El PP, bajo sospecha

La rentrée política se ha emponzoñado a las primeras de cambio con demasiados ingredientes para enfrentar al Gobierno y al PP, para convertir en un crucigrama la formación de una mayoría suficiente capaz de aprobar el presupuesto. La estéril discusión en la que ha derivado la gestión de la pandemia y la secuela de rebrotes –quizá sea la segunda oleada, pronosticada para más tarde– corre el riesgo de quedar oscurecida por el contenido de la causa que se sigue contra responsables del Ministerio del Interior encabezado por Jorge Fernández Díaz, tiempos de Mariano Rajoy.

La pretensión de Pablo Casado de presentar el asunto como “investigaciones judiciales de tiempos muy pasados” apenas logra desvanecer la sensación de que algo huele a podrido y obliga a los populares a producir cortinas de humo. El problema es que el trabajo realizado por el juez José de la Mata y la pretensión de la fiscalía de que se investigue a Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP cuando sucedió todo, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro contienen suficiente información como para pensar que la dirección popular participó con plena advertencia en la operación policial destinada a entorpecer la investigación propiciada por los famosos papeles de Luis Bárcenas, tesorero en su día del partido. Lo realmente demoledor es la presunción de que la caja b del partido se nutrió de fondos reservados para espiar a Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias. Y aquí el término presunción es poco más que un formalismo léxico: se recurre a él porque el momento procesal impone utilizar esta palabra y no otra.

Dicho de otra forma: la impresión imposible de borrar es que el Gobierno que presidía Rajoy, o al menos una parte de él, echó mano de la llamada policía patriótica, organizada en los despachos de Interior, quiso emborronar las pesquisas encaminadas a establecer el alcance de los papeles de Bárcenas, quiso imposibilitar la aclaración de supuestos pagos encubiertos a líderes del partido. Todo lo demás es importante, pero no determinante; que el nombre de José Manuel Villarejo aparezca en medio del pastel es significativo, pero es del todo insuficiente para desviar la atención hacia quienes desde el poder ejecutivo pudieron hacer de su capa un sayo. Y todo eso no sucedió hace tanto tiempo, como pretende Casado, sino en el periodo 2013-2015.

Que haya una investigación abierta que afecta a Unidas Podemos no quita gravedad al caso que instruye el juez De la Mata. Basta recordar que Pablo Casado fue a partir de enero de 2015 portavoz del comité de campaña de las autonómicas y municipales de ese año y a partir de junio, vicesecretario de comunicación para deducir que se encontraba muy cerca del núcleo duro del partido. De tal manera que puede verse en el trance de comparecer en la comisión de investigación impulsada en el Congreso por el PSOE y por Unidas Podemos y en la lógica necesidad de establecer una distancia física y ética entre él y sus antiguos jefes, Rajoy y De Cospedal, a quienes los socialistas piensan citar a declarar. Un regate que entraña riesgos porque, según lo concrete, puede dar pie a aplicar la locución excusatio non petita, accusatio manifesta.

Para una población sometida a la doble presión de la pandemia y de un horizonte económico borrascoso, el enésimo caso de corrupción es desmoralizador, desprestigia la política y a los políticos, suministra material de primera calidad a los predicadores del populismo y alimenta a la extrema derecha. El olvido de la famosa frase de Bertrand Russell “no creas conveniente actuar ocultando pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz” arruina la confianza en las instituciones, en quienes figuran en ellas, y este último escándalo no hace más que contribuir a tal distorsión. Demasiadas veces el ejercicio del poder recuerda las últimas palabras de Kurtz en El corazón de las tinieblas: “El horror, el horror”. Con la consecuencia añadida de que cuantos ejercen sin tacha el poder, sea este grande o pequeño, resultan salpicados por quienes lo degradan.

Para la consistencia de la democracia, lo peor es la reiteración de los comportamientos irregulares o sometidos a sospecha o juzgados y sentenciados: desde los ERE de Andalucía a las cuentas del rey emérito, del caso Pujol al caso Palau. Todo conspira en contra de la confianza en la democracia cuando el veneno de la corrupción infecta la política con episodios como el del PP. Con el daño añadido de que mucho antes de que haya sentencia firme, la consistencia de las pruebas induce a la opinión pública a pasar de la presunción de inocencia a la de culpabilidad, una reacción inevitable si, además, se multiplican las explicaciones poco convincentes, forzadas, sesgadas y retóricas como es el caso.

Hay demasiados precedentes dentro y fuera de España de hasta qué punto crece la bola de la corrupción en cuanto empieza a deslizarse por la “pendiente ruinosa” (Enrico Berlinguer). ¿Qué dimensiones adquirirá al final el caso en curso? ¿Había dado Rajoy el visto bueno a la policía patriótica? ¿Qué operaciones, compromisos y salarios opacos se pagaban con la caja b? ¿De dónde salía el dinero? En realidad, estas son solo unas pocas preguntas de las muchas que pueden formularse y merecen tener cuanto antes una respuesta precisa. De no ser así, saldrá reforzada la idea muy extendida de que todo se oculta, todo se tapa para que nada trascienda y se ponga oficialmente en duda la solvencia del sistema, la probidad de quienes deben servirlo y no servirse de él con manejos inconfesables. Cuando a Richard Nixon le preguntó un periodista, años después de su dimisión, cómo lo hicieron él y sus colaboradores para desviar fondos de la campaña electoral de 1972 para financiar actividades encubiertas, el expresidente fue escueto y tajante: “Lo hicimos mal; actuamos mal”. El reconocimiento del atropello tardó en llegar, pero al final llegó. Veamos aquí.

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Trump saca partido al racismo

El deterioro del clima social en Estados Unidos ha llevado la campaña electoral al terreno en el que Donald Trump se siente más cómodo, aquel en el que no importan los datos y los programas, sino la explotación de sentimientos tan primarios como el miedo. El correlato de las convenciones demócrata y republicana ha sido en un primer momento el acercamiento de las expectativas de voto del presidente a las de Joe Biden, confirmando así la creencia de algunos asesores políticos de que quien más grita parece, de entrada, estar en lo cierto, llevar razón. Pero, al mismo tiempo, las baladronadas de Trump da la impresión de que desconciertan a una parte de su electorado sobrevenido de 2016, que buscó en él el antídoto a los efectos de la crisis económica y se encuentra hoy con el paro desbocado, la pandemia fuera de control y un aire irrespirable en las calles de demasiados lugares.

La comprensión del presidente con el joven ultraderechista que mató a dos personas en Kenosha (Wisconsin) y su defensa sin excepciones del comportamiento de la policía, inaceptable con preocupante frecuencia, devuelve la imagen de un racista cada día menos encubierto y más dispuesto a sacar partido de los disturbios que han desfigurado a veces la campaña Black lives matter. Al mismo tiempo, la reiteración de casos de violencia -el último, en Rochester (Nueva York)- induce a pensar que la peor tradición policial en Estados Unidos cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y que sus ejecutantes se sienten legitimados para perseverar en prácticas brutales. Es un hecho que hacía décadas que el problema racial en Estados Unidos no se manifestaba de forma tan lacerante, tan fuera de control y tan próximo a invocar todos los demonios familiares, todos los fantasmas de la historia del país.

En plena refriega, con la movilización de sectores con gran proyección social como el deporte profesional, el cine y el mundo académico, los sondeos intentan desentrañar hasta qué punto el paisaje favorece a Trump. Las cifras publicadas el jueves por Politico.com referidas a diferentes encuestas nacionales y estatales indican que la aproximación de Trump a Biden es menor a lo que pareció inmediatamente después de la convención republicana. Según la recopilación de datos hecha por el medio, Biden mantiene una ventaja sustancial sobre Trump, “aunque está lejos de ser segura”, un matiz importante porque faltan dos meses para las elecciones y las variables se suceden a velocidad de vértigo. Es decir que aunque ninguna encuesta da al candidato demócrata una intención de voto inferior al 49% ni al presidente una superior al 43%, nada está ni mucho menos decidido.

Alguien tan poco sospechoso de veleidades liberales como el muy conservador Bill Kristol estima que un segundo mandato de Trump es muy peligroso. Desde luego, lo puede ser para la cohesión social de una sociedad atravesada de parte a parte por varias fallas tectónicas, de las que la provocada por el problema racial es quizá la más preocupante en términos de estabilidad, equilibrio emocional e igualdad ante la ley. En la complejidad moral de una sociedad para la que, en términos históricos, la herencia de la esclavitud es algo presente en la vida cotidiana de muchos estados, es determinante el poso dejado por la guerra civil, la cultura de los prejuicios raciales, las movilizaciones por los derechos civiles y la respuesta del racismo organizado.

El analista Robert North Patterson formula una doble pregunta íntimamente relacionada con tal herencia: ¿cuánto tiempo preocupará a la comunidad blanca la violencia policial ejercida sobre la afroamericana y en qué momento se truncará su apoyo a causa de la violencia y el desorden en la calle? La pregunta no pretende generalizar –una parte de la sociedad blanca seguirá al lado de la negra y de sus reivindicaciones pase lo que pase–, pero sí alertar sobre un riesgo cierto de futuro. Seguramente, los estrategas de Trump cuentan con ello y las declaraciones a televisiones nacionales y extranjeras de ciudadanos blancos de Portland, Kenosha y otros lugares parecen dar la razón a Patterson: muchos se inquietan por las noches de saqueo y a regañadientes o convencidos se inclinan por la ley y el orden que predica la Casa Blanca.

No todo vale para captar votos durante una campaña electoral. Pero este fundamento de la democracia, que impone límites éticos al comportamiento de los candidatos, tiene un valor secundario para Trump y su entorno. Al manifestar el escritor Colson Whitehead en EL PERIÓDICO que “un gato muerto sería mejor presidente que Trump” no hace más que recoger el sentir liberal, el mayoritario en la sociedad afroamericana y en diferentes minorías, pero hay una comunidad realmente grande de votantes que han encontrado en el presidente el escudo de seguridad necesario para protegerse en tiempos de zozobra. Nada es más importante para ellos que mantenerse en una zona de relativo confort, sin que importe demasiado cuál es el precio a pagar. Para los acogidos a tal planteamiento, lo más importante es sentirse preservados de los efectos de las sacudidas sociales, y ese enfoque del futuro engrana sin dificultad con el discurso de Trump.

Cuando un presidente incita a sus seguidores de Carolina del Norte a votar por correo y luego de forma presencial en su circunscripción, algo que es un delito y no solo una infracción administrativa, no hace más que dar la razón a Kristol sobre los riesgos que entraña un segundo mandato. Si el jefe del Estado es capaz de invitar a los suyos a vulnerar la ley, ¿cuál puede ser el paso siguiente? Ni siquiera el propósito de Trump de deslegitimar el voto por correo justifica la maniobra porque, llegado el caso, podría provocar un bloqueo institucional sin precedentes si la victoria es para Biden el 3 de noviembre y la Casa Blanca pone en marcha una estrategia de impugnación general del resultado, algo que cada día temen más voces acreditadas. Pero tal posibilidad queda muy lejos de las preocupaciones inmediatas de muchos partidarios del presidente que, cuatro años después, ven en él al restaurador de las esencias después de la pesadilla de ocho años que para ellos fue la presidencia de Barack Obama. Por eso Trump tiene posibilidades y las encuestas pueden equivocarse.

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La Iglesia católica debate su peor crisis

La Iglesia católica afronta su más grave y escandalosa crisis desde el final de la segunda guerra mundial, y seguramente una de las más dañinas desde hace siglos para su prestigio de guía moral para creyentes y también no creyentes. En el encuentro titulado Protección de la Infancia en la Iglesia, convocado por el papa Francisco, los presidentes de 114 conferencias episcopales, representantes de las iglesias orientales, de los dicasterios y obispos sin diócesis, hasta sumar un total de 190 clérigos, tienen en sus manos y en las decisiones que adopten la paulatina restauración del prestigio de la institución, la preservación del perfil reformista del sumo pontífice y el saneamiento del vínculo entre los pastores y la grey. El mandato exigente del Papa –“El santo pueblo de Dios nos mira y no solo espera de nosotros simples y obvias condenas, sino todas las medidas concretas y eficaces que se requieran. Hace falta ser concretos”– debe llevar a los padres sinodales a ser ejecutivos; de no serlo, la desorientación de la feligresía irá en aumento y se multiplicarán las dudas en todas direcciones acerca de la capacidad de la Iglesia de regenerarse.

La fase de pedir perdón por los pecados cometidos ha quedado superada por la difusión de los casos de pederastia identificados en todos los ámbitos de la Iglesia, que afectan a decenas de miles de víctimas y a otros tantos miles de sacerdotes. La época de los actos de contrición en privado quedó atrás hace mucho tiempo, desbordada por las dimensiones de la epidemia y la mala conciencia de puertas para adentro. La sensación de que la ocultación, el encubrimiento y otras formas de silenciar los casos de pederastia revela un mal sistémico en el funcionamiento de la Iglesia, por lo menos desde los días de Juan XXIII, convierte en moralmente imposible cualquier vía de escape que no incluya el compromiso firme y tajante de las autoridades eclesiásticas de llevar a los culpables ante la justicia civil para que respondan de sus fechorías. Los menores sometidos al acoso de los pederastas con sotana tienen igual derecho de ver perseguidos y condenados a quienes los asaltaron que los que fueron víctimas de pederastas no consagrados.

Como ha argumentado Óscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y ha recogido L’Osservatore Romano, el silencio de las víctimas “es uno de los frutos más odiosos” de la pederastia. Abunda el prelado en la opinión de psicólogos y sociólogos acerca del abuso de autoridad como requisito indispensable para que se dé el abuso sexual, y añade el analista Marco Bellizi: “Una conciencia manipulada no es capaz de expresarse adecuadamente. A menudo pierde también la capacidad de comunicar lo que le está sucediendo”.

Puede decirse sin riesgo a exagerar que ese silencio inducido por una mezcla de miedo, vergüenza y soledad se ve agravado cuando renuncian a esclarecer los hechos ante la opinión pública quienes están en condiciones de atender a las víctimas y resarcirles su dignidad como parte de la etiquetada como acción pastoral. Lo entendió así Benedicto XVI antes de ocupar la silla de Pedro –cardenal Josef Ratzinger, entonces–, pero detuvo la iniciativa el papa Juan Pablo II, que toleró el secretismo y la componenda en las sacristías, y pretendió poner a salvo de la justicia civil a los pederastas. Todos los casos desvelados por los medios de información y las autoridades religiosas que se han negado a respetar un silencio ominoso permiten llegar a la conclusión de que la crisis de identidad de la Iglesia no habría alcanzado las cotas de hoy si la jerarquía hubiese intervenido con determinación hace decenios.

Cuando el cardenal Ratzinger dijo en 2005 que la Iglesia está “llena de suciedad” no hizo más que llamar la atención sobre un mal que erosionaba su solvencia como referencia moral. Claro que, al mismo tiempo, el teólogo Hans Küng, amigo de Ratzinger en su juventud, culpa al Papa emérito de ser el principal responsable de la ocultación de la pederastia en las entrañas de la Iglesia, y exige a este que entone un mea culpa. Cree Küng, y con él el grueso del sector más progresista del catolicismo, que Ratzinger se plegó a las presiones y exigencias de la Iglesia conservadora, instalada en la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la que el cardenal fue prefecto durante décadas, y así llegó al papado con las manos atadas.

Aquello que han deplorado los teólogos de orientación reformista es la aplicación a los casos de pederastia del llamado secreto pontificio, cuya vulneración por un ordenado es susceptible de sanción eclesiástica. Se diría que al exigir a la asamblea reunida en Roma la adopción de medidas concretas, Francisco ha liquidado para siempre el antedicho secreto para los episodios de abusos sexuales en menores. Otra cosa es que los convocados por el Papa se avengan a poner en marcha un mecanismo de denuncia sistemática de los pederastas, de castigo sin excusas en el seno de la Iglesia y de entrega a las autoridades civiles para que se les aplique el Código Penal y el castigo que les corresponda. Pareciera lo más adecuado dada la trascendencia del momento, pero en la tradición eclesial aún pesa mucho la vieja idea de que la ropa sucia se limpia en casa (si es que se limpia).

La omertà pervive en sectores muy importantes del catolicismo como una oscura tradición que pone a los sacerdotes e integrantes de congregaciones religiosas fuera del alcance sancionador del poder civil, que finalmente es la única garantía de igualdad ante la ley que tienen los ciudadanos. La estructura de poder piramidal de la Iglesia, una teocracia electiva, reducido el voto al colegio cardenalicio reunido en cónclave a la muerte o dimisión del Papa, permite que el secretismo sea la norma y la transparencia, la excepción. Pero al aplicarse el oscurantismo a los casos de menores que vieron vulnerados sus derechos por ministros de la Iglesia –los que cometieron los abusos y los que los encubrieron–, la ley del silencio pasa de ser una tradición a ser una enfermedad, un comportamiento indefendible y sin justificación posible.

Ni siquiera la consideración del celibato como desencadenante de conductas reprobables tiene el peso y la consistencia argumental que habitualmente se le atribuye. Hans Küng afirma en un artículo publicado en 2010: “Evidentemente, el celibato no es la única razón que explica estos errores. Pero es la expresión estructural más importante de una postura tensa de la Iglesia católica respecto a la sexualidad, que se refleja también en el tema de los anticonceptivos”. Y cabe añadir, en otros asuntos englobados en lo que cabe calificar como políticas del cuerpo, esto es todo aquello que atañe a la autonomía de los individuos para disponer de su cuerpo con libertad y responsabilidad. Ciertamente, sin el celibato obligatorio, los casos de pederastia serían menos numerosos, según sostienen los expertos, pero quien elige seguir la carrera eclesiástica en la Iglesia católica sabe de antemano que deberá mantenerse célibe de por vida, algo probablemente antinatural y contradictorio con el mensaje del cristianismo primigenio, como recuerda Küng al citar un pasaje del evangelio de Mateo: “El que pueda con esto, que lo haga”. Algo que en ningún caso debe inclinar a la comprensión de los asaltantes de menores (todos los ordenados son adultos).

El teólogo y antiguo fraile franciscano Leonardo Boff estimó en 2010 que la crisis en curso es la más grave desde la reforma protestante (siglo XVI). A la acumulación de poder de la Iglesia, al distanciamiento de las nuevas realidades sociales y a la neutralización de la teología de la liberación, con efectos devastadores para la cohesión de la comunidad católica en América Latina, se ha unido la pederastia a modo de termita que mina los cimientos de la institución. Es enorme el daño infligido a la versión más desprendida del catolicismo como refugio de los desheredados. De forma que mientras prevalece en amplísimas capas de la opinión pública el brillo del inmenso patrimonio acumulado por la Iglesia de Roma, la grandiosidad de su legado histórico, se multiplican las dudas acerca de su disposición a aplicar cirugía de hierro para combatir la lacra execrable de la pederastia. En este asunto no cabe aplicar la máxima agustiniana “Roma locuta, causa finita” (Roma ha hablado, caso cerrado).

 

Siria no sabe de treguas

Las prisas que se dio en hablar de Siria el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en cuanto se confirmó su reelección el domingo último rescató del olvido la guerra que no cesa con millones de refugiados y desplazados, unos 400.000 muertos y un país en ruinas, sin futuro y que no sabe de treguas. “Esta especie de guerra mundial a pequeña escala” (Mikel Ayestaran, Las cenizas del califato) no es un conflicto amortizado o en vías de extinción porque, entre muchos otros problemas, todos los implicados en él son al mismo tiempo parte del problema y parte de la solución. Una situación perversa que excluye la posibilidad de una mediación más o menos neutral y, al mismo tiempo, asegura el pasteleo permanente de la matanza, sometida a los intereses de actores políticos irreconciliables.

Así sucede que al mismo tiempo que Turquía ve en la guerra siria la ocasión ideal para neutralizar a las facciones kurdas adscritas a la acción directa, Irán entiende la situación como el gran momento para afianzar su posición a las puertas de Israel, Hizbulá se consolida como la fuerza determinante e ineludible del tablero libanés, Rusia dispone de una plataforma inmejorable para recuperar la influencia perdida en Oriente Próximo al esfumarse la Unión Soviética y los dos grandes adversarios de la península Arábiga, la teocracia saudí y el emirato de Catar, dirimen sus diferencias en casa ajena, aunque aparentemente prestan su apoyo a las mismas organizaciones de la oposición a Bashar al Asad. Un análisis publicado en Foreign Affairs ve en todo ello la ocasión para que Estados Unidos compruebe sobre el terreno el alcance de las ambiciones iranís en Siria, de la misma manera que un comentarista de la televisión rusa RT afirma que el Kremlin será finalmente el árbitro en medio del galimatías.

Ambas opiniones son en parte verosímiles y en parte una simplificación de la realidad. La ofensiva del Ejército sirio contra la ciudad de Deraa –unas 200.000 personas están en riesgo de verse expulsadas de sus casas por la batalla–, la última gran operación emprendida por los generales de Asad, no hace más que subrayar la victoria de una de las partes sin esperanza para las restantes, sean estas las que sean. Desde la desaparición de facto del califato, los avances del régimen sirio son un cruento paseo militar que otorga al presidente todos los triunfos para imponer sus condiciones –las de sus aliados para mayor precisión– el día siguiente al final de la guerra, una fecha probablemente lejana.

La profesora rusa Nina Khrushcheva se escandaliza por la pérdida de liderazgo ético de Occidente a propósito de la crisis de los refugiados en Europa y Estados Unidos, pero cabe también escandalizarse cuando la materia objeto de análisis es la crisis siria: por la crueldad de lo sucedido, por la tragedia vivida durante tres años por quienes fueron sometidos a toda clase de sevicias por el Estado Islámico, por el aprovechamiento de la guerra como desagüe de conflictos preexistentes, por la incapacidad para contener a Asad cuando se reveló como el más sañudo perseguidor de la oposición, por tantas razones que son consustanciales a la prolongación de la carnicería. ¿Cuándo quebró el compromiso con la ética? ¿Quizá cuando el presidente Barack Obama dejó al régimen sirio cruzar las líneas rojas que él mismo había marcado? ¿Puede que cuando el análisis europeo de la situación llegó a la conclusión de que el reconocimiento de la oposición en armas la fortalecería y le otorgaría la victoria? ¿Acaso cuando nadie quiso aceptar que Rusia y China no consentirían quedar al margen del desenlace de la guerra, como sucedió en Libia en 2011?

La decisión de la Administración de Donald Trump de no prestar ayuda a los combatientes de la oposición en Deraa constituye un apoyo implícito a la estrategia de acoso de los presidente Asad y Putin, un aliado-adversario-amigo de la Casa Blanca en proporciones variables según el momento y el lugar. La comprensión de Estados Unidos con el comportamiento de Turquía frente a la oposición kurda al régimen sirio anda por parecido camino. Y así no solo evita choques de trenes de difícil gestión, sino que abandona a su suerte a una población exhausta. Todo encubierto con el léxico del equilibrio regional y la necesidad de no llevar la lógica de la guerra más allá de los límites de Siria, aunque en la práctica hace tiempo que la militancia a favor y en contra de Asad ha desbordado las fronteras.

En la práctica, la degradación de Siria como Estado y su dependencia absoluta de la tutela de terceros para subsistir lo convierte en una entidad fallida, como lo son Libia, Irak, Yemen y Somalia, socios de la Liga Árabe. Es decir, hace de Siria un Estado fácilmente manipulable, como ha explicado Rami Khouri, profesor de la Universidad Americana de Beirut. Frente a la apariencia de que la capacidad de resistir de Asad, ayudado por sus aliados, ha reforzado el régimen, lo cierto es que este es esclavo de las exigencias de quienes lo sostienen y todas las iniciativas que pone en marcha responden a intereses de terceros, sean estos los de Rusia, Irán, Hizbulá, China o una suma de todos ellos, a menudo contradictorios.

Hace cinco años, Alain Gresh, periodista de Le Monde Diplomatique, escribió en el libro Siria, las complejidades de una guerra por encargo: “Irak, Jordania y Líbano se encuentran atrapados en el conflicto. Combatientes iraquís y libaneses, sunitas y chiitas, se enfrentan en Siria. Las rutas de la internacional insurgente por las que, de Afganistán al Sahel, circulan combatientes, armas e ideas, están saturadas. Mientras los protagonistas externos sigan viendo el conflicto como un juego de suma cero, el calvario sirio continuará. Con el riesgo de arrastrar a toda la región en la tormenta”. Su diagnóstico se ha cumplido con dramática precisión sin que, por lo demás, resulten convincentes los portavoces oficiales que claman por el fin de una guerra que, para muchos, sigue siendo útil.

Facebook pone en evidencia la red

El escándalo en el que se ven envueltas la red social Facebook y la empresa británica Cambridge Analytica confirma la muy difundida sospecha de que las grandes compañías que operan en internet –al menos algunas de ellas– utilizan de forma indiscriminada y voraz los datos de los usuarios, sin estar sujetos a ningún control efectivo, una competencia de los estados, obligados a salvaguardar la vida privada de los ciudadanos. El manejo espurio de 50 millones de perfiles para contaminar la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos –Donald Trump, el presunto beneficiado–, la facilidad para asentar y difundir noticias falsas ante la pasividad de los gestores de las redes sociales y otras lacras relacionadas con la omnipresencia de tales herramientas para distorsionar el juego político dejan indefensa a la opinión pública de los países democráticos. Sometida a un bombardeo de informaciones fragmentadas, imprecisas, de azarosa paternidad o difícilmente comprobable, los ciudadanos carecen de mecanismos de neutralización eficaces y los poderes públicos dan la impresión de estar faltos de útiles a la altura del desafío.

Al mismo tiempo que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se remite con frecuencia a su propósito de crear no solo una empresa, sino de “construir algo que realmente genere un gran cambio en el mundo” –la naturaleza del cambio no se especifica o precisa–, una comitiva de censores se ocupa de velar por el cumplimiento de normas de un puritanismo ridículo y ágrafo –la censura durante un rato de los senos de la Libertad en el famoso cuadro de Delacroix, el último caso–, como si la herencia de las Luces resultara demasiado atrevida para las epidermis sensibles del siglo XXI. Mientras los afiliados a Facebook, un ejército desarmado de decenas de millones de personas, entran en el universo comunicativo diseñado por el joven Zuckenberg, este difunde sorprendentes ideas personales como esta: “La pregunta no es qué queremos saber de la gente, sino qué quieren saber las personas de ellas mismas”. Un eslogan simplista salvo que los usuarios de Facebook, al entrar en la aplicación, acometan sin saberlo la improbable empresa de sustituir el diván del doctor Freud por otra cosa no especificada o identificada.

Todo resulta ser francamente preocupante. Las invocaciones del gran hermano pueden parecer desenfocadas, fruto de espíritus alarmados y propensos a la exageración, pero quizá no lo sean tanto. Un análisis transversal del funcionamiento de las redes sociales –un negocio, al fin– presenta tantas sombras que es una urgencia manifiesta someterlas a las reglas de los estados democráticos para preservar la autonomía de los individuos y fijar pautas precisas que garanticen la confidencialidad de la información personal en poder de Facebook y de otras marcas. Reconocer los errores cometidos, como ha hecho Zuckerberg –¡qué remedio!– no mengua en nada los efectos de la más que probable manipulación de la opinión pública durante la campaña electoral de Estados Unidos en 2016; sus disculpas para nada sirven más de un año después de cerrarse las urnas y entregar la Casa Blanca a Trump.

El castigo de los inversores a Facebook, con una pérdida del valor en la bolsa por encima del 10%, es un acto reflejo del mundo financiero que no suaviza en absoluto la necesidad perentoria de que los estados pongan manos a la obra para cambiar la situación. No es suficiente que los gobiernos se doten de instrumentos para evitar en lo posible los ciberataques e identificar a sus promotores, es preciso también que las grandes marcas en el universo de las nuevas tecnologías se atengan a un código ético y a unas obligaciones sin los que la libertad en las redes sociales, en las plataformas de compra on line y en otros ámbitos de la revolución digital es solo una fachada utilizada por unos pocos para acumular mayores cuotas de poder a través de la información. Que Paul Grewal, asesor general adjunto de Facebook, declare que la compañía se ha comprometido a reforzar sus políticas “para proteger la información de la gente” apenas es un consuelo si los mecanismos de protección son solo internos y no los guía una norma externa dictada por las instituciones políticas que ostentan la representación de los ciudadanos. En este caso, la autorregulación de las empresas no es una cualidad, sino una muestra de debilidad de los estados.

La mutación cultural producida por internet y el enaltecimiento constante de sus insignes promotores ha cambiado de tal manera las relaciones de poder y la capacidad de influir en la opinión pública que es imposible toda comparación con el pasado. Frente a la creencia clásica de que los periódicos, primero, y más tarde la radio y la televisión eran resortes de poder –del cuarto poder se hablaba y aún se habla con suspiros de nostalgia–, asoma una nueva realidad: la red es fuente de poder, de un poder de facto alentado, servido y alimentado por los foros sociales mediante el intercambio incesante de informaciones personales y datos genéricos, mediante el cruce de perfiles a todas horas, las técnicas del big data y otras especialidades recién nacidas.

“La transformación de la comunicación ha ampliado las posibilidades de acción autónoma de los movimientos sociales, los sujetos de la transformación social”, afirma Manuel Castells en un largo artículo escrito en 2011. Ciertamente, las experiencias de aquel momento en los países árabes (las primaveras), Grecia, España, Italia, Estados Unidos y otros lugares permitían llegar a esta conclusión optimista. Hoy hay espacio para la duda, al menos para admitir la posibilidad de que es tan factible fortalecer los movimientos sociales mediante un uso inteligente y libérrimo de la red, como neutralizarlos o condicionarlos a través del mismo instrumento. De ahí que el diario liberal estadounidense The Washington Post resuma el desafío planteado con un enunciado tan simple como preciso: “Necesitamos abordar los conflictos entre el interés público y de qué forma las compañías de medios sociales obtienen sus ganancias”.

Es impensable que en sistemas políticos como el chino y el ruso, en las antípodas de la tradición liberal, el manejo de la red por las instituciones obedezca a parámetros liberales. Pero tal obviedad no debe ocultar esa otra: en los países occidentales, la acumulación de perfiles –millones, cientos de millones– constituye un capital político y de poder de primer orden en manos privadas que nada tiene que ver con la libre ejecutoria de cada uno de nosotros cada vez que se conecta a la red. Si en vez de tratarse del estatus del que disfrutan los grandes operadores se tratara de un edificio con problemas estructurales, se diría que hace falta sanearlo para mejorar la seguridad de quienes lo habitan. Y ese es también el caso de la red global.

 

El ‘Irma’, otro síntoma grave

La devastación causada por los huracanes Harvey e Irma añade argumentos a cuantos se esgrimieron durante la presidencia de Barack Obama para que finalmente Estados Unidos firmara el acuerdo trabajosamente negociado en París en 2015. No hay un solo informe que niegue la contribución humana al cambio climático capaz de refutar la realidad y de poner en duda la solidez de las pruebas. El empeño del presidente Donald Trump de favorecer la minería del carbón, autorizar las explotaciones petrolíferas en ecosistemas especialmente delicados y justificar tales medidas en la necesidad de que la economía se reactive en entornos sociales deprimidos –uno de sus nichos de votos– no es más que una forma de agravar el problema y hacerlo quizá irresoluble.

Salvo los productores de informes adscritos a la estrategia de algunas multinacionales del sector de la energía, no todas por fortuna, que presentan los efectos del calentamiento global como uno de tantos episodios de cambio climático vividos por el planeta y niegan que la acción del hombre tenga algo que ver, todos los modelos elaborados por la comunidad científica coinciden en el diagnóstico. Ningún estudio solvente descarta el factor humano en el aumento de la temperatura media con su correlato de ascenso del nivel del mar, avance del desierto y lluvias torrenciales de efectos catastróficos, por no hablar de la calidad del aire en las grandes conurbaciones, de la sobreexplotación de los mares y de la acumulación incontrolada de residuos. Esto es, no hay modelo o previsión de futuro que no plantee una revisión en profundidad del modelo económico, de las formas de crecimiento y de la sostenibilidad del sistema productivo.

Los grandes países contaminantes han aceptado tomar medidas acordes con el acuerdo de París, siquiera sea por preservar su imagen ante la opinión pública y ganar influencia ante la comunidad internacional. Este es el caso de China, cuyo Gobierno se ha convertido en paladín de las inquietudes climáticas después de años de vulneración sistemática del Protocolo de Kioto (1997) en nombre del desarrollo económico que precisaba el país. A diferencia del rumbo fijado por el Gobierno indio por razones parecidas a las esgrimidas con anterioridad por el chino y de la doctrina defendida por la Casa Blanca, el presidente Xi Jinping ha tomado la iniciativa y ha asociado su nombre al de la Unión Europea para reducir el calentamiento global, promover las energías renovables y detener la depauperación del medio ambiente. Se trate de una maniobra oportunista o de una sincera conversión a la causa ecologista, algo improbable, el compromiso chino pone en evidencia la insensibilidad de Trump ante sociedades cada día más preocupadas por la degradación galopante de los ecosistemas y las hipotecas de futuro que ello conlleva.

Declaraba el escritor José Luis Sampedro al final de su vida –murió el 8 de abril del 2013– que nos hallamos “al final de una cultura” y en “el inicio de algo muy diferente”.  Y mencionaba a China, India, Rusia y Brasil como actores determinantes de esta cultura o mundo diferentes: “En estas circunstancias se mezclan –decía– la evolución del sistema en sí mismo, la endógena, con las influencias externas que pueden ser absorbentes o disolventes con los resultados que en cada caso se produzcan”. Sampedro intuyó, con su habitual brillantez, que la hegemonía cultural en la aldea global no estaría solo al alcance de los grandes poderes consagrados en el pasado, sino de aquellos emergentes que sintonizaran con procesos de cambio muy rápidos, entre ellos la panoplia de problemas relacionados con el cambio climático.

Trump y su equipo navegan por mares bastante alejados de tal percepción de futuro y desprecian o ignoran los argumentos de las distopías más difundidas relacionadas con la mutación genética del medio ambiente desencadenada por el hombre y perceptible en todas partes. Cuando George Steiner afirma que el progreso de Europa obedece a que “la naturaleza nunca aplastó al ser humano”, invoca una condición en proceso de cambio alarmante: basta repasar los momentos de catástrofe en lo que llevamos de siglo XXI para concluir que algo grave nos amenaza y solo serán eficaces a largo plazo las soluciones globales. Aunque los asesores de cabecera de Trump lo pongan en duda, el efecto mariposa es algo más que una mera hipótesis; la necesidad de un análisis holístico del medio ambiente y de acciones a escala planetaria es una exigencia irrenunciable.

De hecho, renunciar a ello lleva directamente a la crisis pronosticada por la fallecida nobel de la Paz Wangari Maathai: “En pocas décadas, la relación entre el medio ambiente, los recursos y el conflicto puede parecer casi tan evidente como la conexión que vemos hoy entre los derechos humanos, la democracia y la paz”. Hay ejemplos que ilustran esa deriva hacia la tensión entre estados o grupos de estados por el control de los recursos naturales –petróleo, agua y minerales–, y son numerosísimos los ejemplos que ilustran el choque entre intereses privados y responsabilidades públicas para preservar el futuro viable del planeta. Es este uno de los grandes debates éticos del presente y uno de los terrenos de juego en los que el neoliberalismo se siente más incómodo cuando debe confrontar sus teorías del crecimiento con la prueba del nueve de la sostenibilidad.

A raíz de la arremetida del huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans a finales de agosto del 2005, se creyó que los neocon se habían visto obligados a someter a revisión sus opiniones sobre el estado de salud del ecosistema planetario. Fue un espejismo o una opinión precipitada. En el pensamiento conservador, en general, y en el estadounidense en particular, prevalece la creencia y defensa del crecimiento ilimitado, de la sostenibilidad mediante el progreso tecnológico y del derecho de los individuos a gestionar los recursos de la Tierra en función de sus necesidades. Que cualquier trabajo de campo medianamente riguroso desautorice tal esquema importará muy poco mientras los intereses económicos en juego se impongan a cualquier otra consideración. Esta situación no solo se da en Estados Unidos, donde el punto de vista de Trump es heredero de una larga lista de negacionistas, sino en la mayoría de lugares en los que la preservación del medio es incompatible con las finanzas globales… Y como en toda enfermedad, la ecológica se agrava a cada día que pasa sin actuar.

 

 

Trump ya tiene su Watergate

Los  vapores nauseabundos del caso Watergate empiezan a envolver la atmósfera viciada de la Casa Blanca a causa de las prácticas poco convencionales del presidente Donald Trump y su equipo. Los prolegómenos de este Rusiagate que todo lo contamina reúne demasiados ingredientes coincidentes o que recuerdan aquel otro escándalo que costó la presidencia a Richard Nixon en 1974. Como entonces, medios prestigiosos vituperados desde el Despacho Oval han puesto manos a la obra para, en este caso, desvelar el argumento no escrito del camino seguido por Trump para ganar las elecciones en noviembre con la ayuda de Vladimir Putin. Como ha escrito John Yoo en The New York Times, de momento no hay constancia de que el presidente haya obligado a mentir a algunos testigos, haya destruido pruebas o haya bloqueado el trabajo de agentes del FBI, pero se multiplican las sospechas de que todo esto ha podido suceder.

En una de sus informaciones del jueves, el mismo diario utiliza el verbo engulf (envolver) para referirse a la situación de Trump, origen de todas las dudas y envuelto en la investigación que dirigirá el fiscal especial Robert S. Mueller, exdirector del FBI (2001-2013), para esclarecer si en efecto el Kremlin intervino en la campaña del presidente. Pero engulf tiene otras acepciones o posibles traducciones más inquietantes –tragar, sepultar–, que presagian que se cierne sobre Washington una tempestad política y constitucional habida cuenta de que el foco de la investigación apunta a la cima del sistema. Y al enumerar las preguntas que de una u otra forma saldrán al paso del trabajo de Mueller se hace aún más evidente la inconmensurable dimensión del conflicto, desde la interferencia rusa en la campaña a la por lo menos sorprendente decisión del presidente de facilitar a Serguei Lavrov información en materia de seguridad obtenida por otra potencia –quizá Israel– y que puede poner en riesgo a quienes la obtuvieron.

Algunas de estas preguntas pueden formularse mediante enunciados muy simples, pero dan pie a respuestas eventualmente intranquilizadoras para los conciudadanos de Donald Trump, que pueden sentirse legítimamente defraudados por prácticas ajenas a la transparencia democrática exigible en cualquier proceso electoral. Al preguntar cuál fue el alcance de la intromisión rusa en la campaña, hasta dónde llegaron las presiones para que el FBI dejara de investigar la russian connection de Michael T. Flynn, efímero consejero de Seguridad Nacional, y qué información se llevó Lavrov a Moscú, facilitada por Trump, caben toda clase de respuestas alarmantes para el sistema, en general, para la continuidad en las tradiciones políticas de Estados Unidos y para la inconsistencia de un Ejecutivo que sigue creyendo que el Estado puede gestionarse como una empresa asociada a otras empresas. Sin sutilezas ajenas a la rentabilidad del momento, condicionado todo por la fijación de metas rentables y nada más.

Dice Donald Trump sentirse perseguido como no lo fue ningún otro presidente, una exageración sin duda. En todo caso, ninguno de sus predecesores empezó con tan mal pie, suscitando tantas dudas acerca de su capacidad para ocupar el puesto que ocupa y tan contestado en la calle. Pero hay más: desde que el republicano Kevin McCarthy le dijo a Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y asimismo republicano, que está convencido de que Putin paga a Trump (15 de junio de 2016) y James Comey, destituido por Trump como director del FBI, anotó en un memorándum que el presidente le exigía que dejara de investigar a Flynn (febrero de este año), puede decirse que se dispone de algo bastante cercano a pruebas documentales para colegir que algo huele a podrido en la Casa Blanca. Y es poco menos que imposible que el olfato de Mueller no lo detecte.

Es tan poco probable que el nombramiento de un fiscal especial, decidido por Rod J. Rosenstein, número dos del Departamento de Justicia, es un movimiento político lleno de riesgos para la estabilidad republicana. La CNN sostiene que los republicanos juegan al todo o nada, algo siempre peligroso, salvo que haya ganado adeptos la hipótesis desarrollada por uno de los analistas de Politico.com, insinuada varias veces las últimas semanas: que el establishment del partido daría por buena, impeachment mediante, una resolución de la crisis institucional con Mike Pence, vicepresidente ahora, en la presidencia, y Paul Ryan en la vicepresidencia. Un juego de manos, una componenda para serenar el republicanismo y apartar del puente de mando a la extrema derecha populista que lleva en él desde el 20 de enero.

Todo esto es algo más que una teoría de la conspiración ad hoc porque, salvo ingenuidad manifiesta, es imposible que Trump salga indemne del laberinto en el que se ha metido, rodeado de asesores inexpertos o poco rodados que son incapaces de ordenar la Administración, fijar prioridades y desarrollar un programa reconocible. Dana Milbank, un reputado analista de The Washington Post, sostiene que acaso el nombramiento de Mueller sirva para salvar al Partido Republicano y al presidente de sí mismos, pero es inimaginable que tal salvamento no deje algunas víctimas para preservar el sistema, respetar la división de poderes y salvaguardar el equilibrio entre Gobierno y Parlamento. Aquí no valen la posverdad, los hechos alternativos y otras zarandajas pensadas en el ala oeste de la Casa Blanca para construir una realidad virtual a gusto del presidente.

Por decirlo con palabras muy de cuando el escándalo Watergate: hay pistolas humeantes en el horizonte. En los días de Richard Nixon fueron las cintas grabadas en el Despacho Oval, que sumieron a la presidencia en el oprobio; hoy son las conversaciones de unos, las anotaciones de otros y esa transcripción del diálogo de Trump con Lavrov que reclaman los dos grandes partidos y que Putin dice estar dispuesto a entregar, aunque la fidelidad documental del presidente ruso sea más que discutible y la utilidad probatoria de lo que dé por escrito sea poco más que papel mojado. “Entonces como ahora el problema principal no es el delito en sí mismo, sino el intento de encubrirlo”, explica un analista de The Guardian al comparar las miserias del caso Watergate con esas otras miserias tan recientes, esa frase recogida por Comey de labios de Trump: “Espero que pueda dejarla” (la investigación sobre los contactos de Flynn en Rusia).

La mezcla explosiva de mentiras, encubrimientos y obstrucción a la justicia hace cada día más difícil que Trump pueda recuperar su imagen pública, incluso entre una parte de quienes lo votaron hace solo medio año. Al cumplir cuatro meses en el Despacho Oval, el desprestigio de la presidencia es de tal calibre que va más allá del simple desgaste personal del titular de la institución, alcanza al partido y agrava la fractura social en una sociedad profundamente dividida por dos visiones antagónicas, irreconciliables, del futuro de Estados Unidos. Como en los días del Watergate, lo excepcional se ha convertido en cotidiano, el presidente ha pasado a ser un sospechoso habitual y su equipo de colaboradores más cercanos ha quedado en evidencia, desacreditado por una política errática que incomoda a los aliados y carece de precedentes en la historia del país. Todos los hombres del presidente, la gran investigación periodística de Bob Woodward y Carl Bernstein, vuelve a ser de lectura imprescindible.

Francia, en la confusión

El espectáculo ofrecido por François Fillon a sus compatriotas pronostica un descalabro sin paliativos de la derecha francesa agavillada en un gaullismo desfigurado y ágrafo. La persistencia del personaje en seguir como candidato de Los Republicanos a pesar del desprestigio que lo acompaña reúne todos los ingredientes de una debacle sin paliativos, incapaces las fuerzas vivas del partido de buscar a un candidato con cara y ojos o cuando menos ajeno al rastro de nepotismo y corrupción que deja Fillon a su paso. En aras de la precisión, el vencedor de las primarias republicanas debía haberse retirado de la carrera después de las primeras informaciones publicadas por Le Canard Enchaîné y dejar el camino expedito a un sustituto con posibilidades, pero con el paso de los días ahuyentó a cuantos parecían en disposición de batirse en abril para pasar a la segunda vuelta, en especial Alain Juppé, exprimer ministro y alcalde de Burdeos, y así ha llegado el partido a una situación imposible, con un aspirante perdedor e inamovible.

¿Quién puede tener interés en ser la alternativa de Fillon después de pasar este el partido por la picadora de carne? ¿Quién puede rehabilitar la imagen de un grupo envuelto en la bandera y nada más después de la concentración de incondicionales de Fillon en la plaza de Trocadero (París, el último domingo, una tarde de perros)? ¿Quién puede levantar a la heroica un resultado frente a Marine Le Pen, gran beneficiada de esta insólita mezcla de obstinación y falta de gallardía encarnada en Fillon? ¿Qué futuro tiene Los Republicanos, enésima reorganización del conglomerado gaullista, si en el mayor de los desafíos para el partido solo es capaz de emitir señales de descomposición?

Hace años, tiempos de François Mitterrand, durante un debate televisado, alguien osó decir que la derecha francesa era “la más tonta de Europa”. Los representantes de la aludida reaccionaron a la una en defensa de su facción frente a una afirmación que se antojó exagerada. ¿Qué decir hoy? Repasar la secuencia de acontecimientos desde que se puso en marcha el mecanismo de las primarias es revelador: primero se abrieron las hostilidades con inusitada violencia entre diferentes candidatos, acto seguido se dio paso a una competición entre varios programas encaminados a quitarle votos a Marine Le Pen mediante programas tan ultras o casi como el de la líder de la extrema derecha, después François Fillon ganó el envite acompañado de su fama de hombre honrado sin fisuras y, por último, se puso de manifiesto una enfermiza falta de liderazgo en Los Republicanos cuando la pestilencia hizo el aire irrespirable.

Si en la crítica literaria “no hay ninguna utopía de la certidumbre”, afirma George Steiner, ¿qué decir de los vaivenes políticos en las sociedades democráticas? Sin embargo, de la secuencia descrita se desprende la certidumbre de la derrota, de la eliminación sin gloria del candidato en la primera vuelta. De un candidato que, no se olvide el detalle, pronto será imputado y deberá atenerse a los requisitos del procedimiento judicial que se deduzca de las sospechas que recaen sobre él, un dato que, salvo cambio de última hora en el universo del gaullismo declinante, condicionará toda su campaña, sus intervenciones, sus apariciones en los medios, la confrontación con sus adversarios y la movilización en las redes sociales. Nadie en la historia de la Quinta República se personó en las urnas con tan pesado lastre.

Que Emmanuel Macron sea al final la gran esperanza para poner a salvo los valores republicanos frente al sectarismo xenófobo y antieuropeísta de Marine Le Pen abunda en esa rara sensación de que Francia se ha sumergido en la confusión política, en una forma de desorientación de la opinión pública que el caso Fillon no ha hecho más que agravar. La lucha fratricida en el campo socialista, casi una tradición cultural, la debilidad de la presidencia de François Hollande y la derrota de Manuel Valls en las primarias del PS han realzado el papel de Macron, aunque este carece de partido –¡En Marcha! es poco más que un nombre– y no hay forma de saber a ciencia cierta si es un pragmático sin programa, un exbanquero realista, un neoliberal con inquietudes sociales muy de tarde en tarde o las tres cosas al mismo tiempo según sea el auditorio.

En una situación convencional, acorde con la lógica vigente hasta el 2002 –Jean-Marie Le Pen le disputó la presidencia a Jacques Chirac–, desahuciado el partido de la derecha, el muro de contención frente a la extrema derecha debía haber sido el candidato socialista, pero este esquema saltó por los aires cuando la elección de Benoît Hamon en las primarias dio paso a uno de los habituales debates estériles que sacuden al PS. No hay una sola encuesta que sitúe a Hamon por delante del inclasificable Macron y aún menos de la extemporánea Le Pen. Aunque por razones no intercambiables, a Hamon le sucede lo mismo que a Fillon: sus críticos más furibundos militan en campo propio (cuerpo a tierra, fuego amigo, podría gritar Hamon sin exagerar un ápice).

Finalmente, todo resulta bastante raro, sorprende e imprevisible; bastante peligroso puede decirse para la cohesión social y política de una comunidad que no puede aplazar por más tiempo la revisión de su modelo de Estado del bienestar. Lo proclama Macron, un compendio de inconcreciones, lo acepta Hamon con muchas reservas y lo promete Fillon sin soltar la bandera, pensando erróneamente que así puede pescar votos en los caladeros ultras o simplemente asustados por los males del presente, donde Marine Le Pen echa las redes. Mientras tanto, el pesimismo se adueña del electorado conservador, las disputas de familia dividen a la izquierda y, parafraseando el inicio de las memorias de Charles de Gaulle, nadie sabe si alguno de los candidatos tiene “una cierta de Francia” o solo una idea aproximada de cómo es posible lograr la victoria… y luego ya se verá.

 

 

Fillon consolida a Le Pen

El despacho del Eliseo se aleja de François Fillon en la medida en que se concreta la sospecha sobre la opacidad de los ingresos de Penelope, su esposa, y, por esta razón, se pone en duda la probidad de quien el electorado conservador francés convirtió hace unos días en el candidato de Los Republicanos (LR) a la presidencia de Francia. La portada de esta semana de la revista satírica Le Canard Enchaîné pone en la picota a un político que ha hecho de la honradez, algo por lo demás exigible a cualquier cargo público, su primera seña de identidad, porque si su pareja ingresó hasta 600.000 euros como ayudante suya y asesora literaria de La Revue de Deux Monde, tal seña de identidad se desvanecerá, se disolverá en la maraña electoral de una derecha irreconocible, heredera del poder fraguado por el general Charles de Gaulle, pero solo nominalmente depositaria de sus inquietudes.

En ningún lugar está escrito que Penelope no puede ser la asistente parlamentaria de François, el problema es que no frecuentó el Parlamento ni mucho ni poco, no se la vio por allí. Tampoco está prohibido que la esposa de un primer ministro o de un diputado haga carrera literaria, el problema es que su compromiso con las letras no fue más allá de dos o tres críticas, según se dice. Más parece que estos empleos fueron generosamente remunerados a cambio de nada, algo que tendría una importancia relativa, más allá de los precios político y judicial que debieran pagar los interesados, si no acechase entre cajas la amenaza de la extrema derecha –Marine Le Pen, cada día más crecida–, si no anduviesen los socialistas enfrascados en una competición interna sin esperanza, condenados según todas las encuestas a no pasar a la segunda vuelta. Los presuntos enjuagues de François y Penelope tendrían efectos menos dañinos si todo pudiese cerrarse con una crisis familiar, transmutada quizá en crisis de partido, de este LR de ideología difusa, pero cuando está en juego la suerte de los valores republicanos y el papel de Francia en Europa, saltan las alarmas.

Cada vez que surge un caso Fillon con nombres, apellidos e intereses reconocibles, se acrecienta “el profundo desprestigio de las élites y las instituciones democráticas y la generalizada rebelión antisistema”, en palabras del escritor Javier Cercas en el Parlamento Europeo el 7 de diciembre. En el seno de sociedades en crisis o que temen el futuro, en sociedades con cierta tendencia depresiva o faltas de acción, el grand ennui (aburrimiento), identificado por George Steiner en el siglo siguiente al final de las guerras napoleónicas, adquiere rasgos indescifrables, se transforma en algo más que la mera inacción. Cualquier botarate con ganas de jarana, recursos económicos e intuición suficiente para hipnotizar a una multitud desencantada puede ser un líder con futuro.

La desconfianza se ha instalado en los espíritus. En un régimen de opinión pública como el francés, adobado con un sentimiento nacional o nacionalista muy arraigado, los presuntos disparates cometidos por la familia Fillon es maná del cielo para la extrema derecha, pues es el candidato de LR quien parecía señalado para pararle los pies en la segunda vuelta. Bien es verdad que mediante un programa tan cercano al del Frente Nacional, el partido ultra de Le Pen, que apenas se distingue de él en asuntos cruciales de nuestro tiempo: la gestión de la inmigración, la nación como entidad competidora de Europa y cuanto de ello se deriva. ¿Cuántos potenciales electores del presidenciable Fillon pueden entender que la imitación es peor que el original y prefieren sumar su voto a la causa de Marine Le Pen?

El momento es sustancialmente diferente al del 2002, cuando Jean-Marie Le Pen cerró el paso a Lionel Jospin y disputó la elección a Jacques Chirac. Entonces, la movilización de la izquierda en las urnas con la pinza en la nariz en apoyo de Chirac impidió que el líder de la ultraderecha tuviera la más remota posibilidad de salir elegido; hoy el socialismo lame las heridas de su prolongada desorientación frente a los efectos de la crisis y se ejercita en una división estéril, mientras diferentes movimientos alternativos dan más sensación de entusiasmo que de organización y disciplina para contener el asalto al Eliseo de una facción retrógrada y sectaria. Como ha escrito Jean Daniel, la izquierda se siente huérfana a pesar de todo a causa de la crisis socialista y es difícil imaginar a alguno de sus líderes en disposición de levantar un cortafuegos que cierre el paso a la extrema derecha para entregar el poder a un líder conservador, sea este Fillon o quien le sustituya si el elegido en las primarias hace mutis por el foro a raíz del escándalo.

La desnaturalización de la izquierda mediante sucesivas disputas ideológicas, fracturas y desaciertos anduvo paralela hasta la fecha a la desfiguración del conservadurismo a través de una cadena de refundaciones, uniones y cambios de nombre que han dejado sin respuesta una pregunta esencial de los electores: ¿a quién apoyo con mi voto, cuál es su programa? La extrema derecha ha logrado, en cambio, que sus partidarios, siempre en aumento, apenas se formulen la misma pregunta o sientan la misma inquietud: la simplificación de la política y el resumen del programa en eslóganes genéricos ha sido de una pasmosa eficacia.

Nadie pone hoy en duda que nada podía reforzar más y mejor la estrategia electoral de Marine Le Pen que el Penelopegate. Incluso en el improbable caso de que los Fillon crean probar que nada de lo publicado es cierto, no desaparecerá la sombra de la duda –hay testimonios concluyentes de habituales en la Asamblea Nacional que dicen no haber visto nunca a la esposa de Fillon en el edificio– y nada podrá evitar que el hartazgo de muchos contribuyentes engorde el zurrón de votos de la candidata ultra. Ni siquiera la retirada de François Fillon y un nuevo proceso de primarias en Los Republicanos neutralizará la inercia del momento: el deslizamiento hacia el Frente Nacional de muchos votantes conservadores que se daban por satisfechos con el exprimer ministro, pero que hoy se sienten estafados.

A cada episodio que daña la imagen colectiva del establishment político europeo mayor es la tendencia de los ciudadanos a incluir a sus integrantes en la categoría de sospechosos habituales. Cada venalidad conocida resta credibilidad a las instituciones y daña la honorabilidad de sus miembros, el escepticismo pasa a ser la ideología más frecuente o, en su defecto, la de quienes recurren a las emociones primarias o a los prejuicios para sumar adeptos a su causa. Así está hoy Francia a cuatro meses de la primera vuelta de la elección presidencial, con el presidente François Hollande sumido en una impopularidad sin precedentes, con el Partido Socialista condenado a la derrota y con los conservadores clásicos apabullados por la desmoralización. Nunca antes Marine Le Pen fue una candidata tan sólida.

 

La posverdad emponzoña la democracia

Este atropello a la decencia conocido como posverdad obliga a reflexionar sobre desafíos de índole ética que no afectan solo a los políticos, sino también a los medios de comunicación, hipnotizados demasiado a menudo por los especialistas en construir una realidad que no pretenden demostrar o probar. En Estados Unidos hay quien ha ocupado su tiempo en calcular el coste que hubiese tenido la difusión de los embustes de Donald Trump si en vez de salir en la prensa y en los noticiarios de la radio y la televisión en forma de información se hubiesen difundido como publicidad de pago: la factura habría ascendido a no menos de 3.000 millones de dólares. Pero la habilidad de Trump para ser perejil de todas las salsas y la impericia de los medios al enfrentarse al fenómeno facilitó la tarea a un patán vociferante que el día 20 se instalará en la Casa Blanca.

Pero ¿qué es la posverdad? Un conjunto de mentiras o engaños vestidos y vendidos como ingredientes de la realidad. No es otra cosa. En Alemania han acuñado la expresión verdad posfactual, un poco ampulosa, pero quizá más cercana a ese presunto invento de nuestros días que viene de muy lejos (basta echar la vista atrás y hacer acopio de datos en la documentación del III Reich, del stalinismo o del franquismo para concluir que nada nuevo luce bajo el sol). Porque no importan los hechos en la posverdad –la verdad alternativa de Stephen Colbert, recordada por Timothy Garton Ash en un artículo publicado en El País–, solo la reiteración de afirmaciones surgidas en gabinetes cuya misión exclusiva es construir una realidad virtual, artificial, de usar y tirar si con ello se alcanza el objetivo perseguido (generalmente, el poder).

No exageró un ápice en Chicago el presidente Barack Obama cuando dijo que los medios de comunicación “amenazan la democracia al permitir que la gente se retire a sus propias burbujas de conocimiento”. Al contrario, al dar por buenas versiones o datos sin ninguna comprobación empírica, hinchan las burbujas y se alejan del primero de sus compromisos éticos: atenerse a los hechos. “Nos volvemos tan seguros en nuestras burbujas que solo aceptamos la información, verdadera o no, que se ajusta a nuestras opiniones, en lugar de basar nuestras opiniones en pruebas que las sustenten”, afirmó Obama. La democracia y el libre examen desaparecen cuando ocupan su lugar la demagogia y las afirmaciones sin fundamento.

Una encuesta elaborada en seis países por la Universidad de Cambridge concluye que retrocede el europeísmo en las sociedades europeas. El país con más europeístas es Dinamarca (38% de la población), seguido de España (27%), Alemania (26%) y el Reino Unido a pesar del brexit (23%), muy por delante de dos países fundadores de la Unión Europea: Italia (15%) y Francia (14%). ¿Hasta qué punto las posverdades, verdades posfactuales o verdades alternativas han contribuido al enfriamiento del europeísmo en favor de nacionalismos renacidos sobre la manipulación de los sentimientos? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación han estado en disposición de neutralizar la intoxicación informativa que ha dado alas a personajes y programas tan dados a la simplificación (enunciados simples y soluciones simples para problemas retorcidamente complejos)?

La reciente conferencia de prensa de Donald Trump ha sido una vuelta de tuerca más en la ominosa técnica de la posverdad. Según factcheck.org, fue una falsedad una afirmación tan llamativa, entre otras, como que 96 millones de personas no están incluidas en las estadísticas como “fuerza de trabajo”: lo cierto es que el cálculo trumpiano suma jubilados, estudiantes y otros colectivos que no buscan trabajo, de forma que, deducidos estos grupos, la cifra de los que quieren trabajar sin figurar en censo alguno son 5,5 millones. Tampoco es cierto que Obama decidiera la retirada de Irak “en un momento equivocado”, otra posverdad trumpiana, sino que la fecha fue establecida por su antecesor, George W. Bush. Y así sucesivamente hasta emitir un conjunto de afirmaciones sin mayor consistencia, aunque quizá sí con poder de convicción para los convencidos de antemano.

Acaso la estación de llegada de tal ceremonia de la confusión en la que participa Trump, pero en la que se aglomeran otros muchos oficiantes, sea la culminación de un largo proceso en el que los compromisos políticos de los gobernantes, de los partidos, de los titulares del poder o de los aspirantes a serlo han sido suplantados por la propaganda, por la intoxicación informativa, por la profusión de datos servidos en bruto, sin citar fuentes, sin someterlos a la prueba del nueve del trabajo de campo. Y aquí surge como un auténtico imperativo categórico el papel develador de los medios, su función esclarecedora de lo que se oculta, se maquilla o se deforma con el fin último de distorsionar la realidad. Demasiadas veces tal empeño cayó en el olvido durante el ascenso político de Trump, pero también de los nacionalismos gesticulantes que se han asomado a codazos en el escenario europeo mediante la utilización de crisis sociales inconmensurables –la llegada masiva de refugiados, las políticas de austeridad, las arremetidas del Estado Islámico– para desacreditar la vigencia del europeísmo.

Cuando un medio digital tan ajeno a la honradez informativa como breitbart.com se presenta en Europa con el propósito confeso de apoyar las campañas del Frente Nacional en Francia y de Alternativa por Alemania, dos proyectos desabridos, xenófobos y sectarios, herederos de las peores tradiciones políticas europeas, solo cabe decir que la posverdad se instalará en las campañas electorales de dos países determinantes para rescatar a Europa de la desorientación. Frente a la “apatía de los ciudadanos”, citada por Obama en el discurso de Chicago, es imprescindible la reacción de los medios, que ni creen posible la simplificación del presente ni comparten la idea cada día más extendida de que falsear la realidad es una cualidad imprescindible de la política y de los políticos. Nada tienen que ver la posverdad o breitbart.com –dos caras de una misma moneda– con la libertad de expresión, fundamento de la democracia, sino con la intoxicación.

Timothy Garton Ash recuerda en el artículo citado con anterioridad la seguridad de John Milton en que en “un combate justo y limpio” la Verdad, escrita con la inicial mayúscula, prevalece siempre sobre la Mentira, asimismo con mayúscula, una seguridad de la que debemos dudar, según el profesor de Oxford, “aleccionados por decenios de mentiras totalitarias, manipulaciones políticas y, ahora, el desafío de la posverdad”. Entonces ¿qué hacer? Esforzarnos, sostiene Garton Ash, “para que esa pelea efectivamente sea justa y sea limpia”, para que se disipe esa niebla cada vez más densa que emponzoña la democracia en la aldea global.