de los cuales es posible adulterar la financiación de los partidos políticos, necesarios por lo demás para que una democracia realmente lo sea.

Sería muy de lamentar que la Reforma para la Agilización de la Justicia Penal –nombre oficial del invento–, una iniciativa del PP aprobada por las Cortes, provocara un cuarteamiento de las causas en curso, como teme el exfiscal José María de Mena, debido a la obligatoriedad de que las investigaciones no se prolonguen más allá de 18 meses, prorrogables si lo autoriza el juez a petición del fiscal. “Preocupado el Gobierno, al parecer, por los macroprocesos, como el de la Gürtel –escribe Mena–, ha decidido agilizar la justicia acabando con ellos. Con la reforma legal, los grandes procesos deberán trocearse. Se juzgará a cada uno de los delincuentes por separado, con lo que, en la práctica, se difuminarán las grandes tramas de criminalidad financiera colectiva, y punto final”. Porque los males de la nación, sea la que sea la dimensión del territorio al que se aplica el término, no son asunto en manos de individuos que actúan por su cuenta y riesgo, sino que hay algo más que indicios de que en los 3% y otros enredos el funcionamiento se atiene a una logística precisa, a sólidas redes clientelares en las que participan corruptores y corrompidos con parecido desparpajo.

La mera posibilidad de imponer un punto final a las investigaciones supone dejar la puerta abierta a cegar los caminos para la depuración de responsabilidades en los casos del primer partido de Catalunya, del que hasta ahora ha dispuesto de la mayoría parlamentaria en España y de otros muchos asuntos que afectan a la limpieza y solvencia de las instituciones. Y esa mera posibilidad, de hacerse realidad, llevaría inevitablemente a una parte de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes a la desafección, a pensar que nada es trigo limpio, que todo es fruto de un rosario de componendas innobles. Porque rige hoy más que nunca en toda su extensión el juicio del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes”.

 

Rato agrava la enfermedad

“Los discursos y los escritos políticos son hoy esencialmente una defensa de lo indefendible”. La frase es del escritor británico George Orwell y figura en su ensayo Los políticos y la lengua inglesa, que data de 1946. Hoy es tan vigente como entonces o acaso más porque los mecanismos de retorsión del lenguaje han evolucionado espectacularmente en manos de especialistas en convertir la política en un manual de eslóganes más o menos ingeniosos, más o menos ocultadores de la realidad, de las miserias de la vida pública, de cuanto sucede y no se quiere que se sepa.

Otro británico, el historiador Timothy Garton Ash, 70 años después de Orwell, ha dado con los mismos mecanismos de mixtificación. “Todas las frases ingeniosas las preparan con antelación los asesores de comunicación. Como dijo hace poco el antiguo fiscal general conservador [del Reino Unido] Dominic Grieve, son ‘sesiones llenas de indignación pero con muy escaso contenido’”, escribió hace unas semanas en El País Garton Ash, alarmado por el espectáculo a menudo infantiloide que ofrecen los diputados en la Cámara de los Comunes, una forma bastante grosera de ocultar el presente detrás de un telón de improperios altisonantes, broncas, aplausos y otros jolgorios. En el fondo, como sucedía en los días de Orwell, se trata de eludir la verdad y de defender lo indefendible; se diría, quizá, de secuestrar el lenguaje.

Llevado todo al teatro español –no al de la plaza Santa Ana de Madrid, por demás respetable–, el alcance o repercusión del secuestro del lenguaje se agudiza con la gravedad del momento. Una gravedad realzada por esa lista de 705 o de Rodrigo Rato y otros 704 –a no ser que aparezca un cabeza de cartel de más altura– que pudieran haber aligerado sus conciencias mediante el blanqueo de dinero gracias a la amnistía fiscal establecida por el Gobierno. Esos 705 o Rodrigo Rato y otros 704 suman un nuevo pudridero a otros cinco que han llenado la política de pestilencia: la madeja Gürtel-Bárcenas, el ovillo de los ERE de Andalucía, el crucigrama Urdangarín, el laberinto de Bankia (tarjetas negras incluidas) y la trama Pujol. Y al difundirse el aroma de corrupción en todas direcciones han obligado a ciudadanos atónitos a descifrar el alcance de los hechos encubiertos por el lenguaje cuando estos se abordan a la vista del público en los parlamentos, en los juzgados, en esas declaraciones a las puertas de los palacios de justicia cuya función exclusiva es exaltar la inocencia de los encausados o de quienes seguramente lo serán al cabo de unos días.

Orwell dejó dicho en Los políticos y la lengua inglesa: “A propósito de cada frase que escribe, un autor escrupuloso se planteará al menos cuatro preguntas: ¿Qué pretendo decir? ¿Cuáles son las palabras que pueden expresarlo? ¿Qué imagen o locución puede hacerlo de forma más clara? ¿Esta imagen es lo bastante expresiva para ser eficaz? Y probablemente se planteará otras dos: ¿Podré expresarlo de manera más concisa? ¿Hay en esta formulación alguna fealdad que podría evitarse?”

De estas seis preguntas, la primera es fundamental: ¿qué pretendo decir? Es tan determinante que en la epidemia de corrupción que padece el país ha sido sustituida por esta otra: ¿qué debo decir? O por esta otra, igualmente inquietante: ¿qué conviene que diga? Pudiera añadirse que es preciso dilucidar qué conviene decir para que no afecte mucho a las encuestas, para que quede claro que alguien metió mano en la caja, pero el partido no tuvo forma de saberlo, o el Gobierno, o ambos a la vez, defraudados a causa de la confianza depositada en sus más íntimos y apreciados colaboradores, militantes y amigos, a quienes presuponían el partido, los partidos, el Gobierno o todos a la vez libres de toda sospecha. Este es el punto de partida, la necesidad de poner en marcha un mecanismo de disculpa que sea, al mismo tiempo, exculpatorio, que haga olvidar lo dicho con anterioridad –“Luis. Lo entiendo. Sé fuerte” (la sintaxis es de Mariano Rajoy, autor del mensaje a Luis Bárcenas”–, que deje a salvo la marca, el márketing político, para no perder en el lance carros y carretas.

La ironía que gastaba Eugeni d’Ors con sus alumnos, a quienes a menudo decía “oscurezcámoslo un poco” cuando algo estaba claro, ha pasado a ser la piedra sillar de las técnicas pergeñadas por los especialistas en dar con explicaciones políticamente correctas para que los líderes o sus portavoces tranquilicen al auditorio. Pero, claro, el auditorio está escamado y ya no se cree casi nada de lo que le dicen; tiende, en cambio, a desconfiar de todo y de todos, un estado de ánimo lógico, pero fatal para salvaguardar la complicidad indispensable entre poder y ciudadanos para que los sistemas democráticos funcionen de forma razonablemente eficaz. En medio de la oscuridad, cuando la opinión pública puede guiarse solo por el olfato que detecta los vapores que suben de la alcantarilla, no hay complicidad posible entre administradores y administrados.

Resulta incomprensible que, en medio de la función, el PSOE tenga que forzar una votación en el Congreso para que el Gobierno publique la lista de los más de 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, esto es, el elenco de cuantos antes de la amnistía no pagaron a Hacienda en la forma y los plazos debidos. Resulta un insulto a la inteligencia que mientras se registra el domicilio de Rodrigo Rato alguien busque argumentos en la ley o en la confusión reinante para no suministrar tal información y dejar a oscuras –otra oscuridad más– a cuantos todas las primaveras pasan por la ventanilla de Hacienda. Resulta, en fin, un bochorno colectivo que los estrategas y agitprop de los partidos, del Gobierno o de ambos a la vez busquen tres pies al gato a cuantos quieren aclarar lo sucedido, sean estos periodistas, magistrados, jueces o políticos con el expediente limpio, que por fortuna los hay.

“Cuando se abre un abismo entre los objetivos reales y los objetivos declarados, de forma casi instintiva se recurre a las palabras interminables y a las expresiones trilladas, tal como un calamar lanza su tinta”, dijo Orwell. El comportamiento del calamar obedece a su deseo de ocultarse, de zafarse sin daño de sus adversarios; persigue lo mismo este sopicaldo de declaraciones que nada dicen a pesar de la solemnidad con que se dicen. Sin que pareciera tener mayor importancia el daño que causa esa ceremonia del disimulo, de la evasión –no fiscal en este caso–; como si no minara el sistema, la confianza en él, la dignidad de la política y de los políticos. Como si lo más importante no fuese saber si los presuntos corruptos lo son de verdad, sino cómo afectará la corrupción a sus partidos en las próximas elecciones; como si lo que en verdad importase fuese saber quiénes y cómo se salvan de la quema aunque el aire siga siendo irrespirable.

El coste de cuanto pasa es incalculable para un sistema democrático. El historiador Tony Judt lo definió en dos sucintas frases. Primera: “La falta de confianza es claramente incompatible con el buen funcionamiento de una sociedad”. Segunda: “Si los ciudadanos activos o preocupados renuncian a la política, están abandonando su sociedad a sus funcionarios más mediocres y venales”. Demasiados riesgos para seguir mareando la perdiz y apuntarse a un relativismo moral que devuelve la imagen, seguramente falseada por la decepción de ahora mismo, de unos políticos más inclinados al oportunismo que al compromiso con la transparencia y que, como dice Timothy Garton Ash, dilucidan sus diferencias en una “pelea a gritos propia de un patio de colegio”.

Bárcenas se adueña del micrófono

Resumen de lo publicado entre poco antes y poco después de que Luis Bárcenas saliera de la cárcel previo pago de una fianza de 200.000 euros, que a muchos les parecen pocos menos que simbólicos, pero que se ajustan a derecho según conviene decir en aras de la corrección política y los buenos modales. Vayamos al resumen:

Los bancos andorranos no quieren testificar en el Parlamento catalán sobre las cuentas de Pujol, los dineros de los Pujol o al menos de algunos de los Pujol.

Carlos Floriano, del PP, dice de Luis Bárcenas: “Este señor nos engañó”. Pero el tal señor recibió el aliento decidido de Mariano Rajoy para que resistiese como un jabato.

No pasa un día sin un Gürtel ni semana sin imputación.

Juan Carlos Monedero, de Podemos, promete aclarar cuanto convenga de sus ingresos por trabajos facturados si se lo autoriza… Venezuela.

Tania Sánchez, de IU, tendrá que renunciar a su candidatura por Madrid si resulta imputada en un confuso caso de subvención pública de actividades privadas en las que aparece su hermano.

Susana Díaz, del PSOE andaluz, con el lío de los ERE de por medio (una burrada de millones), sopesa convocar elecciones para obtener la legitimación de las urnas antes de disputar el despacho del PSOE en Madrid a Pedro Sánchez.

Un juez requisa los contratos con la red Púnica en varias dependencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid (las sospechas alcanzan a colaboradores directos de Ignacio González, presidente madrileño).

El matrimonio Urgandarín-Borbón vende por seis millones de euros el palacete de Pedralbes, en parte embargado.

Oriol Pujol da a entender que todos son inocentes (entiéndase, los Pujol).

El llamado caso Palau anda atascado en un galimatías procesal que quizá tenga justificación técnica, pero carece de justificación social.

Artur Mas se dispone a aprobar un presupuesto, apoyado por ERC, que incluye ingresos virtuales (dependen de la caja del Estado).

Mariano Rajoy y su séquito están exultantes con las cifras de empleo del 2014, pero resulta que hay más de cinco millones de desocupados, la tasa de paro se mantiene en el 23,7% y en 1,7 millones de hogares nadie tiene un puesto de trabajo.

Y así se podría seguir muchas líneas más a riesgo, claro, de sembrar el aburrimiento cuando no la depresión.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

El filósofo Daniel Innerarity dice: “Si ponemos el foco en la corrupción, existe el riesgo de pensar que, si no la hay, la política funciona bien. Y a mí me preocupa más la política que no funciona bien cuando no hay corrupción. La política es un instrumento para dar solución a los problemas, por lo que no se trata tanto de un problema de rearme moral, sino de construir un sistema inteligente de gobierno”. El razonamiento resulta impecable, pero a la opinión pública, a los electores, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a los votantes, a los administrados les resulta cada día más difícil comprender o aceptar que los administradores son servidores abnegados en su inmensa mayoría; los administrados circulan con la reserva de confianza bajo mínimos y cada día les viene más cuesta arriba admitir que eso de la corrupción es un submundo en el que se ha refugiado una minoría para enriquecerse a costa de la mayoría y de expandir el desprestigio de la política.

Innerarity sostiene, además, a propósito de la corrupción: “Se erosiona la única autoridad por encima de los técnicos, de los expertos. Indirectamente, esa crítica furibunda contra la clase política, a la que algunos quisieran ver fuera de juego, otorga una autoridad a técnicos y expertos que no deberían tener”. Eso está sucediendo ahora, y es un refugio ideal para que gobernantes mediocres y gestores osados se apareen y arrinconen la política, el viejo arte de afrontar los retos de cada época más allá de los libros de contabilidad y de las estadísticas interesadas. Cuanta menos política, más tecnocracia; cuanta menos política, más hojas de Excel, más Fondo Monetario Internacional y desmantelamiento del Estado de bienestar bajo el epígrafe de reformas.

Nada del todo nuevo bajo el sol. Maquiavelo escribió en los Discursos: “Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones”. Lo que sucede hoy –los días de Maquiavelo no fueron muy diferentes en ese aspecto– es que quienes dicen ocuparse de atajar la corrupción albergan, al mismo tiempo, la preocupación de salir trasquilados, de que aquello pensado para sanear la vida pública se vuelva contra ellos o sus allegados políticos a través de una trama de intereses que quizá no controlan o de la que simplemente desconocen la existencia (es último es poco creíble).

Maquiavelo cree incluso preferible confiar en “hombres montaraces” –de nuevo, los Discursos– para fundar una república (entiéndase un Estado de nueva planta) que aquellos de “corrompidas costumbres” que acumulan la experiencia de quienes están avezados en ejercer el poder. A saber si al autor de El príncipe tendría por adecuado cambiar los “hombres montaraces” por recién llegados sin mayor experiencia de gestión política que las tertulias y las aulas universitarias ni más avales que sus promesas bien intencionadas, para el caso Pablo Iglesia y su equipo de Podemos. Pareciera que es ese un ropaje muy sucinto para afrontar el rearme moral que Innerarity no cree primordial, aunque quizá los votantes lo estiman indispensable para superar la insoportable levedad del ser que se ha adueñado de una comunidad decepcionada, desencantada, quizá desesperanzada, aunque Luis de Guindos coseche en Davos felicitaciones de muy variada procedencia, tributarias la mayoría del recetario contra la crisis redactado por los economistas del Bundesbank.

El filósofo Emilio Lledó declaró a El País el 15 de noviembre del 2011, cuando ya llovían chuzos de punta a causa de la corrupción, aunque menos que hoy: No podemos dejar el país en manos de una política con una parte regida por oportunistas y por indecentes. Que el imperio de la indecencia domine en la política es intolerable; ese imperio es fruto del dominio de ciertas oligarquías que piensan que lo único que hay que hacer es ganar dinero y crear ideologías aptas para que esa oligarquía siga con poder”. Pero al escuchar los noticiarios y leer los periódicos desde que Luis de Bárcenas agarró el micrófono a las puertas de la cárcel es difícil sustraerse a la idea de que la agenda política la marca la indecencia de quienes están dispuestos a poner el plato de detritus frente al ventilador para ensuciar a todo el mundo y, de paso, aligerar su cargamento de porquería. Porque al sembrar la sospecha en todas direcciones y socavar el prestigio de todo el mundo, con fundamento o sin él, todos los Bárcenas que hoy se pasean por los juzgados inducen a una opinión pública aturdida a concluir que todos son lo mismo, que ellos no han hecho ni más ni menos que lo que han hecho los demás: llenarse los bolsillos con comisiones, concursos amañados, black cards, cuentas en paraísos fiscales o cualquier otra desvergüenza imaginable o por descubrir.

Esa idea de que todos son lo mismo, de que todos frecuentan la misma alcantarilla, es profundamente reaccionario, antidemocrático e inmoral, pero suma cada día más adeptos y no hay otra forma de salirse de ella que atender a quienes como Antonio Sitges-Serra en este periódico reclaman a los políticos, a los que hasta ahora han dispuesto del poder y a cuantos puedan verse en el futuro en parecida situación, “un propósito de enmienda” que les autorice a ganarse “nuestra confianza y nuestro voto”. Esta petición o ruego tan sencillo, manifestar “un propósito de enmienda”, se halla en las antípodas de la peor versión de la charcutería política que asoma por todas partes, de la política de bajos vuelos pergeñada por gabinetes de asesores encargados de buscar la forma de retener el poder o de conquistarlo mediante las encuestas, los sondeos y los programas que se olvidan en cuenta se apagan los focos al final de cada campaña y empieza el recuento de votos. Se halla, asimismo, en las antípodas del rictus forzado de Rajoy al llegar a la convención del PP mientras Bárcenas seguía con sus declaraciones envenenadas y marcaba el tempo a la orquesta.

“El conformismo es una ideología peligrosa”, declaró el gran periodista y pensador francés Jean Daniel en el 2008. Y el conformismo, debe añadirse, es una forma de pesimismo o de sometimiento, puede que de fatalismo, que alimenta en gran medida el rumbo tomado por la política, sometida a las exigencias implacables de los finanzas globales y al diagnóstico de los tecnócratas. Pero alimentado también por la sensación de impunidad –quizá inexacta o exagerada, pero sensación al fin– de la que disfrutan los Bárcenas de toda ralea, una sensación acrecentada por la salida de la cárcel del exsenador, cuya justificación jurídica, en principio, no hay que poner en duda, aunque mueva a muchos a ver en ella un trato de favor o una mayor comprensión que no alcanza a otros procesados en causas que provocaron menor escándalo, alarmaron menos o simplemente no llegaron a conocimiento de la opinión pública. Serían un gran logro que antes de las elecciones de mayo se impusiera la movilización regeneradora al conformismo para evitar que sean los Bárcenas de turno quienes dicten las reglas de campaña.